Nuestra organización realizó exposición en el Congreso de Colombia por proyecto de ley sobre violencia de género digital
El Congreso de Colombia se encuentra debatiendo un proyecto de ley “Por medio de la cual se adoptan medidas de sensibilización, prevención, protección, reparación y penalización de la difusión de material íntimo sexual sin consentimiento y se dictan otras disposiciones”. El pasado 25 de noviembre, la Cámara de Diputados convocó a una Audiencia Pública para discutir detalles de la normativa y estuvimos presentes para aportar nuestras contribuciones.
La coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, Marina Meira, expuso en la sesión basándose en nuestra experiencia legal comparada y en el análisis continuo que realizamos sobre Violencia de Género Facilitada por las Tecnologías (VG FT). En la instancia, presentamos los principales puntos de nuestro documento “Intervención en la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley No. 359 de 2025 Cámara – 247 de 2024 Senado, de Colombia”.
“Quisiera comenzar reconociendo que este proyecto de ley tiene importantes aciertos. Su enfoque integral, la coordinación interinstitucional del aparato estatal que propone y la preocupación por asegurar el acceso a remedios legales desde una integración normativa son avances significativos. Este proyecto tiene el potencial de transformar a Colombia en un referente regional e incluso global en materia de protección frente a la violencia facilitada por tecnologías”, expresó al inicio de su presentación Meira.
Para que el proyecto de ley alcance el nivel de protección necesario, desde Derechos Digitales planteamos que es indispensable atender a cuatro aspectos centrales. Por un lado, incorporar una perspectiva de género basada en evidencia, que permita reconocer los impactos diferenciados. Además, ampliar el alcance hacia la VG FT, no limitada únicamente a entornos digitales. Por otro lado, ajustar la redacción del tipo penal para asegurar proporcionalidad y proteger la libertad de expresión. Y, por último, establecer que el registro administrativo sea anonimizado por defecto, preservando la seguridad y privacidad de las víctimas.
