Cerca de una docena de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba ONG Derechos Digitales, asistieron hoy a la reunión convocada por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos (USTR) para dar a conocer los avances en las negociaciones del TPP, el nuevo tratado de comercio para los países de Asia y la cuenca del Pacífico, de las cuales Chile participa.

Tras una breve descripción de los propósitos del tratado y sus desafíos, el gobierno estadounidense valoró el ingreso de México a las negociaciones, así como el inminente ingreso de Japón y Canadá. El ingreso de este último país fue ratificado en horas de la tarde. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno estadounidense rechazó tajantemente la inclusión de terceros países como “observadores” en el proceso de negociación.

Ante preguntas de los asistentes, el gobierno dio razón del avance en las negociaciones en tres áreas de particular interés: inversiones, medio ambiente, y propiedad intelectual. Al respecto, el gobierno sostuvo que Estados Unidos no ha presentado propuesta alguna en materia medio ambiental, a diferencia de inversiones, en que ha puesto sobre la mesa de negociación un modelo tipo de capítulo de inversión para tratados de libre comercio, el cual, a diferencia de todos los otros capítulos, es de público conocimiento. Este último punto fue especialmente recalcado por el negociador del capítulo en cuestión, por oposición al notorio secretismo que ha rondado, en cambio, la negociación de los restantes capítulos.

Consultada la autoridad sobre los criterios para definir qué países son invitados a participar de las negociaciones, ésta mencionó que los países eran objeto de un estudio preliminar por los Estados Unidos para identificar que brindaban un apropiado “nivel de seguridad” en las distintas materias abordadas en el tratado. Sin embargo, consultada acerca de los criterios en cuestión en relación con el capítulo de propiedad intelectual, no supo precisarlos, arguyendo que básicamente era la existencia de un tratado de libre comercio previo en la materia.

Para Alberto Cerda, quien asistió a la reunión representando a ONG Derechos Digitales, “el criterio de niveles de seguridad en materia de propiedad intelectual sustentado por la autoridad estadounidense es una falsedad, que carece de bases, y encubre una decisión meramente política”. Por ejemplo, explica el experto, actualmente Chile, México y Perú tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, sin embargo los niveles de compromisos e implementación de dichos acuerdos son significativamente diferentes. Esas diferencia no se reflejan en el Reporte Especial 301 del USTR, donde Chile aparece en “lista prioritaria”  pese a que su legislación ha sido adecuada en aspectos que Perú aún no cumple y que México ni siquiera ha comprometido. Mientras estos dos países, apenas si aparecen en lista de observación. Esto sugiere, según Cerda, que el “USTR opera políticamente y no con criterios técnicos a la hora de emitir su Reporte Especial 301 y de decidir con quienes negocia”.

Al mismo tiempo, la autoridad estadounidense reconoció la existencia de diferencias en los tratados de libre comercio suscritos hasta la fecha por los Estados Unidos, y su interés por “reconciliar las diferencias”. En este sentido, para la autoridad estadounidense, los tratados de libre comercio suscritos con Chile y Perú representan niveles deseables de protección para la propiedad intelectual. Sin embargo, diversas organizaciones han denunciado que el TPP va muchísimo más allá de lo previsto en dichos tratados de libre comercio, arriesgando los derechos de los ciudadanos, de los consumidores, y la innovación local.

En relación a la potencial participación de la sociedad civil en la siguiente ronda de negociaciones, la que tendrá lugar en San Diego en julio próximo, la autoridad estadounidense desechó organizar algún encuentro oficial con los negociadores por “falta de presupuesto” para llevar adelante la iniciativa. Más aún, según precisó, los países negociadores están presionando por obtener rápidos resultados, por los altos costos que representa para sus gobiernos cada ronda de negociación.

En general, las organizaciones sociales valoraron la reunión por la oportunidad de interactuar con los negociadores. Sin embargo, sus respuesta fueron calificadas “desde crípticas a sin sentido” por quienes acudieron al evento. En Chile, considerando el precedentes estadounidense, ONG Derechos Digitales ingresará una solicitud de audiencia pública al gobierno, que permita a la sociedad civil conocer el estado de avances en las negociaciones y expresar sus resquemores frente al potencial contenidos de este nuevo tratado de libre comercio