Temática: Gobernanza de internet

Las tecnologías deben mitigar el cambio climático, no profundizarlo

«Transforma esta foto como si perteneciera al universo visual de Studio Ghibli, conservando el fondo y la pose. Aplica sus rasgos característicos: colores, trazos y texturas», este es el tipo de instrucción con la que el modelo conversacional de Inteligencia Artificial “ChatGPT” generó las imágenes que, un tiempo atrás, fueron tendencia en redes sociales y que atrajo a nuevas personas usuarias a la plataforma. Medios digitales saturados de nuevas publicaciones  y servidores de alojamiento remoto trabajando para almacenar los archivos recién creados fueron servicios muy demandados durante los días que duró la fiebre Ghibli. ¿Cuál fue el impacto ambiental? El más visible, sin duda, es el consumo de agua para el enfriamiento de servidores,  con un promedio estimado de 3 litros de agua por imagen generada. 

Ahora imaginemos el impacto ambiental de desechar mil computadoras de uso personal por segundo. Es el equivalente para los 62 millones de toneladas de residuos electrónicos generados a nivel mundial, según se registró en el año 2022. Considerando que el número de personas usuarias de internet en el mundo alcanzó los 5560 millones a principios de 2025, la demanda de recursos, tanto en software como de hardware, solo incrementará en los próximos años, dependiendo del  tipo de tecnología que se despliegue. ¿La solución al evidente problema es detener el avance tecnológico y su uso?

La solución no puede estar más lejos de eso. Aunque los modelos de producción tecnológica se basan en una lógica extractivista, sin considerar costos sociales o ambientales, las tecnologías tienen potencial para reducir el impacto. El uso eficiente de la infraestructura tecnológica es clave para mitigar la huella ambiental. Ciertas innovaciones incluso permiten reducir el uso de recursos naturales si son desplegadas adecuadamente. Algunos ejemplos son la computación en la nube, computación grid y virtualización en centros de datos: modelos que  se comportan como si fueran infraestructuras independientes mientras comparten recursos de un mismo servidor o red de servidores.

Si pensamos en el ciclo de vida de la tecnología, podríamos resumir las fases en: diseño, desarrollo y despliegue. Esta última etapa se realiza en infraestructuras robustas y resilientes, capaces de soportar altos niveles de demanda y peticiones por segundo garantizando respuestas rápidas. La magnitud del consumo varía según el tipo de servicio. Aunque en las fases previas también se requiera infraestructura, el consumo comienza a escalar cuando llega a su etapa de producción (despliegue), aumentando la demanda de energía y sistemas de enfriamiento para los centros de datos.

Algunas acciones para mitigar el impacto

Frente a un escenario que exige día a día más recursos, una de las alternativas es avanzar hacia la descarbonización del sector energético . Se trata de sustituir fuentes fósiles como carbón, petróleo y gas natural por insumos renovables como la energía solar o eólica. Algo de esto analizamos un tiempo atrás a raíz de la crisis energética en Ecuador.

Esta alternativa consolidó una nueva carrera por la neutralidad en emisiones de carbono. Así, multinacionales del sector tecnológico aseguran haber alcanzado esta neutralidad en emisiones de carbono y sostienen compromisos por lograr que toda su cadena de suministro y productos lo sean también. Sin embargo, la veracidad de las declaraciones y los mecanismos utilizados siguen bordeando el greenwashing, una práctica que busca confundir a las personas usuarias sobre el impacto medioambiental real de una empresa o producto. Así mismo, la sustitución de materiales al momento de construir piezas electrónicas o componentes, sin sacrificar rendimiento y calidad, ofrece una oportunidad competitiva a mercados que se aventuran a revolucionar la tecnología. Por ejemplo, en China, donde luego de atravesar limitaciones para el uso de microprocesadores basados en silicio, desarrolló un chip libre de este componente y lo reemplazó por bismuto reduciendo el consumo energético en un 10% e incrementando su velocidad en un 40%.

Otro esfuerzo  es el diseño de infraestructuras para una economía circular, un modelo económico que busca minimizar el desperdicio y maximizar el valor de los recursos, productos y materiales. Desde el inicio, es importante pensar en medidas como plantas de producción modulares y que puedan ser actualizadas, reutilizadas y reciclados sus materiales, además de planificar la recuperación de productos al final de su vida útil. Esto es aún más urgente considerando que solo alrededor de la cuarta parte de la basura electrónica es reciclada correctamente, dejando toneladas de residuos sin tratamiendo adecuado y desperdiciando recursos valiosos, en su mayoría, no renovables. 

Por otro lado, los centros de datos requieren condiciones mínimas para operar adecuadamente como seguridad, capacidad de almacenamiento, transferencia de datos, refrigeración y otros. Pensando en el enfriamiento de un data center promedio, se estima que consume 25 millones de litros de agua al año, lo que equivale a 68 mil litros por día. ¿Y si sumamos el consumo de todas las grandes empresas conocidas que gestionan redes sociales, navegadores web y tiendas en línea? Este consumo puede reducirse si se despliega  en zonas con con climas fríos o cerca de aguas de mar profundas. Un esfuerzo que considera la eficiencia energética y uso de agua es Green Mark Certification for Data Centres en Singapur. 

Un compromiso compartido

La gobernanza de las infraestructuras tecnológicas debería centrarse en la justicia ambiental, respetando y promoviendo derechos y sostenibilidad. Las decisiones sobre qué tecnologías se desarrollan, cómo y para quiénes, deben incorporar una perspectiva social y ambiental en todas sus etapas. Desde la planificación de explotación de minerales necesarios para la construcción de componentes electrónicos hasta el uso de una IA para enseñar idiomas en territorios indígenas, todo debe regirse por modelos de gobernanza comunitarios y no por lógicas extractivistas.

Además, es fundamental incentivar iniciativas que potencien proyectos como redes de Internet autosustentables en comunidades, centros de datos locales y uso de tecnologías, que potencien capacidades situadas. A esto se suma la ciencia abierta, el conocimiento libre y el código abierto como componentes estratégicos para la autonomía e independencia de infraestructuras corporativas y privadas.

El equilibrio entre tecnología y medio ambiente solo será posible si transformamos  la infraestructura digital desde su origen, haciéndola parte de la solución y no del problema. Esto implica proyectar fábricas impulsadas con energía solar in situ, centros de datos enfriados con agua del mar sin riesgos ambientales, procesos de desmontaje eficientes en instalaciones de reciclaje adecuadas y redes inteligentes de distribución, como documenta Google con el proyecto IA de DeepMind, que redujo un 40% el consumo energético para refrigeración.

Pero nada de esto será suficiente sin una voluntad política y ética clara. Reconocer la interdependencia entre sostenibilidad ecológica y equidad social es solo el primer paso: lo que sigue es actuar colectivamente para transformar modelos tecnológicos actuales. Urge reducir la dependencia de sistemas corporativos opacos y avanzar, desde la sociedad civil, comunidades, gobiernos y el sector privado, en la construcción de  de políticas públicas, normativas e infraestructura que prioricen el bien común, fomenten la justicia social y ambiental, y garanticen transparencia y rendición de cuentas a toda la ciudadanía.

Cuando la ciberseguridad es cooptada por la inteligencia estatal

La ciberseguridad se ha consolidado como un tema primordial para los Estados latinoamericanos en los últimos años. Entre la creciente digitalización y las amenazas cibernéticas, se ha impulsado la formulación de estrategias nacionales y otras políticas públicas que establecen tanto los objetivos de los gobiernos en la materia, como, en muchos casos, las entidades responsables de su implementación. En ese contexto, y como señalamos en una reciente publicación, es fundamental abordar a las políticas de ciberseguridad desde enfoques basados en derechos humanos que coloquen a las personas al centro de las acciones de prevención y respuesta a los ciberataques contemplando sus riesgos específicos y necesidades, priorizando el ejercicio de derechos fundamentales. En las últimas semanas, Argentina ha captado la atención del ámbito de la ciberseguridad debido a una serie de decisiones gubernamentales que han encendido varias alarmas.

¿Qué fue lo que ocurrió?

En septiembre de 2023, Argentina aprobó su Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un documento que, a primera vista, representó un avance significativo en la región al incorporar principios de derechos humanos y perspectiva de género. No obstante, ese enfoque ha quedado en entredicho tras una serie de decisiones adoptadas por el gobierno actual. En julio de 2024, la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional -que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y restituyó sus funciones a la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), restablecida bajo el control directo y exclusivo del Poder Ejecutivo- marcó el primer giro. Luego, en abril de 2025, con el Decreto 274/2025, la preocupación se intensificó: la SIDE pasó a controlar la Agencia Federal de Ciberseguridad y, con ello, la implementación de la Estrategia Nacional y la operación del CERT.ar. Este modelo de gobernanza en la política de ciberseguridad no tiene precedentes, ni dentro ni fuera de América Latina.

A la par de dichas reformas, en mayo de 2025 la SIDE aprobó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Este es un documento definido por el gobierno como “secreto”, que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para “promover los intereses estratégicos” del gobierno. Al PIN sólo tienen acceso el presidente, la SIDE y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Esta restricción para la consulta del documento siembra de entrada preocupaciones no solo sobre su opacidad sino sobre los retrocesos que pueda representar para las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Más aún, y según lo señalado por medios como La Nación que ha logrado acceder al documento extraoficialmente, el PIN otorga facultades a la SIDE para recabar información sobre todas aquellas personas que, a criterio de la entidad, “erosionen” o “manipulen” la confianza de la opinión pública sobre las políticas de seguridad y económicas del gobierno actual; una práctica prohibida por la propia Ley de Inteligencia Nacional. 

La aprobación del PIN despertó las alarmas del gremio periodístico y del sector de la sociedad civil argentina, pues la ampliación de las facultades operativas de la SIDE básicamente legitima la persecución y vigilancia a quienes expresen opiniones críticas, un pilar fundamental para el debate democrático. De hecho, el periodista de la Nación que reveló la existencia del nuevo documento de inteligencia estatal reportó ataques a sus cuentas de redes sociales, así como amenazas recibidas a través de estas. La gravedad de este caso visibiliza un patrón sistemático en el país y en la región que amenaza la libertad de expresión así como el derecho de acceso a la información pública, aspectos que hemos documentado en otros artículos.

Los peligros del cambio en la gobernanza de la ciberseguridad

Designar la ciberseguridad al mando de organismos de inteligencia implica un retroceso en la medida que desplaza el enfoque centrado en las personas, limita la participación social y profundiza riesgos de vigilancia. Este cambio se alinea con una concepción conservadora de la ciberseguridad, anclada en una visión técnica centrada exclusivamente en la protección de infraestructuras críticas del Estado, puesto que las agencias de inteligencia tienen como núcleo la protección de los intereses estatales desde el ámbito de la seguridad nacional. Es importante destacar que este enfoque ha sido paulatinamente superado por marcos más integrales y centrados en derechos humanos, que colocan a las personas en el núcleo de las políticas de prevención y respuesta.

Sumado a lo anterior, disponer el desarrollo y la implementación de políticas de ciberseguridad bajo la estructura oculta de la inteligencia estatal, lejos de ser un detalle técnico, reactiva una lógica peligrosa y ya conocida en la región: la priorización discursiva de la seguridad nacional como justificación para restringir libertades fundamentales. A saber, a lo largo del siglo pasado, esta narrativa fue utilizada por regímenes dictatoriales para vigilar, censurar y reprimir a la disidencia bajo la «doctrina de seguridad nacional».

Ahora bien, uno de los pilares en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en la superación de las dictaduras de la región ha sido precisamente la exigencia de límites democráticos al accionar de las agencias de inteligencia. La persistencia de mecanismos opacos y sin controles –como es el caso argentino– no solo es un problema de transparencia, sino una evidencia de que las prácticas y finalidades mismas de dichas agencias siguen siendo incompatibles con los principios democráticos, lo que va en contramano de fallos históricos recientes en la región.

En el escenario argentino, el rediseño del sistema de inteligencia y el traspaso del control de la ciberseguridad a la SIDE no son hechos menores ni aislados, sino parte de un proyecto político del actual gobierno. Este proyecto impulsa discursos y medidas abiertamente regresivas en temas como género, diversidad, protesta social y acceso a la información pública, que han sido denunciados por organismos y organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y Reporteros Sin Fronteras. Esta agenda antiderechos tiene graves impactos especialmente sobre grupos históricamente vulnerables, entre ellos mujeres y personas LGBTQIA+, que además son un blanco frecuente y desproporcionado de las prácticas de vigilancia y los ataques digitales, particularmente quienes ejercen liderazgos políticos, sociales o periodísticos. Precisamente, quienes deberían estar en el centro de las políticas de ciberseguridad son quienes más riesgos enfrentan con los recientes giros autoritarios.

El cambio de gobernanza en cuestión se articula, además, con decisiones geopolíticas de alineamiento expreso con los intereses de Estados Unidos e Israel, países mencionados explícitamente como referentes estratégicos en el nuevo PIN argentino. Esta alineación no solo refuerza una lógica de seguridad nacional que pone en tensión los derechos fundamentales, sino que también reproduce un modelo caracterizado por la concentración de poder y la falta de controles democráticos efectivos. En el caso argentino, donde no existen mecanismos efectivos institucionales de fiscalización sobre las agencias de inteligencia, la pregunta que se impone con fuerza es ¿quién vigila a quienes vigilan?

Implicancias del caso argentino para nuestra región

El caso argentino hace eco en hechos históricos y expone cómo los marcos legales pueden ser utilizados para habilitar prácticas autoritarias. Además, y tomando como referencia un informe reciente de Derechos Digitales, junto a otras acciones realizadas por el gobierno argentino el último tiempo, como la Resolución 428/2024, el caso consolida un rumbo para el despliegue de prácticas de vigilancia bajo normas poco claras, un camino que el Estado ya venía trazando desde 2020. Lo ocurrido en las últimas semanas formaliza dichas actividades y habilita otras como el monitoreo masivo en redes, bajo una estructura que convierte la ciberseguridad en un instrumento político para vigilar y silenciar a la disidencia.

Como vemos, el problema no es nuevo; lo nuevo es que se legitiman la persecución y la vigilancia por vía legal. Estamos ante una disputa política que requiere respuestas claras por parte de los Estados. La región evidencia un panorama en el cual crece la tolerancia hacia formas autoritarias de gobierno. Argentina, un país considerado históricamente como referente en materia de derechos humanos, se ha venido alejando de ese lugar. Este retroceso insta a la activación de compromisos concretos del resto de los países de la región, no solo para construir y defender estándares comunes, sino para impedir que un modelo de ciberseguridad como este sea replicado.

La preocupación es aún mayor considerando que Argentina es uno de los países de América Latina con las estructuras institucionales más robustas en esta área. Cuenta con más recursos técnicos, capacidades operativas y fuerza política que muchos otros. En una región marcada por profundas asimetrías entre países —donde muchos carecen de marcos sólidos, personal capacitado y financiamiento adecuado para la ciberseguridad—, existe el riesgo real de que modelos autoritarios como el argentino influyan negativamente en el diseño de políticas públicas en otros Estados.

Reafirmar un enfoque en ciberseguridad basado en derechos humanos no es una aspiración técnica, sino una urgencia democrática. La protección de la privacidad, la libertad de expresión y la inclusión digital debe estar en el centro de toda política pública en la materia. Fortalecer la gobernanza democrática -con participación multisectorial, perspectiva de género y atención a las desigualdades estructurales cómo las de género- es una tarea impostergable. Solo así podremos construir resiliencia digital sin ceder las libertades que sostienen nuestras democracias.

Cuando la estructura de las organizaciones también es parte del propósito

Este 2025 Derechos Digitales cumple oficialmente veinte años. Este aniversario representa una oportunidad para detenernos y mirar con perspectiva el camino recorrido: veinte años de desafíos, aciertos y también errores, pero por sobre todo aprendizaje. Una historia sobre adaptación constante, crecimiento sostenido y maduración organizacional.

En este hito, queremos destacar una dimensión quizás menos visible de nuestro quehacer, pero profundamente estratégica para lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana: el trabajo del área de Operaciones y Finanzas de Derechos Digitales. Un equipo cuya función ha sido clave para sostener y proyectar nuestra misión en el tiempo.

Crecimiento interior

Como muchas organizaciones de la sociedad civil, Derechos Digitales contaba en sus inicios con un equipo polifuncional, que asumía tareas muy diversas: desde la formulación y ejecución de proyectos hasta la gestión administrativa y la relación con donantes. Esta lógica, si bien nos permitió comenzar a trabajar también implicaba una carga significativa sobre las personas encargadas de la investigación y la incidencia, dificultando la especialización y el desarrollo sostenible en un contexto de crecimiento.

Con los años, y a medida que nuestro trabajo crecía en alcance y complejidad, se hizo evidente la necesidad de consolidar un área que asumiera de forma dedicada las labores  administrativas y de soporte estratégico. La oportunidad llegó de la mano de uno de nuestros donantes históricos, Ford Foundation, a través del proyecto BUILD, una iniciativa que daba la posibilidad a diversas organizaciones de concentrar esfuerzos y recursos en el fortalecimiento institucional de largo plazo. Gracias a este apoyo, por primera vez pudimos dedicar esfuerzos a construir, desde un equipo especializado, una estructura organizativa más robusta y preparada para sostener nuestro trabajo hacia el futuro.

Los frutos de esta apuesta fueron visibles en el corto plazo. Un ejemplo de aquello fue la manera en que afrontamos la delicada situación de la pandemia por COVID-19, que trajo consigo una serie de desafíos tanto para nuestras acciones como para el bienestar de nuestros colaboradores, además de socios y pares. En un  escenario profundamente incierto, ya contábamos con una estructura operativa más fortalecida para así sostener nuestras líneas de trabajo y acompañar a otras organizaciones de la región. Además, pudimos destinar esfuerzos y recursos específicamente al acompañamiento del equipo, procurando facilitar su tránsito ante estos procesos de cambio. Este fortalecimiento interno comenzó entonces a proyectarse hacia afuera: a través de microgrants, alianzas estratégicas y una ejecución de proyectos que combinaba solidez técnica con estabilidad financiera.

Este camino no ha sido fácil de transitar. Ha implicado años de aprendizaje, de decisiones complejas y de construir capacidades en un entorno que muchas veces no está pensado para organizaciones como la nuestra. Esto se refleja en distintas formas, a menudo pasadas por alto en el día a día, pero fundamentales para entender cómo trabajamos y qué hemos logrado.

El valor de contar con un apoyo especializado

¿En qué momentos podemos ver el valor de nuestro quehacer interno? Nuestro trabajo administrativo es tan intenso como invisible. La mayor parte del tiempo transcurre detrás del telón, apreciándose con más claridad en aquellos momentos donde las cosas fallan o enfrentamos situaciones complejas. A pesar de esto, en los momentos de mayor exigencia, encontramos los signos de creciente madurez y capacidad de respuesta que hemos forjado, y seguimos consolidando, después de 20 años.

Lo primero es el enfoque en nuestra misión organizacional. Contar con personal especializado dedicado íntegramente al soporte de nuestras tareas permite que quienes diseñan, ejecutan y desarrollan nuestro trabajo sustantivo se centren al 100 % en su labor, sin distracciones burocráticas ni requerimientos administrativos de urgencia. Saber que existe un área que sostiene la estructura interna nos brinda la confianza de continuar avanzando en nuestra misión, incluso en épocas de alta presión, sin desviar esfuerzos en el levantamiento de recursos, proyecciones y reducción de costos. 

Otro de estos signos de madurez está vinculado con la gestión más eficiente de nuestros recursos. Aplicamos políticas claras de planificación y presupuesto, reducción de costos, proyecciones y monitoreo de riesgos que nos permiten no solamente enfrentar el presente, sino anticipar y navegar distintos escenarios, y así estar más preparados para momentos hostiles en términos de financiamiento. Esta capacidad de planificación integral fortalece nuestra resiliencia financiera y si bien no es una garantía, nos brinda más certezas de que las decisiones que tomamos hoy nos preparan para enfrentar los retos que vendrán, a través de diversas herramientas como reservas, inversiones y proyección a largo plazo. En este proceso, nuestras capacidades están en permanente actualización y el crecimiento es continuo: jamás dejamos de aprender y adquirir nuevas herramientas.

Por último, ya estamos en condiciones de asumir que somos un puente entre organizaciones. Nuestro desarrollo administrativo nos permite aportar a la sostenibilidad, no solo de Derechos Digitales, sino también ser un nexo para otros grupos con los que trabajamos. En tiempos de crisis, la colaboración es esencial para las organizaciones sin fines de lucro, ya que permite optimizar recursos, generar confianza social y además nos posiciona como referentes locales en términos de gestión. En Derechos Digitales no solo somos receptores de donaciones para desarrollar nuestros propios proyectos, sino que también hemos logrado convertirnos en fuente de financiamiento para otros colectivos y activistas que, por diversos motivos, no pueden acceder a ciertos tipos de respaldos monetarios, apoyándose así en nuestras capacidades instaladas.

Un claro ejemplo de lo anterior son los Fondos de Respuesta Rápida (FRR) y Fondos de Derechos Digitales (FDD), iniciativa vigente desde 2019 que permite entregar recursos para dar respuesta a emergencias en materia de derechos humanos y tecnología en la región a todo tipo de organizaciones, independientemente de su nivel de madurez. 

¿Y qué sigue?

Resulta innegable que estamos atravesando uno de los momentos más complejos para el espacio cívico y su financiamiento a nivel global. Las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos, no solo pausaron y cortaron recursos clave para el desarrollo mundial, sino que también sacudieron todo el ecosistema filantrópico, generando una incertidumbre sin precedentes.

Estas medidas también han tenido impacto en nuestra operación. Hemos tenido que tomar decisiones complejas que afectan nuestro funcionamiento, como la reducción de costos, congelamiento y suspensión de proyectos y contrataciones asociadas. La adopción responsable de esas medidas fue solamente posible debido a la rápida y dedicada reacción de nuestro equipo, mediante el seguimiento continuo de nuestras finanzas y la formulación de cambios profundos en las proyecciones a corto, mediano y largo plazo, que incluyó la definición de distintos escenarios posibles y la preparación de planes de acción para cada uno de ellos, activando alertas tempranas y evitando asumir la sostenibilidad como un hecho garantizado. 

Pero no basta con lo anteriormente mencionado: el trabajo colaborativo se presenta como nuestra piedra angular mientras persista este contexto de incertidumbre. Así, este fortalecimiento interno no solo beneficia a nuestro propio equipo, sino que nos posiciona como un vínculo confiable para otras organizaciones y activistas de América Latina. Un ejemplo de esto es la capacidad de acceder a fuentes de financiamiento que exigen capacidades comprobables –como auditorías anuales–, para así canalizar recursos administrativos y financieros hacia organizaciones locales.

En Derechos Digitales, resulta vital no solo preservar nuestra actividad, sino también compartir metodologías y tejer redes de articulación que amplifiquen el impacto colectivo de nuestra tarea. En un momento en que la labor de las ONGs y activistas es más necesaria que nunca, mantener la calma, tomar decisiones informadas y trabajar en alianza son las claves para enfrentar la incertidumbre presente y futura.

Es imposible predecir con certeza el futuro, pero afortunadamente sí podemos proyectar escenarios posibles y planificar cómo queremos sostener nuestra misión y mantener activo nuestro trabajo y el fruto de estos 20 años de existencia. A la luz de la historia que hemos compartido aquí, estamos convencidas de que algunas de las acciones cruciales para enfrentar lo que viene son desarrollar capacidades internas sólidas y seguir confiando plenamente en la efectividad de nuestro trabajo sustantivo, asumir definiciones con información y trabajar colaborativamente para seguir impulsando el cambio desde y para el Sur Global.

Contribución al informe sobre los defensores de los derechos humanos que trabajan sobre el cambio climático y una transición justa

Descargar PDF

En el marco de la convocatoria de la Relatoría Especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, presentamos junto al Instituto Nupef y TEDIC una contribución en la que abordamos cómo el uso de las tecnologías de las TIC puede combatir o agravar los riesgos que enfrentan defensoras del medio ambiente. En el documento, destacamos los temas de acceso significativo a Internet, amenazas a la integridad de la información y seguridad digital, ilustrándolos a partir del caso brasileño de las quebradoras de coco babasú.

Contribución a la consulta sobre redes comunitarias convocada por la Subsecretaría de las Telecomunicaciones en Chile

Descargar PDF

En el marco de la consulta pública de SubTel, resaltamos la importancia de fortalecer las redes comunitarias para impulsar la conectividad en Chile. Estas redes promueven la autodeterminación tecnológica y la organización comunitaria, por lo que cualquier regulación debe basarse en diagnósticos actualizados sobre brecha digital y capacidades locales. Aportamos propuestas para definir marcos legales claros y condiciones justas para su desarrollo.

Transformaciones y desafíos en los derechos digitales en América Latina: un balance de 2024

En 2024, la intersección entre tecnología y derechos humanos ha cobrado una relevancia sin precedentes en América Latina. En un panorama global que anticipaba decenas de elecciones, pero que está todavía marcado por los horrores del genocidio y la guerra, como también por autoridades locales embelesadas con las promesas por la IA y pugnas políticas globales sobre el futuro de las redes digitales, vale la pena hacer una breve retrospectiva de lo que nos ha tocado enfrentar este año.

Encerrando en la lámpara al genio de la IA

La discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) se intensificó en América Latina en 2024. Diversos países de la región han estado explorando marcos regulatorios para controlar los riesgos de estas tecnologías sin impedir su desarrollo ni excluir a los países de la economía global. El reciente avance en Brasil de un proyecto de larga discusión parece acercar esa regulación a la realidad.

En este contexto, Derechos Digitales ha enfatizado la importancia de poner los derechos humanos en el centro de la regulación y del desarrollo de la inteligencia artificial, destacando la necesidad de una participación ciudadana efectiva en su desarrollo e implementación. También hemos avanzado significativamente en demostrar, a través de la evidencia situada, cuáles son las características de la implementación en la región por entidades públicas, más allá de los compromisos declarados. A pesar de los desafíos, nuestra más reciente edición de Latin America in a Glimpse ofrece una luz de esperanza para un desarrollo comunitario, situado y feminista de estas tecnologías, en lugar de rendirnos a la voluntad de algunos gigantes de la tecnología.

Pactos mundiales, pero sin todo el mundo

El Pacto Digital Mundial (GDC, por sus siglas en inglés) aparecía como uno de los hitos más significativos del año, con una importante búsqueda de incidencia por incontables activistas de todo el mundo, para sumar sus voces a las de los Estados representados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En los escasos espacios de participación abiertos, Derechos Digitales hizo valer sus expectativas sobre el GDC, enfatizando la necesidad de una perspectiva efectiva de género en el GDC, basada en principios feministas para la inclusión de género, y recomendando un enfoque basado en derechos humanos que considere intersección de género y derechos en áreas clave. No obstante, un resultado decepcionante en esas materias y de muy difícil participación para actores no estatales, nos hace sumarnos a la preocupación global sobre el proceso de implementación, que seguiremos con celo.

Otro proceso preocupante terminó de manera casi trágica: tras más de dos años de negociaciones, la ONU aprobó el texto final de un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Organismos expertos y activistas alrededor del mundo advirtieron por años que el texto contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos, incluida la falta de salvaguardas suficientes en materia de protección de derechos frente a la cooperación internacional.

Libertad de expresión, siempre bajo ataque

En un año que vio nuevas preocupaciones no solo por los usuales bloqueos, sino también por la siempre presente violencia contra periodistas y por la posible promulgación de leyes mordaza en distintos países, o el levantamiento de restricciones y cierres contra organizaciones activistas, el uso de internet para la libre expresión parece ser cada vez más un riesgo que una oportunidad.

Independiente de las decisiones de ciertos gobiernos, recientes cambios como la compra de Twitter (ahora X) por un magnate controvertido, han complicado aún más el panorama para el ejercicio de la expresión en plataformas privadas. Así, el bloqueo de lo que era Twitter en Brasil levantó preocupación por el efecto aparentemente desproporcionado, como consecuencia de actos de autoridad legalmente tramitados por la falta de colaboración de la plataforma con procesos judiciales. Eso, sin siquiera discutir la decadencia de una plataforma que sigue siendo relevante para una minoría, y su incapacidad de mantenerse como un espacio seguro.

La arbitrariedad para la censura de contenidos en plataformas digitales quedó además validada en México, por medio de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el sistema de notificación y retirada, cuestionado por su facilidad para lesionar derechos humanos en línea en nombre del derecho de autor y sin real efecto sobre la “piratería”.

Tecnologías para la vigilancia: un paso adelante, diez atrás

En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico en el caso presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), destacando que las actividades de inteligencia deben respetar la privacidad y la protección de datos personales. Esta decisión expuso la vigilancia sistemática ejercida sobre defensores de derechos humanos en Colombia, incluyendo el monitoreo de comunicaciones privadas, y estableció un precedente crucial para limitar abusos en las tareas de inteligencia en toda la región. Esto es especialmente relevante en un contexto en que los Estados latinoamericanos continúan utilizando herramientas intrusivas, como el software Pegasus, sin mecanismos efectivos de supervisión democrática, a pesar de los aprendizajes de la última década. Aunque el fallo representa un avance normativo, la persistencia de prácticas de espionaje y monitoreo masivo refleja la urgencia de fortalecer marcos regulatorios que protejan los derechos humanos.

Por otra parte, el ciberpatrullaje se ha consolidado en 2024 como una herramienta de vigilancia estatal en América Latina, presentada como un mecanismo para prevenir delitos pero aplicada también como medio para vigilar discursos críticos. Esta práctica, que implica el monitoreo constante de redes sociales y espacios digitales, permite perfilar usuarios, recopilar información personal y observar la actividad de activistas y periodistas sin salvaguardas legales suficientes.

Salir a la calle tampoco nos aleja del peligro. El uso de tecnologías de reconocimiento facial en América Latina ha seguido expandiéndose en 2024, especialmente en espacios abiertos al público como estadios. Si bien estas herramientas se presentan como soluciones para mejorar la seguridad, han sido criticadas por facilitar el control social y la vigilancia masiva. Su implementación ha afectado desproporcionadamente a comunidades vulnerables y restringido libertades fundamentales, como el derecho a la protesta.

Contribuyendo y colaborando

En julio de 2024, Derechos Digitales anunció las organizaciones seleccionadas para participar en el primer ciclo del Fondo para la Promoción de los Derechos Digitales (FDD). Este programa fue diseñado como una herramienta para fortalecer las capacidades de las comunidades en la región, sensibilizándolas sobre la importancia de proteger sus derechos en el entorno digital. A través de este fondo, se busca fomentar el desarrollo de iniciativas locales que promuevan un espacio digital más inclusivo, libre y seguro, donde los derechos fundamentales sean respetados y defendidos.

Este fondo se complementa con el ya consolidado Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales (FRR), que en 2024 celebró cinco años de funcionamiento. Desde su creación, este fondo ha permitido canalizar recursos hacia acciones urgentes de defensa de los derechos humanos en el entorno digital, proporcionando respaldo inmediato a comunidades y activistas que enfrentan amenazas o vulneraciones en línea.

Ambos mecanismos, al operar en conjunto, constituyen un esfuerzo integral para fortalecer el ecosistema de defensa de los derechos digitales en América Latina. En total, los fondos administrados por Derechos Digitales completaron un año de impacto significativo, apoyando 29 proyectos distintos distribuidos en 14 países de la región, abarcando una amplia gama de temas. Con este modelo de financiamiento, Derechos Digitales continúa impulsando estrategias de defensa y promoción de los derechos digitales, respondiendo a los desafíos urgentes de la región.

Mirando hacia 2025: desafíos y prioridades para los derechos digitales

A medida que nos acercamos a 2025, el escenario global estará marcado por la implementación de acuerdos clave y el desarrollo de procesos internacionales que definirán el futuro de los derechos digitales. La revisión de los veinte años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20) será un momento decisivo para evaluar los compromisos adoptados hace dos décadas y proyectar un modelo más inclusivo, sostenible y centrado en derechos humanos para el desarrollo digital. Será una oportunidad para insistir en la participación de la sociedad civil y en la necesidad de garantizar la conectividad, sin comprometer libertades esenciales en nombre de la seguridad o el progreso económico.

Al mismo tiempo, se espera que comience la implementación del GDC, en un proceso todavía rodeado de incertidumbres y preocupaciones. La sociedad civil tendrá el desafío de incidir en los mecanismos de seguimiento y aplicación del Pacto, para asegurar que las decisiones adoptadas protejan los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de control o exclusión.

En paralelo, tras su adopción, podría iniciarse la implementación del Tratado sobre Cibercrimen, con implicaciones directas en la regulación de la vigilancia estatal, la cooperación judicial y el intercambio de datos. La vigilancia transfronteriza, el acceso a información privada y las obligaciones impuestas a las empresas tecnológicas requerirán un escrutinio constante para asegurar que los esfuerzos por combatir el cibercrimen no se conviertan en justificaciones para expandir la vigilancia masiva

Con un año electoral en varios países de América Latina, 2025 también traerá desafíos para la estabilidad democrática en la región. Las tecnologías digitales jugarán un papel central tanto como herramientas para la participación política como instrumentos para perjudicar al espacio cívico. Nuestra participación en el proyecto Civic DEFENDERS aparece así como una oportunidad para ejercer nuestra misión junto a organizaciones de todo el mundo.

Al final de un nuevo año de intenso activismo, reafirmamos nuestra confianza en la capacidad de la sociedad civil para liderar cambios significativos y sostenibles. La construcción de un futuro digital justo, inclusivo y democrático dependerá de mantener la solidaridad transregional, de amplificar las voces de la Mayoría Global y de asegurar que los derechos humanos estén al centro de cada decisión que impacte a las tecnologías. Desde Derechos Digitales, seguimos comprometidas a trabajar para ese futuro.

Entre acrobacias burocráticas, retos y oportunidades de la sociedad civil latinoamericana

El Sector de Normalización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) es un espacio donde se definen el rumbo de estándares técnicos que habilitan por ejemplo el funcionamiento de los dispositivos que usamos a diario. ¿Estándares técnicos? Un buen ejemplo es el protocolo «https» que ves en la dirección web de esta página, o las tecnologías 4G y 5G de tu red móvil. Estos se basan en estándares técnicos que, dependiendo de su diseño e implementación, pueden facilitar o dificultar el ejercicio de derechos humanos, como la privacidad y la protección de los datos personales. La UIT-T ha mostrado una cultura operativa cerrada por diseño a organizaciones de la sociedad civil, relegando como consecuencia a un segundo plano las consideraciones sobre derechos en sus discusiones.

Como hemos mostrado en otras publicaciones, en el proceso actual de estandarización de la UIT-T sólo los Estados Miembros tienen voto y predomina la influencia de las grandes empresas de telecomunicaciones. En consecuencia, las discusiones se enfocan en aspectos técnicos sin otorgar la atención adecuada a cuestiones de derechos humanos. Bajo estas condiciones, las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a acrobacias burocráticas y procesos costosos para sumar su voz, sin voto en la elaboración de estándares técnicos. En nuestra próxima publicación, señalamos la necesidad de repensar la cultura de operación de la UIT-T para integrar las experiencias locales de agentes no gubernamentales en materia de derechos humanos.

Relación entre estándares técnicos y derechos humanos.

La entrada tardía de consideraciones sobre derechos al establecimiento de estándares técnicos puede contribuir a vulnerar la privacidad y la libertad de expresión de las personas usuarias. Instancias como la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas reconocen que las normas técnicas repercuten en los derechos humanos dependiendo de cómo se diseñen, apliquen e interoperabilicen. Asimismo, pueden influir en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Esto cobra especial relevancia en los países del Sur Global, donde existen desprotecciones históricas en materia de derechos y los impactos de las tecnologías digitales son diferenciados.  En contraste, cuando el consenso técnico sobre estándares incluye desde etapas tempranas perspectivas de derechos humanos, se contribuye a características fundamentales de los sistemas de información, como la seguridad por diseño, que garantiza en todo momento la protección de los datos de las personas. Siendo así, afirmamos la importancia de que la sociedad civil latinoamericana haga seguimiento de los estándares técnicos, evaluando su impacto práctico en los derechos humanos y avanzando hacia marcos más accesibles, seguros, inclusivos y sostenibles.

Deuda con la perspectiva de género e interseccional.

No sólo hay vacíos desde una perspectiva de derechos, los organismos de normalización y la comunidad técnica en general también registran una deuda estructural con la perspectiva de género e interseccional. En el caso de la UIT-T, por un lado, a pesar de la conformación de redes y grupos que fomentan la participación de las mujeres en las actividades de normalización, aún se registra una brecha de género en el desarrollo de foros y asambleas donde discuten normas técnicas; de hecho “en 2022 y 2023, las mujeres representaban el 27% de los participantes en las comisiones de estudio”. Por otro lado, sostenemos que los estándares técnicos tienen consecuencias diferenciadas en la población; siendo fundamental mostrar cómo las niñas, mujeres y la comunidad LGBTQIA+ experimentan, se ven afectadas y retroalimentan los estándares establecidos en la UIT-T. 

Oportunidades de participación según los procesos institucionales UIT-T.

Hay un abanico de posibilidades, cada una con ventajas y desventajas, para que la sociedad civil latinoamericana incida en la UIT-T a través de vías institucionales. Una de las principales es la membresía, que se obtiene a través del pago de una categoría (miembro de sector, asociado o academia) que otorga beneficios y derechos de acceso a los grupos de estudio, documentos de trabajo, reuniones y actividades. De otra parte, algunos Grupos de Trabajo del Consejo de la UIT (CWGs por su sigla en inglés) desarrollan procesos de consulta abierta y pública donde la sociedad civil puede aportar sus conocimientos especializados en derechos digitales. También, organizaciones con experiencia en la UIT-T señalan que una de las formas más efectivas para que la sociedad civil participe es integrándose en las delegaciones de los Estados Miembros, reduciendo costos y complementando experticias. Asimismo, recomendamos la participación en los foros regionales preparatorios y grupos de estudio con miras a espacios de alto nivel como la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada 4 años. La edición más reciente se celebró en octubre de 2024. En la AMNT se definen las prioridades para la labor de estandarización de la UIT-T.  

Retos para la participación de la sociedad civil Latinoamericana.

Las oportunidades de participación aludidas presentan limitaciones específicas para la sociedad civil en América Latina. Primero, a los costos de la membresía se suman los gastos de viaje, visados y el dominio del inglés (lengua que predomina en los debates de alto nivel), elementos a evaluar para determinar si la participación es realmente factible. Cabe mencionar que la UIT-T permite la exención del pago de la membresía bajo condiciones específicas que, en lugar de ofrecer oportunidades, generan desafíos para la participación significativa de la sociedad civil. Por ejemplo, se exige que las organizaciones solicitantes operen en más de un Estado Miembro. Segundo, para participar de las consultas abiertas, los foros regionales y grupos de estudio es necesario contar con un equipo técnico capacitado para influir en la revisión de estándares técnicos, pues el lenguaje de estos no está diseñado desde una perspectiva de derechos humanos ni está orientado a defensores de los mismos. Tercero, ser parte de la delegación de un Estado Miembro implica ser aceptado por este, construir relaciones de confianza y compartir posiciones oficiales, limitando las posibilidades de participación según los espacios de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Cuarto, la inestabilidad en la financiación y asignación de recursos de la sociedad civil del Sur Global compromete su participación continua y su capacidad de legitimidad en las reuniones de la UIT-T.

Recomendaciones para una incidencia significativa desde acciones locales.

La sociedad civil Latinoamericana produce evidencia crucial sobre las implicaciones reales de las normas técnicas, mostrando cómo los distintos grupos sociales experimentan y se ven afectados por los estándares establecidos en la UIT-T, lo que subraya la necesidad de su participación significativa y continua. Con nuestro policy brief, buscamos contribuir a la creación de estrategias internas de incidencia a través de vías paralelas a los procesos institucionales, por ejemplo:  monitorear de forma organizada las Resoluciones más relevantes para los derechos digitales, o identificar y priorizar los derechos humanos a defender mediante redes locales y regionales de incidencia, en función de estándares específicos.

Mecanismos Nacionales de Derechos Humanos: mucho por hacer

El pasado 13 de noviembre participamos, como parte del Colectivo EPU América del Sur, de una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 191 período de sesiones la cual se enfocó en los Mecanismos Nacionales de Implementación y Seguimiento de Derechos Humanos, o NMIRFs por sus siglas en inglés.

Dichos mecanismos son engranajes complejos dedicados a identificar el nivel de protección y satisfacción de los derechos en los países, y son fundamentales en el ecosistema de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

Su funcionamiento adecuado permite documentar, informar y medir el nivel de protección de los derechos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como CIDH, pero también el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, entre otros. Los NMIRFs no sólo supervisan el cumplimiento de derechos, sino que también reportan el estado de las recomendaciones emitidas por dichos organismos especializados.

Desafíos en la Implementación de los NMIRFs en América Latina

La existencia y el funcionamiento de estos mecanismos es aún incipiente en América Latina, a pesar de su rol crucial. En un estudio reciente publicado por el Colectivo EPU América del Sur, se detalla que los países de América del Sur están lejos del estándar deseado, es decir, de NMIRFs que sean autónomos, independientes, con capacidades presupuestarias y humanas para cumplir su función, y con apertura para la participación de la sociedad civil.

Por ejemplo, Bolivia es un país en donde el Mecanismo Nacional se denomina “Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadísticas de Recomendaciones sobre Derechos Humanos”, o SIPLUS. Fue creado en 2016, pero a la fecha ni el mecanismo ni su sitio web se encuentran operativos o funcionales. Y desde su creación, la participación de la sociedad civil no ha sido reconocida ni viabilizada. 

En otros países como Venezuela o Colombia, no existe la figura del NMIRF, y el gobierno de Brasil prometió hacer lanzamiento de su Mecanismo Nacional tan solo en mayo de 2026. Por su parte, en países donde el NMIRF en efecto opera –como en Perú y Paraguay -, dicho organismo depende del Poder Ejecutivo, lo que pone en entredicho su independencia técnica y administrativa.

El estudio del Colectivo EPU, que fue presentado en la audiencia ante la CIDH, afirma que sin autonomía ni independencia de los NMIRFs es difícil construir una visión alternativa sobre el desempeño de los Estados en cuanto a la protección de derechos. En la audiencia reiteramos que la participación de la sociedad civil es crucial en este sentido, en tanto puede conducir a un diagnóstico más informado y completo sobre el estado de los derechos humanos en un país determinado.

Ahora bien, el pedido de fortalecer los NMIRFs en la región también ha provenido tanto de la ONU –en diversas resoluciones- como de la propia CIDH que reiteran la necesidad de que los Estados los establezcan y fortalezcan.

En concreto, la resolución más reciente del Consejo de Derechos Humanos, señala que los NMIRFs a nivel nacional facilitarían a los Estados la presentación de sus informes ante los diversos mecanismos de tratados ante las Naciones Unidas, articularían los procesos de cooperación internacional de manera más contundente, y que su funcionamiento avanzaría en la institucionalización de los derechos humanos a nivel nacional y regional en tanto que articularían de manera más orgánica la creación de políticas públicas dirigidas a cumplir con los derechos. Para ello, llama la atención de los Estados a que dichos Mecanismos Nacionales adopten un enfoque participativo abierto a las contribuciones de la sociedad civil.

Por su parte, la CIDH, en su primer informe publicado en 2023 que explora la conveniencia de la creación de los NMIRFs para hacer seguimiento también a las recomendaciones en derechos humanos elevadas por este organismo, destacó su rol vital, y llamó la atención para que su funcionamiento integre a otros poderes del Estado, y no solo al Ejecutivo, en tanto que los lidera; y recalca la importancia de la articulación interinstitucional entre los NMIRFs y otros organismos en derechos humanos, para que su trabajo no esté fragmentado o desarticulado.

Lecciones desde el Examen Periódico Universal (EPU): la necesidad de los NMIRFs

En nuestro trabajo en el EPU, hemos constatado la importancia de estos mecanismos para monitorear las políticas públicas de derechos humanos. En el EPU reciente de países como Bolivia y Nicaragua, sobre los cuales informamos a la ONU en torno a su desempeño en derechos humanos en la esfera digital, los NMIRFs no están operativos, o como en el caso de Nicaragua, directamente no existen, por lo que el seguimiento de los derechos humanos se torna especialmente desafiante.

Nuestra experiencia en la presentación de informes sobre estos países ante el EPU ha demostrado que la existencia de NMIRFs facilitaría el acceso a datos basados en evidencia y permitiría una evaluación comparativa y global de los avances en derechos humanos. Sin estos mecanismos, las organizaciones de la sociedad civil deben asumir una carga de monitoreo, sin el respaldo y acceso a la información que proporcionaría un mecanismo nacional activo y robusto.

Y cuando en 2023 hicimos nuestra contribución al EPU de Chile ante la ONU, el Mecanismo Nacional de ese país denominado Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos, o SIMORE Plus –que imita al SIMORE de Paraguay-, recién iba a ser creado, por lo que está por verse cómo se operacionaliza su funcionamiento en la práctica.

Fortalecer los NMIRFs: desafíos de voluntad política y recursos

En la audiencia de la CIDH, de hecho, el Comisionado Arif Bulkan nos planteó preguntas que invitan a una reflexión profunda y continua: ¿qué hacer con los NMIRFs si a los Estados puede faltarles voluntad política para implementarlos? ¿Cómo garantizar su funcionamiento que puede llegar a ser costoso?

Entendemos que la garantía de derechos humanos y la operatividad de estos Mecanismos Nacionales generen preocupaciones válidas en torno a la voluntad política de los tomadores de decisiones encargados de implementarlos y hacerlos efectivos. Sin embargo, los Estados, al asumir compromisos internacionales, se obligan a proteger derechos humanos de manera perdurable, independientemente de los cambios en el liderazgo político.

También es cierto que la protección de derechos requiere recursos, y los presupuestos de los Estados suelen ser escasos para atenderlos. No obstante, los derechos humanos deben ser garantizados en tanto que fines en sí mismo, pero también en tanto que favorecen el desarrollo económico que los Estados tanto persiguen.

Hacer de los NMIRFs una prioridad regional

Los NMIRFs son un componente esencial para asegurar que los compromisos internacionales en derechos humanos no queden en papel, sino que se traduzcan en avances concretos y medibles para las personas. Los Estados deben ver la inversión en estos mecanismos no como un gasto, sino como una garantía de desarrollo sostenible y cohesión social a largo plazo.

A futuro, nuestro trabajo en el marco del Colectivo EPU América del Sur continuará con la  documentación de los avances y retrocesos de los NRMIFs en la región, al tiempo, esperamos que la audiencia que tuvo lugar en la CIDH llame la atención para que dicho organismo pueda más adelante avanzar en diversos estándares interamericanos aplicables al funcionamiento de los NMIRFs y su tarea de seguimiento, monitoreo y implementación de los derechos humanos en la región; así como en estándares interamericanos aplicables a la participación significativa de la sociedad civil en el marco de dichos mecanismos.