Temática: Acceso al conocimiento

¿Qué tienen que ver los derechos digitales con la crisis climática?

Esta columna fue publicada originalmente en Outras Palavras

Mientras los gobiernos latinoamericanos compiten por atraer inversiones extranjeras en materia de inteligencia artificial, centros de datos y minería para lo que han denominado una “transición digital”, se expande la engañosa narrativa según la cual la crisis climática podrá resolverse mediante la innovación tecnológica. La COP30, celebrada en Brasil en 2025, contribuyó a reforzar este imaginario al situar la digitalización, la inteligencia artificial y las llamadas “tecnologías verdes” en el centro de una parte importante de los debates sobre desarrollo y sostenibilidad.

La promesa aparece en discursos oficiales sobre ciudades inteligentes, monitoreo ambiental, agricultura de precisión, eficiencia energética e “innovación verde”, y se traduce en políticas como la digitalización de programas ambientales y agrarios, así como incentivos tributarios para actividades extractivas vinculadas a la tecnología. Según esta visión, el futuro sostenible sería también un futuro digital.

Pero ¿quién sostiene materialmente ese futuro? ¿Quién asume sus costos y quién obtiene realmente sus beneficios?

Este discurso también se beneficia de elecciones semánticas que ayudan a ocultar la materialidad de la economía digital. Tal vez el ejemplo más evidente sea la popularización de la expresión “computación en la nube”, que sugiere algo ligero, abstracto y distante del mundo físico, reforzando la idea de que los datos, las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial existirían en una esfera casi etérea. En la práctica, sin embargo, la infraestructura que sostiene estas tecnologías está lejos de ser invisible. Comienza en la minería, atraviesa complejas cadenas industriales, consume grandes cantidades de energía y agua, y depende de la ocupación de territorios para funcionar.

En otras palabras, lejos de ser inmaterial, la digitalización está profundamente arraigada en territorios y recursos naturales. Y sus impactos socioambientales recaen de manera desproporcionada sobre países del Sur Global -entre ellos, los latinoamericanos-, donde persisten dinámicas históricas de extracción de los recursos naturales que sostienen, ahora también, la expansión de la economía digital. Y la cuestión no se limita a la infraestructura: las tecnologías digitales también han pasado a mediar cada vez más las relaciones sociales, económicas y políticas vinculadas al medio ambiente, influyendo en la circulación de información y en la participación en decisiones que afectan a los territorios.

A medida que la gestión de recursos, los sistemas de monitoreo ambiental y la producción de información sobre los territorios dependen cada vez más de infraestructuras y plataformas digitales, derechos como el acceso a la información, la transparencia, la participación pública y la autodeterminación de los datos adquieren una dimensión ambiental cada vez más evidente. Por ello, si queremos enfrentar la crisis climática con seriedad, el debate debe incorporar los impactos de las tecnologías, y la lucha debe incluir también la defensa de los derechos digitales.

En la práctica, esto significa observar tanto las infraestructuras que sostienen la digitalización como las relaciones de poder que esta profundiza.

Cuando la tecnología encuentra el territorio

América Latina ofrece ejemplos reveladores de esta conexión. Brasil, por ejemplo, ocupa el segundo lugar mundial en reservas de tierras raras, de las cuales pueden extraerse minerales esenciales para la fabricación de chips, baterías, teléfonos inteligentes y muchos otros componentes utilizados en la infraestructura digital. No es casualidad que el interés geopolítico por estos recursos ha crecido rápidamente. En un contexto de disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, los insumos considerados estratégicos para esta cadena han pasado a ocupar un lugar central en las políticas industriales y de seguridad nacional.

En este sentido, la pregunta que debemos hacernos va más allá de extraer o no extraer estos recursos. También debe considerar la posición que ocupan los países latinoamericanos dentro de esta cadena productiva. Aunque concentran una parte importante de las reservas minerales, continúan participando principalmente en las etapas de extracción y exportación de materias primas, mientras que el procesamiento industrial, el desarrollo tecnológico y los mayores beneficios económicos permanecen concentrados en el Norte Global. En el caso brasileño, investigadores han advertido que la carrera por las tierras raras puede profundizar una inserción subordinada en la economía digital global, basada en el suministro de recursos estratégicos sin una transferencia significativa de tecnología ni un fortalecimiento de las capacidades productivas locales.

Esta dinámica también se refleja en la expansión de los centros de datos en América Latina. En los últimos años, empresas tecnológicas extranjeras han dirigido cada vez más su atención hacia la región aprovechándose de estas condiciones favorables para instalar la infraestructura física necesaria para el almacenamiento y procesamiento masivo de datos. Además de la disponibilidad de energía, algunos países latinoamericanos ofrecen amplias redes de transmisión, conectividad internacional y disponibilidad territorial. A ello se suman decisiones preocupantes de diversos gobiernos, que han adoptado políticas para atraer estas inversiones, especialmente mediante beneficios fiscales y flexibilización regulatoria.

Paraguay es quizás hoy uno de los ejemplos más emblemáticos de este proceso. La energía generada por la represa de Itaipú ha convertido al país en un destino atractivo para proyectos vinculados a la infraestructura digital. No es casualidad que empresarios e inversionistas influyentes han intensificado su presencia en el país, entre ellos Peter Thiel, multimillonario de Silicon Valley y cofundador de Palantir, empresa ampliamente reconocida como una de las principales proveedoras de tecnologías de vigilancia para el aparato militar y de seguridad de Estados Unidos.

Resulta preocupante que el debate sobre los centros de datos aparezca principalmente en los discursos gubernamentales y empresariales como una oportunidad económica, con poca o ninguna atención a sus impactos ambientales y territoriales. Los centros de datos son instalaciones altamente intensivas en energía y agua. Operan de manera ininterrumpida, requieren sistemas permanentes de refrigeración y pueden ejercer presión sobre redes eléctricas y recursos hídricos ya disputados por otros usos sociales y económicos.

Sus efectos no se limitan al consumo de recursos. Un estudio reciente identificó la formación de lo que los investigadores denominaron “islas de calor de datos”, es decir, áreas alrededor de los centros de datos donde la temperatura superficial puede aumentar, en promedio, 2°C después del inicio de las operaciones. Según los autores, este impacto puede extenderse hasta 4,5 kilómetros alrededor de las instalaciones, alterando microclimas locales y produciendo efectos sobre poblaciones humanas y ecosistemas. Los casos analizados incluyeron regiones de Ceará y Piauí, en Brasil, así como polos de centros de datos en México.

También crecen las preocupaciones sobre los efectos de estas instalaciones en los territorios. Informes recientes elaborados por organizaciones de la sociedad civil señalan obstáculos para acceder a información sobre consumo de agua y energía, flexibilización de normas ambientales y debilitamiento de los mecanismos de consulta a las comunidades afectadas. En algunos casos aún más problemáticos, la expansión de esta infraestructura ha avanzado sobre territorios ocupados por comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones tradicionales, profundizando conflictos históricos que forman parte de la propia configuración de América Latina como región.

La preocupación por estos impactos ya alcanzó a los principales mecanismos regionales de derechos humanos. En febrero de 2026, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la expansión acelerada de centros de datos puede poner en riesgo derechos como el acceso al agua, a la salud y a un ambiente sano, y sostuvo que los Estados deberían adoptar moratorias para nuevas autorizaciones hasta que existan salvaguardas adecuadas.

La política de la información ambiental

Los impactos de la digitalización sobre la agenda ambiental van mucho más allá de los territorios donde se extraen minerales o se instalan servidores. También se manifiestan en las decisiones políticas sobre cómo y dónde circula la información y sobre cómo se disputan públicamente temas como la sostenibilidad y la crisis climática.

La lucha contra el cambio climático depende de la producción y del acceso a información confiable. Esto incluye datos científicos, monitoreo ambiental, denuncias de violaciones socioambientales e información producida por comunidades afectadas por proyectos mineros, procesos de deforestación o grandes obras de infraestructura. Cuando estos flujos de información se ven comprometidos, también se ve afectada la capacidad de la sociedad para responder a la crisis climática.

En este contexto, el entorno digital se ha convertido en un espacio central de disputa. Existe amplia evidencia empírica que muestra cómo las plataformas digitales amplifican contenidos engañosos sobre cuestiones ambientales por beneficios económicos en base a modelos de negocio que se basan en maximizar la atención de las personas usuarias. La información errónea o sensacionalista tiende a generar más interacciones, aumentando tanto su alcance como su rentabilidad para las plataformas.

El problema no se limita al negacionismo climático tradicional. También incluye prácticas de greenwashing, término utilizado para describir estrategias que presentan a actores, productos, servicios o proyectos como ambientalmente responsables sin que ello se corresponda con la realidad, ocultando sus verdaderos impactos socioambientales. En América Latina, este tipo de narrativas ha sido utilizado especialmente por gobiernos y empresas, incluso en iniciativas asociadas a la expansión de la minería de minerales críticos, la instalación de grandes centros de datos y proyectos presentados como indispensables para la transición energética o digital, pese a sus efectos perjudiciales o insuficientemente evaluados sobre territorios, recursos naturales y comunidades.

El mismo entorno digital que amplifica narrativas negacionistas y campañas de greenwashing también ha sido ampliamente utilizado para intimidar, desacreditar y silenciar a quienes denuncian conflictos socioambientales. De hecho, América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Colombia, en particular, encabeza el ranking de países más letales para este grupo, junto con México y Brasil.

Aunque la violencia física constituye su manifestación más extrema, no es la única forma de silenciamiento. Organizaciones de la sociedad civil han documentado el uso creciente de tecnologías digitales con este propósito, ya sea mediante estrategias de vigilancia, ataques a cuentas personales o campañas coordinadas de acoso en línea. Además de las personas defensoras del medio ambiente, periodistas y comunicadores que trabajan en estos temas también son objetivos frecuentes.

¿Son posibles otras formas de construir tecnología?

El panorama descrito hasta aquí puede conducir fácilmente al pesimismo. Sin embargo, es importante reconocer que los ejemplos presentados no implican necesariamente una crítica a la existencia de las tecnologías en sí mismas. Más bien, apuntan a la necesidad de cuestionar los modelos políticos y económicos que orientan su desarrollo. Al fin y al cabo, más allá de las tecnologías como tales, el debate debe centrarse siempre en quién define sus usos, quién se beneficia de ellas y quién asume sus costos.

La propia América Latina ofrece ejemplos de iniciativas que siguen una lógica distinta y buscan construir infraestructuras digitales a partir de principios diferentes a los que predominan en el modelo extractivista de las grandes plataformas y corporaciones tecnológicas. En lugar de depender exclusivamente de redes controladas por empresas privadas, diversas comunidades han desarrollado soluciones orientadas a sus propias necesidades de comunicación, organización y gestión territorial.

Un ejemplo destacado son las redes comunitarias de internet que se han implementado en distintos países de la región, entre ellos Brasil, México, Colombia, Argentina y Nicaragua. En estos proyectos son las propias comunidades -ubicadas en su mayoría en zonas rurales o aisladas, frecuentemente habitadas por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales- las que organizan sistemas autónomos de telecomunicaciones para garantizar conectividad en lugares históricamente desatendidos por las operadoras comerciales. Más que ampliar el acceso a internet, estas iniciativas fortalecen capacidades locales para gestionar la infraestructura de comunicación y aumentan la autonomía de las comunidades sobre tecnologías que afectan directamente su vida cotidiana.

Esta lógica también se refleja en otras experiencias de desarrollo tecnológico construidas a partir de las necesidades definidas por los propios territorios. Es el caso de la colaboración entre las organizaciones Técnicas Rudas, de México, y Diversa Studio, de Ecuador, junto al pueblo indígena yaqui. El proyecto combina inteligencia artificial, imágenes satelitales y análisis geoespacial para apoyar la gestión comunitaria del agua y el monitoreo de las transformaciones ambientales en su territorio.

El aspecto más relevante de esta iniciativa no radica en la tecnología utilizada, sino en la forma en que fue concebida. Los datos producidos permanecen accesibles para la comunidad, las prioridades de investigación se definen localmente y el objetivo no es alimentar plataformas comerciales globales, sino apoyar procesos de gestión territorial y toma colectiva de decisiones.

Al mismo tiempo, como señalan perspectivas feministas y comunitarias de la región, estas experiencias recuerdan que una transición digital más justa no implica necesariamente producir más tecnología. También exige preguntarse qué tecnologías son realmente necesarias, para qué fines se desarrollan y cómo reducir sus impactos sobre los territorios y los recursos naturales.

Donde las agendas se encuentran

En el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado cada 5 de junio, vale la pena recordar que, en una economía cada vez más atravesada por infraestructuras digitales, los debates sobre sostenibilidad y justicia climática deben incorporar también la manera en que las tecnologías son producidas, gobernadas y distribuidas. Y no solo eso, sino que es necesario seguir abordando esta discusión desde una perspectiva situada, reconociendo el lugar que ocupa América Latina como proveedora de insumos estratégicos y como escenario de impactos socioambientales desproporcionados.

La relación entre justicia climática y derechos digitales ya no es una cuestión accesoria. Tiene que ver con las condiciones bajo las cuales se está construyendo la transición digital y con quién participa en las decisiones sobre su futuro. Tiene que ver con la capacidad de las comunidades para influir en proyectos que afectan sus territorios, acceder a información de interés público y desarrollar tecnologías alineadas con sus propias necesidades y prioridades.

Mientras la expansión de la economía digital continúe reproduciendo patrones de concentración de poder y desplazando sus impactos ambientales hacia determinados territorios, la promesa de una transición sostenible seguirá siendo difícilmente alcanzable.

Tras el telón de la Inteligencia Artificial: modelos computacionales y construcciones humanas

En el contexto del discurso público, la Inteligencia Artificial (IA) se suele presentar como si se tratara de un agente capaz de razonar con un grado elevado de complejidad y competente en la toma de decisiones autónomas, incluso cuando se habla de temas sensibles como el futuro del trabajo o la forma de vida de las personas. Sin embargo, esta visión idealista se encuentra bastante lejos de la concepción lógica propia de su construcción técnica. Esta diferencia separa la Inteligencia Artificial del razonamiento humano, del procesamiento masivo de datos, de los algoritmos y de las estructuras matemáticas diseñados previa y conscientemente por personas. En esta columna, analizamos el proceso de construcción de modelos de IA, a partir de tres etapas que determinan el comportamiento del mismo: la calidad de los modelos; los datos utilizados; y las decisiones humanas que acaban por configurarlos y guiar sus respuestas.

La IA en su estructura base 

La IA no es una mente autónoma, sino una composición de algoritmos y arquitecturas matemáticas que procesan información de formas específicas. Según la elección del modelo, se define qué tipo de relaciones pueden aprenderse y cuáles quedan por fuera de su alcance. Así, por ejemplo, los árboles de decisión organizan la información como un conjunto de reglas jerárquicas que se bifurcan en función de condiciones simples, mientras que las redes neuronales artificiales procesan datos en múltiples capas, donde cada nivel detecta patrones progresivamente más complejos. Por su parte, los modelos de lenguaje predicen la palabra más probable en una secuencia, correlacionando masivamente patrones en grandes bases de texto.

Con este antecedente, la IA debe ser entendida como una “máquina de clasificación” que opera en capas. No se trata de inteligencia en sentido humano, aunque suele ser diseñada para responder a contextos específicos. Un modelo de IA es un mecanismo que separa, ordena y categoriza información de acuerdo con los criterios que sus diseñadores establecen. Es decir, la Inteligencia Artificial no es inteligencia, sino un aparato estadístico para clasificar miles o millones de datos en tiempo récord para la capacidad humana. 

Datos, el combustible de la IA

Si los modelos conforman la arquitectura de esta tecnología, los datos se constituyen en su insumo fundamental. Mediante los datos se entiende, no solo lo que una IA puede aprender, sino también sus límites, sus sesgos y sus errores. Lejos de ser una “materia prima neutra”, los datos muestran los resultados de decisiones humanas: qué recolectar, cómo clasificar, quiénes participan en la generación y curaduría de esos datos. Cada una de estas etapas añade elecciones y valores, y es precisamente en este movimiento en el que estará la definición del comportamiento de los sistemas de IA. Por lo tanto, si esta tecnología depende de los datos que usa, ¿qué pasa si esos datos no logran reflejar una verdad universal? Por ejemplo, ChatGPT -y muchos otros proyectos de IA- son grandes modelos de lenguaje (LLM), entrenados con enormes cantidades de datos extraídos de Internet, muchos de los cuales comparten los sesgos de las personas que publican esos datos. 

En este sentido, la máxima técnica Garbage in, garbage out sigue vigente: si los datos de entrada están sesgados, incompletos o mal clasificados, los resultados de la IA reproducirán los mismos patrones. Existen múltiples ejemplos que ilustran este riesgo. Como  Amazon que abandonó en 2018 su sistema de reclutamiento automático al descubrir que favorecía sistemáticamente a hombres frente a mujeres, reflejando la composición histórica de su base de datos de contrataciones. En otro caso, un reportaje de DW advierte que la discriminación “viene garantizada” en muchos sistemas de IA: desde herramientas de reconocimiento facial con sesgo racial hasta algoritmos de crédito que penalizan a ciertos grupos sociales. Por su lado, ONU Mujeres subraya que la falta de diversidad en los equipos de desarrollo y en las bases de datos de entrenamiento refuerza estereotipos de género y desigualdades existentes históricamente, multiplicando sus efectos en los sistemas generativos.

Aprendizaje por refuerzo

Una vez entrenada, la IA no se detiene: en muchos casos sigue ajustándose y adaptándose a partir de la manera en que las personas la utilizan. El feedback que recibe, los ajustes de configuración y las correcciones introducidas por quienes interactúan con ella son parte de un proceso de aprendizaje continuo que modifica su desempeño con el tiempo.

Existen ejemplos que muestran hasta qué punto la intervención humana influye en los resultados. El caso de Grok, el chatbot de la empresa xAI fundada por Elon Musk, es ilustrativo: tras una actualización destinada a hacerlo más “anti-woke” y políticamente incorrecto, el sistema comenzó a producir respuestas antisemitas e incluso elogios a Hitler. Este comportamiento no surgió de un razonamiento autónomo, sino de las instrucciones y configuraciones humanas que guiaron su funcionamiento. El episodio evidencia cómo pequeñas decisiones de diseño o ajustes orientados a complacer a un público específico pueden derivar en consecuencias éticamente problemáticas, vulnerando derechos de grupos sociales y comunidades.

La IA como instrumento de lucha

Al analizar minuciosamente cómo se construyen los sistemas de IA, podemos observar que no se trata de inteligencias autónomas y racionales como lo puede ser la inteligencia humana. Aquello que llamamos IA no piensa: relaciona datos, sigue patrones y entiende que, en función de los insumos que recibe y siempre bajo instrucciones, generará unas salidas u otras. Más que inteligentes, las IA son artefactos sociotécnicos, en tanto que en ellas se entrelazan arquitecturas matemáticas, bases de datos trabajadas y realizadas por personas, y configuraciones definidas, además de la propia interacción continua que establece con las personas usuarias. Tal y como se puede ver, cada capa es el reflejo de decisiones humanas: desde la decisión sobre qué modelo escoger, hasta aquella que determina qué datos incorporar y cómo hacer las interpretaciones. Entender el carácter instrumental de la IA es fundamental para poder situarla en su debida dimensión. 

Este reconocimiento, también da paso a una agenda urgente: garantizar marcos regulatorios claros y democráticos que orienten el desarrollo de la IA a fines sociales y éticamente responsables, con pleno respeto de los derechos de las personas. Sin formas adecuadas de gobernanza, estos sistemas tendrán la capacidad de reproducir sesgos, acentuar desigualdades y fortalecer visiones tecnológicas colonialistas que implantan modelos ajenos a los contextos socioculturales locales. Además, es necesario pensar en descentralizar el desarrollo de la IA, fomentando aquellas iniciativas que puedan alimentarse de la diversidad cultural y lingüística en territorio, tal como documentamos en nuestra investigación “LatinAmerica in a Glimpse”.

En definitiva, se requiere una gobernanza de estas tecnologías en la que prevalezcan los Derechos Humanos, sustentada en la transparencia, la participación social y la justicia algorítmica. El objetivo debería ser evitar que la IA funcione como un espejo de los sesgos de siempre, y lograr que se convierta en una herramienta para sociedades más democráticas y justas.

Contribución a la consulta abierta del Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT sobre Internet (CWG-Internet) sobre conectividad significativa en países en desarrollo sin litoral

En el marco de los procesos de consulta abierta del Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT sobre Internet (CWG-Internet) presentamos, junto con TEDIC, esta contribución sobre conectividad significativa en países en desarrollo sin litoral. En las Américas sólo dos países responden a tal categoría, Bolivia y Paraguay. En este documento sostenemos que la conectividad significativa habilita el ejercicio de los derechos humanos, y ofrecemos un análisis contextual evaluando los desafíos y las estrategias para avanzar hacia marcos de conectividad significativa en Bolivia y Paraguay desde una perspectiva de derechos humanos e interseccional.

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El desafío de construir el futuro de los derechos humanos

La historia de Derechos Digitales comenzó hace dos décadas apostando a una idea común: que las tecnologías permitirían democratizar el ejercicio de un conjunto de derechos humanos de los cuales buena parte de nuestras poblaciones se veían excluidas. En particular, los derechos a acceder y compartir libremente contenidos artísticos, culturales y científico-académicos, así como noticias y opiniones sobre una amplia variedad de temas. Iniciamos nuestro activismo luchando por garantías a estas libertades en el ámbito tecnológico: que no se impusieran barreras técnicas ni jurídicas al acceso. Al contrario, que los nuevos marcos protegieran y desarrollaran nuestros derechos digitales.

Si bien nuestros orígenes se enmarcan más de una década después de que la apertura democrática en la mayoría de los países del Cono Sur abriera espacio a las primeras iniciativas sociales similares, construimos nuestro trabajo a partir de sus luchas y logros, y de las reflexiones y avances de movimientos iniciados años antes. No partimos desde cero, sino desde un mapa que ya mostraba zonas de conflicto, alianzas posibles y caminos por ensayar.

Una historia construida sobre sueños de libertad

Nuestra relación más obvia, al haber sido responsables de la adaptación y difusión de las licencias Creative Commons a Chile, es con el movimiento de “cultura libre”: con el que compartimos la resistencia al avance desenfrenado de la propiedad intelectual como mecanismo para controlar la circulación de contenidos digitales y proteger antiguos monopolios culturales y mediáticos. Sin embargo, este también nace con fuerte inspiración en dos movimientos previos: el que se construye alrededor del software libre, y aquel que se origina de las disputas por el acceso libre al conocimiento, en particular el acceso a la literatura científica.

El primer texto de nuestra actual página web, con fecha de 5 de mayo de 2005 refleja esta vinculación fundante. Su título: “¿Qué es el software libre?”. Su conclusión:

“Considerando las políticas de licenciamiento impuestas por soluciones propietarias, las que suelen socavar las libertades ciudadanas, los beneficios que reporta el trabajo colaborativo y el aliciente para el desarrollo nacional, y los costes asociados a la implementación de soluciones informáticas de código abierto, Derechos Digitales manifiesta su decidida opción por el software libre u open source”.

Otro ejemplo del mismo mes, que apunta al vínculo con movimientos más tradicionales de derechos humanos, es el texto de Daniel Álvarez Valenzuela, fundador y entonces director de Derechos Digitales. Según él, internet podría “conferir a los ciudadanos ‘de a pie’ las mismas posibilidades de ejercer su derecho a la libertad de expresión que los grandes grupos económicos”.

Así, al argumentar sobre cómo la propiedad intelectual representaba una “mordaza” a la libertad de expresión, Álvarez recupera las reivindicaciones del fuerte activismo por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en América Latina. Movimientos responsables por denunciar la censura estatal y cuestionar el monopolio económico de los medios de comunicación en nuestra región.

Nuestros primeros textos reflejan otras relaciones con temáticas de interés de distintos grupos: transparencia y acceso a la información, acceso a la justicia, protección de datos, entre otras. Si bien esas referencias ampliaban el marco conceptual desde el cual abordábamos lo digital, nuestras alianzas y formas de trabajo siguieron, durante bastante tiempo, ligadas sobre todo a comunidades técnicas y jurídicas. Así, por mucho tiempo nuestro trabajo se enmarcó en un nicho dentro del amplio espectro del activismo en derechos humanos.

Promesas secuestradas

En 20 años de actuación, maduramos nuestra concepción sobre estas bases, siempre buscando proteger el ejercicio de derechos facilitado por las tecnologías de intentos de captura, criminalización y vigilancia. Pero lo que antes tomaba la forma de una discusión técnica, jurídica y delimitada a un ambiente digital accesible a una pequeña élite regional, hoy está en el centro de las preocupaciones cotidianas de un sinnúmero de personas afectadas de diferentes formas por las tecnologías digitales.

Primero porque el acceso a internet se ha incrementado significativamente en la región, aunque de manera desigual y a menudo en condiciones precarias. Las brechas no son solo de infraestructura, sino también de calidad, asequibilidad y autonomía. Muchas conexiones son lentas, inestables o costosas, y buena parte del acceso ocurre exclusivamente vía móvil, con planes que restringen contenidos y vulneran el principio de neutralidad de la red. Además, persiste una desigualdad profunda en el acceso a dispositivos adecuados y en las competencias necesarias para usar internet de forma segura, crítica y orientada al ejercicio de derechos. La desconexión ya no es el único problema: también lo es una conectividad limitada, subordinada y sin garantías.

Segundo porque ya no es necesario “estar” en internet para sentir los efectos de la digitalización que –a pesar de la eterna promesa de eficiencia– parece haber traído más riesgos que ventajas. La digitalización atraviesa hoy el acceso a servicios esenciales como salud, educación o justicia, sin que existan garantías adecuadas para todas las personas. Estas transformaciones, impulsadas muchas veces por actores privados sin transparencia ni control democrático, o embelesadas por la promesa de la inteligencia artificial, terminan agravando desigualdades y generando nuevas formas de exclusión. Si antes una preocupación central era con el filtrado de datos y la ciberseguridad, a ella se suman también las consecuencias tangibles de los mismos, la violencia y la manipulación del debate público digital a nuestras vidas y sociedades. Ya no hablamos solo de acceso a información, sino de la posibilidad misma de participar en la esfera pública sin ser invisibilizadas, acosadas o manipuladas.

Tercero, porque nuestros cuerpos son capturados y transformados en rastros digitales explotables para distintos fines ajenos a nuestra voluntad, a medida que las tecnologías digitales se aplican para mediar nuestro acceso a espacios y derechos. La expansión de sistemas de identificación biométrica, el monitoreo de actividades y el análisis predictivo han convertido nuestra vida en datos a explotar y nuestras huellas digitales en materia prima para el control social, la discriminación automatizada y la extracción de valor. Lo que alguna vez se entendió como mediación tecnológica, hoy opera como filtro, barrera o condición de acceso a la vida en sociedad.

Las promesas de apertura, descentralización y acceso que inspiraron el nacimiento del campo han sido sistemáticamente desplazadas por dinámicas de concentración, extracción y control que definen las infraestructuras digitales contemporáneas.

En estas condiciones, el entorno digital ya no parece un espacio naturalmente propicio para el ejercicio de derechos. Lo que comenzó como un terreno fértil para imaginar nuevas libertades, hoy plantea desafíos más urgentes, más desiguales, más difíciles de revertir. Pero si algo hemos aprendido en estos veinte años, es que el conflicto no clausura la posibilidad, sino que nos obliga a repensar nuestro trabajo.

Por el derecho a soñar

A pesar de estos patentes cambios y de un contexto geopolítico internacional refractario a las narrativas de derechos humanos, hoy más que nunca nos parece central reivindicar nuestra misión. No como una consigna repetida, sino como una tarea que se redefine constantemente frente a amenazas más sofisticadas, actores más poderosos y exclusiones más profundas. El escenario que enfrentamos es a menudo hostil, pero también más disputado: cada vez hay más fisuras que visibilizan una diversidad de voces que reclaman por justicia. Voces que requieren ambientes seguros para seguir manifestándose y entornos habilitantes, incluso a nivel digital.

A 20 años de nuestra fundación, seguimos apostando en el software libre para garantizar libertad, autonomía y protección. Mantenemos nuestra convicción en la necesidad de democratizar las comunicaciones y romper con los monopolios que se actualizan cada día a costa de la libertad de nuestras comunidades. Confiamos, más que nunca, en que los derechos humanos son una herramienta viva para enfrentar las crisis del presente y construir el futuro.

Los próximos años exigirán más que resistencia: necesitaremos nuevas alianzas, nuevas formas de incidencia y una comprensión más amplia de qué significa hoy defender derechos en entornos digitales. Necesitaremos resiliencia y solidaridad. Desde los márgenes donde trabajamos como sociedad civil latinoamericana y en toda la región, sabemos que no basta con reaccionar, sino que debemos proponer el futuro que queremos. Este seguirá siendo nuestro lugar.

Educación y tecnologías vs. tecnologías y educación: reflexiones a partir de avances normativos recientes

En un momento de acelerados desarrollos tecnológicos y digitalización, puede parecer redundante decir que la discusión sobre la incorporación de tecnologías ha acompañado buena parte de los debates sobre reformas educativas en la historia reciente. Propuestas de incorporación del cine, radio y televisión marcaron el siglo XX, que –aunque no logró democratizar el acceso a la educación para buena parte de la población mundial– terminó con nuevas promesas de “revolución” educativa derivada exclusivamente de las tecnologías digitales. Como en momentos anteriores, fueron los más variados agentes, incluso instituciones financieras aparentemente poco vinculadas con el campo educativo, quienes vocalizaron de manera más contundente el poder transformador de lo digital para superar los problemas de esa educación “tradicional”. Sin embargo, empezar recuperando esta historia parece importante en un momento en que un nuevo ciclo de optimismos y pesimismos vuelve a instalarse en los debates sobre educación y tecnologías en América Latina.

La olla de oro al final del arcoíris

En un contexto de múltiples precariedades en los sistemas educativos, las tecnologías digitales a veces han sido presentadas como una panacea. La metáfora es de una recompensa tecnológica capaz incluso de transformar prácticas pedagógicas clasificadas de poco eficientes o atractivas para nuevas generaciones. Declaraciones de agentes externos al entorno escolar no ocultan su intento de culpabilizar a las y los docentes por todo tipo de mal relacionado con la educación.

Un extremo de este tipo de discurso se ha activado en Brasil para justificar la adopción de sistemas de reconocimiento facial para el registro de la asistencia escolar en el estado de Paraná. De acuerdo con la gestión local, basada en un documento del Banco Mundial, el método de control de presencia oral sería ineficiente, representando una pérdida de tiempo; la tecnología, por lo tanto, ofrecería la solución a partir de la automatización. Sin embargo, las promesas fueron, como mínimo, optimistas: desde la implementación del sistema, se han registrado múltiples quejas de mal funcionamiento, lo que ha generado aún más retrasos en el registro de asistencia. Ellas incluyen, por ejemplo, errores en la identificación de personas de piel negra y con discapacidad.

Aunque avance rápidamente en la región, el reconocimiento facial es ampliamente cuestionable como tecnología efectiva para la identificación y autentificación de personas. Lo mismo ocurre con los llamados sistemas de reconocimiento de emociones, también en proceso de implementación en escuelas brasileñas.

Este y otros tipos de problemas podrían ser evitados con la realización de estudios previos de impacto amplios y participativos, pero no hay referencias de que se hayan realizado en el caso de Paraná. La iniciativa –que costó más de 4 millones de reales al Estado– está actualmente bajo escrutinio judicial debido a la vulneración de la legislación brasileña de protección de datos, por ejemplo en relación con el consentimiento para la recolección de datos biométricos sensibles de niños, niñas y adolescentes. El “oro”, al final, parece haberse quedado con los proveedores de la tecnología, mientras la educación pública sigue precarizada y carente de inversiones significativas.

Transgresiones sectoriales

El concepto de transgresiones sectoriales es útil para entender algunos procesos detrás del avance de las empresas de tecnologías en la educación. Se refiere a la estrategia de empresas de tecnologías de reivindicar conocimiento y autoridad en ámbitos que van más allá de lo tecnológico. Con eso, pasan a tener un peso diferencial en decisiones estratégicas, en este caso, del ámbito educativo, que no son parte de su competencia.

Rescatar esta idea es clave mientras pensamos políticas educativas y respuestas normativas a los desafíos del avance de las empresas tecnológicas sobre la educación. Con relación a lo primero, importa recuperar el rol que ellas efectivamente cumplen a la hora de definir a quiénes involucrar en discusiones sobre políticas públicas sobre educación y tecnologías. Si bien las empresas pueden tener un espacio en las mesas de discusión, de ningún modo reemplazan la necesidad de involucrar expertas en educación y representantes del sector educativo, como docentes, estudiantes y gestión educativa.

Por otro lado, el recuerdo que trae la idea de transgresión sectorial es clave para evitar caer en trampas normativas como la de crear criterios específicos para “EdTech”. Este tipo de abordaje, explorado por órganos como Unicef, más allá de sus buenas intenciones conllevan el doble riesgo de naturalizar la voz de empresas de tecnologías para incidir en temas educativos y de fragilizar protecciones existentes al pensar criterios diferenciados para el ámbito educativo. Peor aún, puede legitimar la recolección masiva de datos de niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo, algo cuidadosamente delimitado por distintas legislaciones alrededor del mundo, incluso en materia de protección de datos personales.

O sea: bajo la excusa de crear reglas específicas, se autoriza y legitima la explotación de datos de infancias sin un completo conocimiento de sus consecuencias. En un contexto regional de gran influencia del lobby de las empresas de tecnologías, iniciativas legislativas como éstas pueden poner en jaque las garantías duramente conquistadas en el marco de leyes generales de protección de datos.

El caso brasilero de Paraná evidencia, y siempre es bueno reiterar, que las leyes de protección de datos sí se aplican a las políticas de uso de tecnologías en educación promovidas desde el sector público. Del mismo modo, las reglas de compras públicas también se aplican a la adquisición de tecnologías por entes del Estado, aunque, como hemos demostrado en la iniciativa IA & Inclusión, ellas sean poco observadas en la región. La existencia o no de intercambio monetario involucrado en los acuerdos con empresas de tecnologías no es un limitante si el uso implica la explotación económica de datos obtenidos a partir de ellos.

Eso no significa que no haya particularidades que deban ser consideradas o que no haya utilidad en el desarrollo de normas administrativas o guías específicas para las instituciones educativas. Las autoridades de protección de datos cumplen un rol clave al proponer orientaciones ancladas en los más altos estándares de protección establecidos en las normativas de datos y de infancias. Eso es particularmente relevante en un contexto en que las grandes empresas de tecnología se acercan a las instituciones educativas para establecer alianzas directas, dificultando procesos de supervisión y fiscalización.

Tecnologías para una educación emancipadora

En un año en que vemos cómo los hombres detrás de las mayores empresas de tecnología no dudan en apoyar un gobierno de extrema derecha marcado por la discriminación, odio y la persecución a oponentes políticos, no es difícil entender por qué gana fuerza en la región una resistencia a las mismas tecnologías. En el último año tuvimos una ley federal aprobada en Brasil prohibiendo el uso de teléfonos celulares en las escuelas, discusiones similares en Argentina –con una resolución porteña sobre el mismo tema– y en lo que va de 2025 ya hubo una “huelga” de redes sociales en abril y otra está prevista para el próximo domingo (25) en Brasil. También en Brasil gana fuerza un movimiento para evitar que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a un smartphone hasta que cumplan 14 años y a las redes sociales antes de los 16.

Son innumerables y muy legítimos los motivos que fortalecen este tipo de reacción: desde las crecientes evidencias sobre los impactos nocivos de las tecnologías a la salud, su carácter adictivo, hasta el temor a la violencia en línea en todas sus formas, pasando por el rol de los algoritmos, las exposición a los extremismos y a la desinformación –contenidos ahora menos regulados por las mismas plataformas–, entre otros. Es positivo que estas preocupaciones alcancen a la sociedad de manera más amplia y provoquen reacciones desde el poder político, históricamente sordo a las alertas sobre la necesidad de supervisar y fiscalizar procesos de digitalización del Estado.

Sin embargo, no podemos olvidar la importante historia de usos de tecnologías para la resistencia, la defensa de derechos y la democratización de la comunicación y la educación, en un continente aún marcado por desigualdades. Lejos de comprar la fantasía tecnosolucionista que equipara tecnología y eficiencia, se trata de recuperar internet más allá de las redes sociales. En el mismo sentido, cabe recordar que las tecnologías no son sinónimo de extracción y explotación de datos para la ganancia sin frenos (del mismo modo que “EdTech” no es lo mismo que tecnologías en la educación).

Limitar el acceso a las tecnologías a las niñeces o en el ámbito educativo puede ser una respuesta legítima frente al avance obsceno de los intereses comerciales por sobre cada aspecto de nuestras vidas. Pero también puede implicar restringir el contacto con otras realidades, el acceso a culturas no cubiertas por medios tradicionales, la formación de vínculos afectivos, la exploración de identidades en entornos seguros, y otras formas de conocer el mundo. Más aún: podría limitar la capacidad de las próximas generaciones para imaginar otros futuros tecnológicos. Más justos, más solidarios, más inclusivos.

Reconocer los riesgos de la digitalización en contextos educativos no implica renunciar a sus posibilidades. Más bien, urge avanzar hacia una construcción colectiva de políticas tecnológicas que pongan al centro el bienestar y los derechos de las comunidades escolares. Esto incluye fortalecer los procesos participativos, asegurar evaluaciones de impacto, garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos y, sobre todo, promover un enfoque pedagógico que incorpore las tecnologías como herramientas de emancipación y no de control. La educación con tecnologías sí es posible, pero solo si se construye desde la equidad, la justicia social y la imaginación crítica.

¿Quién cuenta nuestras historias? Periodismo automatizado y derechos fundamentales

En los últimos años, las herramientas de inteligencia artificial han comenzado a ocupar un lugar cada vez más visible en las redacciones de medios de América Latina. Desde asistentes que ayudan a transcribir entrevistas hasta sistemas que generan notas automáticamente, la promesa es clara: más eficiencia, menos carga laboral, menor costo y mayor productividad. Pero en un contexto de precarización, concentración de medios y saturación de desinformación, la pregunta no puede ser solo técnica: ¿qué implica automatizar la producción de noticias? ¿Qué se pierde cuando desplazamos el criterio humano por decisiones algorítmicas? ¿Y qué derechos están en juego cuando delegamos funciones clave a tecnologías opacas, que pueden comprometer la privacidad de las personas o exponer datos sensibles sin garantías claras?

Las tecnologías no son neutras, ni inevitables. Cómo se diseñan, a quién benefician y en qué condiciones se integran son decisiones profundamente políticas. Cuando hablamos de IA en el periodismo, lo que está en juego no es solo el futuro del oficio, sino también la calidad del debate público, la diversidad de voces y el derecho a una información verificada, plural y libre.

La IA no se equivoca, simplemente inventa

Uno de los mayores peligros del uso de IA en el periodismo no radica únicamente en sus limitaciones técnicas, como su capacidad para generar contenidos falsos con un tono convincente, sino en cómo estas herramientas son incorporadas en las prácticas periodísticas sin un control adecuado. A estas falsedades se les conoce como “alucinaciones”: errores que no son simples imprecisiones, sino construcciones completamente ficticias, presentadas con seguridad estilística. El riesgo aumenta cuando estas herramientas se integran en flujos de trabajo sin revisión humana o se utilizan para cubrir temas sensibles con escasa verificación, desplazando criterios editoriales por resultados automatizados, ajenos al contexto y desvinculados de toda responsabilidad profesional.

Durante el panel internacional “Inteligencia Artificial y Periodismo: ¿Cómo los medios están cubriendo y utilizando la IA en América Latina?”, organizado por la UNESCO en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año, periodistas de todo el mundo, autoridades y expertas alertaron sobre este fenómeno. Se coincidió en que, lejos de reemplazar el trabajo periodístico, la IA exige una nueva capa de responsabilidad: todo contenido generado o asistido por sistemas automáticos debe ser verificado, contrastado y contextualizado. Usar estas herramientas sin revisión humana no es innovación, es una forma acelerada de erosionar la confianza pública.

Entre precariedad y automatización

La adopción de IA ocurre en un escenario de crisis estructural para el periodismo. En América Latina, muchas redacciones enfrentan recortes presupuestarios, tercerización de funciones editoriales y presión por producir más contenido en menos tiempo. En este contexto, las tecnologías generativas parecen una solución fácil: automatizar notas de economía, clima o espectáculos para ahorrar tiempo y recursos.

Pero esta lógica plantea una falsa dicotomía: ahorrar costos a cambio de debilitar el oficio. En algunos casos, ya se han documentado errores graves en medios internacionales que usaron IA sin control editorial, como la publicación de artículos fabricados o entrevistas a personas inexistentes. El impacto no es solo reputacional, también precariza aún más el trabajo de periodistas, editores y correctores, consolidando un modelo donde la automatización reemplaza capacidades humanas sin generar condiciones más dignas ni sostenibles para quienes sostienen el oficio.

En tiempos donde el periodismo atraviesa una crisis de credibilidad en muchas partes de la región, automatizar sin criterio no es una solución, sino que es una forma de agravar el problema. El periodismo no es solo producción de contenido; es ejercicio crítico, narración situada, atención al contexto y responsabilidad pública. Cuando se reemplaza por sistemas que priorizan la cantidad sobre la calidad, el resultado no es eficiencia, sino desinformación con apariencia de legitimidad, amplificada por la credibilidad institucional de los medios que la reproducen. La automatización acrítica debilita tanto la calidad como la confianza en el periodismo como herramienta democrática.

Las fuentes no son prompts

Uno de los puntos más delicados -y muchas veces invisibles- del uso de IA generativa en el periodismo tiene que ver con la protección de fuentes. Ingresar información confidencial en sistemas como ChatGPT o Gemini, por ejemplo, para redactar un borrador o resumir una entrevista, implica entregar esos datos a empresas cuyos términos de uso permiten almacenarlos, analizarlos o utilizarlos para seguir entrenando sus modelos. En la práctica, esto significa que nombres, descripciones, detalles sensibles sobre hechos o incluso fragmentos de testimonios pueden quedar registrados en servidores externos, sin garantías sobre su eliminación o uso futuro.

Esto no solo va en contra del principio básico de confidencialidad periodística. También expone a personas que entregaron testimonios bajo promesas de reserva, especialmente en contextos de riesgo como la violencia de género, la corrupción o los conflictos socioambientales, donde una filtración de información puede tener consecuencias graves. La tecnología puede facilitar tareas, pero no debe jamás poner en peligro a las fuentes, ni debilitar las condiciones bajo las que se resguarda su información.

En América Latina, con intentos regulatorios sobre la IA y nuevas reglas sobre datos personales, como la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile que establece obligaciones claras sobre el consentimiento, la proporcionalidad y la finalidad del tratamiento de datos, este punto cobra aún más relevancia. Las y los periodistas tienen la responsabilidad de aplicar esos principios no solo frente a personas terceras, sino también frente a las plataformas que usan en sus procesos de trabajo, asumiendo que toda herramienta digital forma parte del entorno de riesgo que debe ser evaluado críticamente.

Principios y propuestas para un uso responsable de la IA

Frente a este panorama, no todo son alertas. Existen esfuerzos concretos para promover un uso ético de la IA en el periodismo. Uno de los más relevantes es la Carta de París sobre inteligencia artificial y periodismo elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y publicada en 2023, que establece un decálogo de principios éticos para enfrentar los desafíos actuales.

Entre sus recomendaciones destacan la necesidad de transparencia sobre el uso de herramientas automatizadas, la trazabilidad del contenido generado por IA, la supervisión editorial humana obligatoria, la garantía de que la IA no sustituya funciones esenciales del periodismo y el compromiso con una gobernanza tecnológica centrada en derechos humanos. Esta carta no solo interpela a medios y periodistas, sino también a gobiernos, desarrolladores y plataformas tecnológicas, recordando que el ejercicio periodístico no puede depender de sistemas cuya lógica excluye la responsabilidad pública.

A nivel práctico, ya existen iniciativas que avanzan en la implementación de estos principios. Algunos medios han comenzado a etiquetar de forma explícita el contenido generado por IA, a establecer protocolos de revisión y a capacitar a sus equipos en el uso crítico de estas herramientas. También se discute la incorporación de cláusulas éticas en los contratos con proveedores tecnológicos y la creación de mecanismos colectivos de evaluación y rendición de cuentas, especialmente en redacciones independientes y comunitarias.

La tecnología puede ser aliada, pero siempre bajo marcos de transparencia, ética profesional y respeto por las personas. Eso implica comprender sus límites, evaluar críticamente cómo está diseñada y qué efectos produce, y evitar delegar en sistemas automatizados decisiones que exigen contexto, criterio editorial y responsabilidad humana. Usarla con cuidado no solo protege el ejercicio periodístico, sino que también garantiza el derecho de las audiencias a recibir información confiable, diversa y producida con estándares de integridad.

Periodismo, democracia y tecnología

La automatización en el periodismo no es un escenario neutral. Puede ayudar a abordar tareas operativas en contextos de sobrecarga, reducción de equipos o necesidad de mejorar la accesibilidad de ciertos contenidos. Pero cuando se adopta sin criterios de justicia, equidad y responsabilidad, también puede profundizar problemas ya existentes como la precarización laboral, pérdida de diversidad en las coberturas y deterioro del juicio editorial. Informar es una función pública y una responsabilidad con la sociedad, no una tarea replicable sin contexto por sistemas opacos.

En América Latina, donde el espacio cívico se reduce, donde el acceso a la información muchas veces depende de medios independientes, y donde las amenazas a periodistas se multiplican, proteger el periodismo es también proteger la democracia.

Por eso, las decisiones sobre cómo se usa la IA en la producción de noticias no pueden quedar en manos de unos pocos actores tecnológicos. Deben involucrar a periodistas, audiencias, legisladores, editores, academia, sociedad civil y defensores de derechos humanos. Porque si el periodismo se transforma, debe hacerlo sin perder la capacidad de escuchar, cuestionar y poner en el centro las historias que merecen ser contadas.

“El viaje” de la creatividad en la era de la Inteligencia Artificial

Las semanas pasadas Internet se colmó de millones de imágenes generadas por IA al estilo del icónico Studio Ghibli. Las personas usuarias emplearon el último generador de imágenes de OpenAI para que sus fotografías, las de sus familiares y mascotas aparecieran, en cuestión de minutos, como personajes salidos del místico universo animado por Hayao Miyazaki, fundador del mítico Studio Ghibli.

La tendencia de la “IA Ghibli” suscitó ternura, nostalgia y diversión en las personas viralizándose con rapidez, al tiempo que despertaba múltiples debates pertinentes. En efecto, las preguntas por los derechos de autor no tardaron en revivir, las implicaciones medioambientales del uso de la IA florecieron, los pronunciamientos de artistas se reavivaron y las alertas alrededor de la protección y el uso de datos personales en la IA se encendieron con fuerza. Lejos de pretender abarcar en su totalidad o resolver estos y otros debates, en esta columna aprovecharemos el reposo de la tendencia para reflexionar sobre dos puntos: el lugar del proceso creativo humano y la sensibilidad artística a propósito de la expansión de la IA generativa de imágenes; y los riesgos hacia las personas en materia de protección de datos personales.   

¿El arte se crea o se programa?

Ya sea en la música, la ilustración o la escritura, la creatividad es un proceso complejo, multifacético, y profundamente humano. La creatividad humana requiere la interpretación de lo que otras personas han hecho, combinarlo con ideas y experiencias propias, agregarle matices y, a partir del ensayo y error, conseguir expresar la idea que gestamos por algún tiempo en nuestra imaginación. Pensemos que cada creación es como un Castillo Ambulante de Miyazaki, una suma de estilos y piezas heterogéneas que forman una estructura con vida propia.

Ahora, el presente tecnológico del arte ofrece y acerca a las personas a cientos de grandes referentes para la creatividad humana. De hecho, expresarse artísticamente a través del uso de nuevas y emergentes tecnologías, incluida la IA, nunca había sido tan fácil y accesible. La energía vital que se imprimía en componer un compás, en hacer un esbozo o en empezar de cero un escrito se transforma en la era digital que nos atraviesa. Hace días nomás, el proceso de reproducir un estilo ajeno se redujo al envío masivo de cadenas de instrucciones o “prompts” con los que la IA de OpenAI generó en segundos miles de imágenes detalladas con el estilo Ghibli. Esta tendencia “IA Ghibli” merece ser pensada desde el valor mismo de la creatividad y de los creadores en un mundo que cada vez más se inclina a la automatización prescindiendo del factor humano.

La IA habilita la producción continua e inmediata de piezas artísticas, representando tanto oportunidades para el ecosistema artístico, como riesgos para los procesos de creación tradicionales. La inteligencia artesanal de Miyazaki, por ejemplo, nos lleva a reflexionar sobre la vivencia y padecimiento del proceso creativo, sobre el tiempo que toma, los retos y las potencialidades que representa para la imaginación personal y colectiva, y la creatividad. Esto en un contexto donde el trabajo artístico suele estar mediado por condiciones precarias o poco dignas que suponen un reto y un peso adicional.  

La creatividad como proceso y como resultado es una experiencia ajena e irreproducible para la IA, una tecnología que no sueña, imagina o experimenta como lo hace la creatividad humana, y en razón a esos elementos no se avoca a la generación de estilos originales, sino a la reproducción de los estilos de otros. Para quienes crean una historia mientras la ilustran (sin cadenas de instrucciones previas), estableciendo una relación de identidad con su obra al dejar un poco de su experiencia de vida en cada detalle y trazo, la generación de imágenes con IA representa con fuerza el “insulto a la vida misma”, una afirmación del propio  Miyazaki al referirse a la generación de imágenes con IA. Para quienes apoyan la inteligencia artesanal, la tendencia de la “IA Ghibli” produjo cuestionamientos válidos sobre el sentido del arte en tiempos donde la IA cada vez ocupa más espacios que creíamos nuestros.

No obstante, en la medida que esta tecnología se instaló en el oficio creativo y fuera de él, es necesario explorar salidas que trasciendan a los marcos de transparencia en el entrenamiento de las herramientas de IA, así como concretar usos de estos sistemas alineados con una perspectiva de derechos humanos que impidan la reproducción de violencias, sesgos y formas de discriminación. Para esto, es crucial suscitar el diálogo entre empresas, personas usuarias y colectivos de artistas para precisar mecanismos de protección, reclamación y compensación que amparen a las partes más allá del terreno movedizo y desigual de los derechos de autor.

Equilibrar la creatividad humana y las formas que toma con la innovación tecnológica está en el centro de la discusión. Quizás, más allá de emprender un proceso creativo al estilo tradicional, la IA habilita nuevas forma de expresión artística donde retazos de ideas cobran vida al instante representando momentos fugaces de nuestra imaginación.

Ahora bien, el uso entusiasta de la IA no puede eclipsar la reflexión y el pensamiento crítico alrededor de las tecnologías, lo que incluye exigir responsabilidad e información pública a las empresas sobre, por ejemplo, el uso de los millones de datos personales y de terceros que alimentaron el modelo de OpenAI en las últimas semanas.

Las tendencias de la IA y los datos personales

De la mano de los riesgos para el ecosistema artístico, vale la pena destacar los riesgos para las personas que recordó el “trend” de la IA Ghibli. A saber, un asunto que sorprendió fue la conducta de entrega voluntaria, gratuita y entusiasta de datos biométricos de millones de personas a OpenAI. Por esto, apuntamos a reflexionar sobre los riesgos de entregar información personal, como los rostros propios y de terceros (como menores de edad) con ligereza a las empresas tecnológicas. Es fundamental preguntarnos por nuestra relación con la IA y cuestionar aquellos lugares donde naturalizamos la recopilación de nuestros datos a través de argumentos como “nuestra información ya está en todas partes”. Recordemos que como personas usuarias somos soberanas de nuestra información y podemos decidir sobre esta y exigir transparencia en su uso por parte de las empresas tecnológicas.

Como vemos, el debate es amplio. La naturaleza evolutiva de tecnologías como la IA, sobre todo en su dimensión generativa, refuerza la importancia de, por un lado, avanzar hacia estrategias concretas de responsabilidad para las empresas que, en su carrera global por la IA, lanzan productos con implicaciones para los derechos de las personas, impactando incluso en ámbitos que creíamos exclusivos de lo humano, como la creatividad y el proceso artístico. Y, por otro lado, es ineludible involucrar a las personas usuarias traduciendo el lenguaje del trabajo académico e intelectual acerca de las tecnologías digitales a sus realidades concretas. Sólo así, los riesgos asociados a la IA, por ejemplo, podrán entenderse como consecuencias inherentes a su uso, y no como asuntos aislados, ajenos a nuestras prácticas diarias.

Starlink: tensiones frente a la promesa de conectividad

En la actualidad, cada vez más países de América Latina y el mundo reportan una presencia significativa de Starlink, la empresa de satélites de propiedad de Elon Musk que busca otorgar cobertura a internet satelital en zonas remotas. En 2023, un informe de Sumaúma afirmaba que Starlink estaba presente en el 90% de las localidades de la Amazonía brasileña. Indudablemente, este servicio llegaba para cubrir una necesidad básica y poco atendida en esta región, que había permanecido con poca o nula conectividad a internet.

La promesa del cierre de la brecha digital en zonas remotas

Sabemos que la conectividad en zonas remotas implica desafíos, como la dificultad de instalar infraestructura en donde el territorio y las condiciones climáticas deterioran los equipos. En un contexto de oferta mayormente privada de telecomunicaciones, los costos implicados en la instalación y manutención han hecho a ciertos territorios poco atractivos para las empresas del sector. Por otro lado, los Estados en la región siguen teniendo déficits importantes en cubrir esos vacíos, sea por medio de inversiones propias, o presionando por el cumplimiento de compromisos de cobertura asumidos por las empresas en los procesos de privatización. Cuando una solución como Starlink surge, parece representar una oportunidad. La reducción de costos se debe a que el internet satelital –una vez puesto a disposición por medio de la empresa SpaceX–  no requiere la instalación de infraestructura física en territorios de difícil acceso. Desde el punto de vista de las personas usuarias, todo lo que se requiere es la compra de un kit con equipo especializado, que puede ser instalado en cualquier parte del mundo. Si bien el valor del kit no es siempre accesible considerando los costos de vida en América Latina, los precios vienen bajando en los últimos años.

A seis años de finalizar el plazo para que los países alcancen el compromiso de proporcionar acceso universal y asequible a internet plasmado en la Agenda 2030, Starlink viene a llenar un importante vacío dejado por sucesivos fallos en el cumplimiento de políticas de conectividad. Parece ser que los gobiernos han encontrado en Starlink la solución para legitimarse ante la comunidad global, promoviendo el cierre de la brecha de acceso que no habían logrado a través de sus varias políticas públicas, agendas y programas digitales. Brechas que persisten a pesar de que en algunas naciones el acceso a la red se establece como un derecho a nivel constitucional.

La estrategia de los líderes nacionales se basa en generar alianzas y contratos millonarios con Starlink, para conectar zonas remotas de difícil acceso. Para ejemplificar, tenemos el caso del gobierno mexicano, quien en 2023 otorgó dos licitaciones a Starlink para proveer de internet a comunidades alejadas, así como servicio de telefonía celular hasta el año 2026, con el propósito de lograr los objetivos planteados en su programa federal “Internet para Todos”. También el de Brasil, que promovió el uso de este servicio en la Amazonía en conjunto con Musk para fines educativos. Mientras que en Argentina, el gobierno de Milei promovió un decreto que incentiva la desregularización del mercado de internet satelital, incentivando así la entrada de Starlink. 

Principales debates sobre la cobertura de Starlink

Si Starlink resuelve un problema legítimo, ¿por qué sigue preocupando su presencia? El principal argumento sobre la mesa es la idea de la generación de un monopolio de internet satelital. Pese a que existen iniciativas que intentan competir con Starlink, la empresa de Musk ha permeado a la mayoría de las regiones en el mundo, yendo a la delantera en las licitaciones y acuerdos con los gobiernos. Como ejemplo encontramos el caso mexicano en el que solo participaron dos competidores adicionales, quienes no obtuvieron la concesión debido a sus altos costos. No obstante, el modelo de negocios de Starlink ha sido cuestionado por algunos analistas, quienes se preguntan si será sostenible en el tiempo, tanto en infraestructura como en costos ofertados.

Adicionalmente, la concentración de internet satelital en un solo proveedor abre la posibilidad de desconexión de todas las personas que se sirven del mismo sin contar con alternativas. Existe un cuestionamiento fundamentado sobre qué pasaría si Starlink deja de funcionar; la primera respuesta y la más lógica es la desconexión de aquellas  usuarias y usuarios que tienen a Starlink como única fuente de acceso a internet —pensemos como ejemplo en la región amazónica brasileña—. A su vez, esto imposibilitaría también el ejercicio de otros derechos que se habilitan con internet como el acceso a la información, a la salud o la educación.

Por otra parte, las tensiones políticas que se suscitan entre los gobiernos y el entramado de empresas de Elon Musk tienen repercusiones en la continuidad del servicio de Starlink. El ejemplo más reciente y concreto es el riesgo que vivió Starlink de no continuar con sus operaciones en Brasil, luego del congelamiento de sus activos como una medida colateral de los conflictos entre la justicia brasileña y la red social X (perteneciente a Musk). Es aquí cuando salen a la luz las complicaciones políticas de fomentar un monopolio encabezado por una persona poderosa con una agenda propia.

Asimismo, existe una serie de cuestionamientos sobre la recolección de datos que obtiene Starlink a través de su servicio. A ese respecto, especialistas han realizado análisis sobre sus principales reglas en materia de privacidad, identificando la posibilidad de que esta compañía comparta los datos recogidos con terceros países que pueden contar con un marco legal de protección de datos personales endeble o para compartir esta información con instituciones gubernamentales de inteligencia y seguridad.

Las tensiones continúan cuando nos cuestionamos sobre el involucramiento de las comunidades que reciben este servicio. Sobre esto, el estudio de Sumaúma ya adelantaba una falta de debate público con las poblaciones locales, además de la ausencia de estudios que analicen los impacto sociales y ambientales de su implementación. Esto se ha derivado en otras polémicas como la basura espacial generada por la gran ocupación de satélites de órbita baja terrestre, incluso,  se ha cuestionado el efecto que estos pueden generar en áreas de estudio como la astronomía.

Desde las comunidades, si bien se reconoce el valor de finalmente tener acceso a una conectividad de calidad, existen preocupaciones respecto a los impactos de internet sobre la juventud y su relación con la preservación de las culturas indígenas. Debido a ello, las poblaciones de estas localidades han identificado la necesidad de prepararse y conocer más sobre el uso de internet y sus alcances. Estas inquietudes han sido compartidas en el ámbito de los diálogos promovidos por aliadas de Derechos Digitales en distintas regiones de la Amazonía.

Promovamos la transparencia y alternativas de conectividad

La presencia y cobertura de Starlink en América Latina es una realidad y muy probablemente nuevos servicios similares llegarán a nuestra región. Ante este escenario, consideramos fundamental tener a la vista nuestras necesidades como poblaciones usuarias. En una primera vía, identificamos que hay una urgencia por involucrar a las poblaciones en consultas y debates públicos que determinen formas de conectividad adecuadas, tomando en cuenta las culturas locales. En territorios indígenas o en zonas protegidas, el análisis previo de impacto socioambiental y las consultas previas son mecanismos clave a tomarse en cuenta al promover iniciativas de este tipo.

Tanto las compañías tecnológicas como los gobiernos deben aplicar el principio de transparencia de manera proactiva, especialmente, para comprender de qué forma se están manejando los datos personales en manos de Starlink y SpaceX. Derechos Digitales y otras organizaciones en la región han hecho un inmenso trabajo de monitoreo de políticas y prácticas de empresas de telecomunicaciones con resultados positivos en impulsar mayor responsabilidad en el sector. Garantizar que Starlink cumpla con estándares, como mínimo, equivalentes es solamente un primer paso en ese sentido. Asimismo, observamos la necesidad de una rendición de cuentas por parte de los gobiernos, en la que determinen si los programas están siendo efectivos y en concordancia con el respeto a los derechos humanos de las poblaciones.

Pero tampoco deberíamos conformarnos con explorar cómo acomodarnos a grandes empresas de conectividad satelital. Especialmente en las zonas remotas y con la llegada de Starlink, creemos que existe una clara urgencia de equilibrar las formas de conectividad, que promuevan la independencia del acceso a internet a través de la diversificación de proveedores en estas regiones, idealmente con apoyo y financiamiento público. Recordemos también, que en muchos países de América Latina las comunidades se han empoderado a través de la gestión de sus propias redes comunitarias para conectarse a internet y usar telefonía móvil, lo que no solo representa una forma de apropiación y manejo colectivo de las tecnologías, sino también una forma de defensa de su derecho a la comunicación y a su autonomía.

En un mundo donde las tecnologías digitales han evolucionado a gran escala, la conectividad a internet podría considerarse un viejo debate. Sin embargo, la superación de la brecha de acceso a la red se logrará cuando se garantice el acceso universal que, como ya ha afirmado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser equitativo, asequible y de calidad. Y aquello no debería depender del arbitrio de multimillonarios.

La escuela de mañana, ahora

La pandemia lo cambió todo. Se sabe. Uno de los ámbitos que sufrió mayores transformaciones fue la enseñanza y así lo alertamos en su momento, desde una mirada regional. Pasar de la sala de clases, espacio físico que comporta cierta intimidad funcional al proceso de aprendizaje, a un contexto sin estas características y, peor aún, sin garantizar primero la infraestructura necesaria para la educación a distancia, provocó, de acuerdo con UNESCO en ese entonces, una tragedia.  

Salto temporal al presente y ya no es solo la brecha de conectividad, la falta, la que está impactando de manera negativa al futuro de la humanidad; también la abundancia, expresada en la masificación de las herramientas de inteligencia artificial generativa (IA), pone en peligro la integridad de los conocimientos que adquieren, en este mismo instante, niñas, niños y adolescentes (NNA) en todo el planeta.

Todo esto ocurre al mismo tiempo en que la Unión Europea investiga a Meta, compañía a cargo de Facebook e Instagram, por una posible manipulación intencional a NNA mediante los algoritmos de estas plataformas y por no proveer las garantías suficientes de privacidad, seguridad y protección de menores, contraviniendo lo estipulado en la Ley de Servicios Digitales.

¿Alguien quiere pensar en los niños?

Se entiende que las plataformas sociales, por su nivel de alcance, sean el foco permanente de acciones legales e interpelaciones para rendir cuentas. Desconocemos, sin embargo, qué está pasando en cuanto a protección de datos y seguridad digital en las plataformas educativas. El paradero de los miles de datos recopilados durante una hora pedagógica por software “de ayuda” -intervenciones de estudiantes, materiales educativos, métricas de uso, etc.- es una incógnita.

Otro estudio publicado por UNESCO en 2023 es categórico al evidenciar los efectos negativos en la relación entre el uso de smartphones y los resultados educativos, pero también concluye que “si bien la prohibición de la tecnología en las escuelas puede ser legítima en ciertos casos, también se debe considerar su integración adecuada en el aprendizaje”.

Esta ambigüedad normativa se expresa en la falta de consensos mundiales al respecto. En San Pablo, Brasil, el mes pasado se anunció el uso de la IA para mejorar el currículo escolar producido por los profesores y las críticas no se hicieron esperar: cuál es el rol de las maestras en este cambio, cuáles son las líneas éticas que determinarán su uso y qué tipo de control existe sobre posibles afirmaciones falaces emitidas por estos sistemas, por mencionar algunas de ellas.

En Suecia, mientras tanto, la apuesta es por desescalar el avance de las tecnologías al interior de la sala de clases, luego de los magros resultados obtenidos por sus estudiantes, especialmente en cuanto a capacidades lectoescritoras, en mediciones internacionales. Tales efectos también fueron advertidos en nuestra región en 2018.

Como vemos, el problema es de larga data, pasan los años y, más allá de denunciar la guerra y el hambre, e implementar medidas absolutistas tipo “todo o nada”, desconocemos el verdadero impacto, en el mediano y largo plazo, de estas acciones en el aprendizaje escolar.

Un, dos, tres: Madurez

Contrario a las numerosas de voces de alarma que a diario alertan sobre un apocalipsis pedagógico que destruye la capacidad cognitiva de las infancias alrededor del mundo, lo cierto es que la tecnología, una vez más, es el chivo expiatorio de las malas decisiones que toma seres humanos como tú y como yo, a diferencia de que bajo su cargo tienen el destino del aprendizaje de millones de niñas, niños y adolescentes.

Fuentes consultadas para este análisis -madres y padres- así lo afirman: ven en los motores de búsqueda, aplicaciones de aprendizaje y, sobre todo, los juegos una enorme ayuda en la crianza de sus hijos, al permitir delegar en estas herramientas “la parte cuantitativa” de la educación y ocuparse ellas, en cambio, de entregar aquello que no puede medirse con calificaciones.

Un estudio publicado en 2023 en España, fruto de la colaboración público-privada, adopta un enfoque propositivo sobre este tema, preguntándose por el futuro de la IA en la educación, en América Latina. Sus conclusiones son optimistas: hay tiempo, de aquí al 2030, para meditar y establecer legislaciones claras sobre su uso en las aulas, llamando a todos los sectores (gobiernos, privados, academia, sociedad civil) a colaborar en este esfuerzo conjunto. En Latinoamérica nos toca generar instrumentos en esta misma línea, desde nuestro conocimiento de la realidad local a partir de la experiencia.

En este punto de la historia, “Papel v/s Pantallas” no es más que un título sensacionalista para atraer clics que, campañas de miedo o fearmongering mediante, reduce los desafíos en torno a la educación a una mera cuestión de soporte. La realidad nos muestra que el abrupto acceso a tecnologías que no podíamos siquiera describir hace cinco años trae consigo un deber de las personas adultas que las regulan, implementan y utilizan a comportarse como tales.

Un conocido refrán africano sostiene algo similar a la idea de que “Se necesita una aldea completa para cuidar de un niño”. Llegó la hora de hacernos cargo, aldea global.