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La masificación de servicios de transporte asociados a plataformas digitales como Uber y Cabify en Chile ha estado acompañada de una fuerte polémica pública. Partidarios y detractores han debatido durante varios meses sobre la necesidad de fomentar, permitir, regular o incluso prohibir estos servicios. El conflicto ha llegado a tal punto que se han reportado varios enfrentamientos físicos entre conductores de Uber y taxistas.

La semana internacional del Open Access nos recuerda el nivel de posibilidades que ofrece internet para la creación y la difusión del conocimiento y las ciencias. También, que una comunidad fuerte de expertos y activistas puede permitir el progreso de las ciencias a pesar de las restricciones de propiedad intelectual y de la avanzada por criminalizar ciertas formas de acceso al conocimiento.

Una contraseña bien diseñada es la forma de seguridad digital más básica. Sin embargo, muchas veces somos extremadamente poco cuidadosos al momento de crearlas.

En la Asamblea Nacional de Ecuador se propuso una ley para proteger la intimidad y privacidad en los datos personales. Sin embargo, algunos de los artículos ponen en riesgo la libertad de expresión y acceso a la información en internet.

Mientras el debate siga secuestrado por la óptica comercial, los titulares de derechos y sus intereses, la discusión real en torno a acceso al conocimiento, a la participación en la actividad cultural y la libertad de expresión tienen poco espacio fértil. Y con ello, las posibilidades de una reforma seria y justa son escasas.

Mañana martes 13 de septiembre se discutirá en el parlamento chileno un proyecto de ley que busca hacer pública la lista de personas sancionadas por no pagar el transporte público. La aprobación de esta medida demostraría fallas, no solo en el sistema de transporte, sino en el equilibrio frente al respeto de los derechos ciudadanos.