Temática: Libertad de expresión

Brasil: entre el intento de golpe autoritario y amenazas a la soberanía digital

Antecedentes

A diferencia de otros países latinoamericanos que emprendieron procesos de reparación tras regímenes dictatoriales, Brasil optó por una política de amnistía hacia los militares que comandaron brutalmente el país entre 1964 y 1985. Esta decisión permitió la reaparición de antiguas prácticas autoritarias y facilitó el resurgir de sectores extremistas, que recurren a la violencia política y han aprendido a expandir su control a través  del uso de tecnologías. Estas prácticas no sólo resuenan a nivel interno, sino que también se reflejan en la influencia imperialista externa, cuya sombra persiste desde el pasado dictatorial latinoamericano y continúa generando fricciones institucionales en Brasil, donde la soberanía digital enfrenta amenazas infundadas.

Uno de los episodios más simbólicos de los últimos años en Brasil fue la tentativa de golpe de Estado formalmente denunciada la semana pasada por la Procuraduría General de la República. Según la denuncia, un grupo liderado por el expresidente Jair Bolsonaro y otros 33 hombres habría orquestado un plan radical para desmantelar el orden democrático luego de las elecciones presidenciales de 2022. Este complot no solo apuntaba a generar inestabilidad institucional, sino que contemplaba medidas extremas como el asesinato del presidente electo Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin, y del ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. 

Este intento, de clara naturaleza violenta y desestabilizadora, pretendía instaurar un régimen de facto mediante el uso de la fuerza, evidenciando el grave riesgo que corre la democracia en Brasil. Las plataformas digitales, vale decir, tienen un rol importante en este contexto de inflamación autoritaria. Tal como ya señalamos en esta columna, redes sociales como X -suspendida en Brasil en 2024- han servido como  espacios donde actores antidemocráticos coordinan ataques a instituciones y amplifican narrativas que buscan justificar la violencia política. 

Viejas prácticas, nuevas herramientas

El autoritarismo arraigado que continúa amenazando al país –y que también se observa en otros lugares de la región– se ha adaptado a la era digital, extendiéndose a través del uso de nuevas tecnologías. Un caso representativo en Brasil es el de FirstMile, señalado en el reciente reporte desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) y liderado por Derechos Digitales “En La Mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina”. En enero de 2024, la Policía Federal anunció una investigación contra exfuncionarios de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro, acusados de haber vigilado ilegalmente a unas 30.000 personas, entre ellas periodistas y magistrados del Supremo Tribunal Federal. La vigilancia denunciada se llevó a cabo mediante el uso del software israelí FirstMile, el cual permite interceptar la ubicación de equipos móviles a través de señales de GPS vulnerando así la confidencialidad de información protegida por ley nacional. El acceso a la ubicación de un dispositivo no solo permite rastrear los movimientos de una persona en tiempo real, sino que también puede derivar en la exposición de datos sensibles, como fuentes periodísticas, redes de contacto y patrones de comportamiento, ampliando el alcance de la vigilancia ilegal y el riesgo de persecución política.

La relación entre los movimientos autoritarios –y tecnoautoritarios– y la soberanía nacional es compleja y, en ocasiones, contradictoria. La dictadura militar en Brasil, al igual que otras en América Latina en esa misma época, estuvo fuertemente marcada por la influencia de los Estados Unidos. Un ejemplo claro de esta injerencia fue el Plan Cóndor, una operación transnacional de represión coordinada entre las dictaduras del Cono Sur, con apoyo estadounidense, basada en el intercambio de inteligencia y vigilancia sobre opositores políticos. Esta infraestructura represiva, que incluía interceptaciones de comunicaciones, seguimiento de movimientos y colaboración entre agencias de seguridad, sentó un precedente para el uso de tecnologías con fines de vigilancia, una lógica que persiste en las estrategias actuales de control y monitoreo digital.

Aunque estos regímenes autoritarios exaltaban el nacionalismo, al mismo tiempo promovían lo que en Brasil se conoce como «complejo de vira-lata»: una percepción de inferioridad en la que los brasileños y brasileñas se colocan voluntariamente frente al resto del mundo, lo que conlleva a la idea de que el país debe someterse a prácticas extranjeras, especialmente de países con mayor poder económico y geopolítico. En otras palabras, se configura una paradoja entre el discurso nacionalista de los líderes antidemocráticos en la región y las implicancias reales de sus políticas en términos de soberanía nacional, una contradicción que se extiende cada vez más a la esfera digital.

Un ejemplo de esta paradoja se vio en la postura del gobierno de Bolsonaro hacia las grandes plataformas digitales. Mientras su retórica política se basaba en la defensa de la soberanía y la independencia nacional, su administración facilitó la consolidación del poder de corporaciones tecnológicas extranjeras, debilitando los intentos de regulación local desde un falso discurso de resguardo de la libertad de expresión y permitiendo que actores privados transnacionales tuvieran un control sin precedentes sobre la información y el debate público en Brasil. Este modelo de dependencia tecnológica refuerza el desequilibrio de poder y reduce la capacidad del país de definir sus propias reglas en el entorno digital.

La disputa por el control normativo: el enfrentamiento entre regulaciones nacionales y poder corporativo

La semana pasada, además de la denuncia contra el expresidente Bolsonaro por la tentativa de golpe, una serie de noticias polémicas volvió a colocar a Brasil en el centro de la atención global. Se produjo un enfrentamiento entre el ministro Alexandre de Moraes – quien era uno de los blancos del plan golpista– y los grupos de medios Rumble y Trump Media & Technology Group DJT.O. Estas empresas abrieron un proceso judicial en el Tribunal Federal de Florida, argumentando que el juez censura ilegalmente el discurso político de figuras afines a la derecha en Estados Unidos.

La disputa se originó luego de que de Moraes ordenara la suspensión de cuentas en plataformas digitales, incluyendo Rumble, de individuos acusados de difundir desinformación y promover actos antidemocráticos en Brasil, como el bolsonarista Allan dos Santos, quien se encuentra en Estados Unidos y tiene orden de extradición en Brasil. Las empresas sostienen que tales órdenes exceden la jurisdicción brasileña y violan la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que protege la libertad de expresión. Sin embargo, este litigio se inscribe en una tendencia más amplia de corporaciones tecnológicas estadounidenses que evitan cumplir regulaciones locales fuera de su país de origen, desafiando la soberanía de los Estados en los que operan.

El caso de Rumble es un ejemplo claro de este problema. La plataforma carece de representación legal en Brasil, lo que dificulta que cumpla con órdenes judiciales como la eliminación de contenidos ilegales –incluyendo discursos de odio y desinformación–. Esta situación aumentó la tensión en el contexto brasileño y llevó a la suspensión de la red social en el país por el mismo ministro Alexandre de Moraes, una medida similar a la que afectó a X temporalmente en 2024. El conflicto refleja una dinámica estructural más amplia: mientras las plataformas digitales exigen protección legal en los Estados Unidos, se niegan a acatar  legislaciones nacionales cuando no les resulta conveniente. Se busca así utilizar el marco legal estadounidense para evitar el cumplimiento de la ley brasileña, apuntando a  una jerarquización normativa que favorece a actores extranjeros en detrimento de la soberanía nacional.

Más allá de este caso, la creciente reticencia  de las corporaciones digitales a cumplir con  la regulación estatal refuerza dinámicas de injerencia extranjera. La reciente declaración de Mark Zuckerberg sobre la existencia de “cortes secretas” en Brasil contribuye a esta narrativa, presentando cualquier esfuerzo por garantizar el cumplimiento del marco legal nacional como una amenaza a la libertad de expresión, cuando en realidad el problema de fondo es la falta de mecanismos democráticos para asegurar que estas empresas respondan ante la justicia de los países donde operan.

Las amenazas a Brasil y sus ecos en la región

La situación en Brasil refleja una democracia debilitada por la persistencia de prácticas autoritarias y, más recientemente, por el uso indebido de la tecnología como herramienta de control. La tentativa de golpe, que contemplaba acciones de violencia contra líderes democráticos, y el caso FirstMile, que expone un esquema de vigilancia masiva sin garantías legales, evidencian la necesidad urgente de reforzar las instituciones democráticas en el país y en toda la región. Asimismo, la acción judicial promovida por grupos afines a Trump contra Alexandre de Moraes sienta un peligroso precedente para otros Estados del Sur Global, que enfrentan dinámicas similares de injerencia extranjera y evasión de marcos legales por parte de las plataformas tecnológicas.

En este escenario, es importante considerar que si en Brasil, una de las economías más grandes de la región y con un peso geopolítico significativo, la democracia es atacada con tal intensidad, cabe preguntarnos qué sucede en países con menos recursos institucionales y menor capacidad de respuesta. Este contexto expone nuevos riesgos relacionados al creciente poder de las empresas tecnológicas, quienes ahora incluso -mediante sus líderes- forman parte de la nueva administración del gobierno de Trump. Frente a estos desafíos, resulta imprescindible fortalecer la resistencia democrática mediante la promoción de la transparencia y el respeto a los derechos. Asimismo, es necesario avanzar en regulaciones basadas en derechos humanos que supervisen el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia, en línea con los llamados de la ONU para una moratoria sobre estas herramientas hasta que existan salvaguardas adecuadas. Solo así se podrá garantizar un futuro donde la soberanía y la democracia sean pilares inquebrantables de la sociedad, no solo en Brasil, sino en toda América Latina.

Resiliencia digital para combatir la censura en Venezuela

Escribir sobre Venezuela siempre representa un reto personal. No porque falte material para explicar la deplorable situación de la libertad de expresión en el país, sino porque esa situación no ha cambiado para mejor ni un ápice, es la misma situación sólo que peor. Los cercos que el régimen impone a la libertad de expresión y asociación pasaron de ser administrativos a legislativos, con un set de nuevas leyes que no disimulan sus intenciones. Solo por nombrar algunas: la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, la Ley Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, y el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Todo un conjunto cuya aplicación genera el riesgo no solo de minimizar sino desaparecer las voces disidentes del país, afectando comunidades, activistas y organizaciones sociales que son críticas al gobierno.

Los afectados no son únicamente los medios de comunicación, quienes han enfrentado un largo historial de sanciones administrativas, desde la reducción  del papel periódico hasta el  cierre de canales y emisoras de radios. Y hasta peor aún, varios se han visto obligados a negociar su línea editorial para no dejar a toda una industria desempleada. La intrusión va más allá. No solo se monitorean las redes sociales sino  que expresarse libremente a través de mensajería privada es cada vez más difícil.  Incluso se han aplicado sistemas para delatar, con app incluida, dejando claro que por más medidas de seguridad digital que se adopten, nada te protege de la posibilidad de que te delaten.  A su vez, las manifestaciones públicas, por más pacífica que sean, siempre representan un riesgo. Tenemos en nuestro haber varias fechas que lo confirman y lamentablemente son parte de nuestra historia. Así llegamos a este 2025 en donde como la florecita que rompe el asfalto, la libertad de expresión insiste en ser, bueno, libre. Lamentablemente, la realidad no es tan inocente como el ejemplo y el costo es grande aunque tengamos una sonrisa en la cara.

Qué sería la vida sin creatividad

En contextos hostiles y restrictivos como el venezolano, en donde los medios de comunicación han sido diezmados, las periodistas buscan crear un nombre propio en redes sociales y convertirse en sí mismas en medios de comunicación, a pesar de los riesgos que pueda representar. Una de las grandes ventajas de la democracia de la internet. En un contexto con medios de comunicación diezmados, además de una conectividad deficiente y poco confiable, las comunidades toman acción para complementar los esfuerzos por el flujo de la información. Así surge la infociudadanía: personas de la comunidad que se encargan por motus propio de la difusión de información que sea de relevancia para sus comunidades. Suelen hacerlo en grupos (medios comunitarios) o a título personal, dando espacio al periodismo hiperlocal y de servicio, además de ser una forma de evadir la censura y la intrusión. La solidaridad como valor es indispensable para que las comunidades puedan seguir adelante.

Por otro lado, hay que tener presente que Venezuela tiene un problema de infraestructura grave y que es una situación de potencial caos: el sistema eléctrico nacional no da abasto para satisfacer la demanda del país. Además, la penetración de internet depende de la expansión de empresas privadas (con precios en ocasiones prohibitivos) porque la institución nacional CANTV ha ido desmejorando sus servicios de forma dramática, incluyendo la pérdida de líneas telefónicas de hogar, servicios de telefonía celular y por supuesto, conectividad a internet.

¿Cómo hacer para que la gente se informe sin radio, sin televisión, sin internet? Una posible respuesta es: la creatividad, sencilla y artesanal pero que sirva para mantener a la gente informada. Por ejemplo, es así como el uso de carteleras y similares estrategias sirven para difundir información, una técnica utilizada hasta por instituciones públicas en las que se tramitan diligencias oficiales como solicitar la cédula. Si bien estas prácticas no te ahorran el viaje hasta la oficina del trámite, por lo menos es información oficial.  

Las periodistas que siguen en su trabajo lo hacen con el riesgo inminente de caer en el radar del régimen lo que puede derivar en una detención arbitraria. De hecho, varios periodistas figuran actualmente en la lista de presos políticos del país por el solo hecho de ejercer su profesión. Como una forma de evadir la persecución, varios medios digitales se aliaron para crear dos avatares con inteligencia artificial que dieran las noticias, demostrando que también se puede hacer mucho más que sólo catfish con esta tecnología. Por otro lado, medios de noticias locales han creado canales en servicios de mensajería directa (WhatsApp y Telegram) para difundir información aprovechando la penetración que tienen estas aplicaciones en el país.

Cómo se ve el futuro

El trabajo en las comunidades y la acción directa en lo local han demostrado ofrecer una alternativa viable y que sí responde a las necesidades de la gente. Si bien no son soluciones perfectas y con alcance limitado, representan ejemplos valiosos de cómo el fortalecimiento de la democracia desde sus bases, con los recursos disponibles, puede generar cambios positivos.

En Venezuela, como en toda la región, necesitamos un entorno digital en sintonía con una democracia participativa e inclusiva que se desarrolle en beneficio de la ciudadanía y respete las diferencias. Desde Derechos Digitales seguiremos monitoreando el estado de situación de los derechos humanos en entornos digitales y las vulneraciones al derecho a la comunicación en Venezuela y en el resto de América Latina con iniciativas como el reporte En la Mira del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) y el trabajo continuo con aliadas en la región.

El rol de las Big Tech en el auge del autoritarismo

La alineación de las Big Tech con tendencias autoritarias no es un fenómeno nuevo, pero los últimos acontecimientos indican una peligrosa aceleración del uso de herramientas tecnológicas para satisfacer una agenda política con tintes fascistas. Como ninguna decisión puede ser analizada aislada de su contexto, tanto el anuncio de cambios en la moderación de contenidos de Meta, como el ascenso de Elon Musk a la Casa Blanca reflejan la consolidación de una alianza público-privada que encuentra su punto común en la misoginia, el racismo y el nacionalismo; y que instrumentaliza a la desinformación tanto como estrategia de control político como base de modelos de negocios.

El cambio de administración en los EE. UU. se produce en un contexto global de retrocesos significativos en Derechos Humanos. Un reciente informe de Human Rights Watch –que analiza las prácticas de DD.HH. en 100 países– señala que en las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar el año pasado “los líderes autoritarios ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias”. Esto lo podemos ver muy claramente tanto en la campaña- y en las posteriores acciones gubernamentales- estadounidense de 2024 como en la argentina de 2023:  obsesionados con impulsar el concepto de que los derechos son consecuencia de una “ideología de género”, a través de afirmaciones falsas que van desde acusaciones violentas de “trastornos mentales” de la comunidad LGBTQIA+, hasta datos incorrectos sobre femicidios. La comunidad migrante también ha sido blanco de ataques, fundamentados en estadísticas falsas sobre comisión de delitos.

Este escenario se complejiza con el rol de las Big Tech, quienes –producto de la concentración de producción de tecnología y manejo de información en espacios digitales- se han vuelto más poderosas que muchos Estados, incluso valiendo más que el PIB de muchos países.  Investigaciones realizadas por la sociedad civil denotan que las empresas priorizan sistemáticamente el beneficio económico sobre las personas, vulnerando su privacidad para obtener beneficios comerciales sin su conocimiento y consentimiento, y permitiendo  la amplificación de discursos nocivos (incluido y no limitado a violencia basada en género) por réditos económicos,  además de censurar contenido político contrario a intereses dominantes, como el genocidio en Gaza.

Con la llamada a “la recuperación de la energía masculina” de Zuckerberg, que coincide con posturas abiertamente machistas, racistas y transfóbicas de Elon Musk, los magnates de la tecnología se alinean con los líderes autoritarios no solo en pensamiento, sino en acciones. La diferencia es que ahora ya no tienen que ocultarlo. Desde cambios en moderación de contenidos en sus plataformas, hasta donaciones millonarias a la campaña presidencial, las Big Tech pasaron de influenciar el ámbito político a formar parte del Estado.

El cálculo político detrás de los cambios en las políticas de contenido de Meta: la relación directa con medidas gubernamentales

Como hemos señalado en una publicación anterior, Meta ha anunciado una serie de cambios en sus políticas -ya problemáticas- de moderación de contenido en EE.UU., incluyendo el fin del programa de verificación externa y su reemplazo por un sistema de Notas Comunitarias similar al de X. Es importante resaltar que este sistema es criticado no solo por su ineficacia para frenar la desinformación masiva, sino también por ser susceptible de ser manipulada por los usuarios que participan en ese proceso. A esto, se le suma el cese de los esfuerzos oficiales para frenar la desinformación.

Por otra parte, avanza la reducción de restricciones en temas sensibles relacionados con género y migración, que probablemente provocará un mayor daño a las comunidades en riesgo no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aunque estos cambios se presentan como una apuesta por la libertad de expresión, su impacto real podría traducirse en un aumento de desinformación, discursos dañinos y manipulación informativa, a la vez que amenaza paradójicamente la libertad de expresión. El debilitamiento de estas regulaciones facilita la expansión de discursos de odio y narrativas discriminatorias, los cuales han sido históricamente utilizados para excluir y silenciar a determinados grupos. Aunque no siempre constituyen conductas ilegales, su impacto puede ser profundamente perjudicial. Esto podría traducirse en un aumento de ataques digitales dirigidos a comunidades como mujeres, personas migrantes y minorías, contribuyendo a la normalización de la violencia y la perpetuación de la discriminación.

Como hemos señalado en una publicación anterior, las prácticas de violencia digital tienen repercusiones que van más allá del entorno en línea, generando serias amenazas a la seguridad y la integridad física de mujeres y personas LGBTQIA+. La violencia digital provoca daños psicológicos, afecta las relaciones sociales, fomenta la violencia sexual y física, y en casos extremos puede derivar en feminicidios. Además, actúa como una forma de censura al producir un efecto paralizante (chilling effect), que impacta tanto a nivel individual como colectivo, con consecuencias negativas para el debate público, un pilar fundamental en las sociedades democráticas.

Estos cambios, también coinciden con los temas principales de las medidas gubernamentales de Trump que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas trans y personas migrantes, los cuales tendrán un impacto en la manera en que Meta hace eco a ese discurso social. Es tal el compromiso del Presidente estadounidense con la agenda anti derechos, que no solo suspendió los programas de diversidad, igualdad e inclusión del gobierno federal, sino que empleados federales de distintas agencias gubernamentales recibieron correos instándolos a denunciar ante la OPM a colegas que creían que estaban trabajando en iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y acceso (DEI).

Las puertas giratorias de Sillicon Valley al Estado

Elon Musk se ha convertido en un aliado clave de Trump. Desde haber aportado sumas millonarias que ascienden a 250 millones de dólares en los últimos meses del ciclo electoral a la campaña, hasta asumir un cargo público dentro del Estado al frente del publicitado nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, su influencia ha ido incrementando a pasos agigantados.

Conforme reportan medios de comunicación, los rangos más altos de la oficina de Administración de Personal estarían siendo ocupados por personas pertenecientes a su círculo de confianza dentro de la industria tecnológica. Por ejemplo, la recientemente nombrada como jefa de personas de dicha dependencia, Amanda Scales, anteriormente trabajó en xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk. Otros posibles nombramientos incluyen a personas vinculadas a Tesla, Boring Company y Neuralink, todas empresas pertenecientes a Musk.

La chance de influenciar la regulación de la implementación de tecnologías, salta como un interés evidente de los señores tech, considerando que parte del éxito de sus compañías recae en la explotación sistemática de lagunas regulatorias. No obstante, expertos advierten que los mayores beneficiarios de esta fusión serían las agencias de inteligencia gubernamental al poder ampliar sus capacidades de vigilancia no solo mediante nuevas y avanzadas tecnologías, sino también a través del intercambio de información y experticia. De hecho, la directiva 406 aprobada el 16 de enero del presente por el entonces Director de Inteligencia anima a que las agencias amplíen sus asociaciones con entes no gubernamentales.

El salto de ex representantes estatales al sector tech tampoco se hizo esperar. Zuckerberg designó a grandes personalidades republicanas al interior de Meta. Algunos ejemplos incluyen a Joel Kaplan y Kevin Martin -ambos ex funcionarios de Bush- como nuevo jefe de Asuntos Globales de la empresa y vicepresidente de Política Global respectivamente. Así como también las incorporaciones de Jennifer Newstand, quien fuera funcionaria del Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump, como asesora general de la empresa, y Dana White, parte del círculo de confianza de Trump, como integrante de la Junta de Meta.

Impactos en América Latina

Inevitablemente el panorama descripto impacta en América Latina de diversas maneras. Tomando en cuenta la predominancia de estas empresas en la región, surgen preocupaciones legítimas acerca de los derechos fundamentales en espacios digitales con potenciales afectaciones a la integridad de la información y a la protección del ejercicio de derechos de comunidades en situación de vulnerabilidad.

De hecho, Brasil -quien ha liderado esfuerzos por impulsar el cumplimiento de las Big Tech de las legislaciones locales- ha solicitado explicaciones a Meta sobre el impacto de los cambios de las políticas. Seguidamente, convocó a una audiencia pública sobre desinformación y moderación de contenido, donde las Big Tech brillaron por su ausencia. Si bien Meta había señalado que por el momento se aplicarían solo a Estados Unidos, la agencia estatal para la defensa jurídica del Estado (AGU), advirtió que los cambios “no se adecúan a la legislación brasileña” y expresó preocupación por la posibilidad de que la plataforma pueda ser “terreno fértil para la violación de (…) derechos fundamentales”.

Por otra parte, las decisiones de Trump referentes al ámbito internacional también traerán consigo repercusiones significativas, por ejemplo a partir del retiro de la Organización Mundial de la Salud y del acuerdo climático de París. Las agencias de la ONU han advertido sobre el impacto negativo de estas medidas, señalando que podrían debilitar los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y afectar gravemente la salud pública a nivel mundial.

A su vez, al ser Estados Unidos el mayor donante individual de ayuda a nivel mundial, la suspensión de ayuda extranjera para evaluar que las iniciativas se alineen con las políticas de gobierno, afecta a comunidades enteras y a organizaciones de la sociedad civil que han trabajado sostenidamente en la defensa de los derechos humanos; además de debilitar esfuerzos para hacer frente a giros cada vez más acelerados del autoritarismo.

Desde Derechos Digitales seguiremos trabajando en exigir la responsabilidad a las plataformas y mantener una vigilancia activa sobre los impactos reales de estas decisiones en la vida de las personas.

Fuera del algoritmo: Cómo comunicar más allá de las redes sociales

Recuerdo cuando abrir una cuenta de Twitter era casi un acto revolucionario. En aquellos días, la plataforma prometía algo cercano a la igualdad: un lugar donde las ideas, más que las jerarquías, definían el alcance de tu voz. Para muchas organizaciones de la sociedad civil, Twitter, Facebook e Instagram (un poco después) fueron herramientas esenciales para denunciar injusticias, movilizar comunidades y visibilizar problemas que los medios tradicionales pasaban por alto. A lo largo de los años, lo que parecía un espacio inclusivo se fue desmoronando hasta convertirse en algo muy distinto.

Por ejemplo, desde que Elon Musk tomó las riendas de X, la antes llamada Twitter, el ambiente en la plataforma se ha vuelto insostenible. Con el discurso de odio en auge, los insultos racistas, misóginos, edadistas y homofóbicos no solo han aumentado, sino que se han normalizado. El regreso de cuentas previamente suspendidas por incitar a la violencia ha amplificado estos problemas. Lo que alguna vez fue un refugio para voces críticas ahora se siente como un espacio hostil, especialmente para quienes defienden los derechos humanos.

Meta tampoco se queda atrás. En un giro reciente, la empresa ha anunciado el fin de su programa de verificación de datos en Facebook, Instagram y Threads. La medida, presentada como un paso hacia una supuesta “libertad de expresión”, amenaza con convertir estas plataformas en un terreno aún más fértil para la desinformación. Esto ocurre justo antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en un momento político clave que no parece una coincidencia.

Finalmente, esta medida elimina una de las pocas herramientas que intentaban, al menos en teoría, mitigar los daños del contenido falso o malintencionado. Esto no es solo preocupante, es alarmante: en una época en la que las sociedades enfrentan desafíos como la polarización y la crisis de confianza en la información, la decisión de Meta puede tener consecuencias devastadoras. Si bien un sistema de notas comunitarias podría aumentar la confianza en la verificación de hechos, también existe un riesgo de manipulación de esos sistemas.

El dilema de abandonar las redes

En este panorama, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan un dilema. Las redes sociales, a pesar de todos sus problemas, siguen siendo el lugar donde ocurre la conversación pública, donde figuras públicas como presidentes, congresistas y periodistas intercambian información e ideas, y donde todavía se discuten noticias a medida que ocurren. Dejar de usarlas podría significar perder el alcance y la relevancia necesarios para incidir en los debates globales. Sin embargo, quedarse muchas veces implica navegar en un espacio cada vez más tóxico, donde el riesgo de ser acosado, doxeado o atacado es constante. ¿Es posible encontrar un punto medio?

The Engine Room, realizó un estudio llamado “Explorando una transición hacia plataformas alternativas de redes sociales para organizaciones de justicia social en el Sur Global”, donde señala que las redes sociales tradicionales presentan preocupaciones significativas relacionadas con la recolección intrusiva de datos, la vigilancia y la propagación de desinformación. También destacan que plataformas alternativas, como Mastodon y BlueSky, ofrecen experiencias más comunitarias y menos extractivas, permitiendo a los usuarios crear y gestionar sus propios espacios en línea. Varias organizaciones nos hemos sumado a una tendencia por relevar el rol de tecnologías que devuelven al menos algo de control a sus usuarios.

Las alternativas, aunque prometedoras, aún no están listas para reemplazar por completo a las grandes plataformas, porque su alcance sigue siendo limitado. Migrar hacia ellas implica convencer a nuestras audiencias de hacer lo mismo, algo que no es fácil en un entorno donde los “efectos de red” (o si prefieres, la inercia y la comodidad) mantienen a las personas atadas a las plataformas tradicionales. Pero estas alternativas son un recordatorio de que otras formas de comunicación digital son posibles, aunque todavía estén en construcción. The Guardian o La Vanguardia se aventuraron a cerrar para siempre las puertas en redes como X. Mucho antes, en el 2021, la marca Lush dejó de usar redes sociales, declarándose “antisocial”.

Mientras tanto, surge la pregunta: ¿es posible que las organizaciones de la sociedad civil se desvinculen de las redes sociales más populares hoy? La respuesta no es sencilla, pero es evidente que diversificar los canales de comunicación es imprescindible. No podemos depender exclusivamente de plataformas que priorizan la extracción y el lucro, persiguen objetivos políticos orientados a ganar poder, o imponen narrativas autoritarias y conservadoras sobre los derechos humanos.

Además, las organizaciones de la sociedad civil suelen publicar de manera orgánica, con poca o nula inversión en publicidad, lo que dificulta aún más que su contenido llegue a las audiencias. Por ello, los boletines por correo electrónico, las páginas web actualizadas y las colaboraciones con medios de comunicación independientes siguen siendo herramientas valiosas para alcanzar a las audiencias más allá de tuits e historias. Es también el momento de explorar nuevos formatos: podcasts, videos documentales y eventos híbridos que combinen lo digital con lo presencial. En un ambiente donde los algoritmos deciden qué contenido llega a quién, recuperar el control sobre nuestras audiencias también se convierte en un acto de resistencia.

Regulación y responsabilidad

Sin embargo, estas soluciones son insuficientes si no se aborda el problema de fondo: la falta de contrapesos efectivos al control sobre las plataformas tecnológicas. Mientras las empresas continúen operando sin rendir cuentas sobre sus decisiones y sobre su modelo de negocios, la violencia digital y la explotación de datos seguirán siendo el modelo predominante de los gigantes de internet. Aquí es donde los Estados deben intervenir, en ningún caso para censurar, sino para proteger. Necesitamos políticas públicas que garanticen entornos digitales seguros, mecanismos efectivos para denunciar el acoso y sanciones claras contra quienes promuevan el odio. Necesitamos regulación que permita de manera efectiva que, a mayor poder, exista mayor también responsabilidad.

Las plataformas tecnológicas, por su parte, tienen una deuda importante con sus usuarias y usuarios. La implementación de medidas contra el acoso, la protección de datos personales y la transparencia en la moderación de contenido no deberían ser opcionales. En lugar de priorizar el crecimiento a cualquier costo, es hora de que estas empresas asuman su responsabilidad en la creación de un ecosistema digital que no perpetúe la violencia y el abuso. Que no se escude en la seguridad para promover la censura, ni en la libertad de expresión para descuidar a sus usuarios.

Meta, por ejemplo, hace algunos meses anunció que utilizará datos personales de sus usuarios para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, sin ofrecer una manera clara de oponerse a esta práctica. En muchas jurisdicciones, simplemente no hay opciones para negarse a este uso de los datos personales. Sin embargo, países como Brasil y los de la Unión Europea, con legislaciones más robustas, han logrado plantear regulaciones que limitan o frenan estos abusos. Pero ¿qué ocurre en el resto del mundo, donde las protecciones legales son débiles o inexistentes?

La desigualdad en la capacidad de los Estados para hacer frente a estos problemas agrava las brechas digitales. Mientras algunos países avanzan en la defensa de los derechos digitales, otros quedan expuestos a los abusos de grandes corporaciones que operan sin restricciones.

Más allá del algoritmo

Es imprescindible repensar colectivamente el diseño y la dinámica de estas plataformas. Cada vez que el discurso de odio se normaliza o el ciberpatrullaje queda sin consecuencias, el entorno digital se deteriora aún más. Este problema no debe recaer en las usuarias y usuarios, sino en quienes tienen el poder de cambiar las reglas del juego: las plataformas tecnológicas y los Estados.

Construir un ecosistema digital ético y seguro no será rápido ni fácil. Requiere creatividad, paciencia y voluntad política, pero el esfuerzo vale la pena. Porque al final, comunicar más allá del algoritmo no es solo una cuestión de supervivencia para las organizaciones de la sociedad civil; es una apuesta por un futuro donde las voces sean amplificadas, no silenciadas, y donde la tecnología sea una herramienta de inclusión, no de exclusión.

Comunicar en un entorno hostil no es sólo un desafío técnico; es una cuestión de principios. Rechazar un modelo digital basado en el odio y la explotación abre la posibilidad de transformar cómo conectamos, construimos y luchamos en el mundo digital, creando espacios más justos y seguros para todas las personas.

Transformaciones y desafíos en los derechos digitales en América Latina: un balance de 2024

En 2024, la intersección entre tecnología y derechos humanos ha cobrado una relevancia sin precedentes en América Latina. En un panorama global que anticipaba decenas de elecciones, pero que está todavía marcado por los horrores del genocidio y la guerra, como también por autoridades locales embelesadas con las promesas por la IA y pugnas políticas globales sobre el futuro de las redes digitales, vale la pena hacer una breve retrospectiva de lo que nos ha tocado enfrentar este año.

Encerrando en la lámpara al genio de la IA

La discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) se intensificó en América Latina en 2024. Diversos países de la región han estado explorando marcos regulatorios para controlar los riesgos de estas tecnologías sin impedir su desarrollo ni excluir a los países de la economía global. El reciente avance en Brasil de un proyecto de larga discusión parece acercar esa regulación a la realidad.

En este contexto, Derechos Digitales ha enfatizado la importancia de poner los derechos humanos en el centro de la regulación y del desarrollo de la inteligencia artificial, destacando la necesidad de una participación ciudadana efectiva en su desarrollo e implementación. También hemos avanzado significativamente en demostrar, a través de la evidencia situada, cuáles son las características de la implementación en la región por entidades públicas, más allá de los compromisos declarados. A pesar de los desafíos, nuestra más reciente edición de Latin America in a Glimpse ofrece una luz de esperanza para un desarrollo comunitario, situado y feminista de estas tecnologías, en lugar de rendirnos a la voluntad de algunos gigantes de la tecnología.

Pactos mundiales, pero sin todo el mundo

El Pacto Digital Mundial (GDC, por sus siglas en inglés) aparecía como uno de los hitos más significativos del año, con una importante búsqueda de incidencia por incontables activistas de todo el mundo, para sumar sus voces a las de los Estados representados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En los escasos espacios de participación abiertos, Derechos Digitales hizo valer sus expectativas sobre el GDC, enfatizando la necesidad de una perspectiva efectiva de género en el GDC, basada en principios feministas para la inclusión de género, y recomendando un enfoque basado en derechos humanos que considere intersección de género y derechos en áreas clave. No obstante, un resultado decepcionante en esas materias y de muy difícil participación para actores no estatales, nos hace sumarnos a la preocupación global sobre el proceso de implementación, que seguiremos con celo.

Otro proceso preocupante terminó de manera casi trágica: tras más de dos años de negociaciones, la ONU aprobó el texto final de un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Organismos expertos y activistas alrededor del mundo advirtieron por años que el texto contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos, incluida la falta de salvaguardas suficientes en materia de protección de derechos frente a la cooperación internacional.

Libertad de expresión, siempre bajo ataque

En un año que vio nuevas preocupaciones no solo por los usuales bloqueos, sino también por la siempre presente violencia contra periodistas y por la posible promulgación de leyes mordaza en distintos países, o el levantamiento de restricciones y cierres contra organizaciones activistas, el uso de internet para la libre expresión parece ser cada vez más un riesgo que una oportunidad.

Independiente de las decisiones de ciertos gobiernos, recientes cambios como la compra de Twitter (ahora X) por un magnate controvertido, han complicado aún más el panorama para el ejercicio de la expresión en plataformas privadas. Así, el bloqueo de lo que era Twitter en Brasil levantó preocupación por el efecto aparentemente desproporcionado, como consecuencia de actos de autoridad legalmente tramitados por la falta de colaboración de la plataforma con procesos judiciales. Eso, sin siquiera discutir la decadencia de una plataforma que sigue siendo relevante para una minoría, y su incapacidad de mantenerse como un espacio seguro.

La arbitrariedad para la censura de contenidos en plataformas digitales quedó además validada en México, por medio de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el sistema de notificación y retirada, cuestionado por su facilidad para lesionar derechos humanos en línea en nombre del derecho de autor y sin real efecto sobre la “piratería”.

Tecnologías para la vigilancia: un paso adelante, diez atrás

En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico en el caso presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), destacando que las actividades de inteligencia deben respetar la privacidad y la protección de datos personales. Esta decisión expuso la vigilancia sistemática ejercida sobre defensores de derechos humanos en Colombia, incluyendo el monitoreo de comunicaciones privadas, y estableció un precedente crucial para limitar abusos en las tareas de inteligencia en toda la región. Esto es especialmente relevante en un contexto en que los Estados latinoamericanos continúan utilizando herramientas intrusivas, como el software Pegasus, sin mecanismos efectivos de supervisión democrática, a pesar de los aprendizajes de la última década. Aunque el fallo representa un avance normativo, la persistencia de prácticas de espionaje y monitoreo masivo refleja la urgencia de fortalecer marcos regulatorios que protejan los derechos humanos.

Por otra parte, el ciberpatrullaje se ha consolidado en 2024 como una herramienta de vigilancia estatal en América Latina, presentada como un mecanismo para prevenir delitos pero aplicada también como medio para vigilar discursos críticos. Esta práctica, que implica el monitoreo constante de redes sociales y espacios digitales, permite perfilar usuarios, recopilar información personal y observar la actividad de activistas y periodistas sin salvaguardas legales suficientes.

Salir a la calle tampoco nos aleja del peligro. El uso de tecnologías de reconocimiento facial en América Latina ha seguido expandiéndose en 2024, especialmente en espacios abiertos al público como estadios. Si bien estas herramientas se presentan como soluciones para mejorar la seguridad, han sido criticadas por facilitar el control social y la vigilancia masiva. Su implementación ha afectado desproporcionadamente a comunidades vulnerables y restringido libertades fundamentales, como el derecho a la protesta.

Contribuyendo y colaborando

En julio de 2024, Derechos Digitales anunció las organizaciones seleccionadas para participar en el primer ciclo del Fondo para la Promoción de los Derechos Digitales (FDD). Este programa fue diseñado como una herramienta para fortalecer las capacidades de las comunidades en la región, sensibilizándolas sobre la importancia de proteger sus derechos en el entorno digital. A través de este fondo, se busca fomentar el desarrollo de iniciativas locales que promuevan un espacio digital más inclusivo, libre y seguro, donde los derechos fundamentales sean respetados y defendidos.

Este fondo se complementa con el ya consolidado Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales (FRR), que en 2024 celebró cinco años de funcionamiento. Desde su creación, este fondo ha permitido canalizar recursos hacia acciones urgentes de defensa de los derechos humanos en el entorno digital, proporcionando respaldo inmediato a comunidades y activistas que enfrentan amenazas o vulneraciones en línea.

Ambos mecanismos, al operar en conjunto, constituyen un esfuerzo integral para fortalecer el ecosistema de defensa de los derechos digitales en América Latina. En total, los fondos administrados por Derechos Digitales completaron un año de impacto significativo, apoyando 29 proyectos distintos distribuidos en 14 países de la región, abarcando una amplia gama de temas. Con este modelo de financiamiento, Derechos Digitales continúa impulsando estrategias de defensa y promoción de los derechos digitales, respondiendo a los desafíos urgentes de la región.

Mirando hacia 2025: desafíos y prioridades para los derechos digitales

A medida que nos acercamos a 2025, el escenario global estará marcado por la implementación de acuerdos clave y el desarrollo de procesos internacionales que definirán el futuro de los derechos digitales. La revisión de los veinte años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20) será un momento decisivo para evaluar los compromisos adoptados hace dos décadas y proyectar un modelo más inclusivo, sostenible y centrado en derechos humanos para el desarrollo digital. Será una oportunidad para insistir en la participación de la sociedad civil y en la necesidad de garantizar la conectividad, sin comprometer libertades esenciales en nombre de la seguridad o el progreso económico.

Al mismo tiempo, se espera que comience la implementación del GDC, en un proceso todavía rodeado de incertidumbres y preocupaciones. La sociedad civil tendrá el desafío de incidir en los mecanismos de seguimiento y aplicación del Pacto, para asegurar que las decisiones adoptadas protejan los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de control o exclusión.

En paralelo, tras su adopción, podría iniciarse la implementación del Tratado sobre Cibercrimen, con implicaciones directas en la regulación de la vigilancia estatal, la cooperación judicial y el intercambio de datos. La vigilancia transfronteriza, el acceso a información privada y las obligaciones impuestas a las empresas tecnológicas requerirán un escrutinio constante para asegurar que los esfuerzos por combatir el cibercrimen no se conviertan en justificaciones para expandir la vigilancia masiva

Con un año electoral en varios países de América Latina, 2025 también traerá desafíos para la estabilidad democrática en la región. Las tecnologías digitales jugarán un papel central tanto como herramientas para la participación política como instrumentos para perjudicar al espacio cívico. Nuestra participación en el proyecto Civic DEFENDERS aparece así como una oportunidad para ejercer nuestra misión junto a organizaciones de todo el mundo.

Al final de un nuevo año de intenso activismo, reafirmamos nuestra confianza en la capacidad de la sociedad civil para liderar cambios significativos y sostenibles. La construcción de un futuro digital justo, inclusivo y democrático dependerá de mantener la solidaridad transregional, de amplificar las voces de la Mayoría Global y de asegurar que los derechos humanos estén al centro de cada decisión que impacte a las tecnologías. Desde Derechos Digitales, seguimos comprometidas a trabajar para ese futuro.