Este Jueves 30 de Agosto a las 19:30 horas en el Auditorio de la sede Santiago Centro de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas se realizará el debate denominado «Patentes ¿un aporte para el desarrollo de nuevos conocimientos o restricción a la libre competencia?».
El debate contará con la presencia de Andrés Velasco, ex Ministro de Hacienda; Maximiliano Santa Cruz, Director nacional de INAPI; José Luis Cárdenas, abogado de Asilfa y Claudio Ruiz, Presidente de la ONG Derechos Digitales.
En el mundo digital, donde las barreras al acceso a la información, el conocimiento y la cultura han disminuido de forma notable, la propiedad intelectual puede convertirse en un obstáculo para la libertad de expresión (lo explicamos acá, y lo vimos, por ejemplo, en el testimonio de Ciudadano Inteligente).
En esta nueva infografía, queremos ser explícitos en que conozcas 10 de las cosas comunes que hacemos en Internet que no debieran ser impedidas por la propiedad intelectual. El problema es que, aunque parezca absurdo, muchas de ellas son blancos comunes para ciertos intereses particulares de la industria del copyright.
Conoce tus derechos, ejércelos y defiéndelos. De esa manera, también estás defendiendo a Internet. #NoTemasaInternet
La información pública en Chile está protegida por derechos de autor. Este hecho marca al menos dos hechos fundamentales: por un lado, hay una gran barrera para el acceso a los datos producido por el Estado; y por otro, es poco y nada lo que se puede hacer con esos datos debido al conocido «todos los derechos reservados». Lo anterior pone en entredicho incluso el carácter público de estos datos.
Esta propiedad intelectual de la información producida por el Estado no solo es absurda a la luz de que los propios ciudadanos no pueden acceder a información de carácter público, sino que en el contexto digital, también entorpece las iniciativas de transparencia y control a las labores de los organismos públicos.
Un caso paradigmático de esto último lo da el testimonio de la fundación Ciudadano Inteligente, que con sus iniciativas para la transparencia de los organismos públicos chilenos ante la ciudadanía, están siempre en la disyuntiva sobre qué derecho debiese prevalecer más: la propiedad intelectual de los datos del Estado o el acceso a la información pública de los ciudadanos. Como ven en el video, la respuesta para ellos es clara y alentadora: #NoTemasaInternet.
ONG Derechos Digitales, junto con otras ocho organizaciones de derechos humanos y un número importante de profesores y activistas de la región, ha enviado una Carta Abierta al Congreso del Perú mostrando preocupación por las peligrosas iniciativas legislativas que están en discusión en el país que pretenden actualizar la normativa de delitos informáticos poniendo en serio riesgo el ejercicio de derechos fundamentales en internet.
Estas iniciativas, identificadas como proyectos de ley 34/2011-CR y 307/2011-CR, establecen entre otras medidas, preocupantes limitaciones al derecho de privacidad de las comunicaciones privadas, establecimientos de nuevos tipos penales con deficiencias en su técnica legislativa que abre una puerta ancha a abusos y control, y el establecimiento de penas desproporcionadas cuando se trata de reglas de derechos de autor.
Creemos que cualquier tipo de regulación que apunte a cumplir con estos objetivos no puede hacerse dando la espalda no solo a criterios mínimos de transparencia y participación de los actores sociales sino tampoco a los derechos constitucionales aplicables en los países de nuestra región.
En el marco de una consulta pública convocada por el organismo rector de Internet, ONG Derechos Digitales emitió comentarios observando la inconsistencia de la propuesta de nuevas políticas de ICANN de difusión de datos personales de asignatarios de nombres de dominio no sólo con la legislación chilena, sino que también con diversos instrumentos internacionales que reglamentan el derecho sobre la información personal.
De acuerdo a la propuesta, el sistema Whois de ICANN, a través del cual se puede obtener información acerca de los asignatarios de nombres de dominio, informaría sin restricciones diversa información personal de los dueños de dichos nombres y de sus contactos técnicos. Este ilimitado acceso a datos ha sido impulsado por organismos policiales y de seguridad, en un intento por disponer de más datos para cumplir sus funciones. Sin embargo, el mismo sistema suministraría información a quienes no están en esa posición, tales como delincuentes y estafadores informáticos, gobiernos represivos, y agresivos titulares de derechos de propiedad intelectual.
ONG Derechos Digitales observa que tan irrestricto acceso a información personal infringe el derecho a que los datos sean tratados conforme a un fin legítimo, y que sean tratados con el consentimiento de su titular salvo circunstancias estrictamente excepcionales. En ese sentido, se sugiere una política de acceso y uso que explícitamente resguarde la información personal y la adopción de medidas técnicas para evitar el acceso y uso abusivo a los datos, tales como manteniendo un registro de solicitudes de información.
Un tour sobre cultura libre. Un punto de encuentro en diversas ciudades de personas que creen que, gracias a Internet, un mundo más libre es posible. Ese es el espíritu de LibreBus y los motores de «LibreBus Cono Sur 2012» parten este miércoles 1 de agosto, a las 20 horas, en Puma Lab (ubicado en el Centro Cultural GAM).
El proyecto, cuya primera edición se hizo en centroamérica, donde un total de 24 activistas vinculados al movimiento de cultura libre (conocimiento, software, arte, biodiversidad) y con experiencia en uso de TIC para la incidencia y la libertad de expresión viajaron arriba de un bus recorriendo distintos países de la región. Es realizado gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Durante la última semana de agosto y todo septiembre, LibreBus se realizará a lo largo de cuatro países del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), complementándose con una plataforma online que facilitará espacios de participación y visibilizará a su vez, otros recorridos virtuales a lo largo de la geografía sudamericana.
La decisión fue tomada en respuesta a la reclamación que, en Mayo pasado, diversas organizaciones de la sociedad civil dirigiera a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI) respecto del secretismo del proceso de preparación de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones (a realizarse este 3 a 14 de diciembre en Dubai), en la cual se discutirán aspectos cruciales de la regulación de Internet. Continue reading «Unión Internacional de Telecomunicaciones acepta transparencia pública»
«No Temas a Internet» es una iniciativa que trata de destacar la importancia de la libertad de expresión en la red a través no solo de problemáticas que se viven en nuestro país, sino también de experiencias destacadas.
Este último caso es lo que ocurre con el proyecto Voto Ciudadano, una iniciativa civil que a través de Internet, busca posicionarse como una plataforma inédita de participación de los chilenos. Un proyecto que, consciente de un medio político donde las oportunidades de participación son limitadas, aprovecha todas las potencialidades de la red para hacer escuchar las voces de la ciudadanía.
¿Podría existir esta iniciativa en un medio que no dé las garantías (como por ejemplo, la privacidad de datos) para la libertad de expresión de los participantes? Voto Ciudadano se plantea como un defensor de esas garantías porque, sin ellas, la libertad de expresión en la red simplemente no existe. Ellos no temen a Internet; por el contrario, en su uso hacen una defensa de esta plataforma y de los derechos humanos que sustenta.
Entre el 16 y el 24 de Julio en Ginebra se llevó adelante la reunión número 24 del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). En dicha ocasión un grupo de organizaciones sociales hicieron llegar a todos los miembros del comité una declaración pública respecto de la importancia de las excepciones y limitaciones al derecho de autor para fines educativos.
Entre otros, los puntos más críticos de la declaración de una serie de organizaciones firmantes -entre las que se encuentra ONG Derechos Digitales- se concentra en evitar que la elusión de medidas tecnológicas de protección impliquen penas criminales, civiles o administrativas cuando se haga para asegurar acceso a obras del dominio público o asegurar el ejercicio de excepciones o limitaciones establecidos en la ley; asegurar que una interpretación de la regla de los tres pasos no signifique restringir derechos establecidos en el derecho internacional; asegurar excepciones para bibliotecas y archivos, entre muchas otras.
Entre el 2 y el 10 de julio en San Diego, EE.UU. se llevó a cabo una nueva ronda de negociación del tratado internacional conocido como Trans Pacific Partnership Agreement (conocido también por sus sigas TPP o, en castellano, ‘Acuerdo Transpacífico’).
Activistas frente al hotel donde se negociaba el acuerdo (vía).
En resumen, este es un acuerdo de libre comercio que se está negociando entre varios países de la cuenca del pacífico que pretende, en principio, eliminar barreras para el libre comercio entre los mismos países.
Lamentablemente, el tratado se está negociando en secreto, por lo que nadie más que los equipos negociadores tienen acceso al texto del mismo, y el público sólo se ha podido enterar a través de filtraciones de los alcances de la negociación. Así, hoy sabemos que el capítulo de Propiedad Intelectual contiene varias amenazas a los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión en Internet. Frente a esto, desde Chile no solo hemos escrito alertando de estos problemas sino también organizando campañas (#noTPP) al respecto.
ONG Derechos Digitales ha tenido la oportunidad de participar como ‘stakeholder’ (parte interesada) en las últimas rondas de negociaciones y tuvimos ocasión también de estar en la ronda de San Diego. Esto implicó tener acceso a un par de reuniones especiales y facilidades para contactar y reunirnos con los equipos negociadores del tratado.
