Rechazo al Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia

Ecuador DM, 03 de junio de 2025

Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo categórico al Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que actualmente entra en discusión en la Asamblea Nacional. Esta propuesta legislativa no responde a la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en el país, sino que establece las bases para un sistema opaco, autoritario y profundamente lesivo a los derechos humanos, en una propuesta de ley que ha sido desarrollada entre el silencio mediático y las sombras.

En un contexto donde la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción requieren respuestas integrales, coordinadas y democráticas, este proyecto no ofrece soluciones reales. Por el contrario, institucionaliza la impunidad, concentra el poder en el Ejecutivo y reduce al mínimo los mecanismos de control y fiscalización ciudadana y judicial.

Denunciamos que el proyecto:

1. Viola el derecho a la privacidad y al debido proceso: Al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, se habilita una vigilancia masiva e inconstitucional sobre la ciudadanía.

2. Otorga impunidad a los agentes de inteligencia: Exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes cometan abusos en el marco de sus funciones, generando un sistema paralelo fuera del estado de derecho.

3. Impone una entrega obligatoria de información sin garantías: Obliga a instituciones, empresas y personas a entregar datos bajo amenaza legal, sin protección de confidencialidad ni posibilidad de oposición.

4. Legaliza el uso de gastos reservados sin fiscalización: Se establece el uso de recursos públicos bajo la figura de «gastos reservados», sin controles independientes ni auditorías externas, reproduciendo las mismas condiciones que permitieron escándalos de corrupción y espionaje político en el pasado (como con la extinta SENAIN).

5. Permite el uso político del sistema de inteligencia: Con un ente rector nombrado directamente por el Presidente y sin mecanismos de supervisión autónoma, el sistema puede ser fácilmente instrumentalizado para perseguir a críticos, opositores, periodistas y defensores de derechos.

6. Debilita la transparencia y la democracia: La clasificación arbitraria de información como “secreta” limita el acceso ciudadano y periodístico, erosionando la rendición de cuentas y alimentando la opacidad institucional.

7. Incumple estándares internacionales de derechos humanos: Desconoce el fallo Cajar vs.Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige proteger los datos personales en sistemas de inteligencia y garantizar derechos como la cancelación, corrección y actualización, reconociendo la autonomía informativa.

Este proyecto no combate la inseguridad: la profundiza

Implementar un aparato de inteligencia sin garantías de control, transparencia ni respeto a los derechos fundamentales no combate la violencia ni el crimen organizado. Lo único que asegura es más poder para el Presidente y el aparato estatal, menos vigilancia ciudadana, y más herramientas para el abuso.

La historia reciente de Ecuador demuestra que la concentración de poder y la opacidad en los sistemas de inteligencia no mejoran la seguridad, sino que alimentan el espionaje ilegal, la persecución política y la corrupción.

Exigimos:

  • El archivo inmediato del Proyecto de Ley;
  • La apertura de un debate público y participativo, con organizaciones de derechos humanos, periodistas, expertos en seguridad y sociedad civil;
  • La construcción de una política de inteligencia basada en controles democráticos, transparencia y respeto irrestricto a los derechos fundamentales;
  • El establecimiento de mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas, incluyendo la eliminación de gastos reservados sin auditoría externa.
  • Un pronunciamiento urgente de la Superintendencia de Protección de Datos Personales respecto al contenido de este proyecto de Ley que pretende un acceso desmedido y sin consentimiento a datos personales.

No se combate la violencia entregando al Estado las herramientas para violar derechos.

No hay seguridad sin democracia. No hay democracia sin control ciudadano.

No a la impunidad.

Análisis sobre el proyecto de Ley de Inteligencia en Ecuador

En la Asamblea Legislativa de Ecuador avanza la discusión del «Proyecto de ley orgánica de inteligencia» que, si bien busca responder a los retos que enfrenta el país en materia de seguridad nacional, propone un articulado que genera preocupación por su nivel de desprotección de los derechos humanos.

¿Quién cuenta nuestras historias? Periodismo automatizado y derechos fundamentales

En los últimos años, las herramientas de inteligencia artificial han comenzado a ocupar un lugar cada vez más visible en las redacciones de medios de América Latina. Desde asistentes que ayudan a transcribir entrevistas hasta sistemas que generan notas automáticamente, la promesa es clara: más eficiencia, menos carga laboral, menor costo y mayor productividad. Pero en un contexto de precarización, concentración de medios y saturación de desinformación, la pregunta no puede ser solo técnica: ¿qué implica automatizar la producción de noticias? ¿Qué se pierde cuando desplazamos el criterio humano por decisiones algorítmicas? ¿Y qué derechos están en juego cuando delegamos funciones clave a tecnologías opacas, que pueden comprometer la privacidad de las personas o exponer datos sensibles sin garantías claras?

Las tecnologías no son neutras, ni inevitables. Cómo se diseñan, a quién benefician y en qué condiciones se integran son decisiones profundamente políticas. Cuando hablamos de IA en el periodismo, lo que está en juego no es solo el futuro del oficio, sino también la calidad del debate público, la diversidad de voces y el derecho a una información verificada, plural y libre.

La IA no se equivoca, simplemente inventa

Uno de los mayores peligros del uso de IA en el periodismo no radica únicamente en sus limitaciones técnicas, como su capacidad para generar contenidos falsos con un tono convincente, sino en cómo estas herramientas son incorporadas en las prácticas periodísticas sin un control adecuado. A estas falsedades se les conoce como “alucinaciones”: errores que no son simples imprecisiones, sino construcciones completamente ficticias, presentadas con seguridad estilística. El riesgo aumenta cuando estas herramientas se integran en flujos de trabajo sin revisión humana o se utilizan para cubrir temas sensibles con escasa verificación, desplazando criterios editoriales por resultados automatizados, ajenos al contexto y desvinculados de toda responsabilidad profesional.

Durante el panel internacional “Inteligencia Artificial y Periodismo: ¿Cómo los medios están cubriendo y utilizando la IA en América Latina?”, organizado por la UNESCO en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año, periodistas de todo el mundo, autoridades y expertas alertaron sobre este fenómeno. Se coincidió en que, lejos de reemplazar el trabajo periodístico, la IA exige una nueva capa de responsabilidad: todo contenido generado o asistido por sistemas automáticos debe ser verificado, contrastado y contextualizado. Usar estas herramientas sin revisión humana no es innovación, es una forma acelerada de erosionar la confianza pública.

Entre precariedad y automatización

La adopción de IA ocurre en un escenario de crisis estructural para el periodismo. En América Latina, muchas redacciones enfrentan recortes presupuestarios, tercerización de funciones editoriales y presión por producir más contenido en menos tiempo. En este contexto, las tecnologías generativas parecen una solución fácil: automatizar notas de economía, clima o espectáculos para ahorrar tiempo y recursos.

Pero esta lógica plantea una falsa dicotomía: ahorrar costos a cambio de debilitar el oficio. En algunos casos, ya se han documentado errores graves en medios internacionales que usaron IA sin control editorial, como la publicación de artículos fabricados o entrevistas a personas inexistentes. El impacto no es solo reputacional, también precariza aún más el trabajo de periodistas, editores y correctores, consolidando un modelo donde la automatización reemplaza capacidades humanas sin generar condiciones más dignas ni sostenibles para quienes sostienen el oficio.

En tiempos donde el periodismo atraviesa una crisis de credibilidad en muchas partes de la región, automatizar sin criterio no es una solución, sino que es una forma de agravar el problema. El periodismo no es solo producción de contenido; es ejercicio crítico, narración situada, atención al contexto y responsabilidad pública. Cuando se reemplaza por sistemas que priorizan la cantidad sobre la calidad, el resultado no es eficiencia, sino desinformación con apariencia de legitimidad, amplificada por la credibilidad institucional de los medios que la reproducen. La automatización acrítica debilita tanto la calidad como la confianza en el periodismo como herramienta democrática.

Las fuentes no son prompts

Uno de los puntos más delicados -y muchas veces invisibles- del uso de IA generativa en el periodismo tiene que ver con la protección de fuentes. Ingresar información confidencial en sistemas como ChatGPT o Gemini, por ejemplo, para redactar un borrador o resumir una entrevista, implica entregar esos datos a empresas cuyos términos de uso permiten almacenarlos, analizarlos o utilizarlos para seguir entrenando sus modelos. En la práctica, esto significa que nombres, descripciones, detalles sensibles sobre hechos o incluso fragmentos de testimonios pueden quedar registrados en servidores externos, sin garantías sobre su eliminación o uso futuro.

Esto no solo va en contra del principio básico de confidencialidad periodística. También expone a personas que entregaron testimonios bajo promesas de reserva, especialmente en contextos de riesgo como la violencia de género, la corrupción o los conflictos socioambientales, donde una filtración de información puede tener consecuencias graves. La tecnología puede facilitar tareas, pero no debe jamás poner en peligro a las fuentes, ni debilitar las condiciones bajo las que se resguarda su información.

En América Latina, con intentos regulatorios sobre la IA y nuevas reglas sobre datos personales, como la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile que establece obligaciones claras sobre el consentimiento, la proporcionalidad y la finalidad del tratamiento de datos, este punto cobra aún más relevancia. Las y los periodistas tienen la responsabilidad de aplicar esos principios no solo frente a personas terceras, sino también frente a las plataformas que usan en sus procesos de trabajo, asumiendo que toda herramienta digital forma parte del entorno de riesgo que debe ser evaluado críticamente.

Principios y propuestas para un uso responsable de la IA

Frente a este panorama, no todo son alertas. Existen esfuerzos concretos para promover un uso ético de la IA en el periodismo. Uno de los más relevantes es la Carta de París sobre inteligencia artificial y periodismo elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y publicada en 2023, que establece un decálogo de principios éticos para enfrentar los desafíos actuales.

Entre sus recomendaciones destacan la necesidad de transparencia sobre el uso de herramientas automatizadas, la trazabilidad del contenido generado por IA, la supervisión editorial humana obligatoria, la garantía de que la IA no sustituya funciones esenciales del periodismo y el compromiso con una gobernanza tecnológica centrada en derechos humanos. Esta carta no solo interpela a medios y periodistas, sino también a gobiernos, desarrolladores y plataformas tecnológicas, recordando que el ejercicio periodístico no puede depender de sistemas cuya lógica excluye la responsabilidad pública.

A nivel práctico, ya existen iniciativas que avanzan en la implementación de estos principios. Algunos medios han comenzado a etiquetar de forma explícita el contenido generado por IA, a establecer protocolos de revisión y a capacitar a sus equipos en el uso crítico de estas herramientas. También se discute la incorporación de cláusulas éticas en los contratos con proveedores tecnológicos y la creación de mecanismos colectivos de evaluación y rendición de cuentas, especialmente en redacciones independientes y comunitarias.

La tecnología puede ser aliada, pero siempre bajo marcos de transparencia, ética profesional y respeto por las personas. Eso implica comprender sus límites, evaluar críticamente cómo está diseñada y qué efectos produce, y evitar delegar en sistemas automatizados decisiones que exigen contexto, criterio editorial y responsabilidad humana. Usarla con cuidado no solo protege el ejercicio periodístico, sino que también garantiza el derecho de las audiencias a recibir información confiable, diversa y producida con estándares de integridad.

Periodismo, democracia y tecnología

La automatización en el periodismo no es un escenario neutral. Puede ayudar a abordar tareas operativas en contextos de sobrecarga, reducción de equipos o necesidad de mejorar la accesibilidad de ciertos contenidos. Pero cuando se adopta sin criterios de justicia, equidad y responsabilidad, también puede profundizar problemas ya existentes como la precarización laboral, pérdida de diversidad en las coberturas y deterioro del juicio editorial. Informar es una función pública y una responsabilidad con la sociedad, no una tarea replicable sin contexto por sistemas opacos.

En América Latina, donde el espacio cívico se reduce, donde el acceso a la información muchas veces depende de medios independientes, y donde las amenazas a periodistas se multiplican, proteger el periodismo es también proteger la democracia.

Por eso, las decisiones sobre cómo se usa la IA en la producción de noticias no pueden quedar en manos de unos pocos actores tecnológicos. Deben involucrar a periodistas, audiencias, legisladores, editores, academia, sociedad civil y defensores de derechos humanos. Porque si el periodismo se transforma, debe hacerlo sin perder la capacidad de escuchar, cuestionar y poner en el centro las historias que merecen ser contadas.

Ciberpatrullaje: cuando vigilar se justifica en nombre de la seguridad

Seguridad digital ≠ Seguridad nacional

La narrativa de seguridad ha justificado el despliegue de vigilancia digital en varios países de América Latina. En Argentina, una resolución habilitó a las fuerzas de seguridad a monitorear redes sociales y otras fuentes abiertas, incluso con inteligencia artificial, bajo criterios ambiguos que permiten investigar “cualquier delito”. En Perú, se firmaron convenios para entrenar cibersoldados, en alianza con una empresa israelí, país cuestionado por sus tecnologías de vigilancia, importando modelos de guerra digital sin debate. En Colombia, el ciberpatrullaje es una práctica oficial de la Policía Judicial para recolectar información pública, sin garantías de proporcionalidad.

Aunque se presentan como medidas para prevenir delitos, estas prácticas han sido utilizadas para vigilar, judicializar o intimidar a personas por ejercer su libertad de expresión. En Argentina, un joven fue procesado por un tuit; en Bolivia, 37 personas fueron condenadas por supuesta participación en protestas; en Brasil, una sátira sobre Bolsonaro terminó en detención; en Uruguay, un adolescente fue arrestado por error tras una confusión en redes; y en México, la Guardia Nacional usó software israelí para rastrear a críticos del ejército. Todos estos casos documentados en el informe Perfilamiento en redes sociales y ciberpatrullaje como nuevas modalidades de la vigilancia masiva desplegada por los Estados: casos relevantes en América Latina, evidencian cómo el discurso de protección ha servido para legitimar formas de vigilancia contrarias a los derechos humanos.

El caso más reciente ocurrió en Venezuela, tras las protestas por los resultados electorales, el monitoreo de redes también fue utilizado para perseguir e intimidar a manifestantes y activistas.

OSINT y ciberpatrullaje: entre la búsqueda abierta y la vigilancia encubierta

Para entender cómo se aplican hoy las prácticas de vigilancia, es necesario observar el uso de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT por sus siglas en inglés) y su implementación en el ciberpatrullaje. La metodología OSINT consiste en recolectar y analizar información pública, como publicaciones en redes sociales, sitios web, imágenes, videos o metadatos, con fines investigativos. Su expansión se debe a que no requiere vulnerar sistemas protegidos: todo está a la vista. Pero esa accesibilidad no implica que su uso esté libre de consecuencias.

Si bien existen usos responsables y útiles de esta herramienta como el de Trace Labs -una organización que usa OSINT en plataformas colaborativas para ayudar a encontrar personas desaparecidas bajo protocolos y fines humanitarios- este tipo de iniciativas son excepcionales.  En la mayoría de países de la región, OSINT ha sido adoptado por fuerzas de seguridad bajo el argumento de proteger a la ciudadanía o prevenir amenazas, pero en realidad se usa para vigilar y perfilar a personas críticas del poder, periodistas y activistas. El perfilamiento implica recolectar, clasificar e interpretar datos para construir hipótesis sobre una persona: qué piensa, con quién se vincula o qué podría hacer.

El ciberpatrullaje amplifica esta lógica: es la práctica estatal del monitoreo del discurso en línea (y de las personas) con técnicas OSINT, en la mayoría de las veces sin notificación, sin supervisión ni protocolos claros. Su implementación no está orientada a la identificación de personas vinculadas a causas judiciales, sino que opera de forma masiva, permitiendo el perfilamiento de individuos por sus opiniones, afiliaciones políticas o participación en espacios sociales.  Sin embargo, tanto los perfilamientos como el ciberpatrullaje pueden derivar posteriormente en la apertura de causas judiciales. En contextos de desigualdad, estas prácticas golpean con más fuerza a mujeres activistas, comunidades indígenas, personas defensoras de derechos humanos o sectores populares. ¿Qué criterios se usan?, ¿cuáles son los límites? El problema no es OSINT en sí, sino cómo, para qué y contra quién se utiliza.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en 2022 el informe “Sobre el derecho a la privacidad en la era digital” que por primera vez explora las prácticas de inteligencia en redes sociales y de monitoreo del discurso en línea como nuevas modalidades de vigilancia masiva estatal. Al reconocer que son actividades que tienen serios impactos en los derechos humanos, sostiene que esta observación del espacio público es casi siempre desproporcionada. En ese sentido, recomendó a los Estados adoptar marcos legales adecuados para regular la recolección, análisis y compartición de inteligencia obtenida de redes sociales que delimite claramente los escenarios en que ésta se encuentra permitida, sus prerrequisitos, las autorizaciones y procedimientos, así como los mecanismos para garantizar su supervisión adecuada.

En la región, identificamos que es una práctica que pretende ampararse en la legalidad, pero que en realidad se despliega a partir de interpretaciones arbitrarias de ciertas facultades como la prevención del delito. Estas facultades, originalmente pensadas para otros fines, están siendo extendidas sin regulación específica al ámbito digital, incluyendo la detección temprana de delitos supuestamente vinculados a la actividad de quienes presuntamente desinforman. Este escenario genera una profunda inseguridad jurídica y un efecto amedrentador, dificultando que las personas ejerzan libremente sus derechos en línea.

¿Cómo cuidarnos frente al ciberpatrullaje?

Aunque la responsabilidad principal frente a la vigilancia digital recae tanto en los Estados como en las plataformas y empresas que permiten o ejecutan estas actividades, también es cierto que históricamente grupos de la sociedad civil hemos generado estrategias de autoprotección para sobrevivir en entornos hostiles. Protegernos significa responder con conciencia crítica y cuidado colectivo mientras exigimos marcos legales que limiten la vigilancia y garanticen nuestros derechos en línea. 

Para reducir la exposición, hay algunas acciones básicas que se pueden adoptar en las redes sociales. Por un lado, evitar el uso del nombre real completo (nombre y apellido) como nombre de usuario o nombre visible, y procurar no repetir el mismo @alias en todas las redes. También es recomendable configurar las cuentas como privadas o restringidas, de modo que solo los perfiles aprobados puedan acceder al contenido. Otra medida clave es desactivar los permisos de ubicación en los dispositivos móviles, para que las aplicaciones no puedan rastrear ni compartir los movimientos.

Cuando la idea es publicar fotos desde un lugar específico, es recomendable esperar algunas horas o días antes de subirlas, así no se revela la ubicación en tiempo real. Además, se sugiere conversar con contactos y amistades sobre la importancia de no etiquetar ni compartir datos privados sin previo consentimiento. Por otro lado, es importante considerar la selección de una foto de perfil que no sea fácilmente rastreable, ya que existen herramientas OSINT que permiten buscar imágenes en otras plataformas y vincularlas con la identidad de las personas usuarias. Por último, aceptar solo solicitudes de personas que realmente resulten conocidas, ya que muchas veces el ciberpatrullaje empieza con perfiles ficticios que buscan establecer contacto directo.

La vigilancia no es cuidar, es poner en riesgo nuestros derechos

Estas actividades se despliegan sin reglas, sin control y sin justificación pública, y eso ha permitido que se normalicen prácticas autoritarias bajo la retórica de la seguridad. En esta parte del mundo, donde muchas democracias son frágiles y la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al Estado es débil, el uso de estas tecnologías crece sin transparencia, sin debate público y con una preocupante opacidad.

Los Estados adquieren herramientas de monitoreo de redes sociales mientras persisten -y en algunos casos se profundizan- las barreras para acceder a información básica sobre su licitación, adquisición, funcionamiento, responsables, bases de datos involucradas y el gasto público asociado. Incluso cuando la sociedad civil ha recurrido a solicitudes de acceso a la información, muchas autoridades se amparan en argumentos de seguridad nacional para obstaculizar el escrutinio democrático.

¿Con qué criterios se decide comprar tecnologías a empresas extranjeras como las israelíes, cuestionadas internacionalmente por su papel en la vigilancia masiva?

Proteger no puede seguir siendo un argumento aceptable para la vigilancia masiva, mientras la ciudadanía, la misma a la que supuestamente se quiere cuidar, se siente más vigilada que segura. Estas prácticas suponen riesgos concretos para la libertad de expresión -especialmente en contextos de protesta social o frente a discursos críticos o incómodos- al generar estigmatización, autocensura e incluso incitación a la violencia contra quienes son catalogadas como opositoras. A la luz de los casos expuestos, queda claro que la vigilancia no es protección: es poder sin control.

Contribución al informe sobre los defensores de los derechos humanos que trabajan sobre el cambio climático y una transición justa

En el marco de la convocatoria de la Relatoría Especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, presentamos junto al Instituto Nupef y TEDIC una contribución en la que abordamos cómo el uso de las tecnologías de las TIC puede combatir o agravar los riesgos que enfrentan defensoras del medio ambiente. En el documento, destacamos los temas de acceso significativo a Internet, amenazas a la integridad de la información y seguridad digital, ilustrándolos a partir del caso brasileño de las quebradoras de coco babasú.

Debe ratificarse la inocencia de Ola Bini

DECLARACIÓN TÉCNICA

En el marco de RightsCon Taipéi-2025 la Misión de Observación del caso Ola Bini y Tor Project organizaron una sesión virtual para analizar el proceso seguido contra el experto informático en Ecuador y abordar en qué medida y con qué implicancias se está criminalizando el uso de la herramienta digital Tor.1 En dicha sesión, donde participaron organizaciones y ponentes de sociedad civil de diversos países, se llegó a las siguientes conclusiones y consensos técnicos:

  1. El caso penal contra Bini fue iniciado por motivaciones y actores políticos, y ha sido atravesado por decenas de irregularidades e ilegalidades que afectan su legitimidad jurídica y viabilidad técnica. Antes que un caso penal, estamos frente a una persecución.
  1. La forma de establecer los elementos de convicción del caso genera un peligroso antecedente para la vigencia de los derechos digitales y el conocimiento experto en el ámbito digital en Ecuador y la región. 
  1. La construcción del caso y los elementos presentados como evidencias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriana están atravesados por graves distorsiones procesales y/o por gruesos errores técnicos en la materia.2
  1. Adicionalmente, para dar cuenta del delito supuestamente investigado la FGE ni siquiera ha requerido de una pericia digital forense que dé cuenta del cometimiento de un potencial acceso no consentido a algún tipo de sistema (sea informático, telemático o de telecomunicaciones).
  1. La argumentación usada por el Tribunal de Apelación, para justificar su sentencia de condena, carece de elementos suficientes que demuestren que Ola Bini cometió el delito imputado. Esto, además de violar los derechos del experto informático, crea antecedentes de arbitrariedad que son riesgosos para el Estado de Derechos.3
  1. Más en concreto, producto de la sentencia condenatoria parte de la justicia ecuatoriana está generando un precedente preocupante para el ejercicio de los derechos a la seguridad y privacidad en línea, al sostener que el mero uso de la herramienta Tor es un indicio suficiente para demostrar el cometimiento de una conducta criminal. 
  1. Además, al contrario de la tendencia que debe primar globalmente, esta sentencia incluso puede inspirar a las cortes a criminalizar el uso de otras herramientas digitales utilizadas para la defensa de los derechos humanos en internet, como es el caso de las VPNs, particularmente útiles para actores clave -como periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y otros- en contextos políticos autoritarios. 
  1. Alrededor del mundo, millones de personas, incluidas agencias estatales de seguridad utilizan Tor para desarrollar sus actividades.4 En este marco, si bien el uso de Tor no es materia central de análisis del presente caso, la sentencia condenatoria actual, que forma parte de un proceso motivado políticamente y que carece de sustentos técnicos, constituye una interpretación judicial que puede tener impacto en la garantía del ejercicio de los derechos previamente mencionados

Por lo expuesto, y a 6 años del inicio del caso de referencia, las organizaciones de sociedad civil firmantes demandamos a las autoridades judiciales ecuatorianas correspondientes ratificar el estado de inocencia de Bini en la instancia procesal oportuna, tal como se demostró en primera instancia.

La Misión de Observación seguirá monitoreando el desarrollo del caso hasta su culminación, con el fin de asegurar el cumplimiento de las garantías de debido proceso y alertar sobre las implicancias de este para la vigencia de los derechos digitales.

FIRMANTES

Access Now

ARTICLE 19

Association for Progressive Communications (APC)

Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE)

Brasil de Fato

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

CSMM

Derechos Digitales

Ecuador Today

Electronic Frontier Foundation

FUNDACIÓN Acceso

Fundación Karisma

Indymedia Ecuador

INREDH

intervozes brasil

LaLibre

Marcha

Observatorio Derechos y Justicia

Tor


El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre cumple 20 años y se renuevan los desafíos

El 2005 fue un año de cambios, a solo unos meses de la primera edición del Software Freedom Day (Día de la libertad de software) y a un año y medio del primer Festival de Instalación de Software Libre Colibrí (FISLC) en Colombia, un grupo de apasionados y apasionadas por la cultura abierta celebraron el 2 de abril la primera edición del Flisol que superó las expectativas de sus impulsores. La propia imagen del Festival representó la intención de unión regional que fue, sin duda, el resultado alcanzado: se celebró en más de 100 ciudades de 13 países de forma simultánea.

A veces, pareciera que los efectos a largo plazo son los que menos se ven y aprecian. Así fue que luego de una primera edición exitosa de Flisol, con muchos países fortaleciendo comunidades tecnológicas, organizándose y encontrándose para hablar de libertad, comenzaron a gestarse cambios importantes como políticas nacionales que implementan software libre desde el Estado o la activa contribución de nuevos miembros a proyectos de código abierto.

Mandrake (que después pasó a llamarse Mandriva) fue el sistema operativo que se instaló en los inicios del festival representando grandes desafíos y requiriendo de mucho tiempo de preparación antes de tener los CDs instalables que se preparaban uno a uno. Era un momento de la historia en que “quemar” discos parecía una misión a la Luna dadas las condiciones de infraestructura tecnológica y calidad de conexión a Internet, una época en que la comunicación era mucho más lenta, los medios de difusión eran listas de correo, los mensajes de texto eran escasos, las redes sociales y el mundo del streaming que hoy conocemos no habían dado sus primeros pasos aún.

En la actualidad, el Flisol se celebra en más de 200 ciudades, lo que da cuenta de una expansión territorial importante: en relación a los inicios duplicó la cantidad de lugares donde se realiza.  Si bien en su mayoría son espacios de América Latina, poco a poco la comunidad lo va llevando a otras latitudes del mundo.

Además, este evento se ha ido adaptando a lo largo de los años. Por ejemplo en 2008, cuando la comunidad acordó el cuarto sábado de abril como la fecha oficial de este evento; hasta el desafío que representó la pandemia en 2020 y la realización del festival en modalidad virtual. Incluso la velocidad con la que la tecnología ha traído facilidades y nuevos retos, moldeando así la conferencia actual y promoviendo activamente el software libre.

Y quién diría que lo mismo que facilita el alcance y difusión del festival sería también aquello que dificulta prácticas más libres y soberanas cuando de tecnologías se trata. Desde 2013, luego de las revelaciones Snowden, el mundo quedó sacudido por la sorpresa, la incertidumbre, la duda e incluso la incredulidad frente a la vigilancia gubernamental y nuestra falta de privacidad. En los años siguientes, se daría cuenta de lo que ocurre tras bastidores en los servicios que utilizamos  en Internet, desde redes sociales hasta plataformas que facilitan miles de operaciones diarias. Ante esto, el software libre surgió como una solución a la incertidumbre, promoviendo la  soberanía tecnológica y un código abierto que cualquier persona técnica puede auditar. Un modelo que prioriza libertades fundamentales que contribuyan a la construcción de un entorno informado para la toma de decisiones y las elecciones sobre qué herramientas usar. Especialmente en América Latina, donde las libertades han costado tanto a lo largo de los siglos, este enfoquedemocrático de la tecnología se presenta cada vez más como un ideal necesario.

El Flisol pasó de ser un evento que solo aspiraba llegar a la comunidad de Software Libre a ser una convocatoria de mayor alcance, que busca atraer a nuevos públicos para interpelarlos y presentarles la filosofía de la cultura libre. Los medios digitales han facilitado la comunicación, pasando de listas de correos a publicaciones en redes sociales. Además, se han realizado aspiraciones iniciales de los promotores del Festival en 2006, con transmisiones en vivo de los eventos, permitiendo llegar a quienes no habían podido asistir de forma presencial. Estas transmisiones, utilizando herramientas libres y gestionadas por la comunidad, se convirtieron  en 2020, debido a la pandemia, en el único medio de realización y participación.

Transmisiones y publicidades digitales cumplieron el anhelo del activismo por celebrar su edición del festival en un contexto sanitario sumamente difícil. Esto sin duda tuvo un alto impacto en la logística y los componentes que caracterizaron por más de una década a los encuentros presenciales. Así, el Install Fest no se pudo realizar, y los eventos se transformaron en charlas virtuales ofrecidas por activistas, académicos y apasionados por la filosofía del Flisol.

En adelante, y considerando la facilidad con la que se instala software y sistemas operativos, se han priorizado charlas, talleres, paneles, demostraciones y otras dinámicas que buscan sembrar curiosidad en quienes asisten. La comunidad tecnológica que se reunía para organizar Flisol encontró otras formas de interacción y de fortalecer lazos a lo largo del año previo a cada edición.

Hoy, como hace 20 años, se sigue celebrando Flisol. La fecha oficial sigue siendo el cuarto sábado de abril, sin embargo la comunidad puede decidir su propia fecha en función a características propias de cada sede. Sigue existiendo una figura de Coordinación Nacional, pero cada localidad decide y gestiona detalles específicos de su evento, sin dejar de lado la práctica de compartir recursos como diseños gráficos y, por supuesto, la wiki oficial del festival que se ha mantenido desde 2006 y que aloja la historia de 20 años de organización, celebración y trabajo conjunto y comunitario.

La 21va edición del Flisol, que se celebrará el próximo sábado 26 de abril, muestra grandes cambios comparada con las ediciones del 2005 o 2011. Pero la emoción, el compromiso y la alegría siguen uniendo al creciente movimiento que retomó la presencialidad de sus eventos durante 2022. El objetivo se mantiene intacto: compartir en comunidad y hacer frente a las desigualdades y sesgos facilitados por la tecnología. Formar criterio e intercambiar experiencias entre activistas, estudiantes y todas las personas ávidas de conocimiento sobre cómo Internet y sus derivados pueden comprometer tanto la privacidad individual como la colectiva, en un ecosistema dominado por gigantes tecnológicos que aguardan por nuestras vulnerabilidades. Te invitamos a contribuir a esta importante conversación y a tomar acción para un futuro digital más libre y seguro.

Declaración conjunta: Myanmar debe levantar las restricciones de internet tras el devastador terremoto

*Ver pronunciamiento en inglés aquí

Las organizaciones e individuos firmantes expresamos nuestra más firme condena a la decisión del ejército de Myanmar de continuar imponiendo cortes de comunicación, incluidos bloqueos de internet, tras el peor terremoto en la historia del país. Instamos a que se levanten de inmediato las restricciones a los servicios de internet, incluidas las plataformas de redes sociales y los sitios web de noticias.

El 28 de marzo de 2025, Myanmar fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.7, el más fuerte jamás registrado en el país, que ha afectado al menos a 67 municipios. El epicentro se localizó en la ciudad de Sagaing, cerca de Mandalay, en la zona central del país. Las regiones más impactadas incluyen Sagaing, Mandalay y la capital, Naypyidaw. Al 31 de marzo, el número de víctimas mortales ha superado las 2,000 y continúa en aumento.

A pesar de la gravedad de la situación y la necesidad urgente de coordinar esfuerzos de rescate para salvar a las personas atrapadas entre los escombros, más de 48 horas después del terremoto, el ejército de Myanmar aún no ha levantado las órdenes de bloqueo de internet ni las diversas restricciones a las comunicaciones. Estas limitaciones han dificultado la coordinación de las respuestas de emergencia que pueden salvar vidas.

Condenamos en los términos más enérgicos la decisión del ejército de Myanmar de mantener estas restricciones en un momento de crisis humanitaria, demostrando un flagrante desprecio por la vida de la población civil. Exigimos el restablecimiento inmediato e incondicional de los servicios de internet y comunicaciones para garantizar el acceso pleno a la información, así como el levantamiento de cualquier restricción que limite el derecho de las personas a estar informadas. Asimismo, exigimos que el ejército rinda cuentas por la pérdida de vidas y el sufrimiento causado por estas medidas de censura digital.

Desde su llegada al poder hace cuatro años, la junta militar ha sido una de las peores perpetradoras de represión digital a nivel mundial. Datos recopilados por organizaciones de derechos digitales en Myanmar indican que las órdenes de cierre de internet han afectado a más de 100 municipios, casi un tercio del país, incluidas las zonas más golpeadas por el reciente terremoto. Además, el sistema de censura de internet, o «firewall», implementado en 2024, sigue bloqueando el acceso a las principales redes sociales, sitios de noticias y otras fuentes de información pública, incluso restringiendo el uso de VPNs, lo que obliga a la población a buscar alternativas en un contexto de crisis. Sumado a los cortes de electricidad y los daños en la infraestructura de telecomunicaciones causados por el terremoto, la población de Myanmar enfrenta una interrupción sin precedentes en sus comunicaciones.

Las restricciones impuestas desde 2021, como la revocación de licencias a medios impresos, el bloqueo de sitios de noticias, así como la detención y asesinato de periodistas, han obstaculizado la circulación de información en tiempo real sobre el impacto del terremoto, retrasando los esfuerzos de rescate y contribuyendo a muertes evitables.

Condenamos enérgicamente las acciones del ejército y exigimos al Jefe Militar Min Aung Hlaing y a sus fuerzas lo siguiente:

  1. Restablecer de inmediato el acceso a internet en todo el país. Cortar las comunicaciones en medio de una crisis humanitaria es un acto de daño deliberado. Todos los bloqueos de internet deben ser levantados de inmediato.
  2. Levantar todas las medidas de censura digital. El sistema de censura «firewall» impuesto en las puertas de enlace de internet debe ser desmantelado, ya que obliga a la población a depender de VPNs que reducen aún más el ancho de banda disponible y entorpecen los esfuerzos de rescate, donde cada segundo cuenta.
  3. Poner fin a todas las restricciones contra la prensa y la libertad de los medios. Deben levantarse de inmediato todas las limitaciones impuestas a periodistas y cesar cualquier forma de hostigamiento, incluidas amenazas y detenciones arbitrarias.
  4. Detener de manera inmediata e incondicional toda forma de represión militar. Esto incluye el reclutamiento forzado, arrestos arbitrarios, ejecuciones, amenazas y ataques aéreos, que han dificultado los esfuerzos de asistencia humanitaria y han causado más pérdidas de vidas humanas.

El consejo militar debe asumir plena responsabilidad por la imposición de bloqueos de internet y la restricción del acceso público a la información durante el terremoto. Estas acciones no solo han interrumpido el flujo de información crítica, sino que también han provocado muertes evitables al obstaculizar los esfuerzos de rescate en un momento crucial. La pérdida de vidas y el sufrimiento generalizado causados por estas restricciones deliberadas recaen exclusivamente sobre el mando militar.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones humanitarias y empresas tecnológicas para que:

  • Presionen a la junta militar para que levante de inmediato los bloqueos de internet y las restricciones digitales, permitiendo así que la población pueda solicitar ayuda urgente y comunicarse con el exterior.
  • Exijan el fin de las restricciones al acceso público a la información y a la libertad de prensa, conforme a los protocolos internacionales de acceso a la información y libertad de los medios de comunicación.
  • Apoyen soluciones de conectividad de emergencia para contrarrestar los cortes de internet, en coordinación con grupos locales, asegurando que las comunidades afectadas puedan comunicarse.
  • Garanticen que la asistencia humanitaria, incluyendo el apoyo a las comunicaciones de emergencia, no sea desviada para ser utilizada por el ejército como herramienta de represión.

Restablezcan el acceso a internet ahora, antes de que más personas pierdan la vida innecesariamente.

Firmantes

Colectivo de organizaciones de derechos digitales de Myanmar, la región y el ámbito internacional

Contacto:

Listado de firmantes

  1. 5/ of Zaya State Strike
  2. A-Yar-Taw People Strike
  3. Access Now
  4. Activate Rights ( Bangladesh)
  5. Afia-Amani Grands-Lacs
  6. Africa Media and Information Technology Initiative (AfriMITI)
  7. All Aung Myay Thar San Schools Strike Force
  8. Alliance of Students’ Union – Yangon (ASU-Yangon)
  9. Alternatives (Montreal)
  10. Alternative Solutions for Rural Communities (ASORCOM)
  11. Anti-Junta Alliance Yangon-AJAY
  12. AFCC Anti Junta Force Coordination Committee
  13. ASEAN SOGIE Caucus (ASC)
  14. Asociación Ciudad ViVa
  15. Association for Progressive Communications (APC)
  16. Association Suisse-Birmanie
  17. Athan – Freedom of Expression Activist Organization
  18. Ayeyarwady Youth Network
  19. Basic Education Worker Unions – Steering Committee (BEWU-SC)
  20. Burma Academy
  21. Burma Affairs and Conflict Study (BACS)
  22. Burma Podcast Network
  23. CAN – Myanmar
  24. CDM Medical Network (CDMMN)
  25. Centre for Independent Journalism (Malaysia)
  26. Center for Information Technology and Development (Nigeria)
  27. Central European Institute of Asian Studies
  28. Chaung Oo Township Youth Strike Committee
  29. Chin Human Rights Organization (CHRO)
  30. Civil Information Network (CIN)
  31. Coalition for Democracy (C4D)
  32. Coalition Strike Committee – Dawei
  33. Data Ethnics PH
  34. Dawei Youths Revolutionary Movement Strike Committee
  35. Defend Myanmar Democracy-DMD
  36. Depayin Township Revolution Steering Committee
  37. Derechos Digitales
  38. DigiSec Lab
  39. Digital Rights Collective
  40. Doh Ayay
  41. EngageMedia
  42. EsLaRed
  43. Ethnic Youth General Strike Committee (Mandalay)
  44. Exile Hub
  45. Fantsuam Foundation (Nigeria)
  46. FORUMVERT
  47. Foundation for Media Alternatives
  48. Free Press Unlimited
  49. General Strike Collaboration Committee (GSCC)
  50. General Strike Committee of Basic and Higher Education (GSCBHE)
  51. Generation Wave
  52. Global Voices
  53. GMSR Korea 글로벌 미얀마 봄혁명 연대 -တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး
  54. GreenNet
  55. Human Rights Journalists Network Nigeria
  56. Info Birmanie
  57. JCA-NET(Japan)
  58. Jokkolabs Banjul (Gambia)
  59. Kachin Student Union
  60. Kalay Township Strike Force
  61. Kanbalu Strike Committee
  62. KengTung Youth Network
  63. KICTANet
  64. Korea University Law School International Human Rights Clinic
  65. Korean Progressive Network Jinbonet
  66. Kurdistan without Genocide
  67. Kyain Seikgyi Spring Revolution Leading Committee
  68. Kyauk Padaung Youth Network
  69. Kyaukse Youth Network
  70. LaborNET
  71. Latpadaung Region Strike Committee
  72. LaLibre.net Tecnologías Comunitarias
  73. LGBT Alliance
  74. Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan
  75. Mandalay CDM Organization
  76. Magway People’s Revolution Committee
  77. Mandalay Medical Family (MFM)
  78. Mandalay Regional Youth Network
  79. Mandalay Strike Force (MSF)
  80. Mandalay-Based University Students’ Unions (MDY_SUs)
  81. Manushya Foundation
  82. MayMyo Strike Force
  83. May First Movement Technology
  84. Miaan Group
  85. Monywa People’s Strike Steering Committee
  86. Monywa-Amyint Road Strike Leading Committee
  87. MATA Saging
  88. Myanmar Fact Checking Network (MFCN)
  89. Myanmar Internet Project
  90. Myanmar Labor Alliance (MLA)
  91. Myanmar Studies Center at Palacky University
  92. Myanmar Tourism Committee
  93. Myaung Education Network 
  94. Myaung Youth Network
  95. Myingyan Civilian Movement Committee
  96. Narrative Power
  97. National Youth Congress (NYC)
  98. New Rehmonnya Federated Force
  99. Nyan Corridor
  100. Nyan Lynn Thit Analytica
  101. Nyaung Oo Youth Network
  102. Nyimuyar Initiative
  103. OCTOPUS (Youth Organization)
  104. Open Net (Korea)
  105. Open Observatory of Network Interference (OONI)
  106. Organization of the Justice Campaign
  107. Pale Township People’s Strike Steering Committee
  108. PEN America
  109. Pollicy
  110. PROTEGE QV
  111. Public Virtue Research Institute
  112. Purple Window Counselling
  113. Pyi Gyi Tagon Strike Force
  114. Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
  115. Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.
  116. Rhizomatica
  117. Right2Know Campaign (South Africa)
  118. Shwe Pan Kone People`s Strike Steering Committee
  119. Sinar Project
  120. Sisters 2 Sisters
  121. South East Asia Collaborative Policy Network (SEA CPN)
  122. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
  123. Southern Monitor
  124. Spring Revolution Security
  125. Spring Sprouts
  126. Spring University Myanmar
  127. Sursiendo (Mexico)
  128. SynergyWORKS Africa
  129. Ta’ang Women’s Organization _TWO
  130. Taller de Comunicacion Mujer
  131. Tanintharyi Youth Network (TYN)
  132. Taze Strike Committee
  133. Tech Global Institute
  134. TEDIC Paraguay
  135. The Peace Centre (South Africa)
  136. The Red Flag
  137. UMass Lowell Myanmar Students Club
  138. U.S. Campaign for Burma
  139. University of Medicine Mandalay Students’ Union Revolution Front (UMMSURF)
  140. University Students’ Unions Alumni Force
  141. Wetlet Revolution Leading Committee
  142. White Coat Society Yangon (WCSY)
  143. WHAT TO FIX
  144. Women Alliance Burma (WAB)
  145. Women’s Peace Network (WPN)
  146. Women Of Uganda Network (WOUGNET)
  147. Yadanabon University Students’ Union (YDNBUSU)
  148. Yasakyo Township People`s Strike Steering Committee
  149. Viet Tan 
  150. Yinmarpin and Salingyi All Villages Strike Committee
  151. Youth Development Institute (YDI)
  152. Zaina Foundation
  153. မန်းတိုင်းစုံစည်းရာ
  154. အညာလွင်ပြင်ရပ်ဝန်း
  155. 2 Undisclosed organization (due to security concern)

La censura evoluciona: ¿estamos al día en la defensa de la libre expresión?

La censura digital en América Latina ha evolucionado. No es que se hayan abandonado bloqueos de sitios o cierres de medios de comunicación, sino que los mecanismos para facilitar la censura han aumentado en diversidad y complejidad. A través de leyes ambiguas, intervenciones técnicas y decisiones de plataformas privadas, tanto gobiernos como empresas están moldeando lo que se puede ver y decir en internet.

Y es que el acallamiento de voces críticas u opositoras es una constante cuya manifestación sigue yendo a la par de la proliferación de canales de comunicación. No solo se trata de restringir la expresión libre en razón de su contenido, sino también de generar miedo y autocensura, especialmente entre periodistas, activistas y comunidades vulnerables. Con el pretexto de la seguridad o la regulación del contenido, las autoridades y las grandes empresas tecnológicas están definiendo qué se puede decir y qué narrativas quedan por fuera del debate público.

Reglas legales y técnicas para silenciar

Como contamos hace unos meses, la censura en internet se manifiesta a través de diversas técnicas utilizadas por gobiernos y empresas para restringir el acceso a información y servicios en línea. Entre las más comunes se encuentran: el bloqueo de direcciones IP, que impide el acceso a determinados sitios web o servidores; la alteración de registros DNS, redirigiendo las solicitudes de conexión a páginas falsas o inaccesibles; y la inspección profunda de paquetes (DPI, por sus siglas en inglés), que permite identificar y filtrar tipos específicos de tráfico en la red. Además, algunos Estados implementan apagones de internet en momentos clave, como protestas o elecciones, o recurren a listas de sitios web y aplicaciones por bloquear, aplicando restricciones de forma selectiva para desmovilizar el debate público o impedir la circulación de información crítica.

Los últimos años también América Latina ha visto nuevas instancias en que la censura se incorpora a marcos normativos que, bajo pretextos como la seguridad nacional o la protección de otros derechos, otorgan a los gobiernos herramientas para controlar y limitar la información en línea. En El Salvador, la aprobación de leyes de ciberseguridad y protección de datos conllevan el potencial para restringir la libertad de prensa y aumentar la opacidad gubernamental. La Suprema Corte de México terminó aprobando el funcionamiento de un sistema de notificación y retirada por infracciones de derechos de autor, un conocido mecanismo de censura legal en nombre del copyright. En Brasil, se volvió una polémica pública la trama que culminó en una orden de suspensión de Twitter (ahora “X” para su diezmada base de usuarios) debido a su negativa a bloquear perfiles que difundían discursos de odio y desinformación. La legalidad es una herramienta potencialmente muy peligrosa, dependiendo de quién esté en posición de blandirla, y puede convertirse en una fuente de censura.

Las plataformas digitales, por su parte, implementan políticas de moderación de contenido que a menudo resultan opacas y arbitrarias. La falta de transparencia en la aplicación de estas políticas puede conducir a la censura de discursos legítimos y afectar la libertad de expresión. Además, la manipulación de algoritmos y la difusión de desinformación a través de estas plataformas representan desafíos adicionales para la integridad del espacio digital. Como señala Catalina Botero Marino, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, es esencial que existan reglas claras y mecanismos de auditoría externos para garantizar que las decisiones de moderación respeten los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de censura.

Violencia, difamación e intimidación: lo digital es real

La violencia digital ha emergido como una herramienta clave para censurar y acallar voces críticas, afectando de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTQIA+. Desde campañas de acoso sistemático en redes sociales, hasta la exposición no consentida de información personal o material íntimo con fines de intimidación, las estrategias de censura digital han evolucionado para silenciar y expulsar del espacio digital a las opiniones disidentes.

Estos mecanismos no solo buscan deslegitimar públicamente a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, sino que también generan un ambiente hostil que fomenta la autocensura, restringiendo así la participación en debates fundamentales para la democracia y los derechos humanos en la región. Deepfakes de contenido sexual se han difundido para desacreditar a activistas y periodistas, reforzando la violencia de género en línea. En Colombia, el presidente usó la expresión “muñecas de la mafia” para referirse a periodistas que luego fueron víctimas de acoso digital. Una fiscal en Guatemala sufrió persecución digital (y judicial) por denunciar corrupción. Testimonios destacados por Derechos Digitales han dado cuenta de instancias donde la búsqueda por acallar voces ha venido amparada por culturas institucionales que refuerzan el impacto de esas tácticas.

Esto no ha significado que haya dejado de existir la agresión física contra quienes se expresan en línea, con mayor frecuencia en contextos de crisis política. En los últimos años, periodistas y defensores de la libertad de expresión en América Latina han enfrentado detenciones, persecuciones y ataques, especialmente en medios digitales y organizaciones de la sociedad civil. Es el caso de Carlos Correa de Espacio Público, detenido en enero de 2025 tras documentar restricciones a la expresión en Venezuela, que se suma a otros episodios como el de Gilberto Reina , Sebastiana Barráez y Yousner Alvarado, de distintos medios de comunicación en línea. En Guatemala, José Rubén Zamora (elPeriódico) fue reencarcelado días atrás en aparente represalia por su trabajo investigativo. Estos casos evidencian cómo criminalización y violencia buscan silenciar el periodismo en línea y la denuncia de abusos estatales en la región.

El uso de la violencia digital como mecanismo de censura no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un efecto disuasivo también en quienes observan estos ataques. La percepción de riesgo hace que muchas personas dejen de participar en debates públicos o modifiquen sus discursos para evitar represalias. Pero eso es, también, parte del efecto deseado.

Defensa (y autodefensa) para la libertad de expresión digital

En un entorno donde la censura digital se intensifica y diversifica, las estrategias de resistencia cobran un papel fundamental para garantizar la libertad de expresión. Como ya hemos señalado, la resiliencia digital en la región ha tomado diversas formas: el periodismo hiperlocal y el uso de redes privadas virtuales (VPN) han permitido mantener la circulación de información independiente frente a bloqueos estatales; en paralelo, la alfabetización digital para fortalecer la capacidad de periodistas y activistas para protegerse de ataques en línea y salvaguardar su privacidad en entornos de vigilancia intensiva sigue siendo necesaria. Además, el activismo feminista ha desarrollado espacios de apoyo y acompañamiento para víctimas de violencia digital, promoviendo respuestas colectivas contra el silenciamiento en línea. Como hemos advertido, evadir la censura es solo una parte de la ecuación; también es urgente exigir mayores garantías para una internet abierta y plural, con políticas de moderación transparentes y límites claros a la vigilancia estatal, y favoreciendo con nuestra acción el uso de plataformas que mejor reflejen nuestro compromiso con los derechos humanos.

Por cierto, la defensa de la libertad digital en América Latina no puede depender únicamente de la evasión de bloqueos o de respuestas individuales o de grupos de intereses específicos. Es necesario construir un marco de exigencia colectiva que presione por mayor transparencia en las reglas del entorno digital y que garantice condiciones para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. La lucha contra la censura digital es, en última instancia, una lucha no solo por el derecho a la información, sino por el ejercicio cotidiano de la democracia y por la construcción de sociedades más justas.

Hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios

Nos acercamos al 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando conmemoramos la lucha por nuestros derechos desde diversos frentes. Nuestro activismo se ha construido de la mano de las madres buscadoras de personas desaparecidas, de las mujeres trans que pelean por sus derechos, de la lucha de las mujeres indígenas por sus territorios, de la defensa de las mujeres negras por el reconocimiento de sus derechos, de los esfuerzos de organizaciones feministas para promover el aborto legal, entre muchas otras. A lo largo de la historia, estos procesos han logrado ganar garantías para los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en países donde los discursos y las acciones de los gobiernos van en contra de cualquier avance en materia de igualdad de derechos.

Contextos políticos amenazantes, activismos vivos

La justicia en los países latinoamericanos está lejos de ser dignificadora para las mujeres, pues el camino para acceder a ella es más que complejo y la mayoría de las veces nunca llega. Esta histórica falta de justicia se refleja también en el entorno digital, donde la tecnología facilita otras formas de violencia de género. A fines del 2024, México nos recordó la incapacidad de un sistema para comprender de forma integral la violencia de género facilitada por las tecnologías (TFGBV, por sus siglas en inglés), al absolver al estudiante que realizó deepfakes de sus compañeras con inteligencia artificial, caso que comentamos previamente. Esto sucedió incluso teniendo un marco jurídico como la Ley Olimpia, que poco importó cuando el tribunal tomó la decisión.

Situaciones como esta evidencian la fragilidad de los marcos jurídicos en países donde existen normativas específicas, además de generar desesperanza en otros países donde no se cuenta con legislaciones para atender la TFGBV. El panorama se agrava allí donde los gobiernos se han tornado más agresivos ante las narrativas de igualdad y perspectiva de género. Sin embargo, cuando los entornos políticos se han vuelto tan amenazantes, violentos y opacos, la respuesta social ha sido el activismo, la protesta y la generación de información. Existen varios ejemplos de ello en América Latina, pero decidimos abordar tres casos principales en donde los conflictos internos en los países han tenido impactos graves en el ejercicio de los derechos de las mujeres: Venezuela, El Salvador y Nicaragua.

Ciudadanas, periodistas, activistas, personas de la comunidad LGBTIQA+, entre muchas otras mujeres, son afectadas por las acciones de quienes deberían trabajar por garantizar su bienestar: sus  propios gobiernos. La persecución y la criminalización del disenso se han convertido en herramientas de opresión estatal, con un impacto diferenciado en mujeres atravesadas por distintas interseccionalidades.

En el marco de las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, la ciudadanía vivió graves represiones por parte del Estado, que encarceló a aproximadamente 2000 personas por protestar, algunas de ellas por criticar al gobierno a través de redes sociales, por difundir fotografías sobre las manifestaciones en plataformas digitales o por compartir información a través de servicios de mensajería. La activista venezolana Martha Tineo reconoció que si bien la persecución política no está direccionada en contra de las mujeres, sí existen efectos diferenciados para ellas. Las mujeres encarceladas viven en hacinamiento y en centros de detención no adecuados a sus necesidades, incluso sin recursos básicos como el agua, lo que ha conllevado a una situación precaria de salud e higiene menstrual. Asimismo, la defensora de derechos humanos declaró que hay efectos psicológicos en las mujeres por la separación de sus hijos e hijas, y que de igual manera reciben amenazas de persecución a otros integrantes de sus familias.

Mientras tanto, en El Salvador las mujeres han tenido protagonismo en la defensa de derechos, lo que las ha puesto en riesgo de persecución, acoso y estigmatización. Encontramos así que se han sumado cada vez más mujeres activistas que buscan hacer justicia por sus familiares detenidos de forma arbitraria en el régimen de excepción, que además de asumir riesgos para ellas, implica una carga de trabajo adicional a las ya establecidas socialmente por los roles de género. Recordemos que entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, organizaciones locales contabilizaron 5775 víctimas de violaciones de derechos humanos (mayormente detenciones arbitrarias), de las cuales 908 eran mujeres, entre ellas 21 mujeres trans, 19 lesbianas y 43 bisexuales. Con ello, las cárceles también se vuelven un entorno con condiciones sanitarias muy precarias, especialmente para las mujeres detenidas en estado de gestación, quienes no cuentan con atención ginecológica durante esta etapa y tampoco en el postparto, viéndose también gravemente afectadas las infancias.

Por otro lado, en el país centroamericano se registran en promedio 40 insultos diarios en contra de periodistas solo a través de la plataforma X. Aquellos ataques dirigidos a mujeres tienen la particularidad de contar con una carga de violencia sexual y lesbofóbica, reforzando patrones de discriminación y exclusión. Sumado a la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador, esta realidad ha llevado a las mujeres periodistas, defensoras, e incluso a servidoras públicas (con una postura crítica del gobierno actual) al exilio y la autocensura.

Por su parte, organizaciones locales han constatado que en Nicaragua la violencia digital contra las mujeres defensoras de derechos humanos ha escalado de manera alarmante desde el 2018, año en que se desataron importantes protestas públicas en el país. El uso de la tecnología como herramienta de represión ha facilitado nuevas formas de violencia, exacerbando los riesgos para quienes denuncian violaciones de derechos humanos. Las defensoras que enfrentan estos ataques reciben constantes amenazas, insultos, y sus agresores difunden información falsa sobre ellas para descalificarlas. De acuerdo con las mujeres entrevistadas en un estudio de FUNIDES, el 32.5% de las agresiones han trascendido al espacio físico, poniendo en evidencia el vínculo directo entre la violencia digital y el hostigamiento fuera de los espacios virtuales.

Las prioridades son claras, pero deciden ignorarlas

Finalizar con la violencia en nuestros países desde una perspectiva de género es una prioridad clara que los gobiernos siguen optando por ignorar. En Nicaragua, Venezuela y El Salvador, la persecución contra defensoras de derechos humanos y periodistas, el uso del hostigamiento judicial, las detenciones arbitrarias y la militarización del espacio público han reforzado un modelo de represión que restringe aún más los derechos de quienes cuestionan el poder. En estos marcos, la violencia de género se recrudece con cada nueva política pública, con cada acción gubernamental o con cada momento electoral, convirtiéndose en una expresión de control.

Las mujeres, desde diversas trincheras, han alzado la voz para nombrar las graves consecuencias que tienen las violaciones a los derechos humanos en estos regímenes no solo a nivel individual, sino también colectivo. Si bien estas vulneraciones afectan a la toda la población, sus efectos son diferenciados cuando se analizan con un enfoque de género, reconociendo desigualdades y estructuras de opresión. A pesar de la larga historia de violencia de género que se vive en estos países, como en toda la región, las mujeres siguen resistiendo y luchando por los derechos de todas.

En este 8M algunas saldremos a las calles a marchar, tomando el espacio público para canalizar nuestras demandas, o tal vez algunas de nosotras nos manifestaremos en la individualidad de nuestros espacios. Sea en lo público o lo privado, sea cual sea la forma de nuestra protesta, lo hacemos por todas las mujeres y niñas, por las diversidades de género, por la igualdad y por la garantía efectiva de nuestros derechos. Nuestro esfuerzo es colectivo y continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios.