Temática: Privacidad

El futuro del cifrado se define en Brasil

En medio de una pandemia global que releva como nunca antes la importancia de las comunicaciones seguras por medios digitales, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) está por decidir dos acciones judiciales sobre los bloqueos de WhatsApp que conmocionaron a usuarias de internet en todo el mundo hace algunos años. Al centro de esa discusión está el debate en torno al valor del cifrado, piedra angular de la seguridad en las tecnologías digitales.

Ese valor, no obstante, es puesto en tela de juicio frente a los requerimientos de los Estados por acceder a comunicaciones e información privadas. Y en esa contraposición de narrativas sobre la tecnología, sobre la seguridad de personas o instituciones, sobre el poder, y sobre derechos fundamentales, la decisión en Brasil puede significar una nueva etapa en la discusión del cifrado en América Latina y el sur global.

Del uso de aplicaciones al derecho al cifrado

La situación de Brasil se remonta a sucesos conocidos en el mundo entero. Entre 2015 y 2016, cuatro órdenes judiciales de distintos juzgados dieron lugar a tres bloqueos de WhatsApp en Brasil. En todos esos casos, el bloqueo era adoptado como una sanción por el incumplimiento de órdenes judiciales relativas a la entrega de información por parte de WhatsApp, información que a su vez no era provista por WhatsApp, por estar cifrada. En todos esos casos, los bloqueos eran mundialmente rechazados como actos contrarios a la libertad de expresión y contrarios al uso de herramientas de comunicación más protectoras de la privacidad.

Dos acciones judiciales ante el STF mantienen viva la discusión en Brasil. La primera es una acción directa de inconstitucionalidad, ADI 5527, que sostiene que el Marco Civil de Internet contiene disposiciones inconstitucionales, en atención al uso de las mismas para el bloqueo de aplicaciones completas, con consecuencias desproporcionadas. Los jueces, al ordenar el bloqueo de aplicaciones (no solamente WhatsApp), estarían dando una interpretación equivocada al Marco Civil de Internet, al ampararse en su articulado para bloquear aplicaciones, basados en causales que no correspondían según la ley. Es decir, una sanción que es parte de las reglas sobre privacidad y protección de datos, usada a propósito del incumplimiento de reglas procesales. A su vez, el impacto del bloqueo se extendió desproporcionadamente a personas dentro y fuera del país, a personas no involucradas en el proceso judicial, en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y comunicación.

La segunda acción, la alegación de incumplimiento de precepto fundamental, ADPF 403, apunta asimismo a la defensa de los derechos fundamentales, con el bloqueo judicial de WhatsApp como el acto cuestionado por infringir derechos de libertad de comunicación, libertad de expresión y privacidad. A diferencia de la ADI 5527, que alega la inconstitucionalidad de las disposiciones que autorizan bloqueos en general, la ADPF 403 apunta a los bloqueos de WhatsApp como las medidas infractoras de derechos.

Con ocasión de los bloqueos, se suscitó una enorme preocupación mundial sobre el impacto de decisiones judiciales que impiden la comunicación privada, y la libre elección de las formas en las que se produce, especialmente tratándose de aplicaciones que a la vez son populares y ofrecen mayor seguridad. Pero a nivel judicial, los debates centraban especial atención en los motivos detrás de los bloqueos, como la necesidad de acceder a información como condición para el éxito de investigaciones criminales. Es decir, las disputas entre las narrativas sobre criptografía se movieron también desde el debate político al ámbito jurisdiccional. Y en ese debate, los ministros del STF discuten directamente sobre el valor del cifrado.

Hasta el momento, cuando no hay aún sentencias, los ministros relatores han emitido sus opiniones en ambas causas, con el propósito de informar la posterior votación del STF como cuerpo colegiado. Respecto de la ADPF 403, para la ministra relatora Rosa Weber, no se justifica el uso de Marco Civil de Internet para el bloqueo de WhatsApp, lo que no implica su inconstitucionalidad sino una aplicación errada de la ley. Pero a la vez, agregó expresamente que “sería inadmisible, y a la vez un retroceso, volver ilegal o limitar de ese modo [mediante el bloqueo] el uso de criptografía”. En cuanto a la ADI 5527, el ministro relator Edson Fachin estima que es inconstitucional prohibir a las personas utilizar criptografía de punto a punto, y menciona expresamente el impacto desproporcionado sobre las personas más vulnerables. Para el ministro, el cifrado es “un medio de asegurar la protección de derechos que, en una sociedad democrática, son esenciales para la vida pública”. Lo que la sociedad civil global ha sostenido continuamente, encuentra reconocimiento expreso en las voces de los ministros.

Vacilaciones regionales

La discusión de la temática, tanto en Brasil como en el resto de la región, es también consecuencia de regulaciones mayormente anticuadas o altamente  problemáticas. En Colombia, una ley de 1997 con amplísimo lenguaje pone en duda la licitud del cifrado en redes celulares. Leyes de telecomunicaciones en Ecuador (Art. 77) y El Salvador (Art. 42-D) hablan explícitamente de descifrado por empresas en cooperación con investigaciones estatales. Un decreto en Cuba, hoy derogado, mencionaba la encriptación con el propósito de exigir aprobación previa para su uso en redes digitales privadas. Una investigación fraudulenta en Chile esgrimía la supuesta interceptación de comunicaciones cifradas sin ofrecer información fidedigna sobre el modo de obtención.

En todos estos casos, nociones variadas de seguridad defendida por el Estado justifican una visión a menudo anticuada y en todos los casos adversa a la seguridad de las comunicaciones privadas. En otros países, la ausencia de regulación específica en torno a la investigación es parte de características generales de vacíos en la delimitación de los poderes estatales. De este modo, la inteligencia estatal parece depender de su capacidad de infringir la privacidad, aun sin reglas suficientes para asegurar su ajuste a reglas constitucionales vigentes.

La influencia de un fallo en Brasil no se limita a las cuestiones relativas a la presencia o ausencia de cifrado, sino que se inserta en un contexto más amplio de uso de potestades estatales para la investigación, y de los intentos de forzar a una empresa privada a cooperar con las autoridades públicas, además de seguir un patrón de intento de control sobre aplicaciones disruptivas. Es decir, aun cuando pueda haber un buen precedente a seguir tanto en Brasil como en el extranjero en un aspecto de estas herramientas, queda todavía camino por recorrer, especialmente en la legislación, pero también en la discusión pública, en la interacción con las empresas, y a nivel de cooperación entre estados.

La forma en que el debate político se ha producido globalmente en torno a la criptografía a nivel mundial, pone en entredicho la real probabilidad de prevalecer de los derechos individuales y colectivos por sobre los intereses de vigilancia total de los Estados. Sin perjuicio de las decisiones de la judicatura, los ejemplos latinoamericanos demuestran que todavía es el poder político el que tiene la capacidad de regular las potestades estatales de manera contraria a los derechos fundamentales, como demuestra el caso australiano en torno al cifrado, o más ampliamente en torno a la privacidad de comunicaciones en el propio caso brasileño del proyecto de ley de “fake news”.

El futuro de la criptografía

A pesar de la esperanza que otorgan los informes de los ministros relatores del STF, particularmente en la expresa defensa del ejercicio de derechos fundamentales por medio del uso de cifrado de comunicaciones, tampoco existe certeza de que los resultados finales sean favorables. Pero observar de manera más concreta y cercana debates que tan frecuentemente observábamos a distancia entre poderosos gobiernos del norte global y poderosas empresas del norte global, traen a nuestro lado del mundo la posibilidad de discutir cambios necesarios en torno a las formas en que los intereses de seguridad inciden en nuestros derechos fundamentales, y las formas en que los Estados asumen su responsabilidad en ese equilibrio.

La inminente decisión del STF brasileño sirve así como aliciente a seguir persiguiendo un objetivo crucial para el ejercicio de derechos a través de las herramientas tecnológicas: que las tareas investigativas y de inteligencia sean reguladas y ejercidas sin tratar de forzar la mano de la tecnología, sin buscar la expansión del estado vigilante, y sin alterar significativamente la vida privada de las personas. Mientras intentamos reconducir este debate a soluciones democráticas, basadas en evidencia y análisis de riesgos, y respetuosas de los derechos fundamentales, esperamos que el Supremo Tribunal Federal reafirme lo que indicó el ministro Fachin: que los derechos digitales son derechos fundamentales.

Que se muerdan la lengua: los discursos implícitos en las narrativas gubernamentales contra el cifrado

Los servicios de comunicación, el comercio en línea, el suministro de energía para las ciudades, la infraestructura de la red. Prácticamente toda la información que transita por las múltiples fronteras de los sistemas conectados dependen de la seguridad que ofrece el cifrado. Y no solo eso, el cifrado es también una pieza fundamental para el ejercicio de derechos: la defensa de la libertad de expresión y de prensa, de expresar y asumir posturas políticas, incluso la supervivencia de grupos políticos disidentes en regiones antidemocráticas dependen de la seguridad y la privacidad que solo el cifrado tiene el potencial de ofrecer. Por eso, los ciudadanos y ciudadanas – usuarias de la red – hoy pueden brindarle mayor protección y privacidad a su información, de forma más fácil.

Este empoderamiento ha frenado el acceso de agentes del Estado a las comunicaciones privadas, cuestión antes rutinaria. Durante décadas, este acceso posibilitó programas de vigilancia masiva e incontables escuchas ilegales y, con ello, el debilitamiento de los derechos constitucionales, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Igualmente, el cifrado ha frenado interceptaciones clandestinas de parte de agentes privados. El cifrado, por lo tanto, ha posibilitado que las personas reconquisten sus libertades y su autonomía informativa.

Frente a esa situación, las agencias de investigación – cuyo interés responde a la demanda por mayor “velocidad” en la solución de procesos criminales y la expansión de los mecanismos para acceder a círculos de información privada de la ciudadanía, comprometiendo los derechos humanos y la seguridad en la red – por años han desarrollado  narrativas que buscan resignificar la importancia del cifrado. Sin embargo, tales artificios retóricos son muy reveladores y forman parte de un conjunto de acciones sistémicas que buscan estigmatizar la tecnología (en este caso, el cifrado) por medio de su criminalización, con el objetivo de hacer susceptibles a los congresistas a este mensaje de modo que aprueben políticas orientadas a debilitarla.

Fabricando distopías

Las crisis suelen desencadenar grandes cambios, sean sociales, económicos o tecnológicos. Por eso, en escenarios de crisis, para las políticas anticifrado la apuesta se hace desde el lenguaje utilizado para referirnos a la técnica. Mientras existe un consenso entre el sector técnico, académico y social sobre cómo el cifrado “fuerte”, “seguro” o “robusto” es un recurso del cual depende la seguridad de la información, para el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) este sería a prueba de órdenes judiciales y establecería zonas fuera del alcance de la ley. La imagen que quieren proyectar es la de un espacio barbárico, un ejercicio de doblepensar utilizado por regímenes de gobierno como el imaginado por George Orwell.

Los avances en las técnicas de seguridad de la información, arquitecturas que permiten establecer canales de confianza entre usuarios y servicios, así como garantizar la integridad de los intercambios informacionales críticos al funcionamiento de la administración y los servicios públicos, son deliberadamente ignorados por las narrativas de los sectores encargados de investigar los delitos y aplicar la ley. El cifrado es asociado con “espacios sin ley creados por los dueños de grandes empresas” “motivados por el lucro”. Se olvidan de que, antes de relacionarse con un modelo de negocio, se trata de un elemento clave para la resiliencia de la red, y proponer cualquier excepción es lo mismo que defender la abolición de la ciberseguridad.

Como apunta el seminal estudio “Keys under doormats”, crear brechas en los sistemas cifrados va mucho más allá de posibilitar un “acceso excepcional” al contenido protegido. Agregar un nuevo atributo (como un backdoor) en tales mecanismos, haciéndolos más complejos, genera una serie de nuevas interacciones con los demás recursos del sistema de seguridad y, con ello, vulnerabilidades imprevisibles. “La complejidad es enemiga de la seguridad”, afirman las expertas. Las entidades responsables de resguardar, por ejemplo, las claves de acceso a los sistemas cifrados serían víctimas de ataques maliciosos. Además, es igualmente posible cuestionar la misma idea de “excepcionalidad”, cuando son ampliamente conocidos los innumerables episodios de interceptación ilegal de las comunicaciones privadas, por parte de agencias estatales, sin orden judicial.

Este tipo de propuesta parece ignorar la integridad física de las personas, las protecciones a la actividad periodística o la vida de las minorías que dependen directamente del secreto de sus comunicaciones. A modo de ejemplo, hace poco se supo que la recientemente aprobada “Ley anticifrado” australiana está siendo utilizada para violar las protecciones a periodistas en el país. Igualmente, no se considera el impacto que políticas que debilitan el cifrado pueden tener a nivel internacional en otras jurisdicciones, sobretodo en países donde disidentes políticos son perseguidos por el Estado, minorías étnicas son monitoreadas o comunidades LGBTQI+ son criminalizadas por gobiernos fundamentalistas. Aún así, para el DOJ, el negocio de las empresas que ofrecen el cifrado es “vender productos para ganar dinero […] mientras nuestro negocio es prevenir crímenes y salvar vidas”.

El cifrado se basa en posibilidades matemáticas. Aún así, las narrativas gubernamentales apuestan a un solucionismo tecnológico que supera los límites matemáticos para conciliar, por un lado, las demandas de acceso a los datos y a las comunicaciones cifradas y, por el otro, la seguridad e integridad de la red. Las palabras de un representante del Ministerio Público Federal de Brasil son ilustrativas: “estos instrumentos fueron creados por hombres y, si fueron creados por hombres, pueden ser diseñados de una manera distinta”. Cuando era director del FBI, Christopher Wray  afirmaba que creía posible conciliar ambas cosas: “si podemos desarrollar autos autónomos que dan independencia para que los ciegos y personas discapacitadas se transporten; si podemos establecer mundos virtuales totalmente generados por computadoras para elevarnos al próximo nivel del entretenimiento y la educación de manera segura […], seguramente debemos ser capaces de fabricar dispositivos que, a la vez, ofrezcan seguridad y permitan accesos”. Como afirma Corey Doctorow, el FBI cree en una matemática imaginaria y que los desarrolladores no están siendo suficientemente “nerds” para solucionar esta imposibilidad técnica.

El miedo a la oscuridad es también un artificio importante en estas narrativas: “el cifrado nos amenaza con llevar a todos a la oscuridad”; “el FBI trabaja en una sala. El rincón de esta sala ha estado oscuro en los últimos veinte años […]. Este rincón ha empezado a ocupar todo el espacio”. La expresión “going dark” es un resultado directo de esa estrategia. 

Como señala Phillip Rogaway, las narrativas gubernamentales son producidas de forma que garanticen el direccionamiento del discurso exactamente hacia donde las autoridades desean que camine, en un movimiento que apuesta al miedo: el miedo al crimen, el miedo de los padres de no lograr proteger a sus hijos e, incluso, el miedo a la oscuridad. La metáfora del oscurecimiento ejercita el “branding” (la repetición del “going dark”) intentando plasmar un modo de pensar y, con eso, reconfigurar el mismo significado del cifrado.

Las imágenes e imaginarios sobre casos sensibles, como la explotación sexual de menores de edad, las amenazas de atentados terroristas o las redes de tráfico de drogas también han sido históricamente  explotadas en los discursos anticifrado. El DOJ, por ejemplo, pone el cifrado ofrecido por WhatsApp en el centro narrativo de los casos de exterminio de policías por carteles mexicanos. Por su parte, el ex-director del FBI, James Comey, ha apostado a crear escenarios distópicos de futuro: “si [el cifrado fuerte] se vuelve regla […] los homicidios se volverán comunes, los sospechosos caminarán libremente por las calles y los violadores de niños no podrán ser identificados o procesados judicialmente”.

Las expertas presentan datos más convincentes. Por ejemplo, la sola existencia del cifrado por defecto en los dispositivos desincentiva los intentos de agentes maliciosos por apoderarse de ellos, dada la imposibilidad de acceder a los datos que almacenan – una de las principales motivaciones económicas de este tipo de ataques.  Una señal de eso sería la caída en el número de hurtos de celulares desde que Apple implementó el cifrado por defecto en sus dispositivos.

Contrario a la idea del fin de la seguridad pública imaginada por las narrativas gubernamentales, el cifrado democratiza los recursos de seguridad al desencentralizarlos y hacerlos disponibles por defecto. Y al contrario de lo que supone la “sala oscura” del FBI, nunca hubo tantos medios disponibles para la recolección de datos para fines del proceso penal. Esto incluye sensores y objetos conectados a internet en los espacios públicos y domésticos, las redes sociales e, incluso, el hackeo liderado por agencias gubernamentales. La sala oscura, en realidad, se encuentra eclipsada por una era de oro de la vigilancia.

Según las narrativas de las fuerzas policiales, los “abogados de la privacidad absoluta” estarían sufriendo de un “radicalismo post-Snowden”. La sugerencia de ese tipo de afirmación es que hay radicalismo, donde lo que existe es la defensa de derechos individuales. Pasa que, al final del día, una “privacidad a medias” es un derecho frágil y fácilmente vulnerable. Además, siempre hubo privacidad absoluta. Pensar algo distinto sería lo mismo que prohibir que un mensaje escrito en papel sea después quemado. O prohibir que existan conversaciones privadas en lugares remotos. Si todos los espacios se hacen pasibles de interceptación o acceso estatal, la misma esencia de la privacidad se compromete, y las relaciones y comunicaciones de las personas se inhiben. 

En conclusión

Las narrativas anticifrado sugieren una reacción conservadora que busca desarmar, a partir del lenguaje (y, en consecuencia, del lobby legislativo), avances de orden tecnológico y social. Lo hacen simulando futuros caóticos, estados de excepción y escenarios de crisis, invocando figuras conocidas e imágenes perturbadoras, típicamente utilizadas contra las libertades en internet.

En realidad ese conservadurismo policial intenta, incansablemente, rescatar la facilidad que una vez tuvo para invadir espacios y comunicaciones privadas. Que los defensores de la “vigilancia absoluta” se muerdan su propia lengua: sus palabras no son más que ecos del pasado.

Propuesta de regulación de desinformación puede aumentar brechas y exponer las comunicaciones de millones de personas en Brasil

Actualización: Ayer, jueves 25 de junio, se presentó una nueva versión del proyecto de ley. En consecuencia, la votación se aplazo al 30 de junio. En Derechos Digitales estamos estudiando el detalle la propuesta actualizada.

En Brasil, el proyecto de ley conocido como “Ley de Fake News” (PL 2630/2020), destinado en un principio a limitar la circulación de desinformación en internet, se ha transformado en una propuesta de regulación que cede a grupos interesados mayor control sobre la información disponible en línea. ¿Lo peor? El proyecto lo hace en un régimen de urgencia y mientras el Congreso opera de manera remota, con limitadas posibilidades de participación de la sociedad.

Nuevas brechas en contexto ya desigual

Las versiones anteriores de la propuesta ya eran preocupantes, pues ampliaban las obligaciones de retención de datos personales de las usuarias de internet y autorizaban el bloqueo de aplicaciones. Sin embargo, la última versión impone el registro y la identificación de las usuarias de plataformas en línea, por medio de un documento de identidad y de un número de teléfono celular válido. Esta exigencia podría impedir que millones de personas puedan acceder a información y servicios que, en contexto de cuarentena, son más esenciales que nunca. Por ejemplo, una medida de este tipo podría significar que niñas y adolescentes — especialmente de los grupos más marginados de la población— no podrían acceder a aquellas plataformas que hoy son fundamentales para el acceso a la educación.

En un país donde gran parte de la población utiliza internet exclusivamente desde dispositivos móviles y por medio de planes de conexión limitados, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han tornado esenciales para la comunicación, el acceso a la información y a los servicios esenciales. Durante la pandemia del COVID-19, estos servicios se han utilizado para satisfacer diversas necesidades, como la coordinación de desde redes de apoyo solidario para la distribución de insumos básicos y  la denuncia de abusos y violencia doméstica.

La imposición de este registro conlleva la recolección desproporcionada de datos por agentes privados, violando tanto los principios internacionales de derechos humanos como la normativa nacional de protección de datos, y exponiendo a las usuarias de internet a la explotación indebida de su información personal con fines comerciales.

Así también, la obligación de los proveedores de servicios en internet de chequear y suspender aquellas cuentas registradas con números de celular deshabilitados por las compañías telefónicas implica un intercambio innecesario de datos personales entre empresas, afectando también la libertad de expresión, al impedir repentinamente el acceso de las usuarias a toda su red de comunicaciones y contenidos compartidos.

Exponiendo a las más vulnerables

Igualmente preocupante es la imposición de nuevas exigencias a las aplicaciones de mensajería, que se verían obligadas a limitar el número de veces en que un mensaje puede ser reenviado y a almacenar los datos de todas las personas que lo han compartido.

Esta medida busca restringir la capacidad de acción de grupos maliciosos organizados. Sin embargo, junto con ello, pone trabas y límites a la circulación y distribución de contenidos verdaderos y de interés público a través de internet.

La obligación de retención de datos sobre el reenvío de mensajes implica además la asociación directa entre contenidos de una comunicación y las personas involucradas en ella, resultando en una violación al secreto de todas las comunicaciones, y que es fundamental para todas aquellas comunicaciones legítimas que demandan confidencialidad.  Si a eso sumamos la ya comentada obligación de registrar a todas las personas que utilizan servicios de redes sociales o mensajería privada, el resultado es un esquema masivo de vigilancia sobre la identidad de las personas y su actividad en redes digitales.

Es previsible que las personas más afectadas por estas medidas serán las defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, participantes en movimientos sociales y activistas en general, principalmente si sus opciones para comunicarse son limitadas. Estas son personas que de manera recurrente sufren amenazas y abusos debido a su trabajo, tanto por parte de agentes del Estado como de los privados, y, por lo tanto, tienen una especial necesidad de comunicarse de manera segura. A la vez, la información que producen a menudo es valiosa, capaz de desafiar a las fuentes de información oficial, asumiendo muchas veces un riesgo a la seguridad personal, por lo que una medida de este tipo puede tener un efecto inhibitorio y conducir a la disminución de la circulación de información.

Fortaleciendo la censura privada

Por medio de una redacción confusa, la propuesta parece obligar la remoción de contenido y cuentas de redes sociales que violen los términos de uso de las aplicaciones de redes sociales, por medio de la apertura de un procedimiento de moderación que incluya el derecho a la defensa. A pesar de que la garantía de debido proceso en la aplicación de normativas privadas respecto a la moderación de contenidos apunta en la dirección correcta, es preocupante que el texto no solo legitime la remoción de contenido, sino que la vuelva obligatoria, sin miramientos por atender adecuadamente estándares internacionales de derechos humanos.

La confusión entre los contenidos que deben ser removidos por violar normas nacionales y aquellos que pueden ser eventualmente removidos por las plataformas —de acuerdo a los estándares establecidos en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas— puede devenir en un ambiente de efectiva censura privada, dado que las plataformas definen sus políticas según intereses comerciales propios.

 Un ejemplo de la aplicación desproporcionada de políticas internas es la prohibición de publicar imágenes de personas desnudas en Facebook, que llevó a la remoción de contenidos oficiales del patrimonio cultural brasileño en 2015.  En aquella ocasión la imagen fue restituida, pero quizás eso no habría sido legalmente posible si hubiese habido una obligación de remoción como la prevista en el proyecto en discusión. La existencia de un mecanismo de moderación de ningún modo garantiza que este tipo de situaciones dejará de ocurrir, si es que efectivamente existe una limitación a este tipo de contenido en la política de la plataforma.

En el extremo opuesto, la obligatoriedad de moderación podría generar retrasos que comprometan gravemente los derechos de las usuarias que tengan dificultades para acceder a la Justicia, o en aquellos casos en que esta no pueda responder de manera ágil. Ejemplos de este tipo son las amenazas en redes sociales o la exposición de información personal en internet, cuyas víctimas son principalmente mujeres y personas LGBTTTIQ+.

Un debate apresurado

Si bien es fundamental pensar en la implementación de medidas en un marco de responsabilidades, rendición de cuentas y transparencia de las empresas de internet, con el objetivo de mitigar los daños a los derechos humanos que resulten de su actuación, el texto propuesto puede acentuar tales daños, al aumentar su poder de regulación privada en las plataformas de redes sociales. Las problemáticas señaladas en el proyecto de ley reflejan una discusión apresurada sobre el combate a la desinformación, desarrollada en el medio de una grave crisis política y de salud.

El proyecto de ley evidencia un desconocimiento de las recomendaciones internacionales en la materia y una falta de madurez en el debate. La normativa propuesta es desproporcionada para los fines que persigue y va en sentido opuesto a la histórica demanda por universalizar el acceso a internet en Brasil, y disminuir las múltiples brechas digitales que agudizan el problema de la desinformación.

Ni el contexto de pandemia ni la persecución de la desinformación justifican la vulneración de los compromisos asumidos por Brasil con la protección de derechos humanos.

Junto a más de 40 organizaciones internacionales exigimos que el Congreso brasileño rechace la llamada “Ley de Fake News” y convoque un diálogo amplio para discutir cómo responder a los desafíos de la desinformación en línea, acorde a los compromisos del Estado brasileño con el respeto a los derechos humanos.

Proyecto de ley de desinformación brasileño amenaza la libertad de expresión y la privacidad en línea

Un proyecto de ley sobre desinformación será votado el próximo jueves (25) en Brasil. La propuesta fue presentada en abril, en plena pandemia del Covid-19, y estuvo sujeta a diversas modificaciones. El texto final que será analizado por el Congreso es todavía incierto. La falta de transparencia es solo una arista más de un proceso marcado por las restricciones a la participación de múltiples partes interesantes y propuestas legislativas mal formuladas, que pueden implicar serios riesgos a la libertad de expresión y privacidad.

Versiones anteriores y posiciones públicas de legisladores sobre el tema dan cuenta de abusos en la criminalización de prácticas comunes, definiciones amplias y extensivas, y requisitos de identificación que amenazan la privacidad y la libertad de expresión, y generan nuevas formas de discriminación. En su versión más reciente – que debe ser presentada formalmente al Congreso – el proyecto de ley crea una Internet altamente controlada y pone a todas las usuarias bajo sospecha de desarrollar actividades consideradas ilícitas. Todavía más: la obligación de identificación por medio de documentos de identidad y un número único de teléfono celular puede excluir a millones de personas del acceso a información y servicios básicos en línea. Tal situación es particularmente dañina en un momento en que tal acceso se vuelve crucial para la participación en la vida política y el ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales.

El proyecto de ley amplía también las obligaciones de retención de datos preexistentes para permitir el monitoreo del reenvío de información en aplicaciones de mensajería. La medida no solo va directamente en contra de los estándares internacionales de derechos humanos en el derecho a la privacidad, sino que además pone las comunicaciones y la vida de defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas en riesgo constante. Otras preocupaciones respecto a la última versión del proyecto incluyen la posibilidad de bloquear las actividades de empresas de Internet en el país; la obligación de mantener bases de datos con información de usuarias brasileñas dentro del territorio nacional; el aumento de penas criminales para calumnia, injuria o difamación (incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos); y el refuerzo de obligaciones preexistentes de registro de tarjetas de celular, como ha sido señalado por una amplia coalición de organizaciones brasileñas.

La última versión del texto es incapaz de cumplir con el supuesto objetivo de combatir la desinformación, al estimular la concentración en el ámbito digital – por medio de obligaciones desproporcionadas a las empresas proveedoras de servicios en Internet – y la autocensura, estimulada por la excesiva vigilancia y la amplia criminalización de discursos. Al hacerlo, el proyecto de ley va en directa oposición a lo señalado por expertos internacionales de derechos humanos sobre el tema, quienes recuerdan que “los Estados tienen la obligación positiva de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, incluida la diversidad de medios, que constituye un medio clave para abordar la desinformación y la propaganda”, y que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos «noticias falsas» («fake news») o «información no objetiva», son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión, conforme se indica en el párrafo 1(a), y deberían ser derogadas”.

De ser aprobado, este proyecto de ley sentará un precedente preocupante para otros países que actualmente discuten regulaciones para restringir la desinformación. Se trata de un debate complejo, que no puede ser adelantado por mecanismos de tramitación de urgencia o la desconsideración de sus significativos impactos en los derechos humanos y las garantías procesales.

La desinformación puede tener impactos negativos en la democracia, la libertad de expresión, el periodismo y los espacios cívicos, al igual que los intentos inapropiados de regularla. Los Estados deben abstenerse de adoptar marcos normativos que no estén basados en evidencia y sean el resultado de un debate público amplio, con participación de los diferentes sectores de la sociedad. Como han señalado expertos internacionales de derechos humanos en sus recomendaciones sobre cómo responder al fenómeno de la desinformación, “los Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley, alcancen uno de los intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y resulten necesarias y proporcionadas para proteger ese interés”.

Una amplia discusión de múltiples partes interesadas y la adopción de reglas para garantizar más transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas de Internet, así como mecanismos para el debido proceso en la moderación de contenidos, son más que bienvenidos. Tal discusión debe considerar los estándares de derechos humanos que ya reconocen el control concentrado de las comunicaciones digitales como una amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, el texto en discusión falla en atender tales principios y no debería ser adoptado sin el debido debate público.

Por las razones expresadas, las organizaciones firmantes urgen a los legisladores brasileños que rechacen inmediatamente la última versión del texto, posponga la votación de la llamada “Ley de Fake News” (PL 2630/2020), remueva su tramitación en régimen de urgencia y convoque un diálogo de múltiples partes interesadas para discutir cómo responder a los desafíos de la desinformación en línea acorde a los compromisos del Estado Brasileño con el respeto al derecho internacional de los derechos humanos y los estándares existentes en la materia.

Firmas:

  • Access Now, Global
  • Amnesty International Brasil
  • ARTICLE 19, Global
  • Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), América Latina y el Caribe
  • Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Bolivia
  • Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina
  • Asociación TEDIC, Paraguay
  • Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Brasil
  • Association for Progressive Communications (APC), Global
  • Autres Brésils, Francia
  • Center for Democracy & Technology, US/EU
  • Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Uruguay
  • Centro Nacional de Comunicacion Social AC, México
  • Chaos Compuer Club, Alemania
  • Ciberfeministas GT, Guatemala
  • Damian Loreti, Argentina
  • Derechos Digitales, América Latina
  • Digital Empowerment Foundation, India
  • Digitale Gesellschaft, Alemania
  • Electronic Frontier Foundation (EFF), Global
  • Espacio Público, Venezuela
  • Freedom House, Estados Unidos
  • Fundación Datos Protegidos, Chile
  • Fundación Escuela Latinoamericana de Redes (EsLaRed), Venezuela
  • Fundación Karisma, Colombia
  • Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia
  • Fundamedios, América Latina
  • Future of Privacy Forum, Global
  • Hiperderecho, Perú
  • Human Rights Watch, Global
  • IFEX – América Latina y el Caribe (IFEX-ALC)
  • Index on Censorship, Global
  • Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Costa Rica
  • Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), Brasil
  • Instituto Prensa y Sociedad, Perú
  • Instituto Prensa y Sociedad, Venezuela
  • Internet Without Borders, Global
  • IPANDETEC, América Central
  • ISOC Brasil (capítulo brasileño de Internet Society)
  • Martín Becerra, Argentina
  • OBSERVACOM, América Latina
  • Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (OLA), América Latina
  • Open Knowledge Brasil
  • Paradigm Initiative (PIN), África
  • PEN America, Estados Unidos
  • R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, México
  • Reporters Without Borders (RSF), Global
  • Software Freedom Law Centre (SFLC.in), India
  • Sulá Batsú, Costa Rica
  • Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital, México
  • Tor Project, Global
  • Usuarios Digitales, Ecuador

Algunos consejos de seguridad y privacidad en línea

En el ámbito de la seguridad de la información, se han estudiado las distintas formas de manipular a las personas en situaciones y contextos específicos para obtener acceso a su información privada o inducirles a realizar una acción deseada. 

La ingeniería social explora un conjunto de técnicas basadas en características específicas de los seres humanos, tales como: reciprocidad, consistencia, evidencia, autoridad, empatía, escasez. Fuera del mundo de Internet, algunos ejemplos conocidos de ingeniería social son secuestros de teléfonos falsos, pero puedes ver muchos más ejemplos aquí.

En el contexto político y virtual, algunas técnicas conocidas son:

  • Infiltración
  • Ronda virtual (OSINT)
  • SIM swap
  • Doxxing
  • Phishing

A menudo, estas técnicas se combinan entre sí para garantizar la efectividad de la acción que la persona, aquí llamada «atacante», busca realizar.

Un ejemplo reciente del uso de la ingeniería social es el caso de Balta Nunes, en Brasil. Un oficial del ejército que se infiltró en grupos de activistas en 2016 y utilizó la ronda virtual y una infiltración para localizar y seducir a los activistas a fin de recopilar información para interferir en sus planes. El oficial fue descubierto cuando dirigió a un grupo de activistas a la policía -en una manifestación contra el ex-presidente Michel Temer- y todos, excepto él, fueron arrestados.

La ingeniería social también es utilizada por las empresas, tanto para espionaje como para manipular personas, datos o interferir en la toma de decisiones públicas, como lo ilustra este reportaje.

Ronda virtual

La Ronda Virtual, en seguridad de la información, es cuando una o más personas rastrean todas las pistas que dejas en línea, una forma de cacería virtual. Esta técnica es ampliamente utilizada en la vigilancia por parte de la policía -en este ámbito se le llama OSINT (inteligencia de fuente abierta)- y fue con ella que se iniciaron muchas investigaciones en Brasil contra activistas: verificar los gustos de las páginas de Facebook, confirmar invitaciones a eventos en línea para ir a manifestaciones, y publicaciones públicas. 

Cómo proteger tu información: haz que tus cuentas de redes sociales sean privadas, agrega únicamente a personas que conozcas, evita confirmar tu presencia en los eventos en línea (opte por la opción «guardar») y desactiva el etiquetado en fotos de redes sociales. En el caso de figuras públicas que necesitan exposición, es necesario un análisis de riesgo más preciso y específico.

SIM Swap

SIM Swap es la clonación o el robo del chip de tu teléfono celular, para tener acceso a y / o robar tu información personal. Fue ampliamente utilizada en el período electoral de Brasil en 2018 contra activistas feministas de #EleNão. No es necesariamente el robo de tu teléfono celular o tu chip físico, sino extraer tus datos personales junto con los del operador telefónico de tu dispositivo.

A menudo, las personas dejan tus números de teléfono disponibles en sus redes sociales, o son víctimas de doxxing y se filtran estos datos. Una vez que esos datos han sido expuestos, un atacante puede usarlos para suplantar la identidad de su víctima frente a un operador telefónico. Como las cuentas de sitios web o aplicaciones a menudo están vinculadas a tu número de teléfono celular, un atacante podría obtener acceso a tus cuentas e incluso suplantar tu identidad en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp.

Cómo proteger tu chip SIM/teléfono celular: deja tu número de teléfono privado y habilita la «autenticación de dos pasos» (2FA, por sus siglas en inglés) que sirve para verificar tu identidad mediante una aplicación o contraseña/pin. Puedes usarla en las aplicaciones que desees proteger (como WhatsApp, Signal, redes sociales, etc.), así -si eres víctima de este tipo de ataques- cuando un atacante intente suplantar tu identidad y acceder a tu información se encontrará con una barrera que le impedirá acceder a tu datos, mensajes, etc.

Recuerda que es importante crear una contraseña única (no utilizada en otros servicios), protegerla y cambiarla con frecuencia.

Doxxing

Doxxing es una técnica de recopilación de datos privados y/o públicos para intimidar a una persona o grupo de personas. Es extremadamente común en la disputa de narrativas, y puede conducir a la violencia de alto riesgo para las partes involucradas.

Si quieres aprender más al respecto, puedes consultar la guía de prevención y reducción de daños escrita por Gus aquí: https://gus.computer/blog/2020/06/04/doxxing/

Phishing

El phishing es una técnica antigua del mundo web, es la práctica de crear páginas o correos electrónicos similares a sitios web oficiales o redes sociales con el objetivo de robar datos de una persona específica o de varias personas al azar. El phishing se usa ampliamente para el robo de cuentas bancarias, cuentas de redes sociales y correos electrónicos.

¿Cómo evitarlo? No hagas click en los enlaces enviados por extraños, siempre verifica la dirección del sitio web al que está accediendo, nunca des tu contraseña a terceros y verifica -con la institución oficial- la información que te soliciten a través de llamadas, mensajes o correos; especialmente si se trata de un banco. Cuando accedas al sitio web de una organización, empresa o institución, verifica que tu conexión esté encriptada con un certificado válido. Es decir: usando https:// antes de la dirección, asegurándote de que el candado -que aparece a un lado de la dirección url- esté cerrado y comprobando que la dirección visitada corresponda con el sitio web de la organización, institución o empresa.







Este artículo es una traducción del original publicado por la autora en: https://medium.com/@narriral/pequenas-dicas-sobre-vigil%C3%A2ncia-e-seguran%C3%A7a-online-268c0f653499

Así que necesitas hacer una videollamada

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2020 será recordado como el año que vivimos confinados. La crisis desatada por la agresiva expansión del COVID-19 ha transformado por completo nuestras vidas cotidianas y, para una buena parte de la población mundial, cuestiones tan normales como dejar la casa por la mañana para ir al trabajo o a estudiar, visitar a nuestras familias o compartir con nuestras amistades se han transformado en un recuerdo cada vez más lejano de la vida “pre-crisis”.  

Las estrictas medidas de confinamiento —forzadas o autoimpuestas— requeridas para evitar el contagio y la propagación del virus, nos han obligado a buscar otras maneras de mantener el contacto. Es así como hemos visto un explosivo aumento de las videollamadas. Antes principalmente una herramienta de trabajo, hoy su uso intenta llenar el vacío que nos ha dejado la imposibilidad de compartir con los otros, y se extiende al abanico completo de “lo social”, desde las reuniones familiares a las clases de yoga.

Zoom ha sido la empresa que probablemente mejor haya capitalizado la ansiedad provocada por la pandemia, pasando de 10 millones de usuarios diarios a 200 millones de cada día. Pero este explosivo crecimiento vino acompañado de un mayor escrutinio y las distintas falencias de la plataforma comenzaron a adquirir visibilidad también. Entre las más importantes, el hecho de que Zoom comparte datos sobre sus usuarios con terceras partes, como Facebook, y que la compañía mintió respecto a la implementación de cifrado de extremo a extremo. Al mismo tiempo, prácticas como el “zoombombing” —la intromisión no deseada de extraños en una videollamada con el fin de desbaratarla—se han vuelto tristemente populares.

Desde luego, el “zoombombing” no es un problema exclusivo de Zoom, como tampoco lo son las consideraciones por la seguridad y la privacidad. Existen alternativas, cada una con sus pros y contras. ¿Cuál deberías utilizar? Elegir puede ser difícil, por lo que hemos desarrollado esta guía para ayudarte a tomar una decisión informada.

La idoneidad de un software sobre otro dependerá en gran medida de las necesidades específicas de tu videollamada. Además, es necesario recordar que ninguna solución es perfecta y que muchas veces es necesario hacer concesiones. Qué ceder dependerá de tus prioridades. Tampoco está demás decir que las videollamadas son una de las posibilidades en un abanico bastante nutrido de opciones, que quizás sea buena idea explorar. Alternativas como los correos electrónicos y los llamados telefónicos puedan parecerte anacrónicos, pero, dependiendo de las circunstancias, pueden ser mucho más cómodos y efectivos. Considera además que la tecnología que posibilita las videollamadas está lejos de ser perfecta, los cortes y las interrupciones son comunes, y la experiencia puede volverse bastante ingrata.

¿Necesitas hacer una videollamada? Perfecto. Veamos cuáles son tus opciones.

Necesito comunicarme con otra (1) persona

Lo primero que es importante saber es si es que la otra persona es menor de edad y/o si el contenido de la llamada es sensible. Si la respuesta es sí a cualquiera de esas preguntas, entonces te recomendamos el uso de software que proteja las videollamadas por medio de cifrado punto a punto. Esto quiere decir que los mensajes se transmiten codificados y son descifrados solamente cuando llegan a los usuarias o usuarios finales. Así, en caso de que alguien intentara interceptar la comunicación, no sería capaz de acceder a su contenido, incluyendo a quien administre la plataforma. Si bien hay situaciones donde el cifrado de extremo a extremo puede no ser esencial, recomendamos encarecidamente preferir las aplicaciones que lo han implementado.

En ese sentido, una alternativa interesante por su masividad es WhatsApp, que cifra el contenido de las videollamadas en ambos extremos. Esto significa que Facebook —dueños de WhatsApp- no pueden saber sobre qué están hablando sus usuarios y usuarias. Sin embargo, sí pueden conocer todo aquello relativo al contexto de la llamada: quién está hablando con quién, desde dónde, cuánto duró la videollamada, etc. Esta información se conoce con el nombre de metadatos. WhatsApp comparte metadatos con Facebook, por lo que si la privacidad de tu videollamada es muy importante para ti, te recomendamos utilizar Signal, una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, pero diseñada con un compromiso especial por la privacidad. Ha sido desarrollada y mantenido por una fundación sin fines de lucro, (la Signal Technology Foundation) y es un software gratuito y de código abierto. Muy recomendable.

Otra alternativa interesante es Jitsi. Al igual que Signal, es un software gratuito y de código abierto. Una de sus características más atractivas es que su versión de escritorio no requiere la instalación de ningún sofware extra: basta un enlace (que puedes generar acá) para comunicarte con quién quieras. Si bien Jitsi está experimentando con la posibilidad de ofrecer cifrado de extremo a extremo a las videollamadas, lamentablemente la funcionalidad no está hoy disponible. (*) Una forma de paliar este inconveniente es utilizar un servidor seguro. El Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Educação & Cultura recomienda los siguientes:

Otra opción es Skype, que admite el cifrado de extremo a extremo, pero es necesario habilitarlo. Para ello debes acceder al menú desplegable “Nuevo chat” y seleccionar la opción “Nueva conversación privada”. Y si da la casualidad de que las dos personas que participaran en la videollamada usan productos Apple, pueden utilizar Facetime, una opción bastante conveniente, pero solamente disponible para los usuarios y usuarias de dispositivos fabricados por esta empresa.

¿El contenido de tu videollamada no es particularmente sensible? Quizás vale la pena considerar la posibilidad de llamar por teléfono, una opción rápida y sencilla.

Necesito tener una conversación privada con un grupo pequeño de personas

Si el contenido de tu videollamada no es sensible y no involucra menores de edad —por ejemplo, si lo que quieres es juntarte con un grupo de amigos para ver cómo están y compartir a través de la cámara web— entonces probablemente las opciones listadas más arriba sean suficientes: WhatsApp admite videollamadas con hasta 8 personas, 32 en Facetime, 50 en Skype y 75 en Jitsi.

Otras opciones pueden ser Webex y GotoMeeting. Estas dos plataformas fueron diseñadas para el ámbito laboral y tienen múltiples funcionalidades, pero son más complejas de manejar. GotoMeeting es un software de pago y es probablemente una buena opción para empresas que necesiten seguir reuniéndose con sus empleados. Webex liberó recientemente una versión gratuita que soporta hasta 100 participantes. Y aunque soporta cifrado de extremo a extremo, este solo está activado para clientes de pago; quienes hayan creado una cuenta gratuita después del 18 de marzo deben solicitar la habilitación del cifrado de extremo a extremo a soporte al cliente (más información acá).

Tanto Webex, GotoMeting y Jitsi permiten asegurar las videollamadas con una contraseña, una medida que te ayudará en contra del “zoombombing”, mientras que WhatsApp, Skype y Facetime requieren identificar a cada uno de los participantes, protegiéndote contra la intrusión de desconocidos con ánimos de arruinar tu videollamada.

Una cosa que es necesario considerar es que la calidad de la videollamada se verá afectada tanto por la calidad de la conexión de cada todos los y las participantes, así como también por el número de personas conectadas a la videollamada; entre más personas participen, más difícil será asegurar la calidad de la conexión y la estabilidad de la comunicación.

Necesito tener una comunicación pública con muchas personas

El contexto de pandemia y cuarentena ha obligado a repensar los eventos públicos. Algunos han tenido que ser cancelados, mientras que otros se han transformado para satisfacer el imperativo del distanciamiento social. Si estás pensando organizar el lanzamiento de un libro, un conversatorio o un webinar, lo que necesitas no es una videollamada, sino una plataforma de streaming.

El streaming te permite transmitir audio y video en tiempo real a través de internet. Algunas de las alternativas gratuitas más populares son Youtube Live (de Google), Facebook Live (de Facebook) y Periscope (de Twitter). Otra alternativa popular, aunque de pago, es Twitch (propiedad de Amazon).

Hay dos beneficios principales que destacar de las plataformas de streaming: en primer lugar, te aseguran mejor calidad de audio y video, y mayor estabilidad de la conexión. En segundo lugar, puesto que los espectadores solamente pueden participar a por medio de texto en una ventana de chat, es más difícil ser víctima del “zoombombing”.

Una alternativa interesante puede ser utilizar una palataforma de videollamadas junto a una plataforma de Streaming, por ejemplo Jitsi y Youtube.

Necesito tener una conversación privada con un grupo grande de personas

Hay muchas razones por las cuales esto no puede funcionar a nivel técnico. Por un lado, la dificultad de mantener videollamadas con un gran número de participantes; por otro, la dificultad de mantener algo privado cuando un número importante de personas están involucradas, por mencionar solo dos.  

Dicho eso, si es algo que quieres intentar, dependiendo de cuántas personas participen, puedes utilizar las alternativas listadas más arriba (Jitsi, Skype, GotoMeeting, Webex).

¿Y qué hay de Zoom?

Probablemente la plataforma de videollamadas que más visibilidad ha adquirido en el marco de la cuarentena, Zoom no ofrece cifrado de extremo a extremo, entre otras muchas consideraciones de seguridad y privacidad. Pero si se te hace cómodo utilizarla, la videollamada no involucra menores de edad y consideras que el contenido de tu comunicación no es sensible, obviamente puedes usarla (de todos modos, sigue estos consejos para evitar el “zoombombing”). Otra opción similar es Google Meet, que recientemente abrió una versión gratuita que permite comunicarse con hasta 100 personas a través de audio y video. Como Zoom, Meet no protege las videollamadas con cifrado de extremo a extremo, pero si el contenido de la llamada no es sensible y te resulta fácil de usar (está incrustada en la versión de escritorio de Gmail), es una opción a considerar.  

¿Necesitas más ayuda?

Esta guía fue elaborada utilizando información ya recopilada por Mozilla y su proyecto “Privacy Not Included”, Freedom of the Press y su cuadro “Which Video Conferencing Tool is Right for the Job” y la Oficina de Seguridad del Internauta y su cuadro “Medidas de seguridad y privacidad en plataformas de videoconferencias”.

Además puedes revisar la guía Worried about Zoom’s privacy problems? A guide to your video-conferencing options, de The Guardian.

¿Tienes dudas o sugerencias? Escríbenos a videollamadas[at]derechosdigitales.org

Descargas

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Ediciones

(*) La versión original de esta guía, publicada el 26 de mayo, indicaba que el cifrado de extremo a extremo era posible en Jitsi cuando la videollamada se restringía a dos participantes, siguiendo lo señalado por Freedom of the Press en “Which Video Conferencing Tool is Right for the Job”. Aunque esto es técnicamente correcto, el 16 de junio nos hemos visto en la obligación de modificar la redacción de la guía pues, tras revisar con más atención la discusión en torno a este punto, nos hemos dado cuenta de que no es posible garantizar que la videollamada se mantendrá cifrada de extreno a extremo. Para mayor información sobre este punto, por favor revisar la ilustrativa discusión acá https://github.com/jitsi/jitsi-meet/issues/409