El 24 de febrero a las 10 AM (EST) será la primera reunión del Comité Ad Hoc de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a cargo de elaborar una convención internacional exhaustiva contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.

La idea ha levantado varias alarmas, especialmente entre las organizaciones de sociedad civil (OSC). Actualmente no existe una definición común de “ciberdelincuencia” ni tampoco consenso sobre cómo abordarla a nivel mundial. Todavía más grave es que las legislaciones locales sobre ciberdelincuencia a menudo son utilizadas para coartar derechos fundamentales y perseguir a periodistas, activistas, investigadores, comunidades LGBTQ+ e históricamente vulnerables.

Por ejemplo, las leyes que penalizan el acceso no autorizado a redes o sistemas informáticos se han utilizado para atacar a personas que investigan seguridad digital, denunciantes, activistas y periodistas. Por su parte, aquellas regulaciones que buscan combatir fenómenos como la desinformación y la glorificación en línea de posturas extremistas pueden ser utilizadas de forma indebida para encarcelar blogueros o bloquear plataformas enteras en un país determinado.Esta es una situación conocida por la ONU. En su informe de 2019, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, observó: “Un aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia también ha abierto la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo.”

Una vez más este año, la Asamblea General de la ONU expresó su grave preocupación por el hecho que la legislación sobre ciberdelincuencia se esté utilizando indebidamente para atacar a los defensores de los derechos humanos, obstaculizar su trabajo y poner en peligro su seguridad.

Es por ello que más de 120 personas expertas y OSC de todo el mundo hemos enviado una carta a Faouzia Boumaiza Mebarki, presidenta del Comité Ad Hoc, solicitando que en el proceso incluya activamente a las OSC en todas las etapas de desarrollo y redacción de la convención, y que se incluyan salvaguardas de  derechos humanos a la propuesta, aplicables tanto a sus disposiciones sustantivas como de procedimiento.

“La lucha contra la ciberdelincuencia no debe hacerse a expensas de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas cuyas vidas se verán afectadas por esta propuesta de convenio” señala la misiva, en cuya redacción Derechos Digitales participó activamente. Además, nuestra organización participará de la reunión de febrero y estará acompañando al comité durante las próximas sesiones.

La carta está disponible en castellano y en inglés.

Puede seguir la transmisión en vivo aquí.