Temática: Protección de comunidades en riesgo

Los límites de la educación a distancia en América Latina

Frente al avance del COVID-19 en América Latina, diversos países han decretado cuarentena educativa e implementado medidas para garantizar que los y las estudiantes puedan continuar sus procesos de aprendizaje. La Unesco ha identificado docenas de respuestas educativas en la región, que van desde la disponibilidad de contenidos en línea hasta la autorización para el desarrollo de cursos a distancia.

No hay duda de que el acceso a la información y al conocimiento es fundamental durante y después de una crisis como la que presenta el COVID-19. Sin embargo, es necesario pensar sobre cual será el impacto real de las medidas implementadas y cuales serán sus efectos a mediano y largo plazo.

Límites estructurales

Existen aspectos estructurales que deben ser considerados al analizar cuan efectivas pueden ser las respuestas educativas basadas en la oferta de contenidos en línea o en clases virtuales. En la capa de infraestructura y conectividad se encuentran las desigualdades de acceso a  internet, requisito fundamental para cualquier estrategia de educación en línea. Hasta 2016, menos de la mitad de los hogares latinoamericanos estaban conectados a la red mundial de computadoras, según datos de la CEPAL. Si consideramos los contextos nacionales, países como El Salvador y Nicaragua seguían con menos del 20% de sus domicilios conectados en 2017. El avance del acceso a las redes móviles seguramente influye en este escenario, pero en muchos casos se da por medio de planes de datos limitados que no permiten la descarga de archivos o videos de manera libre.

En relación al hardware, hay que considerar que diferentes tipos de dispositivos conllevan distintas posibilidades de uso educativo. El acceso a computadoras sigue siendo limitado en la región y en algunos países ha decaído en los últimos años mientras aumenta el número de personas que acceden a la red solamente por el celular, particularmente en las clases más bajas. A pesar del aumento de las tasas de acceso a smartphones en los últimos años, estos no están diseñados para la lectura de textos largos, ni mucho menos para la elaboración o edición de textos. Es más, su uso por períodos extendidos de tiempo puede impactar en la salud de niños y jóvenes.

Cuando se trata del software, se observa una creciente tendencia a la utilización de herramientas comerciales cuyos modelos de negocio se basan en la recolección de una enorme cantidad de datos personales para fines publicitarios. Una investigación desarrollada en Brasil, con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para la protección de derechos digitales (FRR), muestra que el 65% de las universidades y secretarías de educación brasileñas utilizan servicios de empresas como Google y Microsoft, sin medidas de transparencia sobre las condiciones de protección de datos e información de miles de profesores y estudiantes que actualmente utilizan sus herramientas.

También en Brasil, encuestas con profesores y profesoras de educación básica muestran un amplio uso de servicios comerciales como Facebook y WhatsApp para la comunicación con estudiantes, envío de materiales y preparación de clases; sin mayores consideraciones sobre sus impactos a la privacidad de niños y adolescentes.

Finalmente, cuando se trata del contenido, las limitaciones jurídicas – impuestas por restricciones presentes en las leyes de derechos de autor – y técnicas al acceso pueden convertirse en una nueva barrera para el aprendizaje en línea.

Es importante considerar también que la brecha digital tiene distintos niveles. Además de la disponibilidad de conexión y dispositivos, son necesarias una serie de capacidades para hacer un uso significativo de las tecnologías para la investigación y aprendizaje; estas habilidades también se encuentran desigualmente distribuidas en América Latina.

Una emergencia social

Mientras las estrategias consideradas exitosas para el combate al coronavirus en Asia y Europa pasan por el aislamiento de la población, en América Latina está el desafío de contener su avance en regiones donde predominan viviendas precarias, hay escaso acceso al agua y a servicios sanitarios, o donde, básicamente, el Estado se encuentra ausente.

El cierre de escuelas puede ser particularmente dañino en los lugares donde estas instituciones son las principales responsables de ofrecer alimentación y agua potable. Según datos de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 85 millones de niñas y niños dependen de la alimentación escolar en América Latina y el Caribe.

Entre las personas jóvenes y adultas matriculadas en la enseñanza secundaria y superior, el periodo de cuarentena puede implicar la acumulación de tareas y preocupaciones diversas, como recuerda la profesora de la Universidad de Arkansas Rebecca Barrett-Fox. Algunas personas tendrán que seguir trabajando, desempeñando roles más exigidos – como los y las trabajadoras de la salud, limpieza, seguridad, transporte, entre otros; otras pueden perder sus empleos o fuentes de ingresos durante la crisis. Muchas tendrán que asumir el cuidado integral de sus niños y niñas, de personas mayores o de grupos de riesgo, a menudo mientras mantienen labores productivas a distancia.

La situación es particularmente crítica para las mujeres que, además de estar presionadas a asumir el rol de cuidado, muchas veces desempeñan trabajos precarios para sostener económicamente sus hogares. Ellas estarán aún más sujetas a altos niveles de estrés y violencia durante el periodo de crisis.

No generemos nuevas brechas

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de acceso a una infinidad de fuentes de información y conocimiento que son fundamentales en un contexto de pandemia como el actual. Sin embargo, es necesario comprender las especificidades del contexto regional al diseñar estrategias educativas en este periodo particularmente crítico.

Si bien es fundamental pensar medidas que busquen ofrecer oportunidades de aprendizaje a jóvenes y niños en cuarentena, autorizar la implementación de la educación a distancia para reemplazar las clases presenciales es ignorar el contexto regional y autorizar una total precarización de la enseñanza.

En lugar de garantizar el derecho a la educación, este tipo de acción – iniciado en algunos países de la región con foco en las instituciones de enseñanza superior – implica agravar aún más las condiciones de aquellas personas que sufrirán de forma aguda los impactos sociales del coronavirus, profundizando las brechas existentes.

Las desigualdades de producir desde casa

Esta semana, dos hospitales en Milán han comenzado a repartir tablets entre los enfermos terminales incomunicados y en aislamiento, para que puedan despedirse de sus familias y seres queridos, en un gesto que busca darle un poco más dignidad a una muerte espantosa. En los últimos años, el cine, la televisión y la literatura se han encargado de imaginar todo tipo de escenarios tecno-distópicos, pero nada así de desolador.   

La crisis mundial desatada por la agresiva expansión del COVID-19 ha sido descrita como un evento que ocurre una vez cada cien años y cuando acabe, el mundo será probablemente muy distinto al que conocimos. Lamentablemente, parece que todavía falta mucho para ello. Italia ha superado a China y es ahora el país con más muertes producto del coronavirus, que a nivel mundial ascienden a casi diez mil víctimas fatales.

El llamado ha sido a quedarse en casa y reducir el contacto social, como una forma de ralentizar la propagación del virus y evitar que los sistemas de salud colapsen. El teletrabajo y la educación en línea se han convertido en los modos sugeridos para que las personas puedan seguir realizando sus rutinas productivas desde casa. Internet —que siempre ha sido presentada como una tecnología eminentemente democrática y democratizadora — aparece como una de las principales maneras de sobrellevar la crisis.

Pero lo que emerge es una fotografía de segregación social, una expresión más de las condiciones precarias en las que millones de personas viven en nuestra región y que muchas veces son invisibilizadas en las declaraciones públicas de autoridades que son incapaces de imaginar que hay gente que simplemente no tiene acceso a internet. Las últimas cifras disponibles de la CEPAL, de 2017, cuantificaba que tan solo el 45% de los hogares de la región estaban conectados a la red. Y aunque probablemente esos números han aumentado en los últimos años, muy seguramente el porcentaje de personas excluidas todavía es alto.

 Además es importante comprender que no todas las formas de conexión son iguales ni equivalentes; la velocidad es un factor determinante y más todavía el dispositivo a través del cual nos conectamos a internet. Hoy, la principal forma de conexión a internet en el continente es por medio de dispositivos móviles. Consecuentemente, no es lo mismo pedirle a una niña que resuelva una tarea escolar utilizando su propio computador, a que lo haga a través de su teléfono celular. Aunque en ambos casos se tenga acceso a exactamente al mismo material de estudio, la segunda experiencia es sustantivamente peor, simplemente porque ese dispositivo no fue diseñado ni construido para ello. Así, nuevamente el ejercicio de un derecho fundamental queda sujeto a las posibilidades económicas de una persona o su familia.  

A ello hay que sumar las condiciones ambientales del trabajo: no todo el mundo tiene la posibilidad de convertir un rincón del hogar en una oficina casera; todavía peor, mucha gente habituada a convivir un par de horas al día con el resto de su familia se verá ahora forzada a tener que negociar espacios, horarios, necesidades y también ancho de banda, muchas veces en casas hacinadas o concebidas más como dormitorios que como lugares de convivencia familiar y mucho menos oficina multifuncional. Todo esto sin mencionar a aquellas personas que desempeñan funciones que no pueden ser realizadas a la distancia, por ejemplo, los trabajadores de la altamente precarizada “gig-economy”, que reciben órdenes de una app y que deben verse en la disyuntiva de salir a trabajar arriesgando su salud o simplemente perder su fuente de ingresos en tiempos de alta incertidumbre.  

Evidentemente estamos viviendo un momento inédito y particularmente difícil. Pero esta experiencia debería ser valiosa para cuando lo peor haya pasado. Hay dos reflexiones en las que creo que será necesario profundizar: primero, el teletrabajo ha sido una parte importante de los discursos de flexibilización laboral, pero no nos engañemos: para mucha gente tener trabajar desde su casa se convertirá en otra forma de precarización si es que no se toman medidas tendientes a asegurarle a los y las trabajadoras condiciones mínimas para el desempeño de sus funciones a distancia.

En segundo lugar, es errado pensar que internet es una tecnología eminentemente igualitaria. Sin embargo, existe en ella un potencial para ayudar a corregir algunas desigualdades de base. Ello dependerá del modo en que la tecnología se implementa y se usa. Si lo dejamos en manos del mercado y la capacidad individual de las personas, las cosas seguirán siendo tan injustas como antes y quizás, hasta peores.

Ecuador: Las tecnologías de vigilancia en contexto de pandemia no deben poner en riesgo los derechos humanos

Las organizaciones firmantes, especializadas en la promoción y defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra preocupación por el anuncio relativo al monitoreo satelital para la georreferenciación de las personas en el contexto del cerco epidemiológico en Ecuador. El anuncio, realizado el 17 de marzo de 2020 por la Ministra de Interior, María Paula Romo, [1] forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, en el marco de la declaración de estado de excepción. [2]

Las tecnologías de vigilancia y monitoreo deben usarse con criterios de necesidad y proporcionalidad

Si bien las medidas adoptadas en el contexto del estado de excepción se orientan a ralentizar la propagación del virus con el fin de resguardar la salud pública, es primordial asegurar que el uso de las tecnologías de información y comunicación — especialmente tecnologías de vigilancia y monitoreo de la población — se haga con apego a criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad, para salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos que pueden verse negativamente impactados por estas medidas, particularmente la privacidad, el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho a no ser discriminado arbitrariamente.

Así lo señalaron el 16 de marzo pasado expertas y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, precisando que los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para vulnerar derechos humanos. «Si bien reconocemos la gravedad de la actual crisis de salud y reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria «. [3]

Tal como explican las expertas y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas en su comunicado, existe peligro en que, justificándose en la emergencia, se implementen medidas que significan una reducción arbitraria de las libertades públicas y que –en ausencia de marcos legales e institucionales robustos– se vuelvan permanentes ante la imposibilidad de la ciudadanía de fiscalizar su adecuación, necesidad y proporcionalidad. Es por esto que recomiendan que «para evitar que tales poderes excesivos se conecten a los sistemas legales y políticos, las restricciones deben diseñarse limitadamente y deben ser el medio menos intrusivo para proteger la salud pública».

La condición de salud de las personas, objeto de protección reforzada

Por su vinculación con la dignidad humana, la información respecto a la condición de salud de las personas es confidencial y personal y, con base en lo establecido en la normativa tanto nacional como internacional, debe ser objeto de protección reforzada para evitar que pueda ser utilizada en forma discriminatoria. La mayor parte de las legislaciones a nivel global consideran los datos de salud como datos sensibles dentro de su estatutos legales de protección, ya sea general o de la normativa sectorial sanitaria, y los someten a criterios estrictos de autorización para su procesamiento y a medidas más estrictas de sanción ante la vulneración de sus reglas de uso, almacenamiento y comunicación a terceros.

En Ecuador, la normativa constitucional es muy clara al respecto. Se establece en el artículo 66, inciso 11, 19 y 20, la reserva de la información personal, incluida aquella relativa a los datos de salud, que solo pueden ser difundidos por mandato legal o autorización personal. De igual manera, ley de derechos y amparo del paciente en sus artículos 2 y 4 establece el derecho a la atención digna y a la confidencialidad de la información en salud, lo que se refuerza en el artículo 61 de la ley orgánica de salud que obliga a las instituciones y profesionales de la salud a garantizar la confidencialidad de la información entregada y recibida. El código penal contiene disposiciones que tienen el objetivo de proteger la información reservada, personal y confidencial, como lo son los artículos 179 y 180, que establecen a la revelación de secreto profesional y la circulación de información restringida como delitos penales.

El código penal contiene disposiciones que tienen el objetivo de proteger la información reservada, personal y confidencial como lo son los artículos 179 y 180 del mismo, que establecen a la revelación de secreto profesional y la a circulación de información restringida como delitos penales.

Considerando lo delicado de la información en salud y su carácter confidencial, cualquier medida que implique la identificación de individuos con la condición de pacientes de enfermedades específicas puede exacerbar condiciones de vulnerabilidad preexistentes y puede convertirse en una fuente directa — o colateral — de acciones de discriminación arbitraria por quienes tengan acceso legítimo o ilegítimo a esa información, creando un estigma social cuyas consecuencias pueden ser tan severas como las de la enfermedad física misma, tal como dan cuenta experiencias recientes con el desarrollo de la pandemia COVID-19 en Corea del Sur. [4] Es indispensable asegurar que la aplicación de las medidas de prevención y control de la pandemia no agrave la situación de vulnerabilidad de grupos minoritarios y personas que, por su condición económico-social u otros factores, presentan un mayor riesgo de afectación.

A tal preocupación se suma la evidencia existente sobre el alto nivel de imprecisión y falibilidad de los sistemas de vigilancia masiva, y del impacto que tienen en la seguridad personal y la privacidad de las personas debido a su nivel de intrusividad. En países que ya han reportado la utilización de sistemas de georreferenciación de su población con ocasión de la pandemia COVID-19 — incluso tratándose de sistemas no obligatorios para la población —, se han reportado errores en el sistema que permiten generar no solamente falsos positivos, sino también estigma en contra de determinados pacientes por las zonas geográficas de desarrollo de sus actividades cotidianas (por ejemplo, por encontrarse en las cercanías de barrios rojos). Además, permiten trazar vínculos entre pacientes que revelan información privada, lo que les hace susceptibles al escrutinio público, como en los casos de contagios en relaciones extramaritales o sometimiento a terapias específicas, por vía ejemplar. [5]

La falibilidad de las técnicas de georreferenciación adquiere aún mayor gravedad cuando su uso se enmarca en la facilitación de la persecución penal de individuos que infrinjan medidas de aislamiento sanitario. Por ello, se debe asegurar que los procedimientos legales en torno a personas señaladas como infractoras de las medidas establecidas en el estado de excepción y de emergencia sanitaria se realicen con apego al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos, y que la impartición de justicia se lleve a cabo de manera independiente, competente e imparcial. Cabe recordar que para que una prueba tenga validez dentro de un proceso judicial esta no debe haber ser obtenida con violación de la constitución y la ley.

Las preocupaciones aquí abordadas respecto de la utilización de sistemas de georreferenciación de pacientes infectados de COVID-19 tienen lugar incluso en países que cuentan con una normativa específica de protección de datos personales, que proveen de un marco institucional para limitar abusos en la recogida y uso de tal información. La situación tendría una mayor gravedad en Ecuador, ya que a pesar de la garantía consagrada en el artículo 66 numerales 11, 19 y 20 de la Constitución de la República, el país carece a la fecha de una normativa legal y de una autoridad técnica e independiente que permita una adecuada supervisión de que las medidas a implementarse respeten los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad compatibles con el estado de derecho.

Es indispensable proteger a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos

Instamos al gobierno ecuatoriano a brindar las garantías necesarias para que la aplicación de las medidas de vigilancia y monitoreo no afecten a personas cuyo trabajo es esencial para asegurar el ejercicio de derechos humanos, como defensores y defensoras de derechos humanos o expertos y expertas en seguridad digital, entre otros. Respecto a ellas, desde las Naciones Unidas se ha señalado en forma categórica que las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 “no deben funcionar como una fachada para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud ni usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.

Por último, es imprescindible que el gobierno ecuatoriano entregue información suficiente sobre el alcance de la medida anunciada: el tiempo que estará vigente, el tipo de tratamiento, y sobre las condiciones de acceso, almacenamiento y seguridad de la información que se recopile. Del mismo modo, deben comunicarse con claridad los protocolos que se adoptarán para evitar que terceros — dentro y fuera de la administración pública — accedan a la información recopilada y la usen con fines ilegítimos. Ello redundará en el reforzamiento del nivel de confianza en las acciones del gobierno para enfrentar la crisis, como condición esencial para la seguridad y el bienestar de la población, y proveerá un nivel mínimo de garantía de la legitimidad democrática de cualquier sistema adoptado, que asegure su deshabilitación una vez superada la emergencia.

Resulta indispensable que el gobierno ecuatoriano, que en tiempo reciente ha invertido ingentes esfuerzos en conducir a la digitalización del país, aproveche la oportunidad de utilizar las tecnologías de información y comunicación para responder a la emergencia propuesta por el COVID-19 de manera compatible con los estándares del Sistema Internacional e Interamericano de derechos humanos, que forman parte del orden constitucional del Ecuador.

Organizaciones firmantes:

  • Access Now
  • Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
  • Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
  • Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
  • Datos Protegidos
  • Derechos Digitales
  • Digital Defenders Partnership (DDP)
  • Fundación Acceso
  • Fundación Karisma
  • Hiperderecho
  • LaLibre.net
  • Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC)
  • Taller de Comunicación Mujer (TCM)
  • TEDIC
  • Surkuna

1 https://www.ecuadortv.ec/noticias/covid-19/romo-vigilancia-epidemiologico-covid19-

2 El art. 11 del Decreto Nº 1017 del presidente Lenin Moreno señala: “Para el cumplimiento de las restricciones del presente Decreto se podrán utilizar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de personas en estado de cuarentena sanitaria y/o aislamiento obligatorio, que incumplan las restricciones dispuestas, a fin de ponerlas a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes”.

3 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E

4 https://www.bbc.com/news/world-asia-51733145

5 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/06/more-scary-than-coronaviru…

Declaración para la protección de las personas defensoras de los derechos digitales

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestra preocupación por la tendencia mundial de perseguir a las personas que defienden los derechos humanos utilizando medios y plataformas digitales, incluidas quienes realizan investigaciones y proveen entrenamientos de seguridad para proteger y promover estos derechos. Exigimos que se fortalezca la protección de su trabajo y se les reconozca como personas defensoras de los derechos humanos.

Ya sea a través de leyes que penalizan su actividad o mediante persecución judicial destinada a silenciarlas y castigarlas, su trabajo y sus vidas están en peligro. Esta tendencia tiene un efecto perjudicial sobre los derechos humanos, tanto en línea como fuera de línea. Casos de injerencia política como el caso penal contra Ola Bini en Ecuador, la investigación y las medidas arbitrarias tomadas contra Javier Smaldone en Argentina, así como los casos de Alaa Abd El Fattah en Egipto, Fikret Baskaya en Turquía, Ahmed Mansoor en el Los EAU y muchos otros son parte de una tendencia mundial creciente y peligrosa.

El trabajo que hacen las personas defensoras de los derechos digitales en defensa de la privacidad es fundamental para la protección de los derechos humanos. Cuando crean conciencia sobre la existencia de vulnerabilidades en los sistemas, permiten que los sectores público y privado encuentren soluciones que mejoren la seguridad de la infraestructura y el software en beneficio del público. Además, su trabajo brindando asesorías de seguridad para periodistas y activistas de derechos humanos es de vital importancia para la seguridad de quienes ejercen el periodismo, activistas y personas que defienden derechos humanos desde otros frentes.

El trabajo de quienes defienden de los derechos digitales es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y, como tal, debe protegerse. Los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la detención y el enjuiciamiento de defensores de los derechos digitales como Ola Bini. Usar código o lenguajes de programación es otra forma de expresar ideas en lo que generalmente se conoce como lenguajes de alto nivel. Más importante aún, su investigación es una manifestación de buscar, recibir y compartir información. Este derecho es esencial cuando la información buscada es crítica para la gobernanza, protegiendo la privacidad y la seguridad de la infraestructura.

Rechazamos toda persecución de quienes defienden de los derechos digitales. Exigimos el reconocimiento de su trabajo a nivel legal, social y político. Las personas defensoras de los derechos digitales también deben ser reconocidas como defensoras de los derechos humanos, ya que trabajan por la defensa de los derechos humanos fundamentales y por el interés público. Por lo tanto, su trabajo y sus derechos básicos deben protegerse para garantizar el desarrollo seguro, transparente y democrático de Internet y las tecnologías digitales en todo el mundo. Se les debe permitir hacer su trabajo sin temor al acoso judicial o cualquier forma de daño proveniente del Estado.


Access Now 

Amnesty International

Arab Digital Expression Foundation – ADEF

Article 19

ASLE

Association of Progressive Communications

Casa da Cultura Digital Porto Alegre

Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J»

Committee for the Protection of Journalists (CPJ)

Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH)

Derechos Digitales

EFF

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)

Freedom of Press Foundation

Fundación Huaira

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

Fundación Vía Libre

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

Human Rights Watch

Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Indymedia Ecuador

Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec)

Instituto Nupef – Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação

Internet Freedom Foundation

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social

Karisma

Lavits – Rede Latinoamericana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade

Open Knowledge Brasil

Organização Compas – Associação Internacional de Comunicação Compartilhada

Privacy International

Rede Ciranda.net

Rede de Direitos Humanos e Cultura (DHnet)

Reporters without Borders

TEDIC

Usuarios Digitales

Vigilance for Democracy and the Civic State 

Periodismo y vigilancia en México: sin garantías para la libertad de expresión

El 29 de octubre, la aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, tomó acciones legales contra NSO Group, la empresa de tecnología de vigilancia que desarrolló el malware espía “Pegasus” aquirido por el Gobierno mexicano, cuyo uso ha sido estudiado y denunciado desde 2016 por ONGs nacionales como R3D, SocialTIC y Artículo 19,  en el caso conocido como #GobienoEspía.

En mayo de este año, el equipo de seguridad de WhatsApp detectó una falla en la aplicación, que permitía inyectar spyware comercial en celulares mediante una simple llamada. Junto con desarrollar una solución al problema, se realizó una investigación que concluyó que la vulnerabilidad había había sido explotada por NSO Group, que también utiliza el nombre Q Cyber Technologies.

La preocupante novedad que plantea esta forma de ataque es que, al ejecutarse mediante un llamado, no requiere que la víctima habilite la instalación del software malicioso pinchando algún hipervínculo, lo que dificulta la obtención de evidencia y la toma de medidas precautorias para evitar, documentar y denunciar intentos de infección.

Más de 1400 casos fueron identificados y al menos 100 contra defensores de derechos humanos. En México, un número importante de infecciones ocurrieron durante abril y mayo de 2019, coincidiendo con las revelación del caso de Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez y víctima del espionaje a manos de agentes estatales, pues según NSO Group, solo venden sus productos a gobiernos.

Vigilancia como violencia

Actualmente, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, lo que naturalmente pone en riesgo la salud de la libertad de expresión y, con ello, de la democracia misma del país: incapaz para garantizar la seguridad de sus periodistas y, consecuentemente,  incapaz de garantizar el bienestar y la autonomía de sus habitantes.La violencia contra las y los periodistas, que entre otras formas se expresa mediante el abuso de la tecnología de vigilancia por parte del gobierno mexicano, escala gracias al clima de impunidad que hace oídos sordos frente a las denuncias realizadas por comunicadoras, activistas y personas defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales han perdido la vida o han tenido que migrar para preservarla.

Llama la atención de que, a pesar de los logros recientes de las ONGs que han presentado denuncias a NSO Group en cortes internacionales, la respuesta por parte del Gobierno no es más que una serie de promesas, vacías que denotan un claro desconocimiento entre quienes lideran el país sobre los abuso de las tecnologías en México.

Por otro lado, lejos de perseguir los abusos tecnológicamente posibilitados, la milicia nacional parece premiar a sus responsables con ascensos laborales. La misma milicia que hoy participa de la implementación de la Guardia Nacional, una estrategia para militarizar las calles del país como respuesta a la presencia del narcotráfico y que en su más reciente muestra de poder mostró ser completamente ineficiente.

Esto pareciera indicar que, mientras el presidente declara que su administración no participa en el uso ilegítimo de las tecnologías y anuncia “compromisos”, hay personas con poder actuando desde diferentes instancias estatales para tomar ventaja de los puntos ciegos de una administración fuertemente criticada por su falta de un liderazgo estratégico, incapaz de conocer y controlar el alcance de las acciones que sus subordinados realizan con el poder que se les otorgado para “preservar la seguridad en el país”. Tal vez el problema acá sea que nadie les ha aclarado que no se trata de su seguridad propia, sino de la seguridad de la mayoría: quienes necesitan del periodismo libre para producir decisiones informadas y tener los elementos necesarios para cuestionar al Estado y sus representantes cuando no cumplan sus obligaciones fundamentales.

Lo que queda pendiente

Desde 2016 la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para frenar el abuso de la tecnología se ha articulado en redes para presentar casos e informes conjuntos, con el fin de denunciar los abusos que diferentes gobiernos hacen de las tecnologías para vigilar a quienes expresan posturas críticas a sus administraciones. Los esfuerzos articulados de personas con experiencia legal, en comunicaciones, en activismo, en defensa de derechos humanos y con trayectorias multidisciplinarias en América Latina y México han sido potentes y constantes.

Hace falta que gobiernos, como el mexicano, asuman la participación en espacios de diálogo que permitan articular las experiencias y trayectorias de estos grupos a las propuestas administrativas y de desarrollo en las que quieran involucrar despliegues masivos de tecnologías, que se plasmen en acciones claras y concretas. Las declaraciones y compromisos realizados por el presidente se vuelven palabras vacías si no existen políticas públicas que las respalden. Es la única forma de defender la democracia participativa en el país, pero también asegurar que los derechos humanos sean preservados y contemplados dentro de las estrategias de seguridad nacional.

Vigilancia, control social e inequidad: la tecnología refuerza vulnerabilidades estructurales en América Latina

Mientras la brecha entre ricos y pobres se incrementa en el mundo, América Latina sigue siendo la región donde la riqueza se distribuye de forma más desigual. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen marcados desequilibrios entre los distintos niveles socioeconómicos en aspectos como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la tasa de analfabetismo y el acceso a agua al interior de las viviendas. Así, la altísima inequidad que asola al continente influye directamente en el bienestar de sus habitantes, sus posibilidades de desarrollo y en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos a la vigilancia estatal y privada ejemplifican de manera clara no solamente el hecho de que las tecnologías no son neutras, sino que impactan de forma diferenciada a distintos grupos humanos, de acuerdo a su género, al color de su piel y a su clase social. 

Aprovechándose de las deficiencias de nuestros sistemas legales y explotando sus áreas grises, la industria ha impulsado agresivamente un tecnosolucionismo chauvinista, abrazado irresponsablemente por una clase política con ganas de figurar a la sombra de una idea tristemente reducida de progreso. Así, el negocio se transforma en la promesa de un beneficio acotado, que se consigue a costa de los derechos de quienes no tienen más opción que someterse al escrutinio constante, a la vigilancia, al control, a la discriminación. Hablar de desigualdad en América Latina es hablar de la ponderación que se hace entre los derechos de quienes pueden acceder a otras posibilidades y quienes no. 

La inequidad se esconde hoy tras una serie de muletillas de significado impreciso – big data, decisiones algorítmicas, inteligencia artificial – que en nombre de la eficiencia intentan naturalizar los sesgos bajo los cuales operan, haciendo inescrutables los sistemas que los procesan y la forma en que son usados para regular el acceso a programas sociales, el uso del transporte público o la asistencia a eventos populares.

Ejemplos no faltan. En Argentina, la provincia de Salta firmó en 2017 un acuerdo con Microsoft para utilizar inteligencia artificial en la prevención del embarazo adolescente y la deserción escolar. Según la empresa, a partir de datos recolectados por medio de encuestas a sectores vulnerables de la sociedad “los algoritmos inteligentes permiten identificar características en las personas que podrían derivar en alguno de estos problemas y advierten al gobierno para que puedan trabajar en la prevención de los mismos”.  Los datos recabados son procesados por servidores de Microsoft distribuidos alrededor del mundo y el resultado de ese procesamiento apunta específicamente a las adolescentes identificadas como personas bajo riesgo, afectando no solamente su privacidad, sino también su autonomía y generando amplio potencial de discriminación. Se trata, finalmente, de un mecanismo dirigido de control sobre personas en situación de vulnerabilidad que son expuestas a intervenciones sin su consentimiento, reforzando la vulnerabilidad de las personas que son privadas incluso de la posibilidad para decidir sobre esas intervenciones.

Aunque se argumente que los datos utilizados para la proyección son entregados voluntariamente, es cuestionable la idea de que las niñas y adolescentes afectadas por estas medidas –o sus responsables–  puedan prestar un consentimiento activo y realmente consciente sobre las implicaciones de entregar información específica sobre sus hábitos sexuales y potencial embarazo. Cabe señalar que Salta fue la última provincia argentina que dejó de impartir educación religiosa en las escuelas públicas después de un fallo de la Corte Suprema, reconociendo la existencia de violaciones a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas. El uso tecnológico descrito no es sino expresión de problemas más amplios para comprender los ámbitos de autonomía y privacidad de las personas, con un propósito político.

En Brasil, el Ministerio de Ciudadanía firmó un acuerdo con el gobierno de Salta y Microsoft para implementar un programa similar. En este caso, además de la prevención del embarazo adolescente y la deserción escolar, se pretende anticipar cuestiones como la desnutrición y enfermedades en la primera infancia. El país sería el quinto en la región en compartir la experiencia argentina. Además de dudas sobre el consentimiento informado y el acceso del Estado a informaciones sensibles sobre poblaciones vulnerables, quedan sin respuesta algunas preguntas sobre qué otros usos u previsiones se pueden extraer de esos datos y cuáles los límites para su tratamiento por parte de Microsoft y los gobiernos involucrados en el programa.

Por su parte, Chile inició en 2019 la implantación piloto de una herramienta que busca detectar a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alerta Niñez es un instrumento preventivo que “identifica el conjunto de condiciones individuales, familiares, del entorno y de los pares de los niños y niñas y adolescentes, que tienden a presentarse cuando existe un riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”. El sistema se basa en el procesamiento estadístico de grandes cantidades de datos provenientes de organismos públicos para calificar a la población menor de 18 años, ordenando a las personas según su probabilidad de sufrir vulneraciones.

Aunque en este caso el sistema haya sido desarrollado por una universidad privada local, nuevamente se trata de una iniciativa invasiva de recolección de datos sensibles de menores de edad que conlleva gran riesgo de profundizar situaciones de prejuicio y estigmatización hacia grupos históricamente vulnerables. Además, estos procesos implican la transferencia de datos personales a terceros y la posibilidad de que esos datos sean usados para fines distintos a los que permitieron su recolección; sin bases legales ni garantías de que la información generada no será utilizada a futuro con otros propósitos, como iniciativas de policiamiento predictivo por ejemplo.

Dado que cuestiones como embarazo adolescente, evasión escolar y desnutrición son problemas estructurales en la región, es extremadamente cuestionable que las políticas asociadas sean mediadas o condicionadas a la recolección de grandes cantidades de datos. Que no exista a su vez una preocupación por los derechos de niños, niñas y adolescentes, concordante con instrumentos vigentes en toda la región, da cuenta de un problema más profundo.

Vigilancia, control y exclusión

En Chile, la implementación de sistemas de identificación biométrica en el sistema nacional de salud preocupa por las posibles limitaciones que podría generar a poblaciones marginadas y empobrecidas -e incluso a personas mayores, por la pérdida de legibilidad en rasgos como las huellas digitales- para su acceso a servicios básicos de salud.

La implementación del llamado “Sistema Biométrico para la Seguridad Alimentaria” en Venezuela, a través del cual se exige a los ciudadanos la verificación de su identidad a través de la huella digital para adquirir productos categorizados como de “primera necesidad” (productos alimentarios, de higiene y medicinas), ha generado denuncias por discriminación hacia personas extranjeras -documentadas e indocumentadas- y personas transgénero. La situación es particularmente preocupante dada la situación de escasez de bienes esenciales y la crisis humanitaria que se agrava en el país, principalmente afectando los derechos a la alimentación y salud de las poblaciones más vulnerables. 

En São Paulo se implementó hace dos años el uso de cámaras de reconocimiento facial en el sistema de transporte público, con la justificación de que ayudarían a evitar el fraude en el uso de beneficios sociales asociados al transporte, como descuentos a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. En estos dos años el sistema ha bloqueado más de 300 mil tarjetas supuestamente usadas indebidamente, o sea, no por sus titulares. Por otra parte, la municipalidad ha anunciado la suspensión total las tarjetas anónimas y ha implementado medidas para obligar el registro de las tarjetas con datos de identificación únicos y residenciales. Este tipo de medida puede impactar en el acceso de personas no registradas –como personas sin techo e inmigrantes– al servicio. En una ciudad de las dimensiones de São Paulo, las tarjetas que permiten la integración con descuento a distintos tipos de transporte son fundamentales para la locomoción de gran parte de la población al trabajo, escuela y actividades culturales. El bloqueo o imposibilidad de acceso a medios de transporte puede tener un gran impacto en la vida y el desarrollo de las personas.

Además de crear limitaciones al acceso a servicios públicos para grupos históricamente marginados de la población, los sistemas de identificación obligatoria y biométricos implican una “sobrevigilancia” hacia esos grupos. No se sabe cómo son utilizados, agregados y compartidos los datos recolectados de esos grupos, ni parece proporcional exigir un nivel tan alto de información para la entrega de beneficios limitados o condicionados. En el caso venezolano las bases de datos biométricas provienen del sistema electoral, para ser utilizadas tanto por operadores estatales -incluyendo funcionarios de migración y policías- como por cajeros de supermercados y farmacias, sin ningún tipo de requisito legal previo. En São Paulo, el gobierno municipal llegó a anunciar la venta de las bases de datos de las tarjetas utilizadas en el transporte pero, bajo presión pública y después de la aprobación de una ley de protección de datos en Brasil, cambió su posición.

No está demás reiterar que solamente se someten a esos sistemas a los usuarios de sistemas públicos de salud, asistencia social y transporte que, en general, no incluyen las élites locales que pueden prescindir de ellos y recurrir a prestadores privados; manteniendo mayor control sobre su información y preservando su privacidad.

Desigualdad, discriminación y pobreza

Que los mecanismos de vigilancia sean implementados de manera diferencial hacia los grupos más vulnerables no es novedad, esto remonta a procesos de control social y precarización que han estado en la base de la construcción de muchas de nuestras sociedades para asegurar tanto la dominancia de las clases sociales y económicas más privilegiadas como la explotación de los más vulnerables. Aún hoy, con las posibilidades ofrecidas por las tecnologías para optimizar la entrega de servicios de toda clase, vemos que esas tecnologías son usadas para mantener esa estructura social desigual. Con asistencia de la tecnología, la vulnerabilidad es castigada con vigilancia.

No tiene por qué ser así. La promesa de la tecnología es la mejora de nuestras vidas. Esa promesa debería ser transversal a toda la sociedad y no estar reservada para aquellas personas que puedan costear las mejoras, o que puedan pagar el precio de no tener que someterse a aplicaciones abusivas de la tecnología. Estos desarrollos y despliegues tecnológicos no deberían resultar en una nueva forma de discriminación que profundice otras desigualdades como un daño colateral que debemos asumir en favor de un supuesto bien mayoritario. 

Una aproximación de derechos fundamentales con una comprensión interseccional de los distintos tipos de exclusiones que las tecnologías promueven y clausuran es la única manera de hacer frente a la desigualdad a la que millones de personas están siendo sometidas en el continente. Solo así, las nuevas tecnologías quizás puedan convertirse en un factor que ayude al cierre de las brechas que enfrentamos ahora. 

Represión contra mujeres periodistas y activistas en México

El viernes 16 de agosto en la Ciudad de México se convocó a una protesta ante las omisiones de justicia en casos de violación donde los culpables son elementos de las fuerzas policiacas. Estos casos, que no han sido pocos ni recientes, llevaron a que cientos de mujeres se encontraran en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes para dar lugar a lo que se denominó “Diamantada”: donde la diamantina fue retomada como símbolo de protesta durante la manifestación convocada tras los eventos del 12 de agosto.

Cabe recalcar que el tema de la violencia contra mujeres en México es un problema histórico que hoy en día se mantiene al alza, simplemente en este año hemos pasado de tener un promedio de 8 a 10 asesinatos de mujeres al día. Aunado a esto, la violencia también se ha ejercido a través de otros mecanismos y estructuras de poder. No hay que olvidar que hace unos meses atrás aún nos encontrábamos analizando la luz que arrojó la segunda ola del #MeToo sobre casos de acoso y otros tipos de violencia en diferentes gremios: incluso el periodístico.

Desde hace varios años, diversas instancias se han encargado de documentar las implicaciones que -en el contexto de violencia contra periodistas, donde México está consolidado como uno de los peores en América Latina para ejercer esta profesión- recaen en asumir el compromiso con documentar y comunicar la realidad como mujer periodista. No es gratuito que la renombrada periodista Lydia Cacho recientemente haya huido del país.

Por otro lado, existe una dimensión política que también aporta un matiz distinto a la polarización de la información que tanto medios de comunicación como algunos comunicadores han difundido, pues es claro que el feminismo -como la verdad- incomoda a quienes han consolidado su poder en los privilegios que existen para quienes se alinean con estructuras sociales profundamente patriarcales, machistas y misóginas como las que existen en México; estructuras que grupos de mujeres organizadas a través de distintas acciones claramente políticas han estado visibilizando, buscando derribar. Y no pasa por alto que vivimos en una época donde la participación de las mujeres en distintos espacios se ha potenciado y amplificado, evidenciando el recelo (manifestado, algunas veces, a través de agresiones) ante los cambios propios de una sociedad que se está transformando.

Sin embargo, algunos de los principales medios de comunicación han optado por abordar el tema con una mirada sesgada que promueve la polarización y desdibuja el descontento que ha movido a cientos de mujeres en todo el país. Este problema no solamente pasa por evidenciar una falta de perspectiva de género y mirada crítica en estos conglomerados comunicacionales, sino que también alimenta las posturas que suelen tomarse por quienes propagan discursos de odio e incluso dirigen agresiones a activistas y medios de comunicación feminista en redes sociales.

Imponer el silencio

Tras las denuncias públicas de medios independientes con perspectiva feminista como Luchadoras, otras iniciativas de derechos humanos y afines a las causas feministas se sumaron para denunciar la violencia manifestada a través de redes sociales en días posteriores a la marcha.

Además de los casos violencia explícita que se documentaron y los reportes de acoso y violencia en línea, se hicieron visibles estrategias de amedrentamiento que hacían uso de grupos de Facebook para convocar a “golpear feministas hasta la muerte”. Esto hace evidente la instauración del miedo como una herramienta para reprimir la legítima protesta de las mujeres que se han manifestado a través de las movilizaciones en el espacio público y la potencia de las plataformas digitales.

Desde Internet Es Nuestra hicimos un llamado a Facebook y Twitter para agilizar los procesos de reporte, aplicar sus normas comunitarias y promover acciones ante la violencia que se ejerce contra las mujeres en sus plataformas. Al día de hoy nos hemos reunido con Twitter para abordar este tema y pensar medidas conjuntas para hacer frente a los casos reportados, mientras que no hemos recibido respuesta por parte de Facebook.

Estrategias y resistencias

La violencia en línea contra las mujeres en México, así como la violencia contra mujeres periodistas en el mundo no son temas sencillos; tienen una vasta multiplicidad de matices que se complejizan cuando se sitúan en los diferentes contextos en los que aún queda camino por recorrer para alcanzar un punto en el que podamos vivir libres de violencia.

El sumar la dimensión técnica/tecnológica a las propuestas políticas y las acciones feministas no sólo nos permite repensar nuestra relación con las tecnologías, sino cuestionarnos las dependencias hacia ciertas estructuras que menoscaban la autonomía; mientras propagan ideologías que actúan en detrimento de nuestras libertades y derechos.

En México, el año pasado, un grupo diverso de mujeres que se autodenominó Tormenta habilitó un diálogo sobre identidad y feminismo en internet. El resultado fue una reflexión que pasó por abordar las estrategias de aprendizaje y cuidado colectivo por medio de una mirada crítica sobre nuestro uso de las tecnologías: mirando hacia alternativas que permitieran fortalecer la seguridad y la autonomía sobre la información.

Además, no son pocas las iniciativas feministas que trabajan seguridad digital en América Latina. Como Ciberseguras, que también tiene presencia en México y ha sido parte de procesos de acompañamiento y fortalecimiento digital para mujeres, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos en diferentes estados del país. 

Ante la omisión de justicia, la desinformación y la violencia, pensar la seguridad digital como una parte fundamental de nuestras actividades como comunicadoras, periodistas o activistas es fundamental para prevenir ataques o desarrollar estrategias que nos permitan actuar a tiempo: para que nuestras voces se amplifiquen y no sea el miedo lo que defina nuestro futuro. 

México ante el #MeToo: interfaces para la acción colectiva

En México, el 23 de marzo las conversaciones en torno al #MeToo reclamaron los espacios digitales para abrir la reflexión sobre las violencias lamentablemente cotidianas que enfrentan las mujeres en un país donde cada día -en promedio- 10 mujeres son asesinadas, los feminicidios han encabezado titulares por años y la violencia de género es una constante en espacios académicos, profesionales, políticos y la vida privada.

A partir de una serie de denuncias públicas hechas en Twitter, un gran número de declaraciones fueron alentando a que otras mujeres compartieran historias de acoso, abuso y otras violencias que habían recibido por parte de sus parejas y colegas en los espacios que compartían: más allá de la intimidad, rompiendo el silencio que mantiene estos actos -y a quienes los perpetúan- en impunidad.

No es la primera vez que en el mundo -o en México– miles de historias se han entrelazado a partir de un llamado hacia una suerte de catarsis colectiva y por la búsqueda de justicia, pero definitivamente es la primera vez que las denuncias de este tipo han mantenido un ritmo constante que ha permitido que las reflexiones vayan más allá de lo digital y permeen espacios en los principales medios de comunicación mexicanos: generando así conversaciones que permiten retomar temas como la falta de mecanismos de denuncia eficaces, la normalización de la violencia de género y la posibilidad de actuar desde la empatía y sororidad; ante tanto dolor que las mujeres mexicanas han mantenido en silencio, aunado a la falta de espacios de diálogo que hoy -gracias al ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales- son posibles.

Sin embargo, existe una conversación paralela que mira con descontento la manera en que esta serie de denuncias se ha ido gestionando (de forma orgánica, acéfala, caótica y con toda la validez del doloroso hartazgo de donde surgen estas manifestaciones) argumentando que el anonimato no es más que una herramienta para permitir difamaciones y denuncias falsas. Cabe acotar que esta “conversación paralela” goza de un sesgo increíble, al borrar de tajo las desigualdades que desdibujan la agencia de un gran porcentaje de mujeres que no cuentan con los medios, recursos o posibilidades para tener acceso a los que llaman “procesos correctos de denuncia” -en un país con tanta impunidad- ¿exactamente a qué se refieren con eso? La justicia, como es sabido en México, es de quien puede pagarla.

Tampoco es la primera vez que la búsqueda por perjudicar la legitimidad del anonimato ha buscado colocarse en medio de las discusiones en torno a movimientos que permiten el goce de la libertad de expresión y tienen la potencia para moler los cimientos de los mecanismos tan arraigados que fomentan violencia, censura, represión y desigualdad.

Para muchas de las mujeres que participan en estas denuncias colectivas -a partir de distintas cuentas que fueron creadas para dirigir las conversaciones a los gremios que han albergado (e incluso protegido) a personas que han ejercido violencia, acoso o abusos- una de las principales ventajas está en poder sumarse a una conversación donde no serán señaladas; como lo hubieran sido de haberse enfrentado físicamente a estas instancias o a quienes las violentaron, evadiendo así el amedrentamiento que muchas otras han enfrentado al hacer denuncias por medio de sus cuentas personales e incluso al retomar sus denuncias “anónimas” para continuar la conversación con más detalles respecto a las mismas.

Hay que apelar a la claridad respecto a que estas denuncias no son realmente anónimas, sino que son las cuentas que las publican las que mantienen el carácter anónimo que responde directamente a la importancia de dejar que la conversación gire en torno a la violencia y no al escarnio público hacia quienes encuentran el valor para reconocerse en situaciones de este tipo; además de lograr romper el silencio para exponer esa realidad que socialmente hemos ignorado y -gracias a esta contundente conversación- ahora nos hace eco en todos lados: más allá de Twitter, en nuestras conversaciones cotidianas, en las estaciones de radio, en los periódicos, en los contenidos que se han vuelto virales y hasta en aquellos ídolos que para muchas personas representaban la libertad que viene al disfrutar melodías de la juventud.

Detrás del anonimato, cuando hablamos de hacer frente a las violencias desde contextos que coartan las libertades y derechos de las personas, siempre hay alguien jugándose la identidad para romper el silencio.

Estos días no sólo hemos leído historias de mujeres que han sido victimizadas: a través de sus testimonios leemos la resiliencia de personas que viven en constante resistencia, en un país cuyas políticas están lejos de brindar los mecanismos necesarios para permitirles vivir seguras y sin miedo a que ellas u otras personas sean agredidas. Leemos testimonios de personas que han encontrado la fuerza y el momento para romper el silencio, a pesar de las consecuencias que esto representa en nuestro contexto.

La valentía tiene un precio que radica en la incertidumbre de las repercusiones, es una apuesta azarosa: por un lado, están las mujeres que reconocen a otras y quienes desde la profunda empatía y sororidad tejen redes de apoyo; por otro lado existe esa violencia patriarcal y machista que busca la menor provocación para reafirmarse desde sus prácticas de amedrentamiento… Es aquí donde el anonimato se vuelve un antídoto contra quienes buscan identificar a las víctimas para silenciarlas, también es aquí donde las plataformas digitales se convierten en puentes/interfaces que permiten conectar y participar en estas conversaciones sin arriesgar la integridad (o la seguridad) de quienes encuentran la fuerza para denunciar en primera persona.

El #MeToo representa un movimiento necesario para continuar con los espacios de diálogo y reflexión que permitan hacer visibles las relaciones de poder a partir de las cuales se perpetúa la violencia, no sólo de género, en nuestro país. Necesitamos escucharnos, reconocernos, sanarnos y hacernos responsables de lo que -como sociedad- hemos pretendido ignorar y hoy pasa la factura desde las plataformas digitales: se acabó la simulación, se acabó el silencio.

A las mujeres que valientemente han participado en este proceso: no están solas.

A quienes incautamente buscan callarlas: nunca serán suficientes.

Violencia de género, redes sociales y la ley del embudo: ¿quién se queda con el lado más estrecho?

El sonado y muy mediático caso de Nido.org, la página web cuyos usuarios publicaban información e imágenes personales de mujeres y niñas sin su consentimiento, ha traído al debate público el tema del acoso en línea; en particular del acoso de carácter sexual sufrido por las mujeres que hacen vida en los espacios digitales. Según el Primer Informe de Violencia de Género en Internet en Chile, publicado a finales de 2018 por Fundación Datos Protegidos, la Universidad Alberto Hurtado y ONG Amaranta, dos de cada tres mujeres chilenas sufren alguna forma de acoso en línea. En toda Latinoamérica, las cifras de violencia en línea contra las mujeres vienen en crecimiento y con frecuencia las autoridades se quedan cortas a la hora de abordar la ilegalidad de este fenómeno, ya sea por falta de herramientas legales o por directo desconocimiento de los temas tecnológicos o de las cuestiones de género.

Como resultado, la balanza suele pesar más del lado de la víctima. La desafortunada declaración de Isabel Plá -Ministra de la Mujer en Chile- llamando a las mujeres a hacer privadas sus cuentas de redes sociales, lamentablemente refleja la postura de una buena parte de la población. En palabras de la Ministra: “Cuando tenemos redes abiertas, hay que tener conciencia que esa fotografía dejó de pertenecernos, y que puede ser publicada y mal usada”. Esta perspectiva, que concluye en pretender de las mujeres un uso restringido y limitado tanto de las herramientas tecnológicas a su disposición como de sus propios cuerpos, termina convirtiéndose en una inaceptable justificación del abuso.

Por más evidente que resulte la necesidad de educarnos -y educar a otros- respecto a los riesgos y medidas de seguridad en el uso de plataformas de redes sociales, es inadmisible que asignemos estándares a las mujeres y jóvenes que determinen que su uso de estas plataformas deba verse restringido por los “peligros” que puedan encontrar; ante los cuales, además, las usuarias se encuentran desprotegidas por falta de las estructuras legales y administrativas para accionar sus derechos. No solo se hace necesario enfatizar que toda mujer tiene el derecho humano -básico e irrenunciable- al ejercicio pleno de su sexualidad y a la autonomía sobre su cuerpo, así como a su integridad física, psíquica y social; también debemos recordar que el ejercicio progresivo de este derecho se hace extensivo a la adolescencia. La exploración informada y segura de la propia sexualidad es un derecho humano para los adolescentes y esta exploración incluye, sin duda, el derecho a descubrir y documentar el cuerpo y la imagen propios, e incluso compartirlos: dentro de ciertos márgenes establecidos.

La vigilancia o la prohibición del uso de redes sociales a niños y adolescentes no son soluciones a este problema, tampoco lo es la prohibición de tomarse o compartir fotografías de sí mismos; ambas actividades que, en el contexto actual, constituyen experiencias básicas de la vida social. La educación y la comunicación son claves: existen guías como acoso.online, Safer Nudes o el Manual de exting seguro que además de ofrecer herramientas y estrategias para llevar a cabo estas actividades de manera más segura, también informan sobre cómo enfrentar las posibles consecuencias de un ataque.

Si bien puede ser recomendable utilizar herramientas como ObscuraCam (que permite pixelar los rostros de una imagen antes de compartirla) o Wickr (una de tantas herramientas de mensajería que permite enviar una imagen y que ésta se desvanezca después de visualizada) es necesario insistir en que no podemos permitir que la responsabilidad de este problema -de profundo carácter social- recaiga en las víctimas; esto solo contribuiría a perpetuar una cultura de abuso y de violencia de género, misma que se expresa constantemente tanto online como offline.

El único enfoque posible consiste en una combinación entre educación (principalmente con respecto al consentimiento y la violencia sexual), reforma legislativa (para incluir los tipos penales necesarios que permitan abordar este tipo de fenómeno) y presión sobre las plataformas (para que continúen implementando las herramientas necesarias para reportar y dar de baja contenido violatorio de derechos humanos). Ninguna de estas herramientas sería suficiente para enfrentar el problema, pero la combinación de todas ellas podría ofrecer una alternativa por la cual vale la pena apostar.

#Venezuela: Cuando el atacante es el gobierno

La práctica de implementar bloqueos, shutdowns parciales y otras restricciones técnicas a la libertad de expresión en Venezuela no es reciente: los activistas de la libertad de expresión y los derechos digitales han reportado censura a páginas web al menos desde 2007. Esta práctica se suma a la restricción gradual de otros medios de comunicación, entre ellos: radiodifusión, prensa escrita y canales de televisión. Desde 2014, el gobierno de Venezuela bloqueaba herramientas de evasión de la censura, como TunnelBear, y para 2018 se confirmaba el bloqueo de la red Tor. La combinación de estos distintos factores, sumada a ciertas declaraciones polémicas por parte de personeros del gobierno de Nicolás Maduro, así como la promulgación de normativas como la llamada “Ley contra el odio”, evidencian desde hace tiempo ya una clara intención por incrementar el nivel de control sobre el flujo de contenido en redes.

Durante las últimas semanas, en el contexto de la crisis política y humanitaria que atraviesa el país, vemos con preocupación cómo las restricciones técnicas a la libertad de expresión están incrementándose en Venezuela. Entre otras medidas, se están experimentando bloqueos más sofisticados de contenidos, como filtrado de SNI a redes sociales (Twitter, YouTube e Instagram) que tienen lugar en momentos coyunturales de circulación de contenido político, como sucedió con las declaraciones dadas por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, que ante el bloqueo de los medios de comunicación tradicional son transmitidas a los venezolanos fundamentalmente a través de streaming.

Recientemente, se ha documentado un nuevo tipo de ataque, donde no solo se bloquea el acceso a contenidos sino que además se pone en riesgo la información personal de los usuarios activistas, al redirigirlos deliberadamente a portales falsos de registro de voluntarios para la recepción de ayuda humanitaria.

El portal objeto del ataque, voluntariosxvenezuela.com, fue anunciado por la coalición Ayuda y Libertad y por la Asamblea Nacional venezolana con la intención de aglutinar un voluntariado en torno a la entrega de medicinas, alimentos y otros productos de primera necesidad para contribuir a paliar la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Sin embargo, apenas horas después del anuncio del sitio, se descubrió que éste estaba siendo objeto de un ataque de suplantación de identidad. Según ha documentado la organización venezolana VeSinFiltro, la autoría de este nuevo tipo de ataque puede vincularse directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Para entender mejor cómo se llevó a cabo esta campaña vale la pena hablar de cómo funcionan algunas partes de la internet que usamos para navegar a este o cualquier otro sitio.

Consultas DNS: cómo hacemos humanamente recordable la ubicación de un servidor

Cuando queremos acceder a un sitio web, generalmente recordamos un nombre como “derechosdigitales.org”, sin embargo, los servidores en internet se ubican de una forma más compleja: a través de direcciones IP que se reparten a lo largo de internet y son usadas para generar rutas eficientes que nos permitan llegar a servidores específicos en corto tiempo.

Cuando queremos consultar un sitio web específico tenemos que preguntarle a “alguien” cuál es la dirección IP de un sitio web particular para poder acceder. Este “alguien” es un servidor DNS que se encarga de recibir nombres de dominio (como derechosdigitales.org) y los transforma en las direcciones IP correspondientes (en este caso 92.243.9.206). Este proceso funciona así:

Normalmente, nuestros equipos usan como servidores DNS aquellos determinados por nuestro proveedor de servicio a Internet (ISP), que generalmente están bajo el control del mismo proveedor. Esto resulta en mayor rapidez de respuesta y una mejor experiencia de navegación. Lamentablemente, en algunos casos esto puede ser algo negativo, ya que cuando el control de estos servidores DNS está en manos de actores con intereses poco éticos o ilegales, esta tecnología puede ser usada de forma abusiva contra las personas que la utilizan.

Bloqueos por envenenamiento de registros DNS

Cuando quien administra el servidor DNS no quiere que un usuario pueda acceder a un sitio bastará con configurar como respuesta a la pregunta “¿Cuál es la dirección IP de sitioreal.com?” Simplemente “No existe”:

Esta es la técnica que se ha usado en Venezuela desde hace varios años por parte de varios proveedores para bloquear sitios web.

Redirecciones por envenenamiento de registros DNS

Pariendo del ejemplo anterior, en vez de decirle a los usuarios que un sitio no existe, también es posible responder de forma errónea que el sitio que buscan está en una dirección falsa. Esto permite ataques en donde se hacen sitios muy parecidos a los verdaderos, con el fin de engañar a los usuarios brindándoles información falsa o robando sus datos personales. Este tipo de ataque generalmente requiere complicidad entre quien administra el servidor DNS y quien administra el sitio falso.

Este tipo de ataque no se había documentado en Venezuela en el pasado; sin embargo, el día 12 de febrero se vio por primera vez la ejecución de este tipo de redirecciones en el ISP más grande del país, CANTV.

Uso de servidores DNS de confianza

Una de las medidas más recomendadas para sortear este tipo de ataques es el uso de servidores diferentes a los de nuestro proveedor para realizar las consultas DNS. Cuando un servidor DNS sea confiable, no debería haber problemas de bloqueos o redirecciones relacionadas al envenenamiento de registros DNS. Esta medida se ha recomendado ampliamente en el contexto venezolano y ha resultado exitosa en la mayoría de los casos, salvo en aquellos en los que se emplean técnicas diferentes a los bloqueos por manipulación de registros DNS. Algunos servidores conocidos son 8.8.8.8 y 8.8.4.4 de Google, 1.1.1.1 de Cloudflare y 208.67.222.222 de OpenDNS, entre otros.

Inyección de paquetes DNS: Llevando la manipulación técnica de información al siguiente nivel

Las consultas DNS viajan por defecto sin mayores protecciones por la red hasta el servidor DNS al cual se le pregunta por un sitio particular; por lo tanto, aun usando un servidor DNS de confianza diferente al de nuestro ISP para sortear ciertos tipos de bloqueo o redirecciones, es posible para el proveedor ver estas consultas DNS y saber a dónde queremos navegar realmente. El mayor problema con esto es que aún teniendo el equipamiento correcto se pueden interceptar estas solicitudes DNS y sustituirla por otras arbitrarias. Esta es una práctica deliberada que no se puede justificar a través de errores de configuración u otras causas fortuitas. Esta técnica puede servir tanto para bloquear como para redirigir, como se vio en los ejemplos anteriores.

Bloqueo
Redirección

¿Qué significa esto en el contexto venezolano?

Venezuela cuenta con una larga historia de persecución política a través de la captura de datos personales que data del año 2004, con  la creación de la infame “Lista Tascón”: una base de datos que contenía la información personal de todos los ciudadanos que habían firmado solicitando un referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. Esta lista fue utilizada para el amedrentamiento y la persecución de quienes en ese momento se oponían al gobierno, y aún hoy en día puede encontrarse -y adquirirse- en línea. Durante las décadas siguientes, el gobierno chavista continuó acumulando una enorme cantidad de datos personales, a través de los sistemas electorales, alimentarios y de salud pública, entre otros mecanismos, como el carnet de la patria.

En este contexto, el temor de los ciudadanos de que sus datos personales se encuentren en una nueva base de datos creada con fines de persecución política es hoy más legítimo que nunca. La administración de Nicolás Maduro, a través de CANTV y Conatel, las cuales están todavía bajo su control, está ejerciendo ataques de suplantación de identidad a activistas opositores de forma deliberada y con fines desconocidos. Si bien este ataque fue frenado por un grupo de activistas que se dieron a la tarea de detectar el ataque y reportarlo ante las organizaciones pertinentes como proveedores de hosting y navegadores web, los usuarios en Venezuela tendrán que adoptar medidas de seguridad más contundentes en función de proteger sus datos y su privacidad. Ya no basta con sólo cambiar los servidores DNS a otros de confianza, como se vio desde el mes de enero en donde se comenzaron a usar bloqueos mediante la interceptación de SNI, sino que se hace indispensable verificar elementos como la url y el certificado de seguridad al navegar en proveedores nacionales, incluso cuando se esté seguro de que se ingresó bien la dirección y que se está usando un servidor DNS de confianza.

Ante la sofisticación de las medidas de represión, censura, amedrentamiento y persecución que enfrentan las personas disidentes en Venezuela -y el daño que conllevan para el ejercicio democrático en un contexto tan delicado- es importante conocer las implicaciones de la tecnología que permitan hacer frente y sortear las estrategias de ataque que despliega el gobierno del país.