Derechos Digitales insistió ante la ONU con recomendaciones para el cumplimiento de los Derechos Humanos en Nicaragua
Este miércoles 13 de noviembre Nicaragua participó en su Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un proceso importante en el que los Estados revisan el progreso de otros países y emiten recomendaciones para fortalecer la protección de los derechos humanos. Si bien los Estados son protagonistas, la sociedad civil tiene un rol fundamental al informar de manera independiente a los Estados evaluadores sobre las deudas pendientes para la satisfacción plena de los derechos en un país determinado.
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentra Derechos Digitales, viene demostrando una profunda preocupación ya que Nicaragua está lejos de cumplir con los compromisos asumidos hace cuatro años atrás. Es urgente que se recomienden nuevas medidas para restaurar y proteger los derechos y libertades fundamentales en este país centroamericano.
En el informe que remitimos a la ONU y que realizamos junto al Instituto Panameño de Derecho y Tecnología (IPANDETEC) se destaca la situación de los derechos digitales en Nicaragua durante estos últimos cuatro años, y que, subraya la necesidad de proteger las libertades en el entorno digital.
En concreto, nuestro informe da cuenta del impacto que ha tenido en estos últimos cuatro años el abuso de la Ley de Cibercrimen y otras leyes restrictivas en materia penal para el libre ejercicio de la libertad de expresión en línea; los apagones deliberados que buscaron inhibir y obstaculizar el derecho de asociación y protesta en internet; las amenazas a la libertad de prensa silenciada en medios digitales a través del abuso de los mecanismos de denuncia de contenidos infractores en derechos de autor, entre otros.
Pedimos a los países que hacen parte del Consejo de Derechos Humanos, que recomienden a Nicaragua en estos próximos cuatro años eliminar el conjunto de leyes restrictivas de la libertad de expresión en línea y fuera de ella, así como que restablezca garantías fundamentales para la protección de la protesta, de periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y personas LGBTIQ.
