Temática: Gobernanza de internet

¿Quiénes son los «buenos» y los «malos» para nuestros derechos en Internet?

¿Qué rol juega el sector privado en la protección de nuestros derechos? ¿Qué amenazas tiene la libertad en Internet hoy? Esas y otras preguntas fueron abordadas en el Foro de internet de Estocolmo, que se desarrolló entre el 22 y 24 de mayo. Derechos Digitales estuvo allí.
Foto por Carlc, bajo una licencia Creative Commons.
Foto por Carlc, bajo una licencia Creative Commons.

La semana pasada asistimos al Foro de Internet de Estocolmo, en Suecia, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia y diversos organismos gubernamentales de dicho país. ¿La apuesta? discutir sobre la libertad en internet y sus amenazas.

En la bienvenida, Carl Bildt, el Ministro de Relaciones Exteriores, sugirió que habían países «buenos» y «malos» en internet. Los países «buenos» serían aquellos que hoy defienden la libertad de Internet, principalmente europeos y norteamericanos. Los «malos», por su parte, serían los sospechosos de siempre: Rusia, China, Cuba y otros países autoritarios.

Sin embargo, en nuestra opinión, esta clasificación en blanco y negro, claramente, simplifica excesivamente la realidad. Que países como Estados Unidos o Suecia no intervengan directamente en Internet (sin contar la vigilancia, por cierto), no los convierte automáticamente en “agentes del bien».

Esta especie de principio de no intervención en internet conlleva muchas veces un traspaso de poder y control a los privados, quienes bajo diversos pretextos (el mejor: los derechos de autor) pretenden decidir qué contenidos pueden circular o no por internet. En resumen: los privados también son relevantes para una Internet libre; y a veces la intervención del estado es necesaria para regular sus conductas, como en el caso de la neutralidad de la red. Más que un mundo en blanco y negro, existe una multitud de matices de grises.

Aún con lo dicho, llama la atención que políticos de trayectoria entiendan que una agenda de derechos en Internet es necesaria hoy en día y la conviertan en una prioridad estratégica. Con todas las diferencias y cuestionamientos expuestos, tener un ministro de alto rango discutiendo en una mesa redonda con activistas y expertos, defendiendo sus posturas con argumentos sólidos, dista mucho de lo que vemos en Chile.

Otras intervenciones posteriores plantearon diversos temas relacionados al debido proceso, privacidad, actividades de inteligencia y seguridad en internet, entre otros. Ocasionalmente, alguien esgrimía también que sin acceso a tecnologías nada de esto importa, lo que aún siendo cierto es una discusión que se lleva adelante en otros foros y contextos.

Además de estas actividades, pudimos encontrarnos con varias organizaciones amigas de Derechos Digitales en Latinoamérica, con las que incluso pudimos preparar una «desconferencia» o reunión semiformal donde pudimos compartir sobre la realidad de los Derechos Humanos y tecnologías en Latinoamérica.

En suma, la discusión global sobre temas de derechos en Internet sigue creciendo. Diversos foros, más o menos grandes, más o menos oficiales, están analizando, discutiendo y diseñando estos temas, y en Chile no podemos darnos el lujo de ser espectadores pasivos respecto al futuro de Internet que, en gran parte, se encuentra hoy vinculado a nuestra proyección en la sociedad que muchos llaman de la información y el conocimiento.

A favor del Marco Civil para internet en Brasil

Desde 2009 en Brasil se lleva adelante uno de los proyectos más interesantes de regulación del entorno en línea. Mientras los esfuerzos de la legislación suelen detenerse en los aspectos punitivos, comprendiendo internet como un lugar lleno de amenazas, el Marco Civil brasileño tiene por objetivo asegurar la protección de los derechos humanos relativos al uso de la internet. 

El planteamiento además de interesante y novedoso, presenta un nuevo punto de partida para la legislación relativa a las nuevas tecnologías. Principios tales como la protección de la libertad de expresión, la neutralidad de la red, la limitación de responsabilidad para los intermediarios y el acceso a información pública y transparencia deben ser los ejes principales de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar cualquier política pública relativa a internet.

Por si todo esto fuera poco, además el proceso de elaboración de Marco Civil ha contado con distintas etapas de participación y deliberación pública de la sociedad civil, entregándole una legitimidad tantas veces escurridiza cuando se trata de estas temáticas en los países de la región. 

Chile debiera aprender de la experiencia de Marco Civil, entendiendo que el marco para el desarrollo de la innovación, el emprendimiento y la gestión pública en internet no puede estar supeditada a la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino por el contrario. Los derechos fundamentales, fundamentalmente la libertad de expresión y los derechos derivados de la privacidad debieran ser los estandartes de una regulación inclusiva. 

Es por esta y otras razones que ONG Derechos Digitales junto con una serie de organizaciones sociales de la región apoya el texto actual de Marco Civil y hemos entregado una carta abierta al Congreso del Brasil, que puede leerse a texto completo a través del siguiente enlace (PDF).

#NoTemasaInternet Vigilancia en la red: ¿qué significa monitorear y detectar contenidos en Internet?

 

SOPA, PIPA, ACTA, CISPA, TPP y un largo etcétera de inciativas legales, acuerdos internacionales y prácticas, buscan imponer la idea de que Internet es un espacio descontrolado, que debe ser intervenido a toda costa. Asimismo, y de manera creciente, los gobiernos alrededor del mundo reclaman su soberanía en Internet, lo que implica una intervención en la arquitectura de la red donde sus protagonistas, desde los usuarios hasta los intermediarios, tienen nuevas responsabilidades.

Estas iniciativas, a veces movidas por verdaderas buenas intenciones y otras (lo sabemos) no tanto, buscan de una u otra forma poner control sobre el libre flujo de contenidos en Internet. Pero aquello puede tener consecuencias profundas en los derechos ciudadanos.

«Vigilancia en la red: ¿qué significa monitorear y detectar contenidos en Internet?» (bajar pdf) es un nuevo texto del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Argentina, que busca ahondar en las consecuencias de estas medidas.

En primer lugar, ofrece un marco conceptual general sobre la arquitectura de Internet. Posteriormente, analiza el concepto de control en Internet, haciendo énfasis en los intermediarios y en el uso de tecnologías como la Inspección Profunda de Paquete. Por último, plantea la tensión entre la seguridad nacional y la prevención de la violencia, y derechos como la libertad de expresión y la privacidad.

En un contexto que comprende cada vez mejor los peligros que corre la libertad de expresión en Internet, tanto de manera internacional (The Internet Defense League) como en un plano local (No Temas a Internet), este texto puede ser una lectura fundamental.

IDN, nombres de dominio en español y portugués

Registrar nombres de dominio usando caracteres propios del español y el portugués, progresivamente está dejando de ser un percance en la comunidad latinoamericana. Lea más al respecto en la columna de Alberto Cerda Silva, Director de Estudios de ONG Derechos Digitales, para Terra Magazine.

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Todo quien ha intentado obtener un nombre de dominio que emplea la letra eñe, seguramente se ha encontrado con un rotundo no por respuesta. El sistema de identificación de recursos en Internet no fue diseñado para soportar otros caracteres (letras y números) que los empleados en inglés. Así, localizarse en la web implicaba, cuando menos en ciertas ocasiones, sacrificar signos idiomáticos del español y portugués.

Sin embargo, la solución ha llegado hace algún tiempo, la llamada Internacionalización de los Nombres de Dominio (IDN). Se trata de un estándar técnico que permite la incorporación en los nombres de dominio de caracteres tales como “ç” y “ñ”, así como signos de acentuación y diéresis.

En Latinoamérica, IDN ya ha sido adoptado por Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela. Este mes de septiembre se ha estrenado también en Argentina. En estos países, la adopción del sistema facilita la apropiada identificación de los usuarios en Internet. Así con ciudades como Río de Janeiro, Viña del Mar o Córdoba, tal como con quienes comercializan buñuelos o vino, o los numerosos González que deambulan por estas tierras.

Los nombres de dominio no sólo permiten la localización de recursos en Internet, sino también la individualización de ellos, especialmente si tomamos en consideración el carácter esencialmente nemotécnico de Internet y, desde tal perspectiva, IDN mejora el acceso intuitivo de nuestros usuarios a servicios en línea de diversos municipios, o de nuestros clientes a los bienes o servicios que ofertamos.

Pero no sólo el comercio y gobierno electrónicos encuentran una ventaja en IDN, sino también el derecho a la identidad y a una mejor individualización de las personas en Internet. Desde esta perspectiva, la incorporación de IDN contribuye al enriquecimiento de nuestra identidad cultural, en cuanto comunidad hispano parlante, así como de nuestros pueblos originarios, pues IDN permite que los nombres de dominio guarden plena correspondencia con nuestra pluralidad de identidades lingüísticas.

Bienvenido pues IDN en Latinoamérica, ya que la adecuada identificación en Internet incrementa la competitividad, mejora el acceso a los recursos en web y enriquece nuestra identidad cultural. ¡Ya sólo nos resta competir por los contenidos!

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Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.

Gobierno electrónico municipal, un proyecto para la gente

Lea la columna de Alberto Cerda Silva, Director de Estudios de ONG Derechos Digitales, para Terra Magazine, acerca de logros, obstáculos e iniciativas de gobierno electrónico a nivel local en Chile.

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El gobierno local es el más cercano a la gente. Esa cercanía deriva no sólo del hecho que las personas se encuentran más a su alcance, sino de las importantes labores que son de su responsabilidad. Probablemente cada vez que Usted o algún miembro de su familia necesita servicios de salud o educación pública acude a su ayuntamiento, municipio o municipalidad; es tal vez el lugar al cual concurre para gestionar servicios de aseo y ornato en su comunidad, e inclusive prestaciones sociales básicas. El gobierno local es inequívocamente el más cercano a la gente.

Internet acerca la gestión municipal a la gente. Precisamente la necesidad de disponer de una relación más estrecha y en todo momento con el gobierno local alienta el desarrollo de experiencias de gobierno electrónico en él. Hoy por hoy, es esencial que los vecinos puedan solicitar información, y aun gestionar servicios, desde todo lugar y a toda hora, independientemente de donde se encuentren emplazadas las oficinas públicas y de los siempre limitados horarios de atención.

Desafortunadamente no todos los municipios han llevado adelante el gobierno electrónico. Según un reciente estudio, en Chile, uno de los países de la región con mayor índice de conectividad, un 28% de los municipios no tiene sitio web, y un 40% de ellos emplea cuentas de correo electrónico del tipo Yahoo! y Gmail para sustentar sus comunicaciones con la ciudadanía. Los altos costos de implementación versus los siempre exiguos recursos comunales, la falta de liderazgo político en la materia a nivel local y la ausencia de capacidades técnicas son, entre otros, factores que condicionan el desarrollo del gobierno electrónico local.

De ahí la urgencia de que la modernización de la gestión local, y particularmente la incorporación de los municipios a la experiencia de gobierno electrónico, sea alentada por los gobiernos nacionales. Algo que precisamente viene a hacer la iniciativa Ventanilla de Trámites Municipales, también del Gobierno de Chile, cuyo fin es modernizar la gestión municipal, a través de la implementación de una ventanilla de trámites soportada por una plataforma tecnológica, que permita el procesamiento centralizado y estandarizado de trámites municipales. La iniciativa progresivamente ha pasado de 26 municipios conectados a comienzos del 2008, para llegar, en una segunda etapa, a 100 municipalidades en línea, a finales del 2009.

Por supuesto, una iniciativa como la recién descrita no es sencilla, pues debe lidiar con las prácticas y competencias locales, con el apoyo de otros servicios públicos implicados, con la falta de estandarización de los procedimientos, entre otros factores críticos. Sin embargo, emprender la tarea es esencial. Modernizar el gobierno, desarrollar gobierno electrónico, debe ir en directo apoyo de la gente, en el lugar en que les resulta cercano, en su ayuntamiento o municipio.

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Artículo publicado en Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile

Portabilidad del número telefónico en Latinoamérica

En su columna para Terra Magazine, Alberto Cerda Silva, Director de Estudios de ONG Derechos Digitales, se refiere a la portabilidad del número telefónico, una medida ya adoptada por varios países de la región, pero aún pendiente en Chile.

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Tras veinte años viviendo en la misma localidad, hace cinco años mis padres decidieron cambiarse de hogar. Uno de los percances a afrontar era lograr ser nuevamente ubicables al teléfono domiciliario. Lamentablemente para entonces –aún hoy, a decir verdad– la portabilidad del número no estaba garantizada en Chile. Este recuerdo se me venía a la cabeza, mientras hacía la fila para poner término a mi contrato de telefonía celular, tras ocho años de un regular servicio. No divulgaré el nombre de la compañía, porque claro, uno tiene cierto pudor.

Desconectarse del servicio, revocar el contrato, olvidarse del número es, en los países en que no existe la portabilidad del número telefónico, una verdadera condena de ostracismo. Un destierro tecnológico, guardando las proporciones con tan infame sanción. Por un lapso de tiempo nuestros familiares, amigos y conocidos deambularán tratando de dar con nosotros sin resultados; discarán una y otra vez con la secreta esperanza de haberse equivocado y nada, una voz ajena les responderá indefectiblemente: equivocado. Por nuestra parte, nos sentiremos abandonados a la deriva, nos enteraremos ya tarde de la fiesta de cumpleaños de la abuela y del matrimonio de esa prima que nos cautivó en su adolescencia.

El tema de la portabilidad del número de telefonía fija y/o celular desde hace tiempo ha dejado de ser una simple exigencia egocéntrica, para constituirse en un verdadero derecho de los abonados al servicio. Hace varios años la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos han garantizado tal derecho a los usuarios, desde inicios de año lo ha hecho México, y ahora en septiembre también ha comenzado a implementarse en Brasil. Por su parte, Colombia ha aprobado una ley en la materia a mediados de año. Mientras, Chile y Perú, a la zaga, estudian inventar la rueda.

El derecho de los usuarios a la portabilidad del número les permite cambiar de operador telefónico sin necesidad de echar al olvido su número histórico, esto es, sin hipotecar su ubicación por terceros. La consagración de la portabilidad, además, alienta a los operadores del mercado a brindar mejores servicios y cobertura, a fin de evitar la fuga de sus clientes.

En varios países –incluso entre aquellos que ya hoy cuentan con leyes que garantizan la portabilidad– las compañías reclaman de los altos costos de implementación y de la inutilidad de la medida, ya que cuando se consagra sólo un reducido número de clientes huyen, contrariamente a lo que se pudiera pensar. Peor aún, la medida carece de todo sentido cuando sólo un operador controla el mercado de las comunicaciones telefónicas.

Sin embargo, dando por descontado el cada vez más marginal caso de ausencia de operadores en el mercado, lo cierto es que pese a los costos de la portabilidad –que, dicho sea de paso, terminan siendo desplazados a los usuarios–, esta medida dinamiza el mercado, obligando a los operadores a optimizar sus servicios. La eficacia de la portabilidad no puede ser medida en términos de cuántos abonados abandonan a su compañía, sino en cuántos siguen en ella por la calidad del servicio y no por que sean esclavos de su numeración histórica.

Prescindir de la portabilidad del número implica capitalizar a los usuarios en vez de fidelizarlos con calidad de servicio, sacrifica competitividad del mercado y menoscaba los derechos de los consumidores, en cuanto abonados, al ponerlos en la frágil disyuntiva de persistir de un servicio mediocre o quedar condenado al destierro comunicacional.

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Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.

Google Chrome y los beneficios del código abierto

En su columna para Terra Magazine, Claudio Ruiz, de ONG Derechos Digitales, explica el alcance de la opción de Google por el código abierto en su nuevo navegador.

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Hace un par de semanas Google anunció la salida de Chrome, un navegador de Internet por el que miles de usuarios en el mundo esperaban su salida. Hasta el momento sólo es un navegador que puede ser instalado en sistemas operativos Windows, las versiones para MacOsx y Linux deberán esperar algún tiempo. Chrome tiene una serie de elementos muy interesantes que favorecen la experiencia de navegación en cuanto a velocidad y la novedosa interfaz de usuario.

Pero claro, es un producto de Google. A pesar de los esfuerzos del buscador de diferenciarse de su competencia, repitiendo como un mantra en cada uno de sus desarrollos un principio que lo llama a no ser malos («don’t be evil»), la magnitud de la empresa que han formado en estos años para muchos la ha transformado simplemente en un actor más en la jungla de Silicon Valley. Con todos los vicios que ello supone.

En este contexto, la aparición de distintas aplicaciones de Google pensadas en mejorar la experiencia de búsqueda no ha estado lejos de las críticas, fundamentalmente por la gestión de la información, aquello que hace más interesante, y mejor, a un buscador. Con el lanzamiento de Chrome, naturalmente, estas críticas han estado lejos de desaparecer. Uno de los temas que más preocupan, desde el punto de vista de la privacidad, dice relación con el denominado «Omnibar», una herramienta que permite una llegada rápida al sitio que el usuario busca, gracias a «sugerencias» que entrega el programa facilitado por el envío y posterior procesamiento de información a un servidor central de Google. Frente a esta observación, representantes de Google habrían señalado que cerca del 2% de la información que se ingresa para efectos de búsqueda en Chrome, sería almacenada en conjunto con la dirección IP del computador desde el que proviene.

Pero no es Omnibar lo más interesante de Google Chrome. A diferencia del Internet Explorer de Microsoft Windows, su competencia más directa, Google Chrome está basado en Chromium, una aplicación de código abierto («open source»). Esto significa que, además, de poner Chrome a disposición del público en forma gratuita para su descarga, la empresa ha puesto también a disposición de quien lo desee el código fuente de Chromium, bajo una licencia BSD (Berkeley Software Distribution) que autoriza a terceros a hacer uso de este código para la creación de nuevas versiones, las que podrán o no ser también de código abierto.

La verdad es que la apuesta de Google por el código abierto dista de ser una opción inofensiva, en dos sentidos. En primer lugar, distribuir a través de una licencia abierta permite infinitas posibilidades de desarrollo para el programa a través de complementos y añadidos que no estaban pensados por el programador inicial. En segundo lugar, y no menos importante desde el punto de vista de las críticas que ha recibido Chrome, es que de esta forma se facilita el trabajo de investigadores para detectar eventuales problemas de seguridad de los que pueda adolecer el programa, sobre todo problemas derivados de la privacidad y de la información que Chrome envía a servidores centrales.

En definitiva, la apuesta de Google es un muy buen ejemplo de los beneficios del licenciamiento abierto o libre. Con razón muchos podemos estar alertas frente a los problemas de privacidad que puede tener un navegador como Chrome, pero a lo menos tenemos certeza que su funcionamiento es transparente para el público y que por tanto seremos los primeros en enterarnos de alguna funcionalidad intrusiva. Google no lo hace por beneficencia. Google apuesta por el desarrollo de modelos de negocio que no molesten al usuario y que en definitiva sigan haciéndonos creer que no estamos frente a una de las empresas más poderosas de los últimos años, sino frente a los buenos de la película.

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Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile