¿En qué afecta PRISM a Chile y Latinoamérica?

El escándalo sobre PRISM ofrece muchas perspectivas, pero en esta ocasión hemos querido responder un gran cuestionamiento básico en este lado del mundo: cómo nos afecta y si es solo PRISM la única razón para cuidar nuestra información en Internet.

Un loogo
El logo no es el único problema de PRISM

¿Cuál es el problema?

Desde hace algunos días, vienen publicándose reportes sobre las prácticas de vigilancia en Internet del gobierno estadounidense, basadas en las filtraciones hechas por un ex-contratista de la [ref] NSA[/ref] [fn]Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos[/fn], principal organismo encargado de las actividades de inteligencia del país del norte.

Entre dichas filtraciones destaca el nombre PRISM, que sería el programa de inteligencia llevado adelante por la NSA, auxiliado por varias empresas de Internet, incluyendo a Microsoft, Apple, Yahoo y Google, entre otras. Este programa permitiría (según los reportes) acceder en tiempo real a datos tales como correos electrónicos, mensajes, videos, perfiles de redes sociales, etcétera. En suma, todo aquello que confiamos a la «nube».

Pero la verdad es que, a la fecha, no está del todo claro qué es PRISM. Tampoco el nivel de colaboración que las empresas están prestando, pues las leyes de inteligencia estadounidenses no permiten transparentar cuánta información les solicitan bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, algunos dicen que es un sistema computacional que funciona dentro de la NSA, otros, que existen equipos de la NSA directamente dentro de las empresas mencionadas.

Entonces, ¿qué está claro?

Buena parte de la [ref] infraestructura crítica de Internet[/ref] [fn]Empresas de contenidos, prestadores de servicios de red, servidores de contenidos, etcétera. [/fn] está ubicada en los Estados Unidos. Las leyes de inteligencia de ese país están diseñadas justamente para revisar qué hacen ciudadanos de otros países en Internet, mediante requerimientos dirigidos a tribunales secretos (la llamada FISA Court). En teoría, estos tribunales velan por el resguardo de derechos fundamentales, cuidando que las solicitudes sean proporcionales a las amenazas detectadas. En la práctica, este control judicial parece bastante débil: los antecedentes apuntan a que en el 99% de los casos, esta corte concede las órdenes judiciales solicitadas, sirviendo como mero trámite, y permitiendo así que las órdenes de recolección de información se ejecuten sin mayor obstáculo.

El resultado final es bastante simple: con o sin PRISM, gran parte de la información que circula por Internet, incluido nuestro correo electrónico y uso de redes sociales, es susceptible de ser espiada o interceptada por autoridades de inteligencia estadounidenses. Muy especialmente para quienes estamos fuera de los Estados Unidos.

Y esto, claramente, amenaza nuestra privacidad y el ejercicio de derechos humanos.

Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros?

PRIMERO, aunque no seas un terrorista o delincuente internacional, deben existir cosas que no quieres que todos sepan. Cuando subes alguna información a Internet, queda fuera de tu control. Por lo tanto, el primer consejo es obvio: ten cuidado con lo que subes a la red.

SEGUNDO, si manejas información sensible, por razones personales o laborales, aprende a cuidar tu privacidad y usar herramientas que te permitan controlar mejor la información que manejas, tanto en su contenido como en el acceso a la misma. En otras palabras, aprende a controlar tu información. En ONG Derechos Digitales estamos preparando una campaña que pronto difundiremos sobre este tema.

TERCERO, es bueno comprender que existe aquí una dimensión política. No solamente se trata de cuidarnos, sino también de demandar más transparencia y una regulación que nos proteja. Al gobierno de Estados Unidos, pero también a nuestro gobierno y a las empresas que operan en nuestros países.

Por ejemplo, ¿cuántas solicitudes de información reciben las empresas de telecomunicaciones de nuestros países, y a cuántas de ellas responden voluntariamente? ¿Cómo actúan para obtener información nuestras instituciones policiales y de inteligencia? ¿Cuántas solicitudes de información se hacen en nuestros países sin una debida orden judicial? Por todo esto, nuestro último consejo (por ahora) es: demanda más transparencia y más protección de nuestros derechos por parte del Estado.

La discusión sobre PRISM apenas comienza, y nosotros también participaremos de ella en las próximas semanas. Los invitamos a mantenerse sintonizados.

*Este artículo fue hecho con la ayuda del abogado de nuestra organización, Juan Carlos Lara.

Día de la protección de datos personales: nada que celebrar en Chile, nuevamente

El pasado lunes 28 de enero se celebró en varios países del mundo el día de la protección de los datos personales (Data Protection Day), conmemorando la firma en el año 1981 en Europa de la convención Nº108, el primer tratado internacional con obligaciones precisas sobre protección de privacidad y datos personales. Sin embargo, en Chile los estándares legales de protección a esta información son tan bajos que, más que celebrar, cabe hacer un llamado de alerta sobre la mala calidad de la regulación del tema en nuestro país.

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Las dudas que el «Banco Unificado de Datos Criminales» genera para la privacidad de los chilenos

«La existencia del Banco Unificado de Datos Criminales es bienvenida, pues constituye una instancia de coordinación indispensable para la existencia de información completa y actualizada en el combate a la delincuencia, y la formulación de programas y políticas apropiadas para reducirla».

Esas son las palabras de celebración de una editorial de La Tercera publicada la semana pasada, donde se destaca el acuerdo marco de 9 instituciones públicas del país para crear este banco de datos que juntará, a través de una plataforma tecnológica, toda la información relacionada con persecución penal que se genere en tribunales, policías, Ministerio de Justicia y otros actores estatales.

Pero aquella iniciativa, incluida la irrestricta defensa que la editorial hace, pareciera descansar solo en el legítimo deseo de combatir la delincuencia, pero ignora de forma preocupante los derechos humanos comprometidos en este proyecto.

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Ley de Cookies: Eficaz Navegación o Eficaz Protección de la Vida Privada

Ley de Cookies es la normativa europea que busca proteger la privacidad de los usuarios de Internet regulando la instalación de cookies en los computadores de los cybernautas. La normativa obliga a los sitios a obtener autorización explícita de los usuarios para que los prestadores de servicio incerten cookies. Algunos estiman que ello entorpece la navegación, nosotros, en cambio, que ello contribuye a proteger la privacidad de los usuarios de Internet.

Aunque Chile dispone desde 1999 de una ley que reglamenta el tratamiento de datos personales, inclusive las cookies, la ley no es cumplida a cabalidad. En parte, porque para quienes procesan datos personales es más rentable infringir la ley que cumplirla. En parte, porque hacer cumplir la ley para los afectados es costoso. Y, por último, porque nuestro país no tiene una autoridad pública independiente que efectivamente vele para que se cumpla la ley. Esa falta de cumplimiento de la ley afecta la competitividad del país y pone en riesgo los derechos de las personas.

Existen hoy varias propuestas de ley en el Congreso que intentan brindar un nivel de protección adecuado a los datos personales. Pero esas iniciativas generalmente fallan en ver el tema como uno meramente local y olvidar que tiene relevancia e impacto global, en especial si hablamos de tratamiento de información personal en Internet. Como resultado, las iniciativas van desde aquellas inapropiadas a otras descabelladas. En verdad, necesitamos una regulación armonizada internacionalmente, de modo que las empresas y las personas dispongan de unos mismos derechos y obligaciones básicos, independientemente de su país de origen. Desafortunadamente, en Chile hemos fallado en armonizar nuestra normativa sobre protección de datos personales.

Más sobre las leyes de cookies y su potencial efecto en Chile, en el reportaje de Revista Gerencia Ley de Cookies: Privacidad v/s eficiencia en la navegación, que incluye notas de ONG Derechos Digitales.

Reincidencia Policial: PDI No Respeta el Derecho a la Vida Privada

Estos días el debate en torno a la vida privada ha cobrado nuevos bríos, tras la decisión del Consejo para la Transparencia de que un ministro de estado debía dar acceso al contenido de su correo electrónico de cuatro días. Pero la vida privada no es sólo un derecho que protege a políticos y funcionarios públicos, farándula y celebridades. Todos tenemos derecho a la vida privada. Y, sin embargo, la Policía de Investigaciones parece no saberlo, a juzgar por sus persistentes violaciones a tal derecho.

El 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inconstitucional el procesamiento de información personal efectuado por la Policía de Investigaciones. En la ocasión, un funcionario policial había hecho uso de información errada y antiquísima contenida en las bases de datos policiales para denostar públicamente al apoderado de un establecimiento educacional, por supuestas ordenes de aprehensión pendientes en su contra. La Policía de Investigaciones infringía el derecho a la vida privada al procesar información personal ilegalmente.

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Privacidad de los Correos Institucionales de Funcionarios Públicos

El Consejo para la Transparencia ha resuelto que el ministro Christian Larroulet  debe hacer público el contenido de su correo electrónico institucional entre los días 18 y 21 de julio de 2011. Con ello, el Consejo resuelve que sobre la privacidad prevalecen los requerimientos de la transparencia pública. El ministro, por su parte, ha iniciado ya la reclamación judicial de la medida, la cual estima desproporcionada y que terminaría por socavar la vida privada de todos los ciudadanos. Ni tan cierto, ni tan falso.

Hace algunos años atrás, la ministra Chevesich incautó las comunicaciones electrónicas de cinco años de más de 400 funcionarios públicos, en el marco de la investigación de actos de corrupción gubernamental. ¡Eso si resultaba desproporcionado! Entonces, el reclamo de los funcionarios públicos fue completamente desatendido. Entonces, la oposición –hoy gobernante– no hizo alarma pública por la medida. Tal como hoy no lo hace la actual oposición –en aquel entonces gobernante. Y es que, para nuestra clase política, el derecho a la vida privada parece tema de interés tan sólo cuando “le aprieta el zapato”.

¿Es proporcional develar la privacidad de correo electrónicos de un funcionarios por oposición a 400 de ellos? ¿Es necesario que dicho acceso tenga lugar a cuatro días de comunicaciones electrónicas por oposición a cinco años de ellas? ¿Resultan el acceso y eventual divulgación una medida necesaria, no excesiva y adecuada para la consecución de una finalidad legítima más relevante? Esas son preguntas que deberían contar ya con claras e inequívocas reglas. Pero, no. Tan ambiguas resultan ellas, que de cuando en cuando suscitan dudas.

A la hora de responder las mencionadas preguntas, es necesario considerar que el derecho a la vida privada no sólo protege a la persona a quien se refiere la información, sino que contribuye al fortalecimiento de los derechos humanos y el sistema democrático. Por supuesto, este derecho no es absoluto y está sujeto a limitaciones. Estas limitaciones son aún ambiguas y, mientras no se precisen, dejan abierto el debate cada vez que alguien se siente la víctima del momento.

La situación de los 400 funcionarios públicos afectados en su día se pierde en los anales de la historia. Y así lo hará el caso del Ministro Larroulet, cualquiera sea la decisión que finalmente los tribunales adopten. Pero sería hora de aprovechar la coyuntura para fijar reglas explícitas que armonicen la protección de la vida privada en relación con otros fines de relevancia social, como una investigación judicial, el quehacer policial, o la transparencia pública. Sería hora de fijar pautas inequívocas, procedimientos claros, medidas de resguardo efectivas y responsabilidades apropiadas que garanticen la eficacia de dicha protección, cualquiera sea ese a quién le apriete el zapato.

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Alberto Cerda Silva

¿Borrarnos de Internet? Comentarios sobre un nuevo proyecto de ley

Hace algunos días un grupo de diputados ingresaron al Congreso un proyecto de ley que, modificando la ley 19.628, pretende establecer la facultad de los usuarios para exigir a portales y redes sociales la eliminación de sus datos personales. El proyecto además establece un mecanismo para solicitar la eliminación de los datos, mediada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, plazos y multas a beneficio fiscal en caso de no cumplir con lo dispuesto en la ley. Lo que parece ser una iniciativa bien intencionada adolece de tres problemas que hacen de esta propuesta legislativa un intento parcial, poco sistemático y finalmente vacío de contenido.

 

Lo que se ha denominado «derecho al olvido» es la posibilidad de exigir la eliminación de cierta información a quien almacene o trate datos de carácter personal. En Chile, sin ir más lejos, dicha facultad está contemplada, aunque con un alcance parcial, en el artículo 12 de la ley 19.628. Pero esta facultad es parte de un cuerpo normativo deficiente que data de fines de los años noventa y que, pese a los innumerables proyectos de reforma de los que ha sido objeto, sigue estando lejos de los estándares internacionales en la materia, dejando en práctica indefensión a los ciudadanos respecto del tratamiento que terceros hacen de nuestra información personal. Es importante mejorar el tratamiento del derecho al olvido, pero antes que eso es necesario re-pensar críticamente nuestro sistema de datos personales.

Por otro lado, el sucinto proyecto de ley parece ignorar el tratamiento comparado respecto del punto, en cuanto este derecho al olvido jamás se ha entendido en forma radical y siempre debe dar cuenta y responder a excepciones que hagan proporcional el ejercicio de la autodeterminación informativa. Así, por ejemplo, la utilización de información judicial o la información proveniente de medios de prensa suelen ser importantes excepciones al derecho al olvido que hacen compatible dicho derecho con garantías tan importantes como la libertad de expresión. Sin excepciones tenemos más problemas que soluciones.

Por último, dado que la solicitud debe ser solicitada a las compañías que administren los datos y planteada a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, genera una obligación que sólo es aplicable a las empresas establecidas en Chile y no se ve mecanismo alguno para coaccionar a empresas que hagan tratamiento transfronterizo de datos o bien empresas que si bien hagan tratamiento de datos en Chile, no tengan domicilio en el país. Así, en la práctica no solo la obligación queda en foja cero producto de la dificultad de emplazamiento a empresas extranjeras, sino que además hace un tratamiento diferenciado que dificulta el tratamiento de datos a empresas nacionales a contrapelo de lo que sucede con aquellos que hagan tratamiento en el extranjero. Quizás un esfuerzo en la adopción de estándares similares a los que se discuten a nivel internacional pueda ayudar a resolver este problema.

La exposición de estos tres problemas que contiene el proyecto muestra los problemas de legislar apresuradamente un asunto complejo, lleno de aristas y matices. Pero, fundamentalmente, demuestra las deficiencias de nuestro sistema de protección de información personal en Internet y la necesidad urgente de contar con uno más robusto y garantista más allá de las buenas intenciones.

El TPP amenaza el derecho a la vida privada

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha declarado su intención de tener completadas sus propuestas sobre protección de la propiedad intelectual a comienzos de la próxima ronda de negociaciones del TPP en Vietnam, del 20 al 24 de junio de 2011. En su rápida agenda, los negociadores del TPP han anunciado que ellos esperan concluir el acuerdo para el encuentro de los miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a realizarse en Hawaii del 8 al 13 de noviembre de 2011. El TPP impactará sectores de la salud, acceso al conocimiento y, sin los debidos resguardos, el derecho a la vida privada.
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Sobre el monitoreo de Internet por el Gobierno

En los recientes días se ha abierto una acalorada discusión en torno a la medida anunciada por el gobierno de Chile de monitorear las redes sociales que operan en línea, tales como Facebook y Twitter. Los personeros de gobierno aseguran que el propósito es recoger el parecer de los ciudadanos. Por un lado, hay quienes alaban la medida como un modo de lograr un contacto más directo entre la clase política y la ciudadanía. Por el otro lado, hay quienes ven en ello el riesgo de un control desproporcionado del estado sobre los ciudadanos, con el consiguiente riesgo para los derechos de las personas.

Monitorear Internet para recoger la sensibilidad de la ciudadanía no parece ser sino la moderna versión de los sondeos de opinión pública, encuestas, focus group y otros métodos empleados para permitir una más adecuada toma de decisiones. Ninguno de estos métodos es ilegal, pues suponen la participación voluntaria de las personas. Estos métodos tradicionales son menos eficientes y probablemente precisos que la inmediatez de las redes sociales que operan en Internet. Pero, ¿consienten voluntariamente los usuarios de estas redes en ser monitoreados por el gobierno?

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