Gobierno chileno sigue dando la espalda a una discusión abierta en el TPP

No hay espacio para el diálogo. El gobierno ya no solo hace oídos sordos a las críticas a la negociación del TPP y los nulos beneficios que obtendría Chile, sino que aún conociendo los diversos argumentos en contra del tratado, no se hace cargo de ellos. Acá te contamos un resumen de las últimas señales del gobierno.

Las malas noticias vienen de Bali, Indonesia, en el marco de la cumbre de líderes de [ref]APEC[/ref] [fn]Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico[/fn], donde los países envueltos en el [ref]TPP[/ref] [fn]Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica[/fn] han aprovechado de reunirse. Si bien en alguna medida habían buenas señales con la declaración de Sebastián Piñera al pedir más flexibilidad a Estados Unidos debido a la diversidad de naciones que participan en la negociación, pronto las cosas cambiaron. Y para peor.

Primero nos enteramos que Álvaro Jana, cabeza del organismo que lleva adelante las negociaciones desde el gobierno, [ref]DIRECON[/ref] [fn]Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales [/fn], declaraba toda la intención de que las negociaciones secretas del TPP fueran finalizadas este año de manera de firmar el acuerdo “lo antes posible”. Pero las cosas no quedaron allí. En una entrevista al Diario Financiero, Jana desestimó las críticas técnicas que le han hecho, por ejemplo, ex directores de su departamento, además de las realizadas por organismos gremiales y de la sociedad civil. Sobre los nulos beneficios para Chile de concretarse el tratado, declaró:

“Quien hace la afirmación lo hace con información errada o muy parcial, por lo tanto la afirmación es totalmente desmentible y no tiene ningún asidero con la realidad. […] Lo que va a pasar es que el TPP va a representar un proceso de integración tremendamente relevante para las economías que están participando, hay ganancias concretas y por supuesto que van a haber algunas adecuaciones, pero comparado con esas ganancias, todos esos ajustes van a ser adecuados”

Protestas mundiales sobre el TPP. (Foto CC BY(Caelie_Frampton) -NC-SA).
Protestas mundiales sobre el TPP. (Foto CC BY(Caelie_Frampton) -NC-SA).

Pero, ¿cuáles son las ganancias de las que habla Jana? No lo sabemos. La negociación es secreta. Tampoco lo sabe el Congreso, porque el futuro del país hoy está siendo negociado por tecnócratas y las autoridades públicas elegidas por los ciudadanos solamente podrán aprobar o rechazar el acuerdo, como el mismo Senado chileno reconoció. Como también lo cuestiona en una reciente editorial, nada más ni nada menos que el diario conservador La Tercera:

«La opacidad con que han sido conducidas las negociaciones que buscan concretar el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP) genera cuestionamientos válidos que deben ser atendidos, pues rompe con la manera en que Chile ha llevado adelante en las últimas décadas una exitosa política de apertura comercial y amenaza con deslegitimar el proceso».

Y ¿cuáles son las “adecuaciones” que debemos hacer a cambio de las “ganancias concretas” según Jana? Tampoco lo sabemos porque no solamente las negociaciones son secretas, sino que además no hay hoy ningún foro público donde el gobierno exponga o discuta esta información. Tan dudoso es todo, que el comando de Michelle Bachelet ya ha declarado su escepticismo con respecto a los costos y beneficios del TPP.

Y en un contexto poco transparente, hermético y nada democrático, la única información concreta que se tiene hoy del TPP es gracias a la filtración de algunos capítulos de la negociación (especialmente el de propiedad intelectual), que han sido informadas debido al legítimo interés de otros actores de la sociedad, como las organizaciones civiles. Gracias a eso, hoy sabemos de las consecuencias del tratado en nuestro derecho a la cultura, la salud, a los consumidores y los derechos digitales, entre otros.

En cambio, ¿qué información ha obtenido la ciudadanía del gobierno? Por ahora, y al parecer hasta que firmen el TPP, solo escuetas y esporádicas declaraciones en la prensa que deberían dejarnos conformes. Eso deja solo una salida: seguir haciéndonos cargo. Que los ciudadanos sigamos legítimamente pidiendo información transparente y fidedigna sobre un tratado que afectará nuestro día a día, levantando alertas y diciendo #NoTPP.

¿Quiénes son los «buenos» y los «malos» para nuestros derechos en Internet?

¿Qué rol juega el sector privado en la protección de nuestros derechos? ¿Qué amenazas tiene la libertad en Internet hoy? Esas y otras preguntas fueron abordadas en el Foro de internet de Estocolmo, que se desarrolló entre el 22 y 24 de mayo. Derechos Digitales estuvo allí.
Foto por Carlc, bajo una licencia Creative Commons.
Foto por Carlc, bajo una licencia Creative Commons.

La semana pasada asistimos al Foro de Internet de Estocolmo, en Suecia, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia y diversos organismos gubernamentales de dicho país. ¿La apuesta? discutir sobre la libertad en internet y sus amenazas.

En la bienvenida, Carl Bildt, el Ministro de Relaciones Exteriores, sugirió que habían países «buenos» y «malos» en internet. Los países «buenos» serían aquellos que hoy defienden la libertad de Internet, principalmente europeos y norteamericanos. Los «malos», por su parte, serían los sospechosos de siempre: Rusia, China, Cuba y otros países autoritarios.

Sin embargo, en nuestra opinión, esta clasificación en blanco y negro, claramente, simplifica excesivamente la realidad. Que países como Estados Unidos o Suecia no intervengan directamente en Internet (sin contar la vigilancia, por cierto), no los convierte automáticamente en “agentes del bien».

Esta especie de principio de no intervención en internet conlleva muchas veces un traspaso de poder y control a los privados, quienes bajo diversos pretextos (el mejor: los derechos de autor) pretenden decidir qué contenidos pueden circular o no por internet. En resumen: los privados también son relevantes para una Internet libre; y a veces la intervención del estado es necesaria para regular sus conductas, como en el caso de la neutralidad de la red. Más que un mundo en blanco y negro, existe una multitud de matices de grises.

Aún con lo dicho, llama la atención que políticos de trayectoria entiendan que una agenda de derechos en Internet es necesaria hoy en día y la conviertan en una prioridad estratégica. Con todas las diferencias y cuestionamientos expuestos, tener un ministro de alto rango discutiendo en una mesa redonda con activistas y expertos, defendiendo sus posturas con argumentos sólidos, dista mucho de lo que vemos en Chile.

Otras intervenciones posteriores plantearon diversos temas relacionados al debido proceso, privacidad, actividades de inteligencia y seguridad en internet, entre otros. Ocasionalmente, alguien esgrimía también que sin acceso a tecnologías nada de esto importa, lo que aún siendo cierto es una discusión que se lleva adelante en otros foros y contextos.

Además de estas actividades, pudimos encontrarnos con varias organizaciones amigas de Derechos Digitales en Latinoamérica, con las que incluso pudimos preparar una «desconferencia» o reunión semiformal donde pudimos compartir sobre la realidad de los Derechos Humanos y tecnologías en Latinoamérica.

En suma, la discusión global sobre temas de derechos en Internet sigue creciendo. Diversos foros, más o menos grandes, más o menos oficiales, están analizando, discutiendo y diseñando estos temas, y en Chile no podemos darnos el lujo de ser espectadores pasivos respecto al futuro de Internet que, en gran parte, se encuentra hoy vinculado a nuestra proyección en la sociedad que muchos llaman de la información y el conocimiento.

A favor del Marco Civil para internet en Brasil

Desde 2009 en Brasil se lleva adelante uno de los proyectos más interesantes de regulación del entorno en línea. Mientras los esfuerzos de la legislación suelen detenerse en los aspectos punitivos, comprendiendo internet como un lugar lleno de amenazas, el Marco Civil brasileño tiene por objetivo asegurar la protección de los derechos humanos relativos al uso de la internet. 

El planteamiento además de interesante y novedoso, presenta un nuevo punto de partida para la legislación relativa a las nuevas tecnologías. Principios tales como la protección de la libertad de expresión, la neutralidad de la red, la limitación de responsabilidad para los intermediarios y el acceso a información pública y transparencia deben ser los ejes principales de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar cualquier política pública relativa a internet.

Por si todo esto fuera poco, además el proceso de elaboración de Marco Civil ha contado con distintas etapas de participación y deliberación pública de la sociedad civil, entregándole una legitimidad tantas veces escurridiza cuando se trata de estas temáticas en los países de la región. 

Chile debiera aprender de la experiencia de Marco Civil, entendiendo que el marco para el desarrollo de la innovación, el emprendimiento y la gestión pública en internet no puede estar supeditada a la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino por el contrario. Los derechos fundamentales, fundamentalmente la libertad de expresión y los derechos derivados de la privacidad debieran ser los estandartes de una regulación inclusiva. 

Es por esta y otras razones que ONG Derechos Digitales junto con una serie de organizaciones sociales de la región apoya el texto actual de Marco Civil y hemos entregado una carta abierta al Congreso del Brasil, que puede leerse a texto completo a través del siguiente enlace (PDF).

#NoTemasaInternet Vigilancia en la red: ¿qué significa monitorear y detectar contenidos en Internet?

 

SOPA, PIPA, ACTA, CISPA, TPP y un largo etcétera de inciativas legales, acuerdos internacionales y prácticas, buscan imponer la idea de que Internet es un espacio descontrolado, que debe ser intervenido a toda costa. Asimismo, y de manera creciente, los gobiernos alrededor del mundo reclaman su soberanía en Internet, lo que implica una intervención en la arquitectura de la red donde sus protagonistas, desde los usuarios hasta los intermediarios, tienen nuevas responsabilidades.

Estas iniciativas, a veces movidas por verdaderas buenas intenciones y otras (lo sabemos) no tanto, buscan de una u otra forma poner control sobre el libre flujo de contenidos en Internet. Pero aquello puede tener consecuencias profundas en los derechos ciudadanos.

«Vigilancia en la red: ¿qué significa monitorear y detectar contenidos en Internet?» (bajar pdf) es un nuevo texto del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Argentina, que busca ahondar en las consecuencias de estas medidas.

En primer lugar, ofrece un marco conceptual general sobre la arquitectura de Internet. Posteriormente, analiza el concepto de control en Internet, haciendo énfasis en los intermediarios y en el uso de tecnologías como la Inspección Profunda de Paquete. Por último, plantea la tensión entre la seguridad nacional y la prevención de la violencia, y derechos como la libertad de expresión y la privacidad.

En un contexto que comprende cada vez mejor los peligros que corre la libertad de expresión en Internet, tanto de manera internacional (The Internet Defense League) como en un plano local (No Temas a Internet), este texto puede ser una lectura fundamental.

IDN, nombres de dominio en español y portugués

Registrar nombres de dominio usando caracteres propios del español y el portugués, progresivamente está dejando de ser un percance en la comunidad latinoamericana. Lea más al respecto en la columna de Alberto Cerda Silva, Director de Estudios de ONG Derechos Digitales, para Terra Magazine.

Todo quien ha intentado obtener un nombre de dominio que emplea la letra eñe, seguramente se ha encontrado con un rotundo no por respuesta. El sistema de identificación de recursos en Internet no fue diseñado para soportar otros caracteres (letras y números) que los empleados en inglés. Así, localizarse en la web implicaba, cuando menos en ciertas ocasiones, sacrificar signos idiomáticos del español y portugués.

Sin embargo, la solución ha llegado hace algún tiempo, la llamada Internacionalización de los Nombres de Dominio (IDN). Se trata de un estándar técnico que permite la incorporación en los nombres de dominio de caracteres tales como “ç” y “ñ”, así como signos de acentuación y diéresis.

En Latinoamérica, IDN ya ha sido adoptado por Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela. Este mes de septiembre se ha estrenado también en Argentina. En estos países, la adopción del sistema facilita la apropiada identificación de los usuarios en Internet. Así con ciudades como Río de Janeiro, Viña del Mar o Córdoba, tal como con quienes comercializan buñuelos o vino, o los numerosos González que deambulan por estas tierras.

Los nombres de dominio no sólo permiten la localización de recursos en Internet, sino también la individualización de ellos, especialmente si tomamos en consideración el carácter esencialmente nemotécnico de Internet y, desde tal perspectiva, IDN mejora el acceso intuitivo de nuestros usuarios a servicios en línea de diversos municipios, o de nuestros clientes a los bienes o servicios que ofertamos.

Pero no sólo el comercio y gobierno electrónicos encuentran una ventaja en IDN, sino también el derecho a la identidad y a una mejor individualización de las personas en Internet. Desde esta perspectiva, la incorporación de IDN contribuye al enriquecimiento de nuestra identidad cultural, en cuanto comunidad hispano parlante, así como de nuestros pueblos originarios, pues IDN permite que los nombres de dominio guarden plena correspondencia con nuestra pluralidad de identidades lingüísticas.

Bienvenido pues IDN en Latinoamérica, ya que la adecuada identificación en Internet incrementa la competitividad, mejora el acceso a los recursos en web y enriquece nuestra identidad cultural. ¡Ya sólo nos resta competir por los contenidos!

Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.