Temática: Protección de comunidades en riesgo

Propuesta de regulación de desinformación puede aumentar brechas y exponer las comunicaciones de millones de personas en Brasil

Actualización: Ayer, jueves 25 de junio, se presentó una nueva versión del proyecto de ley. En consecuencia, la votación se aplazo al 30 de junio. En Derechos Digitales estamos estudiando el detalle la propuesta actualizada.

En Brasil, el proyecto de ley conocido como “Ley de Fake News” (PL 2630/2020), destinado en un principio a limitar la circulación de desinformación en internet, se ha transformado en una propuesta de regulación que cede a grupos interesados mayor control sobre la información disponible en línea. ¿Lo peor? El proyecto lo hace en un régimen de urgencia y mientras el Congreso opera de manera remota, con limitadas posibilidades de participación de la sociedad.

Nuevas brechas en contexto ya desigual

Las versiones anteriores de la propuesta ya eran preocupantes, pues ampliaban las obligaciones de retención de datos personales de las usuarias de internet y autorizaban el bloqueo de aplicaciones. Sin embargo, la última versión impone el registro y la identificación de las usuarias de plataformas en línea, por medio de un documento de identidad y de un número de teléfono celular válido. Esta exigencia podría impedir que millones de personas puedan acceder a información y servicios que, en contexto de cuarentena, son más esenciales que nunca. Por ejemplo, una medida de este tipo podría significar que niñas y adolescentes — especialmente de los grupos más marginados de la población— no podrían acceder a aquellas plataformas que hoy son fundamentales para el acceso a la educación.

En un país donde gran parte de la población utiliza internet exclusivamente desde dispositivos móviles y por medio de planes de conexión limitados, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han tornado esenciales para la comunicación, el acceso a la información y a los servicios esenciales. Durante la pandemia del COVID-19, estos servicios se han utilizado para satisfacer diversas necesidades, como la coordinación de desde redes de apoyo solidario para la distribución de insumos básicos y  la denuncia de abusos y violencia doméstica.

La imposición de este registro conlleva la recolección desproporcionada de datos por agentes privados, violando tanto los principios internacionales de derechos humanos como la normativa nacional de protección de datos, y exponiendo a las usuarias de internet a la explotación indebida de su información personal con fines comerciales.

Así también, la obligación de los proveedores de servicios en internet de chequear y suspender aquellas cuentas registradas con números de celular deshabilitados por las compañías telefónicas implica un intercambio innecesario de datos personales entre empresas, afectando también la libertad de expresión, al impedir repentinamente el acceso de las usuarias a toda su red de comunicaciones y contenidos compartidos.

Exponiendo a las más vulnerables

Igualmente preocupante es la imposición de nuevas exigencias a las aplicaciones de mensajería, que se verían obligadas a limitar el número de veces en que un mensaje puede ser reenviado y a almacenar los datos de todas las personas que lo han compartido.

Esta medida busca restringir la capacidad de acción de grupos maliciosos organizados. Sin embargo, junto con ello, pone trabas y límites a la circulación y distribución de contenidos verdaderos y de interés público a través de internet.

La obligación de retención de datos sobre el reenvío de mensajes implica además la asociación directa entre contenidos de una comunicación y las personas involucradas en ella, resultando en una violación al secreto de todas las comunicaciones, y que es fundamental para todas aquellas comunicaciones legítimas que demandan confidencialidad.  Si a eso sumamos la ya comentada obligación de registrar a todas las personas que utilizan servicios de redes sociales o mensajería privada, el resultado es un esquema masivo de vigilancia sobre la identidad de las personas y su actividad en redes digitales.

Es previsible que las personas más afectadas por estas medidas serán las defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, participantes en movimientos sociales y activistas en general, principalmente si sus opciones para comunicarse son limitadas. Estas son personas que de manera recurrente sufren amenazas y abusos debido a su trabajo, tanto por parte de agentes del Estado como de los privados, y, por lo tanto, tienen una especial necesidad de comunicarse de manera segura. A la vez, la información que producen a menudo es valiosa, capaz de desafiar a las fuentes de información oficial, asumiendo muchas veces un riesgo a la seguridad personal, por lo que una medida de este tipo puede tener un efecto inhibitorio y conducir a la disminución de la circulación de información.

Fortaleciendo la censura privada

Por medio de una redacción confusa, la propuesta parece obligar la remoción de contenido y cuentas de redes sociales que violen los términos de uso de las aplicaciones de redes sociales, por medio de la apertura de un procedimiento de moderación que incluya el derecho a la defensa. A pesar de que la garantía de debido proceso en la aplicación de normativas privadas respecto a la moderación de contenidos apunta en la dirección correcta, es preocupante que el texto no solo legitime la remoción de contenido, sino que la vuelva obligatoria, sin miramientos por atender adecuadamente estándares internacionales de derechos humanos.

La confusión entre los contenidos que deben ser removidos por violar normas nacionales y aquellos que pueden ser eventualmente removidos por las plataformas —de acuerdo a los estándares establecidos en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas— puede devenir en un ambiente de efectiva censura privada, dado que las plataformas definen sus políticas según intereses comerciales propios.

 Un ejemplo de la aplicación desproporcionada de políticas internas es la prohibición de publicar imágenes de personas desnudas en Facebook, que llevó a la remoción de contenidos oficiales del patrimonio cultural brasileño en 2015.  En aquella ocasión la imagen fue restituida, pero quizás eso no habría sido legalmente posible si hubiese habido una obligación de remoción como la prevista en el proyecto en discusión. La existencia de un mecanismo de moderación de ningún modo garantiza que este tipo de situaciones dejará de ocurrir, si es que efectivamente existe una limitación a este tipo de contenido en la política de la plataforma.

En el extremo opuesto, la obligatoriedad de moderación podría generar retrasos que comprometan gravemente los derechos de las usuarias que tengan dificultades para acceder a la Justicia, o en aquellos casos en que esta no pueda responder de manera ágil. Ejemplos de este tipo son las amenazas en redes sociales o la exposición de información personal en internet, cuyas víctimas son principalmente mujeres y personas LGBTTTIQ+.

Un debate apresurado

Si bien es fundamental pensar en la implementación de medidas en un marco de responsabilidades, rendición de cuentas y transparencia de las empresas de internet, con el objetivo de mitigar los daños a los derechos humanos que resulten de su actuación, el texto propuesto puede acentuar tales daños, al aumentar su poder de regulación privada en las plataformas de redes sociales. Las problemáticas señaladas en el proyecto de ley reflejan una discusión apresurada sobre el combate a la desinformación, desarrollada en el medio de una grave crisis política y de salud.

El proyecto de ley evidencia un desconocimiento de las recomendaciones internacionales en la materia y una falta de madurez en el debate. La normativa propuesta es desproporcionada para los fines que persigue y va en sentido opuesto a la histórica demanda por universalizar el acceso a internet en Brasil, y disminuir las múltiples brechas digitales que agudizan el problema de la desinformación.

Ni el contexto de pandemia ni la persecución de la desinformación justifican la vulneración de los compromisos asumidos por Brasil con la protección de derechos humanos.

Junto a más de 40 organizaciones internacionales exigimos que el Congreso brasileño rechace la llamada “Ley de Fake News” y convoque un diálogo amplio para discutir cómo responder a los desafíos de la desinformación en línea, acorde a los compromisos del Estado brasileño con el respeto a los derechos humanos.

Brecha digital en tiempos de pandemia

Ya lo decíamos en nuestra guía a las videollamadas: la pandemia desatada por el COVID-19 lo ha transformado prácticamente todo en el amplio abanico de lo social, desde el modo en que nos relacionamos con las demás personas, hasta el modo en que nos relacionamos con la muerte.

A principios de marzo, cuando en América Latina comenzábamos recién a comprender lo que se nos venía encima, decíamos que la crisis amenazaba con volver nítida una imagen de segregación social que los gobiernos intentan disfrazar con cifras sumamente frágiles, que malamente intentan disfrazar realidades precarias como alguna clase de éxito. En Chile, un país que se ha esforzado por imponer una imagen internacional de prosperidad económica, el hambre ha vuelto a posicionarse como el motor de la protesta en las calles, tal como en los oscuros años de la dictadura. Y es que, en el contexto de pandemia, la desigualdad se vuelve fatal.

En aquella columna publicada en marzo, titulada “Las desigualdades de producir desde casa”, intuíamos que la reconversión obligada del trabajo y el estudio en “teletrabajo” y “telestudio”, su dependencia a la infraestructura de telecomunicación, iba a ser uno de los ámbitos en los que la desigualdad iba a presentarse de forma más clara. Era una intuición, pero un par de meses después tenemos más información a mano: una encuesta realizada en Chile revela que un porcentaje importante de las personas en situación de teletrabajo se siente estresada, particularmente las mujeres. Por su parte, un estudio de UNESCO señala que más de la mitad de los 1.500 millones de alumnos confinados a causa de la pandemia no tienen un computador para seguir las clases a distancia.

Evidentemente, se trata de un problema complejo y multidimensional, con aristas que van tocan cuestiones que van desde la regulación laboral en relación al uso de la tecnología, a otras respecto a las políticas de vivienda y el hacinamiento que experimenta un porcentaje no menor de la población.

Sin embargo, en esta ocasión hemos querido tirar de uno de los hilos que componen la trama del problema, relacionado con las posibilidades de acceso a internet y como este problema ha sido abordado tanto desde los gobiernos, así como el modo en que los proveedores de servicios han intentado dar respuesta a las necesidades que impone el nuevo contexto.

Chile

Se estima que en Chile poco menos del 90% de los hogares están conectados a internet. Sin embargo, de acuerdo a las últimas mediciones disponibles, el número de hogares conectados solamente a través de dispositivos móviles se encuentra entre el 44% y el 46%. Y, como explica la académica Teresa Correa, “ahora que nos vemos enfrentados a hacer todo online, nos damos cuenta de que es insuficiente”. Con eso en mente, es importante revisar las medidas que se han tomado en el marco de la pandemia.

En Chile, el Gobierno junto a un número importante de los proveedores de acceso a internet (Claro, Entel, GTD, Movistar, VTR, WOM, Mundo Pacífico y CMET) implementaron un “Plan Solidario de Conectividad” que permite mantener el acceso a servicios de telefonía e Internet en caso de que, por razones de fuerza mayor, no puedan pagar su boleta mensual, aunque de forma limitada.

Presentado el 1 de abril, el beneficio inicialmente estaría vigente por 60 días, pero ha sido prorrogado por otros 30 días más y puede ser solicitado durante el mes de junio. Para acceder a él se debe pertenecer al 40% de los hogares de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH),

En el caso de los clientes con contrato a internet fijo, el plan contempla una conexión con una velocidad máxima de 2 megabits por segundo.

Para quienes posean un contrato a conexión móvil, el plan permite navegar en internet a una velocidad de 256 kilobits por segundo y el acceso a ciertas redes sociales bajo la modalidad tasa cero y a los sitios https://www.gob.cl/coronavirus/ y https://aprendoenlinea.mineduc.cl. 

Para quienes acceden a internet móvil bajo la modalidad de prepago, el plan solo contempla el envío y recepción de correos, el acceso a algunas redes sociales y a los sitios https://www.gob.cl/coronavirus/ y https://aprendoenlinea.mineduc.cl. 

Por su parte, los proveedores de acceso a internet han sumado una serie de beneficios adicionales a sus clientes. Si bien estos varían de compañía en compañía, un elemento que aparece como central es la ampliación de la oferta de acceso a servicios web mediante la modalidad de “tasa cero”.

Es el caso de Entel, que liberó el acceso a WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook Messenger y Twitter a los clientes de prepago. La medida ha sido prorrogada mes a mes desde el inicio de la pandemia y actualmente se encuentra vigente hasta el 30 de junio.

Una cuestión similar ocurre en el caso de Movistar, que para clientes de pospago contempla el acceso a Instagram, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp y Twitter después de que el plan ha agotado los gigabits de navegación disponibles. En el caso de los clientes de prepago, estos pueden acceder a WhatsApp y Twitter, con un tope de tráfico de 5 gigabits, tras lo cual la velocidad de la conexión decae. Este beneficio ha sido sucesivamente prorrogado desde el inicio de la pandemia y actualmente se encuentra vigente hasta el 30 de junio.

Por su parte, Claro ofrece a los clientes de prepago acceso liberado a Facebook, Twiter, Wapp, Instagram, Facebook Messenger, Claro Music, posibilidad que también se ha extendido durante el transcurso de la pandemia y que actualmente está disponible hasta el 15 de junio.

En el caso de Wom, la compañía ha extendido el acceso a WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter a aquellos clientes de prepago que hayan abonado a su cuenta en los últimos 30 días.

Sin entrar en la discusión respecto a qué significan estas medidas desde el punto de vista de la neutralidad de la red, hasta acá hay dos cuestiones que parece importante señalar. En primer lugar, que tanto las medidas promovidas por el Gobierno como la extensión de las posibilidades de acceso a los servicios de internet bajo la modalidad “tasa cero” resultan valiosas para ayudar a las personas a mantenerse informadas y conectadas con sus seres queridos, estás no son suficientes para cumplir las necesidades impuestas por el teletrabajo y el telestudio.

En segundo lugar, lo que llama más la atención es la falta de medidas que apunten a la ampliación de los “data caps” y la velocidad de la conexión, que son de suma importancia a la hora de intentar teletrabajar y telestudiar. Movistar es la única empresa que ha anunciado un incremento en la velocidad de conexión de internet fija, pero solo para usuarios y usuarias de fibra óptica.

Por su parte Claro aumentó en 5 gigabits los “data caps” de los planes “Max Y, M y L” y en 2 gigabits para los planes XS y S. Mientras que en abril, Wom anunció 2 gigabits extra para todos sus usuarios y usuarias. Inicialmente, Entel habilitó  tráfico ilimitado para clientes de los planes «Empresas y Corporaciones», pero ese beneficio cambió en junio a tráfico ilimitado en redes sociales y herramientas de teletrabajo.

En polos opuestos: México y Uruguay

Una vez hecha la revisión en Chile, nos pareció importante hacer una comparativa con otras realidades, para tener una idea general respecto al modo en que el problema se está abordando a nivel regional. Los casos de México y Uruguay destacan por el contraste de las medidas adoptadas.

En el caso de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones acordó con los concesionarios de los servicios móviles los concesionarios de servicios móviles –AT&T, Telcel y Telefónica- un “plan de emergencia”, que permite a los usuarios de prepago acceder, por una sola ocasión, a un paquete gratuito de llamadas de voz y mensajes SMS, pero no acceso a internet. Cabe mencionar que el 84% de los usuarios y usuarias de servicios de comunicación móviles en México son clientes de prepago.

Por su parte, IZZI, Megacable, Telmex, Totalplay y Maxcom comenzaron a ofrecer a sus clientes la opción de migrar temporalmente a un plan de bajo costo. Las características son similares a las del “Plan Solidario de Conectividad” chileno —acceso a internet con una velocidad de hasta 2Mbps, de navegación libre y datos ilimitados con excepción de video y videojuegos— pero con un costo de $ 100. El plan comenzó a ofrecerse en mayo y se encuentra vigente hasta el 30 de junio.

Tal como en el caso chileno, aunque este tipo de medidas pueden dar un alivio que permita a las personas mantener el contacto con sus seres queridos e informarse, no son medidas suficientes para cumplir con las exigencias de teletrabajo y telestudio que impone la pandemia, y se vuelven una expresión más de la brecha digital, en la que el ejercicio de derechos como estudiar o trabajar está definido por la capacidad de costear el acceso a internet de forma particular.

En Uruguay las cosas son un poco diferentes. El país cuenta con una empresa de telecomunicaciones estatal, Antel, que posee el monopolio el monopolio de la telefonía fija nacional y de las conexiones a internet por cable. Entre las medidas tomadas por Antel ante la pandemia destaca la suspensión de los cortes de servicios de telecomunicaciones por falta de pago, para usuarios residenciales y para las empresas comprendidas en el literal E del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado de 1996.

Así también, la empresa a ampliado la cuota de datos de navegación para usuarios y usuarias  del plan Universal Hogares y Universal Pymes. Ambos servicios proveen acceso gratuito con un tope de navegación de 1 gigabyte mensual, que durante la pandemia ha sido ampliado a 50 gigabytes sin costo.

Junto con ello, se ha suprimido el costo de la tasa de conexión en servicios de telefonía fija y/o internet, traslado de telefonía fija y/o internet, y el cambio de plan diferente tecnología hacia planes de igual o mayor valor.

Lo interesante de las medidas presentadas por Antel es que se acercan mucho más a aquellas que debería considerar un esquema bajo el cual se concibe el acceso a internet como un garante de derechos fundamentales y no como un simple privilegio, en el ámbito de lo privado y ligado a las capacidades individuales de pago o deuda.

De todas maneras, la brecha digital expuesta por el COVID-19 abre un debate que muy seguramente va a trascender la pandemia y que, con suerte, nos obligará a repensar las cifras de conectividad en nuestros países y las políticas públicas construidas en torno a ellas. En este momento en Chile está en discusión un proyecto de ley que busca asegurar el acceso a internet a estudiantes, aunque su futuro es incierto.

Por nuestra parte, creemos que estos datos invitan a seguir profundizando lecturas respecto al rol que le asignamos a internet y el papel que cumple en materia de derechos humanos, cuestión que pretendemos continuar en una versión ampliada de este artículo, que inaugurará la edición 2020 de Latin America in a Glimpse, dedicado este año —cómo no— a la pandemia.

Estamos sistematizando los datos recogidos en los tres países. Puedes revisarlos haciendo clic aquí.  

Otros datos

Hoy más que nunca sabemos que los datos son una herramienta poderosa. Permiten visibilizar las dimensiones de los problemas sociales, transparentar las gestiones institucionales y medir el impacto de las acciones ciudadanas. A nosotras, el acceso a datos claros y confiables nos permite tomar decisiones más conscientes e informadas. Pero los datos son también, hoy más que antes, un objeto de valor, la moneda de cambio de los negocios que durante la pandemia se han vuelto más centrales y necesarios.

Hace pocos días, la organización Ciudadanía Inteligente publicó el informe “¿Qué tanta información están entregando los gobiernos latinoamericanos sobre COVID-19?”. Colombia aparece en el primer lugar y México en el segundo, lo cual significó que algunos medios reconocieran la buena actuación gubernamental. Pero al mismo tiempo generó polémica, pues el informe se limita a evaluar la cantidad de datos disponibles, pero no hace mención a la relación entre cantidad de datos y cantidad de pruebas realizadas, por ejemplo, lo cual supone una brecha que redunda en la percepción ciudadana sobre las dimensiones del riesgo.

Y es que la manera como se producen los datos es otro problema más complejo. A comienzos de mayo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, declaró que durante el confinamiento no necesariamente aumenta la violencia intrafamiliar, ya que “tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”, y declaró luego que “el 90 %» de las llamadas sobre maltrato son «falsas»”. Frente a estas y otras declaraciones oficiales se creó la campaña #NosotrasTenemosOtrosDatos, para exigir respuestas contundentes de parte del gobierno, en la prevención y actuación efectiva contra la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas.

Durante la cuarentena, más de 347 mujeres han sido asesinadas en México, los ingresos de mujeres a refugios han aumentado en un 50% y 8 de cada 10 mujeres no han denunciado la violencia que enfrentan. Y si bien durante el pasado mes de abril en la Ciudad de México las investigaciones penales por violencia familiar bajaron un 20% respecto del año anterior, comparando en los mismos periodos, las llamadas a la Línea Mujer por violencia familiar aumentaron un 97%.

Aunque existan iniciativas gubernamentales para responder al aumento de la violencia contra las mujeres, es muy pobre el balance sobre su efectividad e impacto. En Chile, durante el mes de abril, las denuncias por violencia intrafamiliar se redujeron en casi todas las regiones, con respecto al mismo periodo del año anterior. Frente a este hecho, se implementaron líneas de atención telefónica y vía chat. Y, reconociendo las limitaciones de acceso que pueden tener las mujeres para denunciar, también se implementó una medida de ayuda que consiste en utilizar una clave en las farmacias -pedir una “mascarilla 19”- para levantar una alerta con las autoridades.

A pesar de la enorme promoción que se hizo de esta iniciativa, que también ha sido implementada en otros países, de acuerdo a lo que han denunciado algunas organizaciones, en la práctica muy pocas farmacias tienen información sobre dicho mecanismo de alerta. Esta situación no solo desincentiva la denuncia sino que puede significar mayor riesgo para cada mujer que intenta levantar una alerta y recibe una respuesta negativa de parte de quien la está atendiendo.

En Bogotá, Colombia, desde que comenzó la cuarentena obligatoria nacional el pasado 24 de marzo, también se implementó un sistema de alerta en farmacias, mercados y estaciones de gasolina, aunque hasta ahora no hay un balance oficial de la medida. Además se creó una ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio durante la emergencia del Covid19 con distintos mecanismos de denuncia a nivel local y distrital, que incluye la Línea Púrpura, de atención telefónica gratuita y a través de WhatsApp, las 24 horas.

Aunque existe desde 2015 como una línea para que las mujeres sean escuchadas por mujeres, desde noviembre de 2019 el sistema de la Línea Púrpura permite llevar un “registro de las llamadas atendidas, perdidas o no respondidas, abriéndose la opción de devolverlas” y además es posible grabar “las llamadas, lo que posibilita una respuesta integral ante las autoridades judiciales y administrativas en caso de requerir las conversaciones como elementos probatorios”. Si bien esta parece una buena noticia, resulta frustrante la ausencia de datos disponibles sobre cómo ha sido la respuesta institucional hasta el día de hoy, y específicamente durante el la cuarentena obligatoria.

En respuesta a la poca transparencia, y a la efectiva dificultad que enfrenta una mujer para acceder a apoyo estatal en casos de violencia, en Bogotá se creó la Red Solidaria de Mujeres, una línea de atención durante la emergencia ocasionada por el COVID-19, que funciona a través de WhatAapp. De acuerdo con los datos publicados por ellas mismas en su sitio web, hasta el día de hoy han dado apoyo jurídico, asistencia psicosocial, asesoría de rutas y auxilio material a 137 mujeres en 15 de las 20 localidades del Distrito Capital. 

Pero más allá de los datos concretos, tanto movimientos como instituciones a nivel mundial han alertado sobre cómo las medidas de confinamiento propician un aumento en la violencia contra las mujeres, un problema que no es nuevo y no es menor. Solo en México, tanto las movilizaciones feministas de los últimos años como la emergencia de respuestas solidarias durante la pandemia son una muestra clara de las dimensiones del problema y la urgencia con que debe ser atendido y erradicado. La experiencia es similar en países como Chile o Colombia, donde quizás las últimas movilizaciones masivas que presenciamos antes que empezaran las medidas de confinamiento fueron precisamente las del 8 de marzo feminista.

Ahora que hablamos de datos y cómo nos permiten visibilizar un problema al cuantificarlo, vale decir que la cuantificación está en los detalles, y cuando hablamos de violencia, los detalles pueden también ponernos en riesgo. Por eso es necesario preguntarse quién, cómo y dónde se colectan esos datos, y para qué exactamente. Para el movimiento Data for Black Lives, frente a los sistemas de opresión impuestos “los datos son protesta, los datos son responsabilidad y los datos son acción colectiva”. Por eso han hecho un minucioso monitoreo de los datos oficiales disponibles, complementado con las voces de personas negras expertas en epidemiología, política, activismo y organización social.

Cuando hablamos de mujeres nos referimos a muy diversos tipos de mujeres y necesitamos encontrar maneras para que los datos no nos homogenicen ni nos invisibilicen. Ningún dato es neutral, como no son neutrales las narrativas ni las acciones de quienes capturan, procesan y publican datos. Durante la cuarentena en Bogotá se implementó una medida de Pico y Género que, de acuerdo con la administración distrital, resultó ser muy positiva para la prevención del contagio. Pero los datos parecen poco confiables y en últimas, como han reclamado muchas organizaciones, significó un aumento en la -tradicional- violencia institucional contra personas trans y no binarias en las ciudad.

Ante la enorme cantidad de datos que se producen, agregan y visualizan cada día, en estos tiempos de COVID-19 y big data, hagamos que los datos trabajen para la erradicación de todas las formas de violencia y opresión, porque no es lo mismo cruzar variables que mirar los problemas de manera interseccional.

#DíaDeInternet: Aquí también hacemos frente a la(s) violencia(s)

Hoy es 17 de mayo y celebramos el día de internet, pero también hoy se conmemora el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”. En América Latina hoy es un día en el que vale la pena reflexionar sobre las experiencias de las víctimas de violencia de género que han tenido que sobrellevar sus manifestaciones también en los entornos digitales.

En distintos países de la región, la violencia de género existe de forma intrínseca a las estructuras que sostienen las sociedades que habitamos: sociedades que se basan en códigos hegemónicos, conservadores, con sesgos y con impunidad respecto a una serie de violencias que se han normalizado históricamente. Estas violencias no se han quedado en la cotidianidad de los espacios físicos, sino que se han trasladado a los entornos digitales donde se replican estrategias para intimidar, censurar, amedrentar e incluso ejercer acciones de desprestigio y/o exposición de información sensible con consecuencias fatales para las personas que son atacadas.

El discurso de odio y las vulnerabilidades que radican en las plataformas digitales implican que la participación de quienes pertenecemos a estos grupos esté acompañada de un riesgo inherente a la expresión de nuestras opiniones, preferencias e identidades que son usadas como punto de referencia para  quienes aún propagan el rechazo de la diversidad; la diversidad que existe y resiste en cada una de las personas que aún luchan por vivir libres, sin miedo y sin ser sometidas a prejuicios anacrónicos.

La existencia de la diversidad no es un tema a discusión. La realidad misma es diversa, está compuesta por un sinfín de perspectivas que se entrelazan para sostener los sistemas que dan sentido a lo que se manifiesta en nuestras sociedades; así como opera la “red de redes”, en nuestras sociedades diversas -pero aún no incluyentes- también hemos creado redes de resistencia en las que sostenemos a nuestras comunidades: donde nos informamos, compartimos, nos retroalimentamos y acompañamos frente a los retos que implica pertenecer a comunidades históricamente señaladas por “ser diferentes”.

Inclusión en internet

Internet es clave para el acceso a información, pero también es clave para la existencia de distintas iniciativas de apoyo fundamentales para quienes viven en contextos donde se impone la represión de su identidad como mecanismo de supervivencia frente a las violencias que el entorno ejerce en su contra. La participación de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en los espacios sociales, también en internet, es fundamental para permitir que esta(s) comunidad(es) formen parte de la construcción del mundo que queremos habitar. Censurar las expresiones de identidad, género y diversidad es coartar la posibilidad de transitar hacia entornos incluyentes donde genuinamente la libertad de expresión pueda habitar sin represalias.

Para identificar las violencias, nombrarlas, denunciarlas y hacerles frente es necesario tener acceso a información y redes de apoyo; para desactivarlas es necesario que logremos desarrollar sociedades incluyentes, donde la diversidad sea un elemento de construcción y no un reto en el que la identidad y seguridad de las personas se ponga en entredicho. Celebrar y potenciar la visibilidad de las identidades sexogenéricas y unirnos para erradicar las violencias en torno a la diversidad sexogenérica es una tarea que nos involucra a todas las personas, pues este tema está enraizado en los sesgos que alimentan las estructuras que han fomentado las violencias misóginas, raciales, capacitistas e incluso el prejuicio hacia las personas neurodivergentes.

Para llevar a acabo esta tarea es necesario escuchar a quienes forman parte de estos grupos, ya que son sus experiencias las que podrán alimentar las propuestas en torno a las medidas que podemos tomar como sociedad para responder a los llamados de apoyo que externen quienes enfrentan este tipo de discriminación en contextos tan plurales como los que habitan nuestra región. 

En el contexto de la pandemia que enfrentamos, la violencia doméstica representa un riesgo sumamente delicado para quienes han tenido que llevar el confinamiento en espacios donde también reciben agresiones constantes por su identidad sexogenérica. Frente a esto, el Hackerspace Marialab de Brasil publicó una guía para denunciar la violencia doméstica en portugués; esta iniciativa fue retomada por Florencia Goldsman y Graciela Nathanson para desarrollar una versión adaptada al español, disponible aquí.

Como en muchos otros temas que analizamos a través de la lente de la defensa de derechos humanos en los entornos digitales, no hay una forma sencilla de abordar esto; pero aquí cabe hacer un llamado hacia apelar a la empatía, hacia cuestionar los prejuicios y sus orígenes y ejercer la escucha activa de quienes valientemente han alzado la voz para compartir sus experiencias como víctimas y sobrevivientes de las violencias que aún existen hacia quienes cuestionan lo que se ha impuesto hegemónicamente en nuestras sociedades.


¡Libres y sin miedo, también en internet!

La otra crisis: cómo el COVID-19 se está utilizando en Brasil para despojar a las poblaciones más vulnerables de sus derechos

Brasil es actualmente el sexto país del mundo en número de víctimas del COVID-19, con más de 13 mil muertes hasta el momento.La manera como el presidente brasileño ha respondido al avance del coronavirus en el país ha llamado atención internacional. Como si no bastara con la sostenida negación de la gravedad de la enfermedad y la falta de compasión con las más de 10 mil víctimas y sus familias, Jair Bolsonaro insiste en hacer apariciones públicas contrariando las recomendaciones de aislamiento social de las expertas en salud y los gobiernos locales. Al avance del COVID-19 se suma una crisis política que incluye la dimisión de dos ministros – incluso el ministro de salud responsable por las primeras respuestas a la pandemia – y una denuncia de intentar manipular la policía federal en beneficio personal.

Menos transparencia, más intrusión

A pesar de las declaraciones del presidente en contra de la cuarentena y a favor de dudosas soluciones al COVID-19, en su ya tradicional estrategia de polarización política, el Gobierno Federal no ha perdido la oportunidad de usar la emergencia de salud para atentar contra los derechos conquistados. El 23 de marzo, por medio de una medida provisional, ha intentado restringir los mecanismos existentes de transparencia y acceso a la información al suspender por tiempo indeterminado los plazos máximos de respuesta a solicitudes a instituciones públicas. La acción fue considerada desproporcionada e inconstitucional por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y terminó anulada por la Suprema Corte Federal. 

Mientras intenta ocultar sus acciones del ojo público y se muestra incapaz de ofrecer informaciones oficiales de calidad sobre el avance de la crisis, el gobierno busca obtener más poderes sobre los datos personales de la ciudadanía. Nuevamente aprovechando la emergencia de salud, por medio de otra acción unilateral, ha retrasado la entrada en vigencia de la primera ley de protección de datos del país para mayo de 2021 – casi un año después de lo inicialmente previsto. 

La acción dialoga con el intento del gobierno de apoderarse de información privada por medio de una medida provisional del 17 abril que autorizaba el acceso de la autoridad estadística nacional a  datos telefónicos de millones de personas. Según el texto, las empresas telefónicas deberían entregar el nombre, número de teléfono y dirección de todos sus clientes para facilitar la realización de encuestas en el período de emergencia de salud pública. La reacción fue inmediata, con la presentación de cinco acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que rápidamente decidió por suspender sus efectos. La mayoría de los ministros entendió que la transferencia de los datos de empresas telefónicas viola el derecho a la intimidad, vida privada y secreto de datos previsto en la Constitución.

Aunque algunas medidas hayan sido acertadamente anuladas por el Poder Judicial, estas  se contraponen directamente a las recomendaciones de expertas y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, con respecto a que “cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”. 

Sin límites para vigilar

La ausencia de una respuesta coordinada de parte de la autoridad federal ha dejado la responsabilidad de desarrollar estrategias para contener el avance del COVID-19  a los estados de la unión. A pesar de algunas variaciones en la rigidez de las medidas de aislamiento social, las soluciones adoptadas combinan restricciones de movilidad con monitoreo y control tecnológico. 

Cuando se trata del uso de datos de conexión a la red celular, la municipalidad de Rio de Janeiro fue pionera en establecer un acuerdo con una operadora para identificar flujos de movimiento. La estrategia se complementa con el uso de drones para emitir alertas en caso de aglomeraciones en la ciudad, que cuenta con un aparato de vigilancia heredado de los megaeventos deportivos realizados en Brasil. El estado de São Paulo también estableció una alianza que involucra no a una, sino a todas las empresas de telefonía celular operando nacionalmente. Siguiendo su ejemplo, hasta fines de abril 15 estados y dos ciudades habían buscado soluciones similares.

Otras localidades han obtenido informes de movilidad basados en datos de geolocalización ofrecidos por una empresa especializada en su recolección y uso para fines de vigilancia y publicidad. La empresa, una start-up nacional llamada In Loco, dispone de una base de datos de alrededor de 60 millones de dispositivos monitoreados por medio de códigos incorporados en aplicaciones de celular. Además de calcular índices de aislamiento social, la solución permite alertar personas individualmente en caso de que se identifique un nivel de movimiento superior a la media esperada. 

Llama la atención la adopción de estrategias que pueden facilitar acciones discriminatorias. En Florianópolis, por ejemplo, el sistema implementado permite notificar por SMS a las habitantes de una región si una persona en las cercanías de su casa fue diagnosticada con COVID-19. Este tipo de alerta puede incentivar intentos por ubicar el caso o levantar sospechas que lleven a actos de exclusión. La herramienta fue desarrollada por un grupo de empresas locales de tecnología y usa datos de la municipalidad para identificar a quien destinar los mensajes. La solución permite suponer que las empresas tienen acceso a informaciones sensibles, como la identificación y dirección de personas infectadas, lo que también es preocupante debido al desconocimiento de potenciales usos futuros de los datos y sus consecuencias.

Un grupo adicional de aplicaciones ha sido lanzado por estados y municipalidades para brindar información a la población y permitir el autodiagnóstico. Este tipo de solución también busca apoyar al Estado a identificar y hacer una estimación de los nuevos casos en un contexto de escasez de tests. Un estudio desarrollado por InternetLab muestra preocupantes niveles de intrusión de algunas aplicaciones de este tipo y sus deficiencias en términos de consentimiento, necesidad, transparencia y seguridad.

Una crisis más allá de la salud

La falta de transparencia sobre los términos de las alianzas público-privadas detrás de gran de parte de las iniciativas de monitoreo mencionadas tiene como consecuencia la ausencia de garantías expresas de que los datos no serán utilizados para otros fines o de que medidas suficientes de seguridad serán implementadas. En el caso de São Paulo, incluso hay sospechas de que el acceso a la información de datos de celular por parte del gobierno se inició antes de la firma del acuerdo con las empresas. 

Sumada a la postergación de la ley de protección de datos personales y la ausencia de una autoridad nacional de protección de datos hasta la fecha, se abre el margen de posibilidad de abusos por agentes públicos y privados, dejando la población más vulnerable aún más expuesta a la discriminación durante y después de la pandemia. Es decir, lejos de ser una crisis que golpea a todos por igual, la crisis de gobernanza y de protección de derechos que ha producido la acción conjunta de estados y empresas ha asegurado que los mayores perjudicados sean las personas más vulnerables del país.

Como hemos señalado anteriormente, “necesidad, adecuación y proporcionalidad en la respuesta tecnológica es lo que separa una crisis de salud global de una renuncia de los derechos fundamentales, tejido básico de sociedades como las nuestras, que se han jugado su sangre e historia por escapar del autoritarismo y garantizar una vida digna para todos”. La ausencia de esos criterios también puede ser, y es, literalmente fatal. Las víctimas no se distribuirán uniformemente en la sociedad brasileña. Ellas ya tienen género, color y lugar de origen. 

Los límites de la educación a distancia en América Latina

Frente al avance del COVID-19 en América Latina, diversos países han decretado cuarentena educativa e implementado medidas para garantizar que los y las estudiantes puedan continuar sus procesos de aprendizaje. La Unesco ha identificado docenas de respuestas educativas en la región, que van desde la disponibilidad de contenidos en línea hasta la autorización para el desarrollo de cursos a distancia.

No hay duda de que el acceso a la información y al conocimiento es fundamental durante y después de una crisis como la que presenta el COVID-19. Sin embargo, es necesario pensar sobre cual será el impacto real de las medidas implementadas y cuales serán sus efectos a mediano y largo plazo.

Límites estructurales

Existen aspectos estructurales que deben ser considerados al analizar cuan efectivas pueden ser las respuestas educativas basadas en la oferta de contenidos en línea o en clases virtuales. En la capa de infraestructura y conectividad se encuentran las desigualdades de acceso a  internet, requisito fundamental para cualquier estrategia de educación en línea. Hasta 2016, menos de la mitad de los hogares latinoamericanos estaban conectados a la red mundial de computadoras, según datos de la CEPAL. Si consideramos los contextos nacionales, países como El Salvador y Nicaragua seguían con menos del 20% de sus domicilios conectados en 2017. El avance del acceso a las redes móviles seguramente influye en este escenario, pero en muchos casos se da por medio de planes de datos limitados que no permiten la descarga de archivos o videos de manera libre.

En relación al hardware, hay que considerar que diferentes tipos de dispositivos conllevan distintas posibilidades de uso educativo. El acceso a computadoras sigue siendo limitado en la región y en algunos países ha decaído en los últimos años mientras aumenta el número de personas que acceden a la red solamente por el celular, particularmente en las clases más bajas. A pesar del aumento de las tasas de acceso a smartphones en los últimos años, estos no están diseñados para la lectura de textos largos, ni mucho menos para la elaboración o edición de textos. Es más, su uso por períodos extendidos de tiempo puede impactar en la salud de niños y jóvenes.

Cuando se trata del software, se observa una creciente tendencia a la utilización de herramientas comerciales cuyos modelos de negocio se basan en la recolección de una enorme cantidad de datos personales para fines publicitarios. Una investigación desarrollada en Brasil, con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para la protección de derechos digitales (FRR), muestra que el 65% de las universidades y secretarías de educación brasileñas utilizan servicios de empresas como Google y Microsoft, sin medidas de transparencia sobre las condiciones de protección de datos e información de miles de profesores y estudiantes que actualmente utilizan sus herramientas.

También en Brasil, encuestas con profesores y profesoras de educación básica muestran un amplio uso de servicios comerciales como Facebook y WhatsApp para la comunicación con estudiantes, envío de materiales y preparación de clases; sin mayores consideraciones sobre sus impactos a la privacidad de niños y adolescentes.

Finalmente, cuando se trata del contenido, las limitaciones jurídicas – impuestas por restricciones presentes en las leyes de derechos de autor – y técnicas al acceso pueden convertirse en una nueva barrera para el aprendizaje en línea.

Es importante considerar también que la brecha digital tiene distintos niveles. Además de la disponibilidad de conexión y dispositivos, son necesarias una serie de capacidades para hacer un uso significativo de las tecnologías para la investigación y aprendizaje; estas habilidades también se encuentran desigualmente distribuidas en América Latina.

Una emergencia social

Mientras las estrategias consideradas exitosas para el combate al coronavirus en Asia y Europa pasan por el aislamiento de la población, en América Latina está el desafío de contener su avance en regiones donde predominan viviendas precarias, hay escaso acceso al agua y a servicios sanitarios, o donde, básicamente, el Estado se encuentra ausente.

El cierre de escuelas puede ser particularmente dañino en los lugares donde estas instituciones son las principales responsables de ofrecer alimentación y agua potable. Según datos de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 85 millones de niñas y niños dependen de la alimentación escolar en América Latina y el Caribe.

Entre las personas jóvenes y adultas matriculadas en la enseñanza secundaria y superior, el periodo de cuarentena puede implicar la acumulación de tareas y preocupaciones diversas, como recuerda la profesora de la Universidad de Arkansas Rebecca Barrett-Fox. Algunas personas tendrán que seguir trabajando, desempeñando roles más exigidos – como los y las trabajadoras de la salud, limpieza, seguridad, transporte, entre otros; otras pueden perder sus empleos o fuentes de ingresos durante la crisis. Muchas tendrán que asumir el cuidado integral de sus niños y niñas, de personas mayores o de grupos de riesgo, a menudo mientras mantienen labores productivas a distancia.

La situación es particularmente crítica para las mujeres que, además de estar presionadas a asumir el rol de cuidado, muchas veces desempeñan trabajos precarios para sostener económicamente sus hogares. Ellas estarán aún más sujetas a altos niveles de estrés y violencia durante el periodo de crisis.

No generemos nuevas brechas

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de acceso a una infinidad de fuentes de información y conocimiento que son fundamentales en un contexto de pandemia como el actual. Sin embargo, es necesario comprender las especificidades del contexto regional al diseñar estrategias educativas en este periodo particularmente crítico.

Si bien es fundamental pensar medidas que busquen ofrecer oportunidades de aprendizaje a jóvenes y niños en cuarentena, autorizar la implementación de la educación a distancia para reemplazar las clases presenciales es ignorar el contexto regional y autorizar una total precarización de la enseñanza.

En lugar de garantizar el derecho a la educación, este tipo de acción – iniciado en algunos países de la región con foco en las instituciones de enseñanza superior – implica agravar aún más las condiciones de aquellas personas que sufrirán de forma aguda los impactos sociales del coronavirus, profundizando las brechas existentes.

Las desigualdades de producir desde casa

Esta semana, dos hospitales en Milán han comenzado a repartir tablets entre los enfermos terminales incomunicados y en aislamiento, para que puedan despedirse de sus familias y seres queridos, en un gesto que busca darle un poco más dignidad a una muerte espantosa. En los últimos años, el cine, la televisión y la literatura se han encargado de imaginar todo tipo de escenarios tecno-distópicos, pero nada así de desolador.   

La crisis mundial desatada por la agresiva expansión del COVID-19 ha sido descrita como un evento que ocurre una vez cada cien años y cuando acabe, el mundo será probablemente muy distinto al que conocimos. Lamentablemente, parece que todavía falta mucho para ello. Italia ha superado a China y es ahora el país con más muertes producto del coronavirus, que a nivel mundial ascienden a casi diez mil víctimas fatales.

El llamado ha sido a quedarse en casa y reducir el contacto social, como una forma de ralentizar la propagación del virus y evitar que los sistemas de salud colapsen. El teletrabajo y la educación en línea se han convertido en los modos sugeridos para que las personas puedan seguir realizando sus rutinas productivas desde casa. Internet —que siempre ha sido presentada como una tecnología eminentemente democrática y democratizadora — aparece como una de las principales maneras de sobrellevar la crisis.

Pero lo que emerge es una fotografía de segregación social, una expresión más de las condiciones precarias en las que millones de personas viven en nuestra región y que muchas veces son invisibilizadas en las declaraciones públicas de autoridades que son incapaces de imaginar que hay gente que simplemente no tiene acceso a internet. Las últimas cifras disponibles de la CEPAL, de 2017, cuantificaba que tan solo el 45% de los hogares de la región estaban conectados a la red. Y aunque probablemente esos números han aumentado en los últimos años, muy seguramente el porcentaje de personas excluidas todavía es alto.

 Además es importante comprender que no todas las formas de conexión son iguales ni equivalentes; la velocidad es un factor determinante y más todavía el dispositivo a través del cual nos conectamos a internet. Hoy, la principal forma de conexión a internet en el continente es por medio de dispositivos móviles. Consecuentemente, no es lo mismo pedirle a una niña que resuelva una tarea escolar utilizando su propio computador, a que lo haga a través de su teléfono celular. Aunque en ambos casos se tenga acceso a exactamente al mismo material de estudio, la segunda experiencia es sustantivamente peor, simplemente porque ese dispositivo no fue diseñado ni construido para ello. Así, nuevamente el ejercicio de un derecho fundamental queda sujeto a las posibilidades económicas de una persona o su familia.  

A ello hay que sumar las condiciones ambientales del trabajo: no todo el mundo tiene la posibilidad de convertir un rincón del hogar en una oficina casera; todavía peor, mucha gente habituada a convivir un par de horas al día con el resto de su familia se verá ahora forzada a tener que negociar espacios, horarios, necesidades y también ancho de banda, muchas veces en casas hacinadas o concebidas más como dormitorios que como lugares de convivencia familiar y mucho menos oficina multifuncional. Todo esto sin mencionar a aquellas personas que desempeñan funciones que no pueden ser realizadas a la distancia, por ejemplo, los trabajadores de la altamente precarizada “gig-economy”, que reciben órdenes de una app y que deben verse en la disyuntiva de salir a trabajar arriesgando su salud o simplemente perder su fuente de ingresos en tiempos de alta incertidumbre.  

Evidentemente estamos viviendo un momento inédito y particularmente difícil. Pero esta experiencia debería ser valiosa para cuando lo peor haya pasado. Hay dos reflexiones en las que creo que será necesario profundizar: primero, el teletrabajo ha sido una parte importante de los discursos de flexibilización laboral, pero no nos engañemos: para mucha gente tener trabajar desde su casa se convertirá en otra forma de precarización si es que no se toman medidas tendientes a asegurarle a los y las trabajadoras condiciones mínimas para el desempeño de sus funciones a distancia.

En segundo lugar, es errado pensar que internet es una tecnología eminentemente igualitaria. Sin embargo, existe en ella un potencial para ayudar a corregir algunas desigualdades de base. Ello dependerá del modo en que la tecnología se implementa y se usa. Si lo dejamos en manos del mercado y la capacidad individual de las personas, las cosas seguirán siendo tan injustas como antes y quizás, hasta peores.