En la era digital, la tecnología no solo facilita nuestra vida cotidiana, sino que se ha convertido en un terreno de lucha por derechos y equidad. Como periodista e investigadora en género y tecnologías, he observado cómo las dinámicas de poder y control, basadas en estereotipos de género, se trasladan al ámbito digital, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y la comunidad LGBTIQ+.
En este escenario, la realidad para las personas con discapacidad auditiva es aún más alarmante. La violencia digital de género que enfrentan ha sido escasamente documentada y menos aún abordada de manera adecuada. La falta de investigaciones y herramientas específicas para comprender y enfrentar las violencias que viven nos lleva a un escenario donde lo invisible se vuelve aún más inalcanzable, revelando una brecha crítica en la protección y apoyo que se brinda a esta comunidad.
El estudio ¿Cómo acompañar a mujeres Sordas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género?, realizado por UNFPA y Management Science for Health, revela que las personas con discapacidad tienen, en promedio, tres veces más probabilidades de sufrir violencia física, sexual y psicológica que aquellas sin discapacidad. Además, entre el 40% y el 68% de las jóvenes con discapacidad sufrirán violencia sexual antes de los 18 años. Aunque no existe información estadística específica sobre cómo la violencia afecta a las mujeres Sordas, es razonable suponer que estas cifras podrían ser aún más altas debido a las barreras en el acceso a la información y la comunicación.
Experiencias desde el aula
En julio de este año, realicé varios talleres en una escuela para personas Sordas en la comuna de San Joaquín, enfocados en identificar la violencia digital y generar estrategias comunitarias para enfrentarla. Este proyecto, desarrollado junto a la Fundación Instituto de la Sordera, tiene como objetivo empoderar a las y los jóvenes para que reconozcan estas violencias y, posteriormente, lleven a cabo una campaña comunicacional para compartir herramientas de prevención y abordaje con toda la comunidad educativa.
Una de las profesoras, que participó como intérprete en las sesiones, me comentó la poca participación madres y padres en el aprendizaje de la lengua de señas chilena, a pesar de contar con talleres gratuitos para ello. Esta falta de comunicación afecta gravemente la capacidad de las familias para generar espacios de confianza con sus hijos y brindarles herramientas para identificar y denunciar posibles violencias.
Dentro de los principales hallazgos que identifiqué durante el desarrollo de los talleres, está el alto uso de internet y dispositivos digitales por parte de las y los adolescentes, quienes buscan poder comunicarse, crear comunidad, y que enfrentados a la ausencia de espacios de confianza en el hogar, trasladan sus afectos a la vida virtual, participando de videochats con desconocidos (a través de plataformas como Omegle) y compartiendo a través de lives de instagram o vídeos de tik tok con otros jóvenes.
La gran mayoría reconoce pasar muchas horas en internet, principalmente desde sus teléfonos, y haber vivido intrusiones digitales por parte de personas anónimas que se apropian de sus videollamadas con otros amigos, para exhibir contenido sexualmente agresivo, dejarles comentarios incómodos o burlarse de ellos. Las adolescentes señalaron en tanto, que ya han recibido fotografías íntimas no solicitadas por parte de desconocidos, mensajes insistentes para establecer algún tipo de contacto físico, e intentos de grooming.
La preparación de estos talleres fue un desafío, principalmente por la falta de información específica. Si bien casi no existen estudios sobre la violencia de género hacia mujeres Sordas, las herramientas para cuantificar otros tipos de violencias, como la digital, son aún más escasas. En este caso, quise compartir con las y los adolescentes el número de whatsapp que la PDI actualmente promociona para realizar consultas relacionadas a violencias digitales, sin embargo, cabe preguntarse si realmente es un canal de comunicación e información accesible para todas las personas.
Por último, nos enfrentamos a una doble barrera idiomática. ONG Amaranta, en su Guía contra la violencia de género en línea en 2022, revelaba que una de las principales dificultades para que las personas se reconozcan como víctimas de violencia digital, está relacionada con la brecha del idioma, ya que la mayoría de las definiciones oficiales, términos y condiciones, y los canales de denuncia de las plataformas están siguen en inglés. Esto agrava aún más la situación para las personas Sordas, quienes aún no manejan señas específicas para identificar algunos de estos tipos de violencia, debido a la falta de campañas y políticas públicas educativas, en materia de alfabetización digital inclusiva.
Violencia de género, tecnologías y educación sexual
Un caso emblemático es el de Camila Villavicencio, profesora, intérprete en lengua de señas y activista por la inclusión de personas Sordas, quien fue encontrada muerta en el departamento de José Pablo Peñafiel, un ex compañero de colegio. A pocas horas de su muerte, los integrantes de su familia no pudieron declarar como testigos en el caso, debido a la falta de intérpretes de lengua de señas durante el proceso policial. Camila, antes de morir, intentó comunicarse con su hermana a través de llamadas telefónicas (cuando usualmente usaba videollamadas) y envió una serie de videos cortos del lugar donde se encontraba.
El caso ha avanzado lentamente, ya que la autopsia no encontró lesiones atribuibles a terceros. Sin embargo, José Pablo Peñafiel actualmente está en prisión preventiva por otros diez ataques sexuales a mujeres Sordas, varias de ellas adolescentes. Peñafiel, también con discapacidad auditiva, asistía a fiestas de la comunidad sorda y se ofrecía a llevar a las mujeres a sus casas, desviando luego el camino hacia una imprenta donde cometía los abusos, que posteriormente subía a sitios de pornografía.
Estos hechos salieron a la luz gracias a la lucha de la familia y amigos de Camila, a través de la cuenta de Instagram @JusticiaParaCami. Sus acciones de concientización y protesta revelaron la falta de protocolos para abordar la violencia contra mujeres Sordas. Debido a ello, otras jóvenes agredidas sexualmente reconocieron a Peñafiel como su agresor y realizaron una “funa” en redes sociales. Solo tras estos testimonios se abrió la investigación que actualmente tiene a este sujeto con prisión preventiva.
Esperanzas y desafíos
La UNFPA, en el marco del proyecto “Promoviendo la realización del ejercicio de la capacidad jurídica de las Personas con Discapacidad en Argentina”, señala que la mayoría de las mujeres Sordas no acuden a los servicios de atención a víctimas porque desconocen su existencia o porque sienten que no recibirán la atención adecuada. «Si acuden, es porque se encuentran en situaciones extremas o porque son acompañadas por algún familiar o persona de su entorno más cercano, con la pérdida de privacidad y autonomía que esto implica.»
Las mujeres Sordas no tienen dónde ni cómo denunciar las violencias que sufren. La ausencia de una educación sexual integral, sumada a la falta de inclusión en el abordaje de estas temáticas a nivel institucional, hace imposible nombrar y denunciar las violencias. ¿Cómo nombrar algo que no sé que existe? ¿Cómo reconocer mi cuerpo y lo que he vivido? ¿Cómo puedo acercarme a denunciar si las opciones implican un testimonio hablado o rellenar un formulario digital de la Fiscalía? ¿Cómo acceder a ese formulario si nadie me ha enseñado a usar internet?
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto con la Fundación Nellie Zabel, lanzaron en 2021 la Plataforma del Centro de la Mujer Sorda, un espacio digital de atención y orientación ante la violencia de género, que incluye contenidos informativos adaptados a la lengua de señas chilena y conexión permanente con los CDM del país con horas de atención de lunes a viernes.
En cuanto a las violencias digitales, la Unidad de Género y Participación Ciudadana de la Subsecretaría del Interior de Chile presentó a principios de este año los resultados de su Consulta Virtual sobre Violencia Digital. Aunque incluyó una pregunta sobre discapacidad, no profundizó en experiencias específicas de violencia digital ni se plantearon estrategias inclusivas para aplicar el instrumento estadístico. Así, se perdió la oportunidad de incorporar las vivencias de personas con discapacidad y de obtener cifras para impulsar políticas públicas más inclusivas y efectivas en materias de alfabetización digital, abordaje de violencias digitales y su relación con el género.
Conclusiones
La violencia digital y de género contra mujeres y personas sordas no es solo un problema de derechos humanos, sino una crisis agravada por la falta de acción institucional y la ausencia de educación sexual integral inclusiva. El caso de Camila Villavicencio no es un caso aislado, sino un ejemplo de cómo las instituciones fallan sistemáticamente en proteger a las personas más vulnerables.
La incapacidad del sistema para ofrecer canales de denuncia accesibles y el vacío en la creación de políticas públicas que consideren las necesidades específicas de las personas Sordas, son un reflejo del desconocimiento estructural sobre lo que implica realmente crear canales de denuncia al alcance de todas las personas, y la falta de voluntad institucional en abordar las violencias que les aquejan.
El avance tecnológico, que debería ser una oportunidad para la inclusión y el empoderamiento, se ha convertido en un terreno peligroso para las mujeres y personas con discapacidad auditiva. La falta de educación, tanto digital como sexual, limita su capacidad para reconocer y nombrar las violencias que viven. Es imprescindible que como sociedad exijamos la inclusión real en todas las esferas, comenzando por la educación y la justicia.
Como lo señala la encuesta, Violencia Digital: Experiencias virtuales de niñas y adolescentes en Chile, aplicada por ONU Mujeres, ONG Amaranta y Fundación Datos Protegidos en 2021, las niñas y adolescentes se encuentran tres veces más expuestas a vivir experiencias de violencia sexual digital, cifra que podría llegar a ser mayor en las jóvenes de la comunidad Sorda, ya que en un primer acercamiento educativo para abordar estas temáticas, surgieron testimonios de haber experimentado la recepción de fotografías íntimas por parte de desconocidos y peticiones insistentes de intento de contacto físico o sexual, reflejando la urgencia de incluir lineamientos específicos para abordar estas violencias desde el sistema educativo, y también policial para saber qué hacer frente a estas situaciones.
Necesitamos seguir promoviendo proyectos e instancias formativas que permitan que nuestro trabajo en tecnología y derechos humanos pueda llegar a comunidades diversas, para ello es fundamental que como organizaciones de la sociedad civil nos acerquemos a conocer y establecer lazos de colaboración con activistas y comunidades de otras áreas, que nos permitan generar puentes y alianzas de trabajo colaborativo.
No podemos permitir que las barreras de comunicación sigan siendo un obstáculo para la protección de los derechos humanos. La tecnología debe ser un aliado, no un arma, y para ello necesitamos una reformulación radical de las políticas públicas que asegure un acceso igualitario y seguro a los espacios digitales. Solo entonces podremos hablar de un futuro tecnológico que no perpetúe las violencias, sino que las desmantele.
