Temática: Seguridad digital

La resiliencia digital del arcoiris

En medio de un mundo convulsionado por la irrupción de la IA, las personas intentan aprovechar los beneficios que estos avances tecnológicos pueden brindar pero, a la vez, buscan lidiar con aquellas consecuencias negativas que ese mismo uso puede traer, y que en ocasiones aún ni podemos identificar. Entre ellos, uno de los problemas que se ha profundizado y mutado es el de la Violencia de Género Facilitada por las Tecnologías (VGFT). Estudios de la ONU, y de personas especialistas en el tema, ya demuestran el impacto diferencial de ciertos procesos tecnológicos sobre determinados sectores sociales, grupos en situación de vulnerabilidad que pagan mucho más caro las amenazas del ámbito digital, entre los que se encuentran las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQA+.

Si bien las tecnologías históricamente han servido como espacio de refugio y red para los colectivos de la diversidad, hoy observamos un estrepitoso auge de los discursos de odio, hipervigilancia, persecución, acoso y violencia digital que sufren a diario estas poblaciones. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan ante este nuevo terreno digital hostil? ¿Qué estrategias construyen las organizaciones latinoamericanas para resguardar al colectivo LGBTIQA+ y aprovechar las tecnologías en su favor?

Resurgimiento de los discursos antiderechos

Antes de poner la lupa sobre el entorno digital, repasemos lo que las renovadas derechas de nuestro continente vienen expresando en relación a los derechos LGBTIQA+. El retorno de Trump a la Casa Blanca vino con una nueva propuesta para la derecha global: la batalla cultural radical contra lo que ellos denominan “agenda woke”. El actual gobierno de EE. UU. cerró todos los programas estatales de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del gobierno federal, destinados principalmente a las minorías, entre otras políticas sustanciales.

Para los nuevos -viejos- paladines de los valores morales y la familia tradicional, la educación sexual en las escuelas es adoctrinamiento, el cupo laboral trans es un privilegio, el lenguaje inclusivo es una aberración para la lengua. Con esa narrativa justifican el cierre de políticas públicas e instituciones enteras y se pasean por conferencias internacionales con discursos cargados de odio contra personas LGBTIQA+.

Así lo vienen expresando los gobiernos de ultraderecha de Argentina y El Salvador. En el marco del último Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei, vinculó lo que catalogó como “versiones extremas de la ideología de género” con el abuso infantil. Desde que inició su gestión, Argentina está experimentando un rápido retroceso para los derechos de las mujeres y personas LGBTIQA+. Por su parte, pocos días después de asumir el poder, Nayib Bukele eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, y en su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de 2024, dijo: “Es importante que la currícula no lleve ideología de género”.

Sin embargo, estos escenarios regresivos no se circunscriben a países con gobiernos autoritarios de derecha. Según el Instituto Raza & Igualdad, el asesinato de personas por su orientación sexual o identidad de género es una realidad en Latinoamérica, al punto que la región se ubica como la más peligrosa en el mundo para personas trans. En ese contexto, Brasil, México y Colombia, gobernados por coaliciones progresistas y de izquierda, son los países con mayor número de casos, según el Trans Murder Monitoring. Por ejemplo, la regional América Latina y Caribe de ILGA determinó en un informe que en Brasil se asesina a una persona LGBTIQA+ cada 34 horas.

Entre las tendencias del informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se señala que, durante el año pasado, “los desafíos particulares que enfrentan las personas y grupos que padecen discriminación histórica y sistemática se intensificaron”. En particular, registran un aumento de discursos de odio, desinformación y cuestionamiento de los derechos de las personas LGBTIQA+ y mujeres, entre otros sectores sociales.

Narrativas digitales de odio

Las personas LGBTIQA+ en América Latina enfrentan diversas problemáticas en el entorno digital, que van desde la violencia en línea hasta la vulneración de datos personales, pasando por otras modalidades que configuran un escenario hostil, en lo que históricamente ha sido un espacio de red y refugio para esta comunidad.

Antes de repasarlas, hablemos de la brecha digital de géneros. Según la lista elaborada por la Internet Society sobre las tarifas de internet móvil, ocho de los diez países con los precios más elevados están en América. Más allá del costo del servicio, nuestra región cuenta con amplios territorios rurales o semiurbanos, donde se carece de energía eléctrica, así como del equipamiento de banda ancha necesarios para lograr cobertura de red. El reporte de ILGA “Acceder a la conexión: cerrando la brecha digital de las comunidades LGBTI en el mundo”, identifica que en América Latina la falta de infraestructura de red afecta especialmente a las personas LGBTIQA+, muchas de las cuales también se ven marginadas por su raza y/o condición de pertenencia a la población indígena.

La violencia digital contra las personas LGBTIQA+ viene en aumento en redes sociales como X, Facebook y YouTube, según la investigación de ILGA. Además, señala que este colectivo es más vulnerable a sufrir daños en línea que sus pares heterosexuales y cisgénero. Pero, ¿qué hacen las plataformas para regular estas agresiones y promover mayor inclusión y seguridad? Hacen poco o nada; e, incluso, en sintonía con la agenda conservadora global, permiten que estos comportamientos violentos se extiendan.

Tras los anuncios de Zuckerberg a inicios de 2025, los usuarios de las plataformas de Meta pueden denominar a personas gays o trans como “enfermos mentales”, sin restricciones. Una investigación brasilera demuestra que las personas usuarias de TikTok que se identifican como no binarias se han visto especialmente afectadas por la aplicación de las normas de las plataformas en América Latina. Las políticas de contenido y los términos de servicio tienen un impacto diferencial en su privacidad, autonomía, libertad de expresión y derechos sociales, económicos y reproductivos. Por otra parte, las principales conclusiones del “Índice de seguridad en las redes sociales” de este año, indican que las recientes revocaciones de las políticas contra el discurso de odio en Meta y YouTube representan graves amenazas para la seguridad de las personas LGBTIQA+; y que las plataformas suprimen desproporcionadamente el contenido de los colectivos de la diversidad mediante la eliminación, la desmonetización y el shadowbanning.

Para completar el diagnóstico, es importante destacar que esta población también sufre de manera desproporcionada la persecución e hipervigilancia digital, también conocida como “vigilancia queer”. Hoy es difícil que la huella digital contemple el anonimato de las y los internautas, lo que expone aún más a las comunidades LGBTIQA+ en relación con su privacidad y datos personales en la interacción digital. Los perfilamientos en redes sociales a partir de la identidad de género, no sólo se utilizan con fines comerciales y publicitarios, sino que también pueden ser una herramienta de los Estados para la vigilancia y criminalización de determinados grupos sociales.

Internet pintada con todos los colores

Si bien las personas y colectivos LGBTIQA+ reconocen estas problemáticas y sus impactos negativos, no están dispuestas a abandonar internet, sino más bien adaptarse a los tiempos que corren y construir la resiliencia digital que el contexto requiere. En la actualidad, tanto organizaciones feministas y de la diversidad, como colectivos por los Derechos Humanos en internet, se articulan y trabajan para crear espacios y herramientas que acompañen a estas comunidades a transitar de manera más justa, inclusiva y segura el ecosistema digital.

Derechos Digitales publicó una investigación que documenta la labor de tres líneas de ayuda en materia de seguridad digital operando en América Latina: el Centro S.O.S Digital de Fundación InternetBolivia.org en Bolivia, Maria d’Ajuda de Marialab en Brasil y Navegando Libres por la Red de Taller Comunicación Mujer en Ecuador. Además, a través de los Fondos que brinda la organización, se fomentan iniciativas que buscan generar resiliencia digital en los colectivos feministas y LGBTIQA+ de nuestra región, como por ejemplo un proyecto desarrollado por LatFem basado en cuidados digitales para ejercer más y mejor periodismo feminista.

Existen también plataformas digitales destinadas a documentar y archivar la historia de las diversidades, como son el Recursero Trans y el Archivo Trans de Argentina, el Colectivo Pedrina de El Salvador, el Archivo de la Memoria Transmasculina de México, y el Archivo de la Memoria Marica del Perú, así como varios proyectos de registro que fomenta el área LGBT+ de Wikimedia en plataformas abiertas. Asimismo, proliferan los medios de comunicación digitales con perspectiva feminista que prestan especial atención a la actualidad y agenda de la diversidad. Entre ellos podemos mencionar a la agencia Presentes, GenderIT.org, Volcánicas, Portal Catarinas, Wambra, Muy Waso y Altavoz LGBT+.

Con el fin de fomentar la seguridad digital de las personas y activistas LGBTIQA+, varios colectivos impulsan guías y recomendaciones: Libres y Segures de TEDIC en Paraguay, Guía de Defensa Contra la Violencia Digital de R3D e Impunidad Cero en México, y Nos Mantenemos Seguros: Guía de Seguridad Digital LGBTQ de GLAAD. Además, en la región se construyen plataformas que permiten realizar estadísticas, cifras y mapeos sobre la violencia digital contra personas de estas comunidades, como Sin Violencia, El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ de ILGA LAC, o el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género de MOVILH Chile.

Una red inclusiva y diversa es posible

Las experiencias e iniciativas dan cuenta de una actividad dinámica y esperanzadora en lo que podríamos llamar la resiliencia digital del arcoiris. Valores históricos de la comunidad LGBTIQA+ como la solidaridad, el autocuidado colectivo, la red y la empatía, se ponen en juego también en la esfera de internet. Si bien podemos observar un giro hacia la privacidad que parece contrario a la disputa de visibilidad del movimiento, lo cierto es que las estrategias de privacidad resultan, en este contexto, una de las pocas herramientas con las que cuentan para evitar el expolio de los datos personales, y la conformación de perfiles de internautas, que implica también riesgos de vigilancia y control por fuerzas de seguridad estatales y grupos extremistas.

Pero está claro que sólo con los esfuerzos de la sociedad civil no alcanza. Se necesitan marcos regulatorios a nivel global, regional y nacional, que protejan a estos grupos en situación de vulnerabilidad y erradiquen la violencia de género digital. Los sesgos de los algoritmos y la IA se alimenta de discriminaciones y estereotipos históricos contra las minorías. Precisamos de enfoques interseccionales para abordar estos peligros, y compromisos concretos de las compañías de tecnologías para que internet vuelva a ser un espacio de fomento de los Derechos Humanos, y no todo lo contrario.

Muchas personas y activistas LGBTIQA+ abandonan las redes, o disminuyen su interacción en línea, por miedo. Es imprescindible el fomento de políticas públicas y reglas claras y transparentes para el funcionamiento de las plataformas, para que todas las personas, sin importar su identidad de género, puedan sentirse seguras en la red. Porque no volveremos al closet nunca más, ni en las calles, ni en internet.

Datos, privacidad y nuestra huella digital

Tuve la suerte de experimentar con computadoras desde niño en la década de 1980. En esa época la información se guardaba en disquetes, primero los de 5 ¼, luego los de 3 ½. El disquete de mayor capacidad no podría almacenar una sola foto de la que tomamos hoy en día con un teléfono móvil. Sin embargo, en ellos guardábamos videojuegos -lo que más me gustaba en esa época-, archivos de texto y hojas de cálculo. Si bien era poca la información que estos dispositivos almacenaban, las personas eran muy conscientes de su importancia y era común tener varias copias de un documento en distintos disquetes. Con el tiempo, la capacidad de almacenamiento se incrementó y las computadoras personales empezaron a traer discos duros donde se podía guardar mucha más información. Eso sí, era importante respaldarla en disquetes porque la computadora podía dañarse con virus o con alguna descarga eléctrica.

Ya en los 90 se popularizaron los discos compactos (CD por sus siglas en inglés), primero para música y luego para software más complejo que podía almacenar mucha más información. La capacidad de un solo CD era equivalente a la de, aproximadamente, 484 disquetes y la disponibilidad de espacio facilitó la popularización, entre las personas usuarias de ese entonces, de la grabación de multimedia, como música, fotos y videos. Durante esa época, algunas personas tuvimos la suerte de conectarnos a internet, a través de la telefonía fija de las casas utilizando el sistema de dial-up. Si bien las conexiones eran muy lentas, y el contenido multimedia limitado, algo importante empezó a cambiar en relación a la gestión de nuestra información y todavía no teníamos noción de esto: nuestros datos se comenzaban a guardar de manera remota.

En sus inicios, utilizábamos internet para aprender, investigar y comunicarnos. El correo electrónico era la principal forma de comunicación y, a finales de los 90, si no tenías un correo de Hotmail, era de Yahoo, aunque había otros también. Sin embargo, lo que tenían en común esos sistemas era que su capacidad de almacenamiento era limitada y los buzones de correo se llenaban rápidamente, por lo que había que vaciarlos y respaldar localmente la información que considerábamos importante. Esto empezó a cambiar en 2004, cuando Google creó Gmail con una capacidad extraordinaria para el guardado comparado con el resto de proveedores de correo de la época: 1GB o el equivalente a 710 disquetes de 3 ½ . En pocos años, Gmail se convirtió en uno de los proveedores más populares y borrar correos electrónicos en algo del pasado. La capacidad de almacenamiento creció de manera similar del tamaño de los archivos multimedia que hoy son tan populares.

Con la popularización de los teléfonos inteligentes, pude vivir otra gran transformación: la integración directa entre mi información –como contactos, fotos, documentos y otros – y los servidores de las gigantes tecnológicas como Apple y Google. Esta costumbre de guardar la información en línea en servidores remotos fue adoptada por otras empresas y es lo que actualmente conocemos como “la nube”.

Durante los cerca de 40 años que llevo siendo usuario de la informática pude presenciar la transición del almacenamiento de forma local a remota. Cuando la información se guardaba de forma local sabíamos dónde estaba y éramos responsables de su cuidado. Cuando apareció la nube, cedimos esta información a terceros que guardan nuestros datos bajo criterios de acceso y respaldo que no siempre conocemos.

Somos datos, ¿dónde estamos?

Somos nuestros contactos, “dime con quién andas y te diré quién eres”. Somos nuestros chats, correos, fotos y videos que describen nuestra vida personal y profesional. Somos el lugar y la hora donde nos encontramos, lo que buscamos, lo que leemos, los likes que damos y los likes que no damos. Somos los documentos de texto, las hojas de cálculo y las presentaciones que hacemos. Somos las conversaciones que tenemos con la inteligencia artificial y muchos datos más.

Todos ellos se encuentran en la nube –lo que coloquialmente conocemos como la computadora de alguien más-. Google sabe lo que buscamos, nuestros correos electrónicos, ubicación, los documentos que escribimos y con quién colaboramos. Meta conoce nuestras interacciones sociales a través de plataformas como Facebook, Instagram o WhatsApp. Aquí citamos sólo dos ejemplos, pero vale la pena preguntarnos: ¿por qué estas empresas ofrecen tanto espacio para almacenar nuestra información de forma gratuita? Si para nosotras hay una ventaja clara en no depender de dispositivos frágiles o limitados, ¿qué beneficios obtienen ellas? ¿Cuál es el costo real de esta inesperada gentileza?

Hoy sabemos que estas empresas nos regalan espacio de almacenamiento porque esos datos les dan poder. Empresas como Google y Meta nos dan servicios “gratuitos” a cambio de nuestros datos, que luego utilizan para vender publicidad dirigida o generar nuevos productos que luego serán explorados económicamente. Desde hace algunos años estamos viviendo el boom de la inteligencia artificial, en particular de los modelos largos de lenguaje. ¿Nos hemos preguntado por qué aplicaciones como Gemini y ChatGPT saben lo que saben? Es muy probable que las hayamos estado entrenando con nuestros datos sin un consentimiento explícito.

Pero el uso comercial de nuestros datos por las gigantes de tecnología no es el único riesgo del modelo de almacenamiento en nube a nuestra privacidad. En 2013, Edward Snowden filtró documentos de inteligencia de EE. UU. que revelaron cómo este país y sus aliados utilizan la infraestructura de empresas como Google, Meta, Microsoft y Yahoo, entre otras, para espiar a sus usuarios. Ya pasaron 12 años desde estas filtraciones y si bien se han incorporado algunas protecciones adicionales a la información que circula en internet, lo más probable es que los datos almacenados en la nube sigan siendo espiados. Es más: es plausible pensar que el modelo se replica en otros contextos y la información almacenada en Tik Tok, Alibaba o Temu también sean accesibles por agencias del gobierno chino.

El éxito del modelo depende de las facilidades que puedan ofrecer en un contexto de abundancia (por no decir exceso) de información, versus la dificultad de tener mayor control. Pensemos en las fotografías que tomamos en nuestros teléfonos móviles. Por defecto, cuando se toma una fotografía, esta se sube a la nube de Google o a la de Apple. Personalmente, no quiero que mis momentos personales queden almacenados en una nube a la cual tienen acceso agencias de inteligencia de diferentes países del mundo. Es verdad que tanto Android como Apple permiten desactivar la característica de sincronizar nuestras fotos. ¿Pero qué pasa con las fotos donde aparezco, que fueron tomadas desde el celular de otra persona? ¿Mi exposición personal queda entonces dependiente de la consciencia de una persona desconocida?

¿Qué podemos hacer?

Existen datos sobre los que podemos tener control de forma individual, otros que podemos controlar de forma colectiva y otros sobre los que no tenemos control directo. Para proteger nuestra privacidad, podemos pensar en almacenar la información privada de manera local. Si pensamos en un documento de texto, podemos utilizar herramientas como LibreOffice en lugar de Office 365 o Google Docs, que están conectados a las nubes de sus proveedoras. Si pensamos en fotos tomadas en nuestro teléfono, podemos desactivar la sincronización de las mismas, tanto en Android como iPhone.

Sí, gran parte de las buenas prácticas en gestión de información personal actualmente requieren resistir a las supuestas facilidades ofrecidas por los servicios dominantes y cambiar prácticas para lograr recuperar nuestra autonomía. Al almacenar la información de manera local, ganamos en privacidad, pero puede ser que, al menos al inicio, perdamos en conveniencia.

Podemos experimentar vivir la digitalización de otras formas. Por ejemplo, para respaldar las fotos y otros documentos de un teléfono, podemos utilizar el cable de datos para transferir la información a nuestra computadora y de la computadora podemos usar un disco duro externo para respaldar nuestros datos. También se puede acceder a soluciones más sofisticadas utilizando herramientas libres como Syncthing o mediante un servidor de archivos.

También podemos utilizar aplicaciones cifradas como Signal. Si queremos compartir más documentos, podríamos buscar nubes en las que confiemos o incluso utilizar nubes en las que no confiamos pero cifrar nuestros documentos con herramientas como Veracrypt.

En organizaciones o comunidades donde se cuenta con determinados recursos, se puede utilizar infraestructura propia y autónoma con herramientas de software libre. En el caso de Derechos Digitales, compartimos nuestros documentos a través de una instancia propia de Nextcloud, los redactamos utilizando OnlyOffice o a través de pads. Nuestras conversaciones suceden a través de nuestra propia plataforma de chat cifrada y autónoma. En el caso de los correos, si bien no controlamos nuestro servidor, sí estamos en la capacidad de cifrar correos sensibles utilizando aplicaciones como Thunderbird.

Tener control sobre el lugar donde se almacena nuestra información o cifrar la información sensible en lugares que no controlamos es una forma de ejercer nuestro derecho a la privacidad. Lamentablemente eso no siempre es una tarea sencilla o posible. Por eso es que seguimos luchando para que cualquier recolección o uso de nuestros datos se haga en base a criterios muy bien establecidos de modo que se garantice el respeto y la protección de nuestros derechos. Y una forma de resguardar nuestra privacidad es defendiendo el cifrado, el anonimato y la privacidad por diseño, intentando alinear nuestra comodidad con el ejercicio de los Derechos Humanos.

Nuestras vidas suceden en el espacio digital y, por tanto, quedan documentadas. Entender dónde se almacenan es el primer paso para poder cuidar nuestros datos y nuestra privacidad. Es fundamental que la ciudadanía tenga una visión crítica de la vida digital y poder explorar alternativas tecnológicas que nos permitan retomar el control sobre nuestra información.

Sandboxes para la IA en países de América Latina y Europa

El uso de sandboxes o areneros regulatorios para inteligencia artificial se ha extendido en Europa y América Latina como espacios de prueba que prometen impulsar la innovación bajo excepciones regulatorias. Sin embargo, la evidencia muestra que su implementación varía según el contexto y no siempre garantiza entornos seguros de aprendizaje. Más preocupante aún es la ausencia de una mirada sobre los derechos humanos, que queda relegada frente a la prioridad de fomentar la innovación. Este informe analiza experiencias recientes y subraya la necesidad de mayor escrutinio, participación ciudadana y adaptación a realidades locales para que estas herramientas no reproduzcan desigualdades ni vulneren derechos fundamentales.

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Infancias en línea: riesgos, regulaciones y desafíos para América Latina

En 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó la estimación de que 1 de cada 3 usuarios de internet en todo el mundo era niño, niña o adolescente. A pesar de que aún existen muchos jóvenes que no tienen un acceso significativo a internet – y de que esto constituye un problema de orden primario -, es posible que hoy, casi una década después, la proporción de personas con menos de 18 años en entornos digitales sea aún mayor. En la realidad latinoamericana, estadísticas de países como Brasil, Argentina y México muestran que niños, niñas y adolescentes no solo pasan cada vez más tiempo conectados, sino que también comienzan a acceder a internet a edades cada vez más tempranas.

El punto sobre el cual UNICEF venía alertando al menos desde 2017 es que la infraestructura y las aplicaciones de internet, en esencia, no fueron diseñadas para este público, ni evolucionaron considerando la etapa de desarrollo físico, cognitivo y psicosocial que atraviesan niños, niñas y adolescentes. A esto se suma la lógica de explotación comercial sobre la cual opera internet desde hace años, muy distante de aquella idea inicial de un espacio libre, abierto y creativo. Estos factores exponen a los más jóvenes a una serie de riesgos online, considerablemente más graves que para los usuarios adultos.

En los últimos meses, la discusión sobre estos temas se intensificó. En el Reino Unido entró en vigor un paquete de medidas regulatorias que coloca en el centro la protección infantil en línea. En Brasil, el debate ganó aún más visibilidad tras una denuncia sobre la “adultización” e hipersexualización de niños y adolescentes en entornos digitales. Ambos episodios muestran cómo la agenda de protección en internet se consolidó como un tema urgente en todo el mundo. Sin embargo, es importante reflexionarlo desde una perspectiva localizada desde el contexto latinoamericano.

Niños y adolescentes están, de hecho, en riesgo en internet

La OCDE clasifica los riesgos a los que están expuestos niños, niñas y adolescentes en internet en cuatro categorías – las “4 C’s”. La primera son los riesgos de exposición a contenido inadecuado, como materiales nocivos, discursos de odio, desinformación u otros contenidos ilegales. Aquí entra, por ejemplo, la exposición a la pornografía, con consecuencias que van desde la erotización precoz hasta el estímulo a la violencia y la reproducción de estigmas de género. También entra el acceso a juegos de azar, un problema creciente en América Latina.

La segunda categoría son los riesgos de conducta, que abarcan aquellos creados por las propias interacciones de los niños en entornos digitales. Pueden manifestarse en comportamientos odiosos o nocivos, como el ciberacoso o la automutilación, muchas veces incentivados por el diseño de las plataformas y la viralización de ciertos contenidos. A comienzos de 2025, por ejemplo, una niña de 8 años murió en Brasil tras inhalar desodorante en aerosol en un reto de TikTok.

El tercer grupo son los riesgos de contacto, cuando niños y adolescentes son expuestos a interacciones dañinas o criminales con terceros adultos. Estos encuentros pueden ir desde situaciones de acoso hasta casos de explotación sexual infantil. Recientemente, en Estados Unidos, la fiscalía de Lousiana demandó a la plataforma de juegos Roblox, muy popular entre el público infantil, por no implementar mecanismos básicos de seguridad, lo que habría permitido que pedófilos se hicieran pasar por niños y entablaran interacciones malintencionadas a través del chat.

La cuarta dimensión son los riesgos de consumo, ligados al perfilado comercial y la inducción de gastos, parte estructural del modelo de negocio de las grandes plataformas digitales. Niños y adolescentes, en proceso de desarrollo, carecen hasta cierta edad de herramientas para distinguir publicidad de contenido orgánico. Incluso siendo ya un poco más viejos, no cuentan con recursos suficientes para lidiar con las presiones comerciales. Las prácticas de perfilamiento, como ya denunciaron distintos whistleblowers, han sido utilizadas por plataformas para aprovechar la vulnerabilidad emocional de adolescentes (sobre todo niñas). Entre sus prácticas está la promoción de contenidos que estimulan distorsiones corporales para mantenerlas enganchadas, aun con pleno conocimiento de sus efectos nocivos en la salud mental.

La OCDE señala, además, que existen riesgos transversales, como la pérdida de privacidad, la salud física y mental y los derivados de tecnologías digitales avanzadas o biométricas. Temas como el sharenting, los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial y los impactos del uso excesivo de redes sociales en el sedentarismo juvenil entran en esta categoría. Casos recientes publicados en la prensa, como la denuncia de las ganancias de YouTube con contenidos abusivos sobre niños, muestran cómo estas dimensiones se combinan y retroalimentan.

Es esencial reconocer estos riesgos, así como el hecho de que pueden afectar de manera trágica el desarrollo de una persona en formación. También es importante destacar que no recaen de forma homogénea: estudios comparativos señalan que las plataformas aplican reglas más laxas en países del Sur Global. En América Latina, niños indígenas y afrodescendientes tienen menos acceso tanto a internet como a educación formal, incluida la educación digital. Además, en un contexto en el que las plataformas digitales lucran con la vulneración de derechos, la carga del cuidado recae de forma desproporcionada en las familias y, especialmente, en las madres. En una región con altas tasas de maternidad en solitario y bajos niveles de alfabetización digital, muchas mujeres no cuentan con el tiempo ni con las herramientas necesarias para acompañar la navegación segura de sus hijos, lo que los vuelve aún más vulnerables.

La respuesta regulatoria

No es en vano que, sobre todo en los últimos cinco años, este tema comenzó a recibir creciente atención de reguladores en todo el mundo. En 2020, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU redactó la versión final de su Observación General 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, aprobándola a comienzos de 2021. El documento representó un hito en el derecho internacional de los derechos humanos, al interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 a la luz de los avances tecnológicos, reafirmando que todos los derechos de niños, niñas y adolescentes se extienden también al entorno digital. Conviene recordar que la Convención de 1989 es el tratado internacional más ratificado del mundo, y que instauró la doctrina de la protección integral, reconociendo a todas las personas con menos de 18 años como sujetos de derechos, con autonomía progresiva para su ejercicio, y, por lo tanto, debiendo ser promovidos y protegidos en todos los espacios.

2021 también marcó la aprobación del Age Appropriate Design Code por el ICO del Reino Unido, que estableció estándares de diseño para productos y servicios digitales destinados o con alta probabilidad de ser utilizados por niños y adolescentes. La iniciativa inspiró en los años siguientes diversas medidas por parte de autoridades de protección de datos, especialmente en Europa, como en Suecia e Irlanda. El Digital Services Act (DSA), aprobado en 2023 en la Unión Europea, también tiene reglas específicas para el grupo, señalando el principio de su mejor interés para el desarrollo de servicios digitales y reglas diferenciadas para el tratamiento de sus datos.

En 2024, Australia aprobó una ley inédita que prohíbe el acceso de personas con menos de 16 años a redes sociales y la Unión Africana adoptó directrices para la protección en línea de niños, niñas y adolescentes. La discusión también ganó fuerza en los Estados Unidos, donde ya recibió media sanción el Kids Online Safety Act (KOSA), aunque bajo apoyo desde argumentos problemáticos de políticos conservadores, como la protección de niños a “contenidos LGBT”. En 2025, nuevamente el Reino Unido, esta vez a través de la Ofcom, publicó una serie de directrices condensadas en los ya mencionados Protection of Children Codes and Guidance.

Estas iniciativas también resonaron en América Latina. En julio de 2025, Colombia aprobó la Ley 2489, “por medio de la cual se establecen disposiciones para el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes del país”. En Brasil, desde 2022 se debate en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley nº 2628, que también establece reglas específicas para la protección de los más jóvenes en internet. El texto fue aprobado en el Senado a finales de 2024 y recién aprobado también en la Cámara de los Diputados, en agosto de 2025. Ahora vuelve al Senado para aprobación final, incluyendo dispositivos como la prohibición del uso de datos de personas con menos de 18 años para publicidad comportamental, además de previsiones sobre supervisión parental, vedación de acceso a contenidos dañinos y rendición de cuentas por parte de las aplicaciones digitales. Su tramitación recobró fuerza en agosto de este año, tras la referida denuncia del influencer Felca digital sobre la adultización e hipersexualización de niños y adolescentes en internet.

Un punto común de estas iniciativas regulatorias es establecer reglas diferenciadas para el uso de entornos digitales por parte de niños y adolescentes, ya sea en relación con los contenidos a los que pueden (o no) acceder, o en relación con prácticas de diseño y extracción de datos. Para que esa diferenciación ocurra en la práctica, gobiernos y empresas que proveen servicios digitales señalan que es necesario poder identificar quiénes son las personas con menos de 18 años en internet. En este contexto, aun cuando no aparezcan de forma explícita en todas las normativas recientes, la implementación de mecanismos de verificación de edad ha pasado a ser considerada una puerta de entrada esencial para la defensa de la infancia.

Informes de autoridades y análisis recientes hablan de una “ola global” de sistemas de verificación de edad en toda internet, donde la protección de la infancia se presenta como justificación para extender controles de identidad a todos los usuarios, incluso en aplicaciones que no son consideradas de alto riesgo. Esta tendencia recuerda al debate de la última década que oponía la defensa de la criptografía fuerte al combate contra la circulación de material de abuso sexual infantil, dividiendo en grupos opuestos, de manera simplista, a defensores de la privacidad y defensores de la infancia.

Más allá de soluciones fáciles

Esa falsa oposición plantea trampas que empobrecen el debate y dificultan la búsqueda de soluciones. Tiene, al menos, dos problemas centrales. El primero es no reconocer que niños y adolescentes, como sujetos de derechos, también tienen derecho a la privacidad y deben poder ejercerlo en el marco de su autonomía progresiva. Si pensamos en quienes viven en contextos familiares o comunitarios represivos, buscando información sobre su sexualidad o identidad de género, por ejemplo, este derecho se vuelve aún más importante.

Extender mecanismos de verificación de edad de manera indiscriminada altera la estructura de internet y puede afectar también a las propias infancias. No se trata de sacrificar las características fundamentales de la red como el acceso abierto y el anonimato relativo en nombre de su protección, porque ellas también se benefician de estas condiciones. El desafío es matizar el debate y reconocer las tensiones en juego, incluyendo en las discusiones regulatorias también agentes técnicos que puedan apoyar a desarrollar estos matices.

El segundo problema es desconsiderar que las tecnologías operan dentro de entramados sociotécnicos complejos. Así como no son, de manera aislada, la raíz de los riesgos que enfrentan niños y adolescentes, tampoco serán, de manera aislada, la solución.

Debemos discutir seriamente temas como la cultura de la violación y la ausencia de educación sexual en las escuelas, y cómo estas problemáticas atraviesan desigualdades de género y raza. En América Latina, entre 2018 y 2022, casi 490.000 niñas con menos de 18 años fueron víctimas de delitos contra su dignidad sexual, un dato que evidencia la urgencia de ese debate. Además, es necesario debatir el modelo económico que sostiene internet: el capitalismo de vigilancia. Un sistema nocivo para todos los usuarios, pero que impacta de manera particularmente severa a niños, niñas y adolescentes.

Estamos en un potencial punto de inflexión en la forma en que se estructura la internet y circulan sus usuarios. El debate sobre la protección de las infancias es indispensable, pero no puede reducirse a fórmulas simplistas ni a la falsa oposición entre privacidad y seguridad. América Latina no debe importar soluciones regulatorias prefabricadas sin crítica, sino comprometerse en un proyecto político y social que coloque a niños, niñas y adolescentes en toda su diversidad en el centro de un futuro digital verdaderamente justo.

Privacidad en la mensajería: ¿cómo asegurarse de eliminar mensajes ante el riesgo de intrusión?

En la actualidad, más de 3 mil millones de personas usan activamente aplicaciones de mensajería en todo el mundo, y las cifran van en aumento. Si bien existe una gran variedad de alternativas con distintas características y funciones, la mayoría comparte elementos en común. Su popularidad varía geográficamente por regiones y también por países. A continuación, analizamos tres de las más relevantes: Signal, WhatsApp y Telegram.

Antecedentes: de la ausencia de privacidad hacia «alguna» privacidad

Más allá de su popularidad, las preocupaciones con la privacidad de las aplicaciones de mensajería –y las respuestas a tales preocupaciones– se han ido incrementando a lo largo del tiempo. Las revelaciones de Edward Snowden sobre vigilancia masiva son un hito clave en esta breve historia, una vez que ayudaron a popularizar el cifrado y otras medidas de protección como estándar.

En este contexto, y como fusión de los proyectos TextSecure y RedPhone, en 2014 nace Signal. El espíritu de esta nueva herramienta se centraba en proteger la privacidad de las comunicaciones, y en ese esfuerzo introdujeron el esquema de seguridad de cifrado de extremo a extremo. Si bien esta aplicación está delimitada por su uso en pequeños nichos o determinadas regiones del mundo (incluso al día de hoy muchas personas la desconocen), ella fue crucial para la introducción de un sistema de protección similar en WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular en América Latina. Ante la creciente demanda por resguardar los intercambios de mensajes, la empresa más pujante del rubro tuvo la necesidad de aplicar un mecanismo de cifrado a la altura de las necesidades para no quedar obsoleta. Por ello, en 2016 WhatsApp integra el protocolo Signal para el cifrado de extremo a extremo por defecto para todas las personas usuarias.

Por su parte, Telegram, creada en 2013, no posee este esquema de cifrado de extremo a extremo por defecto en sus conversaciones, solo lo utiliza para los chats secretos. Esta plataforma aplica por defecto el cifrado entre cliente-servidor, lo que significa que, si bien los mensajes viajan cifrados, pueden ser legibles por la empresa o quien tenga acceso a sus servidores. En este sentido, el uso de canales comunes en Telegram es desaconsejado desde un punto de vista de protección de la privacidad.

Desafíos que persisten

El cifrado de extremo a extremo busca dar cuenta de la privacidad de las comunicaciones en tránsito, o sea, de cómo se protegen en el camino de un origen a un destino. Pero, ¿cómo garantizar la privacidad de las comunicaciones en aplicaciones de mensajería ante una intrusión física en el dispositivo?

La pregunta es válida para situaciones simples de extravío o pérdida, pero también en contextos de intervención policial o de intrusión a dispositivos por medio de software diseñado para eso. Ante el reporte de situaciones de abuso en tales acciones en la región y su riesgo para el ejercicio de Derechos Humanos, es fundamental conocer mecanismos para hacer valer el derecho a la privacidad en el uso de herramientas de mensajería.

Existen una serie de medidas que se pueden aplicar para mitigar estos riesgos, que abordamos anteriormente. Algunas son: utilizar contraseña en el dispositivo, contar con una clave de acceso para la aplicación, configurar el chat para mensajes temporales, entre otras. Presentes desde 2016 en Signal y desde 2020 en WhatsApp, los mensajes temporales pueden resultar una estrategia segura, pero solo funcionarán desde el momento en que el chat haya sido configurado para tal efecto.

Entonces, ante el peligro de intervención de un equipo, ¿cómo asegurarnos de que no puedan acceder a las conversaciones o, al menos, a algunas de ellas? La respuesta es simple, pero su implementación no tanto: eliminando esos mensajes. Si estuviéramos hablando de una carta que podemos destruir físicamente quizás la recomendación fuera obvia, pero en dispositivos digitales surge la legítima duda: ¿existe la posibilidad de recuperar un mensaje eliminado? Sí, bajo ciertas circunstancias se pueden restablecer conversaciones eliminadas. De ahí la necesidad de abordar algunos aspectos técnicos para garantizar que el ejercicio del derecho a la privacidad, en este caso, sea más efectivo.

WhatsApp: cómo eliminar mensajes de forma definitiva

Actualmente, existen dos formas de recuperar los chats eliminados: la recuperación de los respaldos en línea por un lado, y la copia de seguridad local de la aplicación, por el otro.

Una instalación típica de WhatsApp ofrece la opción de configurar un respaldo en línea utilizando Google Drive, para usuarios Android, o iCloud, en el caso de Iphone. Los respaldos de Android en Google Drive son únicos y se sobrescriben, es decir, no existen versiones históricas de los archivos. Si se desea que los mensajes no se puedan restablecer, es necesario eliminar el archivo en cuestión desde Google Drive.

En el caso de Android se debe acceder a la cuenta en Google Drive, ir al apartado “Almacenamiento” y luego a “Copias de seguridad”. Ahí se encuentra el archivo de respaldo de la cuenta de WhatsApp identificado por el número telefónico. Si se desea que los mensajes no se puedan recuperar, se debe eliminar el archivo en cuestión. Es fundamental asegurarse de que el archivo eliminado no quede en la papelera de reciclaje; de ser así, también debe borrarse desde allí.

Además del respaldo en línea, WhatsApp utiliza copias de seguridad locales para posibles restauraciones. El esquema de respaldo local es incremental, es decir utiliza varios archivos para guardar el historial de las conversaciones de forma periódica. Las copias pueden ser encontradas en una carpeta cifrada ubicada en “Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Databases”. Dentro de este directorio encontraremos una serie de archivos cuya nomenclatura es “msgstore.db.crypt14*”. Para eliminar estos archivos de respaldo locales, y que estos no puedan ser recuperables, se debe usar una herramienta de borrado seguro como iShredder o bien conectar el dispositivo al computador y utilizar herramientas como Shred, disponible en la mayoría de las distribuciones GNU/Linux, Eraser para Windows o srm para macOS.

Cabe mencionar que todos estos procedimientos explicados solo aplican al dispositivo donde se ejecute el proceso. Es decir, si la otra persona a quien se dirigen los mensajes no los elimina, seguirá teniendo acceso a los mismos y permanecerán disponibles para terceros en el caso de una extracción o intrusión al dispositivo. También es necesario prestar atención a los mensajes temporales, cuya duración puede ser de 1, 7 o 90 días, pues, según explica WhatsApp, si crea una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, este se incluirá en la copia de seguridad.

Eliminar mensajes de WhatsApp definitivamente requiere de al menos esos tres pasos e implementarlos o no depende de la percepción de riesgo que pueda tener cada persona de estar sujeta a una intrusión indebida a sus comunicaciones personales. Aún así, como se ve, hay fragilidades que son intrínsecas al uso de este tipo de aplicaciones y la confianza en la empresa por detrás de la aplicación y en las terceras personas con quienes compartimos nuestras informaciones.

Borrar mensajes, resguardar derechos

Aunque pueda resultar una tarea compleja, y que requiere de varios pasos a seguir, la posibilidad de borrar mensajes de manera segura es una acción concreta hacia una mayor autonomía digital y una defensa efectiva de nuestros derechos. Así como en la vida real, es necesario que los entornos digitales nos provean de herramientas que nos permitan resguardar nuestro derecho a la privacidad en línea y que están accesibles para todas las personas.

Desde Derechos Digitales, sostenemos que la privacidad de las comunicaciones no es un lujo ni una cuestión meramente técnica: es una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión, la organización social y la defensa de los Derechos Humanos. En América Latina, donde diversos Estados han desplegado prácticas de vigilancia sin control ciudadano ni garantías adecuadas, proteger nuestras comunicaciones digitales se vuelve urgente.

El desafío de construir el futuro de los derechos humanos

La historia de Derechos Digitales comenzó hace dos décadas apostando a una idea común: que las tecnologías permitirían democratizar el ejercicio de un conjunto de derechos humanos de los cuales buena parte de nuestras poblaciones se veían excluidas. En particular, los derechos a acceder y compartir libremente contenidos artísticos, culturales y científico-académicos, así como noticias y opiniones sobre una amplia variedad de temas. Iniciamos nuestro activismo luchando por garantías a estas libertades en el ámbito tecnológico: que no se impusieran barreras técnicas ni jurídicas al acceso. Al contrario, que los nuevos marcos protegieran y desarrollaran nuestros derechos digitales.

Si bien nuestros orígenes se enmarcan más de una década después de que la apertura democrática en la mayoría de los países del Cono Sur abriera espacio a las primeras iniciativas sociales similares, construimos nuestro trabajo a partir de sus luchas y logros, y de las reflexiones y avances de movimientos iniciados años antes. No partimos desde cero, sino desde un mapa que ya mostraba zonas de conflicto, alianzas posibles y caminos por ensayar.

Una historia construida sobre sueños de libertad

Nuestra relación más obvia, al haber sido responsables de la adaptación y difusión de las licencias Creative Commons a Chile, es con el movimiento de “cultura libre”: con el que compartimos la resistencia al avance desenfrenado de la propiedad intelectual como mecanismo para controlar la circulación de contenidos digitales y proteger antiguos monopolios culturales y mediáticos. Sin embargo, este también nace con fuerte inspiración en dos movimientos previos: el que se construye alrededor del software libre, y aquel que se origina de las disputas por el acceso libre al conocimiento, en particular el acceso a la literatura científica.

El primer texto de nuestra actual página web, con fecha de 5 de mayo de 2005 refleja esta vinculación fundante. Su título: “¿Qué es el software libre?”. Su conclusión:

“Considerando las políticas de licenciamiento impuestas por soluciones propietarias, las que suelen socavar las libertades ciudadanas, los beneficios que reporta el trabajo colaborativo y el aliciente para el desarrollo nacional, y los costes asociados a la implementación de soluciones informáticas de código abierto, Derechos Digitales manifiesta su decidida opción por el software libre u open source”.

Otro ejemplo del mismo mes, que apunta al vínculo con movimientos más tradicionales de derechos humanos, es el texto de Daniel Álvarez Valenzuela, fundador y entonces director de Derechos Digitales. Según él, internet podría “conferir a los ciudadanos ‘de a pie’ las mismas posibilidades de ejercer su derecho a la libertad de expresión que los grandes grupos económicos”.

Así, al argumentar sobre cómo la propiedad intelectual representaba una “mordaza” a la libertad de expresión, Álvarez recupera las reivindicaciones del fuerte activismo por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en América Latina. Movimientos responsables por denunciar la censura estatal y cuestionar el monopolio económico de los medios de comunicación en nuestra región.

Nuestros primeros textos reflejan otras relaciones con temáticas de interés de distintos grupos: transparencia y acceso a la información, acceso a la justicia, protección de datos, entre otras. Si bien esas referencias ampliaban el marco conceptual desde el cual abordábamos lo digital, nuestras alianzas y formas de trabajo siguieron, durante bastante tiempo, ligadas sobre todo a comunidades técnicas y jurídicas. Así, por mucho tiempo nuestro trabajo se enmarcó en un nicho dentro del amplio espectro del activismo en derechos humanos.

Promesas secuestradas

En 20 años de actuación, maduramos nuestra concepción sobre estas bases, siempre buscando proteger el ejercicio de derechos facilitado por las tecnologías de intentos de captura, criminalización y vigilancia. Pero lo que antes tomaba la forma de una discusión técnica, jurídica y delimitada a un ambiente digital accesible a una pequeña élite regional, hoy está en el centro de las preocupaciones cotidianas de un sinnúmero de personas afectadas de diferentes formas por las tecnologías digitales.

Primero porque el acceso a internet se ha incrementado significativamente en la región, aunque de manera desigual y a menudo en condiciones precarias. Las brechas no son solo de infraestructura, sino también de calidad, asequibilidad y autonomía. Muchas conexiones son lentas, inestables o costosas, y buena parte del acceso ocurre exclusivamente vía móvil, con planes que restringen contenidos y vulneran el principio de neutralidad de la red. Además, persiste una desigualdad profunda en el acceso a dispositivos adecuados y en las competencias necesarias para usar internet de forma segura, crítica y orientada al ejercicio de derechos. La desconexión ya no es el único problema: también lo es una conectividad limitada, subordinada y sin garantías.

Segundo porque ya no es necesario “estar” en internet para sentir los efectos de la digitalización que –a pesar de la eterna promesa de eficiencia– parece haber traído más riesgos que ventajas. La digitalización atraviesa hoy el acceso a servicios esenciales como salud, educación o justicia, sin que existan garantías adecuadas para todas las personas. Estas transformaciones, impulsadas muchas veces por actores privados sin transparencia ni control democrático, o embelesadas por la promesa de la inteligencia artificial, terminan agravando desigualdades y generando nuevas formas de exclusión. Si antes una preocupación central era con el filtrado de datos y la ciberseguridad, a ella se suman también las consecuencias tangibles de los mismos, la violencia y la manipulación del debate público digital a nuestras vidas y sociedades. Ya no hablamos solo de acceso a información, sino de la posibilidad misma de participar en la esfera pública sin ser invisibilizadas, acosadas o manipuladas.

Tercero, porque nuestros cuerpos son capturados y transformados en rastros digitales explotables para distintos fines ajenos a nuestra voluntad, a medida que las tecnologías digitales se aplican para mediar nuestro acceso a espacios y derechos. La expansión de sistemas de identificación biométrica, el monitoreo de actividades y el análisis predictivo han convertido nuestra vida en datos a explotar y nuestras huellas digitales en materia prima para el control social, la discriminación automatizada y la extracción de valor. Lo que alguna vez se entendió como mediación tecnológica, hoy opera como filtro, barrera o condición de acceso a la vida en sociedad.

Las promesas de apertura, descentralización y acceso que inspiraron el nacimiento del campo han sido sistemáticamente desplazadas por dinámicas de concentración, extracción y control que definen las infraestructuras digitales contemporáneas.

En estas condiciones, el entorno digital ya no parece un espacio naturalmente propicio para el ejercicio de derechos. Lo que comenzó como un terreno fértil para imaginar nuevas libertades, hoy plantea desafíos más urgentes, más desiguales, más difíciles de revertir. Pero si algo hemos aprendido en estos veinte años, es que el conflicto no clausura la posibilidad, sino que nos obliga a repensar nuestro trabajo.

Por el derecho a soñar

A pesar de estos patentes cambios y de un contexto geopolítico internacional refractario a las narrativas de derechos humanos, hoy más que nunca nos parece central reivindicar nuestra misión. No como una consigna repetida, sino como una tarea que se redefine constantemente frente a amenazas más sofisticadas, actores más poderosos y exclusiones más profundas. El escenario que enfrentamos es a menudo hostil, pero también más disputado: cada vez hay más fisuras que visibilizan una diversidad de voces que reclaman por justicia. Voces que requieren ambientes seguros para seguir manifestándose y entornos habilitantes, incluso a nivel digital.

A 20 años de nuestra fundación, seguimos apostando en el software libre para garantizar libertad, autonomía y protección. Mantenemos nuestra convicción en la necesidad de democratizar las comunicaciones y romper con los monopolios que se actualizan cada día a costa de la libertad de nuestras comunidades. Confiamos, más que nunca, en que los derechos humanos son una herramienta viva para enfrentar las crisis del presente y construir el futuro.

Los próximos años exigirán más que resistencia: necesitaremos nuevas alianzas, nuevas formas de incidencia y una comprensión más amplia de qué significa hoy defender derechos en entornos digitales. Necesitaremos resiliencia y solidaridad. Desde los márgenes donde trabajamos como sociedad civil latinoamericana y en toda la región, sabemos que no basta con reaccionar, sino que debemos proponer el futuro que queremos. Este seguirá siendo nuestro lugar.

Cuando la ciberseguridad es cooptada por la inteligencia estatal

La ciberseguridad se ha consolidado como un tema primordial para los Estados latinoamericanos en los últimos años. Entre la creciente digitalización y las amenazas cibernéticas, se ha impulsado la formulación de estrategias nacionales y otras políticas públicas que establecen tanto los objetivos de los gobiernos en la materia, como, en muchos casos, las entidades responsables de su implementación. En ese contexto, y como señalamos en una reciente publicación, es fundamental abordar a las políticas de ciberseguridad desde enfoques basados en derechos humanos que coloquen a las personas al centro de las acciones de prevención y respuesta a los ciberataques contemplando sus riesgos específicos y necesidades, priorizando el ejercicio de derechos fundamentales. En las últimas semanas, Argentina ha captado la atención del ámbito de la ciberseguridad debido a una serie de decisiones gubernamentales que han encendido varias alarmas.

¿Qué fue lo que ocurrió?

En septiembre de 2023, Argentina aprobó su Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un documento que, a primera vista, representó un avance significativo en la región al incorporar principios de derechos humanos y perspectiva de género. No obstante, ese enfoque ha quedado en entredicho tras una serie de decisiones adoptadas por el gobierno actual. En julio de 2024, la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional -que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y restituyó sus funciones a la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), restablecida bajo el control directo y exclusivo del Poder Ejecutivo- marcó el primer giro. Luego, en abril de 2025, con el Decreto 274/2025, la preocupación se intensificó: la SIDE pasó a controlar la Agencia Federal de Ciberseguridad y, con ello, la implementación de la Estrategia Nacional y la operación del CERT.ar. Este modelo de gobernanza en la política de ciberseguridad no tiene precedentes, ni dentro ni fuera de América Latina.

A la par de dichas reformas, en mayo de 2025 la SIDE aprobó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Este es un documento definido por el gobierno como “secreto”, que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para “promover los intereses estratégicos” del gobierno. Al PIN sólo tienen acceso el presidente, la SIDE y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Esta restricción para la consulta del documento siembra de entrada preocupaciones no solo sobre su opacidad sino sobre los retrocesos que pueda representar para las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Más aún, y según lo señalado por medios como La Nación que ha logrado acceder al documento extraoficialmente, el PIN otorga facultades a la SIDE para recabar información sobre todas aquellas personas que, a criterio de la entidad, “erosionen” o “manipulen” la confianza de la opinión pública sobre las políticas de seguridad y económicas del gobierno actual; una práctica prohibida por la propia Ley de Inteligencia Nacional.

La aprobación del PIN despertó las alarmas del gremio periodístico y del sector de la sociedad civil argentina, pues la ampliación de las facultades operativas de la SIDE básicamente legitima la persecución y vigilancia a quienes expresen opiniones críticas, un pilar fundamental para el debate democrático. De hecho, el periodista de la Nación que reveló la existencia del nuevo documento de inteligencia estatal reportó ataques a sus cuentas de redes sociales, así como amenazas recibidas a través de estas. La gravedad de este caso visibiliza un patrón sistemático en el país y en la región que amenaza la libertad de expresión así como el derecho de acceso a la información pública, aspectos que hemos documentado en otros artículos.

Los peligros del cambio en la gobernanza de la ciberseguridad

Designar la ciberseguridad al mando de organismos de inteligencia implica un retroceso en la medida que desplaza el enfoque centrado en las personas, limita la participación social y profundiza riesgos de vigilancia. Este cambio se alinea con una concepción conservadora de la ciberseguridad, anclada en una visión técnica centrada exclusivamente en la protección de infraestructuras críticas del Estado, puesto que las agencias de inteligencia tienen como núcleo la protección de los intereses estatales desde el ámbito de la seguridad nacional. Es importante destacar que este enfoque ha sido paulatinamente superado por marcos más integrales y centrados en derechos humanos, que colocan a las personas en el núcleo de las políticas de prevención y respuesta.

Sumado a lo anterior, disponer el desarrollo y la implementación de políticas de ciberseguridad bajo la estructura oculta de la inteligencia estatal, lejos de ser un detalle técnico, reactiva una lógica peligrosa y ya conocida en la región: la priorización discursiva de la seguridad nacional como justificación para restringir libertades fundamentales. A saber, a lo largo del siglo pasado, esta narrativa fue utilizada por regímenes dictatoriales para vigilar, censurar y reprimir a la disidencia bajo la «doctrina de seguridad nacional».

Ahora bien, uno de los pilares en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en la superación de las dictaduras de la región ha sido precisamente la exigencia de límites democráticos al accionar de las agencias de inteligencia. La persistencia de mecanismos opacos y sin controles –como es el caso argentino– no solo es un problema de transparencia, sino una evidencia de que las prácticas y finalidades mismas de dichas agencias siguen siendo incompatibles con los principios democráticos, lo que va en contramano de fallos históricos recientes en la región.

En el escenario argentino, el rediseño del sistema de inteligencia y el traspaso del control de la ciberseguridad a la SIDE no son hechos menores ni aislados, sino parte de un proyecto político del actual gobierno. Este proyecto impulsa discursos y medidas abiertamente regresivas en temas como género, diversidad, protesta social y acceso a la información pública, que han sido denunciados por organismos y organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y Reporteros Sin Fronteras. Esta agenda antiderechos tiene graves impactos especialmente sobre grupos históricamente vulnerables, entre ellos mujeres y personas LGBTQIA+, que además son un blanco frecuente y desproporcionado de las prácticas de vigilancia y los ataques digitales, particularmente quienes ejercen liderazgos políticos, sociales o periodísticos. Precisamente, quienes deberían estar en el centro de las políticas de ciberseguridad son quienes más riesgos enfrentan con los recientes giros autoritarios.

El cambio de gobernanza en cuestión se articula, además, con decisiones geopolíticas de alineamiento expreso con los intereses de Estados Unidos e Israel, países mencionados explícitamente como referentes estratégicos en el nuevo PIN argentino. Esta alineación no solo refuerza una lógica de seguridad nacional que pone en tensión los derechos fundamentales, sino que también reproduce un modelo caracterizado por la concentración de poder y la falta de controles democráticos efectivos. En el caso argentino, donde no existen mecanismos efectivos institucionales de fiscalización sobre las agencias de inteligencia, la pregunta que se impone con fuerza es ¿quién vigila a quienes vigilan?

Implicancias del caso argentino para nuestra región

El caso argentino hace eco en hechos históricos y expone cómo los marcos legales pueden ser utilizados para habilitar prácticas autoritarias. Además, y tomando como referencia un informe reciente de Derechos Digitales, junto a otras acciones realizadas por el gobierno argentino el último tiempo, como la Resolución 428/2024, el caso consolida un rumbo para el despliegue de prácticas de vigilancia bajo normas poco claras, un camino que el Estado ya venía trazando desde 2020. Lo ocurrido en las últimas semanas formaliza dichas actividades y habilita otras como el monitoreo masivo en redes, bajo una estructura que convierte la ciberseguridad en un instrumento político para vigilar y silenciar a la disidencia.

Como vemos, el problema no es nuevo; lo nuevo es que se legitiman la persecución y la vigilancia por vía legal. Estamos ante una disputa política que requiere respuestas claras por parte de los Estados. La región evidencia un panorama en el cual crece la tolerancia hacia formas autoritarias de gobierno. Argentina, un país considerado históricamente como referente en materia de derechos humanos, se ha venido alejando de ese lugar. Este retroceso insta a la activación de compromisos concretos del resto de los países de la región, no solo para construir y defender estándares comunes, sino para impedir que un modelo de ciberseguridad como este sea replicado.

La preocupación es aún mayor considerando que Argentina es uno de los países de América Latina con las estructuras institucionales más robustas en esta área. Cuenta con más recursos técnicos, capacidades operativas y fuerza política que muchos otros. En una región marcada por profundas asimetrías entre países —donde muchos carecen de marcos sólidos, personal capacitado y financiamiento adecuado para la ciberseguridad—, existe el riesgo real de que modelos autoritarios como el argentino influyan negativamente en el diseño de políticas públicas en otros Estados.

Reafirmar un enfoque en ciberseguridad basado en derechos humanos no es una aspiración técnica, sino una urgencia democrática. La protección de la privacidad, la libertad de expresión y la inclusión digital debe estar en el centro de toda política pública en la materia. Fortalecer la gobernanza democrática -con participación multisectorial, perspectiva de género y atención a las desigualdades estructurales cómo las de género- es una tarea impostergable. Solo así podremos construir resiliencia digital sin ceder las libertades que sostienen nuestras democracias.

Curso de seguridad digital: Aprende a protegerte en línea

Desde Derechos Digitales presentamos un curso abierto de seguridad digital, pensado para quienes quieren fortalecer su privacidad y protegerse frente a los riesgos del entorno digital.

A través de 11 videos breves y prácticos, este curso recorre herramientas y recomendaciones esenciales: desde cómo navegar de forma segura y anónima, hasta configurar adecuadamente tus dispositivos y conocer buenas prácticas para resguardar tu información personal.

Nuestro objetivo es que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento técnico, pueda incorporar hábitos y recursos que mejoren su seguridad digital cotidiana.

Revisa la playlist completa acá:

Ciberpatrullaje: cuando vigilar se justifica en nombre de la seguridad

Seguridad digital ≠ Seguridad nacional

La narrativa de seguridad ha justificado el despliegue de vigilancia digital en varios países de América Latina. En Argentina, una resolución habilitó a las fuerzas de seguridad a monitorear redes sociales y otras fuentes abiertas, incluso con inteligencia artificial, bajo criterios ambiguos que permiten investigar “cualquier delito”. En Perú, se firmaron convenios para entrenar cibersoldados, en alianza con una empresa israelí, país cuestionado por sus tecnologías de vigilancia, importando modelos de guerra digital sin debate. En Colombia, el ciberpatrullaje es una práctica oficial de la Policía Judicial para recolectar información pública, sin garantías de proporcionalidad.

Aunque se presentan como medidas para prevenir delitos, estas prácticas han sido utilizadas para vigilar, judicializar o intimidar a personas por ejercer su libertad de expresión. En Argentina, un joven fue procesado por un tuit; en Bolivia, 37 personas fueron condenadas por supuesta participación en protestas; en Brasil, una sátira sobre Bolsonaro terminó en detención; en Uruguay, un adolescente fue arrestado por error tras una confusión en redes; y en México, la Guardia Nacional usó software israelí para rastrear a críticos del ejército. Todos estos casos documentados en el informe Perfilamiento en redes sociales y ciberpatrullaje como nuevas modalidades de la vigilancia masiva desplegada por los Estados: casos relevantes en América Latina, evidencian cómo el discurso de protección ha servido para legitimar formas de vigilancia contrarias a los derechos humanos.

El caso más reciente ocurrió en Venezuela, tras las protestas por los resultados electorales, el monitoreo de redes también fue utilizado para perseguir e intimidar a manifestantes y activistas.

OSINT y ciberpatrullaje: entre la búsqueda abierta y la vigilancia encubierta

Para entender cómo se aplican hoy las prácticas de vigilancia, es necesario observar el uso de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT por sus siglas en inglés) y su implementación en el ciberpatrullaje. La metodología OSINT consiste en recolectar y analizar información pública, como publicaciones en redes sociales, sitios web, imágenes, videos o metadatos, con fines investigativos. Su expansión se debe a que no requiere vulnerar sistemas protegidos: todo está a la vista. Pero esa accesibilidad no implica que su uso esté libre de consecuencias.

Si bien existen usos responsables y útiles de esta herramienta como el de Trace Labs -una organización que usa OSINT en plataformas colaborativas para ayudar a encontrar personas desaparecidas bajo protocolos y fines humanitarios- este tipo de iniciativas son excepcionales. En la mayoría de países de la región, OSINT ha sido adoptado por fuerzas de seguridad bajo el argumento de proteger a la ciudadanía o prevenir amenazas, pero en realidad se usa para vigilar y perfilar a personas críticas del poder, periodistas y activistas. El perfilamiento implica recolectar, clasificar e interpretar datos para construir hipótesis sobre una persona: qué piensa, con quién se vincula o qué podría hacer.

El ciberpatrullaje amplifica esta lógica: es la práctica estatal del monitoreo del discurso en línea (y de las personas) con técnicas OSINT, en la mayoría de las veces sin notificación, sin supervisión ni protocolos claros. Su implementación no está orientada a la identificación de personas vinculadas a causas judiciales, sino que opera de forma masiva, permitiendo el perfilamiento de individuos por sus opiniones, afiliaciones políticas o participación en espacios sociales. Sin embargo, tanto los perfilamientos como el ciberpatrullaje pueden derivar posteriormente en la apertura de causas judiciales. En contextos de desigualdad, estas prácticas golpean con más fuerza a mujeres activistas, comunidades indígenas, personas defensoras de derechos humanos o sectores populares. ¿Qué criterios se usan?, ¿cuáles son los límites? El problema no es OSINT en sí, sino cómo, para qué y contra quién se utiliza.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en 2022 el informe “Sobre el derecho a la privacidad en la era digital” que por primera vez explora las prácticas de inteligencia en redes sociales y de monitoreo del discurso en línea como nuevas modalidades de vigilancia masiva estatal. Al reconocer que son actividades que tienen serios impactos en los derechos humanos, sostiene que esta observación del espacio público es casi siempre desproporcionada. En ese sentido, recomendó a los Estados adoptar marcos legales adecuados para regular la recolección, análisis y compartición de inteligencia obtenida de redes sociales que delimite claramente los escenarios en que ésta se encuentra permitida, sus prerrequisitos, las autorizaciones y procedimientos, así como los mecanismos para garantizar su supervisión adecuada.

En la región, identificamos que es una práctica que pretende ampararse en la legalidad, pero que en realidad se despliega a partir de interpretaciones arbitrarias de ciertas facultades como la prevención del delito. Estas facultades, originalmente pensadas para otros fines, están siendo extendidas sin regulación específica al ámbito digital, incluyendo la detección temprana de delitos supuestamente vinculados a la actividad de quienes presuntamente desinforman. Este escenario genera una profunda inseguridad jurídica y un efecto amedrentador, dificultando que las personas ejerzan libremente sus derechos en línea.

¿Cómo cuidarnos frente al ciberpatrullaje?

Aunque la responsabilidad principal frente a la vigilancia digital recae tanto en los Estados como en las plataformas y empresas que permiten o ejecutan estas actividades, también es cierto que históricamente grupos de la sociedad civil hemos generado estrategias de autoprotección para sobrevivir en entornos hostiles. Protegernos significa responder con conciencia crítica y cuidado colectivo mientras exigimos marcos legales que limiten la vigilancia y garanticen nuestros derechos en línea.

Para reducir la exposición, hay algunas acciones básicas que se pueden adoptar en las redes sociales. Por un lado, evitar el uso del nombre real completo (nombre y apellido) como nombre de usuario o nombre visible, y procurar no repetir el mismo @alias en todas las redes. También es recomendable configurar las cuentas como privadas o restringidas, de modo que solo los perfiles aprobados puedan acceder al contenido. Otra medida clave es desactivar los permisos de ubicación en los dispositivos móviles, para que las aplicaciones no puedan rastrear ni compartir los movimientos.

Cuando la idea es publicar fotos desde un lugar específico, es recomendable esperar algunas horas o días antes de subirlas, así no se revela la ubicación en tiempo real. Además, se sugiere conversar con contactos y amistades sobre la importancia de no etiquetar ni compartir datos privados sin previo consentimiento. Por otro lado, es importante considerar la selección de una foto de perfil que no sea fácilmente rastreable, ya que existen herramientas OSINT que permiten buscar imágenes en otras plataformas y vincularlas con la identidad de las personas usuarias. Por último, aceptar solo solicitudes de personas que realmente resulten conocidas, ya que muchas veces el ciberpatrullaje empieza con perfiles ficticios que buscan establecer contacto directo.

La vigilancia no es cuidar, es poner en riesgo nuestros derechos

Estas actividades se despliegan sin reglas, sin control y sin justificación pública, y eso ha permitido que se normalicen prácticas autoritarias bajo la retórica de la seguridad. En esta parte del mundo, donde muchas democracias son frágiles y la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al Estado es débil, el uso de estas tecnologías crece sin transparencia, sin debate público y con una preocupante opacidad.

Los Estados adquieren herramientas de monitoreo de redes sociales mientras persisten -y en algunos casos se profundizan- las barreras para acceder a información básica sobre su licitación, adquisición, funcionamiento, responsables, bases de datos involucradas y el gasto público asociado. Incluso cuando la sociedad civil ha recurrido a solicitudes de acceso a la información, muchas autoridades se amparan en argumentos de seguridad nacional para obstaculizar el escrutinio democrático.

¿Con qué criterios se decide comprar tecnologías a empresas extranjeras como las israelíes, cuestionadas internacionalmente por su papel en la vigilancia masiva?

Proteger no puede seguir siendo un argumento aceptable para la vigilancia masiva, mientras la ciudadanía, la misma a la que supuestamente se quiere cuidar, se siente más vigilada que segura. Estas prácticas suponen riesgos concretos para la libertad de expresión -especialmente en contextos de protesta social o frente a discursos críticos o incómodos- al generar estigmatización, autocensura e incluso incitación a la violencia contra quienes son catalogadas como opositoras. A la luz de los casos expuestos, queda claro que la vigilancia no es protección: es poder sin control.

Debe ratificarse la inocencia de Ola Bini

DECLARACIÓN TÉCNICA

En el marco de RightsCon Taipéi-2025 la Misión de Observación del caso Ola Bini y Tor Project organizaron una sesión virtual para analizar el proceso seguido contra el experto informático en Ecuador y abordar en qué medida y con qué implicancias se está criminalizando el uso de la herramienta digital Tor.¹ En dicha sesión, donde participaron organizaciones y ponentes de sociedad civil de diversos países, se llegó a las siguientes conclusiones y consensos técnicos:

El caso penal contra Bini fue iniciado por motivaciones y actores políticos, y ha sido atravesado por decenas de irregularidades e ilegalidades que afectan su legitimidad jurídica y viabilidad técnica. Antes que un caso penal, estamos frente a una persecución.

La forma de establecer los elementos de convicción del caso genera un peligroso antecedente para la vigencia de los derechos digitales y el conocimiento experto en el ámbito digital en Ecuador y la región.

La construcción del caso y los elementos presentados como evidencias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriana están atravesados por graves distorsiones procesales y/o por gruesos errores técnicos en la materia.²

Adicionalmente, para dar cuenta del delito supuestamente investigado la FGE ni siquiera ha requerido de una pericia digital forense que dé cuenta del cometimiento de un potencial acceso no consentido a algún tipo de sistema (sea informático, telemático o de telecomunicaciones).

La argumentación usada por el Tribunal de Apelación, para justificar su sentencia de condena, carece de elementos suficientes que demuestren que Ola Bini cometió el delito imputado. Esto, además de violar los derechos del experto informático, crea antecedentes de arbitrariedad que son riesgosos para el Estado de Derechos.³

Más en concreto, producto de la sentencia condenatoria parte de la justicia ecuatoriana está generando un precedente preocupante para el ejercicio de los derechos a la seguridad y privacidad en línea, al sostener que el mero uso de la herramienta Tor es un indicio suficiente para demostrar el cometimiento de una conducta criminal.

Además, al contrario de la tendencia que debe primar globalmente, esta sentencia incluso puede inspirar a las cortes a criminalizar el uso de otras herramientas digitales utilizadas para la defensa de los derechos humanos en internet, como es el caso de las VPNs, particularmente útiles para actores clave -como periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y otros- en contextos políticos autoritarios.

Alrededor del mundo, millones de personas, incluidas agencias estatales de seguridad utilizan Tor para desarrollar sus actividades.⁴ En este marco, si bien el uso de Tor no es materia central de análisis del presente caso, la sentencia condenatoria actual, que forma parte de un proceso motivado políticamente y que carece de sustentos técnicos, constituye una interpretación judicial que puede tener impacto en la garantía del ejercicio de los derechos previamente mencionados.

Por lo expuesto, y a 6 años del inicio del caso de referencia, las organizaciones de sociedad civil firmantes demandamos a las autoridades judiciales ecuatorianas correspondientes ratificar el estado de inocencia de Bini en la instancia procesal oportuna, tal como se demostró en primera instancia.

La Misión de Observación seguirá monitoreando el desarrollo del caso hasta su culminación, con el fin de asegurar el cumplimiento de las garantías de debido proceso y alertar sobre las implicancias de este para la vigencia de los derechos digitales.

FIRMANTES

Access Now

ARTICLE 19

Association for Progressive Communications (APC)

Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE)

Brasil de Fato

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

CSMM

Derechos Digitales

Ecuador Today

Electronic Frontier Foundation

FUNDACIÓN Acceso

Fundación Karisma

Indymedia Ecuador

INREDH

intervozes brasil

LaLibre

Marcha

Observatorio Derechos y Justicia

Tor