Temática: Privacidad

Las apariencias engañan: falencias del reconocimiento facial y sesgo algorítmico

Según el antiguo cliché, el rostro es el espejo del alma. Algo por el estilo deben haber estado pensando los responsables en Unilever y otras compañías con sede en el Reino Unido, que han comenzado a utilizar un sistema de análisis de expresiones faciales en los procesos de selección de personal. 

The Telegraph explica que el sistema compara los videos de las entrevistas de los postulantes con una base de datos que contiene información facial y lingüística de aquellos empleados que se desenvuelven bien en el trabajo. Según Nathan Mondragon – psicólogo jefe de Hirevue, la empresa estadounidense que provee el servicio – «Las expresiones faciales indican ciertas emociones, comportamientos y rasgos de personalidad». 

Pero, ¿lo hacen realmente? La Association for Psychological Science quiso poner esta hipótesis a prueba y reunió a cinco expertos para intentar determinar cuánto de cierto había una idea arraigada en el sentido común, que la emoción puede determinarse de manera confiable mediante movimientos faciales externos. El resultado fue concluyente: no existe evidencia científica que respalde la noción de que el estado emocional de una persona se puede inferir fácilmente del modo en que mueve su rostro. 

Esto, por una serie de razones: las mismas emociones no se expresan siempre de la misma manera, las mismas expresiones faciales pueden indicar distintas emociones y las características culturales y contextuales influyen en el modo en que las emociones son expresadas. Las emociones son complejas y no necesariamente obvias de comprender, incluso para quién las experimenta, mucho menos para un observador externo.  

“Preferiría tener mi primera entrevista con un algoritmo que me trate justamente y no tener que depender de qué tan cansado esté el reclutador ese día”, argumenta Loren Larsen, director de tecnología de Hirevue, haciendo eco de aquella vieja idea de que las máquinas están libres de sesgos y, por tanto, son preferibles a los seres humanos. Pero como replica para el Telegraph Anna Cox, profesora de interacción humano-computadora en UCL, el sistema «va a favorecer a las personas que son buenas para hacer entrevistas en video y cualquier conjunto de datos tendrá prejuicios que excluirán a las personas que realmente habrían sido excelentes en el trabajo», eso sin mencionar sesgos de género, raza o etnicidad.

La búsqueda por una técnica que provea a la humanidad de un acceso directo a representar la realidad de forma objetiva es de larga data, e incluye la invención de la perspectiva en el renacimiento y la fotografía. Las técnicas algorítmicas y las “máquinas que ven” son la última adición a una lista larga. Y, sin embargo, se revelan tan dadas a los sesgos como cualquier otra. 

Un ejercicio interesante al respecto lo realizaron hace pocos días Kate Crawford y Trevor Paglen, responsables de la exhibición “Training Humans”. Como parte de la muestra, pusieron en internet ImageNet Roulette, un sitio web temporal (y ya no disponible en línea) que ponía a disposición de cualquiera con una conexión a internet un algoritmo entrenado con la base de datos ImageNet, uno de los sets de entrenamiento más utilizados para el aprendizaje de máquinas: para enseñarle a un computador qué es un perro, se le muestran miles de imágenes de perros, hasta que aprende distinguirlos de aquello que no es un perro. Las imágenes son etiquetadas a mano por personas que imprimen sus propios sesgos al hacer la tarea. Esto no es particularmente problemático cuando estamos hablando de perros, pero sumamente complicado cuando se trata de personas, también incluidas en la base de datos.

Como pudieron comprobar quienes visitaron ImageNet Roulette, el modo en que sus selfies eran clasificadas incluía términos como “terrorista”, “mujerzuela” o “nonentity”, definido como “una persona sin poder”. Todo esto, simplemente a partir de sus rostros. «El proyecto busca llamar la atención sobre los daños reales que los sistemas de aprendizaje automático pueden perpetuar», explica Paglen.

América Latina

En nuestra región, los usos de sistema de reconocimiento facial han comenzado a expandirse rápidamente, principalmente para la vigilancia del espacio público asociada a actividades de seguridad. En Paraguay, un sistema de reconocimiento facial está funcionando desde julio de 2018 en Montevideo, envuelto en un manto de secretismo total: a pesar de los esfuerzos de Tedic por obtener información respecto a la ubicación y los usos del sistema, poco se sabe respecto al funcionamiento de este. 

Cuestión similar ocurre en Buenos Aires, Argentina, que cuenta con un sistema de vigilancia por reconocimiento facial desde marzo de 2019. Se sabe que existen cerca de 200 cámaras equipadas con un sistema de reconocimiento facial en algunas estaciones de Subte y en la zona de trenes. Pero pese a los esfuerzos de ADC por conocer la ubicación de los dispositivos, la información ha sido negada por el Gobierno de la Ciudad, aduciendo razones de seguridad. 

En México, los sistemas de reconocimiento facial son cada vez más comunes. Solo en 2019, el Gobierno del Estado de Coahuila ha instalado 1282 cámaras de vigilancia pública equipadas con tecnología de reconocimiento facial en las calles de diversas ciudades. Ya en 2018 se reportó el uso de esta tecnología en los accesos a la Feria Ganadera de Sinaloa y, recientemente, unidades de patrulla en la Ciudad de México se han equipado con tecnología de reconocimiento facial.  En Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile existen sistemas de reconocimiento facial o planes para su próxima instalación. 

En general, el planteamiento es poder agilizar la búsqueda de prófugos de la justicia y poder identificar rápidamente a los delincuentes. Pero los resultados distan de ser los esperados. Recientemente, un hombre estuvo seis días preso por error en Buenos Aires, gracias al sistema de reconocimiento facial. En Chile, las pruebas realizadas por la policía a un sistema de reconocimiento facial implementado por una cadena de centros comerciales arrojaron una taza de error que ronda el 90 %. 
Así, pareciera ser que las tecnologías de reconocimiento facial producen más problemas que los que son capaces de resolver, a la vez que las bases teóricas que sustentan sus supuestos beneficios se desmoronan ante la evidencia.  En Estados Unidos, varias ciudades han prohibido completamente el uso de estas tecnologías. Quizás sea el momento de seguir su ejemplo.

Contra la persecución política a Ola Bini

Ola Bini es un reconocido activista por el software libre y experto en seguridad digital. Desde el 11 de abril de 2019 se encuentra sujeto a un proceso judicial en Ecuador, acusado de haber vulnerado sistemas informáticos. Tal proceso, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado por la multiplicidad de irregularidades cometidas y por estar bajo un sinnúmero de presiones políticas.

El primer elemento ha sido confirmado por el Habeas Corpus otorgado en junio pasado por parte del tribunal de la Corte Provincial de Pichincha y por las expresiones oportunamente realizadas por las Relatorías Especiales sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).[1] [2]

Por su parte, la Misión Internacional de la Electronic Frontier Foundation (EFF) enviada recientemente a Ecuador, tras conversar sobre esta situación con políticos, académicos y periodistas de distintas tendencias, ha concluido que la motivación tras el caso de Ola Bini es política, no criminal.[3] De hecho, todavía se desconoce cuáles son los sistemas informáticos de cuya vulneración se le acusó en un principio.

Junto con ello, una serie de hechos recientes han encendido nuevas alertas. En primer lugar, la vinculación de una nueva persona a la causa por el sólo hecho de mantener un vínculo profesional con Bini y a pesar de que en la audiencia respectiva no se presentaron los elementos jurídicos necesarios para cumplir con dicho trámite. Además, el Fiscal a cargo de la acusación decidió abrir dos nuevas líneas de investigación contra Ola Bini: por “defraudación fiscal” y “tráfico de influencias”. De tal forma, la fiscalía ahora se propone investigar por hasta el plazo de 2 años más al activista.

Esta última decisión sugiere que no se cuentan con pruebas que sustenten las acusaciones originalmente realizadas contra Bini y que la atención de la justicia y el gobierno ecuatoriano no está puesta en un delito, sino en una persona. Esto nos lleva a confirmar el temor expresado por algunas organizaciones internacionales que trabajan por los derechos humanos en internet que desde el momento de la detención de Ola Bini alertaron sobre la espiral de persecución política contra un activista de renombre internacional, cuyo trabajo es globalmente reconocido por la protección de la privacidad.

Considerando lo expresado más arriba y las conversaciones mantenidas en el marco del XII Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF por sus siglas en inglés), los abajo firmantes rechazamos el escenario persecutorio montado contra Bini, demandamos que se respete el debido proceso por parte de todas las funciones del Estado e instamos a que los actores políticos dejen de interferir en la justicia.

Firman:

  • Asociación para el Progreso de la Comunicaciones
  • Derechos Digitales
  • Electronic Frontier Foundation
  • Internet Bolivia
  • Intervozes
  • Fundación Karisma

[1] https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/20/tribunal-de-ecuador-acepta-recurso-de-habeas-corpus-para-ola-bini/

[2] https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/15/nota/7287350/relatorias-onu-oea-cuestionan-detencion-ola-bini

[3] https://www.eff.org/es/deeplinks/2019/08/ecuador-political-actors-must-step-away-ola-binis-case

La oportunidad perdida del ‘gran hackeo’

  1. Big-data, algoritmos e “inteligencia artificial” se han convertido en muletillas que se arrojan al aire con la delicadeza con la que se descarga el equipaje facturado en un avión.

  2. Hoy en absolutamente todos los campos del saber humano hay alguien intentando compilar datos que serán analizados por un sistema de inteligencia artificial, construido a partir de complejos algoritmos, y así innovar de forma disruptiva, crear valor, generar experiencias inmersivas y, en última instancia, hacer del mundo un mejor lugar.

  3. Pero existía una compañía que no quería hacer del mundo un mejor lugar y estaba mucho más interesada en hacer dinero, a pesar de que ello convirtiera al mundo en un lugar peor. Esa compañía se llamaba Cambridge Analytica y utilizó big-data, algoritmos e inteliencia artificial para ganar unas elecciones en Estados Unidos y el Reino Unido. Básicamente de eso va The Great Hack, el documental de Netflix estrenado hace un par de semanas en latinoamérica bajo el inexplicable título de Nada es privado.

  4. En la superficie, The Great Hack es una moraleja respecto a los peligros que el extractivismo de datos plantea a la democracia y los derechos fundamentales de los individuos. Estos peligros son reales y necesitan ser abordados seriamente (que es lo que tratamos de hacer en Derechos Digitales).

  5. Al mismo tiempo, la película mitologiza las capacidades de la industria que critica; una industria que siempre se ha sentido más cómoda trabajando desde las sombras, esquivando las preguntas relevantes y creando mitos.

  6. The Great Hack mitologiza las capacidades de la industria datoextractivista dejando que sean los (ex) empleados de Cambridge Analytica los que expliquen cómo funcionaba el negocio, sin cuestionar su relato en ningún momento. Los documentalistas les dan todo el espacio necesario para pavonear sus capacidades, su inteligencia, su influencia y su poder.

  7. Por su puesto, no todo es culpa de los documentalistas. La verdad es que no sabemos mucho respecto a cómo funciona la industria del extractivismo de datos, cuáles son realmente sus capacidades y menos cuáles son sus limitaciones. Es posible que incluso quienes trabajan para empresas como Cambridge Analytica o Facebook tampoco lo sepan. Y tras ver The Great Hack es poco lo que podemos sacar en claro.

  8. Mucho se discute en The Great Hack respecto a la capacidad de Cambridge Analytica para acumular datos: la empresa se ufana de tener 5000 datos de cada uno de los votantes estadounidenses. Muchos de esos datos se obtuvieron a través de Facebook, por medio de cuestionarios sobre cuestiones triviales que permitían crear perfiles de votantes.

  9. Poco se discute en The Great Hack respecto a la capacidad real de Cambdrige Analytica para procesar esos trillones de datos que acumula: ¿Qué tan efectivo es realmente un test para establecer mi compatibilidad con las princesas de Disney como herramienta para crear perfiles de votantes? No estoy diciendo que esto no se pueda hacer, sino al contrario: ante una premisa así de fascinante es una lástima que los documentalistas no hayan hincado el diente en este tipo de detalles, que son precisamente los que desconocemos.

  10. Pero son precisamente esas omisiones las que obligan a mirar The Great Hack con cierta distancia ahí donde los datos se convierten en un fetiche. Esa creencia de que con suficientes datos no hay nada que no se pueda saber y anticipar. La acumulación de datos como condición de la omnipotencia.

  11. En ese sentido, The Great Hack decide concentrarse mucho más en los efectos: la elección de Donnald Trump en Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo que la película sugiere es que estos resultados solo fueron posibles debido a la intromisión de Cambdrige Analytica: el Big-data, los algoritmos y la “inteligencia artificial” ganaron esas elección.

  12. Así, la película hace eco de cierta retórica negacioncista de algunos sectores que consideran mucho más reconfortante pensar que la derrota de Hillary Clinton y el resultado del referéndum sobre el Brexit solo pueden ser explicados gracias a algún tipo de hackeo al sistema democrático; que el actual panorama político es un error en la Matrix.

  13. ¿Cuánta injerencia tuvo realmente Cambridge Analytica en esos resultados? Es difícil saber. Quizás mucha, quizás no tanto. Hasta puede ser que incluso no haya tenido ninguna. ¿Cómo saber realmente?

  14. Probablemente los únicos que podrían tener respuestas son los miembros de la industria. Pero son precisamente estas personas las que tienen más incentivos para no dar respuestas verídicas. Porque como alguien afirma en The Great Hack, esta es una industria que mueve trillones y se sustenta en la premisa de que los datos pueden decirnos todo lo que necesitamos saber.

  15. El riesgo radica en que el Big-data, los algoritmos y la “inteligencia artificial” se utilizan para tomar decisiones cada vez más relevantes en los distintos campos del saber humano, sin que necesariamente exista una comprensión acabada respecto a cómo cada set de datos, cada algoritmo y cada sistema de inteligencia artificial funciona ni cuál es la lógica detrás de los resultados que emite. Y si no comprendemos estas lógicas, se vuelve mucho más difícil estimar cuándo los resultados son correctos y cuándo no.

  16. Esta incapacidad para comprender la tecnología y sus limitaciones, la imposibilidad de detectar sus errores y sesgos, puede dar pie a una peligrosa cualidad performática, donde las instituciones sociales actúan acorde a a la información entregada por el algoritmo, a pesar de que esta pueda ser errada. Caldo de cultivo para todo tipo de arbitrariedades, discriminaciones e injusticias.

  17. La única vía para evitar esto es exigir mayor transparencia respecto a las reales capacidades de la tecnología, que nos permitan entender realmente qué es lo que pueden y no pueden hacer.

  18. En ese sentido, The Great Hack es una oportunidad perdida.

Resultados del compromiso del Estado chileno con los Derechos Humanos: ¿Avanzamos?

El 4 de Julio se dieron a conocer los resultados del Examen Periódico Universal de Chile. Como hemos abordado en textos previos, esta evaluación no sólo abarcó los derechos humanos en sus aspectos más tradicionales, sino que también por primera vez organizaciones de la sociedad civil -coordinadas por Derechos Digitales- propusimos hacer una revisión más profunda del compromiso del Estado con el respeto de los derechos humanos en los entornos digitales, donde cotidianamente se encuentran inmersas las personas chilenas.

A través de dos reportes sombra -uno centrado en privacidad en el entorno digital y otro en los demás derechos-Derechos Digitales y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron información para la evaluación del Estado chileno, con el fin de aportar información precisa sobre el estado de cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos en los entornos digitales en materias tales como: libertad de expresión y reunión pacífica, protección de datos personales, privacidad, violencia de género y el abuso de las tecnologías de vigilancia por parte de la fuerza pública.

Al ser publicada oficialmente las respuestas de Chile a las recomendaciones formuladas por diversos Estados,recibimos con satisfacción ver entre las recomendaciones aceptadas las siguientes, referidas al ejercicio de derechos en los entornos digitales:

  • 125.88 Garantizar y promover los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión pacífica y la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, también en Internet (Islandia); 
  • 125.92 Aplicar políticas que faciliten la igualdad de acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, en particular para los pueblos indígenas, las poblaciones rurales y las mujeres (México);
  • 125.108 Evaluar las tecnologías de vigilancia y recopilación de datos personales desde el punto de vista de los derechos humanos, en particular teniendo en cuenta el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación (Perú); 
  • 125.109 Aprobar legislación concreta para proteger y promover los derechos humanos en el entorno digital, incluido el derecho a la intimidad (Brasil); 
  • 125.110 Reforzar su legislación para la protección de los datos de sus ciudadanos de conformidad con los principios del estado de derecho, la proporcionalidad y el respeto de la intimidad, en particular considerando la posibilidad de crear una autoridad de control independiente (Suiza);
  • 125.166 Velar por que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, incluso en contextos digitales, mediante una legislación apropiada, medidas preventivas, educación y recursos adecuados, incluidos servicios para las supervivientes (Canadá); 
  • 125.175 Examinar y revisar las leyes, políticas y reglamentos para hacer frente a la violencia contra la mujer, inclusive en contextos digitales, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Islandia); 

Lo anterior representa un gran logro, desde nuestra perspectiva, en el reconocimiento de compromisos pendientes en estas materias, de acuerdo a las obligaciones internacionales previamente asumidas por el Estado; esperamos que este reconocimiento se materialice en acciones concretas que se ejecuten y reflejen antes del próximo ciclo de revisión. Miraremos ávidos la materialización de los compromisos con las personas chilenas para un futuro digital donde se protejan sus derechos y su dignidad.

Desde Derechos Digitales celebramos que se abran espacios de diálogo y evaluación para mejorar la toma de decisiones y la producción de políticas públicas. Del mismo modo en que participamos en la propuesta de recomendaciones, seguiremos velando por la promoción de éstas para asegurar que en Chile se produzcan medidas para procurar la defensa de los derechos humanos a través de las tecnologías. Es importante recalcar que estas recomendaciones no tienen valor si no se ven reflejadas en acciones concretas por parte del Estado chileno para implementarlas y que éstas tengan un impacto que permita mejorar la calidad de vida de las personas en Chile.

En particular, celebramos que se tomen en cuenta recomendaciones que plantean mejorar las medidas para asegurar que las mujeres vivan libres de violencia en los entornos digitales, y esperamos ello pueda traducirse en acciones concretas de introducción de esta temática en las políticas públicas de la especie, así como en la formación de los operadores del sistema de justicia -policía, fiscales y jueces- para una adecuada respuesta a esta restricción de derechos que sufren las víctimas de violencia de género en línea. Del mismo modo, esperamos que se redoblen los esfuerzos para adecuar la protección de datos los datos personales; en forma consistente a estas recomendaciones y a la reciente reforma constitucional al respecto. 

Ahora, las malas noticias: para nuestra sorpresa, entre las recomendaciones rechazadas se encuentra la realizada por el Estado Plurinacional de Bolivia para «Promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las comunicaciones y la tecnología, a fin de evitar la criminalización de las protestas sociales indígenas» (125.91).

Ante evidencia reciente del actuar del Estado chileno de forma ilegal en tristemente célebres casos como el denominado «Operación Huracán», al no ajustarse a los principios de proporcionalidad y pasar por encima del derechos fundamental a la privacidad, nos preocupa sobremanera que el Estado rechace una recomendación que precisamente se encamina a adoptar las previsiones legales y operativas que permitan evitar que los hechos documentados se repitan en el futuro. Se pierde una oportunidad clara para que el Estado impulse una evaluación interna crítica de su proceder, tanto desde una perspectiva de controles legales, como desde una perspectiva de compromiso político con el respeto a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas del pueblo Mapuche.

Sin embargo es de destacar que, a pesar de que la recomendación anteriormente señalada fue rechazada, se aprobó la recomendación 125.88 -hecha por Islandia- que justamente habla de la protección al derecho de libertad de expresión de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Internet. Con ello, esperamos el Estado implemente medidas concretas de control de su fuerza pública para evitar que la tecnología sea usada como medida de represión frente al flujo de información y defensa de derechos que proporcionan los comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, incluyendo aquellos que trabajan de cerca por la protección y respeto de los pueblos indígenas.

En suma, la aceptación de estas recomendaciones, en conjunto, nos permite abrigar la esperanza de que el Estado se comprometa a tomar medidas que habiliten la puesta en marcha de políticas públicas que se alineen con la protección de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la protección de datos y la promoción de entornos digitales libres de violencia hacia las mujeres. 

¿Avanzamos? Sí, aunque no todo lo que quisiéramos. Ahora el Estado tiene cuatro años para demostrar su compromiso con el respeto de los derechos humanos en forma equivalente tanto on line como off line. Derechos Digitales continuará su trabajo de colaboración y observación de las políticas públicas para mantener este recordatorio constante: para que las personas chilenas puedan disfrutar de los beneficios de las tecnologías en sus vidas y no vean restringidos sus derechos por ellas.

Sobre el ataque reportado a OpenPGP

Desde hace varios años, ha tomado mucha importancia en algunas comunidades el protocolo OpenPGP para establecer comunicaciones seguras y niveles de confianza entre actores desconocidos. En primer lugar, hay quienes desean o necesitan comunicarse de una forma en la que se garantice que nadie más con acceso al mensaje pueda leerlo, y por otro lado, hay quienes necesitan verificar si un contenido en realidad está siendo publicado por quien dice, y por lo tanto pueden confiar al momento de descargarlo y manipularlo.

Este último ejemplo resulta de especial interés, pues aunque no lo sepamos, muchas personas utilizan OpenPGP o protocolos similares para manejar actualizaciones de software. Esto se hace para garantizar que las nuevas actualizaciones sean provistas por los desarrolladores originales de los programas y no por algún atacante que nos engaña para que instalemos código malicioso en nuestros equipos, haciéndose pasar por el programa original que queríamos actualizar.

¿Qué necesitamos saber para entender el ataque?

Como tecnología e infraestructura, PGP puede resultar complicada de explicar. Para entender mejor el ataque que está sufriendo podemos repasar algunos conceptos clave de su diseño:

Llaves públicas y privadas

Para que PGP pueda funcionar, las entidades involucradas deben crearse un par de archivos llamados llave pública y llave privada: la primera está diseñada para repartirse por tantos canales como sea conveniente para que cualquiera que la tenga, pueda enviar mensajes confidenciales al titular de la llave; por su parte, la llave privada debe permanecer segura en manos de su titular, pues es la que le permite abrir los mensajes confidenciales que se han recibido utilizando la llave pública. Si esta llave cayera en manos de terceros se rompería toda la seguridad que brinda esta tecnología.

Cifrado y firmado de mensajes

Una de las peculiaridades del uso de estas llaves es que podemos cifrar un mensaje con una de las dos y solo puede ser descifrado usando la otra. El uso más común es usar la llave pública de alguien para cifrar y enviarle un mensaje confidencial, ya que la persona destinataria solo podrá descifrar y leer el mensaje con la llave privada correspondiente.

Otra utilidad es cuando publicamos algo cifrado con nuestra llave privada. En principio será ininteligible, pero cualquiera que tenga nuestra llave pública puede descifrar el mensaje, confirmando así que nosotros -que poseemos la llave privada- fuimos quienes escribimos el mensaje en cuestión, aumentando el nivel de confianza y certificando que el mensaje es auténtico. A este proceso nos referimos cuando hablamos de firmar un mensaje.

Firmado de llaves

De la misma forma en que se pueden firmar mensajes arbitrarios, también podemos firmar un mensaje diciendo que la llave de alguien mas en efecto es de esa persona y no de un tercero haciéndose pasar por ella. Este mensaje se puede agregar a la llave pública «firmada», entonces cuando la busquemos no solo encontraremos la llave pública como tal, sino además todas las firmas de aquellos usuarios que declaran la autenticidad de esta llave.

Servidores de llaves y sincronización

Para solucionar el problema de cómo conseguir llaves públicas de otras personas, existen servidores particulares que se dedican específicamente de esta tarea, almacenando y actualizando llaves públicas y firmas. Muchos de estos servidores hablan entre ellos para mantener su información sincronizada.

Como una decisión de diseño, cuando se programó toda esta infraestructura se decidió que cualquier usuario podía firmar una llave particular y que todas las llaves públicas se almacenarían con sus correspondientes firmas.

Para saber más sobre cómo funciona PGP y sus implementaciones se podemos consultar este artículo recomendado de la EFF Una mirada en profundidad al cifrado de extremo a extremo: ¿Cómo funcionan los sistemas de cifrado de clave pública? Para comenzar a enviar mensajes cifrados con este protocolo podemos consultar las guías disponibles en la guía Surveillance Self-Defense también de la EFF.

Ahora sí, ¿cómo es el ataque reportado?

A finales de Junio algunas personas integrantes y cercanas a la comunidad de OpenPGP anunciaron que sus propias llaves públicas estaban siendo inundadas de firmas sospechosas, llegando en algunos casos a más de 150.000 para el momento de publicación de este artículo, además todas estas firmas están siendo sincronizadas entre la mayoría de los servidores de llaves disponibles.

Como tal, tener una gran cantidad de firmas en una llave pública no debería afectar el funcionamiento del protocolo, sin embargo, muchas implementaciones y programas que usan OpenPGP no están diseñadas para manejar más de unas pocas decenas de firmas por llave pública, entonces al procesar estas llaves inundadas tardan mucho tiempo o incluso se cuelgan, inutilizando OpenPGP al actualizar, importar o usar llaves públicas comprometidas.

Este problema ha sido reportado en el pasado como una vulnerabilidad teórica producto de la decisión de diseño de permitir que cualquiera pueda firmar llaves públicas de otros. Esta «falla de diseño» nunca fue corregida y hasta ahora no había sido vulnerada.

¿Cuál es el alcance actual del problema?

En principio, hay que aclarar que las características de OpenPGP no han sido vulneradas en absoluto, solo que su funcionamiento previsto está siendo abusado para afectar a ciertos programas que utilizan este protocolo. Por otra parte, la confidencialidad o integridad de nuestros mensajes no ha sido comprometida, ningún tercero podrá leer nuestros mensajes antiguos o modificarlos. Lo que produce esta inundación de llaves públicas es afectar la forma en la que algunos programas se comportan al descargar o procesar llaves comprometidas.

De hecho, para el momento de publicación de este artículo se ha detectado el compromiso de unas pocas llaves públicas de personas puntuales, por lo que se especula que este tipo de ataques se van a masificar en el futuro cercano, pero en este momento OpenPGP debería funcionar igual que siempre para la gran mayoría de los usuarios.

¿Solo nuestros correos que usan PGP estarían afectados?

En principio no. Como comentábamos al principio hay otros procesos que dependen del uso de llaves públicas como la actualización de software, en donde se comprueba la veracidad de las actualizaciones disponibles revisando el firmado de las mismas por parte de los desarrolladores oficiales.

En estos casos, dependerá de cómo se realiza el manejo de llaves públicas y firmas de los desarrolladores para cada implementación, pero para que este tipo de ataques afecte a un canal de actualización de software se debería cumplir al menos lo siguiente:

  • Que la llave sea obtenida o actualizada desde un canal que permita agregar firmas arbitrarias a llaves públicas.
  • Que el sistema que procesa las llaves realice alguna acción con las firmas afectadas.
  • Que alguien haga la firma masiva del certificado de forma intencional.
  • Que se lleve a cabo todo el proceso antes de que los diferentes programas actualicen su funcionamiento para adaptarse a este problema.

¿Podemos hacer algo como usuarios y usuarias?

Para este momento existen varias estrategias que podemos seguir para evitar las afectaciones por este tipo de ataques:

  • No actualizar llaves en nuestros repositorios, solo usar llaves que ya tengamos guardadas y sean funcionales.
  • Descargar nuevas llaves y actualizar existentes desde fuentes que no guarden firmas de llaves:
  • Usar clientes que soporten Autocrypt, una tecnología reciente que consiste en enviar las llaves públicas de forma automática junto a los mensajes y que estas sean manejadas de forma automática sin considerar firmas entre otras características. En este momento la implementación más usada de OpenPGP que soporta Autocrypt es Thunderbird + Enigmail, pero debe ser activada manualmente.
  • Esperar por la implementación de soluciones en los programas que actualmente implementan OpenPGP (esto puede tardar).

¿Qué podemos esperar de este incidente?

En principio, aunque el potencial de daño parece importante, este ataque tiene a la fecha un alcance mas bien limitado, lo que nos brinda cierto margen de maniobra en términos de tiempo para informar la situación y aplicar los correctivos necesarios. Esto eplica tanto para usuarios como para desarrolladores, quienes necesitarán adecuar sus programas para no verse afectados por este tipo de problemas. Queda ver si esta inundación de llaves públicas se queda como está a modo de advertencia a la comunidad técnica o escalará y entonces tendremos que prepararnos para la afectación de otros aspectos impactados por el uso de OpenPGP.

Una de las reflexiones más relevantes respecto a este ataque es que cuando nos casamos con una tecnología nos casamos con su diseño, así como con sus defectos, que a veces pueden llevar a situaciones de afectación menor como hasta ahora ha sido con este incidente o a vulnerabilidades de seguridad importantes que pueden comprometer nuestras comunicaciones, datos o incluso el propio uso de nuestros equipos, como podría pasar si este problema de inundación de llaves llega a afectar de forma masiva la actualización de nuestros sistemas operativos.

¿Chile está a la altura de la tarea? Los derechos humanos en el entorno digital, examinados

El 22 de enero pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó el historial de derechos humanos de Chile en el contexto del proceso del Examen Periódico Universal (EPU). Este proceso permite rastrear el progreso que ha tenido Chile en sus obligaciones de promover y proteger los derechos humanos.

Como señalamos en un texto anterior, este EPU ha registrado la primera vez que se generó conciencia sobre la necesidad de abordar el impacto de las tecnologías digitales en el ejercicio y la promoción de los derechos humanos: desde el respeto del derecho a la privacidad, la libertad de expresión. , la reunión y asociación pacífica, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y el impacto de una amplia gama de tecnologías que están afectando cada aspecto de la vida de los chilenos.

El Estado chileno debe ajustarse a las normas internacionales sobre el disfrute de los derechos humanos en internet, el derecho a la privacidad en la era digital y otros instrumentos que combaten la discriminación y la violencia en sus manifestaciones digitales.

Las recomendaciones recibidas por Chile en este último EPU son cruciales para reconocer el compromiso deficiente del Estado con respecto al fomento del ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital.

En un artículo anterior advertimos sobre cómo el estado y el sector privado han utilizado algunas tecnologías para realizar la vigilancia de los chilenos, afirmando que era por «su propia seguridad» y «el uso efectivo de los recursos públicos». A continuación echamos un vistazo a las principales áreas de preocupación que se expresaron en el EPU, que también percibimos como desafíos compartidos en varios países de América Latina.

Chile necesita mejores leyes de derechos digitales y autoridades independientes de protección de datos

La delegación brasileña recomendó que Chile «adopte una legislación específica para proteger y promover los derechos humanos en entornos digitales, incluido el derecho a la privacidad». Esta recomendación señaló que Chile se quedó corto en la implementación de políticas concretas y directas sobre la materia.

Perú recomendó que Chile debería trabajar en «la evaluación de las tecnologías de vigilancia y recolección de datos personales desde una perspectiva de derechos humanos, con respecto al derecho a la privacidad y considerando el principio de no discriminación».

En la misma dirección, el Estado suizo señaló «la necesidad de fortalecer la legislación sobre la protección de datos personales» y el establecimiento de políticas públicas «de acuerdo con el estado de derecho, la proporcionalidad y la privacidad». Para que esto suceda, según el Estado suizo, es necesario que Chile «considere la creación de una autoridad de control independiente» que proteja los datos personales.

Actualmente se están discutiendo algunas mejoras en la actualización de la ley chilena de protección de datos; no obstante, estas recomendaciones obligan al Estado chileno a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos previamente adoptadas por Chile.

Chile necesita enfrentar la violencia contra las mujeres en entornos digitales

Las recomendaciones de Islandia abordaron otros temas apremiantes, instando al Estado de Chile a «revisar las leyes, políticas y regulaciones que abordan la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en entornos digitales». Esta recomendación fue secundada por Canadá, quien recomendó una orden de legislación que permitiría a las mujeres «vivir libres de violencia, incluido el contexto digital».

Si bien Chile ha mejorado considerablemente la implementación de políticas para combatir la violencia contra las mujeres y los jóvenes, no hay políticas específicas para enfrentar este problema en el campo digital: el acoso sexual en las redes sociales y la difusión de material íntimo sin consentimiento son una realidad que requiere un esfuerzo práctico para superar las estructuras patriarcales en espacios fuera de línea y en línea, a fin de garantizar la capacidad de las mujeres para crear, habitar y constuir sus propias narrativas en el espacio digital.

También es necesario señalar que estas recomendaciones son adicionales a los esfuerzos anteriores desarrollados por el Estado, por eso insistimos a las instancias calificadas que tomen en cuenta las recomendaciones para promover su plena integración en los programas futuros y la agenda legislativa; garantizando espacios libres de violencia para el desarrollo de las mujeres a partir de hoy.

Chile necesita dejar de usar la tecnología para violar los derechos humanos

Las recomendaciones bolivianas abordan uno de los temas más apremiantes y escandalosos de Chile en los últimos tiempos: el uso de la tecnología como herramienta de represión. En una declaración contundente, Bolivia recomendó que Chile “promueva estándares que sigan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Así como el uso de las comunicaciones y las tecnologías como una forma de poner fin a la criminalización de las protestas de los indígenas».

La delegación boliviana instó a Chile a evitar la repetición de episodios escandalosos como el «Caso Huracán«, donde se utilizó la tecnología para enmarcar a los líderes indígenas en actos terroristas. En muchos casos, el estado ha utilizado la tecnología para espiar a los líderes, periodistas y medios de comunicación indígenas en un intento por criminalizar sus reclamos legítimos.

Todas esas acciones violan las normas internacionales de derechos humanos al restringir el derecho a la privacidad, evitando la inviolabilidad de las comunicaciones y limitando la libertad de expresión y la reunión pacífica. Estas son algunas de las razones por las que esperamos que las recomendaciones se tengan en cuenta y se canalicen a través de reformas legales e institucionales dentro de los servicios de inteligencia y la aplicación de la ley del país, para evitar que las violaciones a los derechos humanos de las personas chilenas vuelvan a suceder.

¿Qué sigue?

Los Estados que participaron en el EPU de Chile hicieron llamados claros y firmes al Estado de Chile para promover, proteger y respetar plenamente los derechos humanos en el contexto digital. Esperamos que el Estado chileno esté a la altura de la tarea de aceptar esas recomendaciones, avanzar hacia la implementación completa de un enfoque integral de los derechos humanos en el país y, por lo tanto, considere los espacios digitales como entornos protegidos para el ejercicio de los derechos humanos.

Derechos Digitales -con sus socios y simpatizantes- mantendrá la atención en la adopción de las recomendaciones de Chile y estará disponible para colaborar en esta tarea. Como hemos señalado anteriormente: es momento de tomar decisiones y compromisos para garantizar la capacidad de ejercer plenamente los derechos humanos para el futuro, que es ahora. No hay tiempo que perder.

* Estos esfuerzos fueron coordinados por Derechos Digitales y respaldados por IFEX, en colaboración con Privacy International, APC, Ciudadanía Inteligente y Fundación Pro Acceso.

Implementación del Convenio de Budapest en Chile: a tiempo para enmendar el rumbo

El pasado 15 de abril se cumplió el plazo para el ingreso de indicaciones en el proyecto de ley de delitos informáticos, que busca implementar las disposiciones del Convenio de Budapest en Chile. A través de este proceso, tanto el ejecutivo como los senadores ingresaron propuestas de modificación al proyecto. La buena noticia es que muchas de las inquietudes y propuestas de la sociedad civil, los académicos y la comunidad técnica fueron recogidas por los senadores (incluyendo las de Derechos  Digitales). El ejecutivo presentó modificaciones menores -muchas de ellas positivas- pero mantuvo su posición en algunos de los aspectos más problemáticos del proyecto.

El martes 23, la Comisión de Seguridad del Senado retomó la discusión del proyecto, comenzando su votación en particular. Es decir, a discutir y votar cada una de las indicaciones con el fin de alcanzar un texto final.

El proyecto original utilizaba una terminología confusa y poco adecuada respecto a qué condiciones se tienen que cumplir para que alguien se considere culpable de cometer un delito informático. Se proponía castigar a quien “maliciosamente” o “indebidamente” cometiera algunos de los ilícitos descritos en el texto del proyecto. El primer término -utilizado por nuestra legislación actual- es excesivamente subjetivo, exigiendo una intencionalidad específica de cometer un daño, la que suele ser difícil de probar. El segundo es excesivamente amplio, siendo sinónimo de “sin permiso”, sin exigir que se haya obtenido o hecho un mal uso de la información, o se haya superado una barrera técnica.

Una de las principales recomendaciones de la sociedad civil y la academia fue reemplazar estos términos por aquellos utilizados por el propio Convenio de Budapest, el que exige que las conductas sean cometidas de forma “deliberada y ilegítima”. Esta recomendación fue recogida por varios senadores -entre ellos los senadores Pugh, Araya, Harboe e Insulza- y tiene la particularidad de cumplir con uno de los objetivos del Convenio de Budapest: establecer criterios comunes en la legislación de delitos informáticos a nivel internacional. Por otro lado, exigir que los delitos se cometan de forma deliberada e ilegitima asegura que no se castiguen conductas lícitas, castigándose sólo aquellas que se realicen de forma premeditada y sin un derecho que las ampare.

Avances en la tipificación del acceso informático ilícito

Estas distinciones jurídicas pueden parecer completamente abstractas y académicas, pero tienen un efecto concreto en cómo se podrán aplicar estos tipos penales a futuro. En una columna anterior, expliqué cómo la actual redacción del delito de acceso informático puede terminar criminalizando la legítima labor de consultores, expertos y técnicos en materia de ciberseguridad que se dedican a identificar y notificar vulnerabilidades o fallas en los sistemas informáticos.

El ejecutivo parece haber tomado nota de las recomendaciones hechas por los invitados a exponer en la Comisión y al menos incluyó uno de los elementos necesarios para subsanar este artículo; también propone, como requisito para el delito de acceso informático, que el infractor sea quien supere una barrera técnica. Este cambio es positivo, ya que la comisión de un delito informático necesariamente requiere la superación de una barrera de seguridad, de otra forma la señal que se está dando es que basta un incumplimiento de los términos y condiciones de un sistema o sitio para que se configure el delito de acceso informático ilícito.

Sin embargo, este tipo penal requiere de otras modificaciones, que afortunadamente fueron recogidas por los senadores. La ya comentada inclusión de los términos “de forma deliberada e ilegítima” es particularmente importante en este delito, debido a que los expertos informáticos que detectan y dan a conocer vulnerabilidades informáticas efectivamente vulneran barreras técnicas de seguridad; pero lo hacen de forma legítima, porque su objetivo no es conocer o apropiarse de la información contenida en ellos. Por ello, resulta acertado que se haya propuesto que la redacción del artículo exija que el acceso se realice con el ánimo de conocer, apropiarse o utilizar la información contenida en el sistema para ser un delito.

Los senadores Araya, Harboe e Insulza incluso fueron más allá: proponiendo una excepción específica para quienes realicen labores de investigación de seguridad informática, eximiéndolos de responsabilidad en la medida que notifiquen sin demora la vulnerabilidad al responsable del sistema. De reflejarse en el texto final del proyecto, la inclusión de estos requisitos y excepciones permitirían que este tipo penal sea aplicable sólo a los delincuentes informáticos que el proyecto busca perseguir y no a otros actores del ecosistema de la ciberseguridad.

Criminalización del cifrado

Otro de los aspectos negativos del proyecto de ley era que establecía como agravante de la comisión de un delito informático, el haber utilizado tecnología de cifrado para burlar la persecución de la justicia. Ya he comentado cómo esta norma es contraria al principio de no incriminación y que el hecho de que el cifrado de punto a punto se está transformando en un estándar de la industria haría que todos los delitos informáticos vinieran -por defecto- agravados.

La propuesta del ejecutivo para subsanar esta situación es mantener esta agravante, pero bajo un criterio de neutralidad tecnológica, agravando el uso de “tecnologías destinadas a destruir u ocultar en una investigación penal”. Si bien este es un avance, en la práctica todavía estaría criminalizando la utilización del cifrado. Por otro lado, esta agravante sigue siendo contraria al principio de no incriminación, ya que es natural que una persona que cometa un ilícito tome las medidas necesarias para no ser descubierta y perseguida.

Aumento de retención de metadatos: la gran batalla

En una acertada columna, el académico Pablo Contreras explica cómo la extensión del período de retención de metadatos propuesta por el proyecto de ley resulta desproporcionada, lesiva de derechos fundamentales y en la práctica busca legalizar lo propuesto por el infame Decreto Espía. Los distintos expertos, académicos y miembros de la sociedad civil que expusieron en la Comisión de Seguridad Ciudadana mostraron su oposición a este aumento de la capacidad de vigilancia del Estado. Sin embargo, el ejecutivo decidió mantener su posición de aumentar, tanto el período de retención de las comunicaciones de todos los chilenos -a dos años-, como el tipo de tráfico a almacenar, incluyendo información relativa a la ubicación de las personas.

Afortunadamente, la voz de los expertos fue recogida por gran parte de los senadores; quienes propusieron la eliminación o modificación de este artículo para mantener el período de retención en su plazo actual de un año. Esta modificación puede incluso transformarse en una oportunidad para modificar la expresión utilizada actualmente por el Código Penal, el que establece que los datos de tráficos serán almacenados por un período “no menor a un año”. Establecer un límite preciso y la obligación de eliminar la información de manera segura luego de cumplido el plazo se presenta como una mejora importante, e impide la existencia de recurrentes interpretaciones antojadizas a futuro.

Continúa la tramitación…

El hecho de que los senadores hayan ingresado indicaciones positivas no es garantía de que el proyecto de ley sea efectivamente modificado para subsanar todas sus deficiencias. Estas indicaciones todavía tienen que ser discutidas y votadas por la Comisión para alcanzar un texto final. El pasado martes la Comisión votó el artículo 1 (ataque sobre la integridad del sistema) y el artículo 3 (interceptación ilícita), que eran las normas menos polémicas del proyecto. La Comisión comenzó la discusión del artículo 2, sobre acceso informático, pero al no alcanzar un consenso solicitó la creación de un grupo de trabajo especial para destrabar la discusión.

Es de esperar que en las próximas semanas la Comisión retome la discusión y votación de las disposiciones particulares. Esperamos que en dicho diálogo primen las consideraciones técnicas y las recomendaciones otorgadas por los expertos. Las indicaciones presentadas por los senadores significan un avance importante para que le proyecto efectivamente busque promover la ciberseguridad en nuestro país y resultaría positivo que estas sean incorporadas al proyecto.

En este contexto, una coalición de expertos informáticos, académicos y miembros de la sociedad civil hizo llegar el martes pasado una carta abierta a la Comisión de Seguridad resumiendo los puntos clave que el proyecto debe modificar para proteger los derechos de las personas, promover la ciberseguridad y permitir el florecimiento de la industria de la seguridad informática en nuestro país.

Por una ley de delitos informáticos que promueva la ciberseguridad

En 2018 la ciberseguridad ocupó la portada de todos los grandes medios y se transformó en un tema prioritario para gobiernos y las empresas privadas. No podía ser de otra forma: a medida que la tecnología pasa a ser un componente crucial de nuestra economía, en nuestras comunicaciones y en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, se vuelve necesario que el entorno digital sea seguro.

En este contexto, la implementación de las disposiciones del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia se presenta como una oportunidad para que Chile actualice su marco normativo y así enfrente de forma efectiva el fenómeno de la cibercriminalidad.

Lamentablemente, el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo — y que hoy se discute en la Comisión de Seguridad Pública del Senado — contiene disposiciones que, lejos de permitir que las personas y las empresas se desenvuelvan de forma más segura en el ciberespacio, podrían deteriorar la labor de quienes se dedican a la ciberseguridad en nuestro país.

Las personas abajo firmantes, académicos y profesionales, integrantes de la sociedad civil y expertos en ciberseguridad, hacemos un llamado al gobierno y a quienes conforman la Comisión de Seguridad Pública del Senado para subsanar los siguientes aspectos del proyecto:

  1. Criminalización del pentesting: Esta práctica es fundamental para el ecosistema de la ciberseguridad, ya que otorga a consultores independientes la capacidad de probar la seguridad de los sistemas informáticos y reportar, de buena fe, eventuales vulnerabilidades a su administrador. En la versión actual del proyecto de ley, el delito de acceso informático exige que este se haya realizado de forma “indebida”, es decir, sin permiso. Esto abre la puerta para la criminalización de una actividad que no solo es lícita, sino que es esencial para permitir el diagnóstico y reporte de vulnerabilidades informáticas.  
  2. Utilización del cifrado como agravante penal: El proyecto establece que la responsabilidad penal se verá agravada cuando se utilice tecnología de cifrado para obstaculizar la labor de la justicia. Esta propuesta es técnicamente inconducente, ya que es una tendencia a nivel de industria y de estandarización a nivel mundial la implementación de tecnología de cifrado de punta a punta en sus productos. Por otro lado, el cifrado es un elemento esencial para fomentar la seguridad de las comunicaciones y transacciones. Tal como establece la Política Nacional de Ciberseguridad, es labor del Estado promover la tecnología de cifrado, no obstaculizar su uso.
  3. Aumento del período de retención de metadatos: El proyecto aumenta de uno a dos años el período en que las empresas proveedoras de internet tendrán que almacenar datos de tráfico de sus usuarios, e incrementa la variedad de tipos de datos e informaciones a retener. Consideramos que esta obligación es desproporcionada y contraria al derecho a la privacidad de los ciudadanos, y expone innecesariamente información altamente sensible a ser objeto de filtración, ataques informáticos o uso no autorizado, volviendo a los usuarios más vulnerables.
  4. Sobre la evidencia digital: Se plantea que los procedimientos de preservación y custodia se ajusten a lo que indique una persona (Fiscal Nacional), pero no hace referencia a que una entidad, como el Instituto Nacional de Normalización (INN) sea quien dicte los marcos referenciales para este tipo de procesos que son extremadamente delicados, ya que pueden constituir pruebas que permitirían la acusación penal de una persona. Actualmente existen normas internacionales que velan por el tratamiento de la evidencia digital de forma adecuada y que incluso la OEA promueve. No parece prudente que sea únicamente una persona quien dicte los procedimientos que se deben utilizar en informática forense como normativa legal.




Firmantes:  

  • María Paz Canales, directora ejecutiva Derechos Digitales
  • Joshua Provoste, Investigador de Seguridad Informática
  • Alejandro Barros, Académico Asociado – Centro de Sistemas Públicos (U. de Chile)
  • Juan Anabalón, Presidente del Information Systems Security Association (ISSA Chile)
  • Pablo Contreras, Académicos Universidad Autónoma de Chile
  • Paulo Colomés F, Académico e Ingeniero de proyectos en NIS.CL
  • Leo Soto M., Consultor Lider para Banca y Pagos en Continuum.
  • Ignacio Parada Poblete, Presidente de MITI A.G. – Asociación Gremial Mejor Industria TI.
  • Claudio Álvarez Gómez, Académico Universidad de los Andes
  • Mauricio Castro, CTO Magnet SpA
  • Alma Negrete, Gerente General DevArtisan SpA
  • Tomás Vera, CINNO Zenta Group SpA
  • Luis Cruz, Managing Director en 2Brains
  • Gert Findel, Director Ejecutivo Acid Labs
  • Manuel Moreno, CEO GlobalSecure Academy
  • Manuel Suárez, Gerente General Synaptic
  • Javier Urrutia T, CEO coreDevX SpA




Puedes adherir firmas, a título institucional o personal, a través del siguiente formulario:

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Pronunciamiento de las organizaciones civiles latinoamericanas: Exigimos liberen a Ola Bini

El jueves 11 de abril, la policía ecuatoriana detuvo en el aeropuerto de Quito a Ola Bini, ciudadano sueco residente en Ecuador, desarrollador de software y activista por la privacidad y la libertad en internet, mientras trataba de tomar un vuelo hacia Japón. Según las autoridades ecuatorianas, el arresto estaría justificado en la relación de Ola Bini con WikiLeaks, que lo implicarían en supuestas conductas ilegales.

Ola Bini es un experto altamente respetado en seguridad digital y criptografía, y es reconocido por sus importantes contribuciones en este campo. Es miembro de varias redes europeas e internacionales, y participa en proyectos de alto nivel, varios de ellos patrocinados por la Comisión Europea.

Nos preocupa que el arresto y la detención de Bini sea parte de una campaña contra la comunidad de personas desarrolladoras que construyen herramientas de tecnología de seguridad digital, que garantizan el disfrute de los derechos humanos en internet y las comunicaciones seguras en línea.

Las tecnologías de seguridad digital, incluidas las de cifrado, son herramientas importantes para salvaguardar el ejercicio de derechos humanos en internet de la ciudadanía. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas incluso ha reconocido en su Resolución 33/2 de 2016 que estas tecnologías son valiosas para proteger a las y los periodistas, pues proveen un canal seguro para sus comunicaciones y preservan la confidencialidad de las fuentes.

[left] Dada la importancia que tienen las herramientas digitales para el disfrute de derechos humanos, las personas que desarrollan tecnologías de seguridad digital –como Ola Bini– no deberían ser criminalizadas. [/left]

El día de la detención, funcionarios del Gobierno ecuatoriano anunciaron que estaban a punto de tomar medidas contra cuatro individuos descritos como “dos hackers rusos, un colaborador de WikiLeaks y una persona cercana a Julian Assange”, alegando que estas personas estaban tratando de “establecer un centro internacional de piratería” en Ecuador. Expresamos nuestra preocupación por la arbitraria privación de libertad de Ola Bini. La misma se ejecutó de manera injustificada, poco clara y con una orden judicial irregularmente emitida, violentando el marco internacional e interamericano de derechos humanos que garantizan el debido proceso y garantías de protección a los derechos fundamentales de las personas.

Con posterioridad, la Fiscalía General de Ecuador declaró que a Bini se le acusa de su “presunta participación en el delito de atentado contra la integridad de los sistemas informáticos” y de intentar desestabilizar el país. Como prueba, el Fiscal General presentó una serie de dispositivos digitales, como computadoras portátiles, iPads, iPods, cables USB y dispositivos de almacenamiento de datos cifrados, libros, así como patrones de viaje y pagos por servicios de internet. Reiteramos que el uso de dispositivos digitales no puede ser utilizado como una medida para incriminar a personas cuyo trabajo se apoya en el uso de software libre y está vinculado al desarrollo de herramientas de seguridad digital.

Los cargos, la vinculación de Bini con Wikileaks y las pruebas, más que sostener la acusación, estigmatizan y criminalizan actividades legítimas y necesarias para la protección de los derechos humanos. Las irregularidades de su detención, generan una profunda preocupación sobre la negación a Ola Bini de sus derechos al debido proceso y a la defensa. Lo anterior configura una persecución y criminalización del activismo en favor de la la libertad de expresión y el acceso a la información. Tanto el Relator Especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, como el Relator Especial de a ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, han expresado públicamente su preocupación por lo que demuestra hasta ahora ser una detención arbitraria.

Las organizaciones firmantes, provenientes de América Latina y el Caribe, rechazamos la criminalización de las actividades de desarrollo de herramientas de seguridad digital y habilitadoras de los derechos humanos en Internet, particularmente, de la libertad de expresión. Reconocemos que es fundamental proteger la seguridad de las comunicaciones, anonimato y el derecho a la privacidad de periodistas y sus fuentes, así como de defensores de derechos humanos en un contexto de creciente violencia en la región.

Por lo tanto, exigimos al Gobierno del Ecuador libere inmediata e incondicionalmente a Ola Bini y que retire todos los cargos en su contra.

Firman:

  • Actantes
  • Artículo12, A.C. México
  • Artículo19 México
  • Artigo19 Brasil
  • Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
  • Asociación de Software Libre del Ecuador
  • Casa da Cultura Digital Porto Alegre
  • Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé
  • Centro de Mídia Independente Brasil
  • Ciranda Inter. Comunicação Compartilhada
  • Coletivo Digital
  • Coletivo Saravá
  • Derechos Digitales
  • Electronic Frontier Foundation
  • Escola de Ativismo
  • Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação — FNDC
  • Fundación Ciudadanía Inteligente
  • Fundación Karisma
  • Garoa Hacker Clube
  • Instituto Bem Estar Brasil
  • Instituto Educadigital
  • Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife — IP.rec
  • Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
  • Internet Sem Fronteiras Brasil
  • Intervozes — Coletivo Brasil de Comunicação Social
  • Rede Latino-americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade — Lavits
  • Usuarios Digitales