Palantir: La piedra vidente que amenaza la soberanía de América Latina

Durante el último tiempo, Palantir se empezó a escuchar más fuerte en nuestra región. Su nombre está inspirado en las piedras palantíri, presentes en “El Señor de los Anillos”, que permitían ver aquello que sucedía en otros reinos. Los orígenes se remontan al año 2004, cuando la empresa fue creada en medio de la paranoia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su objetivo era analizar datos de distintas fuentes para generar inteligencia que permita identificar posibles atentados terroristas antes de que sucedan, mediante el cruce de información de distintas fuentes de datos.

Desde sus inicios, Palantir fue cercana al gobierno de EE. UU. y sus agencias de inteligencia. Uno de sus primeros financistas fue In-Q-Tel, fondo creado por la CIA para el desarrollo de tecnología de seguridad, que aportó dos millones de dólares para la compañía. El FBI, ICE y la NSA son algunos de los organismos norteamericanos más importantes que vienen siendo clientes de la compañía. En el caso de la NSA, Palantir ayudó a mejorar el sistema secreto de análisis de información XKEYSCORE, conocido públicamente gracias a las revelaciones de Snowden.

Palantir también fue utilizada por ICE como herramienta para deportar migrantes como lo documentamos recientemente en una columna. La herramienta ELITE es un sistema que funciona como un “Google Maps de personas deportables”: muestra en un mapa la ubicación probable de cada objetivo con una puntuación de probabilidad para deportación. Esta puntuación se calcula cruzando datos como direcciones en Medicaid, registros de GPS y capturas de cámaras de videovigilancia. Además, genera expedientes automáticos con antecedentes penales y órdenes judiciales. En 2025, el ICE invirtió USD 30 millones para expandir ELITE y crear ImmigrationOS, una plataforma que rastrea a las personas desde su entrada al país hasta su deportación, en tiempo real. El sistema reduce a las personas a casos con fechas estimadas de salida, sin posibilidad de réplica o defensa.

Como si fuera poco, esta compañía también viene teniendo una participación importante en escenarios de guerras. Entre sus productos se encuentran Gotham y Maven. Maven permite tomar decisiones con la ayuda de inteligencia artificial para definir blancos en una guerra de manera rápida y precisa. Se sabe que fue utilizado en el conflicto bélico de Medio Oriente y ayudó a identificar objetivos en el primer día de ataque de EE. UU. a Irán. Dentro de los posibles objetivos estuvo una escuela donde murieron 168 personas que incluyen a 110 niños y niñas. Un error en un sistema informático de banca puede dejar a gente sin dinero, un error en un sistema para la guerra puede terminar con la vida de personas civiles.

¿Quién está detrás de Palantir?

Vale la pena preguntarse quién está detrás de esta empresa, y quién se beneficia de un mercado tan expandido para sus capacidades. Dos de sus fundadores son personajes polémicos que también forman parte de las noticias del último tiempo en nuestra región: Peter Thiel y Alex Karp. El primero es presidente de la junta directiva de Palantir y el segundo es su CEO.

Peter Thiel es uno de los fundadores de Paypal junto a figuras como Elon Musk. En el año 2002 la empresa fue vendida a Ebay por USD 1500 millones, y con estos recursos empezó a financiar startups tecnológicos como LinkedIn y Yelp, entre otros. Thiel fue uno de los primeros inversores de Facebook y Mark Zuckerberg lo consideró su mentor.

Más allá de ser un empresario exitoso, también tiene posiciones políticas controvertidas. El Washington Post accedió a audios filtrados de un seminario que Thiel dictó en San Francisco titulado “El Anticristo: Una serie de conferencias en cuatro partes”, entre septiembre y octubre de 2025. Las charlas fueron organizadas por ACTS 17 Collective, una organización dedicada a predicar el cristianismo dentro de la industria de la tecnología. En sus charlas, Thiel afirma que el Anticristo aparecerá en forma de gente que se oponga al avance de la tecnología o defienda al medio ambiente. Llegó a mencionar a Greta Thunberg, defensora ambientalista, y a Eliezer Yudkowsky, investigador sobre IA y seguridad, como posibles personificaciones del Anticristo.

En 2009, Thiel publicó el ensayo “La Educación de un Libertario”, en el que argumenta que la libertad individual y la democracia son incompatibles, ya que esta última tiende a limitar derechos a través de la voluntad de la mayoría. Propone que los libertarios prioricen la innovación tecnológica y el mercado sobre la política tradicional, que considera ineficiente. Señala que la expansión del voto femenino y el Estado de bienestar en el siglo XX contribuyeron al crecimiento de formas de gobierno que erosionaron la autonomía individual. Destacó a Facebook como ejemplo de cómo la tecnología puede crear nuevas comunidades y formas de disidencia más allá de los Estados-Nación. Adicionalmente, en el ensayo afirma que el ciberespacio, las colonias marinas flotantes o el espacio exterior son lugares donde se podría recuperar la libertad individual sin depender de la política democrática.

Por otro lado está Karp, que en 2025 publicó el libro “La república tecnológica: Poder duro, pensamiento débil y el futuro de Occidente” junto a su compañero de Palantir Nicholas W. Zamiska. En abril de 2026 la cuenta de Palantir en X publicó un manifiesto de 22 puntos que resume el contenido del libro. Un análisis de este manifiesto podría ocupar una columna completa, pero se destacan algunos puntos: el uso del software como herramientas para la guerra y la supremacía de los EE. UU. sobre otros países; el deber de apoyo de las empresas de tecnología al ejército norteamericano (“si el Ejército necesita un rifle, debemos crear el mejor”); la visión positiva del uso de armas potenciadas por IA para la guerra, entre otros.

Pero Karp no es polémico solamente por este libro y el manifiesto. En una entrevista con CNBC afirmó: “A mis amigos en la comunidad tecnológica: nadie en el mundo nos toleraría a nosotros y todo lo que hacemos si América [Estados Unidos] no tuviera el ejército más poderoso del mundo. Por lo tanto, apoyar al ejército no es solo una opción, es una obligación para aquellos que se benefician de nuestro sistema.” En una junta con financistas sostuvo: “Palantir está aquí para perturbar y hacer que las instituciones con las que trabajamos sean las mejores del mundo. Y, cuando sea necesario, asustar a nuestros enemigos y, en ocasiones, matarlos.”

Su expansión en América Latina

En enero de 2025, el presidente de Ecuador anunció su plan de transformación digital con la colaboración de empresas como Google, Healthbird y Palantir. En mayo de ese año, el gobierno formalizó la colaboración con Palantir para combatir el fraude aduanero. En ese momento, el presidente expresó: “La seguridad no se defiende solo con fuerza, también se defiende con inteligencia y el desarrollo de nuevas tecnologías”.

Karp y Noboa se reunieron en el foro de Davos en enero de 2026 donde anunciaron que la empresa abrirá oficinas en Ecuador, las primeras en América Latina. La colaboración con el gobierno ahora se extiende al combate a la minería y pesca ilegal y a la prevención de fraudes en préstamos del sector público. Si bien es pública la colaboración entre el gobierno y Palantir, no se conoce el contenido de los contratos que formalizan las mismas.

El pasado abril, Peter Thiel llegó a Argentina, donde compró una mansión histórica en el exclusivo barrio de Palermo Chico por aproximadamente USD 12 millones. Al momento de redactar esta columna, Thiel sigue en el país. Durante la visita se reunió a puerta cerrada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y con otros integrantes del gabinete, entre los que se incluye a Santiago Caputo, quien conserva el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Thiel hizo de Buenos Aires su centro de operaciones para el Cono Sur. El 13 de mayo viajó a Asunción donde se reunió con el presidente de Paraguay Santiago Peña. También viajó a Santiago de Chile a fines de abril y principios de mayo, donde sostuvo encuentros con figuras libertarias y neoliberales como Johannes Kaiser y José Piñera.

No se sabe cuánto Thiel viene hablando de Palantir y el uso de sus herramientas en los Estados del Cono Sur, sus intereses van más allá y está entusiasmado en invertir en actividades como minería y energía. Se especula que Thiel encuentra en la Argentina de Milei ese lugar donde pueda crear su “utopía” tecnológica, sin la necesidad de viajar al espacio o fundar colonias marinas.

La soberanía digital latinoamericana en riesgo

Palantir es una de las empresas con capacidad de análisis de datos e inteligencia artificial más poderosas del mundo. Sin controles democráticos, institucionales y técnicos adecuados, tanto sobre los gobiernos como sobre la propia empresa, existe el riesgo de que esta tecnología se convierta en una herramienta de vigilancia masiva que derive en regímenes autoritarios. Cabe preguntarse ¿qué habrían hecho dictadores como Videla o Pinochet con una capacidad de vigilancia y análisis predictivo como la que ofrece Palantir hoy?

En este contexto, preocupa que el gobierno de Ecuador haya aprobado una Ley Orgánica de Inteligencia en 2025, varios de cuyos artículos clave fueron suspendidos provisionalmente por la Corte Constitucional por posibles inconstitucionalidades. De igual forma y preocupante, Argentina modificó recientemente, vía decreto, su Ley de Inteligencia, ampliando los poderes de la SIDE.

Que los Estados de América Latina adopten nuevas tecnologías de vigilancia masiva es alarmante, sobre todo si recordamos las sangrientas dictaduras que vivió nuestra región. Hacerlo de la mano de una empresa como Palantir, con esta visión del mundo de sus fundadores, implica un riesgo adicional: que los países terminen siendo vigilados directamente por la empresa, perdiendo así su soberanía. Volviendo a Tolkien, Palantir actuaría como la “Piedra de Osgiliath”, la piedra palantíri que era capaz de espiar a las demás.

En “La República Tecnológica”, Alex Karp enfatiza en la importancia de defender los valores de Occidente mediante el ejercicio de la fuerza y la superioridad tecnológica y militar, con EE. UU. a la cabeza. Para Karp, Palantir y las empresas de tecnología son herramientas de poder que permiten fortalecer la supremacía norteamericana sobre otros países. Esperemos que nuestros gobiernos respeten la autodeterminación de sus pueblos y no sigan entregando nuestra soberanía para profundizar, cada vez más, la famosa idea del patio trasero de EE. UU.

Proteger la Libertad de Prensa como bandera de la democracia

El 3 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Sin embargo, en América Latina, esta fecha no llega como una celebración, sino como un recordatorio urgente de la fragilidad democrática. Javier, Kristian, Carlos y Darwin son nombres que hoy resuenan no por sus crónicas o reportajes, sino por su ausencia. Ellos forman parte de la trágica estadística de periodistas asesinados en nuestra región el año pasado. Detrás de cada uno de estos nombres existe una familia fragmentada, pero también un vacío informativo y un mensaje de terror enviado a toda la prensa.

En 2025, América Latina se posicionó nuevamente como la región más peligrosa para el ejercicio del periodismo fuera de zonas de guerra, registrando al menos 17 asesinatos. ¿Qué otras situaciones violentas habrán sufrido estos periodistas previo a su muerte? Campañas sistemáticas de difamación en redes sociales, ciberpatrullaje, bloqueo de cuentas, ataques de phishing y discursos de odio son situaciones comunes a las que cada vez más se tienen que acostumbrar quienes comunican desde esta porción del planeta. No son hechos aislados, no responden a problemas técnicos, son fenómenos diseñados especialmente para limitar su libertad de expresión y forzar la autocensura. La violencia digital se retroalimenta con las violencias físicas y las fronteras entre la virtualidad y la realidad se desdibujan.

“Una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”, decía la Declaración de Windhoek, documento elaborado por periodistas de África en 1991 que dio origen a la efeméride del 3 de mayo. El Día Internacional de la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO, celebra esta Declaración sobre los principios de la libertad de prensa, enfatizando en la importancia de una prensa libre para una sociedad democrática.

La libertad de prensa brilla por su ausencia

La UNESCO realizó un diagnóstico preciso, y preocupante, sobre esta situación, y lo publicó en el documento “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: informe mundial 2022/2025”. Según datos arrojados por el informe, entre 2012 y 2024 nuestra región experimentó un descenso del 6,86% en su índice de libertad de prensa. El motor más preocupante de este retroceso es el incremento exponencial de la autocensura, que subió un 52,14% en los medios de comunicación. Cuando un periodista decide no publicar por miedo a las represalias, es la sociedad entera la que ve vulnerado su derecho colectivo a la información.

A este panorama se le suma una crisis de sostenibilidad estructural. Entre 2015 y 2024, al menos 678 medios digitales independientes desaparecieron en América Latina. Esta extinción masiva, acelerada por la inestabilidad económica y las presiones políticas, crea terrenos fértiles (“desiertos informativos”) donde el poder puede operar sin control ciudadano.

En los análisis periódicos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se subraya que este declive está íntimamente ligado a derivas autoritarias en diversos puntos del continente. En Argentina, la estigmatización de periodistas desde la propia voz de Milei y el desmantelamiento de medios públicos provocaron una caída de 47 posiciones en el índice de libertad de prensa (elaborado por RSF) en solo dos años. En Perú, el acoso judicial y las campañas de desinformación desplazaron al país 53 puestos hacia abajo desde 2022. El Salvador, con un Bukele que utiliza la propaganda como arma de Estado, acumula un descenso de 61 posiciones desde 2020.

En el fondo de la tabla, Nicaragua se sitúa como el escenario más desolador. El régimen de Ortega-Murillo no solo erradicó a los medios independientes, sino que convirtió al exilio en la única opción de supervivencia para centenares de personas comunicadoras. Mientras tanto, en México, la fragilidad del ecosistema mediático y la violencia persistente lo mantienen como el país más letal para la prensa en la región.

Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la libertad de prensa atraviesa una situación crítica en el hemisferio, según advirtieron a inicios de este año.

¿Respetar las “normas de la comunidad”?

La era digital introdujo en las salas de redacciones nuevas formas de censura que operan de manera silenciosa pero potente. Si bien las cifras son importantes, vamos a analizar algunos fenómenos comunes que sufren en la cotidianidad las personas comunicadoras.

Uno de los mecanismos más sombrío y novedoso de estos tiempos es la denominada “censura algorítmica”. El informe de Derechos Digitales “Resistencia digital en la era de la gobernanza algorítmica” revela cómo la gobernanza de las plataformas, a través de procesos de moderación opacos, resulta a menudo en bloqueos injustificados y prácticas de shadowbanning que invisibilizan el periodismo crítico. Los algoritmos, lejos de ser neutrales, se convierten en porteros arbitrarios que pueden silenciar investigaciones de interés público bajo criterios de “normas comunitarias” muy poco transparentes.

Los casos son cada vez más y se reproducen en distintos contextos y latitudes de América Latina. En Ecuador, Fundamedios alertó en 2025 sobre una ola de ataques digitales dirigidos contra medios locales en Morona Santiago. Las agresiones buscaban silenciar denuncias contra autoridades, usando falsos reclamos de derechos de autor para eliminar contenido crítico. Unos años atrás, Ponte Jornalismo, un medio independiente brasileño que investiga la violencia institucional y el racismo, debió retirar videos de YouTube que documentaban cómo instructores de una academia de policía enseñaban técnicas de tortura, tras reclamos de derechos de autor. Los ejemplos de censura y autocensura sobran.

Ante esta situación, la resiliencia llevó a una forma de comunicación emergente conocida como “algospeak”. Se trata de un lenguaje codificado que surge ante la necesidad de esquivar la imprevisible y arbitraria moderación algorítmica de las plataformas. Según la Red Internacional de Periodistas (IJNet), para el periodismo “estar al tanto de este lenguaje en evolución no es simplemente una cuestión de mantenerse al día: es esencial para informar con precisión en la era digital”.

Mujeres, comunidad LGBTIQA+ y periodismo, riesgo duplicado

Un estudio arroja un dato alarmante: 73% de las mujeres periodistas denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia en línea. Lo más preocupante es que el 20% de estas agresiones terminan trasladándose al mundo físico mediante ataques o maltratos directos. La radiografía global de este fenómeno está ampliamente documentada en el Informe “Violencia en línea contra las mujeres periodistas”, realizado por UNESCO junto al Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Los temas que detonan estos ataques con mayor frecuencia son la cobertura sobre género (47%), política (44%) y derechos humanos (31%). En países como México, Brasil y Argentina, este escenario es especialmente agudo, forzando a muchas profesionales al desplazamiento interno o al exilio para proteger su vida. Como bien señala la UNESCO, esta Violencia de Género Facilitada por Tecnologías (VGFT) no es solo un ataque contra las mujeres, sino un arma diseñada para socavar la confianza pública en el periodismo y en los hechos mismos. La violencia digital, potenciada por algoritmos que refuerzan discursos misóginos, viene transformando la práctica del periodismo feminista en un terreno altamente riesgoso.

Además, las respuestas que vienen dando los Estados de nuestra región a este tipo de violencias son ineficientes, ya que las víctimas encuentran un gran desafío a la hora de identificarse con las leyes específicas, pero también al momento de acercarse al sistema judicial para denunciar un delito. Los documentos que lanzamos meses atrás, junto al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), pueden ofrecer pistas para revertir esta situación, al brindar un marco integral que oriente futuras reformas legislativas y políticas públicas.

Argentina evidenció esta grave situación en dos casos recientes. Por un lado, la reconocida periodista y escritora feminista Luciana Peker decidió dejar el país luego de ser objeto de una serie de amenazas que, según aseguró, provenían de una estructura organizada con conexiones directas con el poder político y militar. “El periodismo como libertad de expresión está casi cerrado, y la gente no lo está viendo”, alerta Peker. Por otra parte, una de las fundadoras del medio independiente opositor Futurock, Julia Mengolini, recibió sistemáticamente acoso digital a través de miles de cuentas de trolls, bots pagos, dirigentes libertarios y hasta del propio Presidente (publicó más de 80 tuits sobre ella), articulados para instalar mentiras sobre su vida privada, deslegitimar su palabra y su figura pública.

El caso de la periodista mexicana Denise Dresser también nos dejó aprendizajes. Tras ser señalada y descalificada desde el poder, fue blanco de campañas de ataques en redes sociales, con insultos, acoso y mensajes que buscaban dañar su reputación y su vida personal. Los ataques no solo cuestionaban su trabajo, sino que también apelaron a estigmas misóginos que colocan a las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQA+ en una situación de mayor vulnerabilidad que sus colegas cisvarones.

No prestar atención a estos casos, mencionados como ejemplos ya que proliferan en nuestra región, puede implicar serios riegos para la integridad de las periodistas mujeres y de la comunidad LGBTIQA+ que comunican desde una perspectiva feminista, pero a la vez van en detrimento de la vida democrática en nuestras sociedades al reducir las voces y miradas que están presentes en el debate público.

Frente al silenciamiento: resistir y proponer

Ante este escenario, la celebración de este 3 de mayo no puede limitarse a la retórica. Es imperativo actualizar las estrategias de resistencia y defensa. La Declaración de Windhoek+30 estableció, en 2021, una hoja de ruta clara: debemos promover la información como un bien público. Esto implica exigir transparencia radical a las plataformas digitales y fortalecer la viabilidad de los medios de comunicación.

Desde la sociedad civil y el activismo por los derechos digitales, proponemos cuatro ejes de acción inmediata. Primero, el reconocimiento y fomento de los medios sin fines de lucro (comunitarios, independientes, alternativos, populares) El 49% de los países ya reconoce legalmente a este tipo de medios, que son esenciales para combatir los desiertos informativos. Es vital que estos espacios cuenten con apoyo financiero y protección legal, tal como lo recomendó recientemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH. Segundo, políticas públicas de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), para así poder empoderar a las audiencias y fortalecer habilidades para distinguir la información veraz de las campañas de desinformación orquestadas.

En tercer lugar, proponemos que se instrumenten mecanismos para la protección de periodistas con perspectiva de género. Es necesario fortalecer unidades especializadas, como la FEADLE en México, para que las investigaciones de delitos contra la prensa integren un análisis de género y combatan la impunidad en los ataques digitales contra periodistas feministas. Cuarto, dotar de herramientas sólidas al periodismo para resguardar su soberanía y seguridad digital. Quienes ejercen la comunicación deben contar con formación técnica en cifrado y protección de datos para blindar su labor frente al ciberpatrullaje, la moderación de contenidos y la violencia digital. Con ese horizonte, un tiempo atrás desplegamos el proyecto MicroSD para ofrecer herramientas a las personas comunicadoras en relación a su seguridad digital.

En América Latina, la lucha por la libertad de prensa es, hoy más que nunca, una lucha por la supervivencia de nuestra democracia. Sin seguridad digital para quienes informan, y sin una protección efectiva contra la violencia que se ejerce en las pantallas y en las calles, no hay democracia posible en nuestra región.

Las tecnologías del ICE y el perverso sistema automatizado de persecución a migrantes latinos

La administración Trump ha convertido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en una agencia de vigilancia masiva. Con un presupuesto que supera los USD 28.000 millones en 2025 (el triple que el año anterior), la agencia ha tejido una red que cruza bases de datos gubernamentales, compra información de empresas y despliega tecnología en las calles.

Un migrante mexicano lo descubrió cuando el ICE rastreó las transferencias de remesas que enviaba a su familia en México, identificó su dirección en Hawái y lo arrestó, pese a no tener antecedentes criminales. En Chicago, una mujer colombiana fue detenida en lo que parecía una parada de tráfico rutinaria: su vehículo había sido marcado con anticipación, cruzando registros estatales con bases de datos federales. Otro migrante mexicano, que vendía flores en una ciudad de Los Ángeles, estuvo semanas detenido porque el ICE lo confundió con un sospechoso de nombre similar, pese a tener documentos que probaban su inocencia. Tres casos, tres tecnologías distintas, un mismo sistema.

La agencia lleva años construyendo este ecosistema de vigilancia, una arquitectura de datos originalmente creada tras el 11 de septiembre para “combatir terroristas”, ahora redirigida hacia comunidades migrantes que trabajan y sostienen la economía del país. Un embudo que comienza con datos que las personas mismas generan (remesas, registros vehiculares, ubicaciones de celular), pasa por el cruce con bases de datos gubernamentales y comerciales, y termina en una operación de calle donde un agente ICE con un teléfono decide el destino de alguien en segundos. Un sistema que, en ese proceso, no distingue entre quien tiene una orden de deportación y quien simplemente existe en sus bases de datos.

Etapa 1: la maquinaria de recolección masiva de datos

El punto de partida del sistema son los datos. ICE no recolecta la mayoría de la información por sí misma: la compra. Cada vez que alguien paga una factura de luz, manda una remesa, saca una licencia de conducir o publica algo en redes sociales, esa información puede terminar en manos de la agencia. Empresas como Thomson Reuters y LexisNexis reúnen datos de múltiples fuentes sobre una misma persona (historiales de crédito, direcciones, números de teléfono, registros vehiculares, vínculos familiares) y se los venden al ICE. No hace falta una orden judicial, ya que la ley no lo exige cuando los datos los vende una empresa privada, y esa es exactamente la puerta de entrada del ICE.

El celular también delata. Aplicaciones que millones de personas utilizan a diario registran su ubicación constantemente, y empresas como Venntel o PenLink capturan y revenden al gobierno esos registros de movimientos a través de GPS. Y en la calle, la red Flock Safety opera 100.000 cámaras en 49 estados que leen 20.000 millones de matrículas de automóviles al mes.

A eso se suman los datos biométricos. La foto de la licencia de conducir queda en bases de datos estatales a las que el ICE tiene acceso. Clearview AI fue más lejos: extrajo imágenes de redes sociales y sitios de noticias hasta acumular más de 50.000 millones de rostros, y el ICE firmó un contrato para aprovechar esa base. Por último, lo que el propio Estado ya sabía también está disponible, como por ejemplo declaraciones de impuestos, registros médicos de Medicaid y datos del Seguro Social. En 2025, un juez federal determinó que el IRS, la autoridad tributaria norteamericana, infringió la ley aproximadamente 42.000 veces al compartir datos de contribuyentes con el ICE.

Etapa 2: la inteligencia artificial convierte datos en objetivos

La información recolectada en la primera etapa no es suficiente. El sistema necesita convertirla en personas localizables, y para eso existen empresas como Palantir. Fundada con capital de la CIA, esta compañía tecnológica mantiene contratos con el ICE desde 2011. Su plataforma cruza todas las fuentes de información de la etapa anterior y construye un perfil con ubicación probable. No es una búsqueda manual, es un modelo de IA que procesa miles de variables para determinar dónde podría estar alguien ahora mismo.

La herramienta más reveladora que Palantir desarrolló para el ICE es ELITE. Funciona, según un agente que testificó bajo juramento ante un tribunal, como un Google Maps de personas deportables. Básicamente muestra en un mapa la ubicación posible de cada objetivo, con una puntuación de probabilidad. Para calcularla, cruza, por ejemplo, la dirección registrada en Medicaid con el último registro de GPS y la última vez que su placa fue captada por una cámara. Además, construye un expediente automático con antecedentes penales y órdenes judiciales. El sistema tiene restricciones internas sobre qué puede hacer y a quién puede marcar como objetivo. Sin embargo, en ciertos operativos que la agencia denomina “especiales”, aplican filtros distintos para identificar personas que en condiciones normales no calificarían como objetivo. Hasta ahora, el ICE no ha explicado públicamente cuándo ocurre esto ni quién lo autoriza.

En 2025, el organismo migratorio pagó USD 30 millones adicionales para expandir ese sistema y construir ImmigrationOS, una plataforma diseñada para rastrear a una persona desde que entra al país hasta que es deportada, con seguimiento en tiempo real. Una persona que entró al sistema como un dato termina aquí reducida a un caso con estado y fecha estimada de salida del país, sin haber sido escuchada ni haber podido refutar lo que el algoritmo decidió sobre ella.

Etapa 3: cualquier calle puede ser una zona de vigilancia

Con un objetivo identificado, el sistema pasa de los algoritmos a la calle. El agente llega con una aplicación llamada Mobile Fortify en su teléfono del gobierno, apunta a la cara de cualquier persona (no necesariamente la que buscaba), y en segundos coteja esa imagen con millones de fotografías recolectadas previamente en la Etapa 1. Vale aclarar que esas fotografías recolectadas fueron tomadas sin el aviso correspondiente: las personas no saben que algún día esos registros formarán parte de un sistema de identificación masiva. Si hay coincidencia, el sistema devuelve nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y si existe una orden de deportación. Si la imagen facial no es suficiente, otra herramienta de BI2 Technologies repite el proceso con el iris del ojo. Todo esto ocurre en la calle, sin que la persona haya hecho nada, sin que lo sepa, y sin que ningún juez lo haya autorizado.

Lo más preocupante de Mobile Fortify es que fue desplegada mientras aún estaba en fase de prueba, sin evaluación de impacto sobre privacidad. Aún más, no cuenta con precisión. En un caso documentado ante un tribunal en Oregon, el sistema escaneó a la misma mujer dos veces y devolvió dos nombres diferentes. Aun así, el ICE trata sus resultados como prueba definitiva, por encima incluso de un acta de nacimiento.

Incluso hay herramientas que operan de forma aún más encubierta. Los simuladores celulares, conocidos también como IMSI Catchers, se disfrazan de torres de telefonía para forzar a los teléfonos cercanos a conectarse e identificar qué dispositivos están en un área. La agencia migratoria compró vehículos equipados con estos artefactos para desplegarlos de forma encubierta en vecindarios específicos. Para quienes están en proceso migratorio existe SmartLINK, una aplicación que el ICE obliga a instalar en el teléfono personal, que rastrea la ubicación y exige verificaciones periódicas mediante reconocimiento facial. Una migrante colombiana en California lo descubrió cuando la app le bloqueó un viaje a otro estado. Cuando preguntó, un oficial le dijo que ella no había hecho nada malo, era una decisión discrecional del organismo.

Cuando las personas migrantes están detenidas, sufren una mayor pérdida de privacidad. Dispositivos de las empresas Cellebrite y Magnet Forensics desbloquean y copian el contenido completo de un teléfono en minutos, como mensajes, fotos, historial de ubicación y contactos. De hecho, aplicaciones con cifrado, como WhatsApp, no pueden proteger la información en este orden. El cifrado impide que los mensajes sean interceptados mientras viajan por internet, pero una vez que el teléfono está desbloqueado en manos de un agente, ese cifrado es irrelevante. Las conversaciones de una persona detenida pueden convertirse en el punto de partida para rastrear a otras que nunca tuvieron contacto con el ICE.

Protegerse también es una forma de resistir

Entender cómo funciona este sistema ya es una forma de resistencia. Para quienes están migrando o piensan hacerlo, ese conocimiento puede marcar la diferencia desde el primer día. El celular es la fuente de datos más vulnerable. Utilizar Signal, en vez de WhatsApp, reduce significativamente el rastro: Signal no almacena metadatos ni comparte información con terceros. Revisar qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación y revocar los permisos innecesarios limita lo que empresas pueden capturar y vender. En zonas con alta presencia del ICE, una bolsa Faraday bloquea todas las señales del teléfono móvil, impidiendo que los simuladores celulares lo detecten. Y en redes sociales, publicar ubicaciones o etiquetar lugares es entregar voluntariamente la información que el sistema pagaría por obtener.

Sin embargo, las medidas individuales tienen un límite, el sistema descrito no se puede desmontar con una app. La Electronic Frontier Foundation publica guías gratuitas y actualizadas sobre cómo proteger la privacidad digital en situaciones de riesgo, su sección Surveillance Self-Defense es un punto de partida concreto. Organizaciones como ACLU, National Immigration Law Center y Just Futures Law están litigando activamente en esa dirección. Difundir su trabajo y exigir a los representantes que tomen posición es también una forma de actuar.

¿La libertad de las personas depende de un algoritmo?

Lo que Edward Snowden reveló en 2013 sobre la vigilancia masiva de la NSA pareció, en su momento, el límite de lo imaginable. Hoy, el accionar del ICE lo supera ampliamente. A diferencia de los programas de Snowden, este sistema no opera en las sombras, tiene contratos públicos, nombres de empresas y cifras de inversión.

Este sistema perverso no termina en el momento de la detención. Las fotografías tomadas por Mobile Fortify se almacenan por 15 años; los contactos extraídos del teléfono de una persona detenida se convierten en nuevos sujetos de interés. Y detrás de cada etapa hay una empresa que factura. El Brennan Center lo llama un “complejo industrial de deportación”, empresas cuyos ingresos dependen directamente del desarrollo y crecimiento del sistema automatizado.

La IA comete errores, como cualquier sistema automatizado. Hay una diferencia fundamental entre una IA entrenada para recomendar películas y una entrenada con décadas de datos de agencias de seguridad estadounidenses para localizar personas y deportarlas. Cuando la primera se equivoca, ves una película que no te gusta. Cuando la segunda se equivoca, una persona inocente termina detenida semanas, como aquel migrante mexicano que trabajaba vendiendo flores. El problema no es solo el error, es que incluso cuando el sistema funciona como fue diseñado, una persona pierde su libertad por decisión de un algoritmo, sin que nadie la haya visto ni escuchado y sin que haya podido defenderse. La pregunta que ninguna agencia ha respondido es quién asume la responsabilidad por eso, y la respuesta, hasta ahora, brilla por su ausencia.

Palantir, Clearview, Thomson Reuters, LexisNexis, GEO Group: estas son solo algunas de las empresas que forman este ecosistema (hay decenas más que no se mencionaron). Lo que se describió en esta columna es sólo una fracción de esta arquitectura de vigilancia que sigue creciendo, contrato por contrato, dato por dato. En el aire queda una pregunta que, no debe abordarse desde un aspecto tecnológico, sino más bien desde la dimensión ético-política: ¿qué clase de sociedades se moldean cuando se construyen sistemas capaces de privar de la libertad a las personas en base a una puntuación y una fecha de deportación? ¿Quiénes son las primeras y principales víctimas de este sistema de expulsión automatizado?

La guerra por otros medios: control de software e infraestructura estratégica

La guerra que comenzaron Israel y EE. UU. contra Irán acapara la agenda mediática. Las pantallas se inundan constantemente de bombardeos mutuos e imágenes impactantes que parecen tomadas de un filme o de un videojuego. Sin embargo, hay elementos de este conflicto que no se llegan a ver tan fácilmente: existe otra arista de la guerra que tiene a la tecnología como protagonista.

La batalla también se libra a través de los medios de comunicación en las narrativas contradictorias entre un bando y otro. Ello complejiza la posibilidad de encontrar certezas en medio de un contexto bélico de estas características. Sin embargo, hay elementos que son plausibles de ser analizados como ciertos.

En varios medios circula la noticia sobre el trabajo de inteligencia que realizaron Israel y EE. UU. para lograr ejecutar al ayatolá Ali Khamenei. Entre las tareas de inteligencia, se dice que habrían intervenido cámaras de tráfico y de circuitos cerrados en algunas oficinas donde se desempeñaban los altos mandos militares de Irán. Con toda esa información les fue posible determinar la ubicación del ayatolá, e incluso conocer cuáles podían ser sus vías de evacuación.

Ante esta situación, y más allá de las particularidades del propio conflicto en Oriente Próximo, cabe preguntarse: ¿qué tan seguros son los sistemas tecnológicos de nuestros países? ¿La dependencia tecnológica es una brecha de seguridad para los Estados? ¿Existe alguna forma de minimizar este riesgo? Para reflexionar sobre estas preguntas iremos por partes.

Dependencia tecnológica

Es de público conocimiento que un gran porcentaje de Estados dependen tecnológicamente de un puñado de países que tienen la capacidad productiva para fabricar dispositivos electrónicos. Como venimos señalado en Derechos Digitales, América Latina no escapa a ese contexto. Es así como cada dispositivo tecnológico -en nuestras casas, lugares de trabajo y espacios públicos- fue diseñado y construido por empresas radicadas en el Norte Global y en algunas regiones de Asia.

Ahora bien, ¿son confiables en términos de seguridad los dispositivos que utilizamos? Y más aún: ¿hay posibilidades de que las instituciones de seguridad de los Estados donde están localizadas estas empresas hayan generado acuerdos con ellas para tener acceso a los dispositivos en caso de “ser necesario”?

En la historia reciente, existe suficiente evidencia y ejemplos como para suponer que los dispositivos electrónicos pueden ser intervenidos, tanto en situaciones de conflictos como también con el fin de desplegar vigilancia masiva. Conocido es el caso en que el ex analista de inteligencia de la CIA y la NSA, Edward Snowden, denunció en 2013 públicamente con documentos el funcionamiento de una vasta red de vigilancia global por parte de EE. UU. y países aliados, facilitada a partir de la colaboración con distintas empresas de tecnología.

Más recientemente, Israel se atribuyó en 2024 ataques simultáneos en Siria y el Líbano a través de equipos electrónicos que contaban con carga explosiva. Situación que originó gran preocupación en organizaciones internacionales de Derechos Humanos debido a lo indiscriminado de los ataques. También cabe recordar que, días atrás, se generó una polémica entre el Pentágono y Anthropic, la empresa detrás del motor de inteligencia artificial Claude. La discusión se centra en que el Pentágono solicita a la empresa quitar los límites éticos del motor para poder utilizarlo en vigilancia masiva y manejo autónomo de armas. La compañía se negó, e incluso demandó al Pentágono por exceder su autoridad y sus salvaguardas éticas, violando derechos básicos.

A primera vista, la guerra parece un tema lejano para la historia de los últimos años en América Latina. Sin embargo, las recientes operaciones militares estadounidenses en las inmediaciones de Cuba, o en Venezuela, por ejemplo, encienden las alarmas. En este convulsionado contexto, ¿es razonable pensar que en el corto o mediano plazo nuestra región se pueda ver involucrada en algún conflicto de mayor escala? Si ese fuera el escenario, ¿la dependencia tecnológica representaría una brecha de seguridad y soberanía para los países latinoamericanos? Si analizamos los antecedentes antes mencionados, la respuesta es que muy probablemente sí.

Minimización de la brecha

En la actual división global del trabajo, solo algunos países poseen la capacidad para diseñar y construir dispositivos electrónicos. Esta situación deja en desventaja al resto de los países del mundo que, en un futuro inmediato pero también en un período prolongado de tiempo, precisan invertir en tecnologías y capacidades humanas que no están dispuestos a pagar, o ni siquiera pueden afrontarlo.

Ahora bien, los equipos electrónicos se componen esencialmente de dos capas: la física y la lógica (hardware y software, respectivamente). Esta distinción cobra gran relevancia en el análisis que proponemos. Si bien no todos los Estados tienen la capacidad de construir la capa física, ¿qué sucede con la capa lógica?

La capa lógica, o software, es un programa computacional. Dentro de la gama de programas computacionales, nos referiremos a los que pertenecen a las categorías de “sistema operativo” o “firmware”. En ambos casos, se trata de programas de bajo nivel que interactúan directamente con el hardware (capa física). Para nombrar algunos ejemplos, podemos mencionar los sistemas operativos Windows, OSx y GNU/Linux, como así también aquellos que permiten el funcionamiento de teléfonos como iOS y Android.

De la misma forma ocurre con los sistemas de videovigilancia. Se componen de cámaras y de un sistema central que procesa y gestiona las grabaciones, llamado DVR (Digital Video Recorder) o NVR (Network Video Recorder) en función de la forma en que las cámaras se comunican: analógica o digital respectivamente. Dicho centro de procesamiento actúa como un ordenador especializado para esa tarea y, por tanto, posee un firmware o sistema operativo para su funcionamiento. Dentro de sus funciones están: configurar las cámaras, gestionar grabaciones y administrar el control de acceso.

Los sistemas de videovigilancia desactualizados pueden poseer vulnerabilidades, que ya son conocidas. A la vez, existe una gran cantidad de documentación pública sobre cómo explotar esas vulnerabilidades para acceder a los sistemas de videovigilancia, como por ejemplo el proyecto Shodan. Por lo tanto, si ya son conocidas las debilidades en sistemas desactualizados, es muy probable que empresas de seguridad ofensiva tengan herramientas para vulnerar la seguridad de estos dispositivos, tal como se afirma en el portal especializado Wired. De forma alternativa, existen una serie de proyectos de código abierto para administrar cámaras que cuentan con las ventajas ya mencionadas.

Por otra parte, otra característica de la capa lógica es que puede estar construida de forma cerrada o abierta. La forma cerrada (o software privativo) refiere a programas que desarrollan empresas para el manejo de equipos en el que la persona usuaria final no puede analizar, modificar o mejorar el código fuente. Generalmente, viene precargado en el dispositivo en forma de archivo ejecutable, el cual es ilegible. En la otra vereda, está la forma abierta (o software libre) vinculada a programas que, en muchos casos, son construidos de forma comunitaria, e incluso pueden contar con colaboración de empresas. Su característica es que es totalmente abierto, disponible para analizar, modificar y mejorar.

Ahora bien, volvamos al cuestionamiento de la dependencia tecnológica sobre qué hacer si un dispositivo viene diseñado, por ejemplo, con una puerta trasera. En el caso de que la capa lógica esté desarrollada sobre la concepción de software privativo, es muy difícil poder identificarla y actuar para modificar su comportamiento con el fin de suprimir dicha vulnerabilidad, pues no hay acceso al código. Por el contrario, en el caso del software libre sí tenemos la posibilidad de hacer auditorias independientes, así como suprimir funciones o alterar su comportamiento, lo que a simple vista otorga una gran ventaja.

Otra desventaja del software privativo es que necesita de pagos periódicos para su actualización. Por distintos motivos, las instituciones no mantienen las versiones más actualizadas lo que las deja con mayor propensión a ataques de vulnerabilidades conocidas, como es el caso de Guacamaya Leaks. En aquel episodio, un grupo de hackers intervino sistemas de varias instituciones militares en América Latina, aprovechando, principalmente, estas debilidades de sus desactualizados sistemas de software pago.

Software libre y seguridad nacional

Con la proliferación de los sistemas digitales de comunicación y, más aún, con el Internet de las cosas (IoT), donde muchos dispositivos cotidianos están conectados entre sí, es sumamente importante analizar qué rol puede jugar la dependencia tecnológica en escenarios de conflicto, ya sea armados o no.

La discusión no puede quedarse en si el software privativo es mejor o peor que el software libre: en ambos casos se encontrarán vulnerabilidades. El análisis debe centrarse en el control que se puede tener de los dispositivos y sistemas. En ese sentido, el software libre corre con ventaja al permitir el control de las funciones y, al mismo tiempo, el acceso libre a las actualizaciones. Además, al tratarse de código abierto, el software libre habilita una permanente auditoría, por lo que es menos probable que contenga funciones maliciosas por diseño.

En un mundo donde las potencias se disputan recursos estratégicos en otros territorios, es indispensable que los Estados latinoamericanos reconfiguren, a mediano y largo plazo, su seguridad digital y las medidas necesarias para enfrentar una amenaza externa.

Identidades en venta: El mercado ilegal de compra y venta de datos personales latinoamericanos en Telegram

La investigación documenta la existencia de un mercado ilegal de datos personales que opera en Telegram y que presenta posibles vínculos con bases estatales en América Latina. Identificamos 27 grupos y canales activos en Brasil, Perú y Argentina dedicados a la comercialización de información sensible mediante bots automatizados y pagos digitales. En esos espacios, cualquier persona puede obtener en segundos datos asociados a un número de identidad, nombre o teléfono bajo un modelo que combina consultas gratuitas limitadas y acceso completo mediante pago.

Infraestructura tecnológica en las organizaciones: una decisión por los derechos y la autonomía 

Desde hace años, la idea de soberanía tecnológica ocupa un lugar importante en las discusiones sobre gestión de datos, infraestructura y formas de compartir información. Para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos en un entorno digital cada vez más hostil, resulta un asunto de gran relevancia. Tener control sobre sus operaciones tecnológicas se vuelve urgente en un contexto digital atravesado por la vigilancia, la extracción masiva de datos y la concentración del poder en pocas empresas. No se trata solamente de eficiencia organizacional: es, ante todo, una cuestión política a atender.

Autonomía tecnológica como construcción organizacional

Hablar de soberanía tecnológica implica mirar con atención todo el recorrido que hacen los datos, incluso una acción aparentemente simple, como la carga de un archivo local hacia una nube propia, involucra múltiples capas de decisiones técnicas. Por eso, antes de afirmar que se tiene control o agencia sobre información, es necesario preguntarse por los distintos componentes que intervienen este proceso. Entre ellos están las herramientas que se utilizan, la infraestructura donde se alojan los datos (data centers) o las redes de telecomunicaciones que se usan. Analizar estas dimensiones no es un ejercicio teórico, sino una forma concreta de ejercer el poder institucional.

Conocer y saber cómo se guarda la información, quién puede acceder a ella, bajo qué condiciones legales y técnicas, y qué capacidades tiene quien la gestiona, son preguntas fundamentales. Para las organizaciones que trabajan con datos sensibles, por ejemplo información relacionada a víctimas, defensoras de derechos humanos y activistas, este control de la información puede marcar la diferencia entre la protección y el riesgo a la exposición.

En este sentido, adoptar prácticas como el cifrado de extremo a extremo, recomendado constantemente desde Derechos Digitales y promovido por organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y Access Now, contribuye a reducir riesgos en el acceso y la transferencia de información. Lo mismo ocurre con el uso de redes de anonimización como Tor, desarrollada y mantenida por The Tor Project, que permiten dificultar el rastreo del origen de las comunicaciones.

Si bien el cifrado de extremo a extremo no garantiza comunicaciones completamente seguras, su correcta gestión impide que personas no autorizadas puedan leer archivos o cadenas de datos sin las llaves necesarias. Estas medidas pueden aplicarse en diferentes momentos: desde la creación de los archivos hasta su almacenamiento. Si a esta práctica se le suman redes como Tor -que envían las cadenas de datos cifradas y de diferentes países-, se logra evitar aún más la posibilidad de seguimiento o identificación.

Empresas proveedoras, ética y políticas

Para responder a la demanda de servicios tecnológicos, las grandes compañías suelen ofrecer soluciones simples, escalables y de rápida implementación. Empresas como Amazon, Google o Microsoft concentran buena parte del mercado global de servicios de correo electrónico, almacenamiento o alojamiento en la nube, gestionando la mayoría del tráfico y de los datos del mundo.

Según el informe de la Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) y reportes de la industria del mercado global de la nube, esta concentración limita las posibilidades reales de gestionar infraestructuras de forma autónoma y, a su vez, mantiene el desarrollo de aquellos modelos centralizados que no se corresponden a las necesidades o a los valores de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, este no es el único camino posible. Existen proveedores comerciales alternativos como cooperativas tecnológicas, o empresas con valor ético incluso, los cuales ofrecen servicios de alojamiento con políticas de privacidad más exigentes y compromisos para reducir el impacto sobre el medio ambiente, resguardando principios de sostenibilidad y responsabilidad social.

Pensar la infraestructura desde una perspectiva de derechos también implica considerar su huella ecológica. Algunos proveedores de infraestructuras destacan por su ética y su capacidad de ser sostenibles. Tal es el caso de OVHcloud, por citar uno de los más reconocidos, que ofrece el llamado hosting verde: data centers diseñados para minimizar el consumo de energía, utilizando fuentes renovables y mecanismos de eficiencia que contribuyen a disminuir la huella de carbono que genera el alojamiento web. Otro muy utilizado por su red de distribución de contenidos y su nivel de protección ante ataques es Cloudflare, que también se encuentra entre los servicios hosts eco-friendly con menor huella de energía del mundo.

Además, existen alternativas más especializadas y orientadas a la privacidad y sostenibilidad, como por ejemplo Greenhost y OrangeWebsite. Se caracterizan por sus niveles de compromiso con la protección de datos y el uso de energías renovables: algunos incluso permiten opciones de pago mediante criptomonedas, así como compatibilidad con servicios de redes de anonimato como Tor.

A ellas se suman proveedores de hosting ecológico como GreenGeeks, SiteGround o HostPapa, que utilizan energía renovable junto a -o bien a través de- estrategias de compensación de carbono, combinando rendimiento, sostenibilidad y valores. Este tipo de herramientas, además, permiten a las organizaciones desarrollar infraestructuras que no solamente protegen los datos, sino que, a la vez, van en concordancia con el compromiso de una internet más justa y sostenible.

Dificultades y casos de éxito

Optar por infraestructura propia o autogestionada presenta sus dificultades. La gestión de servidores, nombres de dominio, certificados de seguridad y sistemas de respaldo conlleva una carga de inversión económica y, sobre todo, técnica. Por un lado, es necesario contar con los equipamientos, y por otro, construir  alianzas estables que permitan garantizar mantenimiento, actualizaciones y respuesta ante incidentes. Sin embargo, esta inversión permite, en un mismo momento, desplegar un número importante de aplicaciones en un entorno controlado, dividir servicios mediante máquinas virtuales o contenedores, y gestionar pruebas de distintos niveles de usuario mediante un mismo servidor. Son prácticas comunes ya en comunidades de software libre y en experiencias de administración de sistemas que demuestran que la autogestión es posible.

Ante esta situación, algunas organizaciones de la sociedad civil ya vienen explorando estos caminos. Derechos Digitales, por ejemplo, viene impulsando análisis críticos y observatorios sobre el uso de tecnologías en políticas públicas, promoviendo mayor transparencia y trabajando en red con otras organizaciones de la región. Fundación Karisma, por su parte, incentiva la adopción de tecnologías de código abierto y defensivas en redes internacionales, y fomenta capacidades internas para identificar y responder a amenazas digitales.

Otras organizaciones como SocialTIC, combinan la capacitación y el acompañamiento estratégico en tecnologías seguras para agentes de cambio social, amplificando el uso de herramientas libres y métodos de protección digital entre colectivos y organizaciones de México y la región. Por otra parte, las iniciativas que provienen de las comunidades como Nodo50 en Europa, o los trabajos promovidos por la Open Knowledge Foundation fueron clave en el impulso de infraestructuras éticas y abiertas, con un fuerte compromiso en la autodeterminación tecnológica.

Un temor recurrente entre las organizaciones es que contar con infraestructura propia aumente su vulnerabilidad frente a ataques. Sin embargo, la experiencia de agrupaciones de seguridad informática y defensoras de derechos humanos señala que el nivel de vulnerabilidad no depende del lugar donde se aloja la información, sino de la matriz de riesgo de cada organización: su visibilidad pública, el marco político donde actúa, el tipo de información que trata, así como las medidas de protección que tiene adoptadas. Las infraestructuras organizacionales bien construidas, con protocolos claros de cuidado de los datos, actualizaciones constantes de los elementos, políticas de acceso restringido, entre otras características, podrían ser mucho más difíciles de vulnerar que aquellas soluciones externas mal construidas o utilizadas sin los criterios de seguridad necesarios.

Desde este punto de vista, la soberanía tecnológica no es una solución única ni un ideal abstracto. Es un proceso gradual, situado y profundamente político. Significa reconocer los límites, evaluar capacidades reales y tomar  decisiones poniendo en el centro a las personas y a la información que sostienen las luchas por los derechos humanos en línea. En un ecosistema digital sumamente desigual, avanzar hacia mayores niveles de control y autonomía tecnológica es también una forma de coherencia institucional y de defensa activa de los derechos que se buscan proteger.

Contribución a la consulta para el informe temático titulado “Impacto de la vigilancia digital y asistida por IA en los derechos de reunión y de asociación, incluidos los efectos inhibitorios”

En esta contribución, presentada ante la Relatoría Especial para la Libertad de Asociación y Reunión, presentamos algunos casos concretos de preocupación sobre el despliegue de sistemas de IA en el marco de protestas pacíficas en países de la región, así como algunos de sus efectos inhibitorios. Formulamos recomendaciones de política pública a los Estados y empresas del sector privado.

Envejecer en un mundo hiperconectado: la ausencia de las personas mayores en las políticas digitales

La acelerada digitalización de nuestras sociedades trae consigo la incorporación de múltiples Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la vida de las personas. Si bien el acceso a las mismas puede habilitar el ejercicio de nuestros derechos, existen marcadas diferencias en cómo se usan, apropian, entienden y experimentan entre la diversidad de personas usuarias. Esto genera capacidades y condiciones desiguales para su uso pleno, significativo, seguro y autónomo.

Uno de los grupos sociales que enfrenta mayores desafíos y desigualdades en el uso de las TIC son las personas mayores. Este grupo fue reconocido por la ONU como uno de los segmentos de la sociedad que requiere mayor atención, acompañamiento y cuidado para enfrentar los retos que plantea la creciente digitalización del mundo actual, y para reducir las barreras que les impiden aprovechar plenamente las herramientas tecnológicas en beneficio de su bienestar. Entre dichas barreras destacan la brecha digital y la alta exposición a ciberataques y amenazas en el ciberespacio.

En esta columna ahondaremos en la exclusión de las vejeces en políticas digitales, particularmente en las estrategias nacionales de ciberseguridad. Analizaremos las vulnerabilidades específicas que enfrentan en línea, reafirmando la importancia de proteger sus derechos a la autonomía, el cuidado y la no discriminación, esenciales para su integración y participación efectiva en la era digital.

América Latina, envejecimiento poblacional y desafíos de inclusión digital

Como hemos señalado anteriormente, desde una perspectiva interseccional la edad constituye una categoría fundamental a la hora de formular políticas sobre el diseño, despliegue y uso de las TIC. En esa línea, organismos regionales e internacionales ya reconocieron que los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores deben ser garantizados a través de las políticas, planes, estrategias y legislaciones de los Estados. Además, de acuerdo con estudios sociales sobre esta temática, la inclusión de las personas mayores en el ámbito de las políticas públicas es tanto una cuestión demográfica como social.

Por un lado, la región atraviesa un proceso sostenido de envejecimiento poblacional desde inicios del siglo XXI. Se estima que para el año 2050, el 25% de la población en América Latina y el Caribe tendrá 65 años o más. Considerando la persistente brecha digital que enfrentan en la región, esta proyección debe ser tomada como una motivación crucial para impulsar políticas de inclusión digital que reconozcan la existencia de las vejeces como parte de la sociedad y respondan a sus propias necesidades, garantizando su participación en el mundo hiperconectado que habitamos.

Por otro lado, encontramos que los problemas asociados al envejecimiento fueron históricamente considerados como asuntos a resolver en el ámbito individual y privado. Sin embargo, se envejece en un contexto social y cultural específico que habilita u obstaculiza que se haga con plenitud, inclusión y en condiciones de equidad en el ejercicio de derechos. Se envejece siendo parte de un colectivo, por lo cual incorporar  a las personas mayores en las políticas públicas digitales implica reconocer su especificidad como grupo social.

Lejos de ser espectadoras pasivas de la transformación tecnológica, las vejeces merecen ejercer plenamente sus capacidades en la era digital, con autonomía y sin obstáculos técnicos e informativos que limiten su participación. Sin embargo, la calidad, la información y los conocimientos técnicos necesarios para ello siguen siendo escasos y poco adaptados a sus realidades, situándolas en una posición de desventaja para hacer un uso seguro de las tecnologías.

Estrategias nacionales de ciberseguridad: ¿alguien quiere pensar en las personas mayores?

De forma reiterada, vemos noticas que evidencian la frecuencia y gravedad de los ciberataques en la región, dirigidos tanto a personas como a instituciones. Hace una semana, por ejemplo, la información de 20 millones de personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social fue divulgada y puesta a la venta en foros clandestinos, dejando a una gran cantidad de personas mayores expuestas a múltiples riesgos y métodos de estafa como el phishing. Este caso ilustra  no solo  la fragilidad de los sistemas estatales de almacenamiento de datos, sino también la vulnerabilidad en cascada de las vejeces allí registradas, denotando la imperiosa tarea de reforzar marcos de Derechos Humanos en el tratamiento de la ciberseguridad.

La visión clásica de la ciberseguridad enfocó sus esfuerzos principalmente en la protección del Estado y sus infraestructuras. Sin embargo, perspectivas de género e interseccionales en esta materia sugieren un cambio sistémico urgente en su abordaje, que centre las políticas y  estrategias en las personas, e integre las diversas realidades y necesidades de  sectores sociales que enfrentan amenazas y riesgos diferenciales en el espacio digital. Este giro en el enfoque es clave para garantizar el ejercicio efectivo de los  derechos en los entornos digitales; en particular de grupos históricamente excluidos como las mujeres, las personas de la comunidad LGBTQIA+ y las personas mayores.

A la fecha, de los 21 países de América Latina, 13 ya adoptaron estrategias nacionales de ciberseguridad. Pero sólo 3 (Brasil, Chile y Uruguay) tienen menciones explícitas en sus líneas de acción a las vejeces, y sólo 1 (la reciente estrategia del Paraguay) reconoce  la edad como una de las intersecciones a considerar a la hora de ejecutar políticas de protección para la ciudadanía en el ciberespacio. Ahora bien, ¿la mera referencia a las personas mayores es suficiente para hablar de inclusión? Como buena práctica, la estrategia de Chile contempla la alfabetización básica en ciberseguridad para este sector etario. De hecho, en su plan de acción, este sector es transversal a la mayoría de medidas a implementar, lo que permite concretar objetivos y responsables para cumplir lo que se plasmó en el documento de la estrategia. No obstante, en las demás políticas públicas mencionadas se habla de forma general sobre campañas de concientización en ciberseguridad que incluyen a las personas mayores, sin contar aún con medidas específicas o preferentes que respondan a sus necesidades particulares.

La exclusión que transita la vejez en la mayoría de estos marcos normativos refleja una preocupación señalada por organismos regionales de Derechos Humanos: el edadismo. Esta  forma de discriminación por razón de edad permanece enraizada cultural y jurídicamente en América Latina, exponiendo a este grupo social a diferentes formas de violencia, incluida la que ocurre en línea.

La creciente dependencia de nuestras sociedades en las TIC, así como la digitalización de servicios básicos y fundamentales, incrementa inevitablemente la exposición a riesgos y amenazas. En el caso de las vejeces, la brecha de conocimientos frente a la naturaleza y la sofisticación de los ciberataques las deja altamente desprotegidas, convirtiéndolas en el objetivo de ataques, estafas en su mayoría, caracterizados por la suplantación de identidad para robar información personal y financiera a través de emails, páginas web falsas, llamadas telefónicas, mensajes de texto, entre otros.

Podría afirmarse que, considerando el carácter socio-técnico de las tecnologías, y ante la evolución constante tanto de éstas, como de las violencias que amplifican, el envejecimiento conlleva una condición de vulnerabilidad desde la cual las personas mayores encuentran barreras para participar del cambio tecnológico y usar plena, autónoma y efectivamente las TIC. Debe quedar claro, sin embargo, que el problema no es envejecer; no es la vejez la que dificulta el ejercicio de los Derechos Humanos en los entornos digitales, es la concepción social, cultural y jurídica que los Estados de nuestra región mantienen frente a ella. Estas concepciones se traducen en la exclusión de las personas mayores de los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas, restringiendo el pleno goce de sus derechos y desatendiendo sus necesidades y vivencias.

Derecho a la autonomía y al cuidado en los entornos digitales

Promover, proteger y garantizar el reconocimiento y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas mayores a través de las políticas digitales resulta esencial. Dos derechos particulares asociados a este grupo son especialmente importantes a la hora de formular marcos de política pública inclusivos: la autonomía y el cuidado.

A menudo, en las sociedades occidentales, las vejeces se ven despojadas de su capacidad para responder a las propias necesidades, expresar sus deseos, tomar decisiones y lograr sus metas, lo que limita las posibilidades de que ejerzan control sobre sus vidas o las vivan de forma autónoma. Así, la edad avanzada es relacionada con la pérdida de funcionalidad, con la dependencia física, mental, emocional y social, el cese de la vida productiva, dejándoles de tener en cuenta para tomar decisiones en ámbitos como el financiero, familiar o político. Es por esto que, según mecanismos regionales de Derechos Humanos, cualquier instrumento de política pública sobre los derechos de las personas mayores debe, en primer lugar, garantizarles la posibilidad de ser autónomas para gestionar sus proyectos vitales.

En un mundo hiperconectado, donde cada vez más actividades se realizan usando la tecnología, contar con conocimientos suficientes para comprender los procesos que se gestan en Internet, así como  las posibilidades y los riesgos que conlleva, no es sólo un asunto de ciberseguridad, sino también, y sobretodo, un tema de Derechos Humanos y autonomía para las personas mayores. Asegurar su independencia y sus posibilidades de participar e integrarse a las comunidades a través de las TIC debe ser un eje central de las políticas digitales.

Por otra parte, la creación de entornos digitales propicios y favorables para este grupo social resulta crucial para que puedan ejercer sus derechos sociales, económicos y culturales en condiciones de igualdad. Proteger su  autonomía e independencia en el espacio digital es una práctica de cuidado en consideración de sus demandas y características específicas. En la medida que las TIC sean parte de su vida cotidiana, es necesario extender las prácticas de cuidado y prevención que tradicionalmente acompañan otras esferas de la vida, también a lo que suceda en los entornos digitales.

La dimensión del cuidado acá mencionada tiene que ver con procurar el bienestar de las personas mayores sin despojarles de su agencia sino, más bien, acompañándoles en el ejercicio y mantenimiento de su autonomía al navegar y usar las tecnologías. Esta es una concepción del cuidado basada en crear condiciones para el bienestar reconociendo las diferencias y vulnerabilidades históricas de este sector etario. Por ejemplo, si se procura el cuidado y la protección de las personas mayores a través de la creación de entornos físicos, sociales y culturales que habiliten el ejercicio de sus derechos, ¿por qué no crear condiciones y desarrollar conocimientos para el disfrute de entornos digitales seguros y favorables? Esto se traduce en bienestar, en protección de la autonomía y, por tanto, en una práctica de cuidado.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho autónomo al cuidado, entendiendo que constituye una necesidad básica, ineludible y universal, fundamental para una existencia digna, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad. En relación con el derecho de las vejeces de recibir cuidados, la Corte sostuvo que los Estados deben adoptar medidas para garantizar su acceso y permanencia en servicios de cuidados de calidad, en consonancia con sus derechos a la autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencias. Esta consideración debe extenderse también al ámbito de las políticas digitales, donde este grupo etario requiere enfoques específicos y adecuados que incluyan plenamente sus necesidades, experiencias y capacidades. Las políticas públicas deben brindar mecanismos de apoyo y acompañamiento que garanticen un uso seguro, autónomo y sostenible de las TIC por parte de las personas mayores, fortaleciendo así el ejercicio de sus derechos en entornos digitales.

Derechos Digitales lanza “Consejos para el resguardo digital en protestas”, una guía para la protección de la ciudadanía en Ecuador y Perú

En las últimas semanas, Ecuador y Perú vienen atravesando contextos nacionales de fuerte conmoción social y política. Distintos organismos de Derechos Humanos, como la ONU y la Comisión Interamericana, han llamado la atención en ambos contextos para el respeto de la protesta pacífica y la investigación de presuntos de uso excesivo de la fuerza relacionados con posibles desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y homicidios que deben ser investigados de manera imparcial y diligente.

En cada caso, expresamos nuestra solidaridad e instamos a los Estados de Perú y Ecuador a garantizar, proteger y respetar el ejercicio de la protesta pacífica y a garantizar el derecho a la vida, la libertad y la integridad física de los manifestantes de conformidad con los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia. Llamamos la atención de organismos internacionales en Derechos Humanos, la sociedad civil y otros Estados de la región para monitorear el desarrollo y desenlace de las protestas en cada caso y exigir transparencia y rendición de cuentas sobre la actuación de las autoridades estatales.

En medio de estos escenarios de convulsión social, de paros continuos y otras formas de manifestación y protesta ciudadana, sabemos que también está en juego la seguridad de las personas. Por eso, desde Derechos Digitales lanzamos “Consejos para el resguardo digital en protestas”, una guía con recomendaciones y recursos para que la población pueda ejercer sus derechos a la participación y la libertad de expresión, cuidando sus datos personales y su privacidad.

¿Qué está pasando en Ecuador y Perú?

El 22 de septiembre, organizaciones sindicales, indígenas y campesinas iniciaron un paro nacional en Ecuador. Por estos días, el paro continúa y aumentan las cifras de asesinatos, desapariciones, torturas y detenciones ilegales. El gobierno nacional sostiene un discurso de “guerra interna” contra el terrorismo y el narcotráfico para justificar las masivas violaciones a los Derechos Humanos.

En Perú, en medio de una crisis institucional, varios sectores vienen desarrollando jornadas de protesta social ante un gobierno nacional de transición. El pasado miércoles 15 se llevó adelante un paro y movilización, que dejó el saldo de al menos 75 personas heridas en el marco de represiones. La sociedad peruana reclama acciones inmediatas del Ejecutivo y el Congreso, reformas en el sistema político y la implementación de políticas de seguridad y empleo. Asimismo, la CIDH emitió una declaración donde urge al Estado peruano a garantizar que las decisiones políticas se adopten dentro del respeto al orden constitucional, y convoca al diálogo democrático.

En el marco de estos estados de conmoción social y política, en ambos países se evidencian casos de intromisión y patrullaje digital hacia la ciudadanía. Días atrás, más de 50 activistas y líderes sociales del Perú amanecieron con sus teléfonos celulares bloqueados. A su vez, en algunas regiones de Ecuador se está bloqueando la señal de internet, como vienen denunciando las organizaciones de Derechos Humanos, dejando a la población incomunicada y limitando la posibilidad de informar sobre lo que está ocurriendo.

“Consejos para el resguardo digital en protestas”

Participar, reclamar, informar y expresarse no pueden ser motivo de censura ni acoso digital. Los derechos de las personas deben respetarse tanto en línea, como fuera de ella. Ante los contextos de protestas en Ecuador y Perú, Derechos Digitales pone a disposición esta guía con recomendaciones para la seguridad digital de la ciudadanía.

1. Usa servicios de mensajería segura y cifrada              

Si tienes que comunicar información sensible o tienes la sospecha de que puedes ser víctima de vigilancia estatal, la mejor aplicación de mensajería es Signal, no WhatsApp ni Telegram. Signal es diferente a WhatsApp porque casi no guarda información de las personas usuarias. Si la policía o una empresa le pide datos, esta compañía de mensajería lo único que puede entregar es la fecha en que la cuenta se creó y la última vez que se conectó, nada más. No guarda mensajes, ni fotos, ni contactos.

Para lograr que el mensaje llegue a buen puerto, te recomendamos que lo hagas con texto, si la conectividad no está muy bien o estás sufriendo algún tipo de inhibición las imágenes y los audios pueden demorar mucho en enviarse.

2. Protege tu identidad y la de terceros

Si vas a sacar fotos o grabar videos de protestas y otros actos, es importante proteger la identidad de terceros para que no sean identificados. Esto se puede hacer en la configuración del mismo Signal. Además, te sugerimos difundir el contenido después de la protesta, de esta manera se reduce el riesgo de exposición no intencionada de otras manifestantes.

3. Elimina los metadatos de las fotografías que tomes              

Signal quita los metadatos por defecto, por lo tanto las imágenes que envías ya no conservan esa información. Para poder eliminar los metadatos de tus fotografías de forma manual, puedes hacerlo acá para dispositivos con Android, y de esta manera en el caso de equipos con iOS.

4. Usa VPN para hacer más segura tu navegación              

Para resguardar tu navegación en Internet e impedir que te geolocalicen o que quede rastro de tu actividad existen muchos VPN. El VPN de RiseUp.net es una buena alternativa. Para dispositivos con iOS recomendamos ProtonVPN.

5. Desactiva la ubicación              

En el caso de Android: Configuración > Ubicación > Desactivar.

En el caso de IOS: Privacidad y seguridad > Localización (desactivar) / Rastreo (desactivar).

6. Utiliza mapas offline              

Si necesitas navegar con GPS, utiliza una aplicación de mapas offline como Organic Maps. Deberías descargarte previamente un mapa de la zona donde vayas a movilizarte. Organic Maps está disponible tanto para Android como iOS.        

7. Apaga tu teléfono o activa el modo avión

Como una medida alternativa, se puede apagar el teléfono o usarlo sólo en modo avión. Esto puede ser útil en caso de que autoridades soliciten a las compañías telefónicas datos sobre dispositivos conectados en determinadas zonas de conflicto.

8. Considera llevar un teléfono celular alternativo

Si tienes la posibilidad de conseguir un teléfono alternativo al que utilizas cotidianamente, lleva ese. Es mejor moverse en estos contextos con un dispositivo que no tenga historial de nuestra actividad en línea, ni contactos, ni información personal. Y siempre recuerda llevar tu teléfono con buen nivel de batería y con el cable para cargarlo (o una batería externa/portátil).

9. Respalda sitios web

Si sospechas que pueden dar de baja tu página u otro sitio web con información importante, te sugerimos realizar un respaldo permanente. Archive es un archivo de páginas web recomendado para esta tarea.

10. Revisa tu vestimenta

Para manifestaciones siempre se recomienda asistir protegidas, con pantalones largos y camisas con mangas largas para cuidado del cuerpo. Algún objeto o accesorio en la cara sirven doblemente: te resguardas tanto de gases lacrimógenos como de identificación no intencionada.

Otros recursos para proteger la seguridad digital durante protestas

La resiliencia digital en América Latina se construye hace tiempo desde las organizaciones de la sociedad civil. En este apartado ofrecemos más recursos y herramientas.

En la página de Derechos Digitales, se pueden encontrar artículos que puede ser de utilidad para este tipo de situaciones excepcionales. Por ejemplo, en esta columna ofrecemos consejos para poder asegurarse de eliminar mensajes ante el riesgo de intrusión. En otro texto, analizamos la huella digital, reflexionando sobre los datos y la privacidad y sugiriendo herramientas para su resguardo. También, armamos un recursero en esta columna, con la idea de fomentar la seguridad digital de las personas y activistas LGBTIQA+ específicamente.

Lo más actualizado, y focalizado en los contextos de Ecuador y Perú en particular, lo vienen impulsando organizaciones aliadas locales. La Libre, junto a INREDH y otros, lanzó una guía para usar Signal de forma segura. Además, junto a Taller de Comunicación Mujer, Centro de Autonomía Digital y Conexión Educativa difundieron consejos para poder informar durante una protesta cuando la señal del teléfono está inhibida o saturada. En Perú, Hiperderecho lanzó www.ciudadaniabajoataque.pe, una plataforma para documentar ataques y activar la defensa colectiva.

Algunas herramientas más promueven Surveillance Self-Defense, Espacio Público y Witness.

Filtraciones de datos: el costo ciudadano de la negligencia digital

Cada nueva filtración de datos parece encontrarnos igual: con indiferencia y resignación. No es apatía, sino cansancio. “Total, no tengo nada que ocultar, no soy tan importante”, es una de las frases más repetidas, que refleja cómo se ha instalado la idea de que la privacidad no importa. Esa resignación, alimentada por la negligencia de las empresas y entidades estatales que almacenan nuestros datos, está erosionando la confianza social y normalizando la idea de que la privacidad deje de percibirse como un derecho básico.

Se trata de un fenómeno que no surge de la nada. En lo que va del año, ya podemos constatar múltiples casos en distintos países de América Latina. En Argentina una app estatal comprometió 13 mil perfiles; en Uruguay se vendió una base de datos estatal con más de medio millón de registros; en México un ataque a una boletera dejó al descubierto datos bancarios de 80 mil personas; en Paraguay se filtraron más de 7 millones de registros del Tribunal Superior de Justicia Electoral; en El Salvador una gestora de cobros perdió más de 140 gigabytes de información de sus clientes; y en Venezuela se reportó la exposición de más de 3,2 millones de personas usuarias de Movistar. En estas filtraciones suelen aparecer datos como el documento de identidad, nombres, fechas de nacimiento, direcciones, teléfonos. Muchos incidentes incluyen además información sensible como fotografías, firmas, huellas, historiales médicos, registros laborales y socioeconómicos.

Desde el tecnicismo, estos campos se presentan como simples columnas en una base de datos, pero en realidad cada una de esas columnas corresponde a fragmentos de nuestras vidas: quiénes somos, dónde vivimos, cómo trabajamos y hasta qué padecemos. Reducir la información a tablas y registros invisibiliza que detrás de cada dato hay una persona con derechos que pueden ser vulnerados si su información personal queda expuesta.

Cuando la tecnología falla, las personas lo sufren

Tanto el sector privado como el público parecen estar en una carrera sin fin hacia la “innovación”, pero ¿qué valor tiene hablar de innovación si se construye sobre la exposición constante de los datos de la ciudadanía? Innovar no debería significar coleccionar más información de la necesaria ni esconder en la letra pequeña cómo se utiliza. Tiene que incluir el diseño de sistemas no solo funcionales, sino también seguros y accesibles, que no trasladen todo el riesgo a las personas. Mientras eso no ocurra, la llamada “innovación” seguirá siendo un discurso vacío, blindado a través de comunicados tardíos que llegan cuando el daño ya está hecho.

Las filtraciones permiten que datos que parecen administrativos se transformen en herramientas de delito. Con un número de documento, y otras informaciones básicas que suelen aparecer en un carnet de identidad, un delincuente puede solicitar préstamos o abrir cuentas bancarias a nombre de otra persona. Con direcciones y teléfonos filtrados, las extorsiones y estafas se multiplican. Esa información llegó a utilizarse incluso para inscribir a personas en partidos políticos sin su consentimiento, como ocurrió en el caso de la filtración de la base de datos del Reniec en Perú, el cual facilitó afiliaciones masivas a organizaciones políticas sin autorización ciudadana.

La mayoría de los ciberataques ocurridos entre 2023 y 2024 contra organizaciones latinoamericanas derivó en filtraciones de datos, que representaron el 53% de los casos. Más de la mitad de la información robada correspondió a datos personales (32%) y credenciales de cuentas (21%), revelando cómo el contenido filtrado es insumo para el delito digital.

No todas las personas enfrentan los mismos riesgos cuando sus datos quedan al descubierto. Las mujeres suelen ser blanco de violencia digital: acosadores que utilizan sus fotos o números de teléfono para hostigarlas, amenazarlas o enviarles contenido sexual. Niñas, niños y adolescentes quedan especialmente vulnerables a engaños en línea o a ser fácilmente identificables, lo que conlleva a riesgosas situaciones de trata y violencia infantil. Las personas defensoras de Derechos Humanos o pertenecientes a la comunidad LGTBIQA+ quedan expuestas a campañas de acoso y criminalización si su información personal se hace pública. En muchos casos esto ocurre a través del doxxing, es decir, la exposición maliciosa de datos personales en Internet. Las filtraciones masivas de bases de datos que luego circulan abiertamente en la web —ya sea en foros de la Darkweb o en canales de compraventa de Telegram— alimentan estas prácticas, amplificando el hostigamiento y poniendo en riesgo la garantía de derechos en general.

Los datos socioeconómicos filtrados también agravan la desigualdad: un historial de deudas o la procedencia de un barrio estigmatizado pueden bastar para que alguien sea descartado en un proceso laboral. Entonces, si miramos estas filtraciones solo como un problema técnico, pasamos por alto que en realidad refuerzan estructuras de discriminación y amplifican violencias que ya existen históricamente en nuestra sociedad.

Medidas urgentes para resguardar la confianza

Uno de los mayores descuidos suele ubicarse en el control de accesos: se debe garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a los sistemas que almacenan nuestra información y que esos permisos deban ser revisados de forma constante y eliminados cuando ya no correspondan. No hacerlo puede derivar en situaciones graves. En un caso reciente en Perú, un extrabajador de una empresa de telecomunicaciones fue investigado penalmente porque delincuentes aprovecharon un acceso a su nombre que nunca había sido desactivado para ingresar a la base de datos personales nacional y, con esa información, suplantar personas, cambiar titularidad de líneas móviles y robar cuentas bancarias.

Para prevenir estos delitos, es necesaria la aplicación del principio de “mínimo privilegio”, es decir, que cada persona que trabaja en las entidades que almacenan nuestros datos tenga únicamente los accesos que necesita para cumplir su función, y desactivar de inmediato los accesos de quienes dejan esa institución.

Asimismo, la adopción de autenticación multifactor (MFA) en todos los accesos administrativos junto al uso de gestores de contraseñas, reduce significativamente el riesgo de intrusiones. La MFA consiste en combinar al menos dos métodos distintos de verificación, como por ejemplo: algo que sabemos (una contraseña), algo que tenemos (un celular o un token físico) y algo que somos (huella digital o rasgos faciales). No obstante, este último método -la biometría- actualmente no es una solución libre de riesgos. En Brasil, por ejemplo, se investigó un esquema que vulneró los sistemas de biometría del portal gov.br mediante técnicas de manipulación de imágenes, accediendo de forma indebida a datos personales.

Otra medida indispensable es el cifrado. En pleno 2025 todavía vemos bases de datos expuestas y archivos circulando sin protección, como si fueran documentos abiertos al público. Ese tipo de fallo de seguridad permitió la intrusión fraudulenta a los registros de más de 243 millones de personas en Brasil en 2020, cuando credenciales del Ministerio de Salud quedaron expuestas en el código fuente de una página oficial durante al menos seis meses. Toda información debe almacenarse cifrada y toda transferencia de información debe viajar por canales seguros, como ocurre con las páginas web que usan HTTPS en lugar del inseguro HTTP.

La seguridad exige constancia: auditar accesos, detectar patrones anómalos como consultas masivas o fuera de horario y mantener registros verificables. Cada ingreso debe quedar trazado y cada alerta investigada a tiempo, porque no sirve reaccionar cuando el daño ya está hecho. La ciudadanía tiene derecho al resguardo de sus datos y su privacidad y no solo a que se informe livianamente después de un incidente. Cada registro ignorado o cada log sin revisar es, en realidad, una decisión sobre cuánto valoran las instituciones la confianza pública.

Tan importante como proteger los sistemas es cuestionar la cantidad de información que se recolecta. Muchas filtraciones se podrían haber evitado si las organizaciones no hubieran almacenado más datos de los necesarios. Guardar copias indefinidas de documentos, recolectar información sensible “por si acaso” o para generar publicidad, no establecer plazos claros de eliminación, todo esto multiplica los riesgos.

De todas formas, ninguna herramienta sustituye a una cultura de seguridad que ponga a las personas en el centro. Una capacitación en seguridad digital de media hora una vez al año no forma conciencia ni previene errores. Las instituciones necesitan contar con una política de seguridad digital, dotada de equipos profesionales preparados, protocolos claros y un compromiso real desde la dirección hasta el último nivel operativo. A menudo vemos gastos millonarios en sistemas de seguridad, pero la tecnología por sí sola no es suficiente si no se acompaña de procesos claros de prevención, detección y respuesta, y de especialistas capacitados que entiendan que están protegiendo a personas, no solo datos o dispositivos.

Cuando la ley no alcanza

Varios países de América Latina cuentan hoy con leyes de protección de datos personales y autoridades de regulación. Sin embargo, los casos recientes demuestran que lejos de resolverse, esta problemática se vuelve recurrente en nuestra región: tanto empresas como entidades estatales vuelven a tener filtraciones que afectan a millones de personas. El marco regulatorio, aunque necesario, se muestra insuficiente si no existe la capacidad y voluntad de hacerlo cumplir.

Proteger los datos es un deber político y ético. El Estado debe garantizar derechos y construir confianza ciudadana, y las instituciones -públicas y privadas- asumir que detrás de cada registro hay vidas humanas. Mientras nuestra región no entienda que la privacidad es parte de la dignidad, seguiremos tratando las filtraciones como simples fallas técnicas, cuando en realidad evidencian la falta de compromiso público con la protección de derechos.