En esta contribución, presentada ante la Relatoría Especial para la Libertad de Asociación y Reunión, presentamos algunos casos concretos de preocupación sobre el despliegue de sistemas de IA en el marco de protestas pacíficas en países de la región, así como algunos de sus efectos inhibitorios. Formulamos recomendaciones de política pública a los Estados y empresas del sector privado.
Temática: Vigilancia
Aporte conjunto a la convocatoria de aportes sobre los impactos en los derechos humanos del uso de IA en la lucha contra el terrorismo
Aporte conjunto con el CELS y Fundación Vía Libre sobre el uso de IA en la lucha contra el terrorismo. En el documento identificamos tres tendencias, de regulación de la IA que habilita al uso de la biometría remota para la lucha contra el terrorismo, de potencial uso dual del reconocimiento facial para dichos fines, y de reformas de leyes de inteligencia y contraterrorismo que habilitarían al uso de IA y otras tecnologías de vigilancia masiva para tal ámbito.
Amicus curiae sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia Orgánica de Ecuador
En este documento sustentamos argumentos para la inconstitucionalidad de los artículos que regulan la solicitud de entrega de datos a entidades públicas, privadas y personas naturales; la interceptación de las comunicaciones y entrega de metadatos; la vigilancia del ciberespacio; la protección de datos en las tareas de inteligencia; y las limitaciones al derecho de acceso a la información pública.
Infancias en línea: riesgos, regulaciones y desafíos para América Latina
En 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó la estimación de que 1 de cada 3 usuarios de internet en todo el mundo era niño, niña o adolescente. A pesar de que aún existen muchos jóvenes que no tienen un acceso significativo a internet – y de que esto constituye un problema de orden primario -, es posible que hoy, casi una década después, la proporción de personas con menos de 18 años en entornos digitales sea aún mayor. En la realidad latinoamericana, estadísticas de países como Brasil, Argentina y México muestran que niños, niñas y adolescentes no solo pasan cada vez más tiempo conectados, sino que también comienzan a acceder a internet a edades cada vez más tempranas.
El punto sobre el cual UNICEF venía alertando al menos desde 2017 es que la infraestructura y las aplicaciones de internet, en esencia, no fueron diseñadas para este público, ni evolucionaron considerando la etapa de desarrollo físico, cognitivo y psicosocial que atraviesan niños, niñas y adolescentes. A esto se suma la lógica de explotación comercial sobre la cual opera internet desde hace años, muy distante de aquella idea inicial de un espacio libre, abierto y creativo. Estos factores exponen a los más jóvenes a una serie de riesgos online, considerablemente más graves que para los usuarios adultos.
En los últimos meses, la discusión sobre estos temas se intensificó. En el Reino Unido entró en vigor un paquete de medidas regulatorias que coloca en el centro la protección infantil en línea. En Brasil, el debate ganó aún más visibilidad tras una denuncia sobre la “adultización” e hipersexualización de niños y adolescentes en entornos digitales. Ambos episodios muestran cómo la agenda de protección en internet se consolidó como un tema urgente en todo el mundo. Sin embargo, es importante reflexionarlo desde una perspectiva localizada desde el contexto latinoamericano.
Niños y adolescentes están, de hecho, en riesgo en internet
La OCDE clasifica los riesgos a los que están expuestos niños, niñas y adolescentes en internet en cuatro categorías – las “4 C’s”. La primera son los riesgos de exposición a contenido inadecuado, como materiales nocivos, discursos de odio, desinformación u otros contenidos ilegales. Aquí entra, por ejemplo, la exposición a la pornografía, con consecuencias que van desde la erotización precoz hasta el estímulo a la violencia y la reproducción de estigmas de género. También entra el acceso a juegos de azar, un problema creciente en América Latina.
La segunda categoría son los riesgos de conducta, que abarcan aquellos creados por las propias interacciones de los niños en entornos digitales. Pueden manifestarse en comportamientos odiosos o nocivos, como el ciberacoso o la automutilación, muchas veces incentivados por el diseño de las plataformas y la viralización de ciertos contenidos. A comienzos de 2025, por ejemplo, una niña de 8 años murió en Brasil tras inhalar desodorante en aerosol en un reto de TikTok.
El tercer grupo son los riesgos de contacto, cuando niños y adolescentes son expuestos a interacciones dañinas o criminales con terceros adultos. Estos encuentros pueden ir desde situaciones de acoso hasta casos de explotación sexual infantil. Recientemente, en Estados Unidos, la fiscalía de Lousiana demandó a la plataforma de juegos Roblox, muy popular entre el público infantil, por no implementar mecanismos básicos de seguridad, lo que habría permitido que pedófilos se hicieran pasar por niños y entablaran interacciones malintencionadas a través del chat.
La cuarta dimensión son los riesgos de consumo, ligados al perfilado comercial y la inducción de gastos, parte estructural del modelo de negocio de las grandes plataformas digitales. Niños y adolescentes, en proceso de desarrollo, carecen hasta cierta edad de herramientas para distinguir publicidad de contenido orgánico. Incluso siendo ya un poco más viejos, no cuentan con recursos suficientes para lidiar con las presiones comerciales. Las prácticas de perfilamiento, como ya denunciaron distintos whistleblowers, han sido utilizadas por plataformas para aprovechar la vulnerabilidad emocional de adolescentes (sobre todo niñas). Entre sus prácticas está la promoción de contenidos que estimulan distorsiones corporales para mantenerlas enganchadas, aun con pleno conocimiento de sus efectos nocivos en la salud mental.
La OCDE señala, además, que existen riesgos transversales, como la pérdida de privacidad, la salud física y mental y los derivados de tecnologías digitales avanzadas o biométricas. Temas como el sharenting, los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial y los impactos del uso excesivo de redes sociales en el sedentarismo juvenil entran en esta categoría. Casos recientes publicados en la prensa, como la denuncia de las ganancias de YouTube con contenidos abusivos sobre niños, muestran cómo estas dimensiones se combinan y retroalimentan.
Es esencial reconocer estos riesgos, así como el hecho de que pueden afectar de manera trágica el desarrollo de una persona en formación. También es importante destacar que no recaen de forma homogénea: estudios comparativos señalan que las plataformas aplican reglas más laxas en países del Sur Global. En América Latina, niños indígenas y afrodescendientes tienen menos acceso tanto a internet como a educación formal, incluida la educación digital. Además, en un contexto en el que las plataformas digitales lucran con la vulneración de derechos, la carga del cuidado recae de forma desproporcionada en las familias y, especialmente, en las madres. En una región con altas tasas de maternidad en solitario y bajos niveles de alfabetización digital, muchas mujeres no cuentan con el tiempo ni con las herramientas necesarias para acompañar la navegación segura de sus hijos, lo que los vuelve aún más vulnerables.
La respuesta regulatoria
No es en vano que, sobre todo en los últimos cinco años, este tema comenzó a recibir creciente atención de reguladores en todo el mundo. En 2020, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU redactó la versión final de su Observación General 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, aprobándola a comienzos de 2021. El documento representó un hito en el derecho internacional de los derechos humanos, al interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 a la luz de los avances tecnológicos, reafirmando que todos los derechos de niños, niñas y adolescentes se extienden también al entorno digital. Conviene recordar que la Convención de 1989 es el tratado internacional más ratificado del mundo, y que instauró la doctrina de la protección integral, reconociendo a todas las personas con menos de 18 años como sujetos de derechos, con autonomía progresiva para su ejercicio, y, por lo tanto, debiendo ser promovidos y protegidos en todos los espacios.
2021 también marcó la aprobación del Age Appropriate Design Code por el ICO del Reino Unido, que estableció estándares de diseño para productos y servicios digitales destinados o con alta probabilidad de ser utilizados por niños y adolescentes. La iniciativa inspiró en los años siguientes diversas medidas por parte de autoridades de protección de datos, especialmente en Europa, como en Suecia e Irlanda. El Digital Services Act (DSA), aprobado en 2023 en la Unión Europea, también tiene reglas específicas para el grupo, señalando el principio de su mejor interés para el desarrollo de servicios digitales y reglas diferenciadas para el tratamiento de sus datos.
En 2024, Australia aprobó una ley inédita que prohíbe el acceso de personas con menos de 16 años a redes sociales y la Unión Africana adoptó directrices para la protección en línea de niños, niñas y adolescentes. La discusión también ganó fuerza en los Estados Unidos, donde ya recibió media sanción el Kids Online Safety Act (KOSA), aunque bajo apoyo desde argumentos problemáticos de políticos conservadores, como la protección de niños a “contenidos LGBT”. En 2025, nuevamente el Reino Unido, esta vez a través de la Ofcom, publicó una serie de directrices condensadas en los ya mencionados Protection of Children Codes and Guidance.
Estas iniciativas también resonaron en América Latina. En julio de 2025, Colombia aprobó la Ley 2489, “por medio de la cual se establecen disposiciones para el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes del país”. En Brasil, desde 2022 se debate en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley nº 2628, que también establece reglas específicas para la protección de los más jóvenes en internet. El texto fue aprobado en el Senado a finales de 2024 y recién aprobado también en la Cámara de los Diputados, en agosto de 2025. Ahora vuelve al Senado para aprobación final, incluyendo dispositivos como la prohibición del uso de datos de personas con menos de 18 años para publicidad comportamental, además de previsiones sobre supervisión parental, vedación de acceso a contenidos dañinos y rendición de cuentas por parte de las aplicaciones digitales. Su tramitación recobró fuerza en agosto de este año, tras la referida denuncia del influencer Felca digital sobre la adultización e hipersexualización de niños y adolescentes en internet.
Un punto común de estas iniciativas regulatorias es establecer reglas diferenciadas para el uso de entornos digitales por parte de niños y adolescentes, ya sea en relación con los contenidos a los que pueden (o no) acceder, o en relación con prácticas de diseño y extracción de datos. Para que esa diferenciación ocurra en la práctica, gobiernos y empresas que proveen servicios digitales señalan que es necesario poder identificar quiénes son las personas con menos de 18 años en internet. En este contexto, aun cuando no aparezcan de forma explícita en todas las normativas recientes, la implementación de mecanismos de verificación de edad ha pasado a ser considerada una puerta de entrada esencial para la defensa de la infancia.
Informes de autoridades y análisis recientes hablan de una “ola global” de sistemas de verificación de edad en toda internet, donde la protección de la infancia se presenta como justificación para extender controles de identidad a todos los usuarios, incluso en aplicaciones que no son consideradas de alto riesgo. Esta tendencia recuerda al debate de la última década que oponía la defensa de la criptografía fuerte al combate contra la circulación de material de abuso sexual infantil, dividiendo en grupos opuestos, de manera simplista, a defensores de la privacidad y defensores de la infancia.
Más allá de soluciones fáciles
Esa falsa oposición plantea trampas que empobrecen el debate y dificultan la búsqueda de soluciones. Tiene, al menos, dos problemas centrales. El primero es no reconocer que niños y adolescentes, como sujetos de derechos, también tienen derecho a la privacidad y deben poder ejercerlo en el marco de su autonomía progresiva. Si pensamos en quienes viven en contextos familiares o comunitarios represivos, buscando información sobre su sexualidad o identidad de género, por ejemplo, este derecho se vuelve aún más importante.
Extender mecanismos de verificación de edad de manera indiscriminada altera la estructura de internet y puede afectar también a las propias infancias. No se trata de sacrificar las características fundamentales de la red como el acceso abierto y el anonimato relativo en nombre de su protección, porque ellas también se benefician de estas condiciones. El desafío es matizar el debate y reconocer las tensiones en juego, incluyendo en las discusiones regulatorias también agentes técnicos que puedan apoyar a desarrollar estos matices.
El segundo problema es desconsiderar que las tecnologías operan dentro de entramados sociotécnicos complejos. Así como no son, de manera aislada, la raíz de los riesgos que enfrentan niños y adolescentes, tampoco serán, de manera aislada, la solución.
Debemos discutir seriamente temas como la cultura de la violación y la ausencia de educación sexual en las escuelas, y cómo estas problemáticas atraviesan desigualdades de género y raza. En América Latina, entre 2018 y 2022, casi 490.000 niñas con menos de 18 años fueron víctimas de delitos contra su dignidad sexual, un dato que evidencia la urgencia de ese debate. Además, es necesario debatir el modelo económico que sostiene internet: el capitalismo de vigilancia. Un sistema nocivo para todos los usuarios, pero que impacta de manera particularmente severa a niños, niñas y adolescentes.
Estamos en un potencial punto de inflexión en la forma en que se estructura la internet y circulan sus usuarios. El debate sobre la protección de las infancias es indispensable, pero no puede reducirse a fórmulas simplistas ni a la falsa oposición entre privacidad y seguridad. América Latina no debe importar soluciones regulatorias prefabricadas sin crítica, sino comprometerse en un proyecto político y social que coloque a niños, niñas y adolescentes en toda su diversidad en el centro de un futuro digital verdaderamente justo.
De la promesa tecnológica al control estatal: lo que revela el caso mexicano
En junio de 2025, México aprobó un paquete legislativo que incluyó reformas a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Este conjunto de reformas legales creó una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica que es obligatoria para acceder a servicios públicos y privados. Además, amplió significativamente las facultades de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Esto se llevó a cabo a pesar de la movilización de organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron sobre los graves riesgos que estas reformas representan para los derechos humanos y la democracia en el país.
Lejos de ser un caso aislado, este proceso refleja una tendencia regional cada vez más extendida en América Latina: la consolidación de infraestructuras de vigilancia y control social, legitimadas a través de reformas legales y sustentadas en el uso de tecnologías digitales y biométricas. Este fenómeno revela un panorama en que el tecnosolucionismo y la seguridad se utilizan como argumentos para erosionar libertades, reforzar el poder estatal y profundizar desigualdades estructurales.
Promesas y peligros de la identidad digital
La creación de la CURP biométrica en México implica el establecimiento de una base de datos centralizada que asocia el número único de registro de cada persona con sus datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía. El objetivo declarado por el Gobierno es responder a la crisis generada por la creciente desaparición de personas, mediante la construcción de un sistema que permita registrar y rastrear cada interacción y movimiento de la ciudadanía en su vida cotidiana, desde el acceso a servicios públicos hasta actividades privadas, con el fin de facilitar su identificación y localización.
Al tratarse de un registro obligatorio, se elimina la posibilidad de un consentimiento informado sobre la recolección y el uso de los datos personales, lo que agrava los riesgos para la autonomía y la privacidad. Además, habría que considerar qué ocurre con quienes no logran registrarse: ¿quedarán excluidos del acceso a servicios esenciales? La obligatoriedad de la CURP biométrica como requisito para acceder a servicios públicos y privados implica que quienes no estén registrados en esta base o no puedan hacerlo quedarán fuera de derechos y prestaciones básicas.
Así, personas que no logran acercarse a los centros de registro, sobre todo las que viven en zonas remotas; aquellas que no tienen datos biométricos que puedan ser recopilados (como personas mayores con huellas dactilares deterioradas o personas con ciertas discapacidades); y personas trans cuya identidad de género y nombre social no se reflejan en su CURP -especialmente considerando que varios estados mexicanos no reconocen legalmente el nombre social- quedan aún más marginadas. Es decir, además de profundizar desigualdades estructurales ya existentes, este tipo de medidas produce nuevas formas de exclusión, reforzando barreras institucionales y sociales que afectan de manera desproporcionada a los grupos sociales históricamente excluidos.
Al mismo tiempo, este tipo de infraestructura plantea serias preocupaciones en términos de privacidad y desafía directamente el derecho al anonimato. El anonimato protege a las personas frente al rastreo constante de sus actividades y opiniones, especialmente en contextos donde disentir puede tener consecuencias.
También conlleva importantes riesgos en materia de ciberseguridad: aunque existen distintos niveles de madurez en ciberseguridad en los Estados de América Latina, se han registrado repetidos ataques y vulneraciones a bases de datos públicas en varios países. Las filtraciones de datos biométricos resultan especialmente graves, ya que se trata de información que, a diferencia de una contraseña, no puede ser modificada: forma parte intrínseca de la identidad física de cada persona. Su exposición indebida, así, puede llevar a fraudes y robo de identidad.
La creación de bases de datos centralizadas y la recopilación indiscriminada de datos biométricos no son fenómenos exclusivos de México. En 2023, Derechos Digitales ya advertía de la tendencia en un informe sobre la proliferación de sistemas de identidad digital en América Latina, señalando los riesgos asociados y la falta de controles efectivos, como la ausencia de garantías judiciales, la opacidad en el uso de los datos y el acceso por parte de múltiples entidades estatales sin supervisión.
Sin embargo, hay ejemplos que muestran decisiones orientadas a establecer límites: en Brasil, en 2022, el Supremo Tribunal Federal decidió imponer restricciones significativas al Cadastro Base do Cidadão -una base de datos también con información biométrica creada por decreto presidencial- al considerar inconstitucional el acceso irrestricto por parte de todos los órganos gubernamentales, reforzando así la necesidad de controles judiciales y criterios de proporcionalidad. Esta discusión resulta especialmente pertinente para México, donde el nuevo paquete legislativo otorga acceso a la base de datos biométrica a diversas instancias de inteligencia y a las Fuerzas Armadas sin requerir autorización judicial ni mecanismos de control democrático.
Inteligencia sin control: el poder opaco
Las reformas legales recientes en México otorgan a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional un poder sin precedentes en materia de inteligencia. Estas instituciones reciben facultades ampliadas para realizar labores de vigilancia e interceptación de comunicaciones sin necesidad de autorización judicial, eliminando cualquier contrapeso democrático. Además, se les concede acceso irrestricto a la base de datos de la CURP biométrica, lo que les permite rastrear de forma masiva e indiscriminada a la población, sin que las personas sean informadas de que sus datos están siendo consultados o utilizados.
Este escenario se ve agravado por la decisión del gobierno mexicano, aprobada en marzo de 2025 por el Congreso, de eliminar instituciones autónomas clave, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El órgano tenía entre sus competencias garantizar la protección de datos personales y el acceso a la información, y su extinción implica un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, también resulta pertinente llamar la atención sobre la recientemente aprobada Convención de Cibercrimen de la ONU, que fue incluso apoyada por México, cuyo enfoque favorece a la vigilancia y el intercambio transfronterizo de datos entre agencias sin establecer salvaguardas suficientes en materia de derechos humanos, privacidad y debido proceso.
Las nuevas leyes mexicanas legitiman la vigilancia permanente y opaca, donde el control estatal se expande sin supervisión efectiva. Se trata de una tendencia que no es exclusiva de México. En Argentina, por ejemplo, se transfirió el control de la ciberseguridad a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), consolidando un aparato de vigilancia bajo mando directo del Poder Ejecutivo y debilitando garantías fundamentales. A esto se suma la aprobación reciente de la Ley de Inteligencia en Ecuador, que otorgó facultades amplias y ambiguas a los organismos de inteligencia, sin mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas.
La tendencia regional apunta a un mismo patrón: justificar el incremento de poderes de vigilancia en nombre de la seguridad nacional, mientras se consolidan estructuras estatales cada vez más autoritarias. Estas reformas fortalecen un poder opaco, erosionan las garantías democráticas y colocan a las poblaciones en una situación de vulnerabilidad constante frente al Estado.
Tecnología como atajo político: el falso remedio
Como se mencionó, el principal argumento del gobierno mexicano para impulsar la CURP biométrica y el nuevo paquete de reformas fue responder a la crisis nacional de desapariciones. Actualmente, México enfrenta más de 129.000 personas desaparecidas, más de 5.600 fosas clandestinas y una crisis forense con más de 70.000 cuerpos sin identificar. Se trata de una situación extrema que exige respuestas urgentes, integrales y respetuosas de los Derechos Humanos.
Sin embargo, el paquete de leyes no fue acompañado de argumentos que sostengan de forma clara y verificable cómo estas reformas legales y la nueva infraestructura de vigilancia contribuirían efectivamente a resolver esta crisis. Por el contrario, las causas estructurales, como la impunidad, corrupción, falta de capacidades forenses e institucionales, no fueron enfrentadas por las reformas. Colectivos de familias buscadoras y organizaciones de derechos digitales han advertido que el paquete legislativo no sólo elude las verdaderas causas de la crisis, sino que instala un sistema de vigilancia masiva sin garantías, que expone aún más a las personas defensoras y a la población en situación de vulnerabilidad.
El tecnosolucionismo presenta la tecnología como una solución mágica a problemas sociales complejos. Pero la tecnología, por sí sola, no resuelve esos problemas ni sustituye políticas públicas integrales. Al contrario, su implementación desmedida y sin garantías puede generar nuevas capas de control social, agravando riesgos a los derechos humanos.
Este fenómeno se agrava cuando las reformas legales y la adopción de tecnologías se realizan sin participación social ni debate público, como pasó en México. En América Latina, esta tendencia es cada vez más visible. Por ejemplo, la implementación creciente de tecnologías de reconocimiento facial para supuestamente mejorar la seguridad pública se ha justificado sin evidencia alguna de su efectividad ni participación social. En cambio, hay abundante evidencia de que estas tecnologías profundizan la discriminación y la violencia contra poblaciones ya marginalizadas, especialmente personas negras y trans.
Es importante reconocer que esta problemática y la narrativa del tecnosolucionismo no se limita a contextos autoritarios. Aunque se agrave en estos casos, también se observan en países cuyos gobiernos se presentan como defensores de los Derechos Humanos. Abordar la implementación de tecnologías desde un enfoque de derechos implica cuestionar quién la diseña y cómo se implementa, con qué objetivos y bajo qué condiciones, priorizando siempre la autonomía y la dignidad de las personas. Cuando el uso de estas tecnologías se legitima a través de legislaciones que no respetan marcos de Derechos Humanos ni contemplan procesos con participación social significativa, su implementación termina consolidando estructuras de control que perpetúan la vigilancia y la exclusión, en lugar de fortalecer la democracia y garantizar derechos.
Hablar en clave para existir: resistencias digitales frente a la censura algorítmica
Estas frases alteradas aparecen en redes cada vez que abordamos temas que desafían las normas impuestas por el algoritmo: 4bu$o s3xual, su1c1d1o, desvivir. Se le llama “algospeak” a estas estrategias de lenguaje que buscan eludir la vigilancia de plataformas como TikTok, YouTube o Instagram a ciertos contenidos considerados inapropiados. Así se forma un código lleno de caracteres y eufemismos que no surge de la creatividad, sino de la necesidad de resistir un sistema que a menudo castiga la discusión de una realidad muchas veces incómoda mediante el silenciamiento.
La gestión algorítmica no solo limita el presente, también interviene en la posibilidad de construir futuros más justos. Al condicionar qué narrativas son visibles y cuáles no, los algoritmos afectan directamente la capacidad de articular ideas, reflexiones, desacuerdos y alternativas.
Las voces que denuncian violencias estructurales son etiquetadas como “inapropiadas” o simplemente eliminadas. De hecho, las personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas son especialmente afectadas, porque sus relatos son sistemáticamente considerados como “sensibles” o “peligrosos” por sistemas que no entienden el contexto ni el propósito de las expresiones detectadas por los filtros automatizados.
Esta jerarquización automática de los discursos revela una visión del mundo profundamente sesgada. El algospeak es síntoma de un entorno que redefine lo que podemos decir, que aplica controles automáticos y reorganiza lo que consideramos importante. Pero el daño no es solo individual: afecta también lo que recordamos y cómo construimos colectivamente nuestros relatos en la defensa de los derechos humanos.
La doble vara del algoritmo
Los estándares de las plataformas no se aplican con el mismo rigor para todos los contenidos ni para todas las voces. Un ejemplo claro de este desbalance ocurrió en México, cuando publicaciones que denunciaban abusos policiales fueron eliminadas por usar música con derechos de autor. Aunque el objetivo era denunciar violencia institucional, el algoritmo priorizó la protección de propiedad intelectual por sobre el derecho a la verdad y la justicia. Al mismo tiempo, contenidos que promovían discursos misóginos o racistas se mantuvieron visibles sin consecuencias.
Esta doble vara, que castiga la denuncia y deja pasar el abuso, no es un error: es una consecuencia directa de sistemas diseñados sin contexto, sin perspectiva de derechos y sin rendición de cuentas. Se censuran las pruebas, pero no las violencias. Se penalizan las denuncias, pero no las estructuras que las provocan. Al proteger ciertas narrativas y silenciar otras, los algoritmos refuerzan el statu quo y erosionan las posibilidades de transformación social.
Además, según recoge la Red Internacional de Periodistas, este es un juego asimétrico. En ese laberinto de claves y restricciones, lo que está en riesgo no es solo el alcance inmediato; las denuncias se vuelven más difíciles de rastrear, y la información concreta de organizaciones, activistas o movimientos sociales desaparece para quienes más la necesitan.
El impacto en la acción colectiva y la memoria
El control automático que penaliza palabras sin ponerlas en contexto condiciona la forma en que narramos nuestras luchas, ya que nos obliga a moldear las palabras que usamos para nombrar nuestras realidades. En muchos casos, estas son palabras que han costado años conceptualizar y consensuar dentro de los movimientos sociales. Al no llamar las cosas por su nombre, se diluye el mensaje y se fragmenta la memoria colectiva.
Como advierte la revista Forced Migration Review, cuando comunidades en condiciones vulnerables se reapropian de términos o usan lenguajes de denuncia, los algoritmos parecen ser más efectivos para eliminar sus contenidos que para moderar discursos de odio o acoso que les atacan. Este desbalance se vuelve crítico cuando miramos quiénes quedan sistemáticamente fuera de las reglas del juego. Las experiencias de personas refugiadas y/o racializadas, por ejemplo, se vuelven aún más invisibilizadas.
Existe un desfase entre los contextos locales y las reglas impuestas globalmente por las plataformas. Muchas veces, los sistemas de moderación algorítmica no están adaptados a las realidades sociales, culturales y lingüísticas de comunidades del Sur Global, lo que intensifica la exclusión digital. Una palabra que en un idioma puede ser una forma legítima de denuncia, en otro es catalogada como violenta o riesgosa. Esta desconexión refuerza la desigualdad en el acceso a la palabra pública y subraya la necesidad de una moderación en el entorno digital que escuche y responda a las realidades plurales que habitan internet.
Quienes dominan los códigos pueden sortear la censura; quienes no, quedan afuera de la conversación. El Digital Future Society alerta que a activistas, creadores de contenido y periodistas se les exige desarrollar un lenguaje que se reinventa una y otra vez frente a la opacidad algorítmica. Pero cuando las palabras cambian constantemente para eludir la censura, se vuelve más difícil ponerlas en común y hacerlas accesibles para otras personas. Frente a estas restricciones debemos repensar cómo nos comunicamos y qué estrategias podemos adoptar.
¿Cómo resistimos?
Nombrar con claridad es un acto político. Llamar las cosas por su nombre, sin eufemismos, es también una forma de resistencia. Reapropiarse del lenguaje algorítmico no significa aceptarlo, sino visibilizarlo como síntoma de un sistema injusto. Algunas organizaciones ya crean glosarios y recursos compartidos para descifrar el algospeak, como el Algospeak Dictionary del Colectivo de Derechos Digitales para la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos. Democratizar estos conocimientos es clave para que más personas puedan resistir y participar.
También necesitamos exigir mayor transparencia algorítmica. Las plataformas deben explicar cómo moderan y bajo qué criterios y con qué sesgos. Este reclamo no es técnico: es político. Implica defender la libertad de expresión, pero también proteger los temas políticos, culturales y sociales que importan y que hoy están siendo eliminados por sistemas automatizados.
Por último, urge construir y habilitar redes que no estén subordinadas a intereses corporativos. Espacios descentralizados como el fediverso, los medios comunitarios, cooperativas digitales o las alianzas entre organizaciones pueden resguardar nuestras narrativas y sostener la memoria. Resistir también es cuidar redes donde nuestras palabras no sean censuradas por algoritmos opacos.
Palabras que pesan
Las palabras tienen peso. Y cuando las escribimos completas, aunque duelan, aunque molesten, estamos recordando que hay cosas que no pueden ser contenidas, ni siquiera por un algoritmo. Recuperar el lenguaje, cuidarlo y defenderlo es una tarea urgente para quienes luchan por una internet más justa.
En tiempos de automatización y censura silenciosa, reapropiarnos del derecho a nombrar también es reapropiarnos del derecho a existir. No basta con adaptarse: necesitamos transformar el entorno digital para que nuestras palabras no tengan que esconderse.
Rechazo al Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia
Ecuador DM, 03 de junio de 2025
Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo categórico al Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que actualmente entra en discusión en la Asamblea Nacional. Esta propuesta legislativa no responde a la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en el país, sino que establece las bases para un sistema opaco, autoritario y profundamente lesivo a los derechos humanos, en una propuesta de ley que ha sido desarrollada entre el silencio mediático y las sombras.
En un contexto donde la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción requieren respuestas integrales, coordinadas y democráticas, este proyecto no ofrece soluciones reales. Por el contrario, institucionaliza la impunidad, concentra el poder en el Ejecutivo y reduce al mínimo los mecanismos de control y fiscalización ciudadana y judicial.
Denunciamos que el proyecto:
1. Viola el derecho a la privacidad y al debido proceso: Al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, se habilita una vigilancia masiva e inconstitucional sobre la ciudadanía.
2. Otorga impunidad a los agentes de inteligencia: Exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes cometan abusos en el marco de sus funciones, generando un sistema paralelo fuera del estado de derecho.
3. Impone una entrega obligatoria de información sin garantías: Obliga a instituciones, empresas y personas a entregar datos bajo amenaza legal, sin protección de confidencialidad ni posibilidad de oposición.
4. Legaliza el uso de gastos reservados sin fiscalización: Se establece el uso de recursos públicos bajo la figura de «gastos reservados», sin controles independientes ni auditorías externas, reproduciendo las mismas condiciones que permitieron escándalos de corrupción y espionaje político en el pasado (como con la extinta SENAIN).
5. Permite el uso político del sistema de inteligencia: Con un ente rector nombrado directamente por el Presidente y sin mecanismos de supervisión autónoma, el sistema puede ser fácilmente instrumentalizado para perseguir a críticos, opositores, periodistas y defensores de derechos.
6. Debilita la transparencia y la democracia: La clasificación arbitraria de información como “secreta” limita el acceso ciudadano y periodístico, erosionando la rendición de cuentas y alimentando la opacidad institucional.
7. Incumple estándares internacionales de derechos humanos: Desconoce el fallo Cajar vs.Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige proteger los datos personales en sistemas de inteligencia y garantizar derechos como la cancelación, corrección y actualización, reconociendo la autonomía informativa.
Este proyecto no combate la inseguridad: la profundiza
Implementar un aparato de inteligencia sin garantías de control, transparencia ni respeto a los derechos fundamentales no combate la violencia ni el crimen organizado. Lo único que asegura es más poder para el Presidente y el aparato estatal, menos vigilancia ciudadana, y más herramientas para el abuso.
La historia reciente de Ecuador demuestra que la concentración de poder y la opacidad en los sistemas de inteligencia no mejoran la seguridad, sino que alimentan el espionaje ilegal, la persecución política y la corrupción.
Exigimos:
- El archivo inmediato del Proyecto de Ley;
- La apertura de un debate público y participativo, con organizaciones de derechos humanos, periodistas, expertos en seguridad y sociedad civil;
- La construcción de una política de inteligencia basada en controles democráticos, transparencia y respeto irrestricto a los derechos fundamentales;
- El establecimiento de mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas, incluyendo la eliminación de gastos reservados sin auditoría externa.
- Un pronunciamiento urgente de la Superintendencia de Protección de Datos Personales respecto al contenido de este proyecto de Ley que pretende un acceso desmedido y sin consentimiento a datos personales.
No se combate la violencia entregando al Estado las herramientas para violar derechos.
No hay seguridad sin democracia. No hay democracia sin control ciudadano.
No a la impunidad.
Análisis sobre el proyecto de Ley de Inteligencia en Ecuador
En la Asamblea Legislativa de Ecuador avanza la discusión del «Proyecto de ley orgánica de inteligencia» que, si bien busca responder a los retos que enfrenta el país en materia de seguridad nacional, propone un articulado que genera preocupación por su nivel de desprotección de los derechos humanos.
Cuando la ciberseguridad es cooptada por la inteligencia estatal
La ciberseguridad se ha consolidado como un tema primordial para los Estados latinoamericanos en los últimos años. Entre la creciente digitalización y las amenazas cibernéticas, se ha impulsado la formulación de estrategias nacionales y otras políticas públicas que establecen tanto los objetivos de los gobiernos en la materia, como, en muchos casos, las entidades responsables de su implementación. En ese contexto, y como señalamos en una reciente publicación, es fundamental abordar a las políticas de ciberseguridad desde enfoques basados en derechos humanos que coloquen a las personas al centro de las acciones de prevención y respuesta a los ciberataques contemplando sus riesgos específicos y necesidades, priorizando el ejercicio de derechos fundamentales. En las últimas semanas, Argentina ha captado la atención del ámbito de la ciberseguridad debido a una serie de decisiones gubernamentales que han encendido varias alarmas.
¿Qué fue lo que ocurrió?
En septiembre de 2023, Argentina aprobó su Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un documento que, a primera vista, representó un avance significativo en la región al incorporar principios de derechos humanos y perspectiva de género. No obstante, ese enfoque ha quedado en entredicho tras una serie de decisiones adoptadas por el gobierno actual. En julio de 2024, la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional -que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y restituyó sus funciones a la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), restablecida bajo el control directo y exclusivo del Poder Ejecutivo- marcó el primer giro. Luego, en abril de 2025, con el Decreto 274/2025, la preocupación se intensificó: la SIDE pasó a controlar la Agencia Federal de Ciberseguridad y, con ello, la implementación de la Estrategia Nacional y la operación del CERT.ar. Este modelo de gobernanza en la política de ciberseguridad no tiene precedentes, ni dentro ni fuera de América Latina.
A la par de dichas reformas, en mayo de 2025 la SIDE aprobó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Este es un documento definido por el gobierno como “secreto”, que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para “promover los intereses estratégicos” del gobierno. Al PIN sólo tienen acceso el presidente, la SIDE y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Esta restricción para la consulta del documento siembra de entrada preocupaciones no solo sobre su opacidad sino sobre los retrocesos que pueda representar para las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Más aún, y según lo señalado por medios como La Nación que ha logrado acceder al documento extraoficialmente, el PIN otorga facultades a la SIDE para recabar información sobre todas aquellas personas que, a criterio de la entidad, “erosionen” o “manipulen” la confianza de la opinión pública sobre las políticas de seguridad y económicas del gobierno actual; una práctica prohibida por la propia Ley de Inteligencia Nacional.
La aprobación del PIN despertó las alarmas del gremio periodístico y del sector de la sociedad civil argentina, pues la ampliación de las facultades operativas de la SIDE básicamente legitima la persecución y vigilancia a quienes expresen opiniones críticas, un pilar fundamental para el debate democrático. De hecho, el periodista de la Nación que reveló la existencia del nuevo documento de inteligencia estatal reportó ataques a sus cuentas de redes sociales, así como amenazas recibidas a través de estas. La gravedad de este caso visibiliza un patrón sistemático en el país y en la región que amenaza la libertad de expresión así como el derecho de acceso a la información pública, aspectos que hemos documentado en otros artículos.
Los peligros del cambio en la gobernanza de la ciberseguridad
Designar la ciberseguridad al mando de organismos de inteligencia implica un retroceso en la medida que desplaza el enfoque centrado en las personas, limita la participación social y profundiza riesgos de vigilancia. Este cambio se alinea con una concepción conservadora de la ciberseguridad, anclada en una visión técnica centrada exclusivamente en la protección de infraestructuras críticas del Estado, puesto que las agencias de inteligencia tienen como núcleo la protección de los intereses estatales desde el ámbito de la seguridad nacional. Es importante destacar que este enfoque ha sido paulatinamente superado por marcos más integrales y centrados en derechos humanos, que colocan a las personas en el núcleo de las políticas de prevención y respuesta.
Sumado a lo anterior, disponer el desarrollo y la implementación de políticas de ciberseguridad bajo la estructura oculta de la inteligencia estatal, lejos de ser un detalle técnico, reactiva una lógica peligrosa y ya conocida en la región: la priorización discursiva de la seguridad nacional como justificación para restringir libertades fundamentales. A saber, a lo largo del siglo pasado, esta narrativa fue utilizada por regímenes dictatoriales para vigilar, censurar y reprimir a la disidencia bajo la «doctrina de seguridad nacional».
Ahora bien, uno de los pilares en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en la superación de las dictaduras de la región ha sido precisamente la exigencia de límites democráticos al accionar de las agencias de inteligencia. La persistencia de mecanismos opacos y sin controles –como es el caso argentino– no solo es un problema de transparencia, sino una evidencia de que las prácticas y finalidades mismas de dichas agencias siguen siendo incompatibles con los principios democráticos, lo que va en contramano de fallos históricos recientes en la región.
En el escenario argentino, el rediseño del sistema de inteligencia y el traspaso del control de la ciberseguridad a la SIDE no son hechos menores ni aislados, sino parte de un proyecto político del actual gobierno. Este proyecto impulsa discursos y medidas abiertamente regresivas en temas como género, diversidad, protesta social y acceso a la información pública, que han sido denunciados por organismos y organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y Reporteros Sin Fronteras. Esta agenda antiderechos tiene graves impactos especialmente sobre grupos históricamente vulnerables, entre ellos mujeres y personas LGBTQIA+, que además son un blanco frecuente y desproporcionado de las prácticas de vigilancia y los ataques digitales, particularmente quienes ejercen liderazgos políticos, sociales o periodísticos. Precisamente, quienes deberían estar en el centro de las políticas de ciberseguridad son quienes más riesgos enfrentan con los recientes giros autoritarios.
El cambio de gobernanza en cuestión se articula, además, con decisiones geopolíticas de alineamiento expreso con los intereses de Estados Unidos e Israel, países mencionados explícitamente como referentes estratégicos en el nuevo PIN argentino. Esta alineación no solo refuerza una lógica de seguridad nacional que pone en tensión los derechos fundamentales, sino que también reproduce un modelo caracterizado por la concentración de poder y la falta de controles democráticos efectivos. En el caso argentino, donde no existen mecanismos efectivos institucionales de fiscalización sobre las agencias de inteligencia, la pregunta que se impone con fuerza es ¿quién vigila a quienes vigilan?
Implicancias del caso argentino para nuestra región
El caso argentino hace eco en hechos históricos y expone cómo los marcos legales pueden ser utilizados para habilitar prácticas autoritarias. Además, y tomando como referencia un informe reciente de Derechos Digitales, junto a otras acciones realizadas por el gobierno argentino el último tiempo, como la Resolución 428/2024, el caso consolida un rumbo para el despliegue de prácticas de vigilancia bajo normas poco claras, un camino que el Estado ya venía trazando desde 2020. Lo ocurrido en las últimas semanas formaliza dichas actividades y habilita otras como el monitoreo masivo en redes, bajo una estructura que convierte la ciberseguridad en un instrumento político para vigilar y silenciar a la disidencia.
Como vemos, el problema no es nuevo; lo nuevo es que se legitiman la persecución y la vigilancia por vía legal. Estamos ante una disputa política que requiere respuestas claras por parte de los Estados. La región evidencia un panorama en el cual crece la tolerancia hacia formas autoritarias de gobierno. Argentina, un país considerado históricamente como referente en materia de derechos humanos, se ha venido alejando de ese lugar. Este retroceso insta a la activación de compromisos concretos del resto de los países de la región, no solo para construir y defender estándares comunes, sino para impedir que un modelo de ciberseguridad como este sea replicado.
La preocupación es aún mayor considerando que Argentina es uno de los países de América Latina con las estructuras institucionales más robustas en esta área. Cuenta con más recursos técnicos, capacidades operativas y fuerza política que muchos otros. En una región marcada por profundas asimetrías entre países —donde muchos carecen de marcos sólidos, personal capacitado y financiamiento adecuado para la ciberseguridad—, existe el riesgo real de que modelos autoritarios como el argentino influyan negativamente en el diseño de políticas públicas en otros Estados.
Reafirmar un enfoque en ciberseguridad basado en derechos humanos no es una aspiración técnica, sino una urgencia democrática. La protección de la privacidad, la libertad de expresión y la inclusión digital debe estar en el centro de toda política pública en la materia. Fortalecer la gobernanza democrática -con participación multisectorial, perspectiva de género y atención a las desigualdades estructurales cómo las de género- es una tarea impostergable. Solo así podremos construir resiliencia digital sin ceder las libertades que sostienen nuestras democracias.
Ciberpatrullaje: cuando vigilar se justifica en nombre de la seguridad
Seguridad digital ≠ Seguridad nacional
La narrativa de seguridad ha justificado el despliegue de vigilancia digital en varios países de América Latina. En Argentina, una resolución habilitó a las fuerzas de seguridad a monitorear redes sociales y otras fuentes abiertas, incluso con inteligencia artificial, bajo criterios ambiguos que permiten investigar “cualquier delito”. En Perú, se firmaron convenios para entrenar cibersoldados, en alianza con una empresa israelí, país cuestionado por sus tecnologías de vigilancia, importando modelos de guerra digital sin debate. En Colombia, el ciberpatrullaje es una práctica oficial de la Policía Judicial para recolectar información pública, sin garantías de proporcionalidad.
Aunque se presentan como medidas para prevenir delitos, estas prácticas han sido utilizadas para vigilar, judicializar o intimidar a personas por ejercer su libertad de expresión. En Argentina, un joven fue procesado por un tuit; en Bolivia, 37 personas fueron condenadas por supuesta participación en protestas; en Brasil, una sátira sobre Bolsonaro terminó en detención; en Uruguay, un adolescente fue arrestado por error tras una confusión en redes; y en México, la Guardia Nacional usó software israelí para rastrear a críticos del ejército. Todos estos casos documentados en el informe Perfilamiento en redes sociales y ciberpatrullaje como nuevas modalidades de la vigilancia masiva desplegada por los Estados: casos relevantes en América Latina, evidencian cómo el discurso de protección ha servido para legitimar formas de vigilancia contrarias a los derechos humanos.
El caso más reciente ocurrió en Venezuela, tras las protestas por los resultados electorales, el monitoreo de redes también fue utilizado para perseguir e intimidar a manifestantes y activistas.
OSINT y ciberpatrullaje: entre la búsqueda abierta y la vigilancia encubierta
Para entender cómo se aplican hoy las prácticas de vigilancia, es necesario observar el uso de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT por sus siglas en inglés) y su implementación en el ciberpatrullaje. La metodología OSINT consiste en recolectar y analizar información pública, como publicaciones en redes sociales, sitios web, imágenes, videos o metadatos, con fines investigativos. Su expansión se debe a que no requiere vulnerar sistemas protegidos: todo está a la vista. Pero esa accesibilidad no implica que su uso esté libre de consecuencias.
Si bien existen usos responsables y útiles de esta herramienta como el de Trace Labs -una organización que usa OSINT en plataformas colaborativas para ayudar a encontrar personas desaparecidas bajo protocolos y fines humanitarios- este tipo de iniciativas son excepcionales. En la mayoría de países de la región, OSINT ha sido adoptado por fuerzas de seguridad bajo el argumento de proteger a la ciudadanía o prevenir amenazas, pero en realidad se usa para vigilar y perfilar a personas críticas del poder, periodistas y activistas. El perfilamiento implica recolectar, clasificar e interpretar datos para construir hipótesis sobre una persona: qué piensa, con quién se vincula o qué podría hacer.
El ciberpatrullaje amplifica esta lógica: es la práctica estatal del monitoreo del discurso en línea (y de las personas) con técnicas OSINT, en la mayoría de las veces sin notificación, sin supervisión ni protocolos claros. Su implementación no está orientada a la identificación de personas vinculadas a causas judiciales, sino que opera de forma masiva, permitiendo el perfilamiento de individuos por sus opiniones, afiliaciones políticas o participación en espacios sociales. Sin embargo, tanto los perfilamientos como el ciberpatrullaje pueden derivar posteriormente en la apertura de causas judiciales. En contextos de desigualdad, estas prácticas golpean con más fuerza a mujeres activistas, comunidades indígenas, personas defensoras de derechos humanos o sectores populares. ¿Qué criterios se usan?, ¿cuáles son los límites? El problema no es OSINT en sí, sino cómo, para qué y contra quién se utiliza.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en 2022 el informe “Sobre el derecho a la privacidad en la era digital” que por primera vez explora las prácticas de inteligencia en redes sociales y de monitoreo del discurso en línea como nuevas modalidades de vigilancia masiva estatal. Al reconocer que son actividades que tienen serios impactos en los derechos humanos, sostiene que esta observación del espacio público es casi siempre desproporcionada. En ese sentido, recomendó a los Estados adoptar marcos legales adecuados para regular la recolección, análisis y compartición de inteligencia obtenida de redes sociales que delimite claramente los escenarios en que ésta se encuentra permitida, sus prerrequisitos, las autorizaciones y procedimientos, así como los mecanismos para garantizar su supervisión adecuada.
En la región, identificamos que es una práctica que pretende ampararse en la legalidad, pero que en realidad se despliega a partir de interpretaciones arbitrarias de ciertas facultades como la prevención del delito. Estas facultades, originalmente pensadas para otros fines, están siendo extendidas sin regulación específica al ámbito digital, incluyendo la detección temprana de delitos supuestamente vinculados a la actividad de quienes presuntamente desinforman. Este escenario genera una profunda inseguridad jurídica y un efecto amedrentador, dificultando que las personas ejerzan libremente sus derechos en línea.
¿Cómo cuidarnos frente al ciberpatrullaje?
Aunque la responsabilidad principal frente a la vigilancia digital recae tanto en los Estados como en las plataformas y empresas que permiten o ejecutan estas actividades, también es cierto que históricamente grupos de la sociedad civil hemos generado estrategias de autoprotección para sobrevivir en entornos hostiles. Protegernos significa responder con conciencia crítica y cuidado colectivo mientras exigimos marcos legales que limiten la vigilancia y garanticen nuestros derechos en línea.
Para reducir la exposición, hay algunas acciones básicas que se pueden adoptar en las redes sociales. Por un lado, evitar el uso del nombre real completo (nombre y apellido) como nombre de usuario o nombre visible, y procurar no repetir el mismo @alias en todas las redes. También es recomendable configurar las cuentas como privadas o restringidas, de modo que solo los perfiles aprobados puedan acceder al contenido. Otra medida clave es desactivar los permisos de ubicación en los dispositivos móviles, para que las aplicaciones no puedan rastrear ni compartir los movimientos.
Cuando la idea es publicar fotos desde un lugar específico, es recomendable esperar algunas horas o días antes de subirlas, así no se revela la ubicación en tiempo real. Además, se sugiere conversar con contactos y amistades sobre la importancia de no etiquetar ni compartir datos privados sin previo consentimiento. Por otro lado, es importante considerar la selección de una foto de perfil que no sea fácilmente rastreable, ya que existen herramientas OSINT que permiten buscar imágenes en otras plataformas y vincularlas con la identidad de las personas usuarias. Por último, aceptar solo solicitudes de personas que realmente resulten conocidas, ya que muchas veces el ciberpatrullaje empieza con perfiles ficticios que buscan establecer contacto directo.
La vigilancia no es cuidar, es poner en riesgo nuestros derechos
Estas actividades se despliegan sin reglas, sin control y sin justificación pública, y eso ha permitido que se normalicen prácticas autoritarias bajo la retórica de la seguridad. En esta parte del mundo, donde muchas democracias son frágiles y la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al Estado es débil, el uso de estas tecnologías crece sin transparencia, sin debate público y con una preocupante opacidad.
Los Estados adquieren herramientas de monitoreo de redes sociales mientras persisten -y en algunos casos se profundizan- las barreras para acceder a información básica sobre su licitación, adquisición, funcionamiento, responsables, bases de datos involucradas y el gasto público asociado. Incluso cuando la sociedad civil ha recurrido a solicitudes de acceso a la información, muchas autoridades se amparan en argumentos de seguridad nacional para obstaculizar el escrutinio democrático.
¿Con qué criterios se decide comprar tecnologías a empresas extranjeras como las israelíes, cuestionadas internacionalmente por su papel en la vigilancia masiva?
Proteger no puede seguir siendo un argumento aceptable para la vigilancia masiva, mientras la ciudadanía, la misma a la que supuestamente se quiere cuidar, se siente más vigilada que segura. Estas prácticas suponen riesgos concretos para la libertad de expresión -especialmente en contextos de protesta social o frente a discursos críticos o incómodos- al generar estigmatización, autocensura e incluso incitación a la violencia contra quienes son catalogadas como opositoras. A la luz de los casos expuestos, queda claro que la vigilancia no es protección: es poder sin control.