A propósito de la propuesta sobre derechos de autor para la nueva Constitución

A propósito de la propuesta sobre propiedad intelectual contenida en el segundo informe de la Comisión 7:

Derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales. Todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones culturales, científicas, artísticas y otras relativas a los conocimientos en general, de las que sean autoras o intérpretes.

Estos derechos comprenden el aprovechamiento y el uso de la obra o interpretación, por un tiempo que no será inferior al de la vida del titular, así como el reconocimiento a la creación, divulgación e integridad de éstas, conforme a lo que establezca la ley.

El derecho material de autores o intérpretes estará sujeto a las disposiciones del derecho de propiedad establecidas por esta Constitución, en cuanto a sus garantías, limitaciones y función social, debiendo la ley velar tanto por su protección con la de los demás derechos culturales, el resguardo de los saberes ancestrales y el goce del beneficio de los conocimientos.

Nos parece importante señalar que:

  • Esta propuesta profundiza el actual tratamiento desequilibrado del derecho de autor en la Constitución. La propuesta contiene un lenguaje más regresivo que la Constitución vigente en materia de derechos de autor. La propuesta carece de un reconocimiento constitucional y de un deber estatal de promoción de los derechos culturales, incluido el acceso al conocimiento y la cultura, la investigación, y la difusión de las artes y ciencias.
  • Esta propuesta es parcial y no protege el interés público. Tiene una aproximación en donde solamente el interés de los titulares de derechos parece merecer tratamiento, pero no el interés de instituciones culturales y del público en general en gozar de la cultura y el conocimiento.
  • Esta propuesta es un retroceso respecto de los instrumentos internacionales en los que se basa. La propuesta incluye parte del lenguaje utilizado por instrumentos internacionales, pero lo hace de manera parcial, no incluyendo las referencias al interés público en las que son explícitos tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
  • Esta propuesta es técnicamente deficiente. Al mismo tiempo que trata el interés de “autoras e intérpretes”, establece que la duración de la protección “no será inferior a la vida del titular”. Debido a la dinámica económica de la cesión de derechos patrimoniales de autor, usualmente esos titulares no son los “autores o intérpretes” de dichas obras, sino que empresas e instituciones. Establecer que la protección “no será inferior a la vida del titular”, tiene el efecto que el legislador pueda aumentar la protección temporal aún más allá de los ya excesivos 70 años luego de la muerte del autor que contempla la legislación actualmente vigente y que establece virtualmente un modelo de protección indefinido en el tiempo para obras de titularidad de empresas o personas jurídicas.

Apagones de internet y derechos humanos

Ya está disponible “Internet Shutdowns and Human Rights” (Apagones de internet y derechos humanos), elaborado por Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), con aportes de Tedic

El texto fue realizado como respuesta a la solicitud de insumos de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con vistas a la discusión sobre apagones de internet que se tendrá lugar en la  50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2022.

El texto describe apagones regionales y nacionales de internet en cuatro regiones del mundo África, Asia y el Pacífico, América Latina, y el Medio Oriente y Norte de África) durante los últimos cinco años, abordando sus impactos sociales, psicológicos, económicos, sobre los derechos humanos, sobre la educación y sobre los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo.

Además, se exploran distintas iniciativas para promover la conectividad a Internet y reducir las brechas digitales, entendiendo el papel crucial que juega el acceso a internet para el pleno ejercicio de los derechos humanos, en un mundo donde millones de personas permanecen «desconectadas». Finalmente, se realiza una serie de recomendaciones dirigidas a los estados.

Puedes descargar “Internet Shutdowns and Human Rights” aquí.

Solicitamos a la ONU garantías de derechos humanos en tratado de“ciberdelincuencia”

El 24 de febrero a las 10 AM (EST) será la primera reunión del Comité Ad Hoc de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a cargo de elaborar una convención internacional exhaustiva contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.

La idea ha levantado varias alarmas, especialmente entre las organizaciones de sociedad civil (OSC). Actualmente no existe una definición común de “ciberdelincuencia” ni tampoco consenso sobre cómo abordarla a nivel mundial. Todavía más grave es que las legislaciones locales sobre ciberdelincuencia a menudo son utilizadas para coartar derechos fundamentales y perseguir a periodistas, activistas, investigadores, comunidades LGBTQ+ e históricamente vulnerables.

Por ejemplo, las leyes que penalizan el acceso no autorizado a redes o sistemas informáticos se han utilizado para atacar a personas que investigan seguridad digital, denunciantes, activistas y periodistas. Por su parte, aquellas regulaciones que buscan combatir fenómenos como la desinformación y la glorificación en línea de posturas extremistas pueden ser utilizadas de forma indebida para encarcelar blogueros o bloquear plataformas enteras en un país determinado.Esta es una situación conocida por la ONU. En su informe de 2019, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, observó: “Un aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia también ha abierto la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo.”

Una vez más este año, la Asamblea General de la ONU expresó su grave preocupación por el hecho que la legislación sobre ciberdelincuencia se esté utilizando indebidamente para atacar a los defensores de los derechos humanos, obstaculizar su trabajo y poner en peligro su seguridad.

Es por ello que más de 120 personas expertas y OSC de todo el mundo hemos enviado una carta a Faouzia Boumaiza Mebarki, presidenta del Comité Ad Hoc, solicitando que en el proceso incluya activamente a las OSC en todas las etapas de desarrollo y redacción de la convención, y que se incluyan salvaguardas de  derechos humanos a la propuesta, aplicables tanto a sus disposiciones sustantivas como de procedimiento.

La lucha contra la ciberdelincuencia no debe hacerse a expensas de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas cuyas vidas se verán afectadas por esta propuesta de convenio” señala la misiva, en cuya redacción Derechos Digitales participó activamente. Además, nuestra organización participará de la reunión de febrero y estará acompañando al comité durante las próximas sesiones.

La carta está disponible en castellano y en inglés.

Puede seguir la transmisión en vivo aquí.

Derechos Digitales busca encargada de operaciones

La visión de Derechos Digitales es una sociedad latinoamericana más justa, inclusiva e igualitaria. Para ello, directamente y en coordinación con otras organizaciones, actuamos en defensa de los derechos humanos en el entorno digital, para que las tecnologías estén al servicio del desarrollo integral de las personas.

Como una organización regional, para cumplir con nuestra misión y visión seguimos creciendo, trabajando de forma multidisciplinaria. Es por ello que ahora necesitamos reforzar nuestro equipo en el área de Proyectos y Operaciones de Derechos Digitales.

¡Te estamos buscando!

Buscamos a una persona apasionada y con ganas de colaborar con nuestra organización desde su gestión interna, facilitando la ejecución de los procedimientos tanto administrativos como financieros que nos permiten cumplir nuestros fines.

El equipo de Derechos Digitales da la bienvenida a todas las nacionalidades, trabajando en forma remota desde América Latina. Sin embargo, esta posición requiere de presencia física en Santiago de Chile, al menos desde la fecha de inicio de labores.

Invitamos muy especialmente a postular a personas indígenas, mujeres, personas LGBTQI+, personas afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, y personas de identidades o comunidades históricamente marginadas.

Perfil de cargo

El apoyo de operaciones está orientado a brindar soporte a las tareas propias del área de Proyectos y Operaciones, en especial a prestar asistencia a las labores habituales de la coordinación de administración y finanzas y de la coordinación de proyectos y asuntos legales.

Además estará a cargo de la realización práctica de los procedimientos administrativos internos de la organización de acuerdo a sus fines, incluida la ejecución de procesos inherentes a la gestión de relaciones laborales.

Las actividades previstas incluyen además: apoyo en tareas financieras y/o de ejecución de proyectos; cotizaciones de viajes, seguros, eventos (catering, locales, pasajes aéreos, hoteles, traslados); ejecución de gastos en coordinación con el área de finanzas; gestión de relaciones laborales (socialización y aplicación de políticas vigentes, manual de operaciones, solicitudes de vacaciones); apoyos varios (seguimiento de proyectos: control de gestión, incluido agendamiento de fechas de pagos, en conjunto con la coordinación de administración y finanzas); apoyo en la gestión de convenios (redacción y gestión de firmas de convenios estandarizados y anexos de contrato); apoyo en procedimientos contables; desarrollo e implementación de procedimientos de seguridad en el trabajo (ACHS); implementación de proceso de evaluación anual/semestral del equipo y de la organización (coordinación y seguimiento para cumplimiento de hitos); coordinación de instancias de evaluación organizacional de clima y políticas de trabajo; funcionamiento y mantenimiento de la oficina; coordinación de personal de aseo; entre otros.

Formación

  • Profesional de grado técnico, superior o universitario. No es requerido un título profesional o técnico específico para este cargo
  • Deseable formación en administración de servicios, planificación, control de gestión, logística y/o contabilidad
  • Manejo avanzado de ofimática

Competencias requeridas

  • Flexibilidad horaria y rápida capacidad de respuesta
  • Disciplina
  • Responsabilidad en el cumplimiento de objetivos y plazos
  • Organización y autonomía
  • Capacidad propositiva y de resolución
  • Dominio español oral y escrito, e inglés escrito básico
  • Capacidades de comunicación y coordinación de equipos y personas en distintos países

Experiencia

  • Experiencia en planificación y logística de al menos un año

Informaciones relevantes

  • Presencia en Santiago de Chile
  • Jornada completa (45 horas semanales)
  • Disponibilidad: a partir del 4 de abril de 2022
  • Remuneración: Sueldo bruto $1.449.216 CLP


Si tienes interés, tienes hasta el domingo 13 de marzo de 2022 para completar el siguiente formulario:

Nuevo portal web analiza leyes e iniciativas de protección de datos en América Latina

El lunes 7 de febrero se lanzó el portal “Los datos personales y sus leyes”, proyecto coordinado por el BID  y que cuenta con la colaboración de diferentes organizaciones, entre las cuales se encuentra el Consorcio Al Sur. Las secciones del sitio incluyen un comparativo de leyes de protección de datos de 16 países la región y una encuesta inédita a más de 10 mil personas sobre sus percepciones relacionadas a la protección de sus datos personales. El Consorcio Al Sur contribuyó con un análisis de las aplicaciones vinculadas al seguimiento de la pandemia COVID-19 adoptadas en 14 países durante el primer año de pandemia.

Con motivo del lanzamiento, se realizó un webinar, del que participaron más de 200 personas de toda América Latina. Renata Ávila, CEO de Open Knowledge Foundation, fue oradora inaugural del evento, y expuso sobre la importancia de la protección de datos en la agenda del conocimiento abierto.

Jamila Venturini, directora ejecutiva de Derechos Digitales, presentó el estudio Observatorio COVID de Al Sur y llamó la atención a los desafíos que persisten en relación a la implementación de las normas de protección de datos en la región. 

Venturini recordó el carácter instrumental de la protección de datos para el ejercicio de derechos fundamentales, incluso derechos sociales y económicos, aspecto que cobró mayor visibilidad durante la pandemia. Además, enfatizó en la necesidad de procedimientos específicos, de autoridades de protección de datos independientes y con capacidades adecuadas para supervisar procesos de digitalización por parte de los Estados y del sector privado.

Edgardo Martínez Rojas, consultor internacional en datos personales y privacidad, presentó la sección de comparación legislativa, en el que se contrastan las leyes de 16 países con los estándares de protección de datos de la Red Iberoamericana. Martínez Rojas, enfatizó que en los importantes avances en la materia en los últimos tiempos, pero que aún hay espacio para mejoras.

Por su parte, Ben Roseth, especialista en Modernización de los Estado del BID,  compartió los hallazgos de una encuesta coordinada por él, y realizada a 10 mil personas de la región sobre sus perspectivas en relación a la protección de datos personales. Ben llamó atención respecto a que la ciudadanía latinoamericana manifiesta preocupación con sus datos personales, pero está dispuesta a ofrecerlos a los Estados si hay un interés público en su tratamiento, como durante la pandemia.

Para finalizar, se realizó un conversatorio, donde los expertos dialogaron sobre la importancia de la protección de datos personales en el surgimiento de la economía de datos y contestaron a diversas preguntas del público sobre el tema.

Para conocer la iniciativa, pueden visitar:

https://www.datasketch.co/bid/datos-personales-y-leyes/

El video de la presentación completa puede verse:

Para ver los datos completos del Observatorio COVID-19 de Al Sur (OCCA) visita:

https://covid.alsur.lat/es/

Lee  el informe “Informe Observatorio Covid-19 del Consorcio Al Sur: Un análisis crítico de las tecnologías desplegadas en América Latina contra la pandemia” con un análisis completo de los resultados encontrados por el OCCA

https://www.alsur.lat/reporte/informe-observatorio-covid-19-consorcio-al-sur-un-analisis-critico-tecnologias-desplegadas

Comienza el curso internacional “Inteligencia artificial y derechos humanos en políticas públicas”

Con una clase magistral impartida por el profesor Virgilio Almeida, este viernes 4 de febrero comienza “Inteligencia artificial y derechos humanos en políticas públicas: más allá de la privacidad”, un curso especialmente diseñado para fortalecer las capacidades del sector público en el uso de sistemas automatizados de toma de decisiones e inteligencia artificial (IA).

Ante el creciente interés de los gobiernos por incorporar herramientas de IA a sus funciones, Derechos Digitales en alianza con el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés (Argentina) buscan brindar formación de primer nivel para funcionarios y funcionarias públicas de la región. Se ha convocado a un plantel docente de primer nivel internacional, que incluye a Virgilio Almeida, Marlena Wisniak, Edson Prestes, Daniel Castano, Maia Levy Daniel, Javier Barreiro, Cristina Pombo, Danielle Zaror Miralles, Michel de Souza Santos y Jamila Venturini.

El curso se impartirá bajo una modalidad híbrida, combinando calses sincrónicas y asincrónicas. Se trata de un formato innovador, con una aproximación práctica, basada en un marco de derechos humanos y orientado al diseño, implementación y evaluación de proyectos de este tipo. Además, busca ser un espacio de diálogo e intercambio entre participantes de diferentes países latinoamericanos sobre el tema.

La convocatoria, realizada en diciembre de 2021, recibió cerca de 100 postulaciones de personas en 15 países de la región para tan solo 25 cupos disponibles, reafirmando la demanda que existente en la generación de capacidades respecto a la IA. 

El curso “Inteligencia artificial y derechos humanos en políticas públicas” es parte del proyecto “IA e inclusión en América Latina”, desarrollado por Derechos Digitales con el apoyo del International Development Research Center (IDRC) de Canadá y que contempla distintos esfuerzos de investigación y acciones de incidencia. Así, este curso permite generar una una propuesta formativa e instancias de reflexión crítica, que repercutan en políticas públicas respetuosas de los derechos humanos en América Latina.

La clase magistral con la que se inaugura el curso será impartida el viernes 4 de febrero y contará con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Derechos Digitales. La siguiente clase magistral será el 16 de febrero y estará a cargo de Marlena Wisniak, y también será transmitida y abierta al público.

El resto de las clases está disponible en castellano y en portugués.

Clases magistrales: transmisiones en vivo

  • Viernes 4 de febrero. Grabación de la primera clase Facilitador: Virgilio Almeida.
  • Miércoles 16 de febrero. Grabación de la tercera clase Facilitadora: Marlena Wisniak.

Participa de la clase magistral : «¿Qué es la Inteligencia Artificial?»

Derechos Digitales y el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés te invitan a participar de la clase magistral «¿Qué es la Inteligencia Artificial?», impartida por el profesor Virgilio Almeida de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). El evento se realizará este día viernes 4 de febrero a las 16.30 (GMT -3) y se transmitirá en vivo a través de nuestro canal de Youtube.

El profesor Almeida Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Federal de Minas Gerais (1973), Magíster en Informática por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (1980) y Doctor en Ciencias de la Computación – Universidad de Vanderbilt (1987). Es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, Academia Nacional de Ingeniería y Profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Federal de Minas Gerais. También es miembro de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS).

De esta manera damos comienzo al curso «Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en políticas públicas: más allá de la privacidad», impartido en forma conjunta entre Derechos Digitales y el CETyS y que tiene como por objetivo fortalecer las capacidades de funcionarios del sector público en el diseño e implementación de sistemas de inteligencia artificial, en el marco de políticas públicas.

Derechos Digitales busca analista para el área de tecnologías

La visión de Derechos Digitales es una sociedad latinoamericana más justa, inclusiva e igualitaria. Para ello, directamente y en coordinación con otras organizaciones, actuamos en defensa de los derechos humanos en el entorno digital, para que las tecnologías estén al servicio del desarrollo integral de las personas.

Como organización regional, para cumplir con nuestra misión y visión seguimos creciendo y trabajando de forma multidisciplinaria. Es por ello que ahora necesitamos reforzar nuestro equipo en el área de Tecnologías de Derechos Digitales.

¡Te estamos buscando a ti!

Buscamos a una persona apasionada y con ganas de colaborar con nuestra organización, brindando soporte técnico en nuestra gestión interna para garantizar la adecuada operación de nuestras herramientas y plataformas, y aportando conocimientos para nuestra misión en la promoción de los derechos humanos en el ámbito de las tecnologías digitales.

El equipo de Derechos Digitales da la bienvenida a todas las diversidades y nacionalidades, trabajando en forma remota desde toda América Latina. Sin embargo, esta posición requiere de presencia física en Chile, con disponibilidad para ocasionalmente asistir a la oficina física de Derechos Digitales en Santiago. Como parte de nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa, para esta convocatoria priorizaremos la contratación de mujeres o personas pertenecientes a grupos que se consideren sub-representados en espacios de discusión sobre tecnologías y/o derechos humanos.

Perfil de cargo

Las principales responsabilidades del cargo son el soporte técnico de la organización, incluyendo la administración de servidores, aplicaciones y servicios, así como el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web. Además, se requiere que la persona esté orientada al desarrollo de proyectos de interés técnico de diversa naturaleza, para complementar desde esa perspectiva las capacidades de investigación de la organización.

Formación

Deseable formación universitaria (completa o incompleta) en áreas de tecnología tales como sistemas, computación, informática o electrónica.

Competencias técnicas requeridas

• Experiencia en administración de servidores GNU/Linux, servicios y aplicaciones, principalmente “open source”.
• Experiencia en desarrollo de aplicaciones y sitios web (basados en WordPress principalmente).
• Manejo del stack Linux/Nginx/MySQL/PHP.
• Manejo de sistemas de versionado de software.

Competencias técnicas deseables

• Conocimiento en seguridad de la información, privacidad, vigilancia y evasión de censura.
• Experiencia o capacidades para actividades de entrenamiento en seguridad digital.
• Conocimiento en redes de computadores.

Competencias y/o habilidades no técnicas requeridas

• Capacidad de análisis y respuesta oportuna.
• Responsabilidad en el cumplimiento de objetivos y plazos.
• Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.
• Capacidad de dar seguimiento a temáticas de interés y promover la participación integrada de personal no técnico en discusiones pertinentes al trabajo de la organización.
• Capacidad propositiva y de resolución de problemas.
• Dominio de español oral y escrito, e inglés oral y escrito básico.

Experiencia

• Al menos un año en la administración de servidores, servicios y aplicaciones web.
• Deseable: mínimo de dos años en el desempeño de actividades de las competencias mencionadas.

Condiciones del empleo

• Jornada completa (45 horas semanales)
• Modalidad híbrida presencial/remota en Santiago de Chile
• Disponibilidad a partir de marzo de 2022
• Remuneración: sueldo bruto $1.449.216 CLP

Tienes hasta el jueves 31 de marzo de 2022 para enviar tu postulación.

Para postular, complete el siguiente formulario:


Derechos Digitales llama a propuestas de investigación en Bolivia, Nicaragua y Venezuela

En Derechos Digitales reconocemos la importancia de promover una América Latina justa, igualitaria e inclusiva. Para ello, trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente, en los entornos digitales.

Esta vez queremos que distintas voces compartan sus aprendizajes, conocimientos y aportes sobre derechos digitales a través de la investigación, por lo que invitamos a organizaciones de la sociedad civil a presentar sus propuestas para conformar la edición de 2022 de la publicación “Latin America in a Glimpse”.

¿A quién está dirigida esta convocatoria?

Invitamos a organizaciones de la sociedad civil con labor en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela a presentar proyectos de investigación, mismos que serán desarrollados en el periodo de abril a agosto de 2022. 

¿Qué tipo de investigaciones se seleccionarán?

Se seleccionarán seis (6) investigaciones, una por cada país de los antes mencionados. Se busca que las organizaciones elaboren investigaciones originales (papers) basadas en evidencia sobre temáticas de derechos digitales. Algunos temas que pueden ser abordados son:

  • Conectividad (infraestructura, barreras al acceso, discriminación, etc.)
  • Automatización y algoritmos
  • Regulación de plataformas
  • Ciberseguridad y ciberataques
  • Bloqueos de internet
  • Libre competencia y regulación de mercados digitales
  • Reconocimiento facial
  • Ciberpatrullaje
  • Desórdenes informativos
  • Biometría
  • Neutralidad de la red
  • Violencia en línea
  • Censura en línea
  • Cifrado
  • Elecciones

Se valorarán propuestas que trabajen la intersección entre los derechos digitales y los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, comunidad LGTBQ+, niñas, niños y adolescentes, u otros grupos históricamente vulnerados. 

¿Qué resultado se espera?

Se espera que las organizaciones seleccionadas presenten como resultado de su investigación un manuscrito que cuente con las siguientes características:

  • Debe ser un texto inédito, esto es, que no haya sido previamente publicado en forma o con contenidos sustancialmente similares.
  • Puede ser presentado en español, inglés o portugués.
  • Debe incluir un resumen de la investigación en un máximo de 300 palabras.
  • Debe contar con una extensión mínima de 6.000 palabras y máxima de 9.000 palabras, incluyendo resumen, tablas, figuras, referencias bibliográficas, apéndices y notas.
  • Debe utilizar como sistema de referencia bibliográfica la 7º edición de las normas de la American Psychological Association (APA).
  • Los textos deberán seguir una estructura común de articulación, considerando: introducción, revisión conceptual, aproximación metodológica, exposición de resultados, conclusiones y referencias.

¿Se dará una compensación económica?

Sí, las organizaciones seleccionadas recibirán una compensación única y total de 5000 USD.

¿Cómo puedo postular? 

Para postular debes responder el formulario de recepción de respuesta que se encuentra al final de esta publicación. El plazo se ha extendido hasta el 21 de febrero para casos que incluyan a Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Las postulaciones se pueden realizar inglés (preferentemente), español y portugués.

¿Cómo seleccionarán las investigaciones?

El proceso de revisión, selección y toma de decisiones sobre las propuestas se llevará a cabo por un comité interno, el cual está conformado por la co-Dirección Ejecutiva, la Dirección de Políticas Públicas y la Coordinación de Metodologías y Evaluación de Proyectos de Derechos Digitales. Los criterios de selección utilizados serán los siguientes:

  • Cumplimiento de los lineamientos establecidos en esta convocatoria: investigaciones originales, formulario completo y propuesta relacionada con las temáticas de interés, enviada en forma y plazo.
  • Pertinencia temática: que la investigación responda a las necesidades y situaciones del contexto local, nacional o regional.
  • Factibilidad: el potencial impacto de las investigaciones para la promoción de los derechos digitales en el país o región.
  • Enfoque de derechos humanos y género: la transversalidad de estos enfoques a lo largo de la investigación.

¿Qué requisitos administrativos debo cumplir si mi investigación es seleccionada?

Las organizaciones postulantes deberán estar en posición de cumplir los siguientes requisitos, de resultar seleccionadas:

  1. Contar con documentación que acredite su constitución formal como organización en su país de origen, en la que se designe un representante legal autorizado para la suscripción de convenios en su nombre.
  2. Disponer de una cuenta bancaria capaz de recibir transferencias en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD).
  3. Entregar una breve reseña institucional.
  4. Elaborar un presupuesto sencillo de trabajo dentro del monto de la compensación señalada en este llamado, desglosado conforme al formato que se le proveerá para ello.
  5. Identificar los miembros de su equipo que estarán involucrados en el desarrollo de la investigación propuesta.
  6. Estar disponible para hacer públicos los resultados de su trabajo de investigación, debidamente licenciado de manera abierta, bajo Creative Common CC BY 4.0 o similar.

Fechas importantes

  • Fecha límite para completar el formulario:  21 de febrero de 2022. Plazo extendido únicamente para Bolivia, Nicaragua y Venezuela.
  • Anuncio de investigaciones seleccionadas por correo electrónico: 4 marzo de 2022,
  • Inicio de las investigaciones: abril de 2022 (fecha estimada y por confirmar a organizaciones seleccionadas).
  • Entrega de las investigaciones: 7 de agosto de 2022.
  • Lanzamiento de la publicación: septiembre de 2022.

La convocatoria finalizó el 21 de febrero, actualen nos encontramos evaluando los proyectos presentados.

Cualquier duda sobre esta convocatoria, por favor escribe a: info@derechosdigitales.org

Organizaciones de sociedad civil piden a Naciones Unidas participación y garantías de derechos humanos en tratado sobre “ciberdelincuencia”

Entre el 17 y el 28 de enero de 2022 se realizará la primera reunión del Comité Ad Hoc de Naciones Unidas encargado de elaborar una convención internacional exhaustiva contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.

La idea ha levantado varias alarmas, especialmente entre la sociedad civil. Actualmente no existe una definición común de “ciberdelincuencia” ni tampoco consenso sobre cómo abordarla a nivel mundial. Todavía más grave es que las legislaciones locales sobre ciberdelincuencia a menudo son utilizadas para coartar derechos fundamentales y perseguir a periodistas, activistas, investigadores, comunidades LGBTQ+ y disidentes. Por ejemplo, las leyes que penalizan el acceso no autorizado a redes o sistemas informáticos se han utilizado para atacar a investigadores de seguridad digital, denunciantes, activistas y periodistas. Por su parte,  aquellas regulaciones que buscan combatir fenómenos como la desinformación y la glorificación en línea de posturas extremistas pueden ser utilizadas de forma indebida para encarcelar blogueros o bloquear plataformas enteras en un país determinado.

Esta es una situación conocida por Naciones Unidas. En su informe de 2019, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, observó: «Un aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia también ha abierto la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo.» En 2019 y una vez más este año, la Asamblea General de la ONU expresó su grave preocupación por el hecho de que la legislación sobre ciberdelincuencia se esté utilizando indebidamente para atacar a los defensores de los derechos humanos, obstaculizar su trabajo y poner en peligro su seguridad.

Es por ello que hoy más de 120 expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han enviado una carta a Faouzia Boumaiza Mebarki, Presidenta del Comité Ad Hoc, pidiendo que el proceso incluya activamente a las organizaciones de la sociedad civil en todas las etapas de desarrollo y redacción de la convención, y que se incluyan savaguardas de  derechos humanos a la propuesta, aplicables tanto a sus disposiciones sustantivas como de procedimiento.

“La lucha contra la ciberdelincuencia no debe hacerse a expensas de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas cuyas vidas se verán afectadas por esta propuesta de convenio” señala la misiva, en cuya redacción Derechos Digitales participó activamente. Además, nuestra organización participará de la reunión de enero y estará acompañando al comité durante las próximas sesiones, con una perspectiva de derechos humanos.

La carta está disponible en castellano y en inglés.