Por un trabajo digno en la era de los algoritmos

El legado del primero de mayo en el entorno digital latinoamericano

Cada Primero de Mayo, el mundo conmemora la histórica lucha por los derechos laborales, recordando las demandas por derechos como una jornada justa, salarios dignos y condiciones de trabajo seguras. Esta fecha, arraigada en las movilizaciones obreras del siglo XIX, nos invita a reflexionar sobre el estado actual del mercado laboral y los desafíos que aún persisten, especialmente en un contexto global marcado por la rápida incidencia de las tecnologías digitales.

El mercado laboral latinoamericano, si bien diverso en sus matices nacionales, comparte desafíos comunes en cuanto a la protección de los derechos laborales. La persistencia de la informalidad –promediando casi la mitad de la población empleada en la región– continúa erosionando la capacidad de las personas trabajadoras para acceder a protecciones básicas como seguridad social, vacaciones pagadas y estabilidad en el empleo. En este escenario, la promesa de flexibilidad y autonomía ofrecida por las plataformas digitales de trabajo bajo demanda ha encontrado un terreno fértil para su expansión, presentando alternativas prácticas de generación de ingresos para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, como exploramos en nuestra columna sobre la «paradoja de la flexibilidad», esta aparente libertad a menudo enmascara una realidad de precariedad, inestabilidad y una creciente dependencia de sistemas de gestión algorítmica opacos.

Invito a reflexionar con lo siguiente: imagine que su teléfono vibra con una notificación fría e impersonal, «Su cuenta ha sido suspendida por violar los términos y condiciones». Intenta recordar qué pudo haber hecho mal, repasa mentalmente las extensas cláusulas que quizás leyó por encima al registrarse, pero la razón específica se escurre entre la ambigüedad del mensaje. Intenta apelar, buscar una explicación humana, pero se topa con respuestas automatizadas que no llevan a ningún lado. Su fuente de ingresos se ha cortado totalmente de un momento a otro. Este escenario no es hipotético para quienes dependen de plataformas y para quienes la suspensión de una cuenta significa quedarse sin sustento. Para otras personas quizás sea una herramienta para complementar ingresos o manejar sus horarios; pero para muchas en nuestra región, especialmente para quienes encuentran en estas plataformas su única oportunidad laboral, la realidad es muy distinta. Mientras algunas personas pueden elegir cuándo y cómo trabajar, otras se ven atrapadas en la urgencia de aceptar cualquier tarea disponible –sin margen para negociar o rechazar–, en labores que exigen menor calificación. ¿Estamos hablando entonces de una fuente de trabajo flexible, o una nueva forma de vulnerabilidad laboral?

Es tiempo de ponerle reglas al algoritmo

La irrupción de tecnologías como los algoritmos, las plataformas digitales y la inteligencia artificial en el ámbito laboral plantea tanto oportunidades como desafíos sin precedentes para los derechos de las personas trabajadoras. Por un lado, se argumenta que la automatización tiene el potencial de liberar de tareas repetitivas (como la revisión de códigos) o riesgosas (como ciertos controles médicos), o que impulsará la productividad, abriendo nuevas opciones de empleo en sectores emergentes. Sin embargo, en diversos sectores desde la manufactura hasta los servicios, los algoritmos gestionan tareas, evalúan el desempeño, asignan trabajos o tarifas e incluso toman decisiones sobre la contratación y el despido.

Esto conlleva a que estas mismas tecnologías pueden exacerbar las vulnerabilidades existentes. Facilitan nuevas formas de explotación, vigilancia y control, especialmente en sectores carentes de regulación adecuada y alta informalidad como el reparto de mercaderías o el servicio doméstico. En estos rubros aquellas problemáticas pueden verse profundizadas, ya que es común ver a su fuerza de trabajo sumergida en una narrativa que ni siquiera la reconoce como persona trabajadora. Los mecanismos de vigilancia y monitoreo regidos por algoritmos a menudo carecen de transparencia y rendición de cuentas, lo cual somete a trabajadoras y trabajadores a la presión constante de aceptar cada solicitud. Incluso, les obliga a aceptar en condiciones de peligro, como cuando implica cargar mercancías pesadas que ponen en riesgo la integridad de sus vehículos o cuando han sido víctimas de maltrato por parte de locatarios o clientes. Se acepta cualquier pedido por el temor a que el incumplimiento derive en la suspensión o bloqueo de su fuente de ingresos, sin mecanismos claros para comprender la decisión o revertirla.

Las cuentas pendientes en este nuevo panorama laboral son significativas: ¿Cuántas decisiones injustas se toman hoy sin que la persona trabajadora pueda cuestionarlas o comprender sus razones? Una regulación efectiva es ineludible para que la tecnología potencie el trabajo respetando derechos, pero no basta con leyes: debe incluir la participación de personas trabajadoras en el diseño de estas herramientas. Se requiere abordar la clasificación de los vínculos entre empresas y personas en plataformas, además de garantizar transparencia y mecanismos de auditoría independiente. Se requiere rendición de cuentas ante las autoridades para evitar discriminación e injusticias, y priorizar la protección de datos personales ante la vigilancia intrusiva y la toma de decisiones automatizadas que perjudican a las personas trabajadoras. 

En este Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, el llamado a la defensa de los derechos humanos en el ámbito digital resuena con fuerza. La flexibilidad no puede venir a cualquier costo:  las promesas de progreso tecnológico no deben traducirse en un agravamiento de las condiciones de trabajo y una erosión de los derechos históricamente conquistados. Es imperativo que las tecnologías digitales se desarrollen y utilicen con un enfoque centrado en las personas, aplicando un respaldo de derechos laborales y garantizando un futuro laboral justo, equitativo y digno en América Latina. La lucha por el trabajo decente en la era digital es la continuación de la batalla histórica por la justicia social, y en este Primero de Mayo, reafirmamos nuestro compromiso con esa causa.

Contribución a la consulta sobre redes comunitarias convocada por la Subsecretaría de las Telecomunicaciones en Chile

En el marco de la consulta pública de SubTel, resaltamos la importancia de fortalecer las redes comunitarias para impulsar la conectividad en Chile. Estas redes promueven la autodeterminación tecnológica y la organización comunitaria, por lo que cualquier regulación debe basarse en diagnósticos actualizados sobre brecha digital y capacidades locales. Aportamos propuestas para definir marcos legales claros y condiciones justas para su desarrollo.

Del miedo al autocuidado digital: derechos digitales para niñas en las TIC

¿Alguna vez te has sentido confundida al escuchar cómo las grandes corporaciones usan nuestros datos? ¿O te ha pasado que alguien te diga “no tengo nada que ocultar, así que no me importa lo que sepan de mí”? Proteger nuestra privacidad y seguridad digital no se trata solo de ocultar información, sino más bien de ejercer el derecho a decidir qué compartimos, con quién, cuándo, dónde y para qué, conociendo los riesgos y sin tener miedo a represalias.

Hoy más que nunca, en un mundo cada vez más digitalizado, necesitamos reflexionar sobre nuestro rol como mujeres usuarias, creadoras y defensoras de un entorno virtual más seguro. Repasar nuestras trayectorias de cuando éramos más pequeñas, y ver también cómo viven hoy las infancias su vínculo con las tecnologías. Y qué mejor fecha para reflexionar al respecto que el 24 de abril: Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta efeméride, impulsada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) desde 2011, busca generar espacios que inspiren a niñas y adolescentes a explorar el mundo de la tecnología, no solo como consumidoras, sino como protagonistas de su transformación.

A pesar de estar viviendo en una era hiperconectada, el acceso, la participación y la representación en el ámbito digital siguen denotando profundas desigualdades de género. En el reporte de la UNESCO sobre STEM y género se menciona que solo el 35% de quienes estudian estos temas son mujeres y que menos del 30% de quienes ocupan puestos de investigación en ciencia son mujeres. Además, las mujeres ocupan apenas el 22% de los empleos en inteligencia artificial, uno de los sectores con mayor crecimiento y proyección a futuro. Según el reporte “Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe” de ONU Mujeres, esto responde a múltiples factores, como desde edades tempranas niñas y adolescentes enfrentan estereotipos de género; por ejemplo, 9 de cada 10 niñas entre 6 y 8 años asocian las matemáticas, la programación y/o la ingeniería con habilidades masculinas, lo que afecta directamente su confianza para explorar estas áreas.

Muchas mujeres hemos crecido con la sensación de que la tecnología no está hecha para nosotras y nos sentimos ajenas a un mundo dominado por figuras masculinas, lenguajes técnicos inaccesibles y espacios que rara vez se preocupan por incluir otras voces. Para mujeres, niñas y diversidades, entender cómo proteger nuestros datos, cómo navegar con conciencia y cómo evitar riesgos en línea es una forma de resistencia frente a las violencias digitales, la vigilancia y la exclusión. Estas habilidades pueden parecer pequeñas, pero marcan una gran diferencia en la forma en que habitamos lo digital. Dejar de lado el miedo paralizante y reemplazarlo por curiosidad, información y práctica, es uno de los pasos más potentes hacia una resiliencia digital.

Los riesgos digitales para niñas y mujeres jóvenes incluyen la exposición a contenidos violentos o inapropiados, que pueden afectar su salud mental y emocional; el contacto con personas peligrosas, como depredadores que se hacen pasar por amigos o pares; y la inseguridad digital, que desalienta a muchas niñas a participar activamente en tecnología y limita su desarrollo profesional. Por eso, es esencial enseñar y promover conocimientos de auto cuidado digital, como lo hace la guía de cuidados básicos Security in a Box que nos enseña a usar contraseñas seguras y distintas. Verificar siempre con quién se está hablando, utilizar herramientas de protección. La guía Mozilla Privacy not Included sobre el nivel de privacidad y seguridad de distintos dispositivos y aplicaciones del mercado también es de mucha utilidad. Y por último, y no por eso menos importante, pedir ayuda cuando algo incomoda: eso también es cuidarse.

Nunca más una tecnología sin nosotras

Incluir a niñas y mujeres jóvenes en las TIC más allá de un rol de usuarias no es solo una cuestión de números, sino de transformaciones profundas. El actual modelo de desarrollo tecnológico tiende a reproducir desigualdades, mientras no haya diversidad y perspectiva de género en las personas que diseñan estas tecnologías, corremos el riesgo de que los productos que usamos todos los días (desde apps hasta sistemas de inteligencia artificial) perpetúen sesgos, invisibilicen necesidades específicas y vulneren derechos.

La subrepresentación femenina en estos campos ha sido una de las razones por las cuales muchas no nos hemos animado a entrar en este mundo. Probablemente no conozcamos de mujeres en estos campos hasta que estamos muy dentro. Reconocer historias como las de Ada Lovelace, Reshma Saujani, María Emilia Alcalde, Yordanos Genanaw o Meredith Whittaker es fundamental para derribar el mito de que “las mujeres no son aptas para la tecnología”. Ellas son solo algunas referentas en las tecnologías, pero la lista puede ser mucho más larga. En efecto, recientemente con motivo del 8M Derechos Digitales lanzó una campaña en redes visibilizando a mujeres que han transformado el mundo digital bajo la consigna: ¡La tecnología y el espacio digital no es lo que sería hoy sin nosotras!

Y entonces asoma la pregunta que tanto incomoda, pero que nos interpela directamente: ¿qué podemos hacer todas nosotras desde donde estamos para achicar la brecha de género digital? Podemos fomentar la alfabetización digital con enfoque de género en centros educativos y comunidades. Debemos exigir políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a internet y formación TIC. Acompañar la creación de espacios de mentoría entre mujeres que ya están en el sector y nuevas generaciones. Visibilizar referentas femeninas en tecnología desde la infancia. Y, fundamentalmente, promover leyes y marcos normativos que garanticen la seguridad digital, el derecho a la privacidad y el acceso libre y ético a la información para todas las mujeres y niñas del mundo.

Para poder acompañar ese proceso de fortalecimiento de derechos digitales en niñas y mujeres, existen herramientas útiles de organizaciones sensibles con estos temas para empezar desde temprana edad. Por ejemplo Girls Who Code y Ada’s List, colectivos que ofrecen talleres y ofertas laborales para jóvenes interesadas en informática. También contamos con varios entornos educativos online que enseñan cómo programar mediante una interfaz gráfica intuitiva. Tal es el caso de Scratch, Code.org o Alice, por nombrar algunos. Además, está disponible Raspberry Pi, un dispositivo de bajo costo que permite a las personas usuarias construir y programar su propia computadora. Por último, la reciente investigación de Derechos Digitales, en colaboración con María Lab, Taller Comunicación Mujer e Internet Bolivia, “Líneas de ayuda para atender casos de violencia de género en línea: Monitoreos y tendencias en Bolivia, Brasil y Ecuador” también ofrece herramientas de asistencia y acompañamiento para afrontar situaciones violentas en internet.

La transformación digital que necesitamos no puede darse sin justicia social, sin enfoque de género, ni tampoco sin derechos humanos. Y tampoco debe suceder dejando fuera a nuevas generaciones con el potencial de ser protagonistas del desarrollo tecnológico en nuestra región. Es hora de dejar de ver la tecnología como un fin en sí mismo, y comenzar a pensarla como una herramienta para construir sociedades más justas y equitativas, para todas las edades. Garantizar hoy el derecho de una niña a un uso consciente y seguro de la tecnología es abrirle el camino para liderar el mundo del mañana.

Debe ratificarse la inocencia de Ola Bini

DECLARACIÓN TÉCNICA

En el marco de RightsCon Taipéi-2025 la Misión de Observación del caso Ola Bini y Tor Project organizaron una sesión virtual para analizar el proceso seguido contra el experto informático en Ecuador y abordar en qué medida y con qué implicancias se está criminalizando el uso de la herramienta digital Tor.1 En dicha sesión, donde participaron organizaciones y ponentes de sociedad civil de diversos países, se llegó a las siguientes conclusiones y consensos técnicos:

  1. El caso penal contra Bini fue iniciado por motivaciones y actores políticos, y ha sido atravesado por decenas de irregularidades e ilegalidades que afectan su legitimidad jurídica y viabilidad técnica. Antes que un caso penal, estamos frente a una persecución.
  1. La forma de establecer los elementos de convicción del caso genera un peligroso antecedente para la vigencia de los derechos digitales y el conocimiento experto en el ámbito digital en Ecuador y la región. 
  1. La construcción del caso y los elementos presentados como evidencias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriana están atravesados por graves distorsiones procesales y/o por gruesos errores técnicos en la materia.2
  1. Adicionalmente, para dar cuenta del delito supuestamente investigado la FGE ni siquiera ha requerido de una pericia digital forense que dé cuenta del cometimiento de un potencial acceso no consentido a algún tipo de sistema (sea informático, telemático o de telecomunicaciones).
  1. La argumentación usada por el Tribunal de Apelación, para justificar su sentencia de condena, carece de elementos suficientes que demuestren que Ola Bini cometió el delito imputado. Esto, además de violar los derechos del experto informático, crea antecedentes de arbitrariedad que son riesgosos para el Estado de Derechos.3
  1. Más en concreto, producto de la sentencia condenatoria parte de la justicia ecuatoriana está generando un precedente preocupante para el ejercicio de los derechos a la seguridad y privacidad en línea, al sostener que el mero uso de la herramienta Tor es un indicio suficiente para demostrar el cometimiento de una conducta criminal. 
  1. Además, al contrario de la tendencia que debe primar globalmente, esta sentencia incluso puede inspirar a las cortes a criminalizar el uso de otras herramientas digitales utilizadas para la defensa de los derechos humanos en internet, como es el caso de las VPNs, particularmente útiles para actores clave -como periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y otros- en contextos políticos autoritarios. 
  1. Alrededor del mundo, millones de personas, incluidas agencias estatales de seguridad utilizan Tor para desarrollar sus actividades.4 En este marco, si bien el uso de Tor no es materia central de análisis del presente caso, la sentencia condenatoria actual, que forma parte de un proceso motivado políticamente y que carece de sustentos técnicos, constituye una interpretación judicial que puede tener impacto en la garantía del ejercicio de los derechos previamente mencionados

Por lo expuesto, y a 6 años del inicio del caso de referencia, las organizaciones de sociedad civil firmantes demandamos a las autoridades judiciales ecuatorianas correspondientes ratificar el estado de inocencia de Bini en la instancia procesal oportuna, tal como se demostró en primera instancia.

La Misión de Observación seguirá monitoreando el desarrollo del caso hasta su culminación, con el fin de asegurar el cumplimiento de las garantías de debido proceso y alertar sobre las implicancias de este para la vigencia de los derechos digitales.

FIRMANTES

Access Now

ARTICLE 19

Association for Progressive Communications (APC)

Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE)

Brasil de Fato

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

CSMM

Derechos Digitales

Ecuador Today

Electronic Frontier Foundation

FUNDACIÓN Acceso

Fundación Karisma

Indymedia Ecuador

INREDH

intervozes brasil

LaLibre

Marcha

Observatorio Derechos y Justicia

Tor


Contribución a la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre Acceso de las mujeres a la justicia en casos de violencia y discriminación: estudio de situación en las Américas y el Caribe

Contribución conjunta de Derechos Digitales, TEDIC, Hiperderecho y Fundación InternetBolivia a la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre acceso de las mujeres a la justicia en casos de violencia y discriminación, con foco en violencia de género facilitada por las tecnologías

Declaración conjunta: Myanmar debe levantar las restricciones de internet tras el devastador terremoto

*Ver pronunciamiento en inglés aquí

Las organizaciones e individuos firmantes expresamos nuestra más firme condena a la decisión del ejército de Myanmar de continuar imponiendo cortes de comunicación, incluidos bloqueos de internet, tras el peor terremoto en la historia del país. Instamos a que se levanten de inmediato las restricciones a los servicios de internet, incluidas las plataformas de redes sociales y los sitios web de noticias.

El 28 de marzo de 2025, Myanmar fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.7, el más fuerte jamás registrado en el país, que ha afectado al menos a 67 municipios. El epicentro se localizó en la ciudad de Sagaing, cerca de Mandalay, en la zona central del país. Las regiones más impactadas incluyen Sagaing, Mandalay y la capital, Naypyidaw. Al 31 de marzo, el número de víctimas mortales ha superado las 2,000 y continúa en aumento.

A pesar de la gravedad de la situación y la necesidad urgente de coordinar esfuerzos de rescate para salvar a las personas atrapadas entre los escombros, más de 48 horas después del terremoto, el ejército de Myanmar aún no ha levantado las órdenes de bloqueo de internet ni las diversas restricciones a las comunicaciones. Estas limitaciones han dificultado la coordinación de las respuestas de emergencia que pueden salvar vidas.

Condenamos en los términos más enérgicos la decisión del ejército de Myanmar de mantener estas restricciones en un momento de crisis humanitaria, demostrando un flagrante desprecio por la vida de la población civil. Exigimos el restablecimiento inmediato e incondicional de los servicios de internet y comunicaciones para garantizar el acceso pleno a la información, así como el levantamiento de cualquier restricción que limite el derecho de las personas a estar informadas. Asimismo, exigimos que el ejército rinda cuentas por la pérdida de vidas y el sufrimiento causado por estas medidas de censura digital.

Desde su llegada al poder hace cuatro años, la junta militar ha sido una de las peores perpetradoras de represión digital a nivel mundial. Datos recopilados por organizaciones de derechos digitales en Myanmar indican que las órdenes de cierre de internet han afectado a más de 100 municipios, casi un tercio del país, incluidas las zonas más golpeadas por el reciente terremoto. Además, el sistema de censura de internet, o «firewall», implementado en 2024, sigue bloqueando el acceso a las principales redes sociales, sitios de noticias y otras fuentes de información pública, incluso restringiendo el uso de VPNs, lo que obliga a la población a buscar alternativas en un contexto de crisis. Sumado a los cortes de electricidad y los daños en la infraestructura de telecomunicaciones causados por el terremoto, la población de Myanmar enfrenta una interrupción sin precedentes en sus comunicaciones.

Las restricciones impuestas desde 2021, como la revocación de licencias a medios impresos, el bloqueo de sitios de noticias, así como la detención y asesinato de periodistas, han obstaculizado la circulación de información en tiempo real sobre el impacto del terremoto, retrasando los esfuerzos de rescate y contribuyendo a muertes evitables.

Condenamos enérgicamente las acciones del ejército y exigimos al Jefe Militar Min Aung Hlaing y a sus fuerzas lo siguiente:

  1. Restablecer de inmediato el acceso a internet en todo el país. Cortar las comunicaciones en medio de una crisis humanitaria es un acto de daño deliberado. Todos los bloqueos de internet deben ser levantados de inmediato.
  2. Levantar todas las medidas de censura digital. El sistema de censura «firewall» impuesto en las puertas de enlace de internet debe ser desmantelado, ya que obliga a la población a depender de VPNs que reducen aún más el ancho de banda disponible y entorpecen los esfuerzos de rescate, donde cada segundo cuenta.
  3. Poner fin a todas las restricciones contra la prensa y la libertad de los medios. Deben levantarse de inmediato todas las limitaciones impuestas a periodistas y cesar cualquier forma de hostigamiento, incluidas amenazas y detenciones arbitrarias.
  4. Detener de manera inmediata e incondicional toda forma de represión militar. Esto incluye el reclutamiento forzado, arrestos arbitrarios, ejecuciones, amenazas y ataques aéreos, que han dificultado los esfuerzos de asistencia humanitaria y han causado más pérdidas de vidas humanas.

El consejo militar debe asumir plena responsabilidad por la imposición de bloqueos de internet y la restricción del acceso público a la información durante el terremoto. Estas acciones no solo han interrumpido el flujo de información crítica, sino que también han provocado muertes evitables al obstaculizar los esfuerzos de rescate en un momento crucial. La pérdida de vidas y el sufrimiento generalizado causados por estas restricciones deliberadas recaen exclusivamente sobre el mando militar.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones humanitarias y empresas tecnológicas para que:

  • Presionen a la junta militar para que levante de inmediato los bloqueos de internet y las restricciones digitales, permitiendo así que la población pueda solicitar ayuda urgente y comunicarse con el exterior.
  • Exijan el fin de las restricciones al acceso público a la información y a la libertad de prensa, conforme a los protocolos internacionales de acceso a la información y libertad de los medios de comunicación.
  • Apoyen soluciones de conectividad de emergencia para contrarrestar los cortes de internet, en coordinación con grupos locales, asegurando que las comunidades afectadas puedan comunicarse.
  • Garanticen que la asistencia humanitaria, incluyendo el apoyo a las comunicaciones de emergencia, no sea desviada para ser utilizada por el ejército como herramienta de represión.

Restablezcan el acceso a internet ahora, antes de que más personas pierdan la vida innecesariamente.

Firmantes

Colectivo de organizaciones de derechos digitales de Myanmar, la región y el ámbito internacional

Contacto:

Listado de firmantes

  1. 5/ of Zaya State Strike
  2. A-Yar-Taw People Strike
  3. Access Now
  4. Activate Rights ( Bangladesh)
  5. Afia-Amani Grands-Lacs
  6. Africa Media and Information Technology Initiative (AfriMITI)
  7. All Aung Myay Thar San Schools Strike Force
  8. Alliance of Students’ Union – Yangon (ASU-Yangon)
  9. Alternatives (Montreal)
  10. Alternative Solutions for Rural Communities (ASORCOM)
  11. Anti-Junta Alliance Yangon-AJAY
  12. AFCC Anti Junta Force Coordination Committee
  13. ASEAN SOGIE Caucus (ASC)
  14. Asociación Ciudad ViVa
  15. Association for Progressive Communications (APC)
  16. Association Suisse-Birmanie
  17. Athan – Freedom of Expression Activist Organization
  18. Ayeyarwady Youth Network
  19. Basic Education Worker Unions – Steering Committee (BEWU-SC)
  20. Burma Academy
  21. Burma Affairs and Conflict Study (BACS)
  22. Burma Podcast Network
  23. CAN – Myanmar
  24. CDM Medical Network (CDMMN)
  25. Centre for Independent Journalism (Malaysia)
  26. Center for Information Technology and Development (Nigeria)
  27. Central European Institute of Asian Studies
  28. Chaung Oo Township Youth Strike Committee
  29. Chin Human Rights Organization (CHRO)
  30. Civil Information Network (CIN)
  31. Coalition for Democracy (C4D)
  32. Coalition Strike Committee – Dawei
  33. Data Ethnics PH
  34. Dawei Youths Revolutionary Movement Strike Committee
  35. Defend Myanmar Democracy-DMD
  36. Depayin Township Revolution Steering Committee
  37. Derechos Digitales
  38. DigiSec Lab
  39. Digital Rights Collective
  40. Doh Ayay
  41. EngageMedia
  42. EsLaRed
  43. Ethnic Youth General Strike Committee (Mandalay)
  44. Exile Hub
  45. Fantsuam Foundation (Nigeria)
  46. FORUMVERT
  47. Foundation for Media Alternatives
  48. Free Press Unlimited
  49. General Strike Collaboration Committee (GSCC)
  50. General Strike Committee of Basic and Higher Education (GSCBHE)
  51. Generation Wave
  52. Global Voices
  53. GMSR Korea 글로벌 미얀마 봄혁명 연대 -တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး
  54. GreenNet
  55. Human Rights Journalists Network Nigeria
  56. Info Birmanie
  57. JCA-NET(Japan)
  58. Jokkolabs Banjul (Gambia)
  59. Kachin Student Union
  60. Kalay Township Strike Force
  61. Kanbalu Strike Committee
  62. KengTung Youth Network
  63. KICTANet
  64. Korea University Law School International Human Rights Clinic
  65. Korean Progressive Network Jinbonet
  66. Kurdistan without Genocide
  67. Kyain Seikgyi Spring Revolution Leading Committee
  68. Kyauk Padaung Youth Network
  69. Kyaukse Youth Network
  70. LaborNET
  71. Latpadaung Region Strike Committee
  72. LaLibre.net Tecnologías Comunitarias
  73. LGBT Alliance
  74. Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan
  75. Mandalay CDM Organization
  76. Magway People’s Revolution Committee
  77. Mandalay Medical Family (MFM)
  78. Mandalay Regional Youth Network
  79. Mandalay Strike Force (MSF)
  80. Mandalay-Based University Students’ Unions (MDY_SUs)
  81. Manushya Foundation
  82. MayMyo Strike Force
  83. May First Movement Technology
  84. Miaan Group
  85. Monywa People’s Strike Steering Committee
  86. Monywa-Amyint Road Strike Leading Committee
  87. MATA Saging
  88. Myanmar Fact Checking Network (MFCN)
  89. Myanmar Internet Project
  90. Myanmar Labor Alliance (MLA)
  91. Myanmar Studies Center at Palacky University
  92. Myanmar Tourism Committee
  93. Myaung Education Network 
  94. Myaung Youth Network
  95. Myingyan Civilian Movement Committee
  96. Narrative Power
  97. National Youth Congress (NYC)
  98. New Rehmonnya Federated Force
  99. Nyan Corridor
  100. Nyan Lynn Thit Analytica
  101. Nyaung Oo Youth Network
  102. Nyimuyar Initiative
  103. OCTOPUS (Youth Organization)
  104. Open Net (Korea)
  105. Open Observatory of Network Interference (OONI)
  106. Organization of the Justice Campaign
  107. Pale Township People’s Strike Steering Committee
  108. PEN America
  109. Pollicy
  110. PROTEGE QV
  111. Public Virtue Research Institute
  112. Purple Window Counselling
  113. Pyi Gyi Tagon Strike Force
  114. Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
  115. Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.
  116. Rhizomatica
  117. Right2Know Campaign (South Africa)
  118. Shwe Pan Kone People`s Strike Steering Committee
  119. Sinar Project
  120. Sisters 2 Sisters
  121. South East Asia Collaborative Policy Network (SEA CPN)
  122. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
  123. Southern Monitor
  124. Spring Revolution Security
  125. Spring Sprouts
  126. Spring University Myanmar
  127. Sursiendo (Mexico)
  128. SynergyWORKS Africa
  129. Ta’ang Women’s Organization _TWO
  130. Taller de Comunicacion Mujer
  131. Tanintharyi Youth Network (TYN)
  132. Taze Strike Committee
  133. Tech Global Institute
  134. TEDIC Paraguay
  135. The Peace Centre (South Africa)
  136. The Red Flag
  137. UMass Lowell Myanmar Students Club
  138. U.S. Campaign for Burma
  139. University of Medicine Mandalay Students’ Union Revolution Front (UMMSURF)
  140. University Students’ Unions Alumni Force
  141. Wetlet Revolution Leading Committee
  142. White Coat Society Yangon (WCSY)
  143. WHAT TO FIX
  144. Women Alliance Burma (WAB)
  145. Women’s Peace Network (WPN)
  146. Women Of Uganda Network (WOUGNET)
  147. Yadanabon University Students’ Union (YDNBUSU)
  148. Yasakyo Township People`s Strike Steering Committee
  149. Viet Tan 
  150. Yinmarpin and Salingyi All Villages Strike Committee
  151. Youth Development Institute (YDI)
  152. Zaina Foundation
  153. မန်းတိုင်းစုံစည်းရာ
  154. အညာလွင်ပြင်ရပ်ဝန်း
  155. 2 Undisclosed organization (due to security concern)

La digitalización del trabajo doméstico: entre oportunidades, informalidad y vacíos regulatorios

El abanico de trabajos que se han digitalizado producto de la expansión de plataformas en América Latina es amplio y diverso. Los servicios de mensajería, los repartos de comida o el transporte privado son algunas de las labores más conocidas intermediadas por “apps”, donde los algoritmos gestionan y determinan las condiciones de las personas trabajadoras, muchas veces en detrimento de sus derechos. En este contexto, poco se dice sobre las labores domésticas, desempeñadas en su mayoría por mujeres, que también han sido insertadas en el modelo de trabajo en plataformas digitales. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la provisión de tareas domésticas y de cuidado a través de sistemas digitales se ha multiplicado en la última década, con particular rapidez en países del Sur Global. Así, ocupaciones como la limpieza, la cocina e incluso el cuidado de personas ahora se llevan a cabo mediante sistemas tecnológicos de intermediación laboral. Bajo promesas de flexibilidad, autonomía y mayores ingresos, las aplicaciones de servicio doméstico permiten que las trabajadoras asistan a varios hogares por pocas horas en el día, lo que plantea desafíos significativos en materia de derechos laborales. Para este próximo 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, destacamos algunas características del trabajo doméstico mediado por plataformas digitales que ponen en riesgo derechos laborales fundamentales. 

Las promesas de contratación formal y registro

El empleo doméstico es una de las ocupaciones con mayores niveles de informalidad en América Latina, afectando principalmente a mujeres que ya enfrentan condiciones estructurales de desigualdad por razones de género, muchas veces agravadas por factores de interseccionalidad como condiciones socioeconómicas y migratorias, entre otras. A pesar de los avances en la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, la implementación efectiva de sus principios aún enfrenta barreras estructurales. Países como Argentina, Colombia y Brasil han adoptado marcos normativos que establecen derechos laborales básicos, como salario mínimo, seguridad social y jornadas reguladas. Sin embargo, en la región persisten brechas significativas en la formalización del sector, con altos porcentajes de trabajadoras domésticas aún en la informalidad, sin acceso a protección social ni mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En este contexto, la digitalización del sector a través de plataformas de servicio doméstico ha surgido como una alternativa para facilitar la contratación formal. Estas aplicaciones pueden actuar como intermediarias entre trabajadoras y empleadores, promoviendo el registro en esquemas de seguridad social y garantizando pagos bancarizados. En algunos casos, han implementado sistemas de registro y seguros laborales que mejoran la seguridad y previsibilidad del empleo. Esta transformación digital tiene el potencial de reducir la informalidad, al tiempo que ofrece mayor visibilidad sobre la situación de estas trabajadoras, permitiendo una mejor fiscalización del cumplimiento de sus derechos laborales. Sin embargo, este potencial no siempre se materializa de forma efectiva.

Aún existen plataformas que operan sin garantizar condiciones laborales adecuadas, trasladando toda la responsabilidad de la formalización a las trabajadoras. En algunos países, han surgido modelos de negocio diferenciados: mientras unas aplicaciones actúan como agencias de empleo, gestionando la contratación directa y asegurando la inscripción en la seguridad social, otras funcionan únicamente como intermediarias, sin asumir responsabilidad laboral sobre las condiciones de trabajo. Este contraste evidencia la necesidad de regulaciones más claras y de mayores incentivos para que las plataformas promuevan condiciones que favorezcan la formalización laboral y el acceso a derechos, en línea con la responsabilidad empresarial en el respeto y garantía de derechos laborales.  Esto es fundamental para asegurar que la digitalización no reproduzca ni agrave las desigualdades históricas que afectan a las trabajadoras del hogar.

El uso de algoritmos en el trabajo doméstico: doble vigilancia y control

Otro de los grandes desafíos de la digitalización del empleo doméstico y su intermediación por plataformas, radica en el uso de algoritmos diseñados para la geolocalización, el monitoreo y la evaluación de las trabajadoras y su desempeño. Aunque las características de estos algoritmos varían según la aplicación, determinan aspectos clave como el lugar, la forma y las condiciones en las que se prestan estos servicios. La opacidad y falta de transparencia en el uso de estos sistemas impactan directamente en la experiencia laboral de las mujeres trabajadoras. Un aspecto particularmente problemático es que estos sistemas algorítmicos suelen estar diseñados para generar confianza en los empleadores, lo que implica la recopilación de datos personales de las trabajadoras. Estos datos están a disposición de los clientes, quienes tienen la posibilidad de elegir entre una u otra empleada sin criterios claros de equidad, lo que refuerza estereotipos y relaciones asimétricas. Además, los datos personales son procesados sin supervisión adecuada y sin un principio de transparencia, lo que puede dar lugar a decisiones automatizadas que profundicen sesgos discriminatorios y afecten sus derechos laborales. Sumado a esto, estudios sobre el tema señalan que la gestión algorítmica en los trabajos del hogar fortalece  prácticas de vigilancia y control históricamente presentes en la relación entre empleadores y empleadas domésticas.

En efecto, las plataformas digitales tienden a reforzar factores culturales preexistentes en la relación entre hogares empleadores y trabajadoras domésticas, y en muchos casos, a amplificarlos. La incorporación de algoritmos en el trabajo doméstico ha profundizado y sofisticado las formas de control sobre las trabajadoras, al combinar  la supervisión directa del cliente con el monitoreo constante de la plataforma. Esta doble vigilancia consolida relaciones laborales jerárquicas ya existentes, ahora mediadas por herramientas tecnológicas que reproducen desigualdades estructurales. Aunque para muchas mujeres las aplicaciones representan una alternativa a la informalidad, su diseño y funcionamiento tiene la capacidad de exponerlas a nuevas formas de precarización y dependencia. 

Sin duda, el modelo de trabajo de plataformas digitales continúa expandiéndose a campos antes impensados, poniendo en riesgo derechos laborales fundamentales y agravando desigualdades históricas. Esta tendencia nos invita a prestar mayor atención a la mediación tecnológica de trabajos en el ámbito “de lo privado”, como las labores domésticas y de cuidado, que presentan nuevos horizontes de análisis e incidencia para la protección de los derechos laborales en entornos digitales. Así, este 30 de marzo no solo marcamos una fecha, sino que hacemos un llamado a avanzar decididamente hacia una transformación donde la dignidad y la justicia definan el futuro del trabajo.

Hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios

Nos acercamos al 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando conmemoramos la lucha por nuestros derechos desde diversos frentes. Nuestro activismo se ha construido de la mano de las madres buscadoras de personas desaparecidas, de las mujeres trans que pelean por sus derechos, de la lucha de las mujeres indígenas por sus territorios, de la defensa de las mujeres negras por el reconocimiento de sus derechos, de los esfuerzos de organizaciones feministas para promover el aborto legal, entre muchas otras. A lo largo de la historia, estos procesos han logrado ganar garantías para los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en países donde los discursos y las acciones de los gobiernos van en contra de cualquier avance en materia de igualdad de derechos.

Contextos políticos amenazantes, activismos vivos

La justicia en los países latinoamericanos está lejos de ser dignificadora para las mujeres, pues el camino para acceder a ella es más que complejo y la mayoría de las veces nunca llega. Esta histórica falta de justicia se refleja también en el entorno digital, donde la tecnología facilita otras formas de violencia de género. A fines del 2024, México nos recordó la incapacidad de un sistema para comprender de forma integral la violencia de género facilitada por las tecnologías (TFGBV, por sus siglas en inglés), al absolver al estudiante que realizó deepfakes de sus compañeras con inteligencia artificial, caso que comentamos previamente. Esto sucedió incluso teniendo un marco jurídico como la Ley Olimpia, que poco importó cuando el tribunal tomó la decisión.

Situaciones como esta evidencian la fragilidad de los marcos jurídicos en países donde existen normativas específicas, además de generar desesperanza en otros países donde no se cuenta con legislaciones para atender la TFGBV. El panorama se agrava allí donde los gobiernos se han tornado más agresivos ante las narrativas de igualdad y perspectiva de género. Sin embargo, cuando los entornos políticos se han vuelto tan amenazantes, violentos y opacos, la respuesta social ha sido el activismo, la protesta y la generación de información. Existen varios ejemplos de ello en América Latina, pero decidimos abordar tres casos principales en donde los conflictos internos en los países han tenido impactos graves en el ejercicio de los derechos de las mujeres: Venezuela, El Salvador y Nicaragua.

Ciudadanas, periodistas, activistas, personas de la comunidad LGBTIQA+, entre muchas otras mujeres, son afectadas por las acciones de quienes deberían trabajar por garantizar su bienestar: sus  propios gobiernos. La persecución y la criminalización del disenso se han convertido en herramientas de opresión estatal, con un impacto diferenciado en mujeres atravesadas por distintas interseccionalidades.

En el marco de las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, la ciudadanía vivió graves represiones por parte del Estado, que encarceló a aproximadamente 2000 personas por protestar, algunas de ellas por criticar al gobierno a través de redes sociales, por difundir fotografías sobre las manifestaciones en plataformas digitales o por compartir información a través de servicios de mensajería. La activista venezolana Martha Tineo reconoció que si bien la persecución política no está direccionada en contra de las mujeres, sí existen efectos diferenciados para ellas. Las mujeres encarceladas viven en hacinamiento y en centros de detención no adecuados a sus necesidades, incluso sin recursos básicos como el agua, lo que ha conllevado a una situación precaria de salud e higiene menstrual. Asimismo, la defensora de derechos humanos declaró que hay efectos psicológicos en las mujeres por la separación de sus hijos e hijas, y que de igual manera reciben amenazas de persecución a otros integrantes de sus familias.

Mientras tanto, en El Salvador las mujeres han tenido protagonismo en la defensa de derechos, lo que las ha puesto en riesgo de persecución, acoso y estigmatización. Encontramos así que se han sumado cada vez más mujeres activistas que buscan hacer justicia por sus familiares detenidos de forma arbitraria en el régimen de excepción, que además de asumir riesgos para ellas, implica una carga de trabajo adicional a las ya establecidas socialmente por los roles de género. Recordemos que entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, organizaciones locales contabilizaron 5775 víctimas de violaciones de derechos humanos (mayormente detenciones arbitrarias), de las cuales 908 eran mujeres, entre ellas 21 mujeres trans, 19 lesbianas y 43 bisexuales. Con ello, las cárceles también se vuelven un entorno con condiciones sanitarias muy precarias, especialmente para las mujeres detenidas en estado de gestación, quienes no cuentan con atención ginecológica durante esta etapa y tampoco en el postparto, viéndose también gravemente afectadas las infancias.

Por otro lado, en el país centroamericano se registran en promedio 40 insultos diarios en contra de periodistas solo a través de la plataforma X. Aquellos ataques dirigidos a mujeres tienen la particularidad de contar con una carga de violencia sexual y lesbofóbica, reforzando patrones de discriminación y exclusión. Sumado a la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador, esta realidad ha llevado a las mujeres periodistas, defensoras, e incluso a servidoras públicas (con una postura crítica del gobierno actual) al exilio y la autocensura.

Por su parte, organizaciones locales han constatado que en Nicaragua la violencia digital contra las mujeres defensoras de derechos humanos ha escalado de manera alarmante desde el 2018, año en que se desataron importantes protestas públicas en el país. El uso de la tecnología como herramienta de represión ha facilitado nuevas formas de violencia, exacerbando los riesgos para quienes denuncian violaciones de derechos humanos. Las defensoras que enfrentan estos ataques reciben constantes amenazas, insultos, y sus agresores difunden información falsa sobre ellas para descalificarlas. De acuerdo con las mujeres entrevistadas en un estudio de FUNIDES, el 32.5% de las agresiones han trascendido al espacio físico, poniendo en evidencia el vínculo directo entre la violencia digital y el hostigamiento fuera de los espacios virtuales.

Las prioridades son claras, pero deciden ignorarlas

Finalizar con la violencia en nuestros países desde una perspectiva de género es una prioridad clara que los gobiernos siguen optando por ignorar. En Nicaragua, Venezuela y El Salvador, la persecución contra defensoras de derechos humanos y periodistas, el uso del hostigamiento judicial, las detenciones arbitrarias y la militarización del espacio público han reforzado un modelo de represión que restringe aún más los derechos de quienes cuestionan el poder. En estos marcos, la violencia de género se recrudece con cada nueva política pública, con cada acción gubernamental o con cada momento electoral, convirtiéndose en una expresión de control.

Las mujeres, desde diversas trincheras, han alzado la voz para nombrar las graves consecuencias que tienen las violaciones a los derechos humanos en estos regímenes no solo a nivel individual, sino también colectivo. Si bien estas vulneraciones afectan a la toda la población, sus efectos son diferenciados cuando se analizan con un enfoque de género, reconociendo desigualdades y estructuras de opresión. A pesar de la larga historia de violencia de género que se vive en estos países, como en toda la región, las mujeres siguen resistiendo y luchando por los derechos de todas.

En este 8M algunas saldremos a las calles a marchar, tomando el espacio público para canalizar nuestras demandas, o tal vez algunas de nosotras nos manifestaremos en la individualidad de nuestros espacios. Sea en lo público o lo privado, sea cual sea la forma de nuestra protesta, lo hacemos por todas las mujeres y niñas, por las diversidades de género, por la igualdad y por la garantía efectiva de nuestros derechos. Nuestro esfuerzo es colectivo y continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios.