Fanzine que esboza el modo en que las plataformas de internet explotan las emociones de sus usuarios con el fin de incentivarlos a publicar y compartir más en ellas.
Temática: Libertad de expresión
Encarcelado por tuitear
Mientras el mundo debate cómo contener la vigilancia masiva de las comunicaciones de parte de gobiernos y empresas, en Venezuela, sin necesidad de métodos sofisticados, decenas de personas han sido encarceladas y en algunos casos enjuiciadas por sus actividades en línea.
¿Cómo es que se habla de cárceles sin pasar por juicios? Porque en Venezuela no se siguen los pasos que indica el debido proceso cuando hay estado de derecho, sino que se impone la lógica de la arbitrariedad. Los tuiteros son detenidos de forma caprichosa y son sometidos a malos tratos hasta que en algún momento son excarcelados sin dar muchas explicaciones. Veamos algunos casos.
El 28 de abril de 2017, el comunicador Dan Elliot Zambrano, de 34 años de edad, abrió la puerta de su casa porque había funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar buscándolo. Le dio tiempo de tuitear y señalar a la DGCIM antes de que se lo llevaran detenido.
Desde su casa en la ciudad de Cagua, hasta Caracas, la capital de Venezuela hay más de 100 kilómetros. Allí lo encontraron al día siguiente, cuando su esposa y un grupo de abogados iniciaron su búsqueda porque negaban su paradero en cada sede a la que fueron en Aragua, su estado originario. Durante varias semanas Dan Zambrano estuvo aislado, a lo sumo le permitieron pedirle productos de higiene personal y cambios de ropa a su madre por teléfono, porque los centros de detención no proveen eso. Su esposa denunció 40 días después de la detención que no lo había podido ver ni una sola vez. A la quinta semana de presidio ni siquiera había sido presentado en un tribunal para saber al menos de qué se le acusaba.
Dan Zambrano había sido detenido por los uniformados a raíz de haber hecho tweets y retweets de mensajes críticos al régimen de Nicolás Maduro. No era una cuenta relevante, tenía apenas 1.300 seguidores en ese momento, pero era un perfil con nombre y apellido cuya ubicación los uniformados pudieron encontrarla fácilmente. Meses después, Zambrano fue liberado sin cargos. Al ser consultado sobre el episodio, mantiene las reservas del caso porque aunque se encuentra en el exilio, su familia aún permanece en Venezuela y corre el riesgo de represalias. Sin embargo apuntó algo importante sobre las autoridades y su seguimiento de contenidos en redes sociales: “El uso de ellos de intervenir en las redes es absolutamente caprichoso. Estando en detención me di cuenta que el uso de las redes es 60% contrainteligencia hacia la milicia y el resto contra la población, los políticos”.
Se refiere al monitoreo de publicaciones. No hay detrás de esto un software particularmente especializado ni la posibilidad de detectar las IP ni las ubicaciones geográficas de la gente, sino de monitorear sus contenidos hasta detectar al próximo cautivo y llegar a ellos por ingeniería social. Lo misterioso es el criterio para escogerlos, porque otros casos revelan un azar espeluznante. Pareciera que la intención del poder es remarcar que literalmente pueden llevarse a cualquiera en cualquier momento.
Tras las rejas
Por ejemplo, Skarlin Duarte, fue detenida en agosto de 2014, cuando tenía 23 años de edad, y liberada 858 días después, a finales de 2016. Permaneció encarcelada en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y una de las peores cárceles de presos políticos en Venezuela. Fue acusada de delitos como “instigación al odio”, “acceso indebido a sistemas protegidos”, “espionaje informático” y “ultraje”. Sin embargo nunca fue llevada a juicio, así que tampoco se mostraron evidencias. Al menos hasta noviembre de 2016, un mes antes de su excarcelación, su audiencia en tribunales había sido suspendida 33 veces consecutivas, mientras perdía más de dos años de su vida tras las rejas. Skarlin estuvo en el lugar equivocado.
Era cliente de un cibercafé en Caracas, uno de los dos que fue allanado por los uniformados un día que anunciaron un operativo para encontrar a los autores de mensajes contra el gobierno en redes sociales. Así que se llevaron algunas computadoras del lugar y los datos de la joven bailarina de danza latina, sin conocimientos sobre espionaje informático, a quien le allanaron su casa en la noche para detenerla.
Sin embargo, en las decenas de casos más registrados en Venezuela, no todos han sido fruto del capricho de algún funcionario. Algunas detenciones han servido para acusar culpabilidades en medio de alguna tragedia, como cuando en 2014 fue asesinado el diputado Robert Serra, del Partido Socialista Unido de Venezuela. A la cárcel fue a parar el periodista Víctor Ugas, por publicar una foto del cadáver del diputado. La imagen corría desde hacía horas por WhatsApp, filtrada desde la morgue en Caracas, pero nadie la había publicado en redes hasta que lo hizo Ugas. También detuvieron a dos personas vinculadas a una cuenta esotérica, bajo el seudónimo Negra Hipólita. La cuenta hacía adivinaciones y ofrecía lectura de cartas y otros sortilegios a cambio de dinero. Semanas antes del asesinato de Serra a manos de su propio escolta, la cuenta publicó que habría “luto” en la Asamblea Nacional, así que como las autoridades también creen en brujos y videntes, se hicieron pasar por un cliente, contrataron sus servicios y al momento del contacto físico (y los datos de cuentas bancarias) detuvieron a quienes la administraban.
Otro tuitero detenido en 2014 fue Leonel Sánchez Camero (AnonymusWar), acusado de hackear las cuentas de Twitter de algunos funcionarios gubernamentales y preparar un plan de fuga para el político Leopoldo López. Ninguna de las acusaciones se comprobó en juicio. Además, Sánchez fue detenido en Barinas, a 470 kilómetros de la cárcel de Ramo Verde.
Igualmente, Abraham David Muñoz (AbraahamDz), de 18 años de edad, también fue detenido por tuitear “Muerto Robert Serra, ajá ¿para cuándo Diosdado y Jorge Rodríguez?”. Se lo llevaron de su casa sin una orden de aprehensión ni un procedimiento en su contra.
Los tuiteros presos llegaron a rondar la veintena, en un país que ha llegado a tener más de 600 presos políticos y presos de conciencia según han reportado organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Provea y el Foro Penal. Muchos de ellos son detenidos que dependen directamente de un funcionario del chavismo, como el líder estudiantil Villca Fernández, que escribió en su tuiter que no le tenía miedo a Diosdado Cabello, segundo al mando del PSUV, tras unas amenazas que le hiciera el funcionario en televisión.
Los monstruosos casos recientes
El modus operandi del poder sólo se han hecho más retorcido. No hay mayor sofisticación en el uso de herramientas digitales para detectar mensajes, pero sí se han usado métodos más brutales que las detenciones arbitrarias. En 2018 hemos reportado dos casos más:
@DolarPro: Carlos Eduardo Marrón es el dueño del portal DolarPro y vivía fuera de Venezuela. El Gobierno ha prohibido publicar el precio del dólar paralelo porque mantiene un férreo control cambiario desde 2003, sin embargo el mercado negro necesita información y hay decenas de páginas web y cuentas en redes con ese contenido. En un hecho insólito en la historia reciente del país, las autoridades fingieron un secuestro del padre de Marrón, como si fuesen una banda delictiva, y negociaron la entrega con su hijo. Cuando Carlos Eduardo regresó al país a pagar el rescate de su padre y recuperarlo, le informaron que se trataba de una detención oficial y fue enviado a la cárcel. Aún su juicio está pendiente, la web está desactivada y a pesar de eso el dólar paralelo sigue multiplicando su precio cada semana.
@AeroMeteo: Pedro Patricio Jaimes Criollo tiene una cuenta dedicada al tráfico aéreo y la meteorología en Venezuela. La tarde del 3 de mayo publicó en su Twitter una información de fácil acceso en cualquier portal especializado: el único avión sobrevolando el centro del país era el presidencial, que hizo una ruta desde Caracas hasta el estado Aragua. Por divulgar ese dato, que no representa ninguna información clasificada, el 12 de mayo fue detenido y no se ha sabido nada de él hasta el cierre de este artículo, un mes después.* Ni familiares ni abogados saben dónde está y ninguna autoridad responde por su paradero. Las ONG de derechos humanos califican el hecho como una desaparición forzosa y reclaman saber el destino de @AeroMeteo.
Los efectos de las detenciones arbitrarias de tuiteros en Venezuela ha significado un aumento en la presencia de cuentas con seudónimos para ocultar la identidad de sus autores, además de una migración de conversaciones digitales a espacios más privados como WhatsApp y otros servicios de mensajería. El terreno digital es importante para las comunicaciones del gobierno de Maduro, sin embargo al ser un espacio con mayores libertades, ha sido más difícil imponer la hegemonía comunicacional que propone la revolución desde la era Chávez. En redes no ha disminuido la crítica, aunque los venezolanos se saben monitoreados.
* El 15 de junio Pedro Jaimes se comunicó con su familia, como ha señalado la organización Espacio Público. Organizaciones de América Latina se manifestaron condenando la que consideran una detención arbitraria.
Error 402 ¿Terrorismo Cibernético en Guatemala?
Hablar de terrorismo cibernético en Guatemala me hace pensar en una novela de ficción de Margaret Atwood situada en el año 3000. Luego recuerdo que vivo en el país de las distopías y me tranquilizo. La Iniciativa de Ley 5239, contra actos terroristas, se dio a conocer ante el Congreso el 23 de febrero de 2017; fue analizada por la comisión de Gobernación y recibió dictamen favorable en noviembre del mismo año. En estos momentos está en espera de una segunda y tercera lectura para ser aprobada.
¿Qué es el ciberterrorismo? ¿Por qué está incluído en la ley? ¿Por qué ha generado críticas de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos? Recordar la historia reciente del país ayuda a entender mejor el contexto y los peligros potenciales del proyecto.
¿Ciberterrorismo?
La definición de ciberterrorismo que expone el proyecto parece sacada de una novela de apocalípsis tecnológico: el terrorismo cibernético lo comete “quien con fines económicos, políticos, religiosos, utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar con el objeto de infundir temor, causar alarma, intimidar a la población, o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional”, sancionándolo con entre diez a veinte años de prisión.
La Cámara de Periodistas de Guatemala rechazó la iniciativa, argumentando que el artículo 22 sobre ciberterrorismo es “pretensión velada y descarada de restringir el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento”.
“El solo hecho de que compeler al Estado por medios electrónicos configura un delito terrorista es una definición excesivamente amplia y puede ser utilizada como forma de reprimir discursos disidentes”, explica Pablo Viollier, analista de políticas públicas de Derechos Digitales, quien además recalca que “la tipificación de este tipo de delitos debe ser particularmente precisa” para evitar su uso con fines represivos.
Para Sara Fratti, abogada y directora de Políticas Públicas de IPANDETEC, “los riesgos son enormes, principalmente por la criminalización del movimiento ciudadano, que incluirá la penalización de actos como convocar a manifestaciones, críticas a funcionarios públicos, etc.”.
En paralelo existe un riesgo que pocas veces se menciona y “es que la gente genere autocensura en espacios donde antes no la había, por la sola existencia de este tipo de leyes”, explica David Oliva, consultor en seguridad digital de la Fundación Acceso.
El poder de las redes
“Es importante contextualizar brevemente el momento social y político que atraviesa Guatemala”, explica Sara Fratti: “la lucha contra la corrupción promovida desde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP) y la ciudadanía han generado que las élites y grupos de poder vinculados a la corrupción inicien una campaña de desprestigio, principalmente a través de redes sociales. Como consecuencia, esta iniciativa de ley se presentó con la finalidad, entre otras cosas, de silenciar las voces de líderes, activistas, defensores y población en general”.
David Oliva considera que “estas leyes surgen alrededor del incremento en la sonoridad de las redes sociales, y es lamentable que a falta de profesionales probos se legislen leyes que buscan censurar masivamente expresiones de distintos tipos”. Así, esta ley puede ser leída como una forma de silenciar a la sociedad civil, detener las movilizaciones ciudadanas y criminalizar a los y las defensoras de derechos humanos.
Una nueva red de inteligencia
Por si esto fuera poco, la Iniciativa de Ley 5239 contempla además la creación de una Red de Comunicación “integrada por autoridades de seguridad, migratorias y aduaneras, que permita optimizar los procedimientos de control sin afectar el flujo del comercio”. Esta red tecnológica de información no solo será fundamental para la prevención de actividades terroristas, sino que intensificará el flujo de información entre países, sobre aquellas personas u organizaciones que se consideren bajo investigación.
“El proyecto no define las funciones específicas que tendrá esta red, básicamente es la creación de una red de inteligencia para vigilar a la ciudadanía. Además, carece de salvaguardas y estándares mínimos de aplicación. Lo cual, facultará al Gobierno establecer una red de vigilancia masiva”, explica Fratti.
Lo grave no es solamente la creación de un nuevo aparato de control estatal, sino que bajo el discurso de seguridad ciudadana este tipo de proyectos nacen desvinculados del deber de garantizar los derechos humanos.
Desde esa perspectiva, Víctor Quilaqueo, historiador y director del Centro de Política Públicas para el Socialimo, señala que “la creación de una Red de Comunicación es un atentado contra las garantías ciudadanas mínimas. Queda así como una medida arbitraria, que no define alcances ni modos de aplicación. Es crear una ley en cuyo centro no está la salvaguarda de nuestros derechos”.
Como vemos, el proyecto tiene un carácter eminentemente cohercitivo, sin perspectiva de derechos fundamentales. La tendencia a la criminalización de la diferencia es profunda y se materializa en iniciativas de este tipo.
“Creo que hay dos problemas con este tipo de legislaciones -explica David Oliva-: en primer lugar, están tipificando delitos digitales antes de tipificar derechos digitales de las personas, eso es una clara manifestación de criminalización. Por otro lado, cuando se legislan este tipo de leyes sin ninguna vista técnica ni de derechos humanos, el resultado son legislaciones totalitarias que de ninguna manera buscan hacernos crecer como sociedad, sino al contrario, generan control. El solo hecho de que una persona se sepa vigilada por el Estado la limita de ejercer su libre derecho de expresión o de generar puntos de vista diferentes”.
La ley sugiere un panorama que nos recuerda al gran hermano de Orwell. Según Sara Fratti, la iniciativa permitirá que el Gobierno tenga acceso y control a las publicaciones en redes sociales y plataformas digitales que realicen los usuarios del país, “con la finalidad de vigilar y castigar a ciudadanos que se opongan a la forma en la que se está llevando a cabo la administracion pública”.
En un país como Guatemala, que tuvo 36 años de conflicto armado y aparatos de inteligencia estatal y paraestatal represivos, hablar sobre crear una sistema de control y vigilancia masiva debe considerarse una agresión, no solo porque está en peligro nuestro derecho constitucional a la privacidad y a la libertad de expresión, sino también porque pende de un hilo la débil democracia que nos queda.
La brecha oculta en las estadísticas de acceso a internet en México
El pasado 5 de abril presentamos la investigación donde “medimos” la brecha digital de género en México. Pongo la palabra con comillas porque en 2016, 51.5% de las mujeres estaban conectadas en el país. En teoría.
En el panel nos acompañaron colegas y compañeras que han trabajo el tema fuera de las estadísticas desde APC Women, Artículo 19, Luchadoras y Data Cívica. Todas coincidimos en una cosa: las estadísticas y definiciones bajo las cuales se levantan los datos sobre acceso a internet en México, esconden la realidad de muchas mujeres.
Primero que nada hay que definir un acceso funcional. El acceso a internet y a la tecnología va mucho más allá de tener datos en el celular o WiFi en una computadora. La autoridad que mide el acceso a internet en México lo define como “conexión en el hogar”. Para nosotras, hay acceso a internet cuando la red sirve como una herramienta para aprender y conocer; cuando como mujeres podemos pagarla sin abandonar otras prioridades; si tiene contenidos que nos interesen y sean relevantes para nosotras; si podemos producir y co-crear estos mismos; si un espacio seguro para compartir y disentir, en comunidad, en su propio idioma.
Segundo, las estadísticas que recogen los datos no tienen perspectiva de género. Por consiguiente, las políticas públicas que surjan a partir de dichas estadísticas también ignorarán la realidad de mujeres en el país, sobre todo en zonas rurales o indígenas. No importa lo que digan las cifras, la brecha digital aún existe. “Las estadísticas solo miden que exista conexión en los hogares”, dijo Lulú Barrera de Luchadoras en el panel de presentación, “pero si una mujer vive violencia en su casa y el único celular para conectarse es del esposo que la maltrata, no puede entrar a internet para encontrar solución. Entonces tenemos un problema.”
Para Paulina Gutiérrez de Artículo 19, en comunidades tales como Tabasco y Chiapas «tener un dispositivo o tener acceso a una herramienta tecnológica con conectividad no significa que haya un acceso sustancial”. Si la desigualdad es estructural, poco podrá cambiar.
Por todo lo anterior, no podemos decir que la revolución de las tecnologías de información y comunicación está transformando la vida de la mayor parte de las mujeres. Las soluciones también tienen que ser amplias, y van desde combatir la violencia de género (en línea y fuera de línea) hasta redefinir los propios estereotipos de género que nos codifican socialmente.
Las mujeres tenemos menos acceso por muchas razones. Estas van desde los estereotipos machistas del tipo “las damitas no deben usar internet” hasta la falta de tiempo; las mujeres tienen carga triple de trabajo, el doméstico, el relacionado con los hijos y el trabajo laboral profesional. La autocensura que proviene de la violencia de género en línea también es un problema: a las mujeres disidentes, que decidimos salirnos de nuestros roles de género y opinar de política o deportes, nos llegan amenazas de muerte y violación por expresarnos. Por otro lado, la brecha salarial de género disminuye la capacidad de las mujeres para pagar acceso a internet, sin mencionar la falta de conocimiento o las pocas mujeres que hay en el campo de la tecnología en México: en el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) solo el 22% eran mujeres en el 2012. Se considera “una cosa para chicos”.
La brecha digital de género no va a cerrarse mientras la sigamos abordando en casillas separadas denominadas «fuera de línea» y «en línea», sino que requiere un progreso en varios frentes a la vez. Con esto en mente proponemos cinco cosas: 1) evaluar y reformar México Conectado –el programa para ampliar la conectividad en México- desde una perspectiva de género; 2) terminar con la violencia de género en plataformas digitales; 3) hacer énfasis en la construcción y modernización de la infraestructura de internet y habilitar legalmente el uso de redes comunitarias; 4) priorizar la educación digital en todas las escuelas y comunidades; 5) crear programas educativos para que más mujeres participen en tecnología.
La igualdad digital es fundamental para realizar los importantes beneficios potenciales que internet puede aportar a las mujeres, sus comunidades y la economía en general. Esperemos esta investigación sea un primer paso para medirla y tomar cartas en el asunto.
Honduras: expresión social en la red bajo la mira
El Congreso Nacional de Honduras comenzó a conocer esta semana de un proyecto de ley que busca regular “los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet”, una breve iniciativa legislativa que contempla obligaciones para las plataformas de internet en relación con ciertos contenidos nocivos. Al proyecto se suma el anuncio de la creación de un Comité Nacional de Ciberseguridad que, entre otros, estaría encargado de recibir denuncias por actos de odio y noticias falsas.
El proyecto ha sido identificado rápidamente como una amenaza a la libertad de expresión, pues el texto del proyecto pretende una regulación de plataformas y sitios de internet que puede mover hacia la censura. Por una parte, se esgrimen nobles fines contra la discriminación y el odio en línea, estableciendo obligaciones de transparencia sobre las reclamaciones por tales conceptos. Por otra, se propone una peligrosa herramienta de control sobre el contenido ilícito o nocivo: el control sobre los intermediarios a los cuales se delega la función de interpretar el carácter de los contenidos.
¿“Ley mordaza”?
Desde su primer artículo, la propuesta legislativa se dirige a “las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de comunicaciones telemáticas, plataformas de Internet, o tecnologías de similar naturaleza … así como a los operadores y administradores de sitios Web”.
En tanto, su artículo 5º exige establecer un procedimiento para remover o bloquear el contenido “manifiestamente ilegal” –esto es, el referido ampliamente y sin precisión como “actos de discriminación, de odio, injurias, amenazas, la incitación a la violencia o a cometer un delito”– dentro de 24 horas desde recibido un reclamo o reporte, y en 72 horas para el contenido simplemente “ilegal”. Sobre los reclamos y reportes, se fija una obligación de informe trimestral para cada sitio. Las sanciones por incumplir no son de corte judicial sino administrativo, y van desde la multa hasta la suspensión y bloqueo del servicio.
Y sobre esto último, las preocupaciones tienen asidero. El combate a la violencia, la discriminación y el odio en las redes sociales es un problema con alcance global, con personas y grupos vulnerables particularmente expuestos. Sumado a la prevalencia de desórdenes de información en la forma de bots, trolls e información falsa, existe una presión sobre las plataformas de internet, especialmente las redes sociales, por reaccionar de forma oportuna y justa. El intenso poder que un puñado de empresas de internet tiene sobre el intercambio global de información y expresión implica responsabilidad sobre el impacto de sus acciones u omisiones como portadoras de esa expresión.
Sin embargo, el proyecto hondureño va más allá de los principios globales sobre la responsabilidad por los contenidos, al fijar duras sanciones para obligaciones poco claras sobre lo que constituye expresión ilícita. La noción defendida por los promotores del proyecto de que “no se regulan redes sociales”, ignora el efecto que reglas como estas tienen sobre las plataformas, convirtiéndolas a la vez en quienes juzgan la licitud de un contenido y cuyo actuar se encontrará condicionado por el hecho de que la no censura puede derivar en su suspensión de operación.
Una situación compleja
Los peligros para una internet libre están latentes y necesitamos estar alerta. Pero no podemos olvidar que esos peligros a menudo nacen y se materializan como expresión de condiciones políticas que así lo permiten. La regulación de las expresiones en línea en Honduras se produce en un contexto político álgido, de riesgo para la libertad de prensa, y un reciente proceso electoral marcado por las protestas y la violencia, donde las redes sociales digitales fueron quizás un factor importante en la movilización social.
En escenarios como este, hemos visto, el recurso al combate contra el discurso de odio aparece como una forma de controlar la expresión crítica. Se sigue con ello una peligrosa tendencia, que arriesga no solamente el funcionamiento de la red, sino el ejercicio de la democracia, especialmente en contextos donde más parece cuestionada su subsistencia como forma de gobierno. La libertad de expresión es precisamente una garantía para una sociedad democrática y plural; su restricción, en tanto, está sujeta a estrictos parámetros que no pierden su vigencia en internet.
La problemática tendencia regional
Tras la escalada de críticas por la rápida discusión que amenazaba con producirse en el Congreso Nacional, el proyecto no fue incluido en la agenda de discusión del martes 6 de febrero, con el propósito de socializar su contenido entre distintos interesados. No obstante, la marcha del proyecto prosigue, ahora como “Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales”, cooptando así no solamente el combate al discurso de odio, sino también la tendencia de regulación de planes de ciberseguridad.
Más allá de ser un peligro para el funcionamiento de internet o para la libertad de expresión y su ejercicio, regulaciones como estas representan un peligro para el ejercicio de todo aquello que esta libertad permite: la crítica al poder, la organización social y, en último término, la democracia. El rechazo de algunas organizaciones de la sociedad civil da cuenta de ello y está en manos del Congreso de Honduras dar cuenta de esa preocupación.
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La Neutralidad de la red bajo ataque II: El regreso
No, no es el título de la última entrega de Hollywood. Mientras nuestros amigos de los EE. UU. se preparaban alegremente para las celebraciones de su Día de Acción de gracias, el Chairman de la Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai, se encontraba cocinando algo más que pavo y salsa de cranberries.
Lo que fue comunicado oficialmente el 21 de noviembre es el documento titulado “Restoring Internet Freedom”, propuesta regulatoria que vendría a sustituir la “Open Internet Order” de 2015, que estableció meridianamente el principio de neutralidad de la red en el país del norte. La propuesta, que se someterá a votación el próximo 14 de diciembre, propone eliminar todas las reglas de neutralidad de red actuales, con la excepción de una regla de transparencia modificada.
Eso significa que, en adelante, los proveedores de servicio de internet (ISP) de los EE. UU. serían libres de bloquear, acelerar o ralentizar sitios web, aplicaciones y servicios, cobrar tarifas a las compañías en línea por acceder a los suscriptores del ISP, o entrar en acuerdos con proveedores de servicios y aplicaciones para darles condiciones de conexión privilegiada de velocidad a sus suscriptores, bastando que los ISP informen a sus clientes sobre la existencia de este tipo de acuerdos. Es decir, decidir, según su conveniencia económica, qué sitios y servicios funcionan mejor que otros en internet.
La propuesta elimina también todas las reglas de estándar de conducta destinadas a asegurar la supervisión del regulador de las facultades de administración de la red limitadamente reconocidas a los proveedores de servicios. Con esto, abre la puerta al ejercicio de discrecionalidad técnica y comercial de los ISP en la oferta de servicios, como gestión de tráfico o esquemas de zero-rating.
No conforme con el retroceso respecto del estándar de neutralidad de la red hoy vigente, la propuesta va más allá: al echar pie atrás a la clasificación del servicio de banda ancha como servicio de comunicación (common carrier) y catalogarlo como servicio de información (information service), imposibilitaría que en el futuro la FCC adopte o imponga alguna norma significativa que permita garantizar la neutralidad de la red.
La norma además limita la posibilidad de que sean los Estados quienes adopten sus propias reglas de neutralidad de la red, distintas de la regulación federal, lo que hará imposible que estos reaccionen implementando sus propias normativas ante la falta de protecciones de la neutralidad de la red a nivel federal.
Algunas encuestas muestran que la iniciativa de eliminar la protección de la neutralidad de la red parece ser tremendamente impopular en todos los sectores del espectro político, lo que no ha detenido esta iniciativa con nefastas consecuencias como precedente global.
Desafortunadamente, la FCC no es responsable directamente ante el público, y Pai ha dejado en claro que no tiene la intención de dar mucho peso a la opinión pública o la cantidad de comentarios recibidos por la FCC en apoyo de las reglas de neutralidad de la red. Sin embargo, a los miembros del Congreso sí les importa lo que piensan sus electores, y como ellos son los encargados de supervisar los esfuerzos de la FCC en este espacio, ellos tienen el poder de detenerlo. Por eso las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos están haciendo un llamado a que las personas se comuniquen con sus representantes para exigirles la protección de la neutralidad de la red.
Como lo plantea Tim Wu -a quien se le atribuye la paternidad teórica del principio de neutralidad de la red- lo más probable es que este episodio de revés regulatorio termine con la intervención de las Cortes de los Estados Unidos. De acuerdo a los estándares normativos del derechos administrativo norteamericano, las decisiones administrativas solo pueden ser revocadas cuando la agencia federal involucrada cumpla con examinar evidencia fáctica que demuestre la conveniencia de un cambio de estándar, lo cual difícilmente podría ser el caso de la regla de neutralidad cuyo resultado a sido mayoritariamente satisfactorio. Pero aun con la previsible intervención judicial, este movimiento regulatorio no deja sin riesgo todo lo que suceda en el tiempo intermedio.
La propuesta de la FCC no tiene solamente efectos en los EE. UU. Gran parte de los servicios de internet son ofrecidos por plataformas que operan desde Estados Unidos, donde los acuerdos con los ISP serían los que determinen quiénes son ganadores y perdedores con alcance global. Los usuarios de internet en nuestra región verán afectadas sus posibilidades de acceder a contenidos y aplicaciones, lo que implica una restricción de acceso a la información y al conocimiento.
La decisión de Pai resulta además un nefasto precedente para otras latitudes, en las cuales el reconocimiento del principio de neutralidad ha sido inexistente o débil en su ejecución, como precisamente es el caso de varios países de América Latina conforme se muestra en un estudio coordinado por Intervozes este año. La propuesta de la FCC puede así convertirse en un mal modelo de regulación que podría además ser copiado por otros países.
Desde otros lugares del mundo podemos sumarnos a la reacción pública en contra del desmantelamiento de la neutralidad de la red pues, como lo explicábamos hace unos meses, no podemos quedarnos indiferentes ante esta amenaza que, como internet, no reconoce límites territoriales.
Renegociación del TLCAN: no en nuestro nombre
Para Donald Trump el TLCAN era “el peor tratado de libre de comercio de la historia.” Ahora quiere “modernizarlo”, llevando adelante un impulso por la renegociación entre los tres países que componen el acuerdo. En México, los gobernantes usan la misma palabra, “modernizar”, sin pensarlo dos veces, como si la modernidad aún fuera una utopía. Como si las premisas tras esa “modernización” no hubieran causado más desigualdad, dependencia y crisis ecológicas y de derechos humanos. Después de 23 años, Canadá, Estados Unidos y México están renegociando el tratado comercial que regirá sus relaciones durante las próximas décadas.
Hay un patrón en las negociaciones comerciales: se hacen a oscuras, sin transparencia y privilegiando siempre los intereses de grandes empresas por encima de los derechos humanos. Con el TLCAN pasa lo mismo: no importa cuánto esfuerzo dedique México en tener elecciones democráticas y transparentes, en que los legisladores y funcionarios sean verdaderamente representativos, las decisiones que se tomen a puerta cerrada en estas negociaciones impactarán directamente nuestras vidas tanto dentro como fuera de línea. Pero la ciudadanía y la sociedad civil no participan activamente en ellas.
Por un breve momento creíamos que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) había muerto cuando Trump firmó la salida de Estados Unidos. Pero estos tratados son como zombis: se rehúsan a morir y permanecer muertos. El pasado 10 de noviembre, los 11 países que restaban en esta negociación, acordaron seguir adelante sin la potencia que en un principio los empujaba, “suspendiendo” (quizás hasta que EE. UU. vuelva al redil).
Ahora nos enfrentamos a dos instrumentos distintos que amenazan nuestras libertades en internet: el TLCAN y el CPTPP, negociados con exclusión de la ciudadanía. Peor aún, en México el 80 % de los mexicanos rechaza al gobierno el turno, de acuerdo con la última encuesta del Latinobarómetro, dejando así al ejecutivo sin un piso de representatividad en el esfuerzo negociador. Estamos hablando de un gobierno sin legitimidad, que sellará un pacto para regir cientos de millones de vidas, durante décadas. Y ese pacto afecta también la vida de los ciudadanos en el entorno digital.
Hay dos consensos importantes en la sociedad civil mexicana que se opone a las negociaciones del TLCAN. La Convergencia México Mejor Sin TLCs –formada por más de veinte organizaciones desde campesinos, activistas, trabajadores, ambientalistas y sectores técnicos– concuerda en que uno de los problemas más graves es el mecanismo de resolución de disputas vía tribunales de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement). Este ya estaba en el capítulo XI del TLCAN original de 1994 y a la fecha ha sido parangón de muchas injusticias.
En segundo lugar, la falta de transparencia es una constante antidemocrática: ¿cómo tener un debate ciudadano, rico y representativo de todos los intereses si no sabemos qué viene en los textos?
El capítulo de propiedad intelectual del TPP fue uno de los más discutidos gracias a que Wikileaks lo filtró. De lo contrario, hubiera permanecido en secreto hasta su firma. Una de las primeras cosas que proponía era aumentar el plazo de los derechos de autor para protegerse durante la vida de los creadores y hasta 70 años después de su muerte, además de reforzar los mecanismos de observancia. Esto fomenta la idea de que la cultura y el conocimiento son titularidad de algunas industrias, poniéndola a disposición únicamente de quienes pueden pagarla. Promueve un esquema en el que empresas y personas distintas de los autores siguen recibiendo regalías por algo que no crearon.
Es más, mediante el mecanismo del comercio internacional, limita la capacidad de los países de fijar sus propias reglas para compartir cultura y para descargar, leer, reproducir, copiar, pegar o remixear, cosas que muchas veces son sabiduría popular (¡y pública!). Un esquema promovido por las industrias de contenidos de los EE.UU., como principal explotador de derechos de autor en el mundo. No es difícil adivinar que la postura estadounidense en el TLCAN repetirá esta tendencia pues son los mismos intereses los que se sientan en la mesa de negociación.
El TPP también buscaba exportar una ley que en la práctica ha instaurado un sistema de censura privada: la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Básicamente se trata de un mecanismo dirigido a compañías como Google, Facebook, Twitter y Youtube bajo la siguiente lógica: si conocen de contenidos que violen derechos de autor, y no lo bajan, entonces son también responsables por la infracción. En México, el presidente Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar videos en que aparece cometiendo errores al hablar. Sin controles ni salvaguardas judiciales, miles de expresiones legítimas e importantes podrían ser eliminadas.
El capítulo sobre comercio electrónico no se quedaba muy atrás. En la era del capitalismo digital los datos son dinero, y las personas somos datos: todo lo que hacemos en internet, los sitios que visitamos, lo que consumimos y compramos. De forma inevitable, al hablar de datos hablamos de privacidad. La pauta en ambos tratados es promover el “libre flujo de datos” entre países, incluso cuando estos tratan de información sensible. Hay excepciones a este libre flujo pero siempre y cuando no sean “restricciones encubiertas al comercio”. Traducción: se puede interpretar que una política que protege derechos humanos impide el comercio de datos, y por lo tanto bloquearse vía los mecanismos de ISDS.
Hay muchos otros puntos preocupantes, pero en esencia hay que decir que la modernización tiene tintes colonialistas. Estos tratados protegen a Estados Unidos y a las empresas multinacionales por encima de los intereses democráticos de personas comunes. Que quede claro: el TPP no puede revivirse y la negociación del TLCAN debe hacerse bajo criterios distintos que representen a la ciudadanía. Los derechos humanos no pueden supeditarse al comercio internacional. Exijamos mejores condiciones.
Neutralidad de la red en América Latina
Reglamentación, aplicación de la ley y perspectivas