Derechos Digitales se presentó como Amicus curiae ante la Corte del Ecuador para solicitar la inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia
El pasado 1 de septiembre, nuestra organización participó de la audiencia convocada por la Corte Constitucional del Ecuador para tratar la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Inteligencia (LOI), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de ese país. En esta instancia, nuestra directora de Políticas Públicas, Paloma Lara-Castro, junto a nuestro líder del Programa LAREDD, Rafael Bonifaz, plantearon los elementos centrales del Amicus curiae presentado por Derechos Digitales.
“Solicitamos a este Honorable Tribunal que declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las disposiciones de la Ley Orgánica de Inteligencia y su Reglamento. Solo así se garantizará que las tareas de inteligencia se desarrollen dentro de un marco compatible con las obligaciones internacionales de Derechos Humanos asumidas por el Ecuador”, expresamos en la audiencia.
En materia de inteligencia y vigilancia, se requieren marcos legales claros y salvaguardas efectivas, como autorización y control judicial independiente. Nuestro equipo planteó que la ausencia de estos mecanismos genera graves dudas sobre la legalidad y proporcionalidad de las injerencias y expone a riesgos de abuso, más aún frente a tecnologías que facilitan la recolección masiva de datos personales. Además, esta normativa propone una concentración en el Sistema Nacional de Inteligencia que representa un poder informativo sin precedentes en la región.
La ausencia de legalidad y transparencia no solo amenaza la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, sino también la seguridad jurídica y el equilibrio democrático. Por ello, desde Derechos Digitales planteamos que un sistema de inteligencia sin límites claros ni controles robustos se convierte en una herramienta de arbitrariedad, que debilita el Estado de derecho.
Nuestra presentación se realizó en coordinación con varias acciones que venimos desplegando desde la sociedad civil ante este preocupante escenario. A fines de agosto, varias organizaciones difundimos un comunicado público que se sumó a una declaración conjunta previa. Además, Derechos Digitales había puesto a disposición un análisis sobre el proyecto de ley y venía participando de diversas instancias de debate sobre el mismo.
Para poder acceder a la grabación de la audiencia completa, haz click aquí.
