Ciberseguridad, conexión a internet y derechos humanos

Con el lema “Conectar a las(os) desconectadas(os) para lograr el desarrollo sostenible”, por primera vez en la historia, en junio de este año, se llevó a cabo en Kigali, Ruanda, una Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

La reunión que e organiza cada cuatro años, entre reuniones de Plenipotenciarios de la UIT, y sirve para discutir las estrategias y objetivos del sector de Desarrollo de la UIT. De manera presencial y a distancia, los delegados de los países miembros discutieron intensamente sobre diversos puntos relacionados con el desarrollo de las telecomunicaciones, como la gobernanza de redes, las redes comunitarias, las amenazas a los consumidores y la participación. 

La participación de Rusia en el evento fue un tema profundamente  discutido durante los días  de la conferencia, debido a la guerra con Ucrania. Como resultado, todos los candidatos a puestos de liderazgo fueron aprobados, excepto los candidatos rusos.

Participación de la sociedad civil, juventud, ciberseguridad y nuevas prioridades 

Días previos al l inicio de la CMDT, se realizó la  Cumbre Global de Jóvenes Conectados también en Kigali, que culminó con la publicación de un documento de “llamado a la acción” por un mejor futuro digital para todos y el planeta. 

En las palabras de una de las jóvenes líderes, Ellen Taylor, “ya ​​no podemos prescindir de las voces jóvenes, nuestro futuro digital es hoy”. Sin embargo, , según Arséne Tungali, algunos malentendidos hicieron que esta visión más audaz de la juventud casi no se tomara en serio durante la CMDT22. 

También tuvo lugar Partner2Connect (P2C), reunión  que involucró a más de 1000 participantes en una discusión global orientada a la acción para una conectividad universal significativa. La plataforma P2C tiene como objetivo movilizar y anunciar nuevos recursos, asociaciones y compromisos en torno a cuatro áreas, acceso, formación de comunidades, creación de valor e incentivos a la inversión.

Tal como lo esperaban varias organizaciones, como Internet Society, la ciberseguridad fue uno de los temas más discutidos por los delegados. Había una expectativa muy alta, especialmente relacionada con la actualización de la Resolución n. 45, que no había sido revisadaen la conferencia anterior, en Dubái (CMDT18), donde no hubo consenso entre los estados miembros sobre su contenido. Uno de los puntos que llamó la atención en el debate,  fue en relación a la participación de la sociedad civil en los puntos críticos de ciberseguridad, lo que terminó por no ser afirmado por la resolución aprobada.

Así, el UIT-D perdió la oportunidad de constatar un importante aporte que las organizaciones de la sociedad civil ya están realizando en otros espacios globales y multilaterales en los que se discute el tema, por ejemplo, en el Grupo de Trabajo Abierto de la Primera Comisión de Desarrollo en la Área de Información y Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional (OEWG I), y en el Comité Ad Hoc de la ONU para discutir un futuro tratado sobre ciberdelincuencia, como hemos informado anteriormente.

La  conferencia de Kigali también aprobó las telecomunicaciones/TIC inclusivas y seguras para el desarrollo sostenible entre las prioridades del sector. Este hecho llamó la atención ya que el enfoque de esta prioridad también está relacionado con la ciberseguridad.Y  propone un rol para la UIT de apoyo a los estados miembros en temas clave, como el desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad y Equipos Nacionales de Respuesta a Incidentes Informáticos (llamados CIRT) e inversión en infraestructura segura, especialmente en áreas desatendidas.

¿Ciberseguridad y los derechos humanos?

Cabe que recordar que varias instancias de la propia ONU  han  abordado el tema. Esta semana, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos expresando serias preocupaciones sobre los ataques a la privacidad por parte de los estados. El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Voule, enfatizó que nos encontramos frente a un  importante  “aumento de legislación y políticas públicas dirigidas a combatir la ciberdelincuencia que también ha abierto la puerta para sancionar y monitorear a activistas y manifestantes de muchos países del mundo”

Viene el plenipotenciario: elecciones y ciberseguridad

Del 26 de septiembre al 20 de octubre tiene lugar en Bucarest (Rumania) la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP-22). En las palabras del Sr. Houlin Zhaoi, Secretario General de la UIT, “los países se reunirán en el Plenipotenciario para “establecer la dirección futura de la transformación digital en beneficio del planeta y la humanidad”. 

La conferencia elegirá al Secretario General de la UIT para los próximos años. Esto tendrá lugar en un contexto en el que los dos candidatos, sin embargo, representan visiones fundamentalmente diferentes para el futuro de internet. Como defiende Debora Brown: “en lugar de pintar esto como EE. UU. contra Rusia, ¿por qué no analizar cómo las propuestas afectan los derechos, por qué los gobiernos recurren a la UIT y votan como lo hacen, qué hace la UIT para mejorar la conectividad?”

Además, como informó Internet Society, los Estados miembros debatirán la inclusión de la seguridad cibernética como una prioridad temática en el plan estratégico de la institución y el aumento del papel de la UIT en los debates sobre el tema en las Naciones Unidas. En la misma línea, a principios de este mes, Brasil presentó sus propuestas para el plenipotenciario, proponiendo incluir la ciberseguridad como una de las prioridades de la UIT, con propuestas para actualizar la Resolución 130, que también aborda el tema.
En otras instancias de discusión, la sociedad civil organizada siempre ha exigido la incorporación de “salvaguardas claras y sólidas en materia de derechos humanos” en el texto, algo que ha sido discutido por la sociedad civil en su participación en las últimas plenipotenciarias. Como lo informó recientemente Michaela Shapiro, hay razones por las que los defensores de los derechos humanos deberían prestar mucha atención a UIT. Queda por ver qué papel tiene la propia UIT para garantizar el debido respeto de los derechos humanos también en el contexto de la ciberseguridad.

Derechos Digitales participa del congreso “Desafíos emergentes de la ciberseguridad”

En Quito (Ecuador), entre el 13 y el 15 de septiembre, la Universidad Andina Simón Bolívar organizó el congreso “Desafíos emergentes de la ciberseguridad” para abordar las distintas oportunidades de desarrollo de la economía digital de la región, a la vez que los desafíos respecto de seguridad técnica, organizacional y jurídica.

El martes 13, se inauguró la instancia con diversos paneles para discutir en torno a los riesgos de seguridad de la información y su gestión en instituciones públicas y privadas. A las 11:30 hrs. Rafael Bonifaz, Coordinador del área de tecnologías de Derechos Digitales, presentó la charla “Autonomía y privacidad en el mundo de la vigilancia”.

Conoce más sobre las ponencias y talleres realizados durante el congreso en este enlace.

Derechos digitales participa en panel de la Semana de la inteligencia artificial de ILDA

La Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) es un proyecto que busca entender y promover las políticas y uso de datos abiertos en América Latina. Este año, ILDA dedicó por completo el mes de agosto a debatir en torno la inteligencia artificial (IA) en la región, organizando una serie de encuentros para abordar este tema.

En este contexto fue programada la Semana de la IA entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre consta de charlas y talleres para dar cuenta de los distintos enfoques de los sistemas de IA y su contribución para el desarrollo, avances en materia de regulación y su relación con los derechos humanos, posibles usos de la IA para el bien común, la eventual incorporación de América Latina al Índice Global de IA Responsable, entre otras materias.  

Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, formó parte del panel del conversatorio “Regulación en IA” el martes 30 de agosto. En el encuentro se discutieron casos problemáticos del uso de IA en derechos humanos y se exploró el vínculo entre la innovación y una regulación adecuada en esta materia.

Otros participantes del evento fueron Carlo Benussi (abogado, Consejo Para La Transparencia de Chile), Judith Mariscal (directora del Centro Latam Digital), Luca Belli (profesor en la Escuela de Derecho de Río de Janeiro de la Fundação Getúlio Vargas, FGV) y Gonzalo Bustos Frati (investigador del Centro de Enseñanza Técnica y Superior, CETYS).

Derechos Digitales participa del taller “Internet, derechos digitales y movimientos sociales”

Entre el 29 y el 31 de agosto se realizó el taller “Internet, derechos digitales y movimientos sociales”, una iniciativa conjunta de Artigo 19 y el Instituto de Investigación sobre Internet y Sociedad (IRIS, Brasil).

El primer módulo del taller estuvo dedicado a la gobernanza de internet. Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, moderó la sesión introductoria del módulo, junto con Víctor Vieira de IRIS. Durante su presentación, revisaron la historia, conceptos generales, actores y dinámicas de la gobernanza en internet, ayudando a definir y contextualizar cómo esta impacta en el día a día de las organizaciones, y ofreciendo perspectivas futuras por una gobernanza más participativa.

Artigo 19 es la oficina de Article 19 en Brasil, y se dedica a la promoción de la libertad de expresión, incluyendo la protección de comunicadoras y defensoras de derechos humanos, la elaboración e implementación de la ley de acceso a la información y la construcción y defensa del Marco Civil de Internet, en Brasil. IRIS es un centro de estudios independiente e interdisciplinario, cuyo objetivo es democratizar los debates en torno a internet, la sociedad y las nuevas tecnologías.

Conoce más sobre los retos de la gobernanza en internet en América Latina aquí.

Derechos Digitales participa de #CriptoAgosto

Cada año, la Coalizão Direitos na Rede (CDR) dedica el octavo mes para celebrar #CriptoAgosto, una serie de acciones para promover la importancia de la criptografía.

Como parte su tercera edición, se realizará el seminario “¿Por qué y cómo defender la criptografía?” enfocado en relevar esta disciplina para la defensa de la democracia, y que contará con la participación de Miguel Flores, director de tecnologías de Derechos Digitales.

La actividad está programada para el 31 de agosto, a las 10:00 hrs. (GMT -3), y será transmitida en el canal de YouTube de CDR. 

La CDR agrupa a más de 50 organizaciones académicas y de la sociedad civil para la defensa y promoción de los derechos en el entorno digital en Brasil. Sus principales ejes de acción son acceso, libertad de expresión, protección de datos personales y privacidad en internet.

Revisa la campaña de #CriptoAgosto en este enlace.

Derechos Digitales participa de foro de la Alianza Global para la acción contra el acoso y el abuso en internet por motivos de género

Entre el 17 y el 19 de agosto, la Alianza Global para la acción contra el acoso y el abuso en Internet por motivos de género (Alianza Global) realizó un encuentro patrocinado por Wilton Park, organización que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido.

El evento reunió a expertos técnicos, especialistas en el desarrollo de políticas públicas, investigadores de la academia, la sociedad civil y los gobiernos de todo el mundo para sentar las bases del establecimiento de datos comparables y fiables que permitan evaluar la violencia en línea y sus consecuencias.

A partir de lo anterior, la Alianza Global pretende desarrollar los elementos fundamentales para un entendimiento compartido y una definición operacional de la violencia de género facilitada por la tecnología; estandarizar métricas e indicadores de la misma; explorar aproximaciones metodológicas e innovaciones en la materia; y, por último, formular un plan de acción para elaborar metodologías comparables y actualizar las encuestas globales para medir con precisión los alcances de este fenómeno.

Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, estuvo presente en las jornadas de trabajo, defendiendo una agenda de prevención y protección contra este tipo de violencia basada en los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.

Asimismo, Venturini enfatizó en el deber de poner el foco en las necesidades de las personas que han sido históricamente marginalizadas —como mujeres indígenas y afrodescendientes y personas LGBTQIA+— y de los movimientos feministas, que han sido frecuentemente víctimas de ataques.

Los resultados de esta discusión serán utilizados como insumos para el trabajo a largo plazo de la Alianza Global, los que serán destacados en la Cumbre por la Democracia de 2023.

¡Construyamos la agenda de LACIGF15!

La agenda del LACIGF15 se construirá en torno a las temáticas identificadas por el Secretario General de las Naciones Unidas en el Global Digital Compact. Para ello, se realizará una consulta pública, que tiene por objetivo identificar cuatro prioridades de la comunidad de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe para ser tratadas durante el evento.

Quienes tengan interés en contribuir a la construcción de la agenda pueden contestar la consulta hasta el fin del día 28 de agosto de 2022. Los resultados serán sistematizados por el Comité de Programa del LACIGF15.

La consulta se encuentra disponible en español, portugués e inglés.

Sobre el Global Digital Compact

Para el Secretario General, la cooperación digital será crucial para que las tecnologías digitales se centren en el bien común y garanticen que «los daños potenciales del ámbito digital» no «corran el riesgo de eclipsar sus beneficios». La gobernanza digital, señala, «no ha seguido el ritmo de la naturaleza intrínsecamente informal y descentralizada de internet, que está dominada por los intereses comerciales». Es urgente atender las cuestiones éticas, sociales y normativas relacionadas con las tecnologías actuales y futuras para asegurar que contribuyan al bien común, al desarrollo económico, a la justicia ambiental, a la justicia de género, al reforzamiento del ejercicio de los derechos humanos y a la justicia social.

Para ello, propone que la ONU, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil trabajen juntos para acordar un «Pacto Digital Global» que pueda presentarse en la Cumbre del Futuro, orientada a «esbozar principios compartidos para un futuro digital abierto, libre y seguro para todos».

El Foro Global de Gobernanza de Internet de este año, que tiene como tema principal “Una Internet Resiliente para un Futuro Compartido Sostenible y Común”, se centrará en las temáticas sugeridas para el Pacto. Es fundamental que la comunidad de gobernanza de internet de América Latina y el Caribe contribuya, desde sus necesidades, realidades y prioridades, a construir la visión del futuro digital que queremos.

Participa del conversatorio “Tecnología y Derechos culturales para el siglo XXI”

El miércoles 17 de agosto, a las 18:00 hrs., se realizará el conversatorio “Tecnología y Derechos culturales para el siglo XXI”. La jornada, organizada por Wikimedia Chile, Derechos Digitales y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación de la Universidad de Chile (UCh), tendrá lugar en el Salón Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago de Chile).

Algunos de los temas a reflexionar serán los derechos culturales, el acceso al conocimiento en Chile, y el avance en una eventual agenda que reconozca tales derechos, en línea con la discusión nacional sobre la nueva constitución.

Estarán presentes en el debate Amalia Toledo (Especialista en Public Policy para Latinoamérica y el Caribe, Wikimedia Foundation), Vladimir Garay (Director de Incidencia – Derechos Digitales), Patricia Peña (Académica de la Facultad de la Comunicación e Imagen, UCh) y Rodrigo Varas (Investigador del Centro de Estudios en Derecho Informático, UCh).

Por cuestiones de aforo, los cupos son limitados. Si quieres participar, por favor inscríbete en este enlace. Se pedirá pase de movilidad para ingresar a la Universidad de Chile.

¿Quién está haciendo campaña en favor del apruebo y el rechazo en redes sociales?

Lo primero que aparece en el video es una joven acariciando a su perro en un parque. “Cada vez que Natalia me hace cariño, me imagino a los chilenos votando rechazo” dice una voz en off, que pretende ser la del perro. Se trata de Nono, el protagonista de “Hola Soy Nono”, una de las tantas páginas de Facebook dedicadas al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Sin embargo, además del perro, hay un dato que llama la atención: durante los últimos 30 días, la página ha invertido más de dos millones de pesos en para promocionar 14 publicaciones a favor del rechazo en Facebook e Instagram, superando ampliamente el gasto realizado por todos los partidos políticos durante el último mes y comparable a la cantidad destinada por Servel a promocionar información sobre el plebiscito en estas plataformas.

Otro dato importante: no hay rastro del perro Nono en el listado de organizaciones habilitadas por el Servicio Electoral para realizar campaña durante el plebiscito, ni ningún dato que pudiese indicar afiliación a algún actor debidamente autorizado para ello. El “descargo de responsabilidad”, exigido por Facebook para financiar anuncios relativos a temas sociales, elecciones o política, está a nombre de “HOLA SOY NONO”, así, en mayúsculas.

Esta es una de las cuestiones que Derechos Digitales está investigando en la tercera versión de PubliElectoral, dedicada a la propaganda política en el marco del Plebiscito Constitucional.

Formalidades

El lunes 4 de julio, Servel habilitó el registro para la realización de campañas para el Plebiscito Constitucional. Los partidos políticos, los parlamentarios independientes y las organizaciones de la sociedad civil podían solicitar ser parte del registro llenando un formulario de inscripción publicado en el sitio web del Servicio Electoral. Esta única formalidad les habilita para la recepción de aportes, la realización de la propaganda electoral y participación de franja televisiva electoral.

Sin embargo, al revisar el listado de anunciantes de carácter político, social o electoral en las plataformas de META —Facebook e Instagram—, es posible constatar que muchas de las páginas que más dinero han invertido en propaganda relativa al plebiscito no están en el registro de Servel. Además del perro Nono, páginas como “Hagamos una buena”($13.203.469 en avisaje), “Creando puentes” ($1.022.637 en avisaje) y “La Pancha” ($1.313.003 en avisaje) han gastado sumas importantes en campaña para el plebiscito, sin estar habilitadas para ello, ni estar explícitamente asociadas a una organización que lo esté.

En comparación, el partido político que más ha invertido en propaganda electoral en Facebook e Instagram es el Partido Comunista ($1.015.081) siendo además el anunciante que más ha invertido en favor de la opción apruebo. Le sigue la UDI, con $868.426 de inversión publicitaria en favor del rechazo. Ambos partidos son parte del registro de Servel.

Propaganda electoral vs libertad de expresión

El Manual de campaña electoral para el Plebiscito Constitucional 2022, publicado por Servel, define propaganda electoral como “todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes en soportes audiovisuales u otros medios análogos, que induzca a apoyar alguna de las posiciones sometidas a consideración de la ciudadanía”. No se entiende por campaña electoral la “difusión de ideas o de información sobre actos políticos realizados por personas naturales”, las “actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo, ni aquellas actividades habituales no electorales propias del funcionamiento de los partidos políticos constituidos o en formación”.

Respecto a la propaganda en redes sociales, se establece que las “expresiones e interacciones emitidas desde cuentas personales o grupales, que no tengan un pago asociado para su difusión” son parte de la libertad de expresión y no se consideran propaganda. De acuerdo a esta definición, el diferencial entre aquello que es publicidad electoral y aquello que no lo es está dado por la existencia de un pago asociado a la difusión. Así, en los casos anteriormente mencionados, donde se ha invertido dinero para apoyar a una de las opciones del plebiscito, estaríamos frente a una violación a la normativa. De otra manera, el registro no tiene razón de ser.

Frente a esto, nos parece fundamental que la normativa se respete. Hacemos un llamado a Servel a fiscalizar la correcta realización de la campaña, por las entidades legalmente facultadas para ello.

Ayúdanos a entender mejor la campaña en redes sociales

Por tercer año consecutivo, Derechos Digitales está realizando la investigación PubliElectoral, dedicada en esta ocasión al Plebiscito Constitucional y la campaña política desplegada en torno a este.

PubliElectoral es un proyecto liderado por la organización argentina ADC y se ha realizado en Chile, Argentina, México y próximamente en Brasil. PubliElectoral se vale de un plugin y una app para teléfonos Android, que recopila información sobre la campaña política en Facebook, sin comprometer la privacidad de quienes han instalado la herramienta.

Entre más personas instalen el plugin o la app, podremos acceder a información de mejor calidad. ¿Quieres ayudarnos? Tan solo sigue los siguientes pasos:

Para instalar la extensión de navegador:

  • Ve a  https://publielectoral.lat/
  • Debajo del título “Instala la extensión en tu navegador” selecciona tu navegador: Google Chrome o Mozilla Firefox. Se abrirá la página de la extensión.
  • Haz clic en “agregar extensión” en Chrome o “agregar a Firefox” en Mozilla Firefox. Se abrirá una nueva ventana donde debes confirmar que quieres instalar la extensión.
  • Haz clic en el ícono de la extensión y señala tú país (Chile). Esta información se utilizará solo con fines estadísticos.

Para instalar la aplicación de dispositivos Android:

  • Ve a  https://publielectoral.lat/
  • Haz clic en “instalar aplicación en tu teléfono”.
  • Te aparecerá una advertencia, preguntándote si realmente quieres instalar este archivo. Pon “Aceptar”.
  • Se descargará el archivo “publielectoral.apk”. Ábrelo y dale clic a Instalar.
  • Con fines estadísticos se te pedirá seleccionar tu país.
  • Abre la aplicación y logeate con tus credenciales de Facebook. Cuando quieras usar la red social, debes hacerlo desde la app de PubliElectoral.

Puedes leer las conclusiones de la investigación conjunta entre ADC y Derechos Digitales en los reportes acerca del Plebiscito de Entrada 2020 y las Elecciones Presidenciales 2021 en Chile.

Puedes encontrar más información en el siguiente instructivo.

Derechos Digitales busca analista de políticas públicas en Chile

La visión de Derechos Digitales es una sociedad latinoamericana más justa, inclusiva e igualitaria. Para ello, directamente y en coordinación con otras organizaciones, actuamos en defensa de los derechos humanos en el entorno digital, para que las tecnologías estén al servicio del desarrollo integral de las personas.

Como una organización regional, para cumplir con nuestra misión y visión, seguimos creciendo y trabajando de forma multidisciplinaria. Hoy buscamos integrar a nuestro equipo un/x analista de políticas públicas, con foco en Chile.

¡Te estamos buscando!

Buscamos a una persona apasionada y con ganas de colaborar con nuestra organización, comprometida con con la investigación y el análisis de los eventos, políticas públicas y regulaciones que impactan a los Derechos Humanos y la tecnología en la región.

En esta ocasión daremos preferencia a postulantes trabajando en Chile y con conocimientos del ámbito local.

Perfil de Cargo

Orientado a la investigación y el análisis de eventos, políticas públicas y regulaciones que impactan a los Derechos Humanos y la tecnología a nivel local (Chile) y en América Latina, colaborando en la ejecución de los distintos proyectos de la organización. Para ese fin deberá: planificar y elaborar publicaciones de carácter investigativo y analítico; monitorear y analizar el avance legislativo y el desarrollo de políticas públicas en materia de tecnología a nivel local (Chile) y en la región; asistir a instancias públicas y privadas en representación de la organización en Chile, en la región y a nivel internacional; participar e incidir en la elaboración de políticas públicas en la materia a nivel local (Chile) y latinoamericano; colaborar con el trabajo del área de incidencia en la preparación de campañas y actividades públicas en Chile y la región; y, responder a consultas provenientes de organizaciones locales, regionales o globales, así como de medios de comunicación, entre otros.

Formación:

  • Formación universitaria (grado o posgrado, completa o incompleta) en una carrera perteneciente al área del Derecho o las Ciencias Sociales.
  • Conocimiento e interés sobre procesos de formación de políticas públicas, procesos legislativos, temas relacionados con Derechos Humanos y tecnología.
  • Capacidad de análisis crítico respecto a temas de regulación en materia de tecnología.
  • Dominio oral y escrito del inglés (avanzado).

Competencias:

  • Capacidad de análisis y respuesta oportuna.
  • Iniciativa y autonomía.
  • Flexibilidad horaria y adaptación.
  • Responsabilidad en el cumplimiento de objetivos y plazos.
  • Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.
  • Alta movilidad: disponibilidad para viajar y asistir a audiencias y eventos en Chile, Latinoamérica y en otras partes del mundo, representando a la organización.

Experiencia:

  • Tres (3) años de experiencia previa de trabajo en áreas relacionadas con tecnología, derechos humanos y/o políticas públicas, en labores de investigación, incidencia pública y/o análisis regulatorio a nivel local (Chile). Incluye experiencia como activista en base voluntaria o no remunerada y pasantías en las materias señaladas.

Otras informaciones relevantes:

  • Presencia en Santiago de Chile
  • Jornada completa (45 horas semanales)
  • Disponibilidad: a partir del 26 de septiembre de 2022
  • Remuneración: Sueldo bruto $1.449.216 CLP

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