Este informe aborda la Ley Marco de Ciberseguridad de Chile, promulgada el 26 de marzo de 2024, destacando su enfoque en prevenir ciberataques y fortalecer la gobernanza. Detalla la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la importancia de la colaboración entre sectores público y privado, apuntando a un ciberespacio más seguro y resiliente.
Temática: Seguridad digital
Ciberseguridad en Chile: enfoque de género en posicionamiento internacional
Este informe examina cómo Chile ha integrado la perspectiva de género en sus políticas de ciberseguridad de 2017 a 2028 y en foros internacionales de la ONU. Destaca avances y desafíos en la implementación de acciones concretas para un ciberespacio más inclusivo y equitativo.
Ciberseguridad en Chile: panorama normativo e institucional
Este informe analiza la evolución de la ciberseguridad en Chile, destacando leyes como la de Delitos Informáticos y la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028. Se enfoca en la protección de datos, derechos humanos e inclusión, y aborda los desafíos de coordinación y actualización normativa.
En la mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina
El informe “En la Mira” fue liderado por Derechos Digitales y desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD). Estas 14 organizaciones atendieron 411 casos en América Latina sobre ciberataques, violencia de género digital, censura, espionaje y vigilancia masiva que son analizados en el reporte.
Vigilancia Estatal: Los riesgos de los IMSI Catchers
Hace pocas semanas se aprobó en Chile el proyecto de Ley Antiterrorista que actualiza la ley vigente para facilitar nuevos mecanismos de investigación y persecución. La discusión tuvo varios puntos álgidos, como por ejemplo, la ampliación del concepto de delito terrorista incluyendo a individuos sin necesidad de asociación con actividades terroristas. Pero sin duda el apartado que generó mayor debate fue la inclusión del uso de “IMSI Catchers” o “antenas falsas” para el espionaje en el contexto de las investigaciones.
En el marco del espionaje estatal, un IMSI Catcher, Stingray o simplemente una “antena falsa” es un dispositivo electrónico, compuesto por hardware y software, que simula ser una antena de telefonía legítima, pero en verdad no lo es, ya que su objetivo es capturar datos de los dispositivos que estén a su alcance, mediante un ataque de intermediario o MITM (man-in-the-middle), esto es, la instalación de un dispositivo “en el medio” de una comunicación entre personas.
Esto es facilitado por la forma en que funciona la telefonía móvil. El diseño arquitectónico de las redes móviles se basa en la división geográfica en pequeñas áreas o células, cada una cubierta por una o más antenas que reciben y redistribuyen señales. Estas antenas tienen áreas de cobertura que se sobreponen, garantizando así que no haya sectores sin señal. Dado que un dispositivo móvil puede detectar múltiples antenas simultáneamente, utiliza un protocolo para seleccionar aquella con la señal más potente.
En términos generales, las antenas actúan como intermediarios entre los dispositivos móviles y la estación telefónica, donde se generan los enrutamientos de las comunicaciones. Por otro lado, las “antenas falsas” operan de manera similar a las antenas reales, pero se diferencian en quién controla su operación y en el hecho de que pueden ser móviles, no requiriendo una instalación fija. Estas antenas falsas replican los parámetros de identificación de una antena legítima, engañando así a los dispositivos. Uno de los principales mecanismos para captar la señal de los dispositivos es por medio del uso de una potencia de señal mayor a la que presentan las antenas legítimas del sector.
Una vez conectados a una antena falsa, los dispositivos tienen dos posibles cursos de acción, según el propósito de la falsa antena. El primero es la denegación del servicio, y el segundo, actuar como intermediario entre el dispositivo y la red legítima. Esta última opción es más habitual, ya que a la vez que no interrumpe la comunicación, permite la recolección de datos de identificación del dispositivo, como el IMSI (International Mobile Subscriber Identity o Identidad Internacional de Suscriptor Móvil), un número único asignado a cada dispositivo móvil. Poseer el IMSI de un dispositivo facilita su rastreo a través de redes telefónicas legítimas, generalmente mediante una orden judicial conforme a las regulaciones locales. Además, existen varios tipos de comunicaciones que pueden ser captadas o intervenidas como los mensajes de texto pues carecen de cifrado.
A su vez, se ha demostrado que las llamadas realizadas mediante protocolos de la generación 2G pueden ser interceptadas debido a su cifrado débil, como demostró Chris Paget en DEF CON 18. Aunque los protocolos de redes 3G, 4G y 5G utilizan esquemas de cifrado más robustos, una antena falsa aún puede forzar un ataque de degradación de servicio, limitando los dispositivos a conectarse solo a redes 2G. Es decir, forzando a los dispositivos a utilizar protocolos menos eficientes, menos avanzados y menos seguros. Este fenómeno no es inusual dado que algunas redes de telefonía todavía operan bajo este protocolo. Otra vulnerabilidad es la extracción de metadatos: incluso si un dispositivo se comunica a través de protocolos que permiten que la información en tránsito esté cifrada, la antena falsa puede registrar cuando se conecta a un sitio específico, cuando utiliza aplicaciones de mensajería o cuando realiza llamadas.
Problemas plausibles
El uso de tecnologías de “antenas falsas” trae consigo una serie de riesgos asociados. En primer lugar, quien tenga acceso al manejo del dispositivo de interceptación puede utilizarlo sin que exista una contraparte que pueda tener control sobre su uso. En una columna pasada, explicamos el funcionamiento de las interceptaciones telefónicas a través de la infraestructura del proveedor, que por requerimientos legales actúa en la práctica como un agente de registro y control de las interceptaciones solicitadas por los cuerpos investigativos. El control sobre el uso de “antenas falsas” es algo que está muy lejos de quedar bien definido en la nueva ley, tal como expresamos también en conversación con la Radio y Diario Universidad de Chile.
En segundo lugar, debemos enfatizar que se trata de un mecanismo de vigilancia no solo altamente intrusivo, sino también indiscriminado respecto de quienes están cerca del dispositivo. Dentro de la operación de una “antena falsa” es posible captar a todos los dispositivos que estén dentro de su radio de acción y no solamente un dispositivo de interés, afectando la privacidad de personas que no son el objetivo de una investigación. En términos metafóricos esto ha sido ejemplificado como “pesca de arrastre” o “pescar con dinamita” debido a su grosera falta de proporcionalidad.
El tercer gran problema en la disponibilidad de este tipo de tecnologías es la posibilidad de uso dirigido a lugares o grupos con fines de persecución de actividades lícitas, bajo la excusa de aplicabilidad de la ley. Por ejemplo, serviría para poder identificar los dispositivos de personas que participan de una movilización social. Dado que operan dentro de un radio específico, pueden captar todos los dispositivos en un área específica, para eventualmente identificar participantes. Esta factibilidad técnica es preocupante, especialmente considerando precedentes donde se ha solicitado a los proveedores de servicio que entreguen información de los dispositivos conectados en ciertas áreas durante manifestaciones, como ocurrió durante el estallido social en Chile. Asimismo, es concebible su implementación en zonas ya estigmatizadas, como poblaciones en sectores socioeconómicos bajos, así como en regiones donde existen procesos activos de reivindicación territorial por parte de grupos indígenas.
Atrapando al catcher
Sin embargo, no se trata de una tecnología infalible o inevitable. El riesgo de ser interceptado por IMSI catchers puede minimizarse significativamente si se toman ciertas precauciones. Entre las medidas efectivas se incluyen configurar el dispositivo para usar exclusivamente redes 4G, emplear aplicaciones de mensajería y llamadas con cifrado robusto como Signal, y utilizar servicios de VPN o TOR, entre otras.
El uso de “antenas falsas” tiene un gran alcance y potencial en contextos de sociedades donde las personas no tienen un alto grado de preocupación por sus comunicaciones, en especial cuando los niveles de conectividad son tan altos. Me atrevería a decir que actualmente la mayoría de las personas vive de esta forma, lo cual allana aún más el camino para peligrosas prácticas de vigilancia masiva. Pero esto no debería significar una aceptación de que las comunicaciones sean seguras, ni de que el Estado esté siempre a un paso de vigilar todo lo que hacemos. Necesitamos no solamente comprender los riesgos, sino también empujar por cambios en la regulación y en la conducta de los agentes públicos.
Latin America in a Glimpse: Reflexiones para una IA comunitaria y feminista
Un informe de Derechos Digitales que explora cómo la IA puede adaptarse a las necesidades y contextos culturales de América Latina, en lugar de imponer modelos extractivistas y coloniales. A través de conversaciones con investigadoras, tecnólogas y activistas de distintos países de la región, analizamos enfoques críticos y metodologías que responden a tres temas: educación, territorio y género.
Comentarios de Derechos Digitales sobre los “Lineamientos interamericanos para la gobernanza de datos y la IA” de la Organización de Estados Americanos OEA
En este documento comentamos sobre nuestra participación en el marco del grupo de sociedad civil que fue participó en la elaboración de los «Lineamientos interamericanos de gobernanza de datos e inteligencia artificial» publicados recientemente por la Organización de Estados Americanos OEA
11 años después de Snowden: ¿Realmente estamos más protegidos?
Edward Snowden era un analista de inteligencia que trabajó para la CIA y la NSA. Al inicio de su carrera consideró que su trabajo correspondía al deber patriótico de defender a su país. Con el tiempo se dio cuenta que era parte de un sistema de vigilancia global secreto que era utilizado incluso para espiar dentro del país. Él consideró que la población de un país democrático debería, al menos, estar enterada de que algo así sucedía. Por este motivo filtró miles de documentos que demostraron lo que sucedía a periodistas que publicaron varios reportajes en importantes medios a nivel global.
En los mismos se pude ver las diversas formas en las que la NSA recolectaba, analizaba y luego utilizaba esta información para operaciones de espionaje alrededor del mundo. [RB1] En una diapositiva se puede ver las capacidades recolección de información a nivel global a través de un mapa mundi dónde se explica cómo se recolectaba la información desde los cables fibra óptica, a través de embajadas, espiando comunicaciones satelitales, en colaboración con agencias de otros países o mediante ataques informáticos.
Toda esta información recolectada se almacenaba en centros de datos para luego ser accedida a través del sistema XKeyScore. Este sistema funciona de forma parecida a buscadores de internet dónde puedo realizar búsquedas. La diferencia radica en que las búsquedas se las hace sobre información privada. Los documentos muestran que se podían hacer consultas sobre como leer todos los correos electrónicos de persona X, saber quiénes usan correo cifrado en un país determinado, contraseñas de cuentas en línea, entre muchas otras. Básicamente un buscador sobre las vidas privadas de miles de millones de personas, sin ningún tipo de control.
Uno de los programas expuestos que más llamó la atención es el conocido como PRISM ya que involucra a grandes empresas de internet como Google, Facebook, Apple, Youtube, Microsoft, Yahoo, entre otras. Estas empresas tienen plataformas que funcionan como software de servicio, también conocido como “la nube”. Cuando compartes un documento con Google Drive, no solo lo compartes con tus colegas, sino también con Google. Cuando envías un correo usando Outlook, ese contenido es accedido por Microsoft. Si guardas tus fotos en la nube de Apple o de Google sucede lo mismo.
Resultaba lógico entender que estas empresas tendrían acceso a nuestra información para poder brindarnos el servicio. Algunas personas considerábamos que era probable que las empresas se aprovechen de nuestra información. Lo que la gran mayoría no imaginábamos era que además nuestras comunicaciones privadas eran vigiladas por agencias de inteligencia como la NSA. Lo que aprendimos en ese momento fue que, si no eres ciudadano de Estados Unidos y no resides en ese país, la NSA puede acceder a los datos de los servicios de estas empresas para informarse sobre ti. Estamos hablando de llamadas de voz y video, correos electrónicos, chats documentos, fotos, ubicación etcétera.
La recolección de este tipo de información sumada a la capacidad de análisis de la NSA permitieron hacer operaciones de espionaje a lideres mundiales como Angela Merkel, Enrique Peña Nieto o Dilma Rousseff. También existieron operaciones mediáticas para manipular la opinión pública como fue la operación QUITO que promovía una visión favorable para Inglaterra sobre las Islas Malvinas en América Latina.
Esto es un resumen muy superficial de lo que aprendimos hace 11 años. Es importante mirar para atrás y pensar qué cambió desde entonces. ¿Se suprimieron estos programas y ahora nuestra privacidad esta más aseguradas? Personalmente creo que algunas cosas mejoraron y otras han empeorado.
El escándalo de las revelaciones generó una discusión a nivel mundial sobre la privacidad en Internet. Una de las primeras consecuencias fue el Marco Civil de Internet en Brasil dónde se fortaleció la protección de los derechos civiles en internet y en particular la privacidad. En el caso de Europa, esto promovió la discusión de la protección de los datos que personales que en 2017 se vio reflejada en el Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD). Esta legislación sirvió para que países como Ecuador tengan su ley de protección de datos personales en 2021.
Estas legislaciones son muy positivas y en el caso Europea, incluso se ha llegado a multar a empresas como Google y Meta (antes Facebook). Sin embargo, no es suficiente ya que si bien estas legislaciones buscan el consentimiento informado para el tratamiento de datos personales, en la práctica se traduce como una incómoda ventana dónde se nos pide aceptar la política de privacidad y gestionar las configuraciones de cookies. En la práctica la mayoría de personas aceptan los términos y probablemente todas las cookies.
En lo tecnológico el cambio fue mayor. Antes de las revelaciones de Snowden la mayoría de sitios web funcionaban bajo el protocolo inseguro de HTTP. En 2015 la EFF en colaboración con otras organizaciones y empresas lanzaron la iniciativa de Letsencrypt que hizo que la implementación de sitios web con el protocolo seguro HTTPS sea accesible para cualquier sitio o aplicación web. Gracias a esta iniciativa hoy casi todos los sitios y aplicaciones que usamos en Internet cifran la comunicación. De esta manera se puede presumir que parte importante de los programas de recolección de información de la NSA quedaran obsoletas. Esta característica no solo nos protege de la NSA, sino de cualquier actor con malas intenciones, desde un ciber criminal a Estados.
Sin duda una mejora importantísima para la seguridad de las comunicaciones de todas las personas que utilizamos internet. No obstante, esto no nos protege del espionaje de programas como PRISM, ya que la información que utilizamos en servicios en la nube generalmente es accesible por las empresas que proveen el servicio como se mencionó anteriormente. Personalmente creo que la situación ahora es peor.
Durante estos 11 años la NSA ha seguido trabajando en secreto y sus capacidades tecnológicas debieron mejorar. Pero la debilidad más fuerte es que empresas mencionadas en PRISM siguen siendo parte esencial de nuestras vidas. Nuestros teléfonos celulares si no funcionan con Android de Google, funcionan con el iOS de Apple. Los sistemas de reconocimiento de voz como Siri, Hey Google o Cortana son todos provistos por empresas PRISM. Por citar dos ejemplos.
Otro avance importante que tenemos desde las revelaciones de Snowden es la adopción del cifrado extremo a extremo. A diferencia del cifrado de tráfico en la red, con este podemos proteger el contenido de la información incluso de la empresa que provee el servicio. Si ciframos un correo de Gmail, incluso Google no lo podría leer.
Si bien el cifrado de correo electrónico existe hace más de una década, su adopción es marginal. El caso más importante es la adopción de cifrado extremo a extremo es la de WhatsApp en 2016 que permitió a miles de millones de personas cifrar sus mensajes.
Claro que no podemos olvidar que WhatsApp es una empresa de Meta (antes Facebook), que está involucrada en el programa PRISM. La aplicación es de código propietario y no se puede saber cómo está hecha por lo que podría tener una puerta trasera. Incluso me atrevería a decir que tiene una puerta delantera cuándo en las conversaciones de la aplicación tenemos la opción de que participe la inteligencia artificial de Meta. Es una forma cool de pedirnos acceso a nuestras conversaciones.
Otro gran avance que hemos tenido es el desarrollo de aplicaciones de software libre que nos permiten controlar nuestra información. Existen aplicaciones de chat, correo electrónico, colaboración, edición de documentos y más. En Derechos Digitales, por ejemplo, utilizamos Matrix como nuestro sistema de chat, Nextcloud para compartir documentos, OnlyOffice para editarlos, Jitsi y BigBlueButton para video llamadas. Ninguna de estas aplicaciones es perfecta, algunas pueden llegar a ser incómodas o fallar en cuestiones que no quisiéramos, pero nos permiten tener agencia sobre nuestros datos y privacidad.
Snowden nos hizo saber que vivimos en una máquina de vigilancia y que estamos perdiendo nuestra privacidad. Ahora como sociedad debemos decidir si queremos seguir atrapados en este sistema o buscamos alternativas. En próximas columnas reflexionaré sobre algunas herramientas que usamos de forma cotidianas y las alternativas que respetan nuestra privacidad. Por lo pronto comparto columnas que escribí sobre aplicaciones de chat, teléfonos móviles, redes sociales y herramientas de video conferencia.
Ciberseguridad: más allá de la concientización
Octubre marca nuevamente el Mes de la conciencia sobre la ciberseguridad, una oportunidad anual para destacar la importancia de la seguridad digital. Pero lejos de ser un tema técnico, la ciberseguridad ha pasado a ser una prioridad social y política.
Los ataques cibernéticos cada vez más sofisticados y el creciente uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA), han traído nuevas complicaciones. En un contexto global donde aparecen nuevos marcos regulatorios y estrategias, los incidentes cibernéticos en América Latina son un recordatorio constante de que la región necesita mejorar su capacidad para prevenir y mitigar ataques.
Ataques sin fin en América Latina
El último año ha dado una nueva serie de ejemplos de incidentes de alto perfil, una vez más con el ransomware como protagonista. Uno de los incidentes más devastadores ocurrió en septiembre de 2023 en Colombia, en un ataque dirigido a IFX y que afectó a decenas de entidades gubernamentales, paralizando desde procesos judiciales hasta el acceso a prestaciones de salud. El impacto de este ataque además se extendió a Argentina, Panamá y Chile. Un mes después, otro incidente afectó a órganos públicos y privados en Chile y Perú, otra vez mediante ransomware. Son noticias que seguirán repitiéndose sin nuevas medidas frente a amenazas constantes y complejas. Distintos estudios dan cuenta de la frecuencia de ataques en empresas privadas como de la limitada preparación en el sector público de la región.
Es en ese escenario que se vuelve especialmente valioso el avance de políticas nacionales sólidas, donde cabe mencionar el hito crucial de la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad y Protección de Infraestructuras Críticas de Chile. Esta ley establece a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) como la autoridad encargada de regular y proteger los servicios esenciales frente a ciberataques. Este tipo de legislación, pionera en la región, subraya la urgencia de contar con marcos sólidos en un momento en que las amenazas no solo aumentan en número, sino también en complejidad. Pero ante amenazas que suelen ser transnacionales, es necesario no solo que existan marcos efectivos en todos los países, sino también instancias suficientes de colaboración.
Un mundo en busca de la seguridad digital
El contexto diplomático global en torno a las tecnologías ha estado marcado por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la seguridad en el uso de las TIC (el OEWG), que en su informe anual de progreso ha puesto énfasis en las implicaciones de tecnologías avanzadas usadas contra la seguridad en el ciberespacio, incluyendo a la inteligencia artificial y la computación cuántica, en atención a su potencial para fortalecer o debilitar la ciberseguridad global. Contrastan allí los tensos debates que incluyen países en conflicto geopolítico, con la participación voluntariosa de Estados que procurará mejorar sus capacidades frente a las amenazas digitales.
En el documento de consenso entre Estados, algunos puntos clave incluyen: elementos acordados para un futuro mecanismo de diálogo tras el fin del OEWG, basado en consenso; el futuro debate de la posibilidad de un fondo voluntario para apoyar la capacitación de los Estados; la existencia de deberes de los Estados bajo normas voluntarias, derecho internacional y medidas de fomento de la confianza; y la continua operacionalización de un directorio de puntos de contacto. Por otra parte, a un año del término del OEWG, no hay consenso sobre la aplicabilidad directa al ciberespacio del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, ni sobre la necesidad de nuevas normas no vinculantes.
No obstante, es otro suceso el que acapara hoy mayor atención. El término de las negociaciones del Tratado de Cibercrimen de la ONU, y el inicio del proceso para su votación por la Asamblea General de la ONU, constituye un suceso que parecía esquivo a inicios del año. En teoría, el propósito del tratado era el de establecer un marco global para combatir delitos cibernéticos y la cooperación en su persecución. Pero conocemos los peligros de la implementación de un tratado como este, que arriesga facilitar la criminalización de actos distintos de los ciberdelitos además de aumentar la vigilancia estatal sin salvaguardas adecuadas para los derechos fundamentales. En países con antecedentes de abusos en el uso de tecnologías de espionaje, existe el peligro de que el tratado refuerce prácticas invasivas y represivas, en lugar de fomentar la seguridad centrada en los derechos humanos. El llamado al rechazo del tratado viene no solamente desde la sociedad civil, sino también de industria y expertos de todo el mundo. Una defensa integral del ciberespacio, y de los derechos que facilita su funcionamiento seguro, puede verse mermada por iniciativas que arriesgan convertirlo en un ámbito de censura y vigilancia autorizada por ley.
Sin falsos dilemas: la seguridad es necesaria para los derechos
El 2024 ha sido un año de enormes desafíos y oportunidades en el ámbito de la ciberseguridad para América Latina. Mientras algunos países han avanzado significativamente en la implementación de marcos regulatorios, la región en su conjunto sigue siendo vulnerable. Un desafío clave es el impacto de las tecnologías emergentes y disruptivas, que fueran objeto de discusión en el X Simposio de Ciberseguridad de la OEA. La rápida adopción de tecnologías como IA en sectores críticos trae consigo riesgos importantes, especialmente en una región con limitaciones de recursos y falta de personal capacitado que permitan oportuna y efectiva respuesta a incidentes.
Por otra parte, la conclusión del Tratado de Cibercrimen de la ONU puede ser un punto de inflexión: de llegar a aprobarse y ratificarse, ¿se logrará un equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos humanos? Si bien el tratado promete mejorar la cooperación internacional en la investigación de delitos cibernéticos, el riesgo de que sea mal utilizado para aumentar la vigilancia sin suficientes restricciones legales es una preocupación clave en la región.
La ciberseguridad es una condición que favorece el pleno ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital, y por tanto es una materia en la que todas somos responsables en alguna medida. El camino hacia una mayor seguridad digital en América Latina exigirá no solo leyes más sólidas, sino también una cooperación regional más profunda, un diálogo intersectorial efectivo y un enfoque firme en la protección de los derechos fundamentales. Y esa necesidad de cooperación es parte esencial de la conciencia sobre la ciberseguridad.
Puertas cerradas y llaves seguras: Seguridad informática en infraestructura Cloud
Correo electrónico, Netflix, Google, Instagram y la mayoría de las aplicaciones más populares hoy en día tienen sus operaciones alojadas en la “nube”, una solución que vino a cambiar la forma de ver la infraestructura donde se despliegan las aplicaciones informáticas. El cloud computing es el acceso bajo demanda a recursos de computación a través de Internet con precios de pago por uso.
Considerando que, según Cloud Industry Forum (CIF), el 100% de las empresas utilizan algún tipo de servicio cloud, en sus diversos tipos, el impacto de fallos de seguridad en sus aplicaciones comprometería los servicios y los datos de sus miles de personas usuarias. Antes de ver algunos de los puntos críticos de este modelo de negocio, corresponde entender las categorías en las que se puede clasificar, mismas que se describen brevemente a continuación:
- Infraestructura como Servicio (IaaS, siglas del inglés Infrastructure as a service): Disponibiliza recursos de infraestructura virtualizados, como almacenamiento y servidores. La seguridad en IaaS es responsabilidad directa y completa de quién instala las aplicaciones, así como la protección de los datos. Este es un modelo más autónomo y de gestión total por quien contrata el servicio.
- Plataforma como Servicio (PaaS, siglas del inglés Platform as a service): Facilita plataformas para gestionar aplicaciones en sus diferentes niveles (desarrollo, pruebas y producción), proporcionando herramientas y servicios adicionales tales como monitoreo y logs. La seguridad de la aplicación y de los datos corresponde a quien adquiere el servicio mientras que el acceso a la plataforma y su seguridad relacionada corresponde al proveedor del servicio. Este es un modelo muy popular a nivel empresarial, y entre sus máximos representantes se encuentran AWS, Google y Azure.
- Software como Servicio (SaaS, siglas del inglés Software as a service): Una nueva forma de hacer software y proveerlo. Estas son aplicaciones listas para usar que se ejecutan en la nube. La seguridad de los datos y el acceso son responsabilidad de quien gestiona el servicio y disponibiliza el software. Servicios como correo electrónico y redes sociales responden a este modelo de servicio.
Ahora bien, independientemente de si se gestionan servicios en la nube a nivel corporativo o para una organización de la sociedad civil, de tipo público o privado, es importante tener presente que la seguridad siempre será un punto que cuidar, aún más considerando que el 80% de los riesgos de seguridad están presentes en entornos cloud. Desde la gestión de acceso y monitoreo hasta la mitigación de impacto de los fallos de seguridad en un entorno de producción.
Según la revista Portafolio, los errores humanos siguen siendo un punto de fallo con un 31% en las causas, junto a la explotación de vulnerabilidades conocidas que se llevan un 28% y la falla en la configuración de MFA (múltiples factores de autenticación) que tiene un 17%. A esto se suma el incremento del 27% en ataques ransomware, durante el primer semestre del 2024; este es un tipo de malware que mantiene como rehenes los datos o el dispositivo de la víctima como un modelo de extorsión que busca un “recompensa” por liberar la información o servidores comprometidos.
Entre los múltiples desafíos a enfrentar en la gestión de infraestructura cloud se puede citar el acceso no autorizado, sean cuales sean los medios que usen los atacantes para conseguir credenciales de inicio de sesión. Ante esto, Ola Bini, director técnico en el Centro de Autonomía Digital, recomienda ejecutar acciones de gestión de listas de acceso, implementación de MFA, utilizar contraseñas fuertes que sean cambiadas periódicamente y aplicación del principio de mínimo privilegio en los permisos de usuario. Por supuesto, cuidar del acceso del rol administrador y usarlo cuando las operaciones a ejecutar, así lo ameriten.
La vulneración de puertos (puertas de entrada y salida para el tráfico de red) no se queda atrás cuando se trata de ingresar a los sistemas. Profesionales del área pueden hacer un escaneo de puertos abiertos e identificar servicios que están siendo utilizados para insertar fragmentos de código que ejecuten peticiones hacia un servidor. Frente a esto, Rafael Bonifaz, líder de proyecto LAREDD en Derechos Digitales, menciona la importancia de hacer una gestión de red crítica que evalúe la necesidad de tener un puerto disponible o no, esto en base a lo que se requiera permitir acceso. Asimismo, los sistemas que sirven para que una aplicación funcione, pero que no tienen comunicación directa con el usuario final, deberían tener una configuración de red diferente a aquellos servicios que reciben peticiones desde el exterior.
¿Saber qué está pasando ayuda a atacar el problema? Sin un monitoreo adecuado, las brechas de seguridad podrían pasar sin ser notadas durante largos periodos de tiempo. Según un reporte de IBM, el tiempo promedio para detectar brechas es de 207 días y mitigarlas puede ascender a 277 días. Centralizar y analizar logs así como utilizar herramientas de monitoreo en tiempo real y automatizar el envío de alertas no se ven más como acciones opcionales, sino como necesidades persistentes.
El activo más valioso a día de hoy, los datos, son un punto atractivo hacia el cual pueden apuntar los ciberdelincuentes. En una recopilación publicada en Sealpath, se documenta que para el 2023 “más del 50% de víctimas de ransomware pagaron al menos $100000 USD”. Además, en Latinoamérica, cerca del 62% de las empresas reconoce haber sufrido filtración de datos. Muchos de los datos son almacenados en la nube tal como son recolectados, es decir, sin medidas de cifrado, lo que da como resultado una creciente necesidad por la implementación de políticas de encriptación de datos con llaves seguras, retención y eliminación de datos de forma confiable, así como una clasificación por grado de criticidad.
Con estos y muchos otros puntos críticos, las capacidades técnicas requieren cada vez más especialización, así como la implementación de normas que den lineamiento sobre las medidas de seguridad necesarias. Varias de las empresas que proveen PaaS deben alinearse al Cumpliemiento de la Nube, que son una serie de estándares internacionalmente reconocidos que intentan que los proveedores estén en la capacidad de ofrecer condiciones de seguridad.
Con esto han ido emergiendo guías y tendencias de medidas de seguridad y buenas prácticas que se ejecutan durante todas las etapas de la producción de soluciones informáticas. Un ejemplo de esto es AppSec, que se refiere al proceso de identificar y reparar vulnerabilidades en el software desde su desarrollo hasta su despliegue. DevSecOps es un proceso que une acciones de desarrollo, seguridad y operaciones a lo largo del ciclo de vida de un sistema. A esto se suman varios puntos a validar antes de lanzar un servicio SaaS, como pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas (SAST), dinámicas (DAST) e interactivas (IAST). Incluso, algunos sistemas basan sus controles de seguridad en la recopilación de vulnerabilidades Owasp Top Ten.
El desafío de la gestión de seguridad en la infraestructura cloud aplica a todos quienes desarrollen y desplieguen sus servicios pensando en entornos virtuales. Aunque, posiblemente, el reto más grande es para quienes optan por IaaS, ya que el tipo de servicio no incluye varios de los complementos de seguridad como pasa en PaaS. El BigData y su valor en el mercado hace que sea cada vez más imperativa la necesidad de cuidar la integridad de los datos, así como cualquier posibilidad de acceso no autorizado.
La confiabilidad de un sistema o aplicación está sujeta a su disponibilidad y resiliencia ante fallos y ataques, lo que obliga a establecer medidas de mitigación de puntos de quiebre con respuesta rápida. La cifras de vulneraciones hacen que la veracidad se cuestione, sin embargo, la necesidad de soluciones con más cobertura y horas de funcionamiento hace que la tendencia a servicios basados en la nube crezca cada vez más. Es un hecho que el uso de cloud no disminuirá, por lo que resta cuidar la seguridad en estas infraestructuras, aplicando estándares y buenas prácticas.
En resumen, la seguridad en infraestructura cloud es un campo en constante evolución que requiere tanto de medidas técnicas avanzadas como de un monitoreo continuo para mitigar los riesgos inherentes. A medida que las empresas y organizaciones de todo tipo continúan migrando hacia la nube, la adopción de buenas prácticas de seguridad y el cumplimiento de estándares internacionales serán clave para garantizar la protección de los datos y la resiliencia de los sistemas frente a amenazas cada vez más sofisticadas.