Esta semana tuvimos una presencia destacada en el encuentro CPDP Latam, que reunió a expertos y expertas en privacidad y datos en América Latina. Jamila Venturini, nuestra co-directora ejecutiva, junto a Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas, participaron activamente en varias sesiones clave.
Fue el caso de «Platforms accountability: transparency, privacy and labor», donde compartimos hallazgos clave del informe «Food delivery and online marketplace», y examinamos el manejo de datos en aplicaciones de comercio electrónico y delivery en la región, ofreciendo perspectivas valiosas para la discusión a nivel global. Acá estuvimos debatiendo con la Delegatura de Protección de Datos de Colombia, el CTS-FGV, Labor Prosecution Office (MPT), y Personal Data IO.
Además, participamos en el panel «Innovation or Human Rights: data governance and sandboxes for AI in LAC». Acá reflexionamos junto a representantes de Vinci Ventures, Meta y la Academia Mexicana en Ciberseguridad sobre el papel de los sandboxes en la gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe.
Otro tema destacado fue la sesión sobre «Estándares Interamericanos de DDHH e IA», donde exploramos la intersección entre derechos humanos, y directrices globales en el contexto digital. Puedes encontrar todo nuestro trabajo sobre cómo implementar la Inteligencia Artificial desde una perspectiva en Derechos Humanos aquí https://ia.derechosdigitales.org
Para más detalles sobre las sesiones y los ponentes participantes, puedes visitar la página oficial de CPDP Latam.
El 15 y 16 de julio, en colaboración con el Centro de Solidaridad, la Red ILAW y la Fundación Ford, reunimos a sindicatos, organizaciones civiles, profesionales del derecho y académicos de América Latina. Nuestro objetivo fue abordar los desafíos y riesgos del trabajo a través de plataformas digitales de comercio, delivery y transporte, explorando estrategias para enfrentar este nuevo contexto global.
El encuentro permitió coordinar nuevas instancias para abordar el litigio estratégico, la incidencia política y las normativas afines a derecho, trabajo y tecnologías. Así como también compartir experiencias exitosas en la protección de derechos laborales frente a las tecnologías y recopilar recursos relevantes que puedan impulsar acciones sobre esta materia, fortaleciendo la discusión a nivel latinoamericano.
El creciente aumento de trabajadores que están realizando sus labores bajo plataformas digitales ha levantado la necesidad a nivel global de mayor legislación, y creación de políticas públicas transfronterizas que apunten a estas nuevas formas de campo laboral, las cuales no están exentas de precariedad, subcontratación y desigualdades. Las y los expertos, señalaron la importancia abordar estas temáticas de forma integral, es decir, considerando los diferentes derechos humanos, económicos y sociales que convergen en esta temática.
Desde Derechos Digitales participamos del evento organizado por DiploFoundation, titulado «UN Cybercrime Convention: Will states give in disagreements for the sake of a global common threat?». En este foro global, expusimos nuestras preocupaciones frente a la propuesta de tratado sobre cibercrimen, donde resaltamos los riesgos de legitimar prácticas de vigilancia y criminalización que podrían tener efectos severos sobre defensores de derechos humanos, periodistas y expertos en seguridad informática.
En el evento, Paloma Lara Castro, coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales, contribuyó también con una perspectiva enfocada en los impactos de género de la criminalización, abriendo la puerta para la persecución de las personas por expresar su orientación sexual o identidad de género en internet, sobre todo en países que castigan a las personas LGBTQI+ .
La instancia contó con destacados expertos como Alexander Seger del Consejo de Europa, Tatiana Tropina de la Universidad de Leiden, Katitza Rodriguez de la Electronic Frontier Foundation, Yuliya Morenets de Together Against Cybercrime International, Anita Ramasastry de la Universidad de Washington y y Paloma Lara-Castro de Derechos Digitales.
Derechos Digitales expuso en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, para abordar el listado de riesgos que puede implicar una legislación ambigua sobre Inteligencia Artificial en nuestro país.
Juan Carlos Lara, co-director ejecutivo de Derechos Digitales, presentó una serie de hallazgos fundamentales para el debate sobre esta temática, entre ellos casos de estudio, informes que hemos elaborado en conjunto a consorcios de investigación en estas temáticas, y organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional para abordar el impacto que las soluciones basadas en IA pueden tener en los Derechos Humanos, y en la explotación de información sensible, que pueden poner en riesgo el libre ejercicio de nuestros derechos económicos, sociales y culturales.
Un ejemplo de ello, es la gestión totalmente automatizada de trabajadores, incluida su contratación, despido y asignación de tareas; y que se puede ver reflejada en la gestión de aplicaciones de transporte, delivery, entre otras. También con tecnologías altamente intrusivas, el uso de biometría o reconocimiento facial automatizado en la vía pública, entre otras.
Lara señaló además, que si bien la regulación es sumamente necesaria, se debe adoptar un enfoque que impida vacíos legales que podrían ser potencialmente usados para amplificar el campo de acción de dichas tecnologías.
El pasado 3 de julio fue publicada la lista de las primeras organizaciones seleccionadas por nuestro Fondo para la promoción de los Derechos Digitales (FDD), destinado a sensibilizar a las comunidades sobre sus derechos digitales y promover un entorno digital libre, seguro y en favor del desarrollo íntegro de las personas.
El rol del FDD es complementario a la labor que ya realizamos por medio del Fondo de Respuesta Rápida (FRR) y brinda apoyo administrativo y financiero a iniciativas valiosas que no necesariamente surgen a partir de situaciones urgentes de amenaza a los derechos humanos en los entornos digitales, sino que buscan fortalecer esos derechos de manera sostenible.
FDD tiene dos ciclos de financiamiento al año. Para cada ciclo, el FDD tiene un presupuesto definido por lo que el número de proyectos aprobados por ciclo será limitado y variable. Cada organización puede recibir un máximo de 5.000 USD por proyecto aprobado, pudiendo extenderse excepcionalmente hasta 8.000 USD.
¡Nos espera un gran año de arduo trabajo y lo esperamos con mucho entusiasmo! Felicitamos a las iniciativas seleccionadas. Postula la de tu organización a través de nuestro Sistema de Gestión de Fondos, en este enlace.
¿Resultarán más de dos años de negociaciones interestatales en la ONU en una convención integral global sobre el cibercrimen? ¿Por qué los estados no lograron anteriormente llegar a un acuerdo final? ¿Dónde residen los principales desacuerdos? ¿Cuáles son las expectativas de las partes interesadas, incluidas la sociedad civil y la industria, para la ronda final de negociaciones de la ONU?
El objetivo del encuentro fue identificar las expectativas de la sesión final sesión final del Comité Ad Hoc para elaborar una convención internacional integral para combatir el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos.
También, resaltar los elementos que definen un resultado positivo de este proceso, basándose en las ideas de diferentes expertos y partes interesadas.
Paloma Lara Castro, coordinadora de políticas públicas en Derechos Digitales participó como oradora en el evento. Habló sobre preocupaciones que como organización tenemos respecto de la convención de cibercrimen: un tratado que puede legitimizar la vigilancia y la criminalización con impactos diferenciados en defensores de Derechos Humanos, periodistas y security researchers. En tal sentido se refirió a los impactos de género de la criminalización, y concluyó con la obligación de los estados de respetar el derecho internacional de los DDHH.
La Coalición por los Derechos en la Red (NRC, por sus siglas en inglés), está profundamente alarmada por el apagón de Internet que ocurrió el pasado 25 de junio de 2024, junto con otras violaciones a los derechos humanos destinadas a reprimir las protestas en Kenia en respuesta al Proyecto de Ley de Finanzas de 2024. Esta lamentable situación en Kenia representa un retroceso democrático, especialmente considerando que el país constaba de una buena reputación respecto de la libertad de Internet.
Las manifestaciones continúan bajo el hashtag #RejectFinanceBill2024, con las plataformas de redes sociales desempeñando un papel crucial en la movilización de un amplio espectro de la población keniana. Desde Derechos Digitales, nos sumamos a la preocupación de esta red que promueve los derechos digitales en África, y denunciamos las persistentes violaciones a los derechos humanos, que incluyen reportes de arrestos masivos arbitrarios, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, amenazas contra medios de comunicación y la confirmación de apagones de Internet en el país.
Puedes leer la declaración completa (en inglés) aquí.
Organizado por GQUAL, se trató de un evento paralelo a la 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Paraguay que se llevó a cabo entre el 26 y el 28 de junio de 2024 en Asunción, Paraguay. Derechos Digitales estuvo representado por la coordinadora de políticas públicas, Paloma Lara Castro
El objetivo del evento fue promover un diálogo entre diversos actores, incluidos los Estados, la sociedad civil y representantes de instituciones y órganos internacionales sobre las medidas necesarias para lograr la paridad de género en los espacios interamericanos de toma de decisión.
Además de destacar algunos de los avances y desarrollos interamericanos, internacionales y comparados recientes sobre este tema, e intercambiar sobre las medidas y los compromisos concretos necesarios para efectivizar su implementación y volverlos realidad.
El pasado 13 y 14 de junio se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina la Cumbre Regional de Parlamentarios del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) que, para este año, se enfocó en la agenda regional de la inteligencia artificial.
Esta Cumbre, que sucede anualmente bajo una temática distinta bajo el amparo del IGF, buscaba en esta ocasión aportar a la consolidación de una voz fuerte y unificada en temas relacionados a la gobernanza de la IA.
Estuvimos presentes en la Cumbre como asistentes y reconocemos la importancia de que surja y se consolide cuanto antes un bloque representativo de la región que pueda visibilizar y posicionar los intereses de América Latina en espacios globales sobre el tema. Sin embargo, la construcción de una agenda regional debe considerar la inclusión de las múltiples partes interesadas: gobiernos, sector privado, comunidad técnica y académica y, sí, sociedad civil. Lamentamos que ello no se haya considerado en los diálogos llevados a cabo en el marco de la Cumbre, donde uno de los puntos más llamativos fue la completa ausencia de representantes de sociedad civil en los diálogos.
En más de una ocasión desde Derechos Digitales hemos insistido con vehemencia en la importancia de, no solo dar espacio a que más voces sean oídas y representadas en las discusiones sobre la gobernanza de internet y otras tecnologías digitales, sino a que dicha participación sea ante todo efectiva, dialógica y sustantiva, y no un artificio o trámite para convalidar burocráticamente la aprobación de un proceso o discusión relevante.
La participación ciudadana es un instrumento clave para la legitimidad de cualquier proceso político o social, sin importar cuál sea su naturaleza o alcance. En el marco del IGF, es ante todo un valor de su esencia. No olvidemos que el Foro de Gobernanza de Internet surgió para dar representación y visibilidad a las voces e intereses de las “múltiples partes interesadas” en discusiones de alta complejidad política, social, jurídica y técnica.
En Derechos Digitales no cesaremos en nuestro pedido por una mayor apertura, diversidad y representatividad de voces en discusiones que nos impactan a todas en la intersección entre derechos humanos y tecnologías digitales. Y esperamos que, a futuro, las sucesivas Cumbres Regionales de los Parlamentarios cobijadas por el IGF sean espacios más diversos y abiertos a la perspectiva de las múltiples partes interesadas.
Se trata de un evento convocado por UNESCO como parte de su iniciativa «Por un Internet confiable» y coincide con el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio (18 de junio). Se discutieron temas como la implementación de las «Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales» y se lanzó el «Foro Global de Redes de Reguladores», instancia de discusión entre autoridades estatales con competencia sobre contenidos audiovisuales y medios electrónicos.
