El pasado miércoles 3 de noviembre, en el marco de la XV Conferencia Internacional de Bibliotecología, J. Carlos Lara, investigador de ONG Derechos Digitales, presentó ante la audiencia un pequeño adelanto de la investigación sobre políticas editoriales en revistas académicas latinoamericanas en línea.
En la ponencia, realizada gracias a la invitación del Colegio de Bibliotecarios de Chile, A.G., Lara destacó la importancia de contar en el mundo académico y científico con políticas editoriales y condiciones de uso que, en contraposición al esquema del derecho de autor tradicional, permitan usos acordes con las finalidades de dichas publicaciones en la difusión del conocimiento técnico. Asimismo, adelantó parte de los resultados de la investigación referida, en cuanto ella demuestra que sobre el 40% de las publicaciones latinoamericanas retiene para sí la exclusividad de usos sobre los artículos publicados, y más del 75% de ellas impide a sus lectores hacer usos de la obra que vayan más allá de la mera lectura.
La investigación sobre «Buenas Prácticas y Políticas Editoriales Open Access para Publicaciones Académicas Latinoamericanas», liderada por Alberto Cerda Silva, de ONG Derechos Digitales, es financiada por el Programa FRIDA y el informe final verá la luz en los próximos meses.
Un apartado especial han tenido las obras licenciadas con Creative Commons en la nueva edición del festival de cine independiente, Cine B. Como afirman los organizadores en su catálogo, a propósito de los cineastas que utilizan este tipo de licencias menos restrictivas que el copyright:
«Youtube sin duda que ha abierto las puertas para que muchos de estos realizadores logren exhibir sus trabajos de forma gratuita, otorgándole (en algunos casos) el poder al espectador de rehacer el trabajo publicado, siempre y cuando, nunca se deje de mencionar al autor original. Es así como estas películas, ya sean de ficción, documental y/o animación están llegando a todas partes del mundo y están peleando por algo más importante que el mercado, mucho más importante que el formato y mucho más importante que la industria. Esto es: la audiencia».
En este marco e invitado por Cine B, el investigador de ONG Derechos Digitales, Juan Carlos Lara, dictará una charla abierta sobre propiedad intelectual y licencias Creative Commons en la industria cinematográfica. La cita es este martes 9 de noviembre, a las 15 hrs., en el Centro Arte Alameda (Av. Libertador Bernardo O`Higgins 139, Santiago).
El proyecto denominado «Nueva Ley de Propiedad Intelectual en Chile», presentado por la ONG Derechos Digitales, resultó ganador de uno de los Premios Frida / Elac 2010, que busca reconocer las iniciativas de investigación e innovación digital que más contribuyeron al desarrollo de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe en los últimos años.
El premio reconoce la labor hecha desde la sociedad civil chilena para lograr una reforma a la ley de propiedad intelectual local que estuviese a la altura de los retos de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Específicamente, se premia la labor de ONG Derechos Digitales que, desde que se introducen las modificaciones en el Congreso, organiza diversas instancias de fortalecimiento institucional, campañas ciudadanas y produce diferentes publicaciones; todas iniciativas que buscan informar a la ciudadanía sobre la necesidad de un sistema de propiedad intelectual equilibrado que no solo proteja a los autores, sino también que procure acceso al público y garantice la protección del patrimonio cultural común.
El proyecto, postulado en la línea “Instrumentos Para Políticas” y ganador en conjunto con otras nueve iniciativas más (de un total de 190 presentadas), fue seleccionado por un jurado especializado y además contó con la mayor cantidad de votos ciudadanos en esa categoría.
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La Policía de Investigaciones y su Brigada de Cibercrimen debería dar a conocer cuál es el procedimiento que sigue para la investigación de hechos delictivos en la red, particularmente cómo obtiene información de los prestadores de servicio de Internet sobre sus abonados y usuarios, y cómo garantiza la protección de los derechos de éstos durante las investigaciones criminales.
El pasado miércoles 20 de Octubre, mediante una solicitud de acceso a información pública y de acuerdo a la ley sobre transparencia, ONG Derechos Digitales solicitó a las autoridades policiales la entrega de copias de las políticas que han sido definidas por la institución para identificar usuarios de Internet supuestamente envueltos en actividades delictivas.
La solicitud tiene lugar en el marco del cuestionamiento que ONG Derechos Digitales ha efectuado acerca de la actuación policial en la materia. Algunas denuncias recientes, como en los casos de Huelga.cl y LoserPower.org, han puesto en evidencia que la policía no ha respetado la ley. Su actuación ha infringido el derecho a la privacidad y la protección de la información personal de los usuarios de Internet y, además, ha puesto en riesgo la validez de las pruebas en juicio.
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En el marco de la Semana Tecnológica organizada por el Instituto Profesional AIEP (de la Universidad Andrés Bello), la periodista de ONG Derechos Digitales, Paz Peña, dará la charla «Derechos humanos y tecnología: construyendo una estrategia desde el interés público», en el ciclo de conferencias del evento.
La actividad tendrá lugar el día martes 19 de octubre, es para todo el público y la entrada es gratuita. Comienza desde las 10:00 am con el registro de asistentes y durará todo el día con distintas conferencias. La ponencia de ONG Derechos Digitales será en el bloque de las 16:00 hrs.
La Semana Tecnológica se realizará en el Edificio Abdón Cifuentes #115 de la sede Barrio Universitario del Instituto Profesional AIEP, metro República.
Apelando a la colaboración “voluntaria” de administradores de sitios web, la Policía de Investigaciones evita pedir orden judicial para inmiscuirse en la privacidad de los usuarios de Internet.
En una práctica que parece ser cotidiana, en vez de solicitar una orden judicial “específica”, el personal de la policía se dirige directamente a quienes gestionan la red para solicitarles información de los usuarios. Una situación que ya habíamos denunciado años atrás, de la que hemos puesto en alerta a la Asociación de Proveedores de Internet (API – Chile) hace pocos días, y que se repite nuevamente. Esta vez el sitio web afectado es LoserPower.
LoserPower es un portal con desenfadadas entradas y comentarios, algunos de los cuales han llamado la atención de las fuerzas policiales. Esto llevó a Investigaciones, el pasado 23 de Septiembre, a solicitar mediante correo electrónico “remitir a la brevedad las direcciones IP, fechas y horarios asociados a la creación de dicho sitio, como a … cada uno de los comentarios existentes en él, y dentificando (sic) con la mayor cantidad de información posible a cada uno de los usuarios”.
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Ante las reiteradas prácticas de autoridades policiales y/o administrativas chilenas que desconocen el apropiado procedimiento legal a seguir para la identificación correcta de los usuarios en Internet, ONG Derechos Digitales expresó a la Asociación de Proveedores de Internet (API), la necesidad que los prestadores de servicio de Internet juegan un rol preponderante como garantes de la privacidad de sus usuarios.
Esta preocupación, que fue expuesta mediante una carta dirigida al Director Ejecutivo y Directorio General de la API, se sustenta en distintos casos recogidos que involucran a administradores de sitios web y bloggers que, desde el 2008, han requerido la asistencia de ONG Derechos Digitales para conocer cómo hacer frente a solicitudes de información provenientes desde autoridades policiales, y aún simplemente administrativas, fuera de los casos previstos en la ley y sin sujeción a las normas de procedimiento previstas en ella.
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Juan Carlos Lara, investigador de ONG Derechos Digitales, estuvo a cargo del Taller sobre Derechos de Propiedad Intelectual en Internet, que tuvo lugar en el Laboratorio Regional de BiblioRedes de Antofagasta.
En la ocasión, se expusieron de manera teórico-práctica, las implicancias que tiene el licenciamiento Creative Commons en el trabajo de las bibliotecas públicas y se hizo entrega a cada uno de los presentes, el texto Guías Legales para Bibliotecarios, editado por la ONG.
La actividad es parte de una serie de capacitaciones integrales, que, por dos semanas, se darán en todo el país. Esto con el fin de desarrollar competencias entre los bibliotecarios y así potenciar los sevicios de BiblioRedes.
Repudio generalizado ha generado la reciente redada policial llevada a cabo el 13 de septiembre de 2010 en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sin orden judicial y obedeciendo a un simple llamado anónimo, un fuertemente armado contingente policial irrumpió en el recinto universitario, incautó el material disponible en la fotocopiadora local, y detuvo al personal universitario que operaba en ella.
La comunidad universitaria ha manifestado su más completo rechazo a la inusual y desproporcionada medida que atenta contra el derecho a la educación y la autonomía universitaria, además de poner en evidencia la precaria protección que merece la educación en la ley sobre propiedad intelectual del país carioca.
Por su parte, la autoridad universitaria dispuso que el personal aprendido fuese asesorado por su escuela de derecho, instruyó al personal de seguridad para rechazar todo intento policial por allanar dependencias universitarias sin orden judicial y, además, expresó su más enérgico rechazo por la actuación policial ante el gobernador.
Como sucedía en Chile hasta Mayo recién pasado, la legislación del Brasil carece de un adecuado sistema de excepciones y limitaciones al derecho de autor para permitir el apropiado funcionamiento de bibliotecas, museos, y establecimientos educacionales. Dicha situación espera ser revertida por el gobierno brasilero mediante la introducción de un proyecto de ley en el Congreso que prevé medidas de protección para dichos establecimientos.
Durante estos días la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) analiza la conveniencia de adoptar algún instrumento internacional para garantizar el acceso a las obras protegidas por derechos de autor a las personas con alguna discapacidad. Existen varias propuestas sobre la mesa. La Unión Europea y los Estados Unidos han propuesto adoptar una recomendación, no obligatoria para los países. En cambio, un grupo de países latinoamericanos y otro africano han propuesto resolver el problema del acceso a través de un tratado internacional, con normas que deben ser cumplidas por los países. El gobierno de Chile acaba de tomar una posición al respecto.
En la reciente reunión de la OMPI, el gobierno chileno expreso su preocupación por el lento progreso de las negociaciones, especialmente considerando el grado de acuerdo que existe en cuanto a la necesidad de resolver el acceso para las personas con discapacidad. Todavía más. Chile expresó su respaldo a la iniciativa presentada por Brasil, Ecuador, México y Paraguay. Esta iniciativa consiste en un tratado que garantizaría el acceso a las personas con alguna discapacidad visual para acceder a la lectura. Hasta la fecha, Chile no había adoptado un respaldo tan decidido con la iniciativa.
En la reciente modificación a la ley de propiedad intelectual, Chile ha adoptado una excepción a los derechos de autor que garantiza cierto acceso a las personas discapacitadas. Sin embargo, mientras no exista harmonización en las leyes de los distintos países, el acceso a la lectura se ve obstaculizado para las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, los libros y contenidos no pueden ir de un país a otro, lo cual impide que una persona discapacitada en Chile pueda disfrutar de libros disponibles en español en otros países de habla hispana.
Felicitamos la decisión del gobierno de Chile de respaldar la iniciativa del grupo latinoamericano, que beneficiará a un significativo grupo de personas, permitiéndole acceder a la cultura y obtener una más plena integración social.
