Entre el 8 y el 13 de noviembre se realizará la sexta versión de CODA.BR, el congreso brasileño de periodismo de datos y metodologías digitales, la más grande de este tipo en América Latina.
Jamila Venturini, co-directora ejecutiva de Derechos Digitales, estará participando en en el panel “LAI em tempos de LGPD”, donde se discutirá cómo las instituciones han estado cumpliendo con la Ley de Acceso a la Información (LAI) luego de la entrada en vigencia de la Ley General de Protección de Datos (LGPD).
El panel se realizará el martes 9 de noviembre a las 19:00 hrs (GMT -3) y contará además con la participación de Maria Vitória Ramos (Fiquem Sabendo) y Paulo Rená (Instituto Beta), y la moderación de Fernanda Campagnucci (Open Knowledge Brasil).
Derechos Digitales junto a laGlobal Network Initiative presentan “Uso de tecnologías para el combate de la pandemia: Datos personales en Latinoamérica”, una investigación realizada por Laura Hernández, que examina la manera en que distintos gobiernos latinoamericanos implementaron tecnologías a raíz de la pandemia por COVID-19 y su impacto en el derecho de las personas a la privacidad y a la autodeterminación de la información.
La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 obligó a los gobiernos de todo el mundo a buscar soluciones para limitar la propagación del virus. La tecnología jugó un papel clave para responder a esta crisis. Sin embargo, incluso en situaciones críticas de salud pública es fundamental que los gobiernos mantengan y cumplan compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En esta investigación se analizó el desarrollo de tecnologías para combatir la pandemia en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador, y su impacto en el derecho a la privacidad de usuarias y usuarios. Asimismo, se compararon los marcos legales existentes para la protección de datos y se revisaron los acuerdos para compartir información con compañías privadas. Para ello se consultaron varias fuentes oficiales, reportes de prensa, entrevistas con representantes de organizaciones para la protección de derechos humanos y artículos académicos en la materia.
El estudio muestra que ha habido un amplio despliegue de tecnología y mecanismos para recolectar y procesar información con fines relacionados a la salud pública, aún queda mucho por hacer para asegurar que el diseño, desarrollo e implementación de las tecnologías para proteger la salud pública se apeguen a estándares de derechos humanos y sean consistentes con la protección de la privacidad y autodeterminación de la información.
El reporte concluye que es necesario que cualquier medida de combate a la pandemia, y a cualquier emergencia futura, sea adecuada, proporcional, con una finalidad clara, delimitada en el tiempo, consentida y necesaria, y ofrece recomendaciones respecto a la implementación de soluciones viables, tomando en cuenta mejores prácticas, los marcos legales y la protección de los derechos humanos.
El reporte, cuya redacción estuvo a cargo de Jamila Venturini y Vladimir Garay de Derechos Digitales, constata que se trata de una tecnología cuya utilización ha crecido de manera importante durante los últimos años, principalmente en el marco de políticas de seguridad que buscan incrementar la capacidad del estado para vigilar espacios públicos. Sin embargo, cabe notar su uso cada vez más común en otro tipo de actividades, como el control fronterizo y migratorio, el transporte y la asistencia social.
Común es la a todos los países analizados la falta de participación con la cual se diseñan las políticas públicas que incorporan el uso de sistemas de reconocimiento facial y la poca transparencia con la cual los sistemas son implementados y utilizados, muchas veces ocultando información relevante respecto a la tecnología utilizada y quién la provee. Por eso, uno de los hallazgos más importantes de la investigación es poder realizar un listado de empresas que están detrás de la implementación de estos sistemas.
Otra cuestión relevante es la falta de marcos normativos que expliciten la legalidad de la implementación de este tipo de tecnología, ni las restricciones que debiese contemplar sus usos, lo que no ha sido un obstáculo para los gobiernos a la hora de implementar estos sistemas. Completamente inexistentes son los estudios de impacto en materia de derechos humanos y la mayor parte de las veces no siquiera están contemplados procesos de auditoría externa, que permitan detectar eventuales fallas en el sistema, lo que abre la puerta para invisibilizar cualquier tipo de error que pueda derivar en abusos y discriminaciones en contra de las personas sujetas a este tipo de control biométrico.
El pasado jueves 4 de noviembre, Derechos Digitales fue parte del ciclo de audiencias públicas organizado por la Comisión 7 sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios de la Convención Constitucional, órgano encargado de la redacción de la nueva constitución en Chile.
En la ocasión, la organización estuvo representada por Juan Carlos Lara, (co) director ejecutivo, quien aprovechó la oportunidad para establecer la necesidad de que el nuevo texto constitucional incorpore ciertas garantías que permitan el ejercicio de los derechos fundamentales en los entornos digitales, incluyendo derecho al acceso, derechos culturales y derecho a la seguridad y la privacidad.
Un punto relevante fue la concepción de los derechos digitales como derechos humanos y la necesidad de concebir la constitución como un documento que trasciende a una tecnología específica. Así, lo relevante no es la creación de nuevos derechos, sino el establecimiento de protecciones amplias al catálogo de derechos fundamentales vigentes, que otorguen nuevas obligaciones de protección al estado que puedan dar cuenta de las distintas maneras en que estos pueden ser expresados en relación a la tecnología.
El 4 de noviembre, nuestra analista internacional en políticas públicas, María Paz Canales, participó del panel “Construyendo juntos una mejora de la convivencia digital y el debate público”. El evento fue en el marco del Encuentro DigiEconLatam iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).
Allí se reunieron destacadas figuras de sociedad civil, empresas y organismos internacionales: Bruna Martins Santos, consultora en gobernanza de internet; Pedro Less, Director de políticas públicas de Meta Latinoamérica; Hugo Rodríguez, Director de políticas públicas para Latinoamérica hispanohablante y Jason Munya, de Naciones Unidas. Pedro Vaca, relator especial de la CIDH fue el encargado de la moderación.
La sesión se centró en los retos de la convivencia en el entorno digital, la polarización del debate público y la utilización de herramientas como la educación digital y, en particular, la necesidad de construir puentes hacia un nuevo acuerdo normativo.
“¿Qué motiva la regulación de internet? Efectivamente, la razón de regular a nivel local tiene que ver con el vacío legal que provocó que la región evitara la intermediación, con excepción del Marco civil de Internet de Brasil. ¿Por qué ahora? El uso de internet como generador de debate público en las sociedades genera una presión de la ciudadanía”, expresó Canales.
Respecto a algunos intentos de legislaciones donde se intenta dar una respuesta rápida, pero que no aborda las complejidades propias, como en el reciente caso chileno, Canales aclaró: “el primer malentendido es asimilar internet a otro tipo de medios de comunicación que son diferentes. Esto provoca que el traspaso no resulte apropiado en términos de objetivos y de una regulación balanceada. Lo positivo de esta oleada legislativa es que evidencia la tensión respecto a que necesitamos una conversación urgente y tiene que estar orientada por un marco de derechos fundamentales.”
Por último, integrantes del panel acordaron acerca de la relevancia respecto al “Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en internet” impulsado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es una gran oportunidad para —de cara a la evidencia y de la experiencia internacional acumulada— actualizar a nuestro continente hacia una regulación innovadora y en consonancia con los derechos humanos.
La intervención de Derechos Digitales estuvo a cargo de nuestra asesora internacional en políticas públicas, María Paz Canales, quien enumeró para la CIDH cinco dimensiones que es necesario considerar respecto de las tecnologías de vigilancia. En primer lugar, mencionó la creciente capacidad de servicios de inteligencia de utilizar tecnología para vigilar en forma dirigida a activistas, disidentes y defensores de derechos humanos. Como ejemplo, mencionó los softwares de vigilancia e inteligencia de redes abiertas y patrullaje en Colombia y México.
En segundo lugar, las capacidades técnicas crecientes de interceptación de comunicaciones en investigaciones criminales, que se producen bajo normativas desactualizadas, sin adecuada supervisión ni limitaciones de alcance. En tercer lugar, la situación de retención de datos y metadatos por proveedores de servicios de internet, que luego son utilizados indiscriminadamente por agencias de gobierno. En cuarto lugar, se encuentra la tele-vigilancia en espacios públicos sin un marco normativo adecuado.
Como último, pero punto central, abordó el despliegue masivo de tecnologías de identidad biométrica en el espacio público, en particular tecnologías de reconocimiento facial como mecanismo de control de la población.
Al respecto, María Paz Canales señaló que «los sistemas implementados en la región ya han registrado errores que resultaron en graves consecuencias para las personas afectadas. El reconocimiento facial nos quita control sobre nuestro rostro, avalando un uso potencialmente contra nuestros propios intereses, además se trata de un dato que no es posible sustituir si se pierde el control. La posibilidad de estar bajo vigilancia constante, además, incentiva el silenciamiento y la autocensura, riesgos gravísimos para las sociedades democráticas».
En la sesión participaron además otras organizaciones de sociedad civil latinoamericanas, incluyendo a FLIP de Colombia, Open Knowledge de Brasil e IDHUCA de El Salvador, que junto a Derechos Digitales son parte de la campaña #EstamosVigilando impulsada por CEJIL, y que busca comprender mejor las capacidades de vigilancia implementadas por los estados, a propósito de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
El MediaLab de la UFRJ, la Red LAVITS y Derechos Digitales invitamos este viernes 15 de octubre a las 17 hs. (UTC -3) a la mesa “Derechos humanos, tecnologías y resistencias en América Latina”.
El encuentro busca promover una discusión sobre las implicancias, caminos y límites para la lucha por inclusión y derechos a partir de perspectivas tecnopolíticas y feministas desde una mirada por el fortalecimiento de derechos y prácticas de resistencia.
Facilitan
Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre), Bianca Kremer (Coding Rights) y María Paz Canales (Derechos Digitales). Juan Carlos Lara (Derechos Digitales) y Daniela Araujo (MariaLab/Lavits) facilitan la conversación.
El evento es gratuito y cuenta con traducción simultanea al portugués y castellano.
Transmisión en castellano
Transmisión en portugués
FAIL | Tecnología y política: pensar y hacer mundos desde sus fallas y ruinas
La actividad da continuidad a las discusiones del simposio #FAIL , realizado entre los días 27 de septiembre y 01 de octubre de 2021. En cuatro mesas, el evento buscó explorar las fallas como espacio privilegiado para entender nuestros tiempos, así como su urgente re imaginación y reconstrucción en un momento de superposición de fallas. La de la promesa tecnológica y el creciente poder extractivo de las plataformas digitales, la falla democrática y el ascenso de totalitarismos, la agenda ambiental y la falla económica con las ruinas del neoliberalismo.
Por segundo año consecutivo, en Derechos Digitales estamos implementando PubliElectoral, un proyecto liderado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), mediante el cual realizaremos un análisis independiente respecto del rol de las redes sociales en la campaña presidencial actualmente en curso en Chile.
El objetivo es poder generar evidencia que permita entender si el actual sistema de publicidad electoral está funcionando y cómo podría ser mejorado.
Se trata de un esfuerzo ciudadano e independiente, y como tal, te necesitamos a ti.
¿Cómo colaborar? Muy sencillo: dirígete a https://publielectoral.lat/, donde podrás descargar el plugin para navegadores o la aplicación para smartphones Android. Al usar la aplicación, nos ayudarás a recopilar información sobre el modo en que las distintas candidaturas están usando la plataforma, para su posterior análisis.
¿Necesitas ayuda?
Llena el formulario que aparece aquí y nos comunicaremos contigo lo antes posible para darte una mano.
Las fallas pueden representar una oportunidad para desafiar y renegociar procesos que, en condiciones normales, parecerían incuestionables. FAIL / Tecnología y política: pensar y crear mundos a partir de sus fallas y ruinas es una iniciativa de MediaLab.UFRJ y la red Lavits, en colaboración con Eco.Pós (UFRJ), la organización Derechos Digitales y con el apoyo de Faperj, realizan el encuentro virtual desde el 27 de septiembre y 1 de octubre de 2021, con transmisión en directo a través del canal MediaLab.UFRJ de YouTube.
El evento recibirá en su mesa de apertura al filósofo camerunés Achille Mbembe, autor de las obras Políticas de la Enemistad, Crítica de la Razón Negra y, la más reciente, Brutalisme. La mesa de apertura contará también con la presencia de la investigadora y curadora portuguesa Margarida Mendes y estará mediada por la coordinadora de MediaLab.UFRJ; Fernanda Bruno.
Además de la mesa de apertura, el programa consta de cuatro mesas temáticas que recorren territorios especialmente fértiles en fallas, bugs y errores: #FAIL Neoliberal, #FAIL Tecnológico, #FAIL Climática y #ATAFONA: Estética de la erosión. La semana siguiente al evento, MediaLab.UFRJ y Derechos Digitales promoverán un encuentro en el que se discutirán las implicaciones, caminos y límites de la lucha por la inclusión y los derechos humanos en el campo tecnopolítico, desde las diferentes perspectivas abordadas en el evento.
El encuentro nos invita a explorar la falla como objeto privilegiado para la comprensión de nuestro tiempo, así como para su urgente re-imaginación y reconstrucción, en un momento de superposición de fallas: la falla de la promesa tecnológica y el creciente poder extractivista de las plataformas digitales; la falla de la democracia y el auge del neo-totalitarismo; la falla ambiental y el nuevo régimen climático; la falla epistemológica y el colapso de los regímenes reales modernos; la falla económica y las ruinas del neoliberalismo. Y finalmente, “la falla de las fallas”: la pandemia de Covid-19.
La propuesta del evento es “transformar las múltiples fallas que nos desafían, en brechas para disputar futuros posibles y crear mundos comunes a los que seamos capaces de dar respuesta”, explica Fernanda Bruno.
Se puede acceder al programa completo del evento aquí.
Para quienes deseen obtener un certificado de participación, la inscripción ya está abierta en este enlace.
Mientras América Latina enfrenta persistentes amenazas a la democracia, una creciente desigualdad económica global –intensificada por más de un año de pandemia–, sumada a una crisis climática de consecuencias catastróficas, las tecnologías digitales están en el centro de la agenda pública. En un contexto de intenso cambio, la misión de Derechos Digitales en defender los derechos humanos y poner las tecnologías al servicio de la justicia e igualdad, se torna más relevante que nunca.
Es en ese contexto que, reconociendo los 15 años de experiencia de Derechos Digitales, hemos decidido asumir el honor y desafío de liderar un fabuloso equipo que reúne algunas de las personas más comprometidas y capaces de toda la región con la misión de promover la equidad, la dignidad y la seguridad de todas las personas en su relación con la tecnología.
Reafirmamos Derechos Digitales al servicio de realidades complejas y cambiantes, en lo que consideramos más importante para la construcción de un futuro distinto al que se presenta: la protección de los derechos humanos. El reconocimiento y la inclusión de voces que han sido históricamente excluidas de las discusiones sobre tecnologías y la ardua lucha por la equidad y la justicia estarán al centro de nuestra preocupación.
Al interior de la organización, trabajaremos para permitir que florezca la creatividad y colaboración que siempre han caracterizado a Derechos Digitales. Desde orígenes y trayectorias tan distintas, nuestra diversidad es potencia. En este sentido, queremos mantener y generar un espacio de trabajo seguro, amigable, receptivo y alineado con nuestra misión.
Asumimos el desafío de dirigir esta organización con el propósito que Derechos Digitales sirva para proteger e impulsar el trabajo de incontables defensoras y defensores de los derechos humanos que cotidianamente se enfrentan con poderes políticos y económicos. Frente al ciego optimismo tecno-solucionista que marca los últimos tiempos, seguiremos produciendo conocimiento situado sobre los impactos de las tecnologías y su regulación en los distintos países y en la denuncia enérgica de las amenazas y los abusos a los derechos humanos. Nuestra visión es la de una región donde la tecnología y su regulación no sean nuevas maneras de profundizar desigualdades, sino que se encuentren al servicio de nuestros pueblos, para consolidar las democracias y para facilitar el ejercicio derechos fundamentales.
Somos conscientes del enorme desafío que es liderar una organización de sociedad civil en el Sur Global y asumimos esta responsabilidad con humildad y deseo de aprendizaje y crecimiento. Nos queda un largo camino, mas sabemos que contamos con el respaldo de un equipo sólido, de potentes aliadas regionales y globales, y de una convicción inclaudicable.
