La contribución escrita de la Global Digital Rights Coalition al UN Global Dialogue on AI Governance destaca temas clave sobre la gobernanza de la IA. Presenta recomendaciones clave sobre temas como los impactos laborales, de género y ambientales de la IA, así como recomendaciones procedimentales sobre cómo garantizar la participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza de la IA.
Temática: Inteligencia artificial
Contribución escrita de la Gender in Digital Coalition al UN Global Dialogue on AI Governance
La contribución escrita de la Gender in Digital Coalition al UN Global Dialogue on AI Governance destaca cómo las mujeres y las personas de géneros diversos se ven afectadas de manera desproporcionada por los riesgos y daños de la IA, y actualmente no forman parte de los procesos de toma de decisiones relacionados con el desarrollo o la gobernanza de la IA. Por ello, aborda la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todas las discusiones del Global Dialogue.
Contribución escrita del Global Digital Justice Forum al UN Global Dialogue on AI Governance
La contribución escrita del Global Digital Justice Forum al UN Global Dialogue on AI Governance destaca temas clave sobre la gobernanza de la IA desde una perspectiva de justicia digital y del Sur Global. Presenta recomendaciones clave sobre temas como el trabajo, el género y los impactos ambientales de la IA.
Contribución escrita de la Global South Alliance al UN Global Dialogue on AI Governance
La contribución escrita de la Global South Alliance al UN Global Dialogue on AI Governance destaca cómo el Sur Global se ve afectado de manera desproporcionada por los riesgos y daños de la IA. Presenta recomendaciones clave sobre cómo el UN Global Dialogue on AI Governance podría cambiar este patrón, como garantizar la participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil del Sur Global y establecer líneas rojas para el desarrollo y despliegue de sistemas de IA.
Contribución a la Relatoría Especial sobre Cambio Climático: Tecnologías relacionadas con el cambio climático y sus repercusiones en los derechos humanos
Derechos Digitales contribuyó al llamado de la Relatoría Especial sobre Cambio Climático del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resaltando los efectos actuales y potenciales de los data centers sobre derechos humanos tales como la consulta previa, el acceso a la información pública y el acceso a agua potable y un ambiente saludable. De igual forma, destacamos los riesgos de estas infraestrucutras de la IA para el cambio climático.
Contribución a la consulta de la RELE/OEA sobre el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos
En esta contribución presentamos, ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), información centralizada sobre los impactos del uso de Inteligencia Artificial por parte de los Estados en América Latina en la privacidad, la libertad de expresión y asociación y el acceso a la información pública. Desglosamos recomendaciones orientadas a fortalecer los mecanismos de transparencia activa, la participación social, las auditorías independientes y las evaluaciones de impacto en derechos humanos de los sistemas de IA diseñados y desplegados en la gestión pública.
Preguntas Frecuentes: Curso Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Políticas Públicas
¿Quiénes pueden postular al curso?
Puede postular cualquier persona que trabaje en el sector público, ya sea a nivel nacional o subnacional, en cualquiera de los poderes del Estado. También pueden postular personas que trabajen en organismos públicos independientes, como agencias, unidades o entidades autónomas, que tengan responsabilidades en iniciativas, proyectos de diseño, implementación o evaluación de Inteligencia Artificial para el sector público.
¿Quiénes no pueden postular al curso?
- Personas que no trabajen en el sector público.
- Personas que trabajen en el sector público en calidad de consultoras externas.
- Funcionarias o funcionarios de organismos internacionales.
¿El formulario de postulación puede completarse en varias etapas?
No. Antes de postular, considera que el formulario debe completarse en una sola sesión y no permite guardar el progreso.
¿Qué documentos necesito tener preparados antes de comenzar la postulación?
Se recomienda contar previamente con los documentos solicitados para poder adjuntarlos durante la postulación. Los documentos requeridos son:
- Carta de aval institucional.
- Carta de interés (máximo 500 palabras).
¿Existe un formato oficial para la carta de aval?
No. No contamos con un formato preestablecido para la carta de aval. Cada institución puede emitirla según su propio formato.
¿Qué pasa si la persona postulante no depende directamente de una autoridad que pueda emitir una carta de aval?
En caso de no depender directamente de una autoridad que pueda emitir una carta de aval, podrá adjuntar una carta de compromiso firmada por usted. En dicha carta deberá declarar su compromiso de asistir y participar en la totalidad del curso en caso de ser seleccionada/o, así como indicar que contará con la disponibilidad necesaria para realizar el viaje y participar en la etapa presencial.
¿Cómo tienen que ser los archivos que se adjunten?
Los archivos adjuntos a la postulación deben estar en formato PDF y tener un tamaño máximo de hasta 10 MB.
¿Cómo sé si mi postulación fue recibida correctamente?
Al finalizar la postulación, el sistema mostrará una pantalla de confirmación indicando que la postulación fue enviada correctamente.
¿Qué pasa si cerré la aplicación antes de completar la postulación?
En ese caso, deberá volver a completar la postulación desde el inicio, ya que no se guardan postulaciones incompletas.
¿Cuándo se comunicarán los resultados de la selección de postulantes?
Los resultados se comunicarán al finalizar el proceso de selección por correo electrónico a todas las personas que hayan postulado.
¿Cuándo se informarán las fechas y horarios de las clases sincrónicas?
Las fechas, los horarios y la frecuencia de las clases sincrónicas serán comunicadas oportunamente más adelante a las personas seleccionadas.
¿El curso tiene algún costo?
No. El curso es gratuito. Además, los costos asociados a la etapa presencial en Colombia serán cubiertos por la organización.
[POSTULACIONES CERRADAS] Curso regional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos para el sector público
Derechos Digitales abre la convocatoria al Curso regional “Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Políticas Públicas”, una instancia de formación orientada a fortalecer las capacidades de personas que trabajan en el sector público frente a los desafíos que plantea la adopción de sistemas de inteligencia artificial (IA). El curso, realizado en alianza con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes de Colombia y con apoyo de la Fundación Patrick McGovern, se dará de forma híbrida, con una etapa en línea y una presencial, en la sede de la Universidad, en Bogotá.
El curso está dirigido a personas que trabajan en el sector público de América Latina, especialmente en áreas vinculadas a la formulación, implementación o supervisión de políticas públicas relacionadas con la inteligencia artificial. Su objetivo es aportar herramientas conceptuales y prácticas para una adopción, supervisión y gobernanza de la IA alineada con estándares de derechos humanos.
Las personas seleccionadas accederán automáticamente a una beca completa, que cubre la totalidad de los gastos de participación en el curso, incluyendo la matrícula, los costos de traslado y el hospedaje necesarios para la instancia presencial.
¿Por qué este curso?
La creciente incorporación de sistemas de inteligencia artificial en el sector público plantea desafíos relevantes en materia de transparencia, rendición de cuentas, no discriminación, protección de datos personales y debido proceso. En este contexto, el curso propone un enfoque situado en América Latina, que combina marcos normativos y estándares internacionales de derechos humanos con el análisis de experiencias y casos concretos de la región.
Trayectoria institucional
Derechos Digitales es una organización latinoamericana fundada en 2005, dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en entornos digitales. Su trabajo combina investigación, incidencia en políticas públicas, formación y comunicación estratégica, con un enfoque regional y situado en las realidades de América Latina. En los últimos años, ha desarrollado investigaciones y procesos de capacitación centrados en la adopción de sistemas de inteligencia artificial en el sector público, aportando análisis, recomendaciones y herramientas para una gobernanza de la IA basada en estándares de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, en 2022 realizó la primera edición del curso regional sobre inteligencia artificial y derechos humanos en políticas públicas, dirigido a fortalecer capacidades críticas y técnicas en la región.
Para esta ocasión, Derechos Digitales se ha aliado a la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que cuenta con una trayectoria consolidada en la formación de personas que trabajan en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en Colombia y América Latina. Su experiencia en educación continua y en programas dirigidos al sector público aporta al curso una base académica sólida y metodologías orientadas al fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones públicas.
Contenidos del curso
El curso está estructurado para responder a las principales demandas de la personas que trabajan en el sector público y apoyar la toma de decisiones sobre el despliegue de la inteligencia artificial en el desarrollo de políticas públicas. El programa ofrece una aproximación integral que aborda la relación entre derechos humanos y tecnologías digitales, los marcos de gobernanza y regulación de la inteligencia artificial, así como sus conceptos básicos y fundamentos sociotécnicos. Además, se analizarán de manera específica los usos de la IA en el sector público, y se presentarán herramientas que pueden apoyar la toma de decisión, el diagnóstico y monitoreo de su implementación, considerando los impactos, riesgos y oportunidades que representa para la gestión estatal.
Modalidad y estructura
El curso tendrá una modalidad híbrida, compuesta por dos etapas complementarias:
- Componente en línea con duración de seis (6) semanas. Compuesta por sesiones sincrónicas y asincrónicas, que contarán con materiales de referencia y actividades prácticas. A realizarse entre abril y mayo de 2026.
- Componente presencial intensivo con duración de tres (3) días, que se realizará en la Universidad de los Andes, en Colombia, en el mes de julio. La fecha exacta será informada próximamente.
Ambas etapas son obligatorias para todas las personas seleccionadas.
Derechos Digitales cubrirá todos los gastos asociados a la participación, incluyendo traslados, alojamiento y otros costos vinculados a la instancia presencial.
¿Quiénes pueden postular?
Pueden postular personas que trabajan en el sector público en países de América Latina y que participan, o tienen capacidad de incidencia, en la formulación, implementación o supervisión de políticas públicas vinculadas a la adopción o uso de sistemas de IA. En esta ocasión damos la bienvenida a personas con capacidad para involucrarse en una trayectoria educativa en Castellano o Portugués, ya que el curso no contará con apoyo de traducción para inglés u otros idiomas.
La convocatoria está especialmente dirigida a personas que se desempeñan en distintas etapas y áreas de la gestión de políticas públicas y que enfrentan decisiones relacionadas con el uso de IA. A continuación, un listado no exhaustivo de este tipo de políticas y perfiles:
a. Diseño y formulación de políticas públicas sectoriales
Personas que participan en el diseño de políticas públicas en áreas como educación, trabajo, seguridad social, salud, justicia u otras, y que incorporan o evalúan incorporar sistemas de IA como herramienta para dichas políticas.
Por ejemplo: equipos que analizan el uso de modelos predictivos para definir criterios de elegibilidad en programas de transferencias sociales, o para priorizar intervenciones educativas.
b. Implementación y gestión de políticas públicas
Funcionarios, funcionarias y equipos responsables de la ejecución de programas, servicios o sistemas públicos que utilizan, o se encuentran en una etapa avanzada de implementación, de sistemas de IA en su operación cotidiana.
Por ejemplo: áreas que implementan sistemas de IA para la asignación de turnos en servicios de salud, la detección de posibles fraudes en programas sociales o la gestión de inspecciones laborales.
c. Monitoreo, evaluación, supervisión y control
Personas que se desempeñan en áreas de planificación, monitoreo, evaluación, auditoría, control o supervisión de políticas públicas que incorporan sistemas de inteligencia artificial.
Por ejemplo: equipos que evalúan el impacto de sistemas automatizados de toma de decisiones, revisan sesgos en modelos utilizados por el Estado o supervisan su cumplimiento normativo.
d. Soporte técnico, jurídico e institucional para la adopción de IA en el Estado
Equipos técnicos, jurídicos, de innovación pública, modernización o transformación digital que acompañan el desarrollo, adaptación, implementación o supervisión de sistemas de IA aplicados a políticas públicas sectoriales.
Por ejemplo: áreas legales que revisan el marco normativo para la implementación de sistemas automatizados, o equipos de innovación o tecnologías que acompañan a ministerios o municipios en la incorporación de soluciones basadas en IA.
La postulación contempla un proceso de selección, orientado a conformar un grupo diverso a nivel territorial, institucional y de perfiles, con capacidad de participación activa en ambas etapas del curso.
Para ser elegibles, las personas postulantes deben desempeñarse en el Estado y presentar una carta de autorización de su jefatura directa que acredite su disponibilidad para participar en la instancia presencial. El documento debe estar en formato PDF y tener un tamaño máximo de hasta 10 MB. No se aceptarán postulaciones de personas que se desempeñen fuera del sector público.
Comité regional
El curso cuenta con un cuerpo docente especializado y con el acompañamiento de un Comité asesor regional, que contribuye al diseño curricular, a la definición de los criterios de selección y a la pertinencia regional de los contenidos. El comité está integrado por:
Jamila Venturini, codirectora ejecutiva en Derechos Digitales (Brasil)
Juan David Gutiérrez, Profesor Asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes (Colombia)
Claudia López, Investigadora Principal en el CENIA (Chile)
Michel Roberto Oliveira de Souza, oficial de derechos humanos en Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (Brasil)
Paloma Lara-Castro, Directora de Políticas Públicas en Derechos Digitales (Paraguay).
Santiago Pardo, Defensor Delegado para los Derechos Digitales y la Libertad de Expresión en la Defensoría del Pueblo de Colombia (Colombia)
Silvana Fumega, Directora del Barómetro Global de Datos (Argentina)
Veridiana Alimonti, Directora Asociada de Políticas en América Latina en EFF (Brasil)
Postulaciones
Convocatoria abierta hasta el 2 de marzo.
Bots y elecciones: los nuevos influencers automatizados
A fines de julio, tras varias semanas cayendo en las encuestas, Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional chilena agrupada en la coalición Chile Vamos, acusó al candidato de la derecha más extrema José Kast, del Partido Republicano, por la puesta en marcha de una campaña de desinformación en su contra a través de redes sociales. La información que se hizo circular ponía en duda la salud mental de la candidata de Chile Vamos y, por ende, su capacidad para gobernar. El hecho generó un gran revuelo, pues la coalición de Matthei y el partido de Kast se encontraban en plenas negociaciones para conformar una lista parlamentaria única.
En ese contexto, un equipo periodístico del canal Chilevisión realizó un reportaje donde investigó algunas cuentas de redes sociales que reiteradamente atacaban a las candidaturas tanto de Matthei como de Jeannette Jara, candidata única de la centro izquierda que representa al oficialismo. El informe periodístico se centró en el comportamiento de cuentas anónimas que, desde hace algunos años, vienen publicando noticias falsas en contra del actual gobierno y de las candidatas. La investigación logró dar con el nombre de dos personas que estarían detrás de las cuentas investigadas, ambas ligadas al Partido Republicano.
Otro reportaje, del medio digital Reportea junto a Vergara 240, reveló más nexos: la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) financió secretamente a la fundación “Ciudadanos en Acción”, la cual es dirigida por Bernardo Fontaine, actual integrante del comando de Kast. La investigación develó que la AAFP costea a la fundación desde 2019, a través de la agencia Artool, con el fin de articular campañas en contra de proyectos de reformas previsionales y de determinadas candidaturas presidenciales. La estrategia consistía en generar contenido digital en base a las directrices de la AAFP y con pagos en distintas direcciones para aumentar la viralización. Por un lado, a través de publicidad paga en Meta (para Facebook e Intagram) con un monto que supera los 200 millones de pesos -USD 215.000-. Además, dinero entregado a influencers para producir mensajes en contra de las reformas. Y, por otro lado, notas pagas en medios digitales, y masificación de contenidos del medio a través de una extensa red de bots, como parte del trato. Un elemento que resulta llamativo es que las personas financiadas para defender los intereses de la Asociación, tanto a través de cuentas públicas como anónimas, son las mimas denunciadas en el reportaje de Chilevisión de atacar a las candidatas presidenciales.
Estas revelaciones resultan preocupantes para los valores democráticos, no sólo en función de poder garantizar elecciones libres y transparentes, sino también desde una perspectiva de género. De las ocho candidaturas para esta votación, las únicas que sufrieron ataques cibernéticos son “casualmente” Matthei y Jara, las dos candidatas mujeres, reflejando un claro ejemplo de violencia política de género.
En el transcurso de estos meses, se estuvo hablando del uso de “bots” para describir el comportamiento mediante el cual cuentas anónimas se coordinaban para generar campañas de desinformación. Pasado un tiempo -y junto al abordaje de más medios-, se comenzó a diversificar el vocabulario, incluyendo los términos “troll” y “hater” para explicar lo que las investigaciones han develado. El objetivo de esta columna es aproximarnos a entender el funcionamiento de los bots, pero para ello primero haremos la distinción entre estos términos.
¿Qué son los trolls y los bots?
Estos conceptos ya forman parte del lenguaje propio de internet, por ello originalmente aparecen en inglés. Se aplican a redes sociales, foros y, más en general, a cualquier tipo de plataforma digital que permita la interacción entre personas usuarias, en especial si esa interacción puede dirigirse también a figuras públicas.
El término “Trolls”, originario de la mitología escandinava, se utiliza para referirse a cuentas anónimas que generalmente publican mensajes provocadores, desinformaciones o discursos de odio con la intención de perjudicar a ciertas personas o grupos, generando daños en su imagen pública. Su comportamiento es deliberado: son conscientes de que lo publicado es falso o abusivo.
Por su parte, “Bot” es un término coloquial que resulta de la abreviación de la palabra “robot”. Los bots son cuentas que funcionan de forma automatizada, mediante programación. Su accionar buscar producir mensajes o reacciones, incluso generar mayor volumen en la difusión de un mensaje, mediante interacciones que simulan ser humanas.
Los bots y su relación con internet, un poco de historia
Los bots con parte de la historia y de la arquitectura de internet: los primeros de los que se tiene registro datan de 1988. Ese año se creó el protocolo de mensajería de texto “Internet Relay Chat” (IRC), el cual fue muy popular durante sus primeras décadas y aún sigue vigente en nuestros días. Los bots que funcionaban bajo IRC consistían en programas computacionales que automatizaban algunas tareas dentro del sistema de mensajería.
A medida que internet crecía y diversificaba sus servicios, los bots se fueron adaptando a cada uno de ellos. Uno de los usos más relevantes que han tenido consiste en formar parte de los algoritmos de búsqueda a través de bots que indexan sitios web. Es así como, en 1994, se crea el primer indexador de sitios web que, un año más tarde, sería usado por AOL. Ya en 1996, una incipiente startup que hoy conocemos como Google lanzaba su bot BackRub para indexar el contenido de internet. Si bien los bots tienen un sinfín de utilidades legítimas, también se usaron para otros fines menos amables. A lo largo de la historia de internet, se han registrado numerosos ataques, de distinta índole y envergadura, a través de mecanismos como pueden ser la “denegación de servicio” o el “ransomware”.
En el mundo de las redes sociales, los bots son programas informáticos diseñados para simular interacciones humanas de forma automática. En la actualidad, es muy recurrente que las empresas generen canales de comunicación vía mensajería para responder a preguntas frecuentes -con mayor o menor éxito- mediante el uso de estos dispositivos.
En contextos donde proliferan las narrativas basadas en discursos de odio y desinformación, los bots son la herramienta predilecta para amplificar el alcance de esos mensajes. A través de la republicación de posteos o la interacción de los “me gusta”, pueden lograr la viralización de contenidos falsos o engañosos. Un ejemplo paradigmático en nuestra región fue la campaña de desinformación masiva que llevaron adelante los opositores de Evo Morales en 2019 para lavar la imagen del golpe de Estado y sumar simpatizantes. Hay evidencias que indicaron la existencia de una maniobra coordinada en redes sociales -decenas de miles de cuentas en Twitter creadas en pocas horas- para influir en la agenda pública global. El objetivo era imponer la idea de que el golpe no había sido tal y que el expresidente Morales estaba vinculado al narcotráfico y había propiciado un fraude electoral.
Pescando bots: ¿cómo se pueden identificar interacciones artificiales?
Si bien las interacciones de estas cuentas automatizadas pueden parecer reales, existen algunos detalles que nos pueden ayudar a identificar que son artificiales. Vamos a repasar estos elementos.
- Cuentas falsas: sus fotos de perfil no corresponden a una persona, los nombres de usuario parecen serializados con números largos luego de algún nombre o palabra.
- Antigüedad de las cuentas: en muchos casos son cuentas que no poseen muchos años, o bien fueron creadas en un período acotado de tiempo.
- Tendencias no orgánicas: cuando un contenido se viraliza y se convierte en tendencia de forma natural, sucede porque muchas personas lo comparten mediante una interacción distribuida entre numerosas cuentas, de forma no jerárquica. En el caso de tendencias generadas por bots, se puede notar que existe una, o un par de cuentas centrales, desde las que se cuelgan muchas otras para compartir, lo que demuestra un comportamiento mucho más jerárquico. En general identificarlo requiere de un análisis técnico pues es complejo notarlo a simple vista.
- Comportamiento anormal: otro factor común es que muchas de estas cuentas solo comparten contenido de ciertos “usuarios” de forma reiterada. También es posible notar que al publicar comentarios, estos suelen ser inentendibles o confusos.
Los algoritmos generativos y los nuevos desafíos
Con la irrupción del uso masivo de algoritmos generativos, también llamados “Inteligencia Artificial Generativa” (GenAI), tales como ChatGPT, Gemini o DeepSeek, surgen nuevos desafíos a la hora de determinar cuándo es un programa el que está interactuando.
En marzo de este año, un estudio realizado por la Universidad de California evidenció que el modelo GPT-4.5 logró aprobar con 73% de efectividad la prueba de Turing. Esta prueba consiste esencialmente en que personas interactúan, a través de mensajería, con otras personas y con máquinas con el objetivo de determinar cuál es cual. Si la persona no logra distinguir entre la máquina y la persona, entonces se considera que el programa o la máquina pasó la evaluación.
El avance de los modelos nos propone nuevos retos al momento de reconocer cuándo un bot es el que está interactuando en las redes sociales, por lo que la tarea de generar análisis certeros se vuelve aún más compleja. Es importante considerar que el estado de desarrollo de los algoritmos generativos, no solo permite producir textos sino que también ya genera o manipula imágenes, audios y videos. Dicha gama de recursos agrega otro grado más de complejidad en la detección.
Desde el caso Cambridge Analytica, muchas organizaciones pusieron el foco en el efecto de las redes sociales sobre procesos eleccionarios. De la misma forma, podemos pensar en la influencia que tienen sobre temas sensibles de las agendas nacionales y regionales, y cómo a través de los bots determinados grupospueden lograr invisibilizarlos o atacarlos para obtener réditos en sus posturas.
Las redes sociales son un entorno complejo, por lo que encontrar una solución real al problema de los bots y la desinformación también puede resultar dificultoso. Aún así, deben existir medidas que puedan ayudar a mitigar su impacto: regulaciones efectivas que, sin la necesidad de una censura y acorde a los estándares de derechos humanos, puedan generar transparencia sobre las acciones que se deben ejercer ante las plataformas. Asimismo, es imprescindible que las corporaciones dueñas de las redes sociales tengan la voluntad de abrir canales para la colaboración con los entes encargados de velar por el cumplimiento de esas regulaciones. Desde Derechos Digitales, esperamos que “las plataformas digitales se preparen, teniendo una amplia colaboración con las autoridades, pero también con una serie de acciones proactivas que promuevan la transparencia de sus actos ante la desinformación”, tal como lo mencionamos en una columna, en virtud de las elecciones mexicanas de 2024.
Es de suma importancia que todos los actores interesados -legisladores, empresas tecnológicas, sociedad civil y academia- puedan trabajar para la construcción de ambientes eleccionarios democráticos, justos y participativos. Procesos electorales con mecanismos claros para combatir la desinformación, que no solo consideren el marco regulatorio, sino que también apunten a otras políticas como el fomento de campañas educativas que brinden a la población habilidades y herramientas para la detección de noticias falsas.
Emergencia climática y centros de datos: el nuevo extractivismo de las Big Tech
El cambio climático es un riesgo existencial, y los Estados deben actuar con decisión. Así lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una reciente Opinión Consultiva (OC32), solicitada por Chile y Colombia con el objetivo de que ésta aclarase el alcance de las obligaciones estatales en la lucha contra la crisis climática global.
En un momento muy oportuno, la Corte declaró la existencia de una emergencia climática en la región considerando, por un lado, los efectos de catástrofes ambientales recientes, como los incendios, inundaciones y derrames de petróleo que tuvieron lugar en 2024. Por el otro, el escenario geopolítico que avanza hacia desarrollos tecnológicos -como la Inteligencia Artificial- sin debidas garantías; y facilita la expansión de las Big Tech en América Latina, sin una evaluación adecuada de su huella ecológica, ni salvaguardas en derechos de la ciudadanía. Estas empresas operan bajo lógicas extractivistas que se aprovechan de los recursos energéticos y naturales de la región para sostener sus operaciones -particularmente el entrenamiento de modelos de IA-, muchas veces a costa del equilibrio de ecosistemas frágiles y del bienestar de las comunidades locales.
Tres claves de una Opinión compleja
La Opinión Consultiva es compleja y en su extensión se afirman distintas ideas clave, de las que rescatamos al menos tres.
La primera, la necesidad de considerar responsabilidades diferenciadas en tanto no todos los Estados ni sectores de la economía contribuyen de la misma forma a la emergencia climática. Quienes más contaminan y emiten gases de efecto invernadero (GEI) deben contar con mayores compromisos en los esfuerzos dirigidos a paliar las consecuencias del cambio climático.
En segundo lugar, la interrelación estrecha entre la protección del clima, la naturaleza y el medio ambiente, y TODOSlos Derechos Humanos. Las acciones de los Estados no pueden limitarse a abstenerse de causar daño ambiental, sino que deben ser activas y progresivas en miras a la protección de derechos fundamentales.
Y en tercer lugar, la obligación estatal de regular las operaciones de las empresas que contaminan para, por un lado, obligar a que adopten medidas efectivas para mitigar el impacto de su cadena de valor en el cambio climático, y aborden sus impactos en los Derechos Humanos. Y, por otro lado, para exigir que divulguen de forma accesible las emisiones de gases de efecto invernadero de su actividad empresarial.
Los centros de datos en América Latina: las crisis por venir
Estas obligaciones deben extenderse también a las políticas digitales. Se sabe que, para que la IA siga creciendo, se necesita una base física: los centros de datos. Estos funcionan sin pausa, día y noche, y consumen enormes cantidades de electricidad, agua y aire. El agua sirve para enfriar los servidores, la electricidad mantiene todo en marcha y alimenta los sistemas de enfriamiento, y el aire ayuda a disipar el calor como recurso alternativo. No es casual que las Big Tech vean en América Latina una fuente para la explotación de esos recursos a bajo costo económico y regulatorio.
Sin embargo, las consecuencias ambientales y sociales de esta actividad son preocupantes. El agua utilizada en estos procesos ya no puede destinarse al consumo humano. La elevada demanda energética puede tensionar infraestructuras ya frágiles, poniendo en riesgo el suministro básico para la población. Además, el uso intensivo de electricidad puede derivar en mayores emisiones de carbono, afectando la calidad del aire. Se estima que para 2030 los centros de datos estarán entre las industrias más contaminantes del planeta.
Varios países han aceptado la instalación de los mismos bajo promesas que no son del todo claras. Como la de la soberanía digital, un tanto abstracta al tratarse de infraestructuras privadas para sostener sistemas de IA propios; o la promesa de generación de fuentes de empleo, que suelen ser temporales o de baja calidad, insuficientes para justificar el daño ambiental.
En México, por ejemplo, empresas como Amazon, Microsoft y Google buscan instalar centros de datos en el desierto de Querétaro. Allí, la crisis hídrica, agravada por sequías extremas del último año, ha puesto a las comunidades afectadas en una situación crítica. Estas comunidades, que rechazan la idea de estas instalaciones tecnológicas, ya han enfrentado dificultades para acceder al agua frente a su explotación por parte de empresas locales.
En Colombia, la narrativa oficial de avanzar hacia una “nube soberana” ha conducido al país a la firma de acuerdos con Emiratos Árabes Unidos para emplazar centros de datos en Santa Marta. Se trata de una zona del Caribe conocida por tener uno de los más costosos servicios de electricidad del país. Además, el agua que beben las comunidades locales ha sido motivo de advertencia de medios y organizaciones sociales que denuncian su mala calidad y la deficiente cobertura del servicio para el consumo humano.
En Chile, la instalación de estos centros se hace bajo la promesa de la generación de empleos y de inversión en la industria local. Recientemente, Microsoft abrió su centro de datos en la región Metropolitana de Santiago, una zona que sufre una megasequía de más de una década. Y Google está rediseñando el despliegue del suyo, en la Comuna de Cerrillos, luego de que un tribunal ambiental obligase a la empresa a evaluar el impacto hídrico del proyecto en una zona donde el agua es escasa.
Brasil, que junto a México es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, avanza también la acogida de centros de datos. En la población de ElDorado do Sul, afectada en 2024 por una inundación calificada por el Estado como el peor desastre ambiental reciente, se instalará la “Ciudad de la IA”, un complejo masivo de centros de datos que ocupará una de las zonas más privilegiadas de la región por su elevación, lo que la beneficiaría ante futuras inundaciones. También se instalará uno propio de Tik Tok en Ceará, que sufre una sequía extrema, y que se estima que agotará el consumo energético de 2,2 millones de brasileños a diario.
Las Big Tech colonizan nuestros recursos y no rinden cuentas
Las Big Tech operan en la región bajo lógicas coloniales ancladas en la explotación de recursos esenciales. Pese a ello, las respuestas regulatorias, cuando se trata de abordar su impacto ambiental, parecen ampliar los beneficios de los que gozan a cambio de promesas de beneficios futuros poco verificables.
En Brasil, por ejemplo, las autoridades nacionales prometen exenciones de impuestos a los centros de datos. Y la elaboración de la política nacional sobre la materia, que excluyó de participación al Ministerio de Ambiente, propone eliminar las licencias ambientales para “desburocratizar” su instalación por, supuestamente, no tener impacto ambiental.
Las autoridades a nivel local también avanzan en esa senda. Los Concejales de Rio Grande do Sul, donde se ubicará la “Ciudad de la IA”, aprobaron en 2024 una ley que genera exenciones impositivas y flexibiliza los procesos de licenciamiento ambiental para estos centros. Como agradecimiento, las empresas beneficiarias donaron 110 notebooks repartidas en 13 colegios públicos de la región, un gesto que enmarcaron como “promoción del progreso social”.
En Chile, en el mes de junio de 2025, se habría liberado de la obligación de evaluación de impacto ambiental a las Big Tech que instalasen centros de datos en el país.
Entonces, las legislaciones ambientales se ven enflaquecidas, al tiempo que las de regulación de la IA que avanzan en esos mismos países omiten cualquier abordaje serio sobre la materia. La falta de transparencia sobre su impacto ambiental, y su progresiva proliferación en el futuro cercano supondrían una mayor asfixia a la gestión de recursos críticos de países como los nuestros.
La expectativa de que ese crecimiento es tal que, en declaraciones recientes, Sam Altman, líder de OpenAI, responsable de ChatGPT, no descartó que en un futuro cercano todo el planeta estuviese cubierto de centros de datos.
Mientras tanto, las comunidades directamente afectadas suelen tener poca o ninguna participación en las decisiones políticas que definen el destino de los recursos naturales de los que dependen para vivir. Basta ver el caso de una comunidad en Chile. Vecinos organizados y con acceso limitado al agua enfrentaron el proyecto de instalación de un centro de datos de Google. Ante la presión social, las autoridades autorizaron la operación bajo una modalidad de refrigeración por aire en lugar de agua. Pero el conflicto en verdad no se resolvió, tan solo cambió de forma.
Pese a todo, hay motivos para la esperanza
La Opinión Consultiva OC-32/23 de la Corte IDH representa un hito en la consolidación del enfoque de Derechos Humanos frente a la crisis climática. La Corte no solo reafirma que el cambio climático constituye una amenaza real y presente para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, sino que subraya la obligación de los Estados de actuar con urgencia, ambición y coherencia para mitigar sus efectos y proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, este pronunciamiento también deja planteada una tarea crucial que aún permanece pendiente: abordar con mayor contundencia el papel del sector privado, y en particular de las grandes corporaciones tecnológicas, en la generación y profundización de esta crisis. La responsabilidad ambiental de las Big Tech no puede seguir diluyéndose bajo el discurso de la innovación sin límites o su autorregulación.
En este contexto, los Estados deben asumir con decisión su papel de reguladores en materia ambiental considerando la declaratoria de emergencia climática de la Corte IDH. Esa función debe ser ejercida teniendo a la Opinión Consultiva como base de la discusión para fortalecer mecanismos de transparencia, auditoría de sus operaciones y participación social frente a proyectos extractivistas, como los de los centros de datos.
Por su parte, hay que advertir que la regulación ambiental y las normas sobre IA no pueden operar como marcos aislados ni contradictorios entre sí: deben integrarse en una visión común, coherente y participativa, orientada a garantizar la sostenibilidad del planeta y la dignidad de todas las personas.
Aunque el panorama parezca retador, también se abren puertas de esperanza. Recientemente, otra Opinión, de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, también se expresó sobre esta materia y reafirmó cómo, en omisión de sus deberes de regular al sector privado y su impacto ambiental, los Estados pueden llegar a ser demandados por otros Estados, y ser encontrados responsables por su inacción.
La tarea de quienes trabajamos en la sociedad civil, será apropiarnos de estos instrumentos legales para exigir por todas las vías posibles una mayor rendición de cuentas para enfrentar este problema de dimensiones globales que no da espera.