Meta alcanzó un acuerdo tras una demanda presentada por 29 estados de Estados Unidos por presuntas prácticas en Instagram y Facebook relacionadas con el diseño de sus plataformas para adolescentes. El pacto contempla un pago de hasta 18 mil millones de dólares y nuevas restricciones para infancias y adolescencias, incluidos límites de uso, restricciones nocturnas y mayores controles parentales. Sin embargo, el acuerdo deja abiertas preguntas sobre el funcionamiento de los algoritmos, la capacidad real de verificar la edad de los usuarios y hasta qué punto estas medidas pueden transformar modelos de negocio basados en captar atención.
En este informe de DW Español, nuestra coordinadora de Políticas Públicas Marina Meira explica que el caso también ofrece una referencia para que países de América Latina exijan protecciones similares para sus infancias y adolescencias.
En este episodio del podcast de Futuro Público, nuestro codirector ejecutivo Juan Carlos Lara explora cómo las tecnologías pueden ampliar oportunidades y espacios de participación, pero también reproducir desigualdades existentes y crear nuevas formas de exclusión, vigilancia y violencia.
La conversación amplía la discusión sobre soberanía digital hacia la capacidad efectiva de las personas para ejercer derechos y autonomía en los espacios digitales, lo que implica mirar más allá del acceso a internet y adentrarnos a temas sociotecnológicos como las identidades sociales en lo digital o la moderación en plataformas. Al mismo tiempo, el episodio muestra las capacidades que aparecen desde la diversidad de comunidades y actores LGTBIQA+ y sus distintos formatos, como redes de acompañamiento o defensa del anonimato y el nombre social en entornos digitales.
Nuestro codirector ejecutivo J. Carlos Lara publicó una carta al director de El Mostrador, a propósito del caso Cerimedo y el debate sobre el uso de cuentas coordinadas y bots en la discusión política. La carta aborda los riesgos de estas prácticas para la democracia y la necesidad de enfrentarlas sin restringir la libertad de expresión.
Derechos Digitales lanzó recientemente un informe en el que analiza las regulaciones sobre el trabajo en plataformas digitales aprobadas en América Latina, con foco en Chile, Colombia, México y Uruguay. A partir de un enfoque de derechos humanos, examina cómo estas normas responden a los desafíos que plantea la gestión algorítmica del trabajo y evalúa en qué medida fortalecen la protección de derechos como la privacidad, la protección de datos personales, la transparencia algorítmica, la no discriminación, la libertad sindical y el trabajo digno.
El medio WIRED en Español entrevistó a nuestra analista en Políticas Públicas, Laura Mantilla-León, y publicó este artículo para dar cuenta de los principales hallazgos de la investigación.
Las Big Tech hicieron pública una carta en la que alertan sobre ciberataques de la inteligencia artificial. Para poder analizar el fenómeno desde una perspectiva de seguridad digital, nuestro Líder del Programa LAREDD, Rafael Bonifaz, participó del streaming NODAL Se Prende.
El hostigamiento en redes combina cuentas anónimas, validación pública, plataformas y herramientas generativas que abaratan el ataque. Busca acallar, antes que convencer. En este artículo de Distintas Latitudes, nuestra coordinadora de Políticas Públicas Lucía Camacho analiza el problema del acoso digital en Argentina y América Latina, al que define como “sistemático, generalizado y multiplataforma”.
Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, conversó sobre este asunto con El Surti de Paraguay: “No podemos afirmar que una plataforma tenga un sesgo político deliberado o permanente hacia una determinada posición”. Nuestra especialista explicó que los resultados dependen del momento electoral, el país y los cambios constantes del algoritmo.
Guatemala compra reconocimiento facial y videovigilancia con IA sin control ni ley de datos, lo que expone una serie de riesgos para la ciudadanía y el cumplimiento de derechos humanos. Pero además, el Estado gasta millones de quetzales en compras, mediante procedimientos que no son todo lo transparentes que la normativa internacional demanda. Varias de estas contrataciones se han hecho a empresas señaladas y con vínculos cuestionables.
La Agencia Ocote, de Guatemala, elaboró un informe especial para analizar este fenómeno, con entrevistas a nuestra codirectora ejecutiva Jamila Venturini y a nuestra analista de Tecnologías María Encalada. Clickea a continuación para leer las distintas entregas de esta investigación:
Derechos Digitales lanzó recientemente un informe en el que analiza las regulaciones sobre el trabajo en plataformas digitales aprobadas en América Latina, con foco en Chile, Colombia, México y Uruguay. A partir de un enfoque de derechos humanos, examina cómo estas normas responden a los desafíos que plantea la gestión algorítmica del trabajo y evalúa en qué medida fortalecen la protección de derechos como la privacidad, la protección de datos personales, la transparencia algorítmica, la no discriminación, la libertad sindical y el trabajo digno.
La agencia regional NODAL publicó un artículo para dar cuenta de los principales hallazgos de la investigación.
“La política de privacidad de Mercado Pago es generosa en sus términos y condiciones y refleja una visión corporativa de profundo apetito por nuestros datos. Basta con haber pagado un servicio con Mercado Pago para que la plataforma recopile información sobre ese servicio e identifique si se trata de una obligación recurrente, por ejemplo, para sugerirnos su pago en la fecha de vencimiento”, señaló a Letra P Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales.
Para nuestra especialista, el problema es que quienes cuidan especialmente su privacidad pueden percibir este tratamiento como una práctica depredadora de los datos personales. “Para otros usuarios, en cambio, será cómodo tener centralizadas en una sola aplicación todas sus obligaciones comerciales recurrentes”, agrega. Sin embargo, advierte que esa política resulta incompatible con el principio de minimización en el tratamiento de datos y merece un escrutinio cuidadoso por parte de la autoridad de protección de datos.
