Gracias a los smartphones, navegar por Internet dejó de ser una experiencia estática. Pero con la movilidad vienen nuevos riesgos, de los que deberías estar consciente.
Tu ubicación, tus datos sensibles, tu agenda, tus correos electrónicos y otra información importante va contigo a todos lados y es necesario que la cuides. Es por eso que hemos preparado esta infografía. Ponle ojo a tu teléfono y recuerda #NoTemasaInternet.
El derecho a la privacidad en Internet ha sido uno de los temas más discutidos del año. Tras la denuncia de Edward Snowden – que confirma que la NSA y el gobierno estadounidense espían a los usuarios de los principales servicios web – la forma en la que nos enfrentamos a la red nunca será la misma.
Hacer que el entorno digital sea más seguro es tarea de todos. Como ciudadanos, exigiendo nuestros derechos y mejores legislaciones. Y en tanto usuarios, comprendiendo lo importante que es proteger nuestros datos. Para ello, ponemos a tu disposición una serie de consejos útiles que te ayudarán a cuidar tu información personal. Y recuerda #NoTemasaInternet
Lo que para algunos hace algún tiempo era solo paranoia, se convirtió en una ineludible realidad. Internet puede ser usada por Estados para vigilar a todos sus ciudadanos, por las más variadas excusas («la seguridad» quizás, la preferida), ignorando derechos fundamentales de los ciudadanos en el camino. Y como si eso fuera poco, muchas de estas actividades dudosamente legales (y ciertamente atentatorias contra nuestros derechos humanos) cuentan con la colaboración de empresas privadas.
Pero la vigilancia no es algo que ocurra solamente en gobiernos poderosos, como el de Estados Unidos con el ya famoso caso de Edward Snowden y sus revelaciones sobre PRISM, sino que también es ejercida con escaso apego al derecho por nuestros Estados. Tampoco son las actividades de recolectar información personal únicamente atribuibles a los gobiernos, ¿o acaso el marketing y muchos de los modelos de negocios actuales con respecto a Internet no se basan en nuestros datos personales, convirtiéndonos en los productos que ellas venden?
La primera reacción de muchos ante estos problemas de privacidad y seguridad online consiste en criminalizar Internet. La red sería un nido de cibercrimen; ninguna interacción por esta vía es segura, salvo que se utilicen los programas de seguridad que algunas empresas alegremente venden. La consecuencia de esta reacción no es solamente la desconfianza a Internet, sino también la renuncia a usarla y contar con muchos de sus beneficios.
La segunda reacción es procurarse y exigir más seguridad, sin abandonar la red. Dejar atrás la pasividad en la recolección y manejo de nuestros datos personales a través de dos medidas: por un lado, utilizar herramientas que den más seguridad en nuestras comunicaciones online y, por otro, exigir a nuestros Estados y empresas respetar nuestro derecho a la privacidad.
Como consigna el libro Criptopunks de Julian Assange, el problema de la primera reacción es que es una forma de autocensura. Te obligas a dejar una plataforma de difusión de ideas y de acceso al conocimiento tan potente como Internet. Y quizás eso sea dar una ventaja demasiado grande a quienes les interesa la inmovilidad social.
La segunda, es una forma más activa de luchar por un derecho tan importante como la privacidad. Se trata de comprender que no hay que temerle a Internet (que no es más que la plataforma) y tener conciencia de cómo nosotros como usuarios podemos ser responsables al momento de cuidar nuestra privacidad y cómo, en nuestro papel de ciudadanos, podemos exigir mejores prácticas y regulaciones en este sentido.
Y éste es el objetivo de esta segunda parte de la campaña de #NoTemasaInternet. En nuestra web encontrarán videos, infografías y más información sobre cómo dejamos atrás el miedo y nos hacemos activos en la defensa de nuestra privacidad en la red.
¡Los invitamos a participar: la privacidad en Internet es también un derecho humano!
El escándalo PRISM ha denunciado cómo actividades de vigilancia pasan por sobre Derechos Humanos de ciudadanos inocentes. ¿En qué pie nos encontramos el Latinoamérica? Acá damos un breve repaso.
Un factor central en el entramado de PRISM (del que hablábamos en una primera parte, acá), es la existencia de sistemas que operan bajo secreto y sin suficiente rendición de cuentas ante otros poderes del Estado, ni mucho menos a los ciudadanos. Lo anterior facilita a las «agencias de tres letras», como la [ref]CIA[/ref] [fn] Central Intelligence Agency[/fn] o [ref]NSA[/ref] [fn]National Security Agency[/fn], a interpretar de manera abusiva las leyes que les permiten actuar y terminar haciendo, básicamente, lo que se les antoja.
De hecho, las revelaciones de PRISM a la fecha, apuntan a que en Estados Unidos las órdenes judiciales secretas solicitadas a la [ref]Corte FISA[/ref] [fn]Foreign Intelligence Surveillance Court[/fn], contenían solamente directrices generales, donde las agencias narraban sin mucho detalle los procedimientos utilizados para que las cortes les den su visto bueno por un período de tiempo, al cabo del cual se buscaba una nueva autorización para continuar sus actividades.
Lo anterior es dudosamente legal y ciertamente inconstitucional, además de contrario a principios y normas internacionales de Derechos Humanos.
La vigilancia en Internet no es algo exclusivo de países poderosos. La [ref]ANI[/ref] [fn]Agencia Nacional de Inteligencia[/fn] de Chile, también tiene la facultad de pedir órdenes judiciales amparadas en el secreto por parte de los jueces que las conocen y de quienes deben ejecutarlas. Afortunadamente, los requisitos que la ley 19.974 impone son bastante elevados y la información obtenida no se puede utilizar en juicios criminales.
Sin embargo, el secretismo y la falta de rendición de cuentas sigue siendo un problema. Por ejemplo, ¿sabemos qué criterios tienen los jueces para autorizar las actuaciones de la ANI?, o ¿sabemos en cuántos casos y cómo la fiscalía ha utilizado información obtenida por la ANI, por ejemplo, en los casos relativos al pueblo Mapuche?
En México, producto de una investigación de Citizen Lab de Canadá, se detectó el uso de FinFisher, un sofisticado software elaborado para el espionaje de computadores, al interior de redes de algunos prestadores de servicio de Internet, en un caso que aún está por aclararse.
En Brasil, producto de las manifestaciones recientes, la [ref]ABIN[/ref] [fn]Agência Brasileira de Inteligência[/fn], se encuentra analizando información publicada en redes sociales para, supuestamente, prever futuras protestas, pero no existe mucha claridad en los procedimientos que acompañan a estos monitoreos. En Chile tuvimos un caso similar hace algunos años en torno al monitoreo de redes sociales.
En Colombia, a partir del año 2014, se estrenará un nuevo sistema de intercepción de contenidos de Internet por parte de la policía, para cumplir labores investigativas. Este sistema, llamado PUMA, si bien se utilizará para tareas policiales y no de inteligencia (que supone un debido proceso legal), amplía dramáticamente las capacidades de intervención de comunicaciones por parte del Estado.
En dicho país, además, hace poco se promulgó una nueva ley de inteligencia para darle un marco legal a esta clase de actividades, que por más de 60 años se realizaron de manera impune y hasta escandalosa.
Los casos anteriormente relatados son meramente ilustrativos. Existen muchos más ejemplos y aún más numerosas sospechas de vigilancia en Internet, llevada a cabo por Estados y particulares en todo el mundo.
Estas actividades se justifican solamente en casos calificados. La existencia de un régimen de secreto y poca transparencia respecto a las actividades desarrolladas solamente ayuda al abuso de las atribuciones y el poder que algunas personas poseen. Es imprescindible pedir mayor fiscalización, control y transparencia de estas actividades. En los Estados Unidos. En Inglaterra. En China. Pero también, y aquí tenemos mucho más que decir, en nuestros propios países.
