Tipo de contenido (Noticia): Prensa

La tercera entrega del reportaje de Animal Político muestra cómo, pese a la existencia de mercados ilegales donde se comercian datos personales y biométricos de la ciudadanía a cambio de criptomonedas, en México no hay una autoridad con la capacidad de detener estas prácticas. La desaparición del INAI dejó un vacío institucional que aumenta la vulnerabilidad de millones de personas frente a la explotación indebida de su información más sensible.

En la nota, Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales, advierte que el problema no es únicamente legal, sino también estructural: la nueva autoridad carece de autonomía y está subordinada, lo que impide que pueda exigir efectivamente el respeto a la privacidad y la protección de datos. También resalta que, ante corporaciones transnacionales con estructuras jurídicas complejas y poco transparentes, las autoridades nacionales no tienen herramientas suficientes para responder, por lo que se requiere cooperación conjunta y transjurisdiccional.

Una investigación de Animal Político detalla cómo World (antes Worldcoin) ha desplegado en México el dispositivo Orb, que escanea el rostro y el iris para generar una identidad digital única. El sistema dice que busca combatir bots y fraudes digitales, pero especialistas advierten fallas en el consentimiento, transparencia y seguridad en el tratamiento de los datos biométricos.

Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas en Derechos Digitales, señala que el problema trasciende lo tecnológico: las políticas de privacidad de World son “opacas y poco transparentes”, y la complejidad técnica funciona como un velo que impide que las personas usuarias realmente entiendan a qué consienten.

Una investigación de Animal Político expone cómo empresas privadas en México ofrecen datos biométricos de la ciudadanía a cambio de criptomonedas, en un contexto de vacío regulatorio y debilitamiento institucional tras la desaparición del INAI. Entre la información filtrada se incluyen huellas dactilares, fotografías y registros altamente sensibles, lo que deja a millones de personas expuestas a graves vulneraciones de seguridad y privacidad.

En la nota, Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales, advierte que el problema no es solo legal, sino también institucional: la eliminación de la autonomía del INAI ha dejado a la nueva autoridad sin independencia ni capacidad real para exigir el respeto a la protección de datos. También resalta que las autoridades carecen de herramientas para enfrentar a corporaciones transnacionales que operan con estructuras jurídicas opacas, lo que agrava la vulnerabilidad de las personas en la región.