Se suponía que el TPP iba a ser el tratado de libre comercio más importante del futuro, el acuerdo económico donde se iban a fijar las reglas con las que se jugaría al comercio internacional en las décadas venideras. Chile, México y Perú tenían el honor de ser parte del selecto grupo de países que estaban decidiendo lo que venía en materia económica, política y social, sin mencionar la apertura a mercados y el resto de los beneficios asociados al libre comercio.
Y sin embargo, para lo increíblemente bueno que era, se hizo un esfuerzo importante por que las negociaciones de TPP pasaran lo más desapercibidas posibles, incluyendo una cláusula de secretismo que impedía que los equipos de negociadores nacionales informaran a los representantes políticos y a la ciudadanía respecto a los avances del acuerdo.
Pero hay pocas cosas que despiertan más la curiosidad que un secreto y al poco andar – Wikileaks mediante- comenzamos a informarnos respecto al contenido del tratado. Y lo que vimos no era bueno: disposiciones que terminarían incrementando el precio de fármacos, la posibilidad de que las empresas privadas demandaran a los estados por promulgar leyes que afectasen sus ganancias proyectadas, y una serie de disposiciones draconianas en materia de propiedad intelectual que amenazaban con poner en jaque derechos fundamentales en los entornos digitales.
Las negociaciones avanzaban y las demandas ciudadanas por mayor transparencia aumentaron. En el caso chileno, el tratado fue tema de debate en la elección presidencial de 2013, y fue específicamente mencionado en el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Durante su segundo mandato se creó una instancia para informar los avances del proceso, pero sin posibilidades de incidir en el resultado, que ya estaba decidido desde el inicio; Chile iba a ser parte del TPP, no cabía duda al respecto. «Un país como Chile, cuya prosperidad depende de la apertura al comercio internacional, no puede quedar al margen de un acuerdo de esta naturaleza que va a ser la vanguardia del futuro», declaraba Muñoz en 2015.
Y luego, un giro inesperado, una implosión. En noviembre de 2016, Estados Unidos anuncia que se retira de la negociación. Nadie lo vio venir. En sus oficinas, los negociadores de los doce países corrían en círculos mirando como el trabajo de años se iba por el retrete. No hay informaciones que confirmen que esto ocurrió de forma literal, pero la imagen ilustra el sentimiento más probable.
“Allá ellos” declaró primero el Canciller chileno. Algunos meses más tarde confirmaba que el TPP “tal como lo conocemos” quedaba cancelado. Había sucedido, Estados Unidos había matado el tratado. Después de todo, TPP era un acuerdo “hecho en Estados Unidos”, eran sus intereses los que habían guiado el proceso, y no habían tenido gran problema para imponerlos a las aspiraciones del resto de los socios. De ahí provenía el 99% de los problemas.
En un acto de sinceridad (y genialidad pura), el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, declaraba en enero de 2017 que el «acuerdo no era tan importante para Chile» porque nuestro país ya tenía acuerdos bilaterales con todos los países, con niveles de apertura muy similares», repitiendo de forma textual uno de los argumentos esgrimidos durante años por Derechos Digitales en contra del TPP. Así, en cosa de meses, el TPP pasó de ser fundamental a totalmente prescindible. Cerramos el capítulo y seguimos adelante. Hasta ahora.
Durante los últimos meses hubo una serie de movimientos sigilosos, casi imperceptibles, y el rumor de que el TPP volvía, sin Estados Unidos, comenzó a tomar fuerza. Casi como al principio, nadie sabía bien qué significaba esto. Los once países llegaron a acuerdo a mediados de noviembre, durante la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrada en Vietnam. Se espera que la firma del acuerdo ocurra a inicios de 2018.
¿En qué consiste esta nueva versión de TPP? Básicamente, es exactamente igual a la anterior, salvo por cuatro pendientes, que debiesen resolverse pronto, y una veintena de disposiciones, casi todas en materia de propiedad intelectual, que quedan “suspendidas”. ¿Qué quiere decir esto? Que se resolverán más adelante, nadie sabe cuándo.
Según el Gobierno chileno, todas las suspensiones propuestas por Chile en materia de propiedad intelectual fueron acogidas. Si esto es real, eso quiere decir que la versión anterior del acuerdo contenía cláusulas que no eran del todo satisfactorias para el país. Sin embargo, este fue presentado como un total éxito, donde nada se había transado.
Del mismo modo, si las disposiciones no se alinean con nuestros intereses, ¿por qué mantenerlas? ¿Por qué postergar la decisión al respecto? Probablemente, porque eran aspectos de interés de Estados Unidos y existe la esperanza de que algún día, bajo una nueva administración, el hijo pródigo vuelva. Y cuando eso ocurra, podremos continuar exactamente donde habíamos dejado las cosas en 2016.
Pero esto significa entonces que hay cuestiones en materia de propiedad intelectual que no se alinean con los intereses de Chile, pero que eventualmente podrían ser sacrificadas en pos de firmar un nuevo acuerdo económico con Estados Unidos. Y si eso es así, sería bueno que se transparentaran estas posiciones y, lo que es más, pudiese darle la posibilidad a la ciudadanía –a través de sus representantes- de decidir si es que están de acuerdo o no con esta estrategia.
