Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

Después de una larga y ansiosa espera, pudimos conocer el resultado del recurso de protección interpuesto por Derechos Digitales junto a otras tres organizaciones, en contra de los globos de televigilancia instalados en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, al oriente de Santiago. Si bien la Corte Suprema estimó que este sistema de vigilancia, único en Chile, podía permanecer operando, reconoce que las cámaras si pueden atentar contra la privacidad de los vecinos y obliga a las municipalidades a tomar medidas destinadas a su protección. Pero ¿son estas medidas suficientes?

En Paraguay, un proyecto de ley busca instalar filtros que bloqueen “contenidos nocivos” para la niñez en las redes de acceso público a internet, lo que podría resultar en el alza de la censura previa y la imposibilidad de que adultos accedan a material al que sí están facultados para ver. La decisión final está en manos del Presidente paraguayo.

Un proyecto de ley en Chile busca extender el derecho a cobrar regalías a los actores en obras artísticas audiovisuales, para hacerlo aplicable a los directores y guionistas de esas mismas obras. Han surgido dudas si ello afectaría, hasta el punto de impedir, que estos derechos puedan ser licenciados libremente por esos artistas.

Mientras los países latinoamericanos están obligados a ratificar el Tratado Transpacífico antes de dos años si quieren evitar el proceso de certificación, este escueto plazo no permite superar las fallas de un largo proceso esencialmente hermético y antidemocrático.

Una vez más, el Representante del Comercio de los Estados Unidos emitió el informe anual sobre propiedad intelectual en el mundo. Una vez más, varios países latinoamericanos aparecen listados por proteger insuficientemente tales derechos, y sujetos a la presión por cuidar intereses de industrias extranjeras. ¿Seguiremos viendo a nuestros países bajo un cuestionamiento arbitrario e interesado?

La filtración de los datos electorales de millones de mexicanos implican un atentado a la privacidad y a la seguridad. Además de constituir un riesgo a las personas, compromete el sistema democrático mexicano.

A lo largo de los años hemos observado reiteradamente cómo la legislación pareciera haber olvidado el equilibrio entre el resguardo de las obras y el acceso a ellas por parte del público general.

El software de Hacking Team es contrario a los estándares legales y violatorio de los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y al debido proceso.