Infancias y entornos digitales: tendencias regulatorias en América Latina

A partir del análisis de leyes, reglamentaciones y proyectos legislativos en 11 países de América Latina, la publicación examina las principales tendencias regulatorias sobre la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, identificando los riesgos que buscan abordar y los distintos enfoques adoptados por los Estados.

El estudio identifica una creciente expansión de las respuestas penales y de vigilancia, junto con propuestas para restringir el acceso a redes sociales según la edad y establecer mecanismos de verificación etaria. Al mismo tiempo, analiza el avance de regulaciones que buscan establecer mayores responsabilidades para las plataformas digitales, especialmente en materia de privacidad, protección de datos personales y diseño de sus servicios. También aborda debates emergentes relacionados con la inteligencia artificial y la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades económicas digitales.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el documento advierte sobre los riesgos de adoptar medidas que, en nombre de la protección de las infancias, puedan restringir otros derechos, como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información. Frente a ello, plantea la necesidad de avanzar hacia una agenda regulatoria que reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, respete su autonomía progresiva y garantice su participación segura en los entornos digitales.

Proteger derechos también es hacer ciberseguridad

Cada octubre, el Mes de la Ciberseguridad vuelve a poner sobre la mesa recomendaciones que ya conocemos, como utilizar contraseñas seguras, activar la autenticación de dos factores, actualizar nuestros dispositivos y desconfiar de enlaces sospechosos. Son medidas necesarias para proteger cuentas y dispositivos, pero no bastan frente a amenazas dirigidas contra quienes utilizan internet para denunciar abusos, investigar casos de corrupción, defender sus territorios o acompañar a víctimas de violencia. Una contraseña segura, por ejemplo, no impide que una periodista sea víctima de una campaña de hostigamiento ni que una defensora ambiental reciba amenazas por su trabajo.

Además, estas amenazas afectan de manera diferente a distintos grupos. Según una encuesta global de ONU Mujeres, siete de cada diez mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas denuncian haber sufrido violencia en línea en el curso de su trabajo. La violencia de género facilitada por la tecnología incluye amenazas, acoso, vigilancia, difusión no consentida de imágenes íntimas, exposición de información personal y campañas de desprestigio que buscan intimidar, desacreditar o silenciar a quienes participan en la vida pública.

Las mujeres y las personas LGBTIQA+, especialmente quienes defienden derechos, ejercen el periodismo o tienen una participación pública activa, pueden enfrentar ataques dirigidos específicamente contra su género, orientación sexual o identidad. Una campaña de hostigamiento puede terminar exponiendo el domicilio de una defensora ambiental, comprometiendo las fuentes de una periodista o poniendo en riesgo a quienes participan en una denuncia.

Por eso, hablar de ciberseguridad exige mirar más allá de las precauciones individuales. No todas las personas enfrentan las mismas amenazas ni cuentan con los mismos recursos para protegerse. Reconocer esas diferencias es fundamental para desarrollar estrategias de seguridad digital que respondan a las necesidades de quienes corren mayores riesgos.

Las amenazas digitales tienen consecuencias fuera de internet

En América Latina, las tecnologías digitales son parte del trabajo cotidiano de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. Permiten documentar abusos, coordinar acciones, difundir denuncias y mantener redes de apoyo. Sin embargo, también pueden ser utilizadas para vigilar, intimidar o perseguir a quienes participan en procesos de organización social, especialmente en contextos de conflictividad territorial o política.

La investigación En la Mira 2: Un panorama de las amenazas digitales en América Latina, elaborada por Derechos Digitales en el marco del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), documenta más de cien casos de amenazas digitales en América Latina entre junio de 2024 y mayo de 2025. El informe aborda vigilancia, censura, filtraciones de datos, desinformación electoral y violencia de género facilitada por la tecnología, con consecuencias para la privacidad, la libertad de expresión y la participación pública.

Frente a este escenario, separar la seguridad física de la digital resulta cada vez menos útil. Las amenazas pueden comenzar en redes sociales, continuar mediante la exposición de información privada y extenderse a los espacios donde las personas viven, trabajan y se organizan. En la encuesta de ONU Mujeres ya citada, cuatro de cada diez participantes reportaron daños fuera de línea relacionados con la violencia que sufrieron en internet.

El cifrado protege nuestros derechos

El cifrado de extremo a extremo, utilizado por algunas aplicaciones de mensajería, permite que el contenido de una comunicación sea accesible únicamente para quienes participan en ella, siempre que esté correctamente implementado y los dispositivos no estén comprometidos. Esto resulta especialmente importante para periodistas que necesitan proteger a sus fuentes, organizaciones que acompañan a víctimas de violencia o comunidades que coordinan acciones de defensa territorial.

Sin embargo, el cifrado no elimina todos los riesgos. Si alguien (un delincuente, la policía o una agencia de inteligencia a través de spyware) obtiene acceso a un teléfono desbloqueado, podría leer las conversaciones directamente. Tampoco impide necesariamente que las empresas de mensajería y los proveedores de internet recopilen metadatos, es decir, información sobre las comunicaciones, como cuándo se realizan, desde qué dispositivos o, dependiendo del servicio, quiénes participan en ellas. Estos datos también pueden ser obtenidos por autoridades mediante solicitudes a los proveedores o a través de mecanismos de vigilancia. De ahí la importancia de acompañarlo con otras medidas de seguridad.

La protección y promoción del cifrado también depende de las leyes de cada país. En Chile, por ejemplo, la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663) reconoce expresamente, entre sus principios, el derecho de toda persona a adoptar las medidas de seguridad informática que considere necesarias, incluyendo el cifrado. En Brasil, en tanto, la Constitución y el Marco Civil de Internet protegen la confidencialidad de las comunicaciones, pero ninguna norma reconoce expresamente el cifrado, y su alcance se ha discutido ante el Supremo Tribunal Federal a raíz de los bloqueos judiciales de WhatsApp. Como hemos analizado en el informe regional sobre políticas y libertades en el uso del cifrado, las diferencias entre los marcos legales de América Latina plantean importantes desafíos para la protección de las comunicaciones. Esta diversidad también puede observarse a nivel global en el Mapa Mundial de Leyes y Políticas de Cifrado de la Global Partners Digital.

La seguridad digital es una responsabilidad colectiva

La responsabilidad de encontrar mecanismos de protección empieza en las propias organizaciones. Antes de elegir aplicaciones o modificar configuraciones, es necesario identificar qué información se busca proteger, quién podría intentar acceder a ella y cuáles serían las consecuencias de su exposición, lo que en seguridad digital se conoce como análisis de riesgos.

Una organización dedicada a la defensa ambiental, por ejemplo, puede almacenar testimonios, fotografías, antecedentes de denuncias y datos de contacto de integrantes de una comunidad. En ese caso, proteger la información requiere evaluar dónde se guarda, quiénes pueden acceder a ella y durante cuánto tiempo es necesario conservarla. En Derechos Digitales hemos abordado las dificultades de aplicar recomendaciones generales a organizaciones que trabajan con recursos limitados, dispositivos compartidos y múltiples responsabilidades y la necesidad de partir de las prácticas de cuidado que esas organizaciones ya tienen.

Estas decisiones están relacionadas con una discusión más amplia sobre la autonomía tecnológica. Elegir dónde se almacenan los datos, qué servicios se utilizan y cuánto control conserva una organización sobre su información tiene consecuencias para su independencia y seguridad. No todas las organizaciones pueden administrar infraestructura propia, pero sí necesitan evaluar las dependencias y riesgos asociados a sus decisiones tecnológicas.

Para apoyar estos procesos, Derechos Digitales cuenta con herramientas como MicroSD, una guía para periodistas y comunicadoras que reúne recomendaciones prácticas para proteger datos, dispositivos y comunicaciones, y un curso gratuito de seguridad digital con recursos para aprender a protegerse en internet.

La seguridad digital también requiere recursos y apoyo sostenido. Como advirtió Internet Society, las organizaciones que trabajan en primera línea por una internet más segura necesitan financiamiento para sostener su labor. Sin ese respaldo, muchas iniciativas de protección dependen de esfuerzos aislados y de capacidades que no siempre están disponibles.

Las responsabilidades tampoco terminan en las organizaciones. Las plataformas deben ofrecer mecanismos eficaces para denunciar y enfrentar abusos sin renunciar a la protección del cifrado de punto a punto, mientras que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de las personas en el entorno digital. Esto supone fortalecer las garantías de privacidad y seguridad, no exigir puertas traseras ni otras formas de debilitar el cifrado, y evitar que las políticas de ciberseguridad se conviertan en una excusa para ampliar la vigilancia o para perseguir a quienes trabajan por una internet más segura.

El caso de Ola Bini muestra que este último riesgo no es hipotético. A comienzos de octubre, el experto en seguridad digital fue deportado de Ecuador tras la revocación de su visa por considerarlo una amenaza para la seguridad del Estado, mientras aún estaba pendiente la resolución de un recurso de hábeas corpus.

El Mes de la Ciberseguridad y el Día Mundial del Cifrado son una oportunidad para llevar esta discusión más allá de las recomendaciones habituales. La pregunta no es solamente qué herramientas tenemos para protegernos, sino qué condiciones deben existir para que esa protección sea posible. Porque una internet más segura no se construye únicamente con mejores tecnologías, sino también con decisiones que pongan los derechos de las personas en el centro.

Comunicado público – Ante la detención, el retiro de la visa y la deportación arbitraria de Ola Bini: exigimos respeto a sus derechos y garantías fundamentales

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestro profundo rechazo ante la situación que enfrenta Ola Bini, defensor de los derechos digitales, desarrollador de software y residente durante varios años en Ecuador.

En particular, rechazamos la detención de Ola Bini, la revocatoria de su visa de residencia y la ejecución de una deportación sin el pleno respeto de las garantías constitucionales y convencionales aplicables. Estas actuaciones resultan graves considerando los antecedentes de un proceso penal que, durante más de seis años, estuvo marcado por serios cuestionamientos relacionados con el debido proceso, la independencia judicial, la presunción de inocencia y las garantías judiciales.

Exigimos que cualquier actuación del Estado ecuatoriano respecto de Ola Bini, y en particular cualquier decisión relacionada con su deportación y sus efectos, respete estrictamente la Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y los tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica garantizar un procedimiento individualizado y debidamente motivado, acceso efectivo a defensa y a los motivos reales de su deportación, posibilidad real de impugnación y control judicial, así como la observancia del principio de no devolución, la proporcionalidad y la tutela judicial efectiva. Ante la ejecución de la deportación, estas garantías deben asegurarse mediante mecanismos efectivos que permitan cuestionar las decisiones adoptadas y reparar las vulneraciones que pudieran haberse producido.

I. Un proceso penal marcado por graves cuestionamientos

Ola Bini fue detenido el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto de Quito. De acuerdo con Amnistía Internacional, la detención se produjo sin orden judicial y sin evidencia de que estuviera cometiendo un delito en flagrancia. La organización documentó además que, durante el período inicial de la detención, Bini no habría sido informado de sus derechos ni de los motivos de su detención en su idioma nativo, habría permanecido incomunicado y sin acceso inmediato a un abogado, y que la Embajada de Suecia no habría sido notificada oportunamente. [1]

Bini permaneció privado de libertad durante aproximadamente 70 días. El 20 de junio de 2019, un tribunal provincial ordenó su liberación mediante una acción de hábeas corpus. Amnistía Internacional señaló que el tribunal reconoció la ilegalidad y arbitrariedad de la detención y que la privación de libertad había afectado sus derechos a la libertad personal y a un juicio justo. [1]

La gravedad de estos antecedentes no puede ser minimizada. La privación arbitraria de libertad constituye una vulneración especialmente grave de los derechos humanos y compromete las garantías que deben regir cualquier investigación penal.

II. Pronunciamientos públicos de autoridades y afectación de la presunción de inocencia

Otro elemento particularmente preocupante fue la realización de declaraciones públicas sobre la supuesta responsabilidad de Bini antes de que existiera una decisión judicial definitiva.

Amnistía Internacional documentó que, antes y después de la detención, altas autoridades del Gobierno ecuatoriano realizaron declaraciones públicas que vinculaban a Bini con supuestas actividades ilícitas. La organización sostuvo que esas declaraciones podían afectar la independencia de la investigación y el derecho a la presunción de inocencia. [1]

Entre otros antecedentes, el entonces presidente Lenín Moreno afirmó públicamente que Bini había sido sorprendido realizando actividades de hackeo contra cuentas gubernamentales, cuentas personales y teléfonos. [1]

La presunción de inocencia exige que ninguna persona sea presentada públicamente como responsable de un delito antes de que exista una sentencia firme que establezca su responsabilidad conforme a las garantías del debido proceso.

III. Reformulación de la acusación y cuestionamientos sobre la evidencia

Durante la investigación también se produjeron modificaciones en la hipótesis penal planteada por la Fiscalía.

En agosto de 2019, la Fiscalía reformuló la acusación inicial, que se refería al delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, para pasar a acusar a Bini por “acceso no consentido a un sistema informático”. [2]

Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la posibilidad de que determinadas evidencias hubieran sido obtenidas de manera contraria a las garantías del debido proceso y solicitó que las autoridades judiciales verificaran la legalidad de las pruebas utilizadas en el proceso. [1]

La organización también expresó preocupación por el allanamiento realizado en septiembre de 2019 al domicilio de Fabián Hurtado, perito informático independiente que había sido contratado por la defensa de Bini para analizar evidencia del caso. Durante el operativo fueron incautados equipos electrónicos. Amnistía Internacional consideró que la forma en que se desarrolló el operativo podía tener un efecto intimidatorio sobre la defensa. [3]

Estos antecedentes son particularmente relevantes en un proceso en el que la evidencia digital constituía un elemento central de la acusación y en el que la defensa tenía derecho a contar con peritos independientes capaces de examinarla.

IV. Observación de la sociedad civil y cuestionamientos al proceso

Las preocupaciones sobre el proceso no provinieron únicamente de una organización.

Una Misión de Observación integrada por aproximadamente una veintena de organizaciones de la sociedad civil de Ecuador y de otros países realizó un seguimiento integral del caso durante varios años. En 2022 presentó un informe denominado Informe de un proceso paradigmático para los derechos humanos en la era digital: el caso Ola Bini. [4]

La Misión de Observación señaló que había identificado cuestionamientos relacionados con la motivación de la acusación y con vulneraciones al debido proceso. Su trabajo comprendió dimensiones jurídicas, técnicas y contextuales, así como las implicaciones del caso para los derechos humanos en entornos digitales. [4]

Asimismo, el informe de observación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio señaló que las organizaciones participantes habían identificado lo que calificaron como “continuas y graves vulneraciones al debido proceso” y cuestionamientos sobre la motivación política de la acusación. [5]

Estos señalamientos deben ser considerados dentro del debate más amplio sobre la protección de las personas defensoras de derechos humanos y, específicamente, de quienes trabajan en materia de privacidad, seguridad informática y derechos digitales.

V. La prolongación del proceso y el “limbo jurídico”

El proceso contra Bini se prolongó durante varios años.

En enero de 2023, un tribunal de garantías penales declaró la inocencia de Bini. Posteriormente, en abril de 2024, una sala de apelación revocó esa decisión y emitió una condena por tentativa.

Sin embargo, el proceso no concluyó inmediatamente.

De acuerdo con el Informe Anual 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Bini continuó sujeto durante buena parte de 2025 a medidas cautelares impuestas desde 2019. La Relatoría recogió que organizaciones de la sociedad civil calificaron esta situación como un “limbo jurídico” y señaló que el 25 de julio de 2025 el Tribunal de Alzada declaró la prescripción del caso. [6]

La misma Relatoría registró que, una vez concluido el proceso penal, Bini presentó el 20 de octubre de 2025 una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional del Ecuador, y que organizaciones de la sociedad civil presentaron escritos de amicus curiae en relación con la protección de las personas defensoras de derechos humanos, particularmente en el ámbito digital. [6]

La prolongación de un proceso penal durante más de seis años, acompañada de restricciones que se mantuvieron durante buena parte de ese período, plantea interrogantes relevantes sobre el plazo razonable, la tutela judicial efectiva y la obligación estatal de evitar que una persona permanezca indefinidamente sometida a incertidumbre jurídica.

VI. Sobre la visa, la deportación y la situación migratoria de Ola Bini

En este contexto, expresamos especial preocupación ante la retención de Ola Bini ocurrida el 1 de octubre de 2026, la posterior comunicación de la revocatoria de su visa de residencia y la ejecución de su deportación.

Ola Bini fue interceptado en el norte de Quito por cuatro personas que se identificaron como funcionarios de Migración y trasladado a sus oficinas. Según su defensa, durante la intervención no le fue presentada ninguna orden de autoridad competente. Asimismo, no recibió previamente ninguna notificación sobre la revocatoria de su visa. [8]

Al llegar a Migración se le informó verbalmente que su visa había sido revocada. Según información difundida por Bini y su defensa, la decisión se habría sustentado en un informe reservado que lo consideraba una amenaza para la seguridad del Estado, cuyo contenido no habría sido puesto en conocimiento de Bini ni de sus abogados. [8]

Tras su retención, la defensa presentó una acción de hábeas corpus para cuestionar la legalidad de la privación de libertad y del procedimiento iniciado en su contra. La acción consta registrada en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). [8]

Posteriormente, se inició un procedimiento administrativo de deportación bajo la causal relacionada con ser una “amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado”. Según información proporcionada por la defensa, la deportación fue ordenada administrativamente y la resolución habría incluido una prohibición de ingreso a Ecuador durante diez años. [8]

La deportación fue ejecutada durante la madrugada del 2 de octubre de 2026. Según informó Bini y recogieron medios de comunicación, fue trasladado bajo custodia desde Ecuador hacia Suecia, mientras la acción de hábeas corpus presentada por su defensa aún no había sido resuelta. [8]

El 3 de octubre de 2026, Bini informó que había llegado a Estocolmo, Suecia, después de su deportación desde Ecuador. [9]

Cualquier decisión que afecte la permanencia de una persona extranjera en Ecuador debe respetar los principios de legalidad, motivación, debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva. Esto implica que Bini debía poder conocer la autoridad que adoptó la decisión, su fundamento jurídico, los hechos e información que la sustentan y los recursos disponibles para impugnarla.

La existencia de una causal legal de deportación no elimina estas garantías. En particular, la falta de acceso efectivo a los fundamentos de una decisión que produce consecuencias tan graves, así como la ejecución de la deportación mientras se encontraba pendiente una acción de hábeas corpus presentada por su defensa, resulta especialmente preocupante. [8]

Asimismo, cualquier medida migratoria debe ser independiente y debidamente fundamentada, y no puede utilizarse como una forma indirecta de prolongar los efectos de un proceso penal que fue declarado prescrito el 25 de julio de 2025 y respecto del cual fueron levantadas las medidas cautelares. [6]

Por ello, solicitamos que las autoridades transparenten inmediatamente la resolución de revocatoria de la visa, la resolución que dispuso la deportación y la información concreta que sustenta la causal invocada, así como la autoridad que ordenó su retención y traslado.

La sociedad civil considera indispensable que Ola Bini y su defensa tengan acceso efectivo a la documentación y elementos que sustentaron las decisiones adoptadas y puedan ejercer plenamente los recursos administrativos y judiciales correspondientes, incluso después de ejecutada la deportación.

VII. La protección de quienes defienden los derechos digitales

El caso de Ola Bini tiene además una dimensión que trasciende su situación individual.

La defensa de la privacidad, la seguridad informática, la libertad de expresión y los derechos humanos en entornos digitales constituye una actividad legítima y necesaria en una sociedad democrática.

Amnistía Internacional ha señalado que el trabajo de personas que defienden los derechos digitales y la privacidad resulta fundamental para proteger los derechos humanos y que el uso indebido del sistema penal contra quienes realizan esta labor puede generar un efecto intimidatorio sobre otras personas defensoras. [1][7]

Por ello, el Estado debe garantizar que las personas que investigan vulnerabilidades informáticas, desarrollan herramientas de seguridad, protegen comunicaciones o defienden derechos digitales puedan realizar su trabajo sin ser objeto de criminalización indebida, intimidación o represalias.

VIII. Nuestras demandas

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes solicitamos al Estado ecuatoriano:

  1. Garantizar plenamente los derechos fundamentales de Ola Bini, incluyendo sus derechos a la libertad, debido proceso, defensa, protección judicial y libertad de expresión.
  2. Transparentar y motivar cualquier decisión migratoria que haya afectado su residencia, permanencia o salida forzada de Ecuador.
  3. Entregar y hacer pública la resolución administrativa mediante la cual se haya dispuesto el retiro, cancelación o no renovación de su visa, respetando las limitaciones legales relativas a datos personales y otra información protegida.
  4. Garantizar el acceso efectivo a los mecanismos de impugnación administrativos y judiciales que correspondan, incluso respecto de decisiones ya ejecutadas.
  5. Abstenerse de utilizar mecanismos administrativos o migratorios como formas indirectas de sanción por hechos vinculados a un proceso penal.
  6. Investigar las posibles vulneraciones al debido proceso denunciadas y documentadas durante el desarrollo del caso, incluyendo las ocurridas durante el procedimiento migratorio que culminó con su deportación, de acuerdo con las competencias de las instituciones correspondientes.
  7. Garantizar la reparación integral cuando una autoridad competente determine que se produjeron vulneraciones de derechos.
  8. Garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y derechos digitales, evitando prácticas que puedan generar un efecto intimidatorio sobre su trabajo.
  9. Garantizar que ningún proceso penal o administrativo sea utilizado para criminalizar el ejercicio legítimo de derechos, la defensa de la privacidad, la seguridad digital, la libertad de expresión o la investigación técnica.
  10. Explicar y transparentar las razones que motivaron el despliegue de tareas de inteligencia sobre Ola Bini, y que sirvieron de justificación para la revocación de su visado.

IX. Llamado final

El caso de Ola Bini ha sido objeto durante años de seguimiento por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de defensa de los derechos digitales. La documentación disponible muestra que desde su detención en 2019 existieron cuestionamientos serios sobre la legalidad de su privación de libertad, la presunción de inocencia, la independencia del proceso, la obtención y valoración de evidencia y la duración de las actuaciones judiciales. [1][4][5][6]

El hecho de que el proceso haya concluido mediante la declaración de prescripción no elimina la necesidad de examinar las vulneraciones de derechos que pudieron haberse producido durante su desarrollo.

La posterior revocatoria de la visa, retención y deportación de Ola Bini, ejecutada en octubre de 2026, plantea además nuevos y graves interrogantes sobre el respeto al debido proceso, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el acceso a los fundamentos de las decisiones administrativas que afectan derechos fundamentales.

Por ello, hacemos un llamado a las instituciones del Estado ecuatoriano para que toda actuación relacionada con Ola Bini, incluyendo aquellas posteriores a su deportación, se desarrolle con estricto apego a la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.

La defensa de los derechos humanos, la privacidad y los derechos digitales constituye una actividad legítima en una sociedad democrática y debe contar con garantías efectivas de protección.

Las organizaciones de la sociedad civil permaneceremos vigilantes y continuaremos promoviendo el respeto irrestricto de los derechos humanos y las garantías del debido proceso en Ecuador.

REFERENCIAS

[1] Amnistía Internacional. Ecuador: Violaciones de derechos humanos en proceso penal contra Ola Bini. Declaración pública, 26 de agosto de 2019. Índice AMR 28/0871/2019.
https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/0871/2019/es/

[2] Fiscalía General del Estado de Ecuador. Información del caso Ola B.
https://www.fiscalia.gob.ec/informacion-del-caso-ola-b/

[3] Amnistía Internacional. Ecuador: Allanamiento violento pone en riesgo el derecho a un juicio justo de Ola Bini. 6 de septiembre de 2019.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/ecuador-allanamiento-violento-pone-en-riesgo-juicio-justo-ola-bini-2/

[4] INREDH / Misión de Observación. Informe de un proceso paradigmático para los derechos humanos en la era digital: el caso Ola Bini. 11 de mayo de 2022.
https://inredh.org/la-mision-de-observacion-presento-su-informe-sobre-el-proceso-penal-en-contra-del-activista-sueco/

[5] Misión de Observación / INREDH. Reporte de observación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Ola Bini.
https://www.inredh.org/archivos/pdf/reporte_de_observacion_caso_ola_bini.pdf

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe Anual 2025.
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/IARELE2025.pdf

[7] Amnistía Internacional. Ecuador: Autoridades deben vigilar el juicio contra el defensor digital Ola Bini. 3 de marzo de 2020.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/03/ecuador-authorities-must-monitor-trial-digital-defender-ola-bini/

[8] Primicias. Ola Bini asegura que fue deportado de Ecuador tras ser retenido en Quito. 2 de octubre de 2026; y Primicias. Ola Bini presenta un recurso de hábeas corpus tras ser retenido en Quito, según el registro del Satje. 1 de octubre de 2026.
https://www.primicias.ec/seguridad/deportacion-ola-bini-audiencia-migracion-quito-informe-reservado-ecuador-133947/
https://www.primicias.ec/seguridad/ola-bini-retenido-quito-migracion-ecuador-deportacion-satje-133924/

[9] Primicias. Ola Bini anuncia que llegó a Suecia, tras deportación desde Ecuador. 3 de octubre de 2026.
https://www.primicias.ec/seguridad/ola-bini-llegada-suecia-deportacion-ecuador-134077/

Organizaciones y colectivos de la sociedad civil firmantes:

LaLibre Tecnologias Comunitarias

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

Bolena. Género y Derechos

Taller de Comunicación Mujer – Ecuador

Fundación Openlab Ecuador – Ecuador

Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

MariaLab – Brasil

CryptoRave – Brasil

Fundación Acceso – Centroamérica

Derechos Digitales – América Latina

SocialTIC – México

Fundación Karisma – Colombia

Digital Action – Global

Cooperativa Tierra Común – México

TEDIC – Paraguay

Sursiendo – México

Fantsuam Foundation – Nigeria

Fundación Datalat – Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) – Ecuador

ISUR – Colombia

Electronic Frontier Foundation – Global

Wambra medio comunitario

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) – Global

En la Mira 2: Un panorama de las amenazas digitales en América Latina

La segunda edición de En la mira analiza más de 100 casos ocurridos en la región entre junio de 2024 y mayo de 2025. El reporte documenta el avance de distintas formas de vigilancia y censura, filtraciones masivas de datos, desinformación en procesos electorales, violencia de género facilitada por tecnologías, explotación de datos biométricos y cortes de internet.

La publicación fue desarrollada por Derechos Digitales en el marco del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), una alianza integrada por 14 organizaciones de América Latina que trabajan en la defensa de los derechos humanos en el espacio digital.

Inteligencia artificial, derechos culturales y derecho al desarrollo

El Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (EMRTD, por sus siglas en inglés) publicó recientemente un estudio donde analizó las implicancias de la IA para los derechos culturales y el derecho al desarrollo, con especial atención a la participación cultural, la diversidad cultural, la producción creativa, los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos tradicionales. De cara a la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (HRC63), que tendrá lugar del 7 de septiembre al 9 de octubre de 2026 en Ginebra, la publicación y presentación del estudio brinda una oportunidad importante para evaluar cómo están respondiendo las normas internacionales de derechos humanos al rápido desarrollo y despliegue de la IA, y si tienen debidamente en cuenta las desigualdades culturales y estructurales incorporadas en estas tecnologías.

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y Derechos Digitales realizaron un análisis del estudio y consideran que es una contribución importante a los esfuerzos en curso por centrar los derechos humanos, la participación comunitaria y la autodeterminación cultural en la gobernanza de la IA.

Escanear libros de manera destructiva: el costo de entrenar a la IA

En “Una soledad demasiado ruidosa”, de Bohumil Hrabal, Hanta ama los libros y, sin embargo, se dedica a triturarlos para convertirlos en reciclaje. En la Praga de los años 70, su oficio consiste en aplastarlos y compactarlos; un trabajo manual, lento, casi agónico que ejerce mientras intenta salvar en secreto algunos ejemplares raros de las políticas de censura del gobierno de turno. El protagonista, reflexiona: “los pensamientos verdaderos vienen de afuera y viajan con nosotros (…) en otras palabras, los inquisidores queman libros en vano”.

Décadas después, el Proyecto Panamá, una iniciativa de Anthropic, devuelve una inquietante actualidad a la imagen de destrucción del libro como objeto. Esta vez, de la mano de la industria tecnológica con el objetivo de extraer masivamente datos de calidad para asegurar el continuo refinamiento de su IA. La estrategia de la compañía consiste en la compra de libros físicos a distribuidoras y librerías de segunda mano que, una vez en su poder, son desmembrados con una cortadora hidráulica, escaneados en su contenido, y desechados como papel para reciclaje.

La estrategia de la destrucción

Este proyecto, que Anthropic quiso mantener en secreto, salió a la luz a comienzos de este año a raíz de un litigio iniciado en su contra por editoriales y personas escritoras por la violación del derecho de autor. El caso en cuestión puso en evidencia la descarga del contenido de librerías pirata, una práctica ilegal y por la cual la compañía compensará a quienes demandan con un acuerdo extrajudicial de 1.500 millones de dólares. Por otro lado, permitió conocer detalles del escaneo destructivo, que estaría amparado por la doctrina legal de la “primera venta”, vigente en Estados Unidos, que habilita a quien compra un libro a disponer de su copia como quiera, sin permiso del titular del derecho, incluso si eso implica destruirla.

El escaneo de libros no es una novedad, el problema actual reside en su carácter destructivo. Cuando atiende a un fin de preservación enfocado en asegurar el acceso al conocimiento, la información y la cultura para el bien público, se realiza bajo condiciones de manipulación y conservación meticulosa de la obra. La destrucción no es siempre necesaria y puede ser una medida aplicable a libros mal impresos o una forma de disposición final de catálogos sin vender cuyo coste de almacenamiento puede ser superior al de su venta, entre otros casos.

Pero Anthropic se inclinó, por una decisión de negocio, por un tipo de escaneo depredador, que implica cercenar libros para hacer más sencilla su digitalización en una industria acuciada por el acceso inmediato a nuevos datos para no detener el entrenamiento de los modelos de IA. Por ahora, los documentos del litigio no permiten precisar cuántos ejemplares han sido comprados, desmembrados y escaneados a la fecha, pero sugieren que la compañía proyectó adquirir en seis meses entre 500 mil y 2 millones de libros, incluidos los llamados raros e incunables —de la época de invención de la imprenta—.

Los libros como nueva frontera de la extracción de datos

Las inteligencias artificiales comerciales dedicadas al lenguaje, como Claude, ya digirieron la mayor parte de los contenidos generados por personas que circulan en línea, y necesitan más datos para sofisticar su funcionamiento.

A internet ya no pueden exprimirlo más. Hoy, más de un tercio de los contenidos que circulan en línea son generados por la IA, y su calidad inferior —comparada con la de los contenidos producidos por personas—, trae consigo un alto riesgo de colapso de la IA: resultados cada vez más incoherentes, homogéneos y sesgados.

La escasez de datos generados por personas es tal que otras compañías desarrolladoras de grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés) han empleado salidas similares a las de Anthropic. Meta llegó a contemplar la compra de editoriales para disponer a su antojo de su catálogo. Amazon, de manera secreta, sigue la estrategia del escaneo destructivo. Open AI y Google se han inclinado, por ahora, a la digitalización de libros en el dominio público. Entre tanto, Elon Musk ha señalado que para el caso de Grok se abstendría de destruir libros raros, sin que sea del todo claro qué considera el magnate como tal.

Cuando los LLM colapsan se erosiona no solo la calidad de sus resultados, sino también el atractivo de tecnologías costosas que se disputan un mercado altamente competitivo. De ahí que los libros adquieran hoy relevancia como nueva frontera de la explotación intensiva de datos: ofrecen información comparativamente de mejor calidad frente a otros datos disponibles, como los sintéticos (creados por otras IA), pues su capacidad representativa es más fiel al mundo real y sus dinámicas.

Destruir libros puede ser legal pero ¿es ético?

Según la justicia norteamericana, el escaneo destructivo de Anthropic está conforme a la ley de ese país. Pero la destrucción masiva de libros por parte de un puñado de actores con un apetito intenso de datos, y con los recursos disponibles para satisfacerlo, supone problemas éticos, incluso de derechos humanos, que trascienden a esa consideración jurídica de interés para el derecho local.

Por un lado, la desaparición física de libros, incluidos los más raros e invaluables para la humanidad, no parece orientada precisamente a aumentar el acervo digital del conocimiento humano, facilitar su preservación, o beneficiar el interés público, que son derechos humanos. Está destinada, en cambio, a la construcción de una tecnología comercial capaz de poner en riesgo, a futuro, el trabajo creativo humano. De hecho, en el caso judicial en su contra trascendió que las valiosas versiones digitales de los libros raros e incunables escaneados por la compañía serían de uso exclusivo de esta.

Por otro lado, el rol de un actor comercialmente dominante es también el de contribuir al interés social como forma de retribución colectiva. Pero las prácticas de Anthropic parecen sacar provecho de un ecosistema del libro ya frágil y asimétrico, sin devolver nada o muy poco a cambio.

Las prácticas de la compañía, en particular su negativa a compensar debidamente a los titulares de derechos de autor —sin necesidad de recurrir a un litigio— por las obras, físicas o digitales, utilizadas sin licencia y con fines comerciales, forman parte del problema. De hecho, entre las 300.000 personas autoras que serán compensadas en virtud del acuerdo extrajudicial que la empresa deberá pagar por haber utilizado copias digitales pirateadas de sus libros, existe preocupación por la distribución de esa compensación: sostienen que las editoriales recibirán una proporción significativamente cuantiosa de los fondos, al punto de que algunas afirman que podrían terminar en una situación económica incluso peor que la que tenían al inicio del litigio.

En la estrategia de negocios tampoco parecen importar demasiado los sectores más debilitados de la cadena del libro. Según un correo que consta en el caso legal, un ejecutivo de Anthropic sugirió la necesidad de abordar a librerías de segunda mano, bibliotecas, incluyendo a librerías nuevas “crónicamente desfinanciadas”, para avanzar en la compra de sus catálogos, lo que pondría en riesgo, entre otros, a librerías pequeñas e independientes que en varios países ya se encuentran en vías de extinción.

Las preguntas pendientes

El Proyecto Panamá pone en evidencia una paradoja incómoda. Para enseñarle a escribir bien a una máquina, la industria de la IA está dispuesta a destruir un recurso incalculable para la humanidad: la creatividad humana expresada en los libros.

El problema de la destrucción de libros podrá tener el visto bueno de la justicia norteamericana según su derecho local, pero lo que está en juego trasciende cualquier lectura exclusivamente legal de una única jurisdicción, pues impacta por su escala a la humanidad y derechos que afectan el interés público. La pregunta no es solo si una compañía puede comprar un libro y destruirlo, sino qué ocurre cuando la producción cultural y el conocimiento acumulado durante siglos son tratados como una materia prima, útil en tanto que sirve para alimentar tecnologías con fines comerciales.

En “Una soledad demasiado ruidosa”, Hanta destruye libros por obligación mientras intenta rescatar de la censura aquello que considera valioso. La paradoja contemporánea es distinta y, quizá por eso, más difícil de advertir: aquí los libros no son destruidos para impedir que el conocimiento circule, sino para extraerlo, concentrarlo y convertirlo en insumo de una tecnología cuyo control está en manos de unos pocos actores. El libro sobrevive como dato para interés de actores poderosos, pero desaparece como objeto y patrimonio, como parte de una cadena cultural que incluye a quienes escriben, editan, imprimen, distribuyen, venden, conservan, coleccionan y leen.

Por eso, más que preguntarnos únicamente cuánto conocimiento puede extraerse de los libros para construir mejores modelos de IA, deberíamos preguntarnos qué formas de producción y circulación del conocimiento estamos dispuestas a sacrificar para asegurar el refinamiento de la IA.

La cultura no es una materia prima cualquiera: detrás de cada libro hay trabajo, memoria, creación, relaciones sociales e instituciones que hacen posible que el conocimiento se produzca y circule. Cuando ese ecosistema se debilita para satisfacer el apetito de datos de unos pocos actores tecnológicos, la destrucción material de los libros es apenas el síntoma visible de un problema mayor: la concentración del poder sobre el conocimiento y la cultura, y la transformación de aquello que durante siglos fue creado para ser leído, compartido y preservado en insumo digerible para la IA.

Conectividad en emergencias: Chile, Venezuela y Brasil, y las lecciones que dejan

El acceso a internet en contextos de emergencia es vital. Sin conectividad, el acceso a información en tiempo real, el monitoreo y seguimiento de la emergencia, la identificación de víctimas y personas afectadas, la localización y el acceso a ayudas se ve seriamente limitado, sin mencionar lo esencial que la comunicación directa e inmediata se torna para el alivio de familiares, la articulación de grupos y redes locales de apoyo, entre otros.

Sin conectividad, además, se ven reducidas las fuentes de producción de datos que contribuyen a contrarrestar la desinformación que, en estos escenarios, entorpecen de manera grave las acciones enfocadas en salvar vidas. Y si bien es cierto que la mayoría de los desastres naturales son impredecibles, y el cambio climático está aumentando la frecuencia con la que ocurren, también lo es que la falta de preparación ante una posible emergencia puede intensificar su capacidad catastrófica.

Como veremos ahora, la experiencia de estos tres países parece sugerir que, cuando se piensa en los planes de emergencia para la resiliencia de la conectividad, éstos o bien enfocan la responsabilidad del lado de las personas usuarias, o bien se improvisan de manera que pueden poner en serio riesgo a los actores que hacen posible la conectividad en nuestros países.

Entonces ¿qué tipo de resiliencia en conectividad está construyendo la región, y para quién? Y más allá del estado de redes, antenas y cables submarinos, ¿qué elementos deberían ser parte de los planes de resiliencia de la conectividad, considerando su centralidad en la vida cotidiana antes, durante y después de una emergencia, y la gravedad de los desastres que se avecinan?

Chile: el plan es pedirle a los usuarios que no colapsen la red

Chile fue afectado recientemente por un fenómeno climático que aumentó dramáticamente los niveles de lluvias normales a la fecha, al punto de producir inundaciones y tormentas eléctricas que han dejado un saldo de al menos 13 personas fallecidas y 23 mil viviendas afectadas.

Frente a tal situación el Ministerio de Telecomunicaciones chileno presentó el Plan Nacional de Conectividad en Emergencias. El Plan Nacional contempla diez acciones de coordinación entre los proveedores del servicio de internet (PSI) a nivel nacional y las autoridades de emergencias y telecomunicaciones. Entre las acciones posibles de contingencia, prevé la activación gratuita de roaming de todos los grandes PSI para conectar a usuarios sin acceso a internet móvil.

Parte integral de ese plan es el llamado del gobierno a las personas usuarias de internet a hacer un  “uso responsable” de la red durante emergencias. Para ellos, recomienda “evitar la transmisión de videos, descargas de archivos pesados y el uso intensivo de redes sociales, con el fin de no saturar las redes”. El plan recomienda de hecho priorizar “mensajes de texto, aplicaciones de mensajería y llamadas breves solo en caso necesario [y evitar] el uso intensivo de redes sociales para evitar su saturación”.

Se trata en principio de un pedido excesivo. El consumo y la transmisión de información y contenidos, inclusive en redes sociales, mantiene informada o actualizada a la ciudadanía, y en más de una ocasión estos han sido los únicos medios por los que se informan las personas. Más aún, ante emergencias –como la que experimentamos en materia de salud pública durante el COVID-19-, la dependencia y el consumo de servicios en línea aumenta precisamente para dar continuidad a las actividades de la vida cotidiana, como el acceso al trabajo, la salud, la educación, y otros servicios privados o públicos. Finalmente, es un canal efectivo en comunicar urgencias que ameritan la acción de las autoridades.

Que el Plan Nacional dependa del “uso responsable” de internet, puede amplificar la vulnerabilidad de las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones y dar paso a medidas más extremas, como la suspensión temporal de la neutralidad de la red (regulada en Chile desde 2011) para priorizar el acceso a ciertos sitios web y contenidos sobre otros que “saturan la red”. Esta posibilidad ya fue discutida en Colombia durante la pandemia, una hipótesis, ante el temor de un posible apagón de internet provocado por el aumento de la demanda sobre la red durante las cuarentenas.

Venezuela: la improvisación es el único plan

Si en Chile el desafío es cómo pedirle a la ciudadanía que modere su uso de internet, en Venezuela el problema es distinto, pero igual de urgente: ¿qué pasa cuando el propio ecosistema de conectividad no tiene capacidad de recuperarse por sí mismo?

A propósito del reciente doble sismo, la mermada capacidad del ecosistema de conectividad local, por años desfinanciado y debilitado, se vio afectado a tal punto que, a un mes después del desastre natural, la red en el país solo opera al 50% de su capacidad real.

En este escenario, y ante las debilidades del ecosistema local de conectividad para restablecer el acceso a internet de manera inmediata después del terremoto, actores como Starlink han cobrado centralidad al facilitar conectividad satelital en Venezuela. La sociedad civil organizó puntos de conectividad en la zona gracias a la tecnología satelital de Starlink. De hecho, la empresa de Elon Musk ofreció, para antiguos y nuevos clientes, acceso gratuito a internet para facilitar las labores de rescate y atención de la emergencia.

Esta medida, que ofrece un alivio temporal en un contexto de crisis donde la conectividad es esencial, contrasta con la ausencia de políticas públicas para robustecer la infraestructura de internet y fortalecer  las capacidades operativas y tecnológicas de los PSI, de modo que puedan restablecer la conectividad en el país.

Sin políticas para abordar emergencias de este tipo, se corre el riesgo de que, a largo plazo, las contingencias terminen por consolidar el rol dominante en el mercado de internet de grandes empresas como Starlink, que cuentan con una ventaja competitiva en la provisión de conectividad satelital que, por sus condiciones técnicas, es inmune a una gran variedad de desastres naturales, incluidos huracanes e inundaciones.

Brasil: sin un plan robusto, se fortalecen los actores más grandes

Mientras en Venezuela el riesgo es la dependencia de actores privados poco transparentes ante la debilidad estatal, en Brasil la emergencia expuso otra cara del mismo problema: qué pasa con los proveedores más pequeños, aquellos que no tienen la escala de Starlink ni el respaldo de una gran operadora, pero que resultan indispensables para conectar a las personas.

En mayo de 2024, las inundaciones en el estado Río Grande do Sul, Brasil, habían afectado gravemente a pequeños proveedores de servicios de internet que entregan al menos el 92.4% de banda ancha en municipios con menos de 50 mil habitantes. Las inundaciones afectaron su infraestructura crítica, incluyendo antenas y torres de telecomunicación, dejando al menos 12 ciudades de ese estado completamente incomunicadas. Fue tal el impacto del desastre natural sobre la infraestructura de conectividad, que grandes operadores como Claro, TIM y VIVO, habilitaron el servicio de roaming para que personas usuarias de otras empresas pudiesen conectarse a alguna de esas tres redes de manera gratuita.

El caso de Brasil plantea la pregunta sobre cómo asegurar la sostenibilidad y resiliencia de pequeños actores que forman parte del ecosistema de conectividad, y que son esenciales para cerrar la brecha digital en la ruralidad.

En el marco de las inundaciones, de hecho, la asociación InternetSul, que agrupa a pequeños PSI de Brasil, lanzó una campaña de recaudación de fondos para apoyar económicamente a proveedores del servicios de internet afectados y amenazados por pérdidas económicas que los exponían a su posible desaparición del ecosistema de conectividad local.

Si bien en Brasil, como en muchos otros países de la región, existe un Fondo Universal de Telecomunicaciones destinado a beneficiar a los PSIs en contextos de contingencias, las condiciones burocráticas de acceso a dichos recursos resultan más fácilmente sorteables por las grandes PSI, algo que los pequeños proveedores acusaron en el contexto de emergencia como una “barrera competitiva”.

Al tiempo que los pequeños PSI pedían donaciones vía PIX, Starlink también emergió como un actor central en la discusión sobre la conectividad en la emergencia. La empresa donó mil antenas de internet satelital y liberó la señal de internet tras una solicitud del entonces Ministro de Telecomunicaciones. Se trató de una acción que ganó tal centralidad mediática que hizo creer a la población local que Starlink era la única empresa de internet en funcionamiento, una situación que fue desmentida por la prensa local.

Los desastres que se aproximan y planificar a tiempo

Para diseñar verdaderos planes de resiliencia de conectividad ante desastres, hace falta evaluar no solo el grado de inversión actual en infraestructura de telecomunicaciones, ni monitorear el estado de cables, antenas y redes antes y durante un desastre natural, sino enfocar la mirada en la desigualdad digital más allá del simple acceso a internet.

Por ejemplo, urge reconocer que la conectividad es un derecho de acceso desigual en muchos de nuestros países. Los escenarios de emergencia exacerban la desconexión para las comunidades en el peor extremo de la brecha digital, tal y como se evidenció durante la pandemia. Los planes de contingencia deben considerar acciones diferenciales, y priorizar  a las poblaciones en riesgo pues sin internet, el apagón que experimentarán será también informativo.

También, conviene considerar que la conectividad en nuestra región está concentrada en muy pocos nodos de interconexión con el resto del mundo, lo que amplifica la vulnerabilidad de los países y, con ello, de la región ante un desastre que pueda afectarlos de manera grave, tal y como sucedió recientemente en Venezuela. En tanto que los desastres naturales no conocen fronteras, los planes de emergencias deben superar la preocupación por lo que acontece solo al interior de las fronteras de un país, si queremos mantener a internet como una red de redes resiliente en sus puntos de distribución.

Los planes, por supuesto, no pueden depender de la buena voluntad de pocos y poderosos actores del mercado de conectividad. Mucho menos de sobrecargas a las personas usuarias de internet para mantener “usos razonados”. En su diseño, en cambio, conviene considerar alternativas de conectividad eficiente y de despliegue veloz (como la conectividad D2C, que por su diseño, permite conectar un teléfono directo a una antena satelital aun cuando redes, antenas y cables estén inundados, como sucedió en Brasil en 2024).

Cualquiera que sea la fórmula, lo cierto es que las próximas emergencias climáticas o naturales en la región no son una hipótesis. La pregunta que dejan Chile, Venezuela y Brasil es si la región seguirá improvisando respuestas caso por caso, o si finalmente construirá planes de resiliencia en conectividad que protejan tanto a la infraestructura como a las personas y a los actores que la sostienen.

Declaración conjunta de organizaciones de la sociedad civil: Riesgos para niñez y adolescencia en propuesta de Clave Única como verificador en redes sociales

Organizaciones expertas en derechos humanos, tecnología, periodismo e infancia hicimos un llamado a no utilizar la Clave Única como mecanismo de verificación de edad en plataformas digitales en Chile, justo cuando la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar tres proyectos de ley refundidos que buscan restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes (NNA) a redes sociales, sitios de apuestas online, videojuegos en línea y chats con IA.

En una declaración conjunta firmada por diecisiete organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Derechos Digitales, Digital Action, Wikimedia Chile y ONG Amaranta, entre otras, reconocemos la urgencia de proteger a la niñez frente a riesgos reales en internet, como el grooming, la explotación sexual, el acoso y la manipulación algorítmica. Sin embargo, advertimos que la propuesta de usar la Clave Única para verificar la edad de acceso a redes sociales podría crear un registro centralizado y trazable de la actividad de cada persona usuaria, aumentando los riesgos de vigilancia, filtraciones y uso indebido de datos personales.

Una mirada realista a la seguridad digital de las organizaciones sociales

Las organizaciones sociales, comunidades y personas defensoras enfrentan cada vez más riesgos en los entornos digitales. El robo de cuentas, la pérdida de información, las campañas de hostigamiento, la vigilancia, las filtraciones de datos o la exposición de información sensible son situaciones que afectan con frecuencia a quienes realizan trabajo de defensa de derechos, acompañamiento comunitario o incidencia política. Distintas investigaciones realizadas en América Latina, incluido el informe En la Mira (2025) de Derechos Digitales, muestran que estos riesgos rara vez ocurren de manera aislada. Suelen entrelazarse con otras formas de violencia que ya afrontan las agrupaciones en sus territorios: amenazas contra liderazgos comunitarios, acciones de criminalización, conflictos por la tierra, persecución o ataques dirigidos. En ese contexto, proteger los datos y las comunicaciones se vuelve una necesidad cada vez más urgente.

Los incidentes más comunes no siempre son ataques sofisticados. Con frecuencia tienen que ver con la pérdida de acceso a cuentas institucionales, el robo de información, la exposición de datos sensibles o conflictos relacionados con la gestión colectiva de la información. En grupos donde varias personas administran redes sociales, correos o documentos compartidos, la ausencia de acuerdos claros sobre accesos y responsabilidades puede generar problemas que afectan la continuidad misma de los procesos organizativos.

Sin embargo, las organizaciones no enfrentan estos riesgos desde condiciones ideales. Muchas trabajan con equipos pequeños, recursos limitados y múltiples responsabilidades. Una misma persona suele encargarse de la gestión administrativa, las comunicaciones, la incidencia y, cuando surge algún problema, también de la tecnología. A esto se suman desafíos relacionados con la conectividad, la infraestructura tecnológica o la disponibilidad de equipos adecuados.

Además, para muchos colectivos la prioridad cotidiana no es la seguridad digital. Su prioridad es sostener procesos comunitarios, defender territorios, responder a situaciones de violencia, acompañar a sus comunidades o garantizar que su trabajo pueda continuar. Los cuidados digitales pueden ser un aliado para proteger esas iniciativas, pero conviven con múltiples urgencias que demandan tiempo, atención y recursos.

En este contexto, la pregunta no debería ser únicamente cómo aumentar los niveles de protección de una organización, sino cómo acompañar estos momentos de manera realista y pertinente. Comprender las condiciones en las que trabajan estos grupos es un paso fundamental para construir estrategias de protección que realmente puedan fortalecer su labor.

Recetas prefabricadas no siempre funcionan

Con frecuencia, quienes acompañamos procesos de seguridad digital llegamos a estos espacios con instrumentos, recomendaciones y buenas prácticas que consideramos necesarias. Sin embargo, no siempre nos detenemos a preguntarnos si las condiciones para implementarlas realmente existen.

En diferentes experiencias de acompañamiento a organizaciones sociales, comunidades y personas defensoras en América Latina aparece una realidad bastante distinta a la que suelen asumir muchas recomendaciones de seguridad digital. La conectividad no siempre es estable: en algunos territorios los cortes de energía son frecuentes y el acceso a internet puede verse afectado por problemas de infraestructura, conflictos sociales o incluso intereses privados.

A esto se suman otras limitaciones cotidianas. Los dispositivos suelen ser compartidos, antiguos o de uso personal. En zonas rurales, además, las dificultades de acceso a infraestructura tecnológica y los procesos de apropiación de las herramientas añaden nuevas capas de complejidad.

Nada de esto es excepcional. Por ejemplo, una recomendación frecuente consiste en separar la vida personal de la organizativa utilizando dispositivos distintos. En teoría, esta medida permite segmentar información y reducir riesgos. En la práctica, muchas personas no quieren ni pueden cargar dos teléfonos. Gestionar contactos, aplicaciones y comunicaciones en dispositivos separados implica tiempo y esfuerzo adicional. En algunos territorios, incluso, portar varios dispositivos puede generar sospechas o aumentar los riesgos durante desplazamientos en contextos de violencia o control territorial.

Algo similar ocurre con las propuestas de migrar hacia sistemas operativos, plataformas o tecnologías consideradas más seguras. Aunque muchas de estas alternativas ofrecen ventajas reales, también requieren dinámicas de aprendizaje, acompañamiento técnico y recursos que no siempre están disponibles. Para colectivos que trabajan con equipos pequeños y múltiples responsabilidades, abandonar plataformas que ya conocen puede representar una carga difícil de asumir.

La discusión, entonces, no se debe centrar únicamente en qué herramienta ofrece mayores garantías de protección. También se debe preguntar qué prácticas pueden sostenerse en el tiempo. Una medida técnicamente buena que se abandona después de unas semanas puede terminar ofreciendo menos protección que una práctica más sencilla que logra mantenerse de forma consistente.

Pero el problema no es únicamente que algunas recomendaciones resulten difíciles de implementar. En muchos casos, las organizaciones tampoco parten de cero. Antes de recibir un acompañamiento en seguridad digital, ya han desarrollado formas propias de proteger datos, reducir riesgos y cuidar a las personas que hacen parte de sus acciones.

Muchas de estas prácticas nacieron de experiencias concretas de hostigamiento, vigilancia, robos, filtraciones de información o amenazas dirigidas. Algunos grupos acuerdan no mencionar ciertos nombres en mensajes o llamadas, utilizan códigos para referirse a personas o actividades sensibles o limitan quién puede acceder a determinados registros. Otras digitalizan datos sensibles únicamente cuando es necesario y luego los eliminan de correos, dispositivos o incluso destruyen los documentos físicos para evitar que caigan en manos equivocadas.

También existen formas de protección que rara vez aparecen en las guías de seguridad digital. Hay personas que comparten su ubicación cuando se desplazan por territorios donde enfrentan riesgos, que dejan sus teléfonos en casa antes de una reunión sensible o que evitan llevar dispositivos a determinados encuentros. Algunas prefieren conversar temas delicados en espacios poco convencionales o aprovechan actividades cotidianas para reunirse sin llamar la atención.

No todas estas prácticas serían recomendadas por un manual de seguridad digital. Sin embargo, surgieron para responder a riesgos reales y forman parte de las maneras en que muchos colectivos cuidan a las personas, la información y las iniciativas que sostienen.

Por eso, uno de los principales desafíos no consiste en reemplazar estas estrategias con nuevas herramientas o procedimientos, sino en entender qué prácticas ya existen, por qué funcionan y cómo pueden fortalecerse sin perder de vista los contextos en los que surgieron.

Cómo podemos apoyar al fortalecimiento de la seguridad digital

Si las organizaciones ya desarrollan formas propias de protección y las recomendaciones no siempre pueden aplicarse de la misma manera en todos los contextos, entonces quizás el desafío no sea encontrar instrumentos cada vez más seguros, sino repensar la forma en que entendemos y acompañamos los procesos de seguridad digital.

Reconocer estas complejidades implica también cuestionar la idea de que el cuidado digital puede resolverse únicamente mediante herramientas o listas de recomendaciones. Desde hace varios años, colectivos, redes y organizaciones de la región vienen construyendo otras formas de abordar estos desafíos. A través de metodologías de educación popular, técnicas de acompañamiento comunitario, estrategias para enfrentar las violencias digitales e iniciativas que imaginan infraestructuras tecnológicas desde el afecto y el cuidado colectivo, estas experiencias comparten una misma preocupación: cómo construir protección desde las necesidades reales de las personas y las comunidades, y no únicamente desde los riesgos identificados por los equipos técnicos.

Aunque estas experiencias son diversas, comparten algo fundamental: parten de las personas antes que de las herramientas. En lugar de preguntar qué tecnología debería usarse, preguntan qué necesita una comunidad para cuidarse, qué riesgos enfrenta, qué capacidades tiene y qué prácticas ya forman parte de su vida cotidiana.

Esta mirada se acerca a las propuestas de las tecnologías feministas, que han insistido en que las tecnologías no son neutrales y que cualquier estrategia de protección debe construirse desde las experiencias concretas de quienes las utilizan. También dialoga con iniciativas de la región que han explorado las relaciones entre tecnologías, cuerpos y territorios, así como las formas en que las violencias digitales afectan de manera diferenciada a mujeres, personas LGBTIQA+, comunidades racializadas y otras poblaciones históricamente marginadas. Hablar de cuidado implica reconocer las desigualdades, las relaciones de poder y las condiciones materiales que atraviesan la vida de las personas. También implica aceptar que no existe una única forma correcta de hacer seguridad digital.

Tal vez ahí se encuentra uno de los principales desafíos para quienes trabajamos en este campo. No necesitamos que las organizaciones se adapten a la seguridad digital. Necesitamos una seguridad digital capaz de adaptarse a ellas. Una que sea capaz de reconocer los conocimientos que ya existen, fortalecer las prácticas que ya funcionan y construir nuevas estrategias sin perder de vista las condiciones reales en las que las personas viven, trabajan y resisten.

Si la protección digital pretende contribuir al cuidado de las personas y las comunidades, entonces no puede comenzar por las herramientas. Tiene que comenzar por escuchar, comprender y fortalecer las formas de cuidado que ya existen.

¿Qué tienen que ver los derechos digitales con la crisis climática?

Esta columna fue publicada originalmente en Outras Palavras

Mientras los gobiernos latinoamericanos compiten por atraer inversiones extranjeras en materia de inteligencia artificial, centros de datos y minería para lo que han denominado una “transición digital”, se expande la engañosa narrativa según la cual la crisis climática podrá resolverse mediante la innovación tecnológica. La COP30, celebrada en Brasil en 2025, contribuyó a reforzar este imaginario al situar la digitalización, la inteligencia artificial y las llamadas “tecnologías verdes” en el centro de una parte importante de los debates sobre desarrollo y sostenibilidad.

La promesa aparece en discursos oficiales sobre ciudades inteligentes, monitoreo ambiental, agricultura de precisión, eficiencia energética e “innovación verde”, y se traduce en políticas como la digitalización de programas ambientales y agrarios, así como incentivos tributarios para actividades extractivas vinculadas a la tecnología. Según esta visión, el futuro sostenible sería también un futuro digital.

Pero ¿quién sostiene materialmente ese futuro? ¿Quién asume sus costos y quién obtiene realmente sus beneficios?

Este discurso también se beneficia de elecciones semánticas que ayudan a ocultar la materialidad de la economía digital. Tal vez el ejemplo más evidente sea la popularización de la expresión “computación en la nube”, que sugiere algo ligero, abstracto y distante del mundo físico, reforzando la idea de que los datos, las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial existirían en una esfera casi etérea. En la práctica, sin embargo, la infraestructura que sostiene estas tecnologías está lejos de ser invisible. Comienza en la minería, atraviesa complejas cadenas industriales, consume grandes cantidades de energía y agua, y depende de la ocupación de territorios para funcionar.

En otras palabras, lejos de ser inmaterial, la digitalización está profundamente arraigada en territorios y recursos naturales. Y sus impactos socioambientales recaen de manera desproporcionada sobre países del Sur Global -entre ellos, los latinoamericanos-, donde persisten dinámicas históricas de extracción de los recursos naturales que sostienen, ahora también, la expansión de la economía digital. Y la cuestión no se limita a la infraestructura: las tecnologías digitales también han pasado a mediar cada vez más las relaciones sociales, económicas y políticas vinculadas al medio ambiente, influyendo en la circulación de información y en la participación en decisiones que afectan a los territorios.

A medida que la gestión de recursos, los sistemas de monitoreo ambiental y la producción de información sobre los territorios dependen cada vez más de infraestructuras y plataformas digitales, derechos como el acceso a la información, la transparencia, la participación pública y la autodeterminación de los datos adquieren una dimensión ambiental cada vez más evidente. Por ello, si queremos enfrentar la crisis climática con seriedad, el debate debe incorporar los impactos de las tecnologías, y la lucha debe incluir también la defensa de los derechos digitales.

En la práctica, esto significa observar tanto las infraestructuras que sostienen la digitalización como las relaciones de poder que esta profundiza.

Cuando la tecnología encuentra el territorio

América Latina ofrece ejemplos reveladores de esta conexión. Brasil, por ejemplo, ocupa el segundo lugar mundial en reservas de tierras raras, de las cuales pueden extraerse minerales esenciales para la fabricación de chips, baterías, teléfonos inteligentes y muchos otros componentes utilizados en la infraestructura digital. No es casualidad que el interés geopolítico por estos recursos ha crecido rápidamente. En un contexto de disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, los insumos considerados estratégicos para esta cadena han pasado a ocupar un lugar central en las políticas industriales y de seguridad nacional.

En este sentido, la pregunta que debemos hacernos va más allá de extraer o no extraer estos recursos. También debe considerar la posición que ocupan los países latinoamericanos dentro de esta cadena productiva. Aunque concentran una parte importante de las reservas minerales, continúan participando principalmente en las etapas de extracción y exportación de materias primas, mientras que el procesamiento industrial, el desarrollo tecnológico y los mayores beneficios económicos permanecen concentrados en el Norte Global. En el caso brasileño, investigadores han advertido que la carrera por las tierras raras puede profundizar una inserción subordinada en la economía digital global, basada en el suministro de recursos estratégicos sin una transferencia significativa de tecnología ni un fortalecimiento de las capacidades productivas locales.

Esta dinámica también se refleja en la expansión de los centros de datos en América Latina. En los últimos años, empresas tecnológicas extranjeras han dirigido cada vez más su atención hacia la región aprovechándose de estas condiciones favorables para instalar la infraestructura física necesaria para el almacenamiento y procesamiento masivo de datos. Además de la disponibilidad de energía, algunos países latinoamericanos ofrecen amplias redes de transmisión, conectividad internacional y disponibilidad territorial. A ello se suman decisiones preocupantes de diversos gobiernos, que han adoptado políticas para atraer estas inversiones, especialmente mediante beneficios fiscales y flexibilización regulatoria.

Paraguay es quizás hoy uno de los ejemplos más emblemáticos de este proceso. La energía generada por la represa de Itaipú ha convertido al país en un destino atractivo para proyectos vinculados a la infraestructura digital. No es casualidad que empresarios e inversionistas influyentes han intensificado su presencia en el país, entre ellos Peter Thiel, multimillonario de Silicon Valley y cofundador de Palantir, empresa ampliamente reconocida como una de las principales proveedoras de tecnologías de vigilancia para el aparato militar y de seguridad de Estados Unidos.

Resulta preocupante que el debate sobre los centros de datos aparezca principalmente en los discursos gubernamentales y empresariales como una oportunidad económica, con poca o ninguna atención a sus impactos ambientales y territoriales. Los centros de datos son instalaciones altamente intensivas en energía y agua. Operan de manera ininterrumpida, requieren sistemas permanentes de refrigeración y pueden ejercer presión sobre redes eléctricas y recursos hídricos ya disputados por otros usos sociales y económicos.

Sus efectos no se limitan al consumo de recursos. Un estudio reciente identificó la formación de lo que los investigadores denominaron “islas de calor de datos”, es decir, áreas alrededor de los centros de datos donde la temperatura superficial puede aumentar, en promedio, 2°C después del inicio de las operaciones. Según los autores, este impacto puede extenderse hasta 4,5 kilómetros alrededor de las instalaciones, alterando microclimas locales y produciendo efectos sobre poblaciones humanas y ecosistemas. Los casos analizados incluyeron regiones de Ceará y Piauí, en Brasil, así como polos de centros de datos en México.

También crecen las preocupaciones sobre los efectos de estas instalaciones en los territorios. Informes recientes elaborados por organizaciones de la sociedad civil señalan obstáculos para acceder a información sobre consumo de agua y energía, flexibilización de normas ambientales y debilitamiento de los mecanismos de consulta a las comunidades afectadas. En algunos casos aún más problemáticos, la expansión de esta infraestructura ha avanzado sobre territorios ocupados por comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones tradicionales, profundizando conflictos históricos que forman parte de la propia configuración de América Latina como región.

La preocupación por estos impactos ya alcanzó a los principales mecanismos regionales de derechos humanos. En febrero de 2026, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la expansión acelerada de centros de datos puede poner en riesgo derechos como el acceso al agua, a la salud y a un ambiente sano, y sostuvo que los Estados deberían adoptar moratorias para nuevas autorizaciones hasta que existan salvaguardas adecuadas.

La política de la información ambiental

Los impactos de la digitalización sobre la agenda ambiental van mucho más allá de los territorios donde se extraen minerales o se instalan servidores. También se manifiestan en las decisiones políticas sobre cómo y dónde circula la información y sobre cómo se disputan públicamente temas como la sostenibilidad y la crisis climática.

La lucha contra el cambio climático depende de la producción y del acceso a información confiable. Esto incluye datos científicos, monitoreo ambiental, denuncias de violaciones socioambientales e información producida por comunidades afectadas por proyectos mineros, procesos de deforestación o grandes obras de infraestructura. Cuando estos flujos de información se ven comprometidos, también se ve afectada la capacidad de la sociedad para responder a la crisis climática.

En este contexto, el entorno digital se ha convertido en un espacio central de disputa. Existe amplia evidencia empírica que muestra cómo las plataformas digitales amplifican contenidos engañosos sobre cuestiones ambientales por beneficios económicos en base a modelos de negocio que se basan en maximizar la atención de las personas usuarias. La información errónea o sensacionalista tiende a generar más interacciones, aumentando tanto su alcance como su rentabilidad para las plataformas.

El problema no se limita al negacionismo climático tradicional. También incluye prácticas de greenwashing, término utilizado para describir estrategias que presentan a actores, productos, servicios o proyectos como ambientalmente responsables sin que ello se corresponda con la realidad, ocultando sus verdaderos impactos socioambientales. En América Latina, este tipo de narrativas ha sido utilizado especialmente por gobiernos y empresas, incluso en iniciativas asociadas a la expansión de la minería de minerales críticos, la instalación de grandes centros de datos y proyectos presentados como indispensables para la transición energética o digital, pese a sus efectos perjudiciales o insuficientemente evaluados sobre territorios, recursos naturales y comunidades.

El mismo entorno digital que amplifica narrativas negacionistas y campañas de greenwashing también ha sido ampliamente utilizado para intimidar, desacreditar y silenciar a quienes denuncian conflictos socioambientales. De hecho, América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Colombia, en particular, encabeza el ranking de países más letales para este grupo, junto con México y Brasil.

Aunque la violencia física constituye su manifestación más extrema, no es la única forma de silenciamiento. Organizaciones de la sociedad civil han documentado el uso creciente de tecnologías digitales con este propósito, ya sea mediante estrategias de vigilancia, ataques a cuentas personales o campañas coordinadas de acoso en línea. Además de las personas defensoras del medio ambiente, periodistas y comunicadores que trabajan en estos temas también son objetivos frecuentes.

¿Son posibles otras formas de construir tecnología?

El panorama descrito hasta aquí puede conducir fácilmente al pesimismo. Sin embargo, es importante reconocer que los ejemplos presentados no implican necesariamente una crítica a la existencia de las tecnologías en sí mismas. Más bien, apuntan a la necesidad de cuestionar los modelos políticos y económicos que orientan su desarrollo. Al fin y al cabo, más allá de las tecnologías como tales, el debate debe centrarse siempre en quién define sus usos, quién se beneficia de ellas y quién asume sus costos.

La propia América Latina ofrece ejemplos de iniciativas que siguen una lógica distinta y buscan construir infraestructuras digitales a partir de principios diferentes a los que predominan en el modelo extractivista de las grandes plataformas y corporaciones tecnológicas. En lugar de depender exclusivamente de redes controladas por empresas privadas, diversas comunidades han desarrollado soluciones orientadas a sus propias necesidades de comunicación, organización y gestión territorial.

Un ejemplo destacado son las redes comunitarias de internet que se han implementado en distintos países de la región, entre ellos Brasil, México, Colombia, Argentina y Nicaragua. En estos proyectos son las propias comunidades -ubicadas en su mayoría en zonas rurales o aisladas, frecuentemente habitadas por pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales- las que organizan sistemas autónomos de telecomunicaciones para garantizar conectividad en lugares históricamente desatendidos por las operadoras comerciales. Más que ampliar el acceso a internet, estas iniciativas fortalecen capacidades locales para gestionar la infraestructura de comunicación y aumentan la autonomía de las comunidades sobre tecnologías que afectan directamente su vida cotidiana.

Esta lógica también se refleja en otras experiencias de desarrollo tecnológico construidas a partir de las necesidades definidas por los propios territorios. Es el caso de la colaboración entre las organizaciones Técnicas Rudas, de México, y Diversa Studio, de Ecuador, junto al pueblo indígena yaqui. El proyecto combina inteligencia artificial, imágenes satelitales y análisis geoespacial para apoyar la gestión comunitaria del agua y el monitoreo de las transformaciones ambientales en su territorio.

El aspecto más relevante de esta iniciativa no radica en la tecnología utilizada, sino en la forma en que fue concebida. Los datos producidos permanecen accesibles para la comunidad, las prioridades de investigación se definen localmente y el objetivo no es alimentar plataformas comerciales globales, sino apoyar procesos de gestión territorial y toma colectiva de decisiones.

Al mismo tiempo, como señalan perspectivas feministas y comunitarias de la región, estas experiencias recuerdan que una transición digital más justa no implica necesariamente producir más tecnología. También exige preguntarse qué tecnologías son realmente necesarias, para qué fines se desarrollan y cómo reducir sus impactos sobre los territorios y los recursos naturales.

Donde las agendas se encuentran

En el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado cada 5 de junio, vale la pena recordar que, en una economía cada vez más atravesada por infraestructuras digitales, los debates sobre sostenibilidad y justicia climática deben incorporar también la manera en que las tecnologías son producidas, gobernadas y distribuidas. Y no solo eso, sino que es necesario seguir abordando esta discusión desde una perspectiva situada, reconociendo el lugar que ocupa América Latina como proveedora de insumos estratégicos y como escenario de impactos socioambientales desproporcionados.

La relación entre justicia climática y derechos digitales ya no es una cuestión accesoria. Tiene que ver con las condiciones bajo las cuales se está construyendo la transición digital y con quién participa en las decisiones sobre su futuro. Tiene que ver con la capacidad de las comunidades para influir en proyectos que afectan sus territorios, acceder a información de interés público y desarrollar tecnologías alineadas con sus propias necesidades y prioridades.

Mientras la expansión de la economía digital continúe reproduciendo patrones de concentración de poder y desplazando sus impactos ambientales hacia determinados territorios, la promesa de una transición sostenible seguirá siendo difícilmente alcanzable.