La censura evoluciona: ¿estamos al día en la defensa de la libre expresión?

La censura digital en América Latina ha evolucionado. No es que se hayan abandonado bloqueos de sitios o cierres de medios de comunicación, sino que los mecanismos para facilitar la censura han aumentado en diversidad y complejidad. A través de leyes ambiguas, intervenciones técnicas y decisiones de plataformas privadas, tanto gobiernos como empresas están moldeando lo que se puede ver y decir en internet.

Y es que el acallamiento de voces críticas u opositoras es una constante cuya manifestación sigue yendo a la par de la proliferación de canales de comunicación. No solo se trata de restringir la expresión libre en razón de su contenido, sino también de generar miedo y autocensura, especialmente entre periodistas, activistas y comunidades vulnerables. Con el pretexto de la seguridad o la regulación del contenido, las autoridades y las grandes empresas tecnológicas están definiendo qué se puede decir y qué narrativas quedan por fuera del debate público.

Reglas legales y técnicas para silenciar

Como contamos hace unos meses, la censura en internet se manifiesta a través de diversas técnicas utilizadas por gobiernos y empresas para restringir el acceso a información y servicios en línea. Entre las más comunes se encuentran: el bloqueo de direcciones IP, que impide el acceso a determinados sitios web o servidores; la alteración de registros DNS, redirigiendo las solicitudes de conexión a páginas falsas o inaccesibles; y la inspección profunda de paquetes (DPI, por sus siglas en inglés), que permite identificar y filtrar tipos específicos de tráfico en la red. Además, algunos Estados implementan apagones de internet en momentos clave, como protestas o elecciones, o recurren a listas de sitios web y aplicaciones por bloquear, aplicando restricciones de forma selectiva para desmovilizar el debate público o impedir la circulación de información crítica.

Los últimos años también América Latina ha visto nuevas instancias en que la censura se incorpora a marcos normativos que, bajo pretextos como la seguridad nacional o la protección de otros derechos, otorgan a los gobiernos herramientas para controlar y limitar la información en línea. En El Salvador, la aprobación de leyes de ciberseguridad y protección de datos conllevan el potencial para restringir la libertad de prensa y aumentar la opacidad gubernamental. La Suprema Corte de México terminó aprobando el funcionamiento de un sistema de notificación y retirada por infracciones de derechos de autor, un conocido mecanismo de censura legal en nombre del copyright. En Brasil, se volvió una polémica pública la trama que culminó en una orden de suspensión de Twitter (ahora “X” para su diezmada base de usuarios) debido a su negativa a bloquear perfiles que difundían discursos de odio y desinformación. La legalidad es una herramienta potencialmente muy peligrosa, dependiendo de quién esté en posición de blandirla, y puede convertirse en una fuente de censura.

Las plataformas digitales, por su parte, implementan políticas de moderación de contenido que a menudo resultan opacas y arbitrarias. La falta de transparencia en la aplicación de estas políticas puede conducir a la censura de discursos legítimos y afectar la libertad de expresión. Además, la manipulación de algoritmos y la difusión de desinformación a través de estas plataformas representan desafíos adicionales para la integridad del espacio digital. Como señala Catalina Botero Marino, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, es esencial que existan reglas claras y mecanismos de auditoría externos para garantizar que las decisiones de moderación respeten los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de censura.

Violencia, difamación e intimidación: lo digital es real

La violencia digital ha emergido como una herramienta clave para censurar y acallar voces críticas, afectando de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTQIA+. Desde campañas de acoso sistemático en redes sociales, hasta la exposición no consentida de información personal o material íntimo con fines de intimidación, las estrategias de censura digital han evolucionado para silenciar y expulsar del espacio digital a las opiniones disidentes.

Estos mecanismos no solo buscan deslegitimar públicamente a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, sino que también generan un ambiente hostil que fomenta la autocensura, restringiendo así la participación en debates fundamentales para la democracia y los derechos humanos en la región. Deepfakes de contenido sexual se han difundido para desacreditar a activistas y periodistas, reforzando la violencia de género en línea. En Colombia, el presidente usó la expresión “muñecas de la mafia” para referirse a periodistas que luego fueron víctimas de acoso digital. Una fiscal en Guatemala sufrió persecución digital (y judicial) por denunciar corrupción. Testimonios destacados por Derechos Digitales han dado cuenta de instancias donde la búsqueda por acallar voces ha venido amparada por culturas institucionales que refuerzan el impacto de esas tácticas.

Esto no ha significado que haya dejado de existir la agresión física contra quienes se expresan en línea, con mayor frecuencia en contextos de crisis política. En los últimos años, periodistas y defensores de la libertad de expresión en América Latina han enfrentado detenciones, persecuciones y ataques, especialmente en medios digitales y organizaciones de la sociedad civil. Es el caso de Carlos Correa de Espacio Público, detenido en enero de 2025 tras documentar restricciones a la expresión en Venezuela, que se suma a otros episodios como el de Gilberto Reina , Sebastiana Barráez y Yousner Alvarado, de distintos medios de comunicación en línea. En Guatemala, José Rubén Zamora (elPeriódico) fue reencarcelado días atrás en aparente represalia por su trabajo investigativo. Estos casos evidencian cómo criminalización y violencia buscan silenciar el periodismo en línea y la denuncia de abusos estatales en la región.

El uso de la violencia digital como mecanismo de censura no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un efecto disuasivo también en quienes observan estos ataques. La percepción de riesgo hace que muchas personas dejen de participar en debates públicos o modifiquen sus discursos para evitar represalias. Pero eso es, también, parte del efecto deseado.

Defensa (y autodefensa) para la libertad de expresión digital

En un entorno donde la censura digital se intensifica y diversifica, las estrategias de resistencia cobran un papel fundamental para garantizar la libertad de expresión. Como ya hemos señalado, la resiliencia digital en la región ha tomado diversas formas: el periodismo hiperlocal y el uso de redes privadas virtuales (VPN) han permitido mantener la circulación de información independiente frente a bloqueos estatales; en paralelo, la alfabetización digital para fortalecer la capacidad de periodistas y activistas para protegerse de ataques en línea y salvaguardar su privacidad en entornos de vigilancia intensiva sigue siendo necesaria. Además, el activismo feminista ha desarrollado espacios de apoyo y acompañamiento para víctimas de violencia digital, promoviendo respuestas colectivas contra el silenciamiento en línea. Como hemos advertido, evadir la censura es solo una parte de la ecuación; también es urgente exigir mayores garantías para una internet abierta y plural, con políticas de moderación transparentes y límites claros a la vigilancia estatal, y favoreciendo con nuestra acción el uso de plataformas que mejor reflejen nuestro compromiso con los derechos humanos.

Por cierto, la defensa de la libertad digital en América Latina no puede depender únicamente de la evasión de bloqueos o de respuestas individuales o de grupos de intereses específicos. Es necesario construir un marco de exigencia colectiva que presione por mayor transparencia en las reglas del entorno digital y que garantice condiciones para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. La lucha contra la censura digital es, en última instancia, una lucha no solo por el derecho a la información, sino por el ejercicio cotidiano de la democracia y por la construcción de sociedades más justas.

Hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios

Nos acercamos al 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando conmemoramos la lucha por nuestros derechos desde diversos frentes. Nuestro activismo se ha construido de la mano de las madres buscadoras de personas desaparecidas, de las mujeres trans que pelean por sus derechos, de la lucha de las mujeres indígenas por sus territorios, de la defensa de las mujeres negras por el reconocimiento de sus derechos, de los esfuerzos de organizaciones feministas para promover el aborto legal, entre muchas otras. A lo largo de la historia, estos procesos han logrado ganar garantías para los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en países donde los discursos y las acciones de los gobiernos van en contra de cualquier avance en materia de igualdad de derechos.

Contextos políticos amenazantes, activismos vivos

La justicia en los países latinoamericanos está lejos de ser dignificadora para las mujeres, pues el camino para acceder a ella es más que complejo y la mayoría de las veces nunca llega. Esta histórica falta de justicia se refleja también en el entorno digital, donde la tecnología facilita otras formas de violencia de género. A fines del 2024, México nos recordó la incapacidad de un sistema para comprender de forma integral la violencia de género facilitada por las tecnologías (TFGBV, por sus siglas en inglés), al absolver al estudiante que realizó deepfakes de sus compañeras con inteligencia artificial, caso que co me ntamos previamente. Esto sucedió incluso teniendo un marco jurídico como la Ley Olimpia, que poco importó cuando el tribunal tomó la decisión.

Situaciones como esta evidencian la fragilidad de los marcos jurídicos en países donde existen normativas específicas, además de generar desesperanza en otros países donde no se cuenta con legislaciones para atender la TFGBV. El panorama se agrava allí donde los gobiernos se han tornado más agresivos ante las narrativas de igualdad y perspectiva de género. Sin embargo, cuando los entornos políticos se han vuelto tan amenazantes, violentos y opacos, la respuesta social ha sido el activismo, la protesta y la generación de información. Existen varios ejemplos de ello en América Latina, pero decidimos abordar tres casos principales en donde los conflictos internos en los países han tenido impactos graves en el ejercicio de los derechos de las mujeres: Venezuela, El Salvador y Nicaragua.

Ciudadanas, periodistas, activistas, personas de la comunidad LGBTIQA+, entre muchas otras mujeres, son afectadas por las acciones de quienes deberían trabajar por garantizar su bienestar: sus propios gobiernos. La persecución y la criminalización del disenso se han convertido en herramientas de opresión estatal, con un impacto diferenciado en mujeres atravesadas por distintas interseccionalidades.

En el marco de las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, la ciudadanía vivió graves represiones por parte del Estado, que encarceló a aproximadamente 2000 personas por protestar, algunas de ellas por criticar al gobierno a través de redes sociales, por difundir fotografías sobre las manifestaciones en plataformas digitales o por compartir información a través de servicios de mensajería. La activista venezolana Martha Tineo reconoció que si bien la persecución política no está direccionada en contra de las mujeres, sí existen efectos diferenciados para ellas. Las mujeres encarceladas viven en hacinamiento y en centros de detención no adecuados a sus necesidades, incluso sin recursos básicos como el agua, lo que ha conllevado a una situación precaria de salud e higiene menstrual. Asimismo, la defensora de derechos humanos declaró que hay efectos psicológicos en las mujeres por la separación de sus hijos e hijas, y que de igual manera reciben amenazas de persecución a otros integrantes de sus familias.

Mientras tanto, en El Salvador las mujeres han tenido protagonismo en la defensa de derechos, lo que las ha puesto en riesgo de persecución, acoso y estigmatización. Encontramos así que se han sumado cada vez más mujeres activistas que buscan hacer justicia por sus familiares detenidos de forma arbitraria en el régimen de excepción, que además de asumir riesgos para ellas, implica una ca rga de trabajo adicional a las ya establecidas socialmente por los roles de género. Recordemos que entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, organizaciones locales contabilizaron 5775 víctimas de violaciones de derechos humanos (mayormente detenciones arbitrarias), de las cuales 908 eran mujeres, entre ellas 21 mujeres trans, 19 lesbianas y 43 bisexuales. Con ello, las cárceles también se vuelven un entorno con condiciones sanitarias muy precarias, especialmente para las mujeres detenidas en estado de gestación, quienes no cuentan con atención ginecológica durante esta etapa y tampoco en el postparto, viéndose también gravemente afectadas las infancias.

Por otro lado, en el país centroamericano se registran en promedio 40 insultos diarios en contra de periodistas solo a través de la plataforma X. Aquellos ataques dirigidos a mujeres tienen la particularidad de contar con una carga de violencia sexual y lesbofóbica, reforzando patrones de discriminación y exclusión. Sumado a la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador, esta realidad ha llevado a las mujeres periodistas, defensoras, e incluso a servidoras públicas (con una postura crítica del gobierno actual) al exilio y la autocensura.

Por su parte, organizaciones locales han constatado que en Nicaragua la violencia digital contra las mujeres defensoras de derechos humanos ha escalado de manera alarmante desde el 2018, año en que se desataron importantes protestas públicas en el país. El uso de la tecnología como herramienta de represión ha facilitado nuevas formas de violencia, exacerbando los riesgos para quienes denuncian violaciones de derechos humanos. Las defensoras que enfrentan estos ataques reciben constantes amenazas, insultos, y sus agresores difunden información falsa sobre ellas para descalificarlas. De acuerdo con las mujeres entrevistadas en un estudio de FUNIDES, el 32.5% de las agresiones han trascendido al espacio físico, poniendo en evidencia el vínculo directo entre la violencia digital y el hostigamiento fuera de los espacios virtuales.

Las prioridades son claras, pero deciden ignorarlas

Finalizar con la violencia en nuestros países desde una perspectiva de género es una prioridad clara que los gobiernos siguen optando por ignorar. En Nicaragua, Venezuela y El Salvador, la persecución contra defensoras de derechos humanos y periodistas, el uso del hostigamiento judicial, las detenciones arbitrarias y la militarización del espacio público han reforzado un modelo de represión que restringe aún más los derechos de quienes cuestionan el poder. En estos marcos, la violencia de género se recrudece con cada nueva política pública, con cada acción gubernamental o con cada momento electoral, convirtiéndose en una expresión de control.

Las mujeres, desde diversas trincheras, han alzado la voz para nombrar las graves consecuencias que tienen las violaciones a los derechos humanos en estos regímenes no solo a nivel individual, sino también colectivo. Si bien estas vulneraciones afectan a la toda la población, sus efectos son diferenciados cuando se analizan con un enfoque de género, reconociendo desigualdades y estructuras de opresión. A pesar de la larga historia de violencia de género que se vive en estos países, como en toda la región, las mujeres siguen resistiendo y luchando por los derechos de todas.

En este 8M algunas saldremos a las calles a marchar, tomando el espacio público para canalizar nuestras demandas, o tal vez algunas de nosotras nos manifestaremos en la individualidad de nuestros espacios. Sea en lo público o lo privado, sea cual sea la forma de nuestra protesta, lo hacemos por todas las mujeres y niñas, por las diversidades de género, por la igualdad y por la garantía efectiva de nuestros derechos. Nuestro esfuerzo es colectivo y continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios.

Brasil: entre el intento de golpe autoritario y amenazas a la soberanía digital

Antecedentes

A diferencia de otros países latinoamericanos que emprendieron procesos de reparación tras regímenes dictatoriales, Brasil optó por una política de amnistía hacia los militares que comandaron brutalmente el país entre 1964 y 1985. Esta decisión permitió la reaparición de antiguas prácticas autoritarias y facilitó el resurgir de sectores extremistas, que recurren a la violencia política y han aprendido a expandir su control a través del uso de tecnologías. Estas prácticas no sólo resuenan a nivel interno, sino que también se reflejan en la influencia imperialista externa, cuya sombra persiste desde el pasado dictatorial latinoamericano y continúa generando fricciones institucionales en Brasil, donde la soberanía digital enfrenta amenazas infundadas.

Uno de los episodios más simbólicos de los últimos años en Brasil fue la tentativa de golpe de Estado formalmente denunciada la semana pasada por la Procuraduría General de la República. Según la denuncia, un grupo liderado por el expresidente Jair Bolsonaro y otros 33 hombres habría orquestado un plan radical para desmantelar el orden democrático luego de las elecciones presidenciales de 2022. Este complot no solo apuntaba a generar inestabilidad institucional, sino que contemplaba medidas extremas como el asesinato del presidente electo Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin, y del ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Este intento, de clara naturaleza violenta y desestabilizadora, pretendía instaurar un régimen de facto mediante el uso de la fuerza, evidenciando el grave riesgo que corre la democracia en Brasil. Las plataformas digitales, vale decir, tienen un rol importante en este contexto de inflamación autoritaria. Tal como ya señalamos en esta columna, redes sociales como X -suspendida en Brasil en 2024- han servido como espacios donde actores antidemocráticos coordinan ataques a instituciones y amplifican narrativas que buscan justificar la violencia política.

Viejas prácticas, nuevas herramientas

El autoritarismo arraigado que continúa amenazando al país –y que también se observa en otros lugares de la región– se ha adaptado a la era digital, extendiéndose a través del uso de nuevas tecnologías. Un caso representativo en Brasil es el de FirstMile, señalado en el reciente reporte desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) y liderado por Derechos Digitales “En La Mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina”. En enero de 2024, la Policía Federal anunció una investigación contra exfuncionarios de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro, acusados de haber vigilado ilegalmente a unas 30.000 personas, entre ellas periodistas y magistrados del Supremo Tribunal Federal. La vigilancia denunciada se llevó a cabo mediante el uso del software israelí FirstMile, el cual permite interceptar la ubicación de equipos móviles a través de señales de GPS vulnerando así la confidencialidad de información protegida por ley nacional. El acceso a la ubicación de un dispositivo no solo permite rastrear los movimientos de una persona en tiempo real, sino que también puede derivar en la exposición de datos sensibles, como fuentes periodísticas, redes de contacto y patrones de comportamiento, ampliando el alcance de la vigilancia ilegal y el riesgo de persecución política.

La relación entre los movimientos autoritarios –y tecnoautoritarios– y la soberanía nacional es compleja y, en ocasiones, contradictoria. La dictadura militar en Brasil, al igual que otras en América Latina en esa misma época, estuvo fuertemente marcada por la influencia de los Estados Unidos. Un ejemplo claro de esta injerencia fue el Plan Cóndor, una operación transnacional de represión coordinada entre las dictaduras del Cono Sur, con apoyo estadounidense, basada en el intercambio de inteligencia y vigilancia sobre opositores políticos. Esta infraestructura represiva, que incluía interceptaciones de comunicaciones, seguimiento de movimientos y colaboración entre agencias de seguridad, sentó un precedente para el uso de tecnologías con fines de vigilancia, una lógica que persiste en las estrategias actuales de control y monitoreo digital.

Aunque estos regímenes autoritarios exaltaban el nacionalismo, al mismo tiempo promovían lo que en Brasil se conoce como «complejo de vira-lata»: una percepción de inferioridad en la que los brasileños y brasileñas se colocan voluntariamente frente al resto del mundo, lo que conlleva a la idea de que el país debe someterse a prácticas extranjeras, especialmente de países con mayor poder económico y geopolítico. En otras palabras, se configura una paradoja entre el discurso nacionalista de los líderes antidemocráticos en la región y las implicancias reales de sus políticas en términos de soberanía nacional, una contradicción que se extiende cada vez más a la esfera digital.

Un ejemplo de esta paradoja se vio en la postura del gobierno de Bolsonaro hacia las grandes plataformas digitales. Mientras su retórica política se basaba en la defensa de la soberanía y la independencia nacional, su administración facilitó la consolidación del poder de corporaciones tecnológicas extranjeras, debilitando los intentos de regulación local desde un falso discurso de resguardo de la libertad de expresión y permitiendo que actores privados transnacionales tuvieran un control sin precedentes sobre la información y el debate público en Brasil. Este modelo de dependencia tecnológica refuerza el desequilibrio de poder y reduce la capacidad del país de definir sus propias reglas en el entorno digital.

La disputa por el control normativo: el enfrentamiento entre regulaciones nacionales y poder corporativo

La semana pasada, además de la denuncia contra el expresidente Bolsonaro por la tentativa de golpe, una serie de noticias polémicas volvió a colocar a Brasil en el centro de la atención global. Se produjo un enfrentamiento entre el ministro Alexandre de Moraes – quien era uno de los blancos del plan golpista– y los grupos de medios Rumble y Trump Media & Technology Group DJT.O. Estas empresas abrieron un proceso judicial en el Tribunal Federal de Florida, argumentando que el juez censura ilegalmente el discurso político de figuras afines a la derecha en Estados Unidos.

La disputa se originó luego de que de Moraes ordenara la suspensión de cuentas en plataformas digitales, incluyendo Rumble, de individuos acusados de difundir desinformación y promover actos antidemocráticos en Brasil, como el bolsonarista Allan dos Santos, quien se encuentra en Estados Unidos y tiene orden de extradición en Brasil. Las empresas sostienen que tales órdenes exceden la jurisdicción brasileña y violan la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que protege la libertad de expresión. Sin embargo, este litigio se inscribe en una tendencia más amplia de corporaciones tecnológicas estadounidenses que evitan cumplir regulaciones locales fuera de su país de origen, desafiando la soberanía de los Estados en los que operan.

El caso de Rumble es un ejemplo claro de este problema. La plataforma carece de representación legal en Brasil, lo que dificulta que cumpla con órdenes judiciales como la eliminación de contenidos ilegales –incluyendo discursos de odio y desinformación–. Esta situación aumentó la tensión en el contexto brasileño y llevó a la suspensión de la red social en el país por el mismo ministro Alexandre de Moraes, una medida similar a la que afectó a X temporalmente en 2024. El conflicto refleja una dinámica estructural más amplia: mientras las plataformas digitales exigen protección legal en los Estados Unidos, se niegan a acatar legislaciones nacionales cuando no les resulta conveniente. Se busca así utilizar el marco legal estadounidense para evitar el cumplimiento de la ley brasileña, apuntando a una jerarquización normativa que favorece a actores extranjeros en detrimento de la soberanía nacional.

Más allá de este caso, la creciente reticencia de las corporaciones digitales a cumplir con la regulación estatal refuerza dinámicas de injerencia extranjera. La reciente declaración de Mark Zuckerberg sobre la existencia de “cortes secretas” en Brasil contribuye a esta narrativa, presentando cualquier esfuerzo por garantizar el cumplimiento del marco legal nacional como una amenaza a la libertad de expresión, cuando en realidad el problema de fondo es la falta de mecanismos democráticos para asegurar que estas empresas respondan ante la justicia de los países donde operan.

Las amenazas a Brasil y sus ecos en la región

La situación en Brasil refleja una democracia debilitada por la persistencia de prácticas autoritarias y, más recientemente, por el uso indebido de la tecnología como herramienta de control. La tentativa de golpe, que contemplaba acciones de violencia contra líderes democráticos, y el caso FirstMile, que expone un esquema de vigilancia masiva sin garantías legales, evidencian la necesidad urgente de reforzar las instituciones democráticas en el país y en toda la región. Asimismo, la acción judicial promovida por grupos afines a Trump contra Alexandre de Moraes sienta un peligroso precedente para otros Estados del Sur Global, que enfrentan dinámicas similares de injerencia extranjera y evasión de marcos legales por parte de las plataformas tecnológicas.

En este escenario, es importante considerar que si en Brasil, una de las economías más grandes de la región y con un peso geopolítico significativo, la democracia es atacada con tal intensidad, cabe preguntarnos qué sucede en países con menos recursos institucionales y menor capacidad de respuesta. Este contexto expone nuevos riesgos relacionados al creciente poder de las empresas tecnológicas, quienes ahora incluso -mediante sus líderes- forman parte de la nueva administración del gobierno de Trump. Frente a estos desafíos, resulta imprescindible fortalecer la resistencia democrática mediante la promoción de la transparencia y el respeto a los derechos. Asimismo, es necesario avanzar en regulaciones basadas en derechos humanos que supervisen el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia, en línea con los llamados de la ONU para una moratoria sobre estas herramientas hasta que existan salvaguardas adecuadas. Solo así se podrá garantizar un futuro donde la soberanía y la democracia sean pilares inquebrantables de la sociedad, no solo en Brasil, sino en toda América Latina.

Cumbre para la Acción en IA de París: ¿qué podemos esperar para América Latina?

La Cumbre para la Acción en Inteligencia Artificial (AI Action Summit), que tuvo lugar en París a principios de la semana pasada, reunió a varios de los máximos referentes -principalmente del Norte Global- en el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial, junto con líderes de algunas de las mayores economías del mundo. Autoridades de gobiernos, liderazgos empresariales, representantes de organizaciones internacionales y referentes académicos compartieron sus perspectivas sobre los próximos pasos necesarios para acompañar el despliegue de esta tecnología. ¿De qué manera? Según el título de la declaración oficial con la que cerró el evento, con el impulso de una “Inteligencia Artificial Inclusiva y Sostenible para las Personas y el Planeta”.

La realización de esta cumbre plantea interrogantes sobre su impacto real en América Latina, una región con escasa representación entre las personas oradoras, tanto en el evento principal como en los más de cien encuentros paralelos realizados en la capital francesa. Sin embargo, las políticas, enfoques e iniciativas de las empresas presentes —las principales actoras en el desarrollo global de la IA— tienen una influencia determinante en nuestra región. La falta de un espacio para la incorporación de perspectivas latinoamericanas representa, por tanto, una oportunidad perdida. Un ejemplo de ello es el cierre del encuentro a cargo de Sundar Pichai, CEO de Google, una de las corporaciones que más invierte en centros de datos y despliegue de la IA en la región. Cabe preguntarse qué visiones estuvieron representadas y cuáles fueron las conversaciones que buscan delinear la agenda futura.

Uno de los principales temas de la Cumbre fue la ‘IA de Interés Público’, para discutir el desenvolvimiento de estas tecnologías con el ser humano en el centro. La declaración final estableció como prioridades: promover el acceso a la Inteligencia Artificial para reducir las brechas digitales; garantizar un desarrollo abierto, inclusivo, transparente, ético, seguro y confiable dentro de marcos mundiales; y crear condiciones que fomenten la innovación evitando la concentración de mercado. Se destacó la importancia de utilizar la IA para fortalecer el futuro del trabajo y el crecimiento sostenible, asegurar su desarrollo en armonía con el bienestar de las personas y el planeta, y reforzar la cooperación internacional para coordinar su gobernanza a nivel global.

Sin embargo, quedaron en evidencia diferencias profundas en los enfoques y prioridades regulatorias entre las grandes potencias. Estas discrepancias no solo quedaron en el debate, sino que también se reflejaron en las decisiones finales del evento. En lugar de lograr consensos sustantivos, la Cumbre dejó en claro que los países más influyentes siguen caminos separados, lo que puede fragmentar aún más los marcos reglamentarios internacionales y afectar la adopción de estándares en América Latina. La expectativa de un escenario global de gobernanza de IA se ve así más lejos que nunca.

La declaración final fue firmada por 60 países de todo el mundo, con dos notables abstenciones: Estados Unidos y el Reino Unido. Un vocero del país norteamericano afirmó que su abstención se debe a que el documento “no abordaba de manera suficiente las cuestiones más complejas relacionadas con la seguridad nacional”. En América Latina, la declaración fue firmada por Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Si bien la firma de un pronunciamiento de este tipo puede parecer algo lejana y simbólica, es un buen indicio para comprender la falta de perspectivas globales o caminos a seguir para nuestra región. A continuación, exploramos algunos ejes clave que podrían orientar las discusiones futuras.

Perspectivas regulatorias

La discusión sobre una IA inclusiva y sostenible para las personas y el planeta contó con escasa presencia del Sur Global. A excepción de representantes de Chile, Brasil y Costa Rica, los espacios gubernamentales y regulatorios estuvieron dominados por enviados de Europa y Norteamérica, incluido un representante del Vaticano. Esta composición sesgó inevitablemente el debate, acentuado aún más por la casi nula participación de nuestra región en paneles conformados mayormente por el sector privado y la academia.

Este desequilibrio es clave al analizar cómo se configuran las prioridades en la agenda de regulación de la IA, en un contexto donde los foros internacionales tienden a centralizar la discusión en torno a actores con mayor poder tecnológico. Como señala el Tech Global Institute, esta exclusión es parte de un problema estructural más amplio: la gobernanza de la IA sigue orientada por los intereses de los desarrolladores, reforzando las históricas asimetrías de poder en el ámbito tecnológico. La ausencia de mecanismos que garanticen una participación equitativa de la región en la toma de decisiones perpetúa un modelo de gestión donde las prioridades del Norte Global definen el futuro de la IA para todos.

Perspectiva de derechos humanos

A pesar de la relevancia de los derechos humanos en la discusión sobre las normativas de la IA, esta perspectiva estuvo ausente como eje central en la Cumbre. Si bien la declaración final menciona la necesidad de desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial alineados con los derechos humanos, la transparencia y la sostenibilidad ambiental, no establece medidas concretas para garantizar su cumplimiento. Esta omisión refleja una falta de voluntad política para abordar de manera efectiva las posibles violaciones de derechos derivadas del uso de la IA.

Esta falta de un enfoque explícito en derechos fundamentales contrasta con la importancia de integrar los marcos normativos internacionales y las legislaciones nacionales en los debates regulatorios, especialmente en países como Brasil y Chile, donde se discuten proyectos en la materia. La Cumbre promovió la idea de una IA de «interés público», alineada con el bienestar ciudadano, pero sin una referencia clara a los derechos como fundamento para su supervisión.

A esto se suma la falta de promoción de una visión común que al mismo tiempo sea capaz de abordar los desafíos que fueran mencionados. Así, aunque la sostenibilidad fue parte del discurso de cierre, no se discutieron medidas concretas para abordar el impacto ambiental de estas tecnologías. La creciente demanda de centros de datos y el consumo energético de los modelos de IA de última generación fueron mencionados solo de manera superficial, sin compromisos reales para mitigar sus efectos en el cambio climático. A modo de síntesis, Access Now calificó la Cumbre como “una oportunidad desaprovechada para una gobernanza de la IA centrada en los derechos humanos”.

Un diálogo con ausencias clave

La Cumbre reunió a quienes lideran y tienen mayor influencia en la discusión sobre Inteligencia Artificial. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y económicas, el esfuerzo por alcanzar puntos en común terminó privilegiando un enfoque centrado en la aceleración de la innovación, dejando en un segundo plano debates fundamentales sobre los impactos sociales y regulatorios de esta tecnología.

Si bien la declaración final establece principios en favor de una Inteligencia Artificial Inclusiva y Sostenible para las Personas y el Planeta, persisten asimetrías de poder que afectan particularmente a América Latina. La fuerte presencia de grandes empresas tecnológicas en la conversación regulatoria, sumada a la exclusión estructural de la sociedad civil y la escasa representación del Sur Global, profundiza la concentración de poder en el desarrollo y control de estas tecnologías. A esto se suma la falta de recursos para la investigación, el desarrollo y la incidencia política en la región, lo que limita su capacidad de negociación frente a actores con mayor influencia en la gobernanza global.

Para que América Latina tenga una voz más sólida en el esquema de gestión de la IA, es necesario no solo fortalecer estándares normativos que reflejen sus intereses y diversidad cultural, sino también disputar el modelo actual de toma de decisiones, que sigue reproduciendo las desigualdades de la economía digital. Construir una agenda común regional, articulada entre gobiernos, sociedad civil y sector académico, permitiría incidir con mayor peso en estos foros y evitar que las decisiones sobre IA sigan tomándose sin representación de nuestros países. Sin una estrategia clara, América Latina corre el riesgo de ser espectadora o –peor aún– mero territorio de experimentación en un debate que definirá el nivel de su autonomía en el ecosistema tecnológico global.

Resiliencia digital para combatir la censura en Venezuela

Escribir sobre Venezuela siempre representa un reto personal. No porque falte material para explicar la deplorable situación de la libertad de expresión en el país, sino porque esa situación no ha cambiado para mejor ni un ápice, es la misma situación sólo que peor. Los cercos que el régimen impone a la libertad de expresión y asociación pasaron de ser administrativos a legislativos, con un set de nuevas leyes que no disimulan sus intenciones. Solo por nombrar algunas: la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, la Ley Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, y el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Todo un conjunto cuya aplicación genera el riesgo no solo de minimizar sino desaparecer las voces disidentes del país, afectando comunidades, activistas y organizaciones sociales que son críticas al gobierno.

Los afectados no son únicamente los medios de comunicación, quienes han enfrentado un largo historial de sanciones administrativas, desde la reducción del papel periódico hasta el cierre de canales y emisoras de radios. Y hasta peor aún, varios se han visto obligados a negociar su línea editorial para no dejar a toda una industria desempleada. La intrusión va más allá. No solo se monitorean las redes sociales sino que expresarse libremente a través de mensajería privada es cada vez más difícil. Incluso se han aplicado sistemas para delatar, con app incluida, dejando claro que por más medidas de seguridad digital que se adopten, nada te protege de la posibilidad de que te delaten. A su vez, las manifestaciones públicas, por más pacífica que sean, siempre representan un riesgo. Tenemos en nuestro haber varias fechas que lo confirman y lamentablemente son parte de nuestra historia. Así llegamos a este 2025 en donde como la florecita que rompe el asfalto, la libertad de expresión insiste en ser, bueno, libre. Lamentablemente, la realidad no es tan inocente como el ejemplo y el costo es grande aunque tengamos una sonrisa en la cara.

Qué sería la vida sin creatividad

En contextos hostiles y restrictivos como el venezolano, en donde los medios de comunicación han sido diezmados, las periodistas buscan crear un nombre propio en redes sociales y convertirse en sí mismas en medios de comunicación, a pesar de los riesgos que pueda representar. Una de las grandes ventajas de la democracia de la internet. En un contexto con medios de comunicación diezmados, además de una conectividad deficiente y poco confiable, las comunidades toman acción para complementar los esfuerzos por el flujo de la información. Así surge la infociudadanía: personas de la comunidad que se encargan por motus propio de la difusión de información que sea de relevancia para sus comunidades. Suelen hacerlo en grupos (medios comunitarios) o a título personal, dando espacio al periodismo hiperlocal y de servicio, además de ser una forma de evadir la censura y la intrusión. La solidaridad como valor es indispensable para que las comunidades puedan seguir adelante.

Por otro lado, hay que tener presente que Venezuela tiene un problema de infraestructura grave y que es una situación de potencial caos: el sistema eléctrico nacional no da abasto para satisfacer la demanda del país. Además, la penetración de internet depende de la expansión de empresas privadas (con precios en ocasiones prohibitivos) porque la institución nacional CANTV ha ido desmejorando sus servicios de forma dramática, incluyendo la pérdida de líneas telefónicas de hogar, servicios de telefonía celular y por supuesto, conectividad a internet.

¿Cómo hacer para que la gente se informe sin radio, sin televisión, sin internet? Una posible respuesta es: la creatividad, sencilla y artesanal pero que sirva para mantener a la gente informada. Por ejemplo, es así como el uso de carteleras y similares estrategias sirven para difundir información, una técnica utilizada hasta por instituciones públicas en las que se tramitan diligencias oficiales como solicitar la cédula. Si bien estas prácticas no te ahorran el viaje hasta la oficina del trámite, por lo menos es información oficial.

Las periodistas que siguen en su trabajo lo hacen con el riesgo inminente de caer en el radar del régimen lo que puede derivar en una detención arbitraria. De hecho, varios periodistas figuran actualmente en la lista de presos políticos del país por el solo hecho de ejercer su profesión. Como una forma de evadir la persecución, varios medios digitales se aliaron para crear dos avatares con inteligencia artificial que dieran las noticias, demostrando que también se puede hacer mucho más que sólo catfish con esta tecnología. Por otro lado, medios de noticias locales han creado canales en servicios de mensajería directa (WhatsApp y Telegram) para difundir información aprovechando la penetración que tienen estas aplicaciones en el país.

Cómo se ve el futuro

El trabajo en las comunidades y la acción directa en lo local han demostrado ofrecer una alternativa viable y que sí responde a las necesidades de la gente. Si bien no son soluciones perfectas y con alcance limitado, representan ejemplos valiosos de cómo el fortalecimiento de la democracia desde sus bases, con los recursos disponibles, puede generar cambios positivos.

En Venezuela, como en toda la región, necesitamos un entorno digital en sintonía con una democracia participativa e inclusiva que se desarrolle en beneficio de la ciudadanía y respete las diferencias. Desde Derechos Digitales seguiremos monitoreando el estado de situación de los derechos humanos en entornos digitales y las vulneraciones al derecho a la comunicación en Venezuela y en el resto de América Latina con iniciativas como el reporte En la Mira del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) y el trabajo continuo con aliadas en la región.

Giro en la regulación de la IA

Una vez en la Casa Blanca, Donald Trump no esperó a barrer cientos de políticas del gobierno anterior, incluidas las decisiones que buscaban regular a la inteligencia artificial (IA) en ese país. En especial, fue revocada la Orden Ejecutiva N°14110 del 30 de octubre de 2023 sobre el “desarrollo y uso seguro, protegido y confiable de la inteligencia artificial” por, supuestamente, asfixiar a la innovación, imponer barreras innecesarias a la industria tecnológica y amenazar el liderazgo norteamericano en la materia. Así también, fueron eliminadas a través de una nueva Orden Ejecutiva todas las demás políticas, órdenes y directivas existentes en esa materia.

Breve contexto de la vieja Orden Ejecutiva de la IA

Hasta la emisión de esa Orden Ejecutiva, en Estados Unidos no existían a nivel nacional –aunque sí en los distintos estados del país – previsiones regulatorias sobre cómo debían responder las autoridades al despliegue de la IA, y qué aspectos deberían ser evaluados por éstas en la adopción de esta tecnología. Y esto es relevante porque se trata del país sede de las Big Tech, lo que da un peso, si se quiere mayor, a este tipo de iniciativas.

La Orden, que es muy extensa, le metía el diente a ciertos aspectos cruciales en las discusiones regulatorias sobre la IA, como el abordaje sobre el eventual uso dual de los sistemas de IA para aplicaciones civiles y militares, previsiones de transparencia que atravesaran su ciclo de vida, y la creación e implementación de protocolos de testeo rigurosos de los sistemas de IA adoptados por el Estado, entre otros.

Desde luego, la Orden tenía limitaciones serias. Se apoyaba en buena medida en los compromisos voluntarios de las empresas desarrolladoras de IA; y podía ser eliminada o modificada en cualquier momento por otro gobierno que expidiese otra Orden Ejecutiva que afectara su vigencia o alcance. No era perfecta, pero era una respuesta del Poder Ejecutivo de ese país ante la inacción del Congreso frente a una tecnología de alto impacto social que representa riesgos serios, actuales y presentes.

De hecho, en un año de vigencia, la emisión de esa Orden se tradujo en la práctica en :

La creación del Instituto de Seguridad de la IA (AISI, por sus siglas en inglés) que, por ejemplo, ha articulado, con colaboración de las empresas tecnológicas, pruebas de “red team” -o simulaciones de ataques de seguridad- para identificar y mitigar riesgos de los modelos de IA.
La creación, por el Departamento de Justicia, de una línea de ayuda 24/7 para prestar asistencia especializada a víctimas de la distribución no consentida de imágenes con contenido sexual que hubiese sido generada por sistemas de IA generativa–como los deepfakes-.
La creación, por el Departamento de Educación, de lineamientos para la introducción transparente y responsable de sistemas de IA en las escuelas y su uso por docentes.
La creación del deber de reporte a cargo de los desarrolladores de IA que ofrezcan sus tecnologías al sector defensa para que informen sobre la seguridad de sus modelos.

Desde luego, la Orden Ejecutiva hacía muy poco para abordar retos incluso más complejos como la creciente monopolización del desarrollo de esta tecnología por muy pocas empresas poderosas -dependientes de las subvenciones estatales-, que solo hasta hace unos días dominaban el panorama de la IA de manera exclusiva, hasta la llegada de la competidora china DeepSeek. O a su vez retos más allá de las fronteras internas, como su rendición de cuentas frente a los reguladores de otros países en donde estas empresas operan, pero no se domicilian. Y claro, se quedaba aún más corta en abordar la pregunta sobre las vías o mecanismos para la judicialización y reparación de derechos de las personas afectadas por la IA en ese país.

La nueva Orden Ejecutiva: avanzar a una IA sin “sesgos ideológicos”

Ahora bien, ¿por qué una regulación, condicionada en buena medida a la voluntad de los sujetos regulados, suponía en efecto una amenaza para el liderazgo de ese país en la carrera de la IA? El gobierno actual no justifica su decisión en evidencias de ningún tipo que permitan entender qué aspectos obstaculizaban la innovación.

Con todo y esto, Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva que enfatiza en la necesidad de avanzar en el desarrollo de sistemas de IA sin “sesgo ideológico” o “agendas sociales manipuladas”, sin mayor contenido que declaraciones aspiracionales y vagas dirigidas a hacer de EE.UU. una potencia de la IA, sin ahondar en el cómo o a través de qué estrategias, más allá de la derogación de esta reglamentación del Poder Ejecutivo.

Como sea, lo que sí es claro es que en esa carrera donde Silicon Valley ya no compite sola, la guerra oficial y paralela contra las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, en inglés), van a significar, en el marco del fraseo de esa nueva Orden Ejecutiva, la búsqueda por posicionar una tecnología que, pese a su alto impacto social, estará abiertamente desconectada de problemas estructurales como el racismo, la pobreza, la discriminación, la inequidad y un extenso listado de problemas fruto de la desigualdad social. Un problema que, de hecho, ya existía, pero que ahora se verá agravado.

¿Qué podemos esperar de los esfuerzos regulatorios de este nuevo gobierno? Parece, por declaraciones del nuevo Zar de las Criptomonedas y la IA , que la regulación de la IA girará en torno a dos premisas.

La primera, en la expedición de regulaciones minimalistas en el contenido de las obligaciones exigibles en materia de seguridad, transparencia o responsabilidad en el desarrollo de sistemas de IA; y maximalistas , que traigan grandes beneficios comerciales en materia internacional y subvenciones estatales para estas grandes empresas tecnológicas. que

Y la segunda, que cualquiera que sea el enfoque regulatorio del Poder Ejecutivo, es previsible un enfoque aislacionista diseñado para eliminar a posibles competidores y sancionar a sus aliados, una estrategia que sin duda ahonda la concentración del poder dominante de las empresas tecnológicas locales.

De hecho, ya hay voces del Congreso de ese país que piden avanzar en restricciones en la venta de Chips de IA, de manufactura local, a países como China, especialmente ahora que el lanzamiento reciente de DeepSeek probó que para competirle a ChatGPT no hace falta quemar miles de millones de dólares en el proceso.

¿Y qué pasará con América Latina frente a este panorama?

Ahora, la pregunta crítica para quienes vemos este panorama desde América Latina es ¿cómo va a impactar todo este contexto en los procesos regulatorios de la IA que avanzan en algunos países de la región? Al respecto, y con la precaución que exige toda futurología, surgen dos impresiones.

La primera impresión es que las empresas de Silicon Valley van a oponerse abiertamente a los esfuerzos de regulación por parte de nuestros países, amparados por el gobierno de su país que, además, graduó a los CEO de las Big Tech de asesores no oficiales durante su investidura. No hace falta ir muy lejos para ver cómo lucirá esto en la práctica. Recordemos el anuncio reciente de Meta sobre los cambio de sus políticas de verificación de noticias y moderación de contenidos, en donde el CEO de la compañía acusó a Europa de asfixiar la innovación a través de la regulación, y de ver en las supuestas “cortes secretas” de América Latina una amenaza. Todo un discurso coronado por el pedido a su gobierno de acentuar la defensa y protección de la industria tecnológica local.

Además, esta última premisa se encuentra apoyada en el discurso oficialista -enmarcado en un discurso ideológico de extrema derecha- inclinado a la protección y defensa de la innovación norteamericana como vehículo para el regreso a una época dorada, donde los “Estados Unidos está primero”; sino también en la más clara narrativa según la cual América Latina necesita a Estados Unidos, y no al contrario. Desde esta perspectiva, cualquier intento regulatorio de otros países puede que sea visto automáticamente como una amenaza.

La segunda, que persiste el reto de avanzar en la aplicación rigurosa de la ley sin que las autoridades sean “dejadas en visto” por esas empresas extranjeras, tal y como le pasó hace poco a las de Brasil, en el marco de una audiencia a la que fue invitada Meta para explicar los cambios recientes de sus políticas, pero no asistió. O como ha sucedido en otros casos, donde las empresas tecnológicas deciden amenazar abiertamente con el apagón de sus servicios en caso de que las autoridades apliquen la ley local.

Ahora, ¿es posible que nuestros países puedan posicionarse más allá de los dos extremos geopolíticos en la carrera por la IA? Más aún, ¿hay esperanza de que nuestros países puedan desarrollar soluciones basadas en IA que respondan a nuestros contextos sociopolíticos y sociotécnicos?

Una investigación reciente publicada por Derechos Digitales muestra cómo no solo es posible y viable, sino necesario especialmente ahora. De la mano de grupos sociales, y con enfoques que se interesan en el bienestar social, no solo es posible desmarcarse de las narrativas corporativistas de la innovación, sino del valor inestimable de la tecnología cuando mantiene a las personas en el centro.

En su desarrollo y promoción, desde luego, urge el apoyo de los Estados, aun cuando es cierto que enfrentamos tiempos difíciles en la relación que vincula a grupos sociales y las autoridades que las estigmatizan. Pero cualquiera que sea el rumbo de la región en la carrera regulatoria, conviene afirmar el valor del ejercicio de la soberanía tecnológica -como jurisdiccional-, y pensar y desarrollar la IA por y para la región.

El rol de las Big Tech en el auge del autoritarismo

La alineación de las Big Tech con tendencias autoritarias no es un fenómeno nuevo, pero los últimos acontecimientos indican una peligrosa aceleración del uso de herramientas tecnológicas para satisfacer una agenda política con tintes fascistas. Como ninguna decisión puede ser analizada aislada de su contexto, tanto el anuncio de cambios en la moderación de contenidos de Meta, como el ascenso de Elon Musk a la Casa Blanca reflejan la consolidación de una alianza público-privada que encuentra su punto común en la misoginia, el racismo y el nacionalismo; y que instrumentaliza a la desinformación tanto como estrategia de control político como base de modelos de negocios.

El cambio de administración en los EE. UU. se produce en un contexto global de retrocesos significativos en Derechos Humanos. Un reciente informe de Human Rights Watch –que analiza las prácticas de DD.HH. en 100 países– señala que en las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar el año pasado “los líderes autoritarios ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias”. Esto lo podemos ver muy claramente tanto en la campaña- y en las posteriores acciones gubernamentales- estadounidense de 2024 como en la argentina de 2023: obsesionados con impulsar el concepto de que los derechos son consecuencia de una “ideología de género”, a través de afirmaciones falsas que van desde acusaciones violentas de “trastornos mentales” de la comunidad LGBTQIA+, hasta datos incorrectos sobre femicidios. La comunidad migrante también ha sido blanco de ataques, fundamentados en estadísticas falsas sobre comisión de delitos.

Este escenario se complejiza con el rol de las Big Tech, quienes –producto de la concentración de producción de tecnología y manejo de información en espacios digitales- se han vuelto más poderosas que muchos Estados, incluso valiendo más que el PIB de muchos países. Investigaciones realizadas por la sociedad civil denotan que las empresas priorizan sistemáticamente el beneficio económico sobre las personas, vulnerando su privacidad para obtener beneficios comerciales sin su conocimiento y consentimiento, y permitiendo la amplificación de discursos nocivos (incluido y no limitado a violencia basada en género) por réditos económicos, además de censurar contenido político contrario a intereses dominantes, como el genocidio en Gaza.

Con la llamada a “la recuperación de la energía masculina” de Zuckerberg, que coincide con posturas abiertamente machistas, racistas y transfóbicas de Elon Musk, los magnates de la tecnología se alinean con los líderes autoritarios no solo en pensamiento, sino en acciones. La diferencia es que ahora ya no tienen que ocultarlo. Desde cambios en moderación de contenidos en sus plataformas, hasta donaciones millonarias a la campaña presidencial, las Big Tech pasaron de influenciar el ámbito político a formar parte del Estado.

El cálculo político detrás de los cambios en las políticas de contenido de Meta: la relación directa con medidas gubernamentales

Como hemos señalado en una publicación anterior, Meta ha anunciado una serie de cambios en sus políticas -ya problemáticas- de moderación de contenido en EE.UU., incluyendo el fin del programa de verificación externa y su reemplazo por un sistema de Notas Comunitarias similar al de X. Es importante resaltar que este sistema es criticado no solo por su ineficacia para frenar la desinformación masiva, sino también por ser susceptible de ser manipulada por los usuarios que participan en ese proceso. A esto, se le suma el cese de los esfuerzos oficiales para frenar la desinformación.

Por otra parte, avanza la reducción de restricciones en temas sensibles relacionados con género y migración, que probablemente provocará un mayor daño a las comunidades en riesgo no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aunque estos cambios se presentan como una apuesta por la libertad de expresión, su impacto real podría traducirse en un aumento de desinformación, discursos dañinos y manipulación informativa, a la vez que amenaza paradójicamente la libertad de expresión. El debilitamiento de estas regulaciones facilita la expansión de discursos de odio y narrativas discriminatorias, los cuales han sido históricamente utilizados para excluir y silenciar a determinados grupos. Aunque no siempre constituyen conductas ilegales, su impacto puede ser profundamente perjudicial. Esto podría traducirse en un aumento de ataques digitales dirigidos a comunidades como mujeres, personas migrantes y minorías, contribuyendo a la normalización de la violencia y la perpetuación de la discriminación.

Como hemos señalado en una publicación anterior, las prácticas de violencia digital tienen repercusiones que van más allá del entorno en línea, generando serias amenazas a la seguridad y la integridad física de mujeres y personas LGBTQIA+. La violencia digital provoca daños psicológicos, afecta las relaciones sociales, fomenta la violencia sexual y física, y en casos extremos puede derivar en feminicidios. Además, actúa como una forma de censura al producir un efecto paralizante (chilling effect), que impacta tanto a nivel individual como colectivo, con consecuencias negativas para el debate público, un pilar fundamental en las sociedades democráticas.

Estos cambios, también coinciden con los temas principales de las medidas gubernamentales de Trump que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas trans y personas migrantes, los cuales tendrán un impacto en la manera en que Meta hace eco a ese discurso social. Es tal el compromiso del Presidente estadounidense con la agenda anti derechos, que no solo suspendió los programas de diversidad, igualdad e inclusión del gobierno federal, sino que empleados federales de distintas agencias gubernamentales recibieron correos instándolos a denunciar ante la OPM a colegas que creían que estaban trabajando en iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y acceso (DEI).

Las puertas giratorias de Sillicon Valley al Estado

Elon Musk se ha convertido en un aliado clave de Trump. Desde haber aportado sumas millonarias que ascienden a 250 millones de dólares en los últimos meses del ciclo electoral a la campaña, hasta asumir un cargo público dentro del Estado al frente del publicitado nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, su influencia ha ido incrementando a pasos agigantados.

Conforme reportan medios de comunicación, los rangos más altos de la oficina de Administración de Personal estarían siendo ocupados por personas pertenecientes a su círculo de confianza dentro de la industria tecnológica. Por ejemplo, la recientemente nombrada como jefa de personas de dicha dependencia, Amanda Scales, anteriormente trabajó en xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk. Otros posibles nombramientos incluyen a personas vinculadas a Tesla, Boring Company y Neuralink, todas empresas pertenecientes a Musk.

La chance de influenciar la regulación de la implementación de tecnologías, salta como un interés evidente de los señores tech, considerando que parte del éxito de sus compañías recae en la explotación sistemática de lagunas regulatorias. No obstante, expertos advierten que los mayores beneficiarios de esta fusión serían las agencias de inteligencia gubernamental al poder ampliar sus capacidades de vigilancia no solo mediante nuevas y avanzadas tecnologías, sino también a través del intercambio de información y experticia. De hecho, la directiva 406 aprobada el 16 de enero del presente por el entonces Director de Inteligencia anima a que las agencias amplíen sus asociaciones con entes no gubernamentales.

El salto de ex representantes estatales al sector tech tampoco se hizo esperar. Zuckerberg designó a grandes personalidades republicanas al interior de Meta. Algunos ejemplos incluyen a Joel Kaplan y Kevin Martin -ambos ex funcionarios de Bush- como nuevo jefe de Asuntos Globales de la empresa y vicepresidente de Política Global respectivamente. Así como también las incorporaciones de Jennifer Newstand, quien fuera funcionaria del Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump, como asesora general de la empresa, y Dana White, parte del círculo de confianza de Trump, como integrante de la Junta de Meta.

Impactos en América Latina

Inevitablemente el panorama descripto impacta en América Latina de diversas maneras. Tomando en cuenta la predominancia de estas empresas en la región, surgen preocupaciones legítimas acerca de los derechos fundamentales en espacios digitales con potenciales afectaciones a la integridad de la información y a la protección del ejercicio de derechos de comunidades en situación de vulnerabilidad.

De hecho, Brasil -quien ha liderado esfuerzos por impulsar el cumplimiento de las Big Tech de las legislaciones locales- ha solicitado explicaciones a Meta sobre el impacto de los cambios de las políticas. Seguidamente, convocó a una audiencia pública sobre desinformación y moderación de contenido, donde las Big Tech brillaron por su ausencia. Si bien Meta había señalado que por el momento se aplicarían solo a Estados Unidos, la agencia estatal para la defensa jurídica del Estado (AGU), advirtió que los cambios “no se adecúan a la legislación brasileña” y expresó preocupación por la posibilidad de que la plataforma pueda ser “terreno fértil para la violación de (…) derechos fundamentales”.

Por otra parte, las decisiones de Trump referentes al ámbito internacional también traerán consigo repercusiones significativas, por ejemplo a partir del retiro de la Organización Mundial de la Salud y del acuerdo climático de París. Las agencias de la ONU han advertido sobre el impacto negativo de estas medidas, señalando que podrían debilitar los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y afectar gravemente la salud pública a nivel mundial.

A su vez, al ser Estados Unidos el mayor donante individual de ayuda a nivel mundial, la suspensión de ayuda extranjera para evaluar que las iniciativas se alineen con las políticas de gobierno, afecta a comunidades enteras y a organizaciones de la sociedad civil que han trabajado sostenidamente en la defensa de los derechos humanos; además de debilitar esfuerzos para hacer frente a giros cada vez más acelerados del autoritarismo.

Desde Derechos Digitales seguiremos trabajando en exigir la responsabilidad a las plataformas y mantener una vigilancia activa sobre los impactos reales de estas decisiones en la vida de las personas.

2024: el año en que la protección de datos nos recordó su lado político

El 2024 fue un año de progresos esperados en materia de protección de datos para nuestra región. Se aprobó en Chile, luego de seis años de debate regulatorio, la ley de protección de datos ; El Salvador también aprobó su ley , y Perú reformó la suya para adaptarla al estándar europeo, un referente que muchos países de América Latina intentan adoptar. Por su parte, Paraguay avanzó en la discusión del proyecto de ley , y se espera que este año suceda su aprobación.

El año pasado también observamos retrocesos significativos, como la eliminación del INAI, autoridad garante del derecho a la protección de datos y el acceso a la información pública en México. Esto ocurrió en el marco de una reforma constitucional que, bajo el argumento de reducir costos operativos, eliminó a distintos entes autónomos. Una supresión que se produce en tiempos en que las Big Tech acrecientan su poder para amasar y explotar nuestros datos bajo condiciones cada vez más asimétricas.

Frente a esos avances y retrocesos regulatorios, en nuestro trabajo en Derechos Digitales hemos observado algunas tendencias regionales preocupantes. Algunas de ellas son nuevas, mientras que otras representan la continuidad de prácticas de explotación de nuestros datos que se expanden y masifican de cara a nuevas y emergentes tecnologías, las cuales amplían el alcance a las tareas de recolección y procesamiento de nuestros datos y con ello, intensifican su impacto en la protección de los mismos. Veamos una por una.

La protección de datos y las tareas estatales de seguridad: una desconexión peligrosa

La primera tendencia tiene que ver con la creciente adopción de prácticas y tecnologías para la extracción de datos por parte de los Estados para fines que, en particular, se enfocan en la seguridad ciudadana y nacional.Se trata de finalidades que las regulaciones de protección de datos han excluido tradicionalmente de su aplicación, bajo una visión arcaica que sugiere que el resguardo de la ciudadanía no es algo que deba consentir esta última.

Enmarcado en esta tendencia vimos con preocupación la expedición de la resolución que en Argentina habilita al ciberpatrullaje , una tarea de seguridad emprendida por el Estado para patrullar (o vigilar) internet “de la manera en que se patrullan las calles” para, en teoría, facilitar la identificación y prevención de los delitos en línea.

Se trata de una resolución que no fija límites claros, respetuosos y garantes de la privacidad y la libertad de expresión en línea. De manera similar, el ciberpatrullaje se despliega también en Colombia, Bolivia, México, Brasil y Uruguay. En cada caso, al parecer, las autoridades se dedican a explorar y observar de cerca lo que publicamos y con quién interactuamos en línea -en ocasiones, con ayuda de algoritmos para automatizar dicha tarea-, para determinar si lo que decimos o con quién conectamos amerita ser perseguido por la vía penal.

Lo cierto es que, pese a la desconexión que persiste entre la regulación de la protección de datos y las tareas de seguridad, y a que sea cierto que el consentimiento no sea propiamente la base jurídica que da pie al tratamiento de los datos en estos casos, los Estados sí deberían observar los principios y obligaciones que garantizan que la recolección de los datos de la ciudadanía sucede de manera responsable, lícita, leal, transparente, segura y, sobre todo, de manera compatible con los derechos humanos.

Pero además, bajo ciertas condiciones, los titulares de los datos deberían conservan el ejercicio de los derechos de actualización, rectificación, y cancelación de su información inclusive en esas tareas. Esto último, de hecho, lo reiteró por su cuenta el fallo Cajar vs. Colombia emitido en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las tareas de inteligencia estatal, y cuyas repercusiones en la regulación de la protección de datos frente a las tareas de seguridad aún están por verse.

Biometría ¿para qué?: el valor vs. el precio de los datos

La segunda tendencia que observamos, tiene que ver con la recolección transaccional de datos sensibles para la realización de modelos de negocio muy poco claros o transparentes. Por ejemplo, identificamos la masificación de los servicios de empresas como Tools for Humanity (TfH) desarrolladora de World –antes Worldcoin – que prometen entregar a las personas criptomonedas a cambio del escaneo de su iris, un dato biométrico que será usado para ayudar a resolver los problemas asociados a la identidad en línea.

La empresa TfH desplegó operaciones en Argentina , Brasil , Chile , Colombia , Ecuador , Guatemala , México , Perú y República Dominicana . Solo las autoridades de protección de datos de Argentina, Colombia, Brasil y Perú abrieron investigaciones a World, entre otras cosas por las condiciones de recolección del consentimiento de las personas, que no parece estar precedido de información clara y transparente sobre las condiciones del tratamiento de los datos biométricos capturados, así como las condiciones del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Sobre el desarrollo de esas investigaciones sabemos poco al día de hoy.

Ahora bien, el contenido transaccional de este tipo de prácticas resulta problemático por dos motivos. En primer lugar, porque asignan un valor económico a la entrega de un dato cuyo valor identificatorio es inestimable por su naturaleza inmodificable, así como profundamente personal, y que por los riesgos de ser instrumentalizado en contra de su titular ha merecido un estatus de protección especial en la mayoría de legislaciones que regulan esta materia. En segundo lugar, porque además de explotar la vulnerabilidad económica de ciertos sectores de la población, se trata de empresas que operan de manera poco transparente frente a los reguladores y los titulares de los datos.

Todo esto para aceitar el modelo de negocio de la identidad digital del que todavía no sabemos mucho, pero frente al cual otras autoridades de protección de datos en el mundo han actuado de manera mucho más contundente y preventiva prohibiendo las operaciones de World, tal y como sucedió en España, Francia, India, Corea del Sur, Hong Kong e incluso Kenia.

Las Big Techs y la IA: nuestros datos a merced de políticas injustas

Y la tercera tendencia, tiene que ver con los cambios poco claros y transparentes de las políticas de privacidad impuestas de manera abusiva en América Latina por distintas plataformas que transitaron a la adopción de sistemas de IA con diversos propósitos, y que asumen, al contrario de lo indicado por los principios de finalidad, transparencia o lealtad en el tratamiento de los datos, que los titulares aceptan por defecto los nuevos términos y condiciones impuestos.

El caso de Meta es quizá uno de los más representativos, pues desplegó un cambio global de su política de privacidad que autoriza de manera retroactiva al uso de los datos de los usuarios de Facebook e Instagram para entrenar a su IA. Un cambio que dejó a sus usuarios en América Latina sin ninguna opción válida para negarse u oponerse.

Solo la autoridad de protección de datos de Brasil (ANPD) reaccionó al emitir una medida cautelar que prohibía desplegar dicho cambio en tanto que dejaba a los titulares de los datos de ese país sin opciones para rechazar la nueva política en cuestión. Con posterioridad, Meta desplegó en ese país su política de manera mucho más clara con autorización de la autoridad, y habilitó -a diferencia del resto de países de la región- canales para el ejercicio del derecho a rechazar los cambios propuestos.

Cambios similares sucedieron en las políticas de otras plataformas como X, Linkedin , Adobe y Google , entre otras, que además habilitan a que terceros puedan usar los datos de sus usuarios para entrenar a sus sistemas de IA. Se trata de cambios que, en la mayoría de los casos, se han introducido de manera subrepticia y silenciosa, algo que la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés) ha calificado como una práctica injusta y engañosa.

Frente a este panorama ¿hay motivos para la esperanza?

Estas tendencias están acompañadas de un panorama regulatorio que, en gran medida, todavía limita a las pocas autoridades activas de la región a desempeñar roles de simple monitoreo preventivo y vigilancia pasiva. Aún queda pendiente avanzar hacia un rol sancionador más robusto donde, por ejemplo, las multas ejemplarizantes puedan ayudar a generar nuevas pautas de conducta para actores del sector privado y público; o donde las autoridades asuman un rol activo y oficioso, en el cual la imposición a iniciativa propia de medidas cautelares pueda ayudar a prevenir la afectación de los derechos de las personas.

Hay motivos para la esperanza, pero debemos moderar nuestras expectativas. Es cierto que, cada vez más, el listado de países sin regulación de protección de datos se reduce. Y aunque esto es importante, no es motivo para cantar victoria, pues hace falta todavía cambiar visiones arcaicas como aquellas que sugieren que los Estados, cuando realizan cierto tipo de tareas -como las de seguridad- tienen un cheque en blanco que les habilita a dar tratamiento a los datos personales de la ciudadanía de cualquier manera.

También es cierto que las regulaciones vigentes en protección de datos precisan de un balance necesario cuando su ejercicio se enfrenta a otros derechos, como el de libertad de expresión o acceso a la información. Y que persisten otros retos igualmente urgentes para que las regulaciones aprobadas y vigentes cobren vida y sirvan como verdaderas herramientas de protección a las personas.

Por ejemplo, urge el robustecimiento de las capacidades humanas y técnicas de las autoridades de protección de datos, así como establecerlas en países donde aún no existen. Además, es fundamental garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento, y dotarlas de la independencia y autonomía que las habiliten para actuar frente a otras dependencias estatales así como frente a las Big Tech que, cada vez más, buscan eludir o intimidar a las normativas y autoridades que ejercen su poder regulatorio.

Desde luego, el trabajo de organizaciones como Derechos Digitales será aportar a esto último, y vigilar para que las promesas de regulación no se queden en el papel, sino que se traduzcan en verdaderas garantías para los derechos humanos en el entorno digital. El 2024 nos recordó que la protección de los datos personales no es solo una cuestión técnica o legal, sino una lucha política que enfrenta intereses poderosos, ya sean estatales o corporativos.

Nos encontramos frente a un panorama complejo, pero también un momento clave para definir el futuro del derecho a la protección de datos en nuestra región. Las decisiones que tomemos hoy serán cruciales para establecer un equilibrio entre el avance tecnológico y la protección de los derechos fundamentales. Solo si mantenemos la vigilancia activa, exigimos mayor transparencia y contribuimos a fortalecer las capacidades regulatorias de las autoridades, podremos garantizar que los datos personales de millones de personas no se conviertan en una mercancía desprotegida, sino en una herramienta que potencie su dignidad y autonomía. El desafío es enorme, pero no podemos darnos el lujo de detenernos ahora.

Vigilancia Estatal: Los riesgos de los IMSI Catchers

Hace pocas semanas se aprobó en Chile el proyecto de Ley Antiterrorista que actualiza la ley vigente para facilitar nuevos mecanismos de investigación y persecución. La discusión tuvo varios puntos álgidos, como por ejemplo, la ampliación del concepto de delito terrorista incluyendo a individuos sin necesidad de asociación con actividades terroristas. Pero sin duda el apartado que generó mayor debate fue la inclusión del uso de “IMSI Catchers” o “antenas falsas” para el espionaje en el contexto de las investigaciones.

En el marco del espionaje estatal, un IMSI Catcher, Stingray o simplemente una “antena falsa” es un dispositivo electrónico, compuesto por hardware y software, que simula ser una antena de telefonía legítima, pero en verdad no lo es, ya que su objetivo es capturar datos de los dispositivos que estén a su alcance, mediante un ataque de intermediario o MITM (man-in-the-middle), esto es, la instalación de un dispositivo “en el medio” de una comunicación entre personas.

Esto es facilitado por la forma en que funciona la telefonía móvil. El diseño arquitectónico de las redes móviles se basa en la división geográfica en pequeñas áreas o células, cada una cubierta por una o más antenas que reciben y redistribuyen señales. Estas antenas tienen áreas de cobertura que se sobreponen, garantizando así que no haya sectores sin señal. Dado que un dispositivo móvil puede detectar múltiples antenas simultáneamente, utiliza un protocolo para seleccionar aquella con la señal más potente.

En términos generales, las antenas actúan como intermediarios entre los dispositivos móviles y la estación telefónica, donde se generan los enrutamientos de las comunicaciones. Por otro lado, las “antenas falsas” operan de manera similar a las antenas reales, pero se diferencian en quién controla su operación y en el hecho de que pueden ser móviles, no requiriendo una instalación fija. Estas antenas falsas replican los parámetros de identificación de una antena legítima, engañando así a los dispositivos. Uno de los principales mecanismos para captar la señal de los dispositivos es por medio del uso de una potencia de señal mayor a la que presentan las antenas legítimas del sector.

Una vez conectados a una antena falsa, los dispositivos tienen dos posibles cursos de acción, según el propósito de la falsa antena. El primero es la denegación del servicio, y el segundo, actuar como intermediario entre el dispositivo y la red legítima. Esta última opción es más habitual, ya que a la vez que no interrumpe la comunicación, permite la recolección de datos de identificación del dispositivo, como el IMSI (International Mobile Subscriber Identity o Identidad Internacional de Suscriptor Móvil), un número único asignado a cada dispositivo móvil. Poseer el IMSI de un dispositivo facilita su rastreo a través de redes telefónicas legítimas, generalmente mediante una orden judicial conforme a las regulaciones locales. Además, existen varios tipos de comunicaciones que pueden ser captadas o intervenidas como los mensajes de texto pues carecen de cifrado.

A su vez, se ha demostrado que las llamadas realizadas mediante protocolos de la generación 2G pueden ser interceptadas debido a su cifrado débil, como demostró Chris Paget en DEF CON 18. Aunque los protocolos de redes 3G, 4G y 5G utilizan esquemas de cifrado más robustos, una antena falsa aún puede forzar un ataque de degradación de servicio, limitando los dispositivos a conectarse solo a redes 2G. Es decir, forzando a los dispositivos a utilizar protocolos menos eficientes, menos avanzados y menos seguros. Este fenómeno no es inusual dado que algunas redes de telefonía todavía operan bajo este protocolo. Otra vulnerabilidad es la extracción de metadatos: incluso si un dispositivo se comunica a través de protocolos que permiten que la información en tránsito esté cifrada, la antena falsa puede registrar cuando se conecta a un sitio específico, cuando utiliza aplicaciones de mensajería o cuando realiza llamadas.

Problemas plausibles

El uso de tecnologías de “antenas falsas” trae consigo una serie de riesgos asociados. En primer lugar, quien tenga acceso al manejo del dispositivo de interceptación puede utilizarlo sin que exista una contraparte que pueda tener control sobre su uso. En una columna pasada, explicamos el funcionamiento de las interceptaciones telefónicas a través de la infraestructura del proveedor, que por requerimientos legales actúa en la práctica como un agente de registro y control de las interceptaciones solicitadas por los cuerpos investigativos. El control sobre el uso de “antenas falsas” es algo que está muy lejos de quedar bien definido en la nueva ley, tal como expresamos también en conversación con la Radio y Diario Universidad de Chile.

En segundo lugar, debemos enfatizar que se trata de un mecanismo de vigilancia no solo altamente intrusivo, sino también indiscriminado respecto de quienes están cerca del dispositivo. Dentro de la operación de una “antena falsa” es posible captar a todos los dispositivos que estén dentro de su radio de acción y no solamente un dispositivo de interés, afectando la privacidad de personas que no son el objetivo de una investigación. En términos metafóricos esto ha sido ejemplificado como “pesca de arrastre” o “pescar con dinamita” debido a su grosera falta de proporcionalidad.

El tercer gran problema en la disponibilidad de este tipo de tecnologías es la posibilidad de uso dirigido a lugares o grupos con fines de persecución de actividades lícitas, bajo la excusa de aplicabilidad de la ley. Por ejemplo, serviría para poder identificar los dispositivos de personas que participan de una movilización social. Dado que operan dentro de un radio específico, pueden captar todos los dispositivos en un área específica, para eventualmente identificar participantes. Esta factibilidad técnica es preocupante, especialmente considerando precedentes donde se ha solicitado a los proveedores de servicio que entreguen información de los dispositivos conectados en ciertas áreas durante manifestaciones, como ocurrió durante el estallido social en Chile. Asimismo, es concebible su implementación en zonas ya estigmatizadas, como poblaciones en sectores socioeconómicos bajos, así como en regiones donde existen procesos activos de reivindicación territorial por parte de grupos indígenas.

Atrapando al catcher

Sin embargo, no se trata de una tecnología infalible o inevitable. El riesgo de ser interceptado por IMSI catchers puede minimizarse significativamente si se toman ciertas precauciones. Entre las medidas efectivas se incluyen configurar el dispositivo para usar exclusivamente redes 4G, emplear aplicaciones de mensajería y llamadas con cifrado robusto como Signal, y utilizar servicios de VPN o TOR, entre otras.

El uso de “antenas falsas” tiene un gran alcance y potencial en contextos de sociedades donde las personas no tienen un alto grado de preocupación por sus comunicaciones, en especial cuando los niveles de conectividad son tan altos. Me atrevería a decir que actualmente la mayoría de las personas vive de esta forma, lo cual allana aún más el camino para peligrosas prácticas de vigilancia masiva. Pero esto no debería significar una aceptación de que las comunicaciones sean seguras, ni de que el Estado esté siempre a un paso de vigilar todo lo que hacemos. Necesitamos no solamente comprender los riesgos, sino también empujar por cambios en la regulación y en la conducta de los agentes públicos.

Fuera del algoritmo: Cómo comunicar más allá de las redes sociales

Recuerdo cuando abrir una cuenta de Twitter era casi un acto revolucionario. En aquellos días, la plataforma prometía algo cercano a la igualdad: un lugar donde las ideas, más que las jerarquías, definían el alcance de tu voz. Para muchas organizaciones de la sociedad civil, Twitter, Facebook e Instagram (un poco después) fueron herramientas esenciales para denunciar injusticias, movilizar comunidades y visibilizar problemas que los medios tradicionales pasaban por alto. A lo largo de los años, lo que parecía un espacio inclusivo se fue desmoronando hasta convertirse en algo muy distinto.

Por ejemplo, desde que Elon Musk tomó las riendas de X, la antes llamada Twitter, el ambiente en la plataforma se ha vuelto insostenible. Con el discurso de odio en auge, los insultos racistas, misóginos, edadistas y homofóbicos no solo han aumentado, sino que se han normalizado. El regreso de cuentas previamente suspendidas por incitar a la violencia ha amplificado estos problemas. Lo que alguna vez fue un refugio para voces críticas ahora se siente como un espacio hostil, especialmente para quienes defienden los derechos humanos.

Meta tampoco se queda atrás. En un giro reciente, la empresa ha anunciado el fin de su programa de verificación de datos en Facebook, Instagram y Threads. La medida, presentada como un paso hacia una supuesta “libertad de expresión”, amenaza con convertir estas plataformas en un terreno aún más fértil para la desinformación. Esto ocurre justo antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en un momento político clave que no parece una coincidencia.

Finalmente, esta medida elimina una de las pocas herramientas que intentaban, al menos en teoría, mitigar los daños del contenido falso o malintencionado. Esto no es solo preocupante, es alarmante: en una época en la que las sociedades enfrentan desafíos como la polarización y la crisis de confianza en la información, la decisión de Meta puede tener consecuencias devastadoras. Si bien un sistema de notas comunitarias podría aumentar la confianza en la verificación de hechos, también existe un riesgo de manipulación de esos sistemas.

El dilema de abandonar las redes

En este panorama, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan un dilema. Las redes sociales, a pesar de todos sus problemas, siguen siendo el lugar donde ocurre la conversación pública, donde figuras públicas como presidentes, congresistas y periodistas intercambian información e ideas, y donde todavía se discuten noticias a medida que ocurren. Dejar de usarlas podría significar perder el alcance y la relevancia necesarios para incidir en los debates globales. Sin embargo, quedarse muchas veces implica navegar en un espacio cada vez más tóxico, donde el riesgo de ser acosado, doxeado o atacado es constante. ¿Es posible encontrar un punto medio?

The Engine Room, realizó un estudio llamado “Explorando una transición hacia plataformas alternativas de redes sociales para organizaciones de justicia social en el Sur Global”, donde señala que las redes sociales tradicionales presentan preocupaciones significativas relacionadas con la recolección intrusiva de datos, la vigilancia y la propagación de desinformación. También destacan que plataformas alternativas, como Mastodon y BlueSky, ofrecen experiencias más comunitarias y menos extractivas, permitiendo a los usuarios crear y gestionar sus propios espacios en línea. Varias organizaciones nos hemos sumado a una tendencia por relevar el rol de tecnologías que devuelven al menos algo de control a sus usuarios.

Las alternativas, aunque prometedoras, aún no están listas para reemplazar por completo a las grandes plataformas, porque su alcance sigue siendo limitado. Migrar hacia ellas implica convencer a nuestras audiencias de hacer lo mismo, algo que no es fácil en un entorno donde los “efectos de red” (o si prefieres, la inercia y la comodidad) mantienen a las personas atadas a las plataformas tradicionales. Pero estas alternativas son un recordatorio de que otras formas de comunicación digital son posibles, aunque todavía estén en construcción. The Guardian o La Vanguardia se aventuraron a cerrar para siempre las puertas en redes como X. Mucho antes, en el 2021, la marca Lush dejó de usar redes sociales, declarándose “antisocial”.

Mientras tanto, surge la pregunta: ¿es posible que las organizaciones de la sociedad civil se desvinculen de las redes sociales más populares hoy? La respuesta no es sencilla, pero es evidente que diversificar los canales de comunicación es imprescindible. No podemos depender exclusivamente de plataformas que priorizan la extracción y el lucro, persiguen objetivos políticos orientados a ganar poder, o imponen narrativas autoritarias y conservadoras sobre los derechos humanos.

Además, las organizaciones de la sociedad civil suelen publicar de manera orgánica, con poca o nula inversión en publicidad, lo que dificulta aún más que su contenido llegue a las audiencias. Por ello, los boletines por correo electrónico, las páginas web actualizadas y las colaboraciones con medios de comunicación independientes siguen siendo herramientas valiosas para alcanzar a las audiencias más allá de tuits e historias. Es también el momento de explorar nuevos formatos: podcasts, videos documentales y eventos híbridos que combinen lo digital con lo presencial. En un ambiente donde los algoritmos deciden qué contenido llega a quién, recuperar el control sobre nuestras audiencias también se convierte en un acto de resistencia.

Regulación y responsabilidad

Sin embargo, estas soluciones son insuficientes si no se aborda el problema de fondo: la falta de contrapesos efectivos al control sobre las plataformas tecnológicas. Mientras las empresas continúen operando sin rendir cuentas sobre sus decisiones y sobre su modelo de negocios, la violencia digital y la explotación de datos seguirán siendo el modelo predominante de los gigantes de internet. Aquí es donde los Estados deben intervenir, en ningún caso para censurar, sino para proteger. Necesitamos políticas públicas que garanticen entornos digitales seguros, mecanismos efectivos para denunciar el acoso y sanciones claras contra quienes promuevan el odio. Necesitamos regulación que permita de manera efectiva que, a mayor poder, exista mayor también responsabilidad.

Las plataformas tecnológicas, por su parte, tienen una deuda importante con sus usuarias y usuarios. La implementación de medidas contra el acoso, la protección de datos personales y la transparencia en la moderación de contenido no deberían ser opcionales. En lugar de priorizar el crecimiento a cualquier costo, es hora de que estas empresas asuman su responsabilidad en la creación de un ecosistema digital que no perpetúe la violencia y el abuso. Que no se escude en la seguridad para promover la censura, ni en la libertad de expresión para descuidar a sus usuarios.

Meta, por ejemplo, hace algunos meses anunció que utilizará datos personales de sus usuarios para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, sin ofrecer una manera clara de oponerse a esta práctica. En muchas jurisdicciones, simplemente no hay opciones para negarse a este uso de los datos personales. Sin embargo, países como Brasil y los de la Unión Europea, con legislaciones más robustas, han logrado plantear regulaciones que limitan o frenan estos abusos. Pero ¿qué ocurre en el resto del mundo, donde las protecciones legales son débiles o inexistentes?

La desigualdad en la capacidad de los Estados para hacer frente a estos problemas agrava las brechas digitales. Mientras algunos países avanzan en la defensa de los derechos digitales, otros quedan expuestos a los abusos de grandes corporaciones que operan sin restricciones.

Más allá del algoritmo

Es imprescindible repensar colectivamente el diseño y la dinámica de estas plataformas. Cada vez que el discurso de odio se normaliza o el ciberpatrullaje queda sin consecuencias, el entorno digital se deteriora aún más. Este problema no debe recaer en las usuarias y usuarios, sino en quienes tienen el poder de cambiar las reglas del juego: las plataformas tecnológicas y los Estados.

Construir un ecosistema digital ético y seguro no será rápido ni fácil. Requiere creatividad, paciencia y voluntad política, pero el esfuerzo vale la pena. Porque al final, comunicar más allá del algoritmo no es solo una cuestión de supervivencia para las organizaciones de la sociedad civil; es una apuesta por un futuro donde las voces sean amplificadas, no silenciadas, y donde la tecnología sea una herramienta de inclusión, no de exclusión.

Comunicar en un entorno hostil no es sólo un desafío técnico; es una cuestión de principios. Rechazar un modelo digital basado en el odio y la explotación abre la posibilidad de transformar cómo conectamos, construimos y luchamos en el mundo digital, creando espacios más justos y seguros para todas las personas.