En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, UNFPA y Derechos Digitales compartiremos los resultados de nuestro trabajo conjunto sobre violencia de género facilitada por tecnologías, así como propuestas para fortalecer los sistemas de rendición de cuentas.
El evento se realizará el miércoles 10 de diciembre. La transmisión comenzará a las 7:30 a. m. (EST), 9:30 a. m. en Chile (UTC-3) y a las 12:30 p. m. en Londres (GMT).
Presentaremos dos nuevos documentos que ofrecen análisis comparado, principios orientadores y recomendaciones para avanzar hacia marcos legales y de política pública más justos, efectivos y centrados en las sobrevivientes.
La sesión contará con una presentación de la actriz y activista argentina Thelma Fardin, quien compartirá su experiencia y reflexiones sobre acceso a la justicia. Además, activistas y especialistas que abordarán temas como interseccionalidad, reparación, prevención y capacidades estatales:
Mariana Valente – University of St. Gallen | InternetLab (Brasil)
Lulú Barrera – Fondo Semillas | Luchadoras (México)
El fenómeno de las deepfakes viene en aumento en la región: imágenes, videos o audios que son editados o generados utilizando sistemas de inteligencia artificial, y que pueden mostrar personas reales o inexistentes Cada vez más escuelas y colegios enfrentan episodios de este tipo sin contar con herramientas para poder abordarlo de forma integral. En ese marco, en el Congreso de Chile se está discutiendo un proyecto de ley para regular estas tecnologías emergentes. El 1 de diciembre, Derechos Digitales intervino en la sesión de la Comisión del Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de la Cámara de Diputados, para acercar sus contribuciones.
“Saludamos de manera positiva este espacio de la audiencia donde hubo un consenso generalizado sobre la importancia de regular. Y en ese proceso, es indispensable alinear la protección de la libertad de expresión, con el interés de protección de la privacidad y libertad e integridad sexual de mujeres y niñas afectadas”, expresó Camacho luego de la sesión.
Derechos Digitales manifestó su apoyo a este proceso regulatorio, como una de las vías más importantes para responder al fenómeno de las deepfakes, sumado a la alfabetización mediática, entre otras. La clave en ese proceso no solo es integrar un enfoque de género, sino también incorporar medidas preventivas y reactivas que permitan proteger derechos de manera efectiva.
Para ver la sesión completa de la Comisión haz click aquí.
En América Latina, la falta de regulaciones con perspectiva de género para las tecnologías puede seguir abonando al desarrollo de inteligencias artificiales que promueven las violencias digitales. En junio de 2026, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas presentará su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el impacto actual y potencial del espacio digital y la IA en la igualdad de género sustantiva. Con el fin de recabar aportes de diversos sectores involucrados en la temática, el pasado 2 de diciembre se llevó adelante una consulta regional y nuestra organización se hizo presente.
La consulta estuvo moderada por Dorothy Estrada Tanck, miembro del Grupo de Trabajo proveniente de la región de América Latina y el Caribe, y contó también con la participación de la presidenta del Grupo, Claudia Flores. Nuestra codirectora ejecutiva Jamila Venturini intervino en esta instancia, junto a decenas de representantes de la sociedad civil y el mundo académico especializados en la igualdad de género, las tecnologías digitales y la IA.
“Expertas de la región apuntan a que los sesgos presentes en todo el ciclo de vida de la IA reflejan la exclusión estructural de mujeres y otros grupos históricamente marginalizados de los espacios de decisión y producción tecnológica. Refleja además la invisibilización de sus culturas, formas de vida, demandas e iniciativas”, resaltó Venturini en su presentación.
Desde Derechos Digitales planteamos que el actual escenario exige crear condiciones para la participación significativa de mujeres -en toda su diversidad- en todas las etapas del ciclo de vida de la IA. Propusimos que incorporen la equidad de género como principio rector de la gobernanza de IA, y garanticen transparencia, acceso a la información y participación efectiva en los procesos de adopción de estas tecnologías. También, instamos a que realicen evaluaciones de impacto en derechos humanos y auditorías con perspectiva de género, antes y durante la implementación de estos sistemas. Por último, sugerimos que establezcan mecanismos accesibles de rendición de cuentas y reparación para personas afectadas, a la vez que promuevan investigación e innovación con perspectiva feminista.
“Quisiera comenzar reconociendo que este proyecto de ley tiene importantes aciertos. Su enfoque integral, la coordinación interinstitucional del aparato estatal que propone y la preocupación por asegurar el acceso a remedios legales desde una integración normativa son avances significativos. Este proyecto tiene el potencial de transformar a Colombia en un referente regional e incluso global en materia de protección frente a la violencia facilitada por tecnologías”, expresó al inicio de su presentación Meira.
Para que el proyecto de ley alcance el nivel de protección necesario, desde Derechos Digitales planteamos que es indispensable atender a cuatro aspectos centrales. Por un lado, incorporar una perspectiva de género basada en evidencia, que permita reconocer los impactos diferenciados. Además, ampliar el alcance hacia la VG FT, no limitada únicamente a entornos digitales. Por otro lado, ajustar la redacción del tipo penal para asegurar proporcionalidad y proteger la libertad de expresión. Y, por último, establecer que el registro administrativo sea anonimizado por defecto, preservando la seguridad y privacidad de las víctimas.
El pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres y Sexual Violence Research Initiative (SVRI) llevaron adelante el seminario web “Violencia de género facilitada por las tecnologías: Mitigar los riesgos que plantea la IA generativa”. Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Digitales, participó de la sesión para compartir el trabajo de la organización en esta materia.
Meira expuso acerca de las iniciativas de la sociedad civil para lograr una IA feminista, y enfatizó en la relevancia de incorporar una perspectiva transformadora de género, interseccional y centrada en las víctimas de Violencia de Género Facilitada por las Tecnologías (VG FT). También compartió las principales reflexiones del reciente trabajo publicado en conjunto con UNPFA: Combating Technology-facilitated Gender-based Violence under the Lenses of International Human Rights Law.
Alexandra Robinson, del equipo de violencia de género de UNFPA, moderó el diálogo que forma parte del ciclo “TFGBV Policy Dialogues series”. Completaron el panel: Israel Olatunji Tijani, especialista en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo (ICT4D por sus siglas en inglés); Selam Abdella, investigadora del Global Center on AI Governance; y Rachael Grant, del equipo de seguridad online en el desarrollo digital de Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).
El evento pretende abrir un debate comunitario desde la perspectiva de la Mayoría Global. Además de la participación de Derechos Digitales, completan el panel: Graciela Selaimen, fundadora y directora ejecutiva del Instituto Toriba; y Oluwaseun Adepoju, socio gerente de CcHUB.
El objetivo del webinario es profundizar la discusión entre las organizaciones miembro de la DRN en relación al reporte Pulse 2025, donde se plantea que la administración Trump representa una fuerza disruptiva en el ámbito de los derechos digitales. Este informe arroja luz sobre la magnitud de las perturbaciones en la financiación (los recortes de USAID, por ejemplo), los nuevos actores que están surgiendo (como los países del Golfo, los fabricantes de chips, entre otros), así como los nuevos marcos normativos y agendas (seguridad nacional, soberanía, comercio, política industrial). En conjunto, estos tópicos expresan la nueva topografía en la que se desarrollan los debates sobre el futuro de la tecnología, donde el poder parece consolidarse cada vez más, y el autoritarismo y el fascismo se extienden.
Con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de los derechos digitales, fomentar el trabajo colaborativo y la creatividad jurídica, el Centro de Derechos Humanos, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), organizó el “Hackathon Jurídico”. Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, fue invitada a la actividad, dictando clases los días 12 y 18 de noviembre.
“Desde Derechos Digitales contribuimos con una discusión enfocada en los retos de protección de derechos a la privacidad y la libertad de expresión en línea, donde la preocupación compartida y más visible fue el ciberpatrullaje, que recibe cada vez más atención de la academia”, resaltó Camacho sobre la jornada. El “Hackathon Jurídico” enfocó su atención en temas cruciales en la esfera digital como privacidad y datos personales, acceso a internet y brecha digital, libertad de expresión y moderación de contenidos, IA y ciberacoso, entre otros.
Se trató de dos días en donde Derechos Digitales contribuyó a informar y alimentar el interés del estudiantado de la UBA en estos temas de impacto para la Argentina. Además de una clase teórica, se propició un espacio práctico para que las y los participantes, a través del trabajo en equipo, puedan diseñar soluciones y propuestas innovadoras en base a casos hipotéticos. La instancia también contribuyó a generar ideas que puedan convertirse en insumos para investigación, extensión o mejoras institucionales.
El pasado 14 de noviembre se celebró una nueva consulta virtual de Naciones Unidas con múltiples partes interesadas con el fin de recabar comentarios y aportes sobre la Revisión 1 del documento final del proceso WSIS+20. En representación del Global Digital Justice Forum (GDJF), Derechos Digitales participó de la instancia para realizar nuevas contribuciones.
Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Digitales, se sumó a la convocatoria reflexionando sobre aspectos clave referidos a vigilancia, IA, concentración del mercado digital y basura electrónica. “Las comunidades de nuestras regiones se ven afectadas de manera desproporcionada por las prácticas extractivas de datos y el trabajo precario en el ámbito de los datos, pero estas realidades no se ven reflejadas en la Revisión 1 del documento que estamos discutiendo”, planteó con preocupación Meira.
La contribución de Derechos Digitales estuvo basada en la experiencia de la organización en el proceso de revisión histórica de WSIS+20, además del reciente documento elaborado en conjunto con la GDJF: “Aportes del Foro Global de Justicia Digital al borrador cero del documento final de la CMSI+20”. Este informe presenta recomendaciones generales, como moderar la lectura tecno-optimista del progreso hacia los compromisos de la WSIS, así como recomendaciones específicas sobre temas como género, derechos humanos, gobernanza de los datos e IA.
Para ver la contribución de Derechos Digitales, así como la sesión completa, haz click aquí.
Los días 14 y 15 de noviembre se está llevando adelante la 7° Cumbre Ciudadana Digital 2025, bajo la temática principal “Personas y plataformas: hablemos de responsabilidad”. Como parte de la red “Rendición de cuentas y Responsabilidad en los Ecosistemas del Sur” (ARISE por sus siglas en inglés), Derechos Digitales participó de una sesión clave para reflexionar sobre el papel de las Big Tech en el Sur Global.
La codirectora ejecutiva de Derechos Digitales Jamila Venturini realizó una exposición, junto a Catalina Moreno de Fundación Karisma, en la sesión “Convivir con los gigantes: replantearse las Big Tech desde el Sur Global”. La instancia contó con la moderación de Raina Ghosh de DEF. Venturini propuso adoptar un principio de “do no harm” para repensar las plataformas desde nuestros territorios. La idea plantea que las empresas tecnológicas “no deben hacer daño”, ni siquiera de forma no intencionada, lo cual implica un conocimiento profundo de los contextos locales y habilitar la participación significativa de las distintas comunidades en sus acciones.
La 7° Cumbre Ciudadana Digital 2025 se está desarrollando en Hyderabad, ciudad de la India, con diálogos entre múltiples partes interesadas, reuniones estratégicas, talleres y presentaciones de diversas comunidades en torno a los temas más relevantes del ecosistema de internet.
Organizaciones de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea nos reunimos en Santa Marta, Colombia, para aportar nuestras visiones y propuestas a la agenda birregional, en el marco del Foro de la Sociedad Civil ALC–UE, un espacio de diálogo previo a la IV Cumbre CELAC–UE que busca fortalecer la participación ciudadana en las decisiones globales.
Durante los días 7 y 8 de noviembre, el Foro convocó a organizaciones juveniles, mujeres activistas, comunidad LGBTIQA+, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes sociales e influencers digitales, para debatir problemáticas compartidas. El resultado se vio plasmado en la “Declaración Conjunta de la Sociedad Civil”, que recogió las recomendaciones y prioridades comunes, la cuales fueron presentadas a Jefes de Estado durante la IV Cumbre CELAC–UE.
En el marco del encuentro, se llevó a cabo la sesión “Transición Digital Inclusiva”, donde expuso nuestra coordinadora de Políticas Públicas, Marina Meira. El objetivo de la actividad fue destacar cómo las desigualdades digitales afectan a la cohesión social; y a la vez promover los principios de justicia digital con salvaguardas para políticas e inversiones. También se generaron propuestas para que las inversiones digitales se traduzcan en conectividad asequible y de calidad, y en servicios públicos accesibles, con participación y monitoreo de la sociedad civil.
La moderación estuvo a cargo de Fernanda Martins, directora de Estrategia e Incidencia de la Fundación Multitudes, y el resto del panel se completó con Olga Paz, directora de proyectos de Colnodo, y Luis Eliecer Cadenas Marín, director ejecutivo de RedCLARA.
