El pasado lunes 28 de enero se celebró en varios países del mundo el día de la protección de los datos personales (Data Protection Day), conmemorando la firma en el año 1981 en Europa de la convención Nº108, el primer tratado internacional con obligaciones precisas sobre protección de privacidad y datos personales. Sin embargo, en Chile los estándares legales de protección a esta información son tan bajos que, más que celebrar, cabe hacer un llamado de alerta sobre la mala calidad de la regulación del tema en nuestro país.
A estas alturas, la historia de Aaron Swartz ya recorrió todo Internet. Su lamentable suicidio desenterró una historia impresionante: su persecución apremiante por parte de la fiscalía en Estados Unidos, que buscaba una condena de más de 35 años de cárcel (probablemente, con la intención de presionar una declaración de culpabilidad), debido a que Swartz desarrolló un script en la red del MIT para descargar masivamente artículos del portal de publicaciones científicas JSTOR, de manera de dar acceso abierto al material.
Pero no hay que engañarse. Más allá de activistas comprometidos y genios de la computación como Swartz, las leyes que no entienden las nuevas tecnologías, considerando cualquier conducta indeseada como un delito (olvidando que existe la responsabilidad civil, administrativa) y perseguidores temerarios que abusan del sistema legal, pueden tener como víctima a cualquier ciudadano. En particular, la ley de delitos informáticos en Chile es un claro ejemplo de lo anterior.
«La existencia del Banco Unificado de Datos Criminales es bienvenida, pues constituye una instancia de coordinación indispensable para la existencia de información completa y actualizada en el combate a la delincuencia, y la formulación de programas y políticas apropiadas para reducirla».
Esas son las palabras de celebración de una editorial de La Tercera publicada la semana pasada, donde se destaca el acuerdo marco de 9 instituciones públicas del país para crear este banco de datos que juntará, a través de una plataforma tecnológica, toda la información relacionada con persecución penal que se genere en tribunales, policías, Ministerio de Justicia y otros actores estatales.
Pero aquella iniciativa, incluida la irrestricta defensa que la editorial hace, pareciera descansar solo en el legítimo deseo de combatir la delincuencia, pero ignora de forma preocupante los derechos humanos comprometidos en este proyecto.
Cada primero de enero se celebra en todo el mundo el día del dominio público. Un trabajo intelectual ingresa a esta categoría cuando expira el plazo de protección de los derechos de autor sobre la obra, dejando de estar en el dominio privado (de ahí el nombre dominio público), y por ende sin tener ya restricciones para copiar, modificar, publicar y comunicar una obra al público.
El estándar internacional para que las obras pasen a esta categoría, es de 50 años contados desde la muerte del autor de la obra. Y, efectivamente, en muchos países este 1 de enero es motivo de celebración porque se incorporan diversos autores al dominio público. Sin embargo, en otros, incluido lamentablemente Chile, no existen muchos motivos para celebrar, dado que no ingresarán nuevas obras al dominio público hasta mucho tiempo más.
Ya hemos hecho mención de cómo los derechos de autor pueden chocar con la libertad de expresión. Pero, ¿hay salidas legales en un sistema de propiedad intelectual cada vez más cerrado? Si toda las obras son siempre una interpretación de otra, ¿podemos tener acceso a las obras sin convertirse necesariamente en «delincuentes»? La buena noticia es que sí, aunque con limitaciones. Acá intentamos explicarte el por qué.
De acuerdo a un reporte de James Love, Director de Knowledge Ecology International, la organización que hace unos meses filtró borradores de las negociaciones, el acceso a varios sitios web ha sido bloqueado en las dependencias de la autoridad estadounidense. La medida afectaría principalmente a organizaciones y medios de comunicación que han criticado las negociaciones conducidas por el gobierno estadounidense, tanto por su secretismo como por su contenido que menoscabaría los derechos de los ciudadanos, consumidores y usuarios. En cambio, los sitios web de aquellas organizaciones que apoyan la negociación del nuevo tratado de libre comercio si son accesible, tales como el lobby de las industrias farmacéutica, discográfica, y hollywoodense. Continue reading «Gobierno Estadounidense Censura Organizaciones que Critican el TPP»
Durante las primeras semanas de Septiembre se llevará a cabo una nueva ronda de negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TPP), de las que es parte nuestro país junto con otros países del área pacífico. El alcance de estas negociaciones se mantiene en una nebulosa impropia de acuerdos comerciales de este tipo y toda la información que se ha podido recoger, tanto oficialmente como a través de filtraciones, da cuenta de un acuerdo con consecuencias graves desde la óptica de los derechos fundamentales en internet (ver Dossier especial en PDF).
Chile no necesita un acuerdo comercial como este. Nuestro país tiene acuerdos comerciales bilaterales con los nueve países hoy parte de TPP, por lo que no pareciera haber buenas razones para abogar con tanta energía por lograr tener un nuevo acuerdo que complemente o reemplace acuerdos previamente establecidos y plenamente vigentes en Chile. Adicionalmente, buena parte de los la información que se ha filtrado relativa a derecho de autor supone un aumento importante a los estándares de protección sin tomar en consideración de manera adecuada estándares de acceso. Dicho aumento no se encuentran respaldado por estudio alguno que entregue evidencia empírica de su conveniencia regulatoria.
Para efectos de contrarrestar las numerosas críticas que ha supuesto este tratado, el gobierno norteamericano anunció la inclusión de una débil cláusula que obliga a los países a buscar un equilibrio en sus sistemas de derecho de autor incluyendo ciertas excepciones y limitaciones basadas en la regla de los tres pasos del Convenio de Berna. Si bien en principio suena razonable, no todas las excepciones en Berna están sujetas a esta regla. No lo está ni la doctrina de la primera venta ni lo están las normas de su Anexo. Adicionalmente, en foros como la OMC desde hace un tiempo se ha intentado forzar la interpretación de esta regla de manera restrictiva, lo que supone restringir el alcance de excepciones y limitaciones al derecho de autor que equilibran los intereses en juego, lo que incluso ha sido alertado por el Max Planck Institute este mismo año. Un acuerdo comercial razonable, equilibrado y justo no debiera poner en riesgo los precarios derechos establecidos a favor del público en materia de derechos de autor.
En Chile necesitamos más información y más transparencia en las negociaciones comerciales cuando ellas ponen en riesgo derechos fundamentales. Todo indica, particularmente las filtraciones y la fuerte oposición de organizaciones de derechos humanos en su contra, que TPP será un retroceso radical para los derechos en el entorno digital, debido fundamentalmente a la influencia de la industria farmacéutica y del entretenimiento norteamericano. Una democracia sana necesita que su gobierno defienda con fuerza los derechos fundamentales en el entorno digital y no los utilice como moneda de cambio para un acuerdo que se negocia a puertas cerradas con un dudoso alcance comercial e innumerables dificultades para la privacidad y el interés público en materia de derechos de autor.
Desde 2009 en Brasil se lleva adelante uno de los proyectos más interesantes de regulación del entorno en línea. Mientras los esfuerzos de la legislación suelen detenerse en los aspectos punitivos, comprendiendo internet como un lugar lleno de amenazas, el Marco Civil brasileño tiene por objetivo asegurar la protección de los derechos humanos relativos al uso de la internet.
El planteamiento además de interesante y novedoso, presenta un nuevo punto de partida para la legislación relativa a las nuevas tecnologías. Principios tales como la protección de la libertad de expresión, la neutralidad de la red, la limitación de responsabilidad para los intermediarios y el acceso a información pública y transparencia deben ser los ejes principales de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar cualquier política pública relativa a internet.
Por si todo esto fuera poco, además el proceso de elaboración de Marco Civil ha contado con distintas etapas de participación y deliberación pública de la sociedad civil, entregándole una legitimidad tantas veces escurridiza cuando se trata de estas temáticas en los países de la región.
Chile debiera aprender de la experiencia de Marco Civil, entendiendo que el marco para el desarrollo de la innovación, el emprendimiento y la gestión pública en internet no puede estar supeditada a la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino por el contrario. Los derechos fundamentales, fundamentalmente la libertad de expresión y los derechos derivados de la privacidad debieran ser los estandartes de una regulación inclusiva.
Es por esta y otras razones que ONG Derechos Digitales junto con una serie de organizaciones sociales de la región apoya el texto actual de Marco Civil y hemos entregado una carta abierta al Congreso del Brasil, que puede leerse a texto completo a través del siguiente enlace (PDF).
Crear, informar y pensar diferente ha sido, desde siempre, un ejercicio visto con sospecha. Hoy, cuando Internet y las tecnologías digitales multiplican los canales de información y ofrecen nuevas formas de creación, muchos son los discursos de determinados intereses que buscan desincentivar el uso libre de estas plataformas.
Así, buscando proteger los intereses de industrias de contenido dominantes, hoy se apunta a Internet como un nido de piratería que destruiría la cultura, tal como la conocemos. Esos son los postulados de proyectos como SOPA, ACTA o TPP que, en el afán de proteger un modelo de negocio basado en un sistema de propiedad intelectual cada vez más restrictivo, pasan a llevar derechos fundamentales como la libertad de expresión o la privacidad en Internet.
No obstante, al mismo tiempo, desde las prácticas del día a día en Internet ha surgido una nueva ética, radicalmente digital, que ve en la red una puerta para la democratización de la cultura, para la libre circulación de ideas y las nuevas formas de creación. Una ética donde las barreras entre creadores y público se difuminan; donde la valorización de las ideas no está en encerrar el conocimiento en un grupo de elite, sino en el compartir con la comunidad; donde se cree en un derecho de autor balanceado donde no solo se cuida a los creadores sino también el acceso a las obras.
Esa es la plataforma que hay que usar, cuidar y defender. Por eso decimos: #NoTemasaInternet.
No nos cansamos de repetirlo. Libertad de expresión e Internet están relacionados: si se afecta una, también lo hará la otra. Sin embargo, en las democracias modernas a veces resulta difícil detectar las amenazas a la libertad de expresión de los ciudadanos en la red.
