Tras varios meses de deliberación, la Contraloría General de la República ha publicado hoy su resolución respecto al nuevo reglamento sobre “Interceptación de comunicaciones telefónicas y otras formas de telecomunicación, y de conservación de datos comunicacionales”, conocido comúnmente como Decreto Espía. De forma contundente, la entidad de control ha decidido no dar curso al decreto, por no ajustarse a derecho.
El documento firmado por el Contralor General, Jorge Bermúdez Soto, establece que diversas disposiciones del citado reglamento buscan regular materias propias de ley, como las relativas a la conservación de datos comunicacionales por parte de los prestadores de servicios, y las atribuciones de los jueces de garantía y el Ministerio Público, excediendo las normas del Código Procesal Penal.
Además se cuestiona la vaga redacción del decreto, con referencias poco claras como “órganos del estado”, “toda otra institución”, intervinientes”, “autoridad competente” y “autoridad”, expresiones que no se ajustan estrictamente a los referidos preceptos legales.
Para María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales, organización de la sociedad civil que lideró los esfuerzos en contra del llamado “Decreto Espía”, se trata de una decisión satisfactoria: «Estamos muy contentos de que la institucionalidad haya funcionado y la Contraloría haya rechazado el Decreto Espía como claramente excesivo y contrario a la ley, además de lesivo de derechos fundamentales, como hemos sostenido desde que éste salió a la luz. Cualquier discusión de esta naturaleza sólo puede darse en un contexto de debate democrático en el congreso, y no por vía reglamentaria«, declaró Canales. “Seguiremos impulsando en todas las instancias el respeto de la privacidad como derecho esencial para el ejercicio de las libertades públicas imprescindibles para una sociedad democrática«.
Cabe recordar que el “Decreto Espía” buscaba reemplazar el actual reglamento de interceptación de comunicaciones y almacenamiento de datos comunicacionales (Decreto 142 de 2005), que regula la obligación contenida en el Código Procesal Penal de almacenar las direcciones IP de los usuarios de internet por al menos un año. La normativa hoy rechazada ordenaba a las empresas de telecomunicaciones a almacenar, por un mínimo de dos años, los datos comunicacionales de cualquier tipo de comunicación realizada en Chile, exigiendo además datos adicionales como historial de conexiones a internet y la geolocalización de los clientes.
El “Decreto Espía” generó un amplio rechazo por casi la totalidad de los actores relevantes en la discusión, desde el sector técnico hasta las organizaciones de derechos humanos, siendo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy el único que defendió públicamente el proyecto. Al escrito presentado por Derechos Digitales ante la Contraloría se sumaron otros seis, elaborados por distintas entidades.
