“Ley de Reconstrucción” en Chile: Derechos Digitales alerta por retrocesos en derechos fundamentales

El proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional” (Bol. 18216-05) avanza en el Congreso de Chile y desde Derechos Digitales alertamos sobre varios aspectos de la propuesta que tienen impactos regresivos en la protección de derechos fundamentales.

Uno de los puntos más críticos reside en la modificación del Código Tributario, con la incorporación de un nuevo inciso final al Art. 59. El proyecto propone permitir que el Servicio de Impuestos Internos (SII) realice cruces de datos nominados –identificando directamente a las personas con nombre y apellido– provenientes de todos los órganos del Estado. Esta facultad se otorgaría sin restricciones de proporcionalidad ni una justificación explícita que vincule la necesidad de entrega sin supervisión de todos esos datos con la función fiscalizadora, representando una expansión inédita del poder de vigilancia financiera sobre la ciudadanía.

Esta medida vulnera el principio de finalidad, pilar de la protección de datos, ya que la información recolectada originalmente por diversos organismos para fines sociales, de salud o administrativos, terminaría siendo utilizada para la persecución tributaria. Además, la centralización masiva de información en una sola entidad aumenta exponencialmente la superficie de ataque frente a posibles incidentes de ciberseguridad. Una base de datos de esta magnitud se convierte en un objetivo crítico para actores malintencionados, donde cualquier filtración tendría consecuencias devastadoras para la privacidad de millones de personas en Chile.

La preocupación se extiende al manejo de los datos del Registro Social de Hogares (RSH), una herramienta que hoy alcanza al 84% de la población y que contiene información sensible sobre ingresos, composición familiar y discapacidad, entre otros. El proyecto facilita nuevos flujos de datos entre entidades públicas basándose en este registro, desvirtuando su naturaleza original. El RSH fue diseñado para garantizar el acceso a beneficios sociales, no para alimentar evaluaciones presupuestarias ni perfiles fiscales que podrían terminar penalizando o persiguiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Resulta contradictorio que estas reformas se impulsen mientras el país se prepara para la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en diciembre de este año. En lugar de armonizar la normativa institucional con los estándares internacionales de privacidad que Chile busca alcanzar, el proyecto de “Reconstrucción” parece transitar en la dirección opuesta, creando excepciones y canales de flujo de datos que difícilmente podrán ser revertidos una vez implementados.

Asimismo, el proyecto introduce cambios que debilitan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Al acortar plazos de impugnación y restringir medidas cautelares, se reduce la capacidad de las comunidades y el Estado para supervisar proyectos de gran escala. Esto afecta directamente la revisión de infraestructuras digitales críticas, como centros de datos y cables submarinos, cuyo despliegue debe ser siempre compatible con la protección del entorno y los recursos estratégicos nacionales.

Desde nuestra organización hacemos un llamado urgente al Congreso para que corrija estas deficiencias de diseño que han persistido durante la tramitación del proyecto por la Cámara. Es imperativo que el debate parlamentario retome la profundidad necesaria, escuchando a las personas expertas y a la sociedad civil, para asegurar que las reformas legislativas no se traduzcan en una pérdida irreparable de garantías democráticas en el espacio digital.

Finalmente, alertamos que este proyecto no solo puede traer consecuencias duraderas sobre derechos fundamentales en Chile, sino también sentar un precedente preocupante para América Latina, una región donde las tendencias regulatorias y económicas apuntan cada vez más hacia la concentración de poder tecnológico.

Nuestra organización aporta a la construcción de Principios Globales para los Derechos Humanos en el Entorno Digital

Durante los días 7 y 8 de mayo, la Ciudad de México fue sede de la Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre los “Principios Globales para la Protección de los Derechos Humanos en la Era Digital”. Este encuentro, liderado por Digital Democracy Initiative, la Comisión Internacional de Juristas y el Instituto Danés para los Derechos Humanos, tuvo como objetivo central consolidar una hoja de ruta internacional, conocida como los Principios de Copenhague, que defina con claridad las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas ante el avance tecnológico.

La participación de la sociedad civil resultó fundamental para asegurar que estos estándares globales respondan a las realidades específicas de nuestra región. Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, participó de la instancia enfocando en la necesidad de establecer mecanismos de debida diligencia que obliguen a las empresas tecnológicas a rendir cuentas por los impactos de sus sistemas en el tejido social y democrático de América Latina.

Desde nuestra perspectiva, es imperativo que los principios internacionales no solo se queden en declaraciones de buenas intenciones, sino que se traduzcan en políticas públicas que garanticen la transparencia de los algoritmos y el acceso efectivo a la justicia y reparación ante vulneraciones en el entorno digital.

Los aportes recogidos en esta consulta regional serán integrados en la versión final de los Principios de Copenhague para la Protección de los Derechos Humanos en la Era Digital, un instrumento que busca clarificar las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas frente a los impactos de las tecnologías digitales sobre los derechos humanos.

Súmate a nuestro panel sobre inteligencia artificial, trabajo y justicia ambiental

La inteligencia artificial suele presentarse como una tecnología abstracta e inevitable. Pero detrás de cada sistema automatizado existen cuerpos, territorios e infraestructuras que sostienen su funcionamiento, muchas veces en contextos de precarización laboral, extractivismo y desigualdad.

El próximo 22 de mayo, Derechos Digitales realizará el panel “The Hidden Building Blocks of AI: Labour, Land and Bodies” en el marco del Festival of Ideas 2026, un espacio para reflexionar sobre los impactos sociales, ambientales y humanos de la inteligencia artificial desde una perspectiva de género y derechos humanos.

La actividad será virtual, abierta al público y se desarrollará en inglés a las 18:00 hrs UTC (14:00 hrs Chile, 15:00 hrs Brasil y 12:00 hrs México).

El panel será moderado por Marina Meira, coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales, y contará con la participación de:

Kruskaya Hidalgo, fundadora de Observatorio de Plataformas.
Sofía Majlis, integrante del equipo de coordinación jurídica de ONG FIMA.
Fernanda Campagnucci, directora ejecutiva de InternetLab.

Durante el encuentro abordaremos temas como las condiciones laborales en las economías de plataformas, las desigualdades y violencias que atraviesan los sistemas automatizados, los impactos ambientales de las infraestructuras de inteligencia artificial y la necesidad de construir marcos de gobernanza tecnológica centrados en los derechos humanos y la justicia social.

Además de discutir estos desafíos, el panel buscará abrir una conversación sobre alternativas y formas de construir modelos tecnológicos más justos y responsables para las comunidades y territorios de América Latina.

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Nuestra organización participó de debate regional por el Día Internacional de la Libertad de Prensa

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2026, se llevó a cabo en la ciudad de México la conferencia regional “Periodismo frente al silencio: diálogo sobre libertad de prensa en América Latina y el Caribe”. Organizado por la oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19, con el respaldo de UNESCO y el CCEMx, el encuentro reunió a voces referentes de la región para debatir las crecientes amenazas que enfrenta el ejercicio periodístico, con un enfoque especial en el impacto de las tecnologías emergentes y el control digital.

Derechos Digitales fue invitada a participar el día 7 de mayo con una exposición en la Mesa 5 “La nueva frontera del silenciamiento: vigilancia, plataformas e inteligencia artificial”. Este espacio tuvo como objetivo visibilizar cómo los gobiernos con tendencias autoritarias y las grandes empresas tecnológicas han profundizado las prácticas de censura a través de herramientas digitales. La sesión, moderada por Martha Tudón de ARTICLE 19, contó con la participación de la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui, Paulo José Olivier Moreira Lara de ARTIGO 19 Brasil, Angélica Cárcamo de la Red Centroamericana de Periodistas, Gustavo Gómez de OBSERVACOM y Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales.

Durante su intervención, Lucía Camacho ofreció un diagnóstico crítico sobre la evolución de la vigilancia en América Latina durante las últimas dos décadas. Camacho advirtió que el fenómeno ha dejado de ser una práctica aislada para volverse multimodal, multisectorial y multiactor: «El ciberpatrullaje es otro fenómeno de la vigilancia, es decir autoridades militares y policíacas monitorean internet como si fueran las calles. La vigilancia es también una práctica multisectorial, y ha permeado las políticas y leyes, y se han petrificado como un intercambio comercial entre países», expresó.

Nuestra representante hizo especial hincapié en la existencia de una “relación simbiótica” entre la vigilancia corporativa y la estatal. Alertó sobre cómo los acuerdos comerciales internacionales funcionan, en la práctica, como mecanismos para expandir políticas de circulación de datos y vigilancia masiva que benefician a ambos sectores. Esta articulación estrecha se ve agravada por la presión de las grandes empresas tecnológicas, cuyos “ejércitos de lobistas” logran, en muchos casos, bloquear o condicionar los debates regulatorios necesarios para proteger a la ciudadanía en la región.

Frente a este escenario, Camacho señaló la insuficiencia de las leyes actuales de protección de datos personales, las cuales resultan escasas para contener prácticas de vigilancia secretas y asimétricas. En este sentido, instó al periodismo independiente a asumir un rol activo en la construcción de narrativas críticas sobre la privacidad y la vigilancia. Según su planteo, es fundamental que la prensa supere los enfoques centrados meramente en la innovación o el consumo tecnológico para posicionar estas problemáticas como una defensa esencial de los derechos humanos y la democracia.

Finalmente, el diálogo subrayó la urgencia de encontrar fórmulas de viabilidad económica que fortalezcan la resiliencia del periodismo frente a estas presiones. Las reflexiones compartidas durante estas jornadas no solo denuncian los mecanismos de control vigentes, sino que establecen una hoja de ruta para las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación en su esfuerzo por garantizar un ecosistema informativo libre, seguro y democrático en América Latina.

Se puede ver la actividad completa aquí.

Derechos Digitales insta a la cooperación regional frente al mercado ilegal de datos personales

El pasado 23 de abril, Derechos Digitales participó activamente en la reunión del Foro de la Sociedad Civil de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). Este encuentro representó una instancia importante para el diálogo entre organizaciones y autoridades de control, con el objetivo de fortalecer los estándares de privacidad en Iberoamérica. Durante la sesión, se destacó el rol consultivo de la sociedad civil como un pilar fundamental para orientar las políticas públicas hacia un enfoque de protección efectiva de los derechos fundamentales en el entorno digital.

En este marco, nuestro equipo presentó los hallazgos del informe “Identidades en venta”, lanzado recientemente por Derechos Digitales, que documenta el preocupante auge del mercado ilegal de compra y venta de datos personales latinoamericanos a través de plataformas como Telegram. La exposición subrayó cómo estas prácticas no solo vulneran la privacidad individual, sino que escalan hacia una problemática transfronteriza, evidenciando los desafíos actuales en la seguridad digital a nivel regional.

Además, Derechos Digitales enfatizó en la necesidad imperiosa de coordinar respuestas conjuntas entre las distintas autoridades de protección de datos. La naturaleza transnacional del tráfico de información personal exige que las acciones de fiscalización y sanción trasciendan las fronteras, permitiendo una prevención más eficaz de los mercados ilícitos de datos.

Finalmente, reafirmamos nuestro interés en seguir impulsando estos espacios de articulación. La consolidación de la RIPD como un actor de cooperación internacional es vital para enfrentar los desafíos que las tecnologías emergentes y las plataformas digitales imponen a la soberanía digital.

Hacia una gobernanza de la IA con perspectiva de género: Derechos Digitales participó en la consulta global “AI for Good”

El pasado 23 de abril, se llevó a cabo la consulta virtual «AI for Good: Gender Inclusion in the AI Ecosystem», un encuentro clave en el camino hacia el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) de la ONU que tendrá lugar en julio en Ginebra. Organizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Coalición Género en lo Digital (GiDC), de la cual Derechos Digitales es miembro fundador, la actividad tuvo como objetivo asegurar que la gobernanza de estas tecnologías integre de manera estructural una perspectiva de género e interseccional. Estos espacios preparatorios buscan que las recomendaciones de la sociedad civil y organismos internacionales den forma a los documentos finales del mecanismo multilateral de la ONU, garantizando que el desarrollo de la IA sea seguro, confiable y equitativo.

La consulta se centró en la necesidad de transitar desde los principios abstractos de la «IA Feminista» hacia prácticas concretas de diseño y regulación. Durante las sesiones, se enfatizó en que lograr la igualdad de género en este ámbito exige que las mujeres y personas LGBTIQA+ dejen de ser vistas como consumidoras pasivas o meras fuentes de datos, para convertirse en arquitectas y líderes de los sistemas que definen nuestro futuro digital. El foro abordó cómo desmantelar barreras estructurales y crear marcos regulatorios que mitiguen riesgos específicos, como la violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT), garantizando que la innovación no se priorice por sobre los derechos fundamentales.

La intervención de Derechos Digitales se dio en el marco del “Grupo temático 1: Oportunidades e implicaciones de la IA: dimensiones sociales, culturales y económicas”. Nuestra coordinadora de Políticas Públicas Marina Meira sostuvo que el problema central no es solo la inclusión, sino la distribución del poder y la toma de decisiones, denunciando un modelo de «colonialismo digital» donde el Sur Global provee datos que son extraídos sin consentimiento para beneficiar a actores del Norte. «Es necesario transitar del concepto de ‘IA para mujeres’ hacia una ‘IA gobernada por mujeres y personas de diversos géneros», señaló durante su participación. Además advirtió sobre cómo los sistemas predictivos y la generación de deepfakes están industrializando y escalando las desigualdades de género preexistentes en América Latina.

Como parte de las recomendaciones clave, Derechos Digitales instó al Diálogo Global a establecer «líneas rojas» claras: la prohibición tajante de sistemas de IA que vulneren derechos humanos, tales como la vigilancia masiva, el perfilamiento predictivo y aquellas herramientas que facilitan la violencia de género. En sintonía con los llamados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), enfatizamos que la innovación no puede justificar el daño social y que es imperativo operativizar moratorias para tecnologías de alto riesgo que carecen de salvaguardas efectivas.

Finalmente, el evento concluyó con un firme llamado a fortalecer la participación significativa de la sociedad civil en los procesos de gobernanza global. Para nuestra organización, el acceso a estos espacios de decisión es un derecho humano que debe garantizar una representación geográfica y lingüística equitativa. Los resultados de esta consulta serán compilados en un documento de recomendaciones que se presentará en el evento global del próximo julio, reafirmando el compromiso de la Coalición GiDC por una soberanía de datos que respete la autonomía de las comunidades y promueva una IA situada, participativa y gobernada comunitariamente.

El Sur Global define su hoja de ruta ante el Diálogo de la ONU sobre inteligencia artificial

El pasado 28 de abril, la Global South Alliance (GSA) y el Global Digital Justice Forum (GDJF) convocaron a una reunión preparatoria de cara al Diálogo Global sobre Inteligencia Artificial (IA) impulsado por Naciones Unidas. El encuentro virtual tuvo como propósito central articular una agenda estratégica que garantice que los marcos de gobernanza internacional no sean meramente simbólicos, sino que reflejen las prioridades y realidades del Sur Global. Las organizaciones participantes enfatizaron la necesidad de transitar hacia un modelo de gobernanza que priorice el interés público, la transparencia y la rendición de cuentas frente al avance de intereses corporativos transnacionales.

En representación de Derechos Digitales, nuestra codirectora ejecutiva Jamila Venturini realizó una intervención en la que alertó sobre la histórica falta de participación de actores del Sur Global en la definición de políticas tecnológicas, lo que ha derivado en modelos que ignoran contextos locales y perpetúan prácticas extractivistas. Venturini subrayó que la gobernanza de la IA debe abordar de manera urgente los impactos en el trabajo y el medio ambiente, especialmente en poblaciones vulnerables. Asimismo, destacó el liderazgo de la sociedad civil en la creación de herramientas concretas, como el marco para repositorios de transparencia en el sector público, que permite a los Estados cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y operativizar la prohibición de sistemas de IA de alto riesgo.

La sesión también profundizó en la identificación y tipificación de los daños tecnológicos. Natasha Nóvoa, de Data Privacy Brasil, presentó reflexiones críticas sobre las tipologías de daños -democráticos, sociales, socioambientales y a derechos fundamentales- basándose en el “AI Harms Library”. Por su parte, Anita Gurumurthy, de IT for Change, sostuvo que la gobernanza de datos y la de IA son “dos caras de la misma moneda” para el desarrollo equitativo. Gurumurthy instó a desglosar el concepto de justicia de datos bajo los principios de soberanía regulatoria y derechos colectivos, haciendo un llamado a que el Diálogo Global genere resultados tangibles en materia de financiamiento y mecanismos de responsabilidad.

El debate fue complementado por las visiones de Urvashi Aneja, de Digital Futures Lab, quien aportó al análisis sobre innovación y desarrollo de IA para el interés público, y la moderación de Vinay Narayan, de Aapti Institute, quien facilitó el intercambio sobre la interoperabilidad de la gobernanza y la redistribución del poder en los ecosistemas de datos. Las ponentes coincidieron en que la innovación no debe ser impulsada únicamente por el mercado, sino por aplicaciones que respondan a necesidades locales y sostenibilidad, garantizando siempre una supervisión local efectiva sobre los sistemas automatizados.

Finalmente, las organizaciones participantes reafirmaron la necesidad de reformar los procedimientos de participación en los foros internacionales. Se propuso la adopción de medidas estrictas de transparencia en la selección de delegadas, la inclusión activa de voces de trabajadoras de plataformas y datos, y el nombramiento de un enlace de la sociedad civil que apoye en la redacción de los documentos de resultados. La reunión concluyó con el compromiso de presentar estas recomendaciones a los cofacilitadores de la ONU.

Derechos Digitales participó en diálogo global sobre resistencia feminista y seguridad digital

El pasado 21 de abril se llevó a cabo la séptima sesión del ciclo ACT Feminist Learning and Dialogue coorganizado por la Coalición de Feministas por el Cambio Social (COFEM) y ONU Mujeres. Estos encuentros buscan servir como un laboratorio de aprendizaje para compartir herramientas prácticas de protección en espacios virtuales. Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, fue parte de las panelistas en la sesión titulada «Tecnología para la seguridad, el goce y la resistencia».

Durante la jornada se abordó, entre otros temas, cómo las comunidades pueden navegar el daño en línea sin comprometer su sostenibilidad, poniendo especial énfasis en el desarrollo de contranarrativas frente a los ataques digitales y el uso de herramientas accesibles para la organización comunitaria. Las intervenciones destacaron la importancia de reclamar espacios digitales a través de la solidaridad y la expresión creativa. El diálogo exploró, además, prácticas digitales feministas emergentes que trascienden la respuesta reactiva a las agresiones, promoviendo un «activismo placentero» que permita el compromiso a largo plazo. Este enfoque es fundamental para garantizar que la tecnología sea una herramienta de emancipación y no un mecanismo de silenciamiento para las defensoras de derechos humanos.

Además de la participación de Derechos Digitales, la sesión reunió a activistas y profesionales de COFEM, Chayn, TechHer Nigeria y la Oficina Regional del Programa ACT para África Oriental y Meridional. Estos espacios buscan consolidar estrategias colectivas frente a la violencia de género facilitada por las tecnologías (VGFT), un desafío creciente para las activistas en América Latina y el mundo.

Derechos Digitales impulsa marco global de transparencia para el uso de IA en el sector público ante la UNESCO

El 21 de abril se llevó a cabo la cuarta reunión general de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Academia en Ética y Políticas de Inteligencia Artificial de la UNESCO. Este encuentro consolida un espacio estratégico para la gobernanza internacional de las tecnologías emergentes, subrayando la necesidad de que los procesos de innovación técnica estén indisolublemente ligados a los estándares internacionales de derechos humanos y a la participación activa de los actores sociales.

La copresidencia de la Red es ejercida por la codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, Jamila Venturini, junto a la directora ejecutiva de IT for Change, Anita Gurumurthy. Esta dirección conjunta refleja un esfuerzo coordinado por posicionar las agendas del Sur Global en el centro del debate sobre ética y gobernanza de datos, asegurando que las realidades de nuestras comunidades no queden al margen de las decisiones regulatorias internacionales.

La apertura del evento estuvo a cargo de Dafna Feinholz, directora interina de la División de Investigación, Ética e Inclusión de la UNESCO, quien destacó el rol fundamental que desempeña la Red en el escenario global. En su intervención, Feinholz resaltó que la incidencia de la sociedad civil es una pieza clave para garantizar que la IA se desarrolle bajo marcos éticos sólidos, valorando el compromiso de las organizaciones participantes para traducir principios generales en acciones concretas de política pública.

Entre otros temas, la reunión se dedicó a la presentación del trabajo de los subgrupos de la red, entre los cuales se encuentra “IA en el sector público”, liderado por Derechos Digitales. El subgrupo estuvo dedicado a la construcción de un marco para la difusión de información de interés público sobre la adopción de estas tecnologías por parte de los Estados.

La herramienta, construida de manera colaborativa, con apoyo de Amrita Sengupta como asistente de investigación, surge como una respuesta técnica y política ante una omisión recurrente: la falta de informes estatales sobre la implementación de sistemas automatizados. El documento presentado justifica la urgencia de esta iniciativa señalando que la opacidad actual impide una auditoría social efectiva y vulnera el derecho a la información de la ciudadanía sobre cómo se toman decisiones que afectan su vida cotidiana.

Un eje central de este marco es la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad. La propuesta integra herramientas de análisis basadas en el ciclo de vida de la tecnología para detectar y mitigar sesgos algorítmicos que puedan profundizar la discriminación.

Nuestra presentación recibió valiosos aportes de especialistas internacionales como Grace Thomson, del Center for AI and Digital Policy, y Aarushi Gupta, del Digital Futures Lab, miembros del subgrupo y colaboradoras activas en la construcción de la herramienta. Sus comentarios destacaron la importancia de contar con una plantilla de reporte estandarizada que facilite la rendición de cuentas y permita comparar la implementación de la IA en diferentes jurisdicciones, elevando así los estándares de transparencia exigidos a los gobiernos a nivel mundial.

Inteligencia artificial y procesos electorales: desafíos y propuestas desde América Latina

Derechos Digitales participó activamente en el lanzamiento del informe “Inteligencia artificial y elecciones: usos e impactos en la libertad de expresión y el derecho a la información en América Latina”, elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y ARTIGO 19. Durante el evento de presentación del pasado 23 de abril, que contó con la asistencia de más de 50 personas en línea, Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de la organización, analizó cómo la implementación de sistemas automatizados está moldeando el ecosistema informativo y la integridad democrática en la región.

La actividad habilitó un espacio enriquecedor de intercambio regional para discutir estos desafíos entre autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas en tecnología y periodistas de Brasil, Colombia y Argentina, entre otros países.

En su intervención, Venturini advirtió sobre la creciente tendencia de los Estados latinoamericanos a adoptar sistemas de IA en la administración pública y electoral. Esta práctica suele estar acompañada de una “sed de datos” que, ante la falta de controles efectivos y supervisión, facilita la transferencia de información sensible a terceros. La integración de estas bases de datos en contextos de fragilidad democrática abre brechas para filtraciones que luego son utilizadas en estrategias de microsegmentación y desinformación dirigidas a los votantes.

Nuestra codirectora ejecutiva explicó que la disponibilidad creciente de herramientas de IA generativa permite escalar la producción de desinformación pero no reemplaza la acción humana que es clave en la definición de estrategias y mensajes, así como en la distribución que depende de plataformas tradicionales de redes sociales. En este esquema, el rol de los algoritmos de las plataformas y de actores como influencers resulta determinante para la amplificación artificial de mensajes de manera opaca.

Uno de los puntos más alarmantes de nuestra presentación fue el impacto diferenciado de estas tecnologías sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Venturini señaló que la facilidad de acceso a herramientas para crear contenidos de carácter sexual (deepfakes) se utiliza sistemáticamente para estigmatizar y deslegitimar a candidatas mujeres y personas LGBTIQA+. Citando estudios globales, como State of Deepfakes 2023, se recordó que el 98% del contenido deepfake en línea tiene fines sexuales, una industria que se ve legitimada por la disponibilidad de estas aplicaciones en tiendas oficiales como Google Play.

Frente a este panorama, Derechos Digitales subrayó la necesidad de alejarse de respuestas simplistas y avanzar hacia reformas estructurales. Entre las propuestas planteadas se encuentra el fortalecimiento de las leyes de protección de datos durante períodos electorales y el seguimiento de los flujos de financiamiento (conocido como follow the money) para desmantelar las redes de distribución de desinformación y los intereses comerciales que las sustentan.

Asimismo, se enfatizó en la importancia de implementar reformas normativas con perspectiva de género e interseccional en los códigos electorales para abordar la violencia política facilitada por la tecnología. Venturini recalcó que es fundamental que cualquier marco de gobernanza de la IA sea el resultado de procesos participativos que incluyan a la sociedad civil y la academia, garantizando que el desarrollo tecnológico no comprometa los derechos fundamentales.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de seguir impulsando políticas que potencien la pluralidad de contenidos. Esto incluye la protección del periodismo independiente y la seguridad de las y los defensores de derechos humanos, quienes desempeñan un papel crucial en la difusión de información confiable en una región donde el debate informado constituye la primera línea de defensa de la democracia.

El informe completo puede descargarse acá.