Temática: Gobernanza de internet

Entre acrobacias burocráticas, retos y oportunidades de la sociedad civil latinoamericana

El Sector de Normalización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) es un espacio donde se definen el rumbo de estándares técnicos que habilitan por ejemplo el funcionamiento de los dispositivos que usamos a diario. ¿Estándares técnicos? Un buen ejemplo es el protocolo «https» que ves en la dirección web de esta página, o las tecnologías 4G y 5G de tu red móvil. Estos se basan en estándares técnicos que, dependiendo de su diseño e implementación, pueden facilitar o dificultar el ejercicio de derechos humanos, como la privacidad y la protección de los datos personales. La UIT-T ha mostrado una cultura operativa cerrada por diseño a organizaciones de la sociedad civil, relegando como consecuencia a un segundo plano las consideraciones sobre derechos en sus discusiones.

Como hemos mostrado en otras publicaciones, en el proceso actual de estandarización de la UIT-T sólo los Estados Miembros tienen voto y predomina la influencia de las grandes empresas de telecomunicaciones. En consecuencia, las discusiones se enfocan en aspectos técnicos sin otorgar la atención adecuada a cuestiones de derechos humanos. Bajo estas condiciones, las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a acrobacias burocráticas y procesos costosos para sumar su voz, sin voto en la elaboración de estándares técnicos. En nuestra próxima publicación, señalamos la necesidad de repensar la cultura de operación de la UIT-T para integrar las experiencias locales de agentes no gubernamentales en materia de derechos humanos.

Relación entre estándares técnicos y derechos humanos.

La entrada tardía de consideraciones sobre derechos al establecimiento de estándares técnicos puede contribuir a vulnerar la privacidad y la libertad de expresión de las personas usuarias. Instancias como la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas reconocen que las normas técnicas repercuten en los derechos humanos dependiendo de cómo se diseñen, apliquen e interoperabilicen. Asimismo, pueden influir en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Esto cobra especial relevancia en los países del Sur Global, donde existen desprotecciones históricas en materia de derechos y los impactos de las tecnologías digitales son diferenciados.  En contraste, cuando el consenso técnico sobre estándares incluye desde etapas tempranas perspectivas de derechos humanos, se contribuye a características fundamentales de los sistemas de información, como la seguridad por diseño, que garantiza en todo momento la protección de los datos de las personas. Siendo así, afirmamos la importancia de que la sociedad civil latinoamericana haga seguimiento de los estándares técnicos, evaluando su impacto práctico en los derechos humanos y avanzando hacia marcos más accesibles, seguros, inclusivos y sostenibles.

Deuda con la perspectiva de género e interseccional.

No sólo hay vacíos desde una perspectiva de derechos, los organismos de normalización y la comunidad técnica en general también registran una deuda estructural con la perspectiva de género e interseccional. En el caso de la UIT-T, por un lado, a pesar de la conformación de redes y grupos que fomentan la participación de las mujeres en las actividades de normalización, aún se registra una brecha de género en el desarrollo de foros y asambleas donde discuten normas técnicas; de hecho “en 2022 y 2023, las mujeres representaban el 27% de los participantes en las comisiones de estudio”. Por otro lado, sostenemos que los estándares técnicos tienen consecuencias diferenciadas en la población; siendo fundamental mostrar cómo las niñas, mujeres y la comunidad LGBTQIA+ experimentan, se ven afectadas y retroalimentan los estándares establecidos en la UIT-T. 

Oportunidades de participación según los procesos institucionales UIT-T.

Hay un abanico de posibilidades, cada una con ventajas y desventajas, para que la sociedad civil latinoamericana incida en la UIT-T a través de vías institucionales. Una de las principales es la membresía, que se obtiene a través del pago de una categoría (miembro de sector, asociado o academia) que otorga beneficios y derechos de acceso a los grupos de estudio, documentos de trabajo, reuniones y actividades. De otra parte, algunos Grupos de Trabajo del Consejo de la UIT (CWGs por su sigla en inglés) desarrollan procesos de consulta abierta y pública donde la sociedad civil puede aportar sus conocimientos especializados en derechos digitales. También, organizaciones con experiencia en la UIT-T señalan que una de las formas más efectivas para que la sociedad civil participe es integrándose en las delegaciones de los Estados Miembros, reduciendo costos y complementando experticias. Asimismo, recomendamos la participación en los foros regionales preparatorios y grupos de estudio con miras a espacios de alto nivel como la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada 4 años. La edición más reciente se celebró en octubre de 2024. En la AMNT se definen las prioridades para la labor de estandarización de la UIT-T.  

Retos para la participación de la sociedad civil Latinoamericana.

Las oportunidades de participación aludidas presentan limitaciones específicas para la sociedad civil en América Latina. Primero, a los costos de la membresía se suman los gastos de viaje, visados y el dominio del inglés (lengua que predomina en los debates de alto nivel), elementos a evaluar para determinar si la participación es realmente factible. Cabe mencionar que la UIT-T permite la exención del pago de la membresía bajo condiciones específicas que, en lugar de ofrecer oportunidades, generan desafíos para la participación significativa de la sociedad civil. Por ejemplo, se exige que las organizaciones solicitantes operen en más de un Estado Miembro. Segundo, para participar de las consultas abiertas, los foros regionales y grupos de estudio es necesario contar con un equipo técnico capacitado para influir en la revisión de estándares técnicos, pues el lenguaje de estos no está diseñado desde una perspectiva de derechos humanos ni está orientado a defensores de los mismos. Tercero, ser parte de la delegación de un Estado Miembro implica ser aceptado por este, construir relaciones de confianza y compartir posiciones oficiales, limitando las posibilidades de participación según los espacios de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Cuarto, la inestabilidad en la financiación y asignación de recursos de la sociedad civil del Sur Global compromete su participación continua y su capacidad de legitimidad en las reuniones de la UIT-T.

Recomendaciones para una incidencia significativa desde acciones locales.

La sociedad civil Latinoamericana produce evidencia crucial sobre las implicaciones reales de las normas técnicas, mostrando cómo los distintos grupos sociales experimentan y se ven afectados por los estándares establecidos en la UIT-T, lo que subraya la necesidad de su participación significativa y continua. Con nuestro policy brief, buscamos contribuir a la creación de estrategias internas de incidencia a través de vías paralelas a los procesos institucionales, por ejemplo:  monitorear de forma organizada las Resoluciones más relevantes para los derechos digitales, o identificar y priorizar los derechos humanos a defender mediante redes locales y regionales de incidencia, en función de estándares específicos.

Mecanismos Nacionales de Derechos Humanos: mucho por hacer

El pasado 13 de noviembre participamos, como parte del Colectivo EPU América del Sur, de una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 191 período de sesiones la cual se enfocó en los Mecanismos Nacionales de Implementación y Seguimiento de Derechos Humanos, o NMIRFs por sus siglas en inglés.

Dichos mecanismos son engranajes complejos dedicados a identificar el nivel de protección y satisfacción de los derechos en los países, y son fundamentales en el ecosistema de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

Su funcionamiento adecuado permite documentar, informar y medir el nivel de protección de los derechos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como CIDH, pero también el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, entre otros. Los NMIRFs no sólo supervisan el cumplimiento de derechos, sino que también reportan el estado de las recomendaciones emitidas por dichos organismos especializados.

Desafíos en la Implementación de los NMIRFs en América Latina

La existencia y el funcionamiento de estos mecanismos es aún incipiente en América Latina, a pesar de su rol crucial. En un estudio reciente publicado por el Colectivo EPU América del Sur, se detalla que los países de América del Sur están lejos del estándar deseado, es decir, de NMIRFs que sean autónomos, independientes, con capacidades presupuestarias y humanas para cumplir su función, y con apertura para la participación de la sociedad civil.

Por ejemplo, Bolivia es un país en donde el Mecanismo Nacional se denomina “Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadísticas de Recomendaciones sobre Derechos Humanos”, o SIPLUS. Fue creado en 2016, pero a la fecha ni el mecanismo ni su sitio web se encuentran operativos o funcionales. Y desde su creación, la participación de la sociedad civil no ha sido reconocida ni viabilizada. 

En otros países como Venezuela o Colombia, no existe la figura del NMIRF, y el gobierno de Brasil prometió hacer lanzamiento de su Mecanismo Nacional tan solo en mayo de 2026. Por su parte, en países donde el NMIRF en efecto opera –como en Perú y Paraguay -, dicho organismo depende del Poder Ejecutivo, lo que pone en entredicho su independencia técnica y administrativa.

El estudio del Colectivo EPU, que fue presentado en la audiencia ante la CIDH, afirma que sin autonomía ni independencia de los NMIRFs es difícil construir una visión alternativa sobre el desempeño de los Estados en cuanto a la protección de derechos. En la audiencia reiteramos que la participación de la sociedad civil es crucial en este sentido, en tanto puede conducir a un diagnóstico más informado y completo sobre el estado de los derechos humanos en un país determinado.

Ahora bien, el pedido de fortalecer los NMIRFs en la región también ha provenido tanto de la ONU –en diversas resoluciones- como de la propia CIDH que reiteran la necesidad de que los Estados los establezcan y fortalezcan.

En concreto, la resolución más reciente del Consejo de Derechos Humanos, señala que los NMIRFs a nivel nacional facilitarían a los Estados la presentación de sus informes ante los diversos mecanismos de tratados ante las Naciones Unidas, articularían los procesos de cooperación internacional de manera más contundente, y que su funcionamiento avanzaría en la institucionalización de los derechos humanos a nivel nacional y regional en tanto que articularían de manera más orgánica la creación de políticas públicas dirigidas a cumplir con los derechos. Para ello, llama la atención de los Estados a que dichos Mecanismos Nacionales adopten un enfoque participativo abierto a las contribuciones de la sociedad civil.

Por su parte, la CIDH, en su primer informe publicado en 2023 que explora la conveniencia de la creación de los NMIRFs para hacer seguimiento también a las recomendaciones en derechos humanos elevadas por este organismo, destacó su rol vital, y llamó la atención para que su funcionamiento integre a otros poderes del Estado, y no solo al Ejecutivo, en tanto que los lidera; y recalca la importancia de la articulación interinstitucional entre los NMIRFs y otros organismos en derechos humanos, para que su trabajo no esté fragmentado o desarticulado.

Lecciones desde el Examen Periódico Universal (EPU): la necesidad de los NMIRFs

En nuestro trabajo en el EPU, hemos constatado la importancia de estos mecanismos para monitorear las políticas públicas de derechos humanos. En el EPU reciente de países como Bolivia y Nicaragua, sobre los cuales informamos a la ONU en torno a su desempeño en derechos humanos en la esfera digital, los NMIRFs no están operativos, o como en el caso de Nicaragua, directamente no existen, por lo que el seguimiento de los derechos humanos se torna especialmente desafiante.

Nuestra experiencia en la presentación de informes sobre estos países ante el EPU ha demostrado que la existencia de NMIRFs facilitaría el acceso a datos basados en evidencia y permitiría una evaluación comparativa y global de los avances en derechos humanos. Sin estos mecanismos, las organizaciones de la sociedad civil deben asumir una carga de monitoreo, sin el respaldo y acceso a la información que proporcionaría un mecanismo nacional activo y robusto.

Y cuando en 2023 hicimos nuestra contribución al EPU de Chile ante la ONU, el Mecanismo Nacional de ese país denominado Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos, o SIMORE Plus –que imita al SIMORE de Paraguay-, recién iba a ser creado, por lo que está por verse cómo se operacionaliza su funcionamiento en la práctica.

Fortalecer los NMIRFs: desafíos de voluntad política y recursos

En la audiencia de la CIDH, de hecho, el Comisionado Arif Bulkan nos planteó preguntas que invitan a una reflexión profunda y continua: ¿qué hacer con los NMIRFs si a los Estados puede faltarles voluntad política para implementarlos? ¿Cómo garantizar su funcionamiento que puede llegar a ser costoso?

Entendemos que la garantía de derechos humanos y la operatividad de estos Mecanismos Nacionales generen preocupaciones válidas en torno a la voluntad política de los tomadores de decisiones encargados de implementarlos y hacerlos efectivos. Sin embargo, los Estados, al asumir compromisos internacionales, se obligan a proteger derechos humanos de manera perdurable, independientemente de los cambios en el liderazgo político.

También es cierto que la protección de derechos requiere recursos, y los presupuestos de los Estados suelen ser escasos para atenderlos. No obstante, los derechos humanos deben ser garantizados en tanto que fines en sí mismo, pero también en tanto que favorecen el desarrollo económico que los Estados tanto persiguen.

Hacer de los NMIRFs una prioridad regional

Los NMIRFs son un componente esencial para asegurar que los compromisos internacionales en derechos humanos no queden en papel, sino que se traduzcan en avances concretos y medibles para las personas. Los Estados deben ver la inversión en estos mecanismos no como un gasto, sino como una garantía de desarrollo sostenible y cohesión social a largo plazo.

A futuro, nuestro trabajo en el marco del Colectivo EPU América del Sur continuará con la  documentación de los avances y retrocesos de los NRMIFs en la región, al tiempo, esperamos que la audiencia que tuvo lugar en la CIDH llame la atención para que dicho organismo pueda más adelante avanzar en diversos estándares interamericanos aplicables al funcionamiento de los NMIRFs y su tarea de seguimiento, monitoreo y implementación de los derechos humanos en la región; así como en estándares interamericanos aplicables a la participación significativa de la sociedad civil en el marco de dichos mecanismos.

CONECTIVIDAD EN AMAZONÍA: Recomendaciones para combatir la brecha digital

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Derechos Digitales, en colaboración con Fundación Internet Bolivia (Bolivia), Instituto de Defensa de Consumidores (Brasil), Dejusticia (Colombia) y Fundamedios (Ecuador), ha estado explorando desde 2023 la realidad de la región amazónica en diversos países. Este diagnóstico, sumado a un proceso de talleres participativos con comunidades indígenas y rurales, ha generado un conjunto de recomendaciones para cerrar la brecha digital en la Amazonía.

Starlink: tensiones frente a la promesa de conectividad

En la actualidad, cada vez más países de América Latina y el mundo reportan una presencia significativa de Starlink, la empresa de satélites de propiedad de Elon Musk que busca otorgar cobertura a internet satelital en zonas remotas. En 2023, un informe de Sumaúma afirmaba que Starlink estaba presente en el 90% de las localidades de la Amazonía brasileña. Indudablemente, este servicio llegaba para cubrir una necesidad básica y poco atendida en esta región, que había permanecido con poca o nula conectividad a internet.

La promesa del cierre de la brecha digital en zonas remotas

Sabemos que la conectividad en zonas remotas implica desafíos, como la dificultad de instalar infraestructura en donde el territorio y las condiciones climáticas deterioran los equipos. En un contexto de oferta mayormente privada de telecomunicaciones, los costos implicados en la instalación y manutención han hecho a ciertos territorios poco atractivos para las empresas del sector. Por otro lado, los Estados en la región siguen teniendo déficits importantes en cubrir esos vacíos, sea por medio de inversiones propias, o presionando por el cumplimiento de compromisos de cobertura asumidos por las empresas en los procesos de privatización. Cuando una solución como Starlink surge, parece representar una oportunidad. La reducción de costos se debe a que el internet satelital –una vez puesto a disposición por medio de la empresa SpaceX–  no requiere la instalación de infraestructura física en territorios de difícil acceso. Desde el punto de vista de las personas usuarias, todo lo que se requiere es la compra de un kit con equipo especializado, que puede ser instalado en cualquier parte del mundo. Si bien el valor del kit no es siempre accesible considerando los costos de vida en América Latina, los precios vienen bajando en los últimos años.

A seis años de finalizar el plazo para que los países alcancen el compromiso de proporcionar acceso universal y asequible a internet plasmado en la Agenda 2030, Starlink viene a llenar un importante vacío dejado por sucesivos fallos en el cumplimiento de políticas de conectividad. Parece ser que los gobiernos han encontrado en Starlink la solución para legitimarse ante la comunidad global, promoviendo el cierre de la brecha de acceso que no habían logrado a través de sus varias políticas públicas, agendas y programas digitales. Brechas que persisten a pesar de que en algunas naciones el acceso a la red se establece como un derecho a nivel constitucional.

La estrategia de los líderes nacionales se basa en generar alianzas y contratos millonarios con Starlink, para conectar zonas remotas de difícil acceso. Para ejemplificar, tenemos el caso del gobierno mexicano, quien en 2023 otorgó dos licitaciones a Starlink para proveer de internet a comunidades alejadas, así como servicio de telefonía celular hasta el año 2026, con el propósito de lograr los objetivos planteados en su programa federal “Internet para Todos”. También el de Brasil, que promovió el uso de este servicio en la Amazonía en conjunto con Musk para fines educativos. Mientras que en Argentina, el gobierno de Milei promovió un decreto que incentiva la desregularización del mercado de internet satelital, incentivando así la entrada de Starlink. 

Principales debates sobre la cobertura de Starlink

Si Starlink resuelve un problema legítimo, ¿por qué sigue preocupando su presencia? El principal argumento sobre la mesa es la idea de la generación de un monopolio de internet satelital. Pese a que existen iniciativas que intentan competir con Starlink, la empresa de Musk ha permeado a la mayoría de las regiones en el mundo, yendo a la delantera en las licitaciones y acuerdos con los gobiernos. Como ejemplo encontramos el caso mexicano en el que solo participaron dos competidores adicionales, quienes no obtuvieron la concesión debido a sus altos costos. No obstante, el modelo de negocios de Starlink ha sido cuestionado por algunos analistas, quienes se preguntan si será sostenible en el tiempo, tanto en infraestructura como en costos ofertados.

Adicionalmente, la concentración de internet satelital en un solo proveedor abre la posibilidad de desconexión de todas las personas que se sirven del mismo sin contar con alternativas. Existe un cuestionamiento fundamentado sobre qué pasaría si Starlink deja de funcionar; la primera respuesta y la más lógica es la desconexión de aquellas  usuarias y usuarios que tienen a Starlink como única fuente de acceso a internet —pensemos como ejemplo en la región amazónica brasileña—. A su vez, esto imposibilitaría también el ejercicio de otros derechos que se habilitan con internet como el acceso a la información, a la salud o la educación.

Por otra parte, las tensiones políticas que se suscitan entre los gobiernos y el entramado de empresas de Elon Musk tienen repercusiones en la continuidad del servicio de Starlink. El ejemplo más reciente y concreto es el riesgo que vivió Starlink de no continuar con sus operaciones en Brasil, luego del congelamiento de sus activos como una medida colateral de los conflictos entre la justicia brasileña y la red social X (perteneciente a Musk). Es aquí cuando salen a la luz las complicaciones políticas de fomentar un monopolio encabezado por una persona poderosa con una agenda propia.

Asimismo, existe una serie de cuestionamientos sobre la recolección de datos que obtiene Starlink a través de su servicio. A ese respecto, especialistas han realizado análisis sobre sus principales reglas en materia de privacidad, identificando la posibilidad de que esta compañía comparta los datos recogidos con terceros países que pueden contar con un marco legal de protección de datos personales endeble o para compartir esta información con instituciones gubernamentales de inteligencia y seguridad.

Las tensiones continúan cuando nos cuestionamos sobre el involucramiento de las comunidades que reciben este servicio. Sobre esto, el estudio de Sumaúma ya adelantaba una falta de debate público con las poblaciones locales, además de la ausencia de estudios que analicen los impacto sociales y ambientales de su implementación. Esto se ha derivado en otras polémicas como la basura espacial generada por la gran ocupación de satélites de órbita baja terrestre, incluso,  se ha cuestionado el efecto que estos pueden generar en áreas de estudio como la astronomía.

Desde las comunidades, si bien se reconoce el valor de finalmente tener acceso a una conectividad de calidad, existen preocupaciones respecto a los impactos de internet sobre la juventud y su relación con la preservación de las culturas indígenas. Debido a ello, las poblaciones de estas localidades han identificado la necesidad de prepararse y conocer más sobre el uso de internet y sus alcances. Estas inquietudes han sido compartidas en el ámbito de los diálogos promovidos por aliadas de Derechos Digitales en distintas regiones de la Amazonía.

Promovamos la transparencia y alternativas de conectividad

La presencia y cobertura de Starlink en América Latina es una realidad y muy probablemente nuevos servicios similares llegarán a nuestra región. Ante este escenario, consideramos fundamental tener a la vista nuestras necesidades como poblaciones usuarias. En una primera vía, identificamos que hay una urgencia por involucrar a las poblaciones en consultas y debates públicos que determinen formas de conectividad adecuadas, tomando en cuenta las culturas locales. En territorios indígenas o en zonas protegidas, el análisis previo de impacto socioambiental y las consultas previas son mecanismos clave a tomarse en cuenta al promover iniciativas de este tipo.

Tanto las compañías tecnológicas como los gobiernos deben aplicar el principio de transparencia de manera proactiva, especialmente, para comprender de qué forma se están manejando los datos personales en manos de Starlink y SpaceX. Derechos Digitales y otras organizaciones en la región han hecho un inmenso trabajo de monitoreo de políticas y prácticas de empresas de telecomunicaciones con resultados positivos en impulsar mayor responsabilidad en el sector. Garantizar que Starlink cumpla con estándares, como mínimo, equivalentes es solamente un primer paso en ese sentido. Asimismo, observamos la necesidad de una rendición de cuentas por parte de los gobiernos, en la que determinen si los programas están siendo efectivos y en concordancia con el respeto a los derechos humanos de las poblaciones.

Pero tampoco deberíamos conformarnos con explorar cómo acomodarnos a grandes empresas de conectividad satelital. Especialmente en las zonas remotas y con la llegada de Starlink, creemos que existe una clara urgencia de equilibrar las formas de conectividad, que promuevan la independencia del acceso a internet a través de la diversificación de proveedores en estas regiones, idealmente con apoyo y financiamiento público. Recordemos también, que en muchos países de América Latina las comunidades se han empoderado a través de la gestión de sus propias redes comunitarias para conectarse a internet y usar telefonía móvil, lo que no solo representa una forma de apropiación y manejo colectivo de las tecnologías, sino también una forma de defensa de su derecho a la comunicación y a su autonomía.

En un mundo donde las tecnologías digitales han evolucionado a gran escala, la conectividad a internet podría considerarse un viejo debate. Sin embargo, la superación de la brecha de acceso a la red se logrará cuando se garantice el acceso universal que, como ya ha afirmado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser equitativo, asequible y de calidad. Y aquello no debería depender del arbitrio de multimillonarios.

Pacto Global Digital: Gobernanza tecnológica y la protección de los derechos humanos

En nuestra publicación anterior, analizamos el Pacto Global Digital (GDC), un documento clave que se centra en los desafíos digitales globales y que forma parte del Pacto para el Futuro como uno de sus anexos. A pesar de que el GDC aborda específicamente aspectos relacionados con la gobernanza digital, el Pacto por el Futuro en su conjunto también trata temas esenciales relacionados a la protección de datos, los derechos humanos, la igualdad de género, y el acceso a internet. Es fundamental que comprendamos cómo estos dos documentos se complementan y responden a los desafíos globales emergentes.

El Pacto para el Futuro fue adoptado por consenso en medio de tensiones geopolíticas – y tras varias versiones que circulaban informalmente hasta el día anterior a su adopción- el día 22 de Septiembre del corriente.

Género desde una Mirada Interseccional: Omisiones que implican retrocesos

Un aspecto esencial que sigue siendo insuficientemente tratado en el Pacto para el Futuro es la incorporación de la perspectiva de género desde una mirada interseccional. A pesar de las referencias a la brecha digital de género, no se abordan con suficiente profundidad las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres y personas de género diverso, particularmente en el contexto digital.

Aunque uno de los objetivos clave del Pacto «no dejar a nadie atrás» (leave no one behind), ninguno de los documentos menciona explícitamente a las personas LGBTQIA+ en su ámbito de protección. Esto es preocupante, dado que esta comunidad enfrenta impactos diferenciados. Un ejemplo claro es la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV), que afecta tanto a mujeres cis y tránsgenero como a personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Ignorar esta realidad deja a estas comunidades expuestas a sufrir violencias en línea y explotación de sus datos, subrayando la urgencia de políticas digitales verdaderamente inclusivas.

Además, es necesario considerar otras dimensiones interseccionales, como la raza, la clase social, y la ubicación geográfica, entre otras, que agravan las formas de exclusión y vulnerabilidad que también se manifiestan en el entorno digital. Las personas que enfrentan múltiples formas de discriminación suelen ser las más afectadas por las brechas digitales y, a su vez, las más expuestas a los riesgos y abusos facilitados por la tecnología. Es crucial que cualquier enfoque sobre género en el ámbito digital no sólo contemple a las mujeres cis, sino que abarque a todas las identidades de género  e incluya a la necesidad de tomar en cuenta los contextos para asegurar una verdadera inclusión.

Inteligencia Artificial y Aplicaciones Militares y Contraterrorismo: La Falta de Salvaguardias Claras

El Pacto reconoce los riesgos y las oportunidades de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial (IA), y subraya la importancia de la cooperación internacional para evaluar estos riesgos, especialmente en sus aplicaciones militares. Sin embargo, el Pacto no establece limitaciones explícitas ni mecanismos de supervisión independiente que aseguren que la IA sea utilizada de manera que respete los derechos humanos. En nuestras contribuciones al proceso enfatizamos la necesidad de responder a estos riesgos con un marco regulatorio que se base en recomendaciones clave, como la Resolución 48/4 del Consejo de Derechos Humanos, y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que abogan por una moratoria o incluso la prohibición de herramientas de IA que no puedan ser utilizadas en cumplimiento con el derecho internacional de derechos humanos.

Además, realizamos un llamado a que se establezcan limitaciones claras en las acciones de contraterrorismo, garantizando que las respuestas de los Estados partan desde un enfoque balanceado de derechos Esto es crucial para evitar legislaciones que puedan ser aplicadas de manera arbitraria y que arriesgue los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la asociación, como hemos analizado en investigaciones relacionadas. El Pacto, aunque aborda los riesgos de aplicación de tecnologías, no define estas salvaguardias, lo cual abre la puerta a posibles abusos en nombre de la seguridad.

Fortalecimiento del Modelo de Múltiples partes interesadas: Desafíos y Oportunidades en la Gobernanza Global

El Pacto reconoce la importancia de un sistema multilateral más inclusivo y efectivo, pero no detalla de manera específica cómo asegurar la representación diversa de partes interesadas del Sur Global y otros grupos históricamente subrepresentados en los procesos de toma de decisiones globales.

Uno de los ejes centrales de nuestras diversas recomendaciones fue el de enfatizar en la necesidad de que para avanzar en el cumplimiento  de un modelo de múltiples partes interesadas que tenga como base a la participación significativa que garantice inclusión. Esto incluye, por ejemplo, proporcionar avisos adecuados y sistemas de acreditación accesibles. Además, enfatizamos que la participación remota no debe ser la única opción; se deben proporcionar opciones de participación robustas, incluidas el apoyo para viajes y visados, y que los foros se realicen en lugares accesibles y en entornos que protejan las libertades fundamentales.

Esto es especialmente importante considerando que el proceso de consultas no ha garantizado la plena participación de sociedad civil conforme hemos expresado en declaraciones anteriores.

Garantías de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Procesos ligados a Iniciativas de Desarrollo:

Uno de los aspectos clave que resaltamos en nuestras recomendaciones -y que no ha sido abordado en el pacto- es la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los programas de desarrollo financiados por la ONU y otros organismos internacionales. En nuestras observaciones, enfatizamos que estos programas deben someterse a evaluaciones técnicas y de derechos humanos antes de su implementación. Además, los proyectos de financiamiento deben hacerse públicos, y deben establecerse mecanismos de monitoreo y evaluación durante y después de la ejecución de dichos programas.

La falta de transparencia en el diseño y ejecución de estos programas puede facilitar la implementación de tecnologías de vigilancia que, en lugar de promover el desarrollo, ponen en riesgo las libertades individuales. Investigaciones basadas en evidencia señalan una tendencia preocupante en la que las tecnologías y metodologías utilizadas por donantes bilaterales y agencias de financiamiento internacional tienden hacia prácticas de vigilancia, a menudo a expensas de los derechos humanos, en especial el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales.

Es fundamental que los procesos de financiamiento y desarrollo sean transparentes y que las propuestas de financiamiento sean públicas y sujetas a evaluaciones técnicas y de derechos humanos antes de su implementación. Además, se deben establecer mecanismos de monitoreo que aseguren la supervisión continua durante y después de la implementación de estas iniciativas.

Relación con otros Instrumentos Internacionales

El Pacto por el Futuro y el Global Digital Compact (GDC) destacan varios aspectos positivos relacionados con la protección de datos, subrayando la necesidad de garantizar que la tecnología se utilice de manera que respete los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la privacidad. Sin embargo, es crucial considerar la reciente adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen, mencionada en el Pacto, que plantea preocupaciones significativas en este contexto.

Uno de los aspectos más alarmantes de esta Convención es el intercambio transfronterizo de datos, que se permite sin las salvaguardas adecuadas. El tratado autoriza a los países a recopilar y compartir datos a través de fronteras para una amplia gama de delitos «graves», lo que incluye la vigilancia electrónica. Aunque, no establece condiciones claras sobre proporcionalidad o estándares de derechos humanos que deban respetarse en estos procedimientos.

Es importante prestar atención a cómo dialogarán estos instrumentos y abogar por la mayor protección a partir de principios de derechos humanos del pacto aplicados a la protección de datos.

Próximos Pasos: Implementación y retos de Desigualdades Globales

Con la adopción del GDC y el Pacto por el Futuro, el reto siguiente recae en su implementación. En ese sentido, es fundamental reconocer que el Pacto no operará sobre una base homogénea. Los diferentes niveles de desigualdad global—reflejados en la falta de legislación adecuada basada en derechos humanos, la debilitación de las instituciones públicas y los retrocesos democráticos—implicarán desafíos particulares en cada contexto.

Este proceso de implementación deberá ser monitoreado muy de cerca, entendiendo que, si bien el Pacto establece principios que permiten exigir responsabilidades a los Estados, la efectividad de estos dependerá de los mecanismos que cada país adopte para llevarlos a cabo. Es necesario que los Estados avancen en mecanismos de implementación que aseguren la participación de múltiples partes interesadas, prioricen las necesidades de sus comunidades locales, y sean capaces de aplicar estos principios de acuerdo con las realidades específicas de cada contexto. Sólo a través de un enfoque flexible, contextualizado y centrado en los derechos humanos, se podrá construir un futuro digital inclusivo y equitativo.

Rompiendo Barreras: claves para una participación efectiva en la gobernanza digital global

En octubre vamos a tener múltiples discusiones importantes en la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, en India. Pero son preocupantes las barreras de la participación dentro de la toma de decisiones de la UIT para la participación efectiva de la sociedad civil en estos espacios.

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-24) será llevada adelante en octubre del presente. Esta asamblea es celebrada cada cuatro años y reviste de especial importancia dado que determina la estrategia, las políticas y el programa de trabajo del UIT-T. Esto es importante para la sociedad civil porque las normas elaboradas por el UIT-T “contribuyen a definir la infraestructura mundial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y pueden tener amplias repercusiones en el ecosistema regulador de las TIC más allá de la UIT”.

Como es advertido en una reciente guía publicada por la organización Global Partners Digital, en los últimos años muchos estados han utilizado este espacio para intentar ampliar el mandato de la UIT a ámbitos emergentes críticos de la gobernanza digital, como por ejemplo la Inteligencia Artificial o a aspectos operativos de Internet y sus recursos críticos.

Considerando a las barreras de la participación dentro de la toma de decisiones de la UIT y teniendo en cuenta que muchas de estas discusiones se dan en otros foros impulsados por personas expertas y con participación de sociedad civil, esta ampliación de mandato podría socavar el modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas.

Estándares técnicos con perspectiva de derechos humanos: es esencial el modelo de múltiples partes interesadas

Siguiendo a la guía mencionada, la forma más efectiva de que la sociedad civil pueda visibilizar sus conocimientos, preocupaciones y contribuciones y -con ello- influir en el alcance y la dirección del trabajo del AMNT-24 es a través de su participación de forma activa para dar forma al texto de las Resoluciones. ¿Pero sería este entonces un modelo de múltiples partes interesadas?

Primero, que este modelo apunta a asegurar una participación significativa de distintas partes como sociedad civil, academia y sector técnico con el objetivo que las discusiones sean llevadas adelante considerando todos los puntos de vista y necesidades, sobre todo de aquellos sectores mayormente afectados por las políticas públicas digitales, evitando que aquellas se concentren exclusivamente en los Estados. A su vez -y sobre todo- este modelo impulsa a que el análisis parta desde el derecho internacional de los derechos humanos.

Como ocurre con cualquier avance tecnológico, los estándares no se limitan a cumplir funciones técnicas. Al contrario, están influenciadas por los contextos históricos y culturales en los que surgen, reflejan visiones de sus desarrolladores, y tienen un impacto en las políticas públicas. Aplicar una perspectiva de derechos humanos, implica centrar las discusiones en como el funcionamiento de internet puede -y debe- contribuir a garantizar la promoción y ejercicio de derechos.

En ese sentido, organismos como la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos han resaltado que los estándares técnicos pueden facilitar o inhibir el ejercicio de los derechos, dependiendo de su diseño. Un elemento clave para para inclinar la balanza hacia el ejercicio de derechos recae en la participación, sobre todo de comunidades mayormente afectadas, que permita una mayor comprensión sobre las repercusiones de dichos estándares apuntando a que se puedan adoptar y utilizar normas técnicas más favorables a la defensa de los derechos humanos.

Esto no es hipotético. Tal como han señalado, organismos como la Relatoría de Libertad de expresión de Naciones Unidas la falta de perspectiva de derechos humanos en este ámbito ha contribuido a la creación de lagunas técnicas que ocasionan vulneraciones a derechos como la privacidad, restricciones de acceso y otros abusos.

Algunos ejemplos de cómo las normas técnicas pueden afectar negativamente a los derechos humanos son la recopilación masiva de datos, la vigilancia, la erosión del anonimato y la creación de perfiles permanentes para rastrear personas o contenidos. Las normas técnicas también pueden afectar al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, así como al principio de no discriminación.

A pesar de la obligación de los Estados y la responsabilidad de las empresas de cumplir con los derechos humanos, la mayoría de los organismos de generación de estándares no se han comprometido claramente a situar los derechos humanos en el centro de sus actividades. Esto se refleja en la falta de personal dedicado a los derechos humanos en la labor normativa; la excepcionalidad de las evaluaciones de impactos en derechos humanos, y la falta de realización de un seguimiento sistemático de las repercusiones de las normas en los derechos humanos, una vez adoptadas.

¿Cómo se relaciona este modelo con la generación de estándares técnicos respetuosos de DDHH?

Como explicamos en una columna anterior, el ámbito de la elaboración de normas técnicas es amplio y variado. Algunas organizaciones intergubernamentales como la UIT -que cumple un rol central dado su status de agencia especializada de la ONU- se encargan de establecer estándares técnicos relacionados con las tecnologías digitales y emergentes. Esto implica generar espacios de diálogo con el objetivo de generar normas técnicas para el funcionamiento, implementación e interoperabilidad de tecnologías.

A pesar de que estos estándares no son vinculantes y son adoptados sobre la base de generación de consensos, muchas de ellas han sido ampliamente adoptadas entre los Estados y el sector privado. Además, las normas del UIT-T y las elaboradas por organizaciones multilaterales de normalización cuentan con protección comercial en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que facilita su adopción y uso.

Aunque la membresía de la UIT, incluye -además de un centenar de Estados- a sectores no gubernamentales; a la hora de la verdad, la participación de ONG’s en este espacio es poco frecuente, las tasas anuales son muy costosas para sociedad civil y también solamente los Estados tienen derechos de votación. Esto ha generado varias críticas por llevar a cabo «un proceso de toma de decisiones muy exclusivo y verticalista» y por carecer de «transparencia, apertura e inclusión”.

La falta de participación significativa se sitúa como un elemento central de dichas críticas. El informe referido del ACNUDH ahonda en esta problemática indicando que estos procesos son a menudo opacos y no buscan o no aceptan activamente aportes públicos significativos. La falta de representatividad se refleja en predominantemente en términos geográficos, de género y de centralización de decisiones en los Estados.

Los participantes provienen predominantemente de países de ingresos altos y medios, con una representación limitada de regiones como África y América Central y del Sur. Los altos costos asociados con la membresía, el registro, los viajes y la contratación de expertos limitan la participación de organizaciones de la sociedad civil, investigadores y pequeñas y medianas empresas.

Además, el predominio del idioma inglés y las culturas operativas excluyentes, como el machismo en estos espacios, dificultan una participación más amplia. Este entorno afecta especialmente a mujeres, personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQIA y participantes del Sur Global. Por ejemplo, en 2022, las mujeres constituían solo el 27% de los participantes en los grupos de estudio del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT.

Por otra parte, las reglas procesales que favorecen a los estados miembros en la UIT limitan el impacto de los participantes no estatales. Aunque la UIT técnicamente permite una membresía más amplia, en la práctica, solo unas pocas organizaciones de la sociedad civil están incluidas en las listas de grupos de estudio. Incluso, los estados pueden oponerse a la membresía de actores no estatales específicos, lo que complica aún más la situación.

Ahora bien, lo constatado en el informe ofrece un diagnóstico que permite identificar los nodos críticos de participación. Esto no significa que la batalla este perdida. Al contrario, ofrecen argumentos basados en evidencia que permiten exigir el cumplimiento de una participación efectiva como esencial para avanzar a estándares técnicos que operen en función a los derechos de las personas.

¿Qué sigue? Oportunidades de influir en normativas técnicas:

¿Cuales, entonces serían las posibilidades de influenciar en las discusiones de la AMNT-24? Para ello, la guía de GPD presenta diversas opciones: Participar de las delegaciones estatales permite -entre otras cosas- tener acceso a los documentos de trabajo y asistir de manera presencial a las reuniones. No obstante está sujeto a la decisión de los estados de habilitar esta participación, además de obvias limitaciones que pueden reflejarse en intereses contrapuestos. Adquirir una membresía del sector o trabajar con Asociados o Miembros del Sector existente es otra opción. Mientras que ofrece ciertos beneficios como poder tener una participación activa en grupos de estudio, miembros del Sector o Asociados no tienen derecho a voto y es posible que no tengan acceso a todas las discusiones ni a procesos de toma de decisión.

Un dato importante sobre la membresía, es que a lo largo de los años se han eximido a alguna organizaciones de carácter internacional de las obligaciones financieras que conlleva la participación. Esto significa que, bajo el cumplimiento de ciertos criterios pre establecidos, se puede eximir a organizaciones el pago de cuotas de afiliación. Esto es una realidad actualmente para 132 organizaciones que están exentas de pagar estos gastos.

La participación de las múltiples partes interesadas como parte de una delegación en reuniones preparatorias regionales es altamente recomendado. Estas reuniones tienen el objetivo de llegar a un consenso regional sobre las resoluciones: se consolidan posiciones sobre temas de importancia regional y propuestas comunes para la AMNT. Aunque estas reuniones generalmente empiezan un año antes de la asamblea, aún quedan reuniones pendientes de aquí a Octubre.

Por otra parte, se encuentra abierto el llamado de la UIT de consultas referente a como procesos de múltiples partes interesadas pueden abordar aspectos relacionados al desarrollo de la Internet; cuales son los desafíos y oportunidades para fortalecer la Internet; y como se puede fomentar la cooperación internacional entre múltiples partes interesadas en cuestiones de política pública centradas en la promoción de los aspectos de desarrollo de Internet.

Considerando la importancia de la participación de sociedad civil para garantizar que las decisiones de estos órganos no presenten una amenaza para los derechos humanos, influir en estas discusiones no solo es importante, sino urgente.

Contribución a la consulta de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre discurso no protegido

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La contribución se centra en el punto n. 13 de la consulta que preguntó a la sociedad civil y otros actores sobre cuál debería ser el rol de los actores privados de internet frente al discurso no protegido. El aporte recoge algunos de los estándares del sistema interamericano en derechos humanos en esa materia, así como el trabajo de AlSur y principios aplicables en esa materia.

Problemas globales, debates globales

Atravesamos un momento crucial en la gobernanza mundial de internet y las nuevas tecnologías, que podría determinar qué tan libre, segura y abierta será la red informática en el futuro. 

Ha pasado la primera mitad de un año clave para el futuro de la comunicación global. Los países latinoamericanos han sido protagonistas de diversas maneras en estos foros globales sobre la gobernanza de internet y el mundo digital. Pero quedando todavía un largo y sinuoso camino al frente, necesitamos ver cómo una visión latinoamericana puede ayudar a avanzar en aspectos clave de estas discusiones.

El Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) y el modelo de la CMSI

Hace unas semanas participamos en la Reunión de Alto Nivel del Foro 20 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI+20), un evento que reunió en Ginebra a varios Estados, miembros de la sociedad civil y de la comunidad técnica, empresas y agencias de la ONU. Se trata de un proceso con un antecedente histórico importante: la evaluación del 20º aniversario de la CMSI, cuyos hitos fundantes fueron los eventos de Ginebra y Túnez en 2003 y 2005 respectivamente, llega en un momento en el que estamos debatiendo aspectos importantes del futuro de internet y la gobernanza digital en distintos lugares.

Aunque se trata de una revisión amplia de un sistema de gobernanza complejo y cambiante, dos puntos destacan en este debate. En primer lugar, la declaración de principios, junto con los documentos de la agenda, ha permitido a agencias de la ONU, como UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT o ITU por sus siglas en inglés), entre otras, crear líneas de trabajo centradas en las personas. La publicación GISWatch 2024 publicada por APC (una de las organizaciones protagonistas de la CMSI) que evalúa estos 20 años, arroja luz sobre los retos a los que nos enfrentamos y explica por qué este compromiso es tan necesario. Ahora es el momento de evaluar si las promesas que se hicieron hace dos décadas se han cumplido y cómo podemos construir nuevas perspectivas para el futuro, en una realidad diferente, con déficits democráticos, la hegemonía de unas pocas corporaciones y el creciente uso de las tecnologías para fortalecer el autoritarismo, como describen Valeria Betancourt y Anita Gurumurthy.

El segundo punto es la importancia del modelo de múltiples partes interesadas, un enfoque de gobernanza de internet que tiene la visión de que las decisiones deben ser adoptadas por múltiples actores como la sociedad civil, la comunidad técnica y las empresas, además de los Estados. Este modelo ha sido clave para lograr los diversos consensos necesarios para procurar que el entorno digital no esté totalmente controlado por algunos actores, y también como espacio para buscar el respeto de los derechos humanos en la era digital, de manera que la sociedad de la información se adhiera a las necesidades de las personas, incluidas las más vulnerables. El Foro para la Gobernanza de Internet (FGI, o IGF por sus siglas en inglés) ha jugado un papel muy relevante como catalizador de este modelo, como espacio de discusión para mejorar la coordinación de la gobernanza de Internet y la cooperación digital, y como pieza central en el ecosistema de Internet, tal y como destacó Jamila Venturini en el IGF de 2022. 

Si bien se trata de un modelo bajo constante tensión y cuestionamiento, sigue siendo una aspiración para una gobernanza legítima de las redes globales, como también de los distintos aspectos de su gobernanza a nivel regional y local. Hace unas semanas, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra participación en el evento de UNESCO conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Expresión, hicimos hincapié en la necesidad y la importancia de que múltiples partes interesadas se ocupen colectivamente del entorno en línea y garanticen los derechos humanos, como la libertad de expresión y de prensa, más allá de intereses dominantes de empresas o de Estados.

La agenda digital de Brasil: G20 y NetMundial+10

Los países latinoamericanos intentan cada vez más erigirse en protagonistas de la discusión global sobre nuestro futuro digital. En este sentido, Brasil lleva más de una década liderando iniciativas locales y globales sobre la gobernanza de entornos digitales. Este año también se ha convertido en un actor clave en la construcción de una nueva agenda. El país ostenta actualmente la presidencia del Grupo de los 20 (G20), un grupo de países desarrollados y en vías de desarrollo, y entre cuyas prioridades digitales se encuentran la conectividad significativa, la inteligencia artificial, la integridad de la información y la inclusión digital.

En otras palabras, a partir de una agenda compartida por una veintena de países desde la perspectiva de sus economías, surge así una agenda que corre en paralelo a los procesos globales de gobernanza de internet. A través de la coordinación y el establecimiento de directrices globales que rijan en las medidas sobre conectividad, ciberseguridad y el desarrollo de infraestructuras digitales, pueden surgir así nuevos acuerdos separados de consensos globales. La participación de actores no estatales en esas negociaciones es clave para guiar a los Estados hacia decisiones que mantengan el foco en sus obligaciones sobre derechos humanos.

Además, siguiendo el modelo propuesto en su Marco Civil da Internet de 2014, este año Brasil también fue sede de NetMundial+10, un encuentro que tuvo como objetivo revisar el evento inicial que tuvo lugar en São Paulo en 2014 y que trajo grandes avances en el tema de la necesidad de la participación de las partes interesadas en los debates sobre las diversas formas de gobernanza en el entorno digital. El resultado de este año fue una declaración construida de forma participativa, que trae un elemento esencial para avanzar en aspectos prácticos: fijar directrices para los pasos de un proceso de múltiples partes interesadas que sea verdaderamente participativo. Aunque se trata de un paso importante, no fue suficiente debido a la baja participación de los Estados en el evento.

Llega septiembre: Cumbre del Futuro y Pacto Mundial Digital

La CMSI+20 no es el único espacio en el que tienen lugar debates globales sobre nuestro futuro digital. Hace unos años, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó el documento «Nuestra Agenda Común«, que propone entre otras cosas la creación de un Pacto Digital Mundial (GDC por sus siglas en inglés) que se firmará en la Cumbre del Futuro de Nueva York el próximo mes de septiembre.

Se ha criticado la forma en que se ha debatido el Pacto Digital Mundial.Esto porque el propio proceso de formulación del Pacto, que por ser un proceso multilateral (y no multisectorial) ha enfatizado cada vez más el papel de los Estados y ha obstaculizado la participación de la sociedad civil. Además, los diversos informes de representantes de la sociedad civil sobre las dificultades de participación, especialmente del Sur Global, también pueden verse en las cifras de estas participaciones. Según los datos de DNS RF, sólo el 40,59% de las contribuciones escritas recibidas para el Pacto procedían del Sur Global, con Asia-Pacífico a la cabeza con el 23,76%, seguida de América Latina con el 10,89% y África con sólo el 5,94% de las contribuciones.

Aspectos sustanciales también han sido cuestionados por la comunidad técnica y la sociedad civil. La versión tres del borrador del texto a aprobarse en septiembre, difundida esta semana, se encontraba en un proceso de consulta silenciosa, que se rompió por el desacuerdo de varios países sobre artículos concretos de la propuesta. La falta de priorización de los derechos humanos y la ausencia de compromisos específicos en materia de género son algunos de los puntos que decenas de organizaciones de la sociedad civil critican del texto, según una declaración también firmada por Derechos Digitales. Además, surge la preocupación de que los textos muy amplios o ambiguos pueden ser aprovechados por gobiernos autoritarios para justificar violaciones de los derechos humanos. Como indica Konstantinos Komaits, es importante que el GDC no se convierta en un «vehículo para cambiar las normas de gobernanza o acabe introduciendo nuevos procesos que puedan socavar Internet y el trabajo que han hecho las comunidades que lo han apoyado».

Una historia de aprendizajes

En un mundo cada vez más complejo y lleno de desafíos, es crucial no descartar las enseñanzas que hemos aprendido. La gobernanza digital y de Internet se ha fortalecido significativamente en años recientes, con el IGF y el proceso de la CMSI jugando roles fundamentales en este avance. Incidentes como apagones, filtraciones de datos y escándalos de vigilancia nos hacen conscientes de nuestra interconexión y subrayan la necesidad de enfocarnos en las personas al construir nuestro futuro digital. En septiembre, es vital que los países consideren estas necesidades y no ignoren las valiosas lecciones obtenidas a través de las décadas por gobiernos, la sociedad civil y otros actores no estatales. Un paso fundamental en esta dirección es perfeccionar el modelo de múltiples partes interesadas, fomentando una participación más amplia de las comunidades afectadas en los debates a niveles mundial, regional y local.

Gobernanza sobre las plataformas digitales y el rol de los reguladores de medios

Recientemente, la ciudad de Dubrovnik fue sede de una conferencia para el futuro de la gobernanza de plataformas digitales a nivel global. Este evento, celebrado en junio de 2024, reunió a expertas y representantes de diversos reguladores estatales y sus redes, para discutir la implementación de sistemas de gobernanza de contenidos de manera coherente a nivel mundial, con los contenidos ilegales o potencialmente dañinos en internet como el foco de la preocupación.

La conferencia en Dubrovnik es el paso más reciente en un proceso que comenzó con la publicación de las Directrices de la Unesco sobre la gobernanza de plataformas digitales en noviembre de 2023. En febrero de 2023, la conferencia «Internet para la Confianza» buscó construir un consenso inicial sobre estas guías, sentando las bases para la discusión y el desarrollo de políticas más específicas. Entre ambos eventos, se llevaron a cabo múltiples consultas y reuniones técnicas para ajustar y afinar las estrategias regulatorias propuestas, no sin polémica.

Un largo trayecto, un hito más

Estos esfuerzos no están exentos de críticas y desafíos. La gestión de contenidos disponibles en línea debe encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos potencialmente afectados. Organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales han señalado repetidamente que las políticas restrictivas, tanto a nivel estatal como de plataformas privadas, pueden llevar a la censura y a la limitación de la participación en el espacio cívico. Del mismo modo, la difícil armonización entre opciones regulatorias con múltiples ejemplos divergentes hace difícil pensar en soluciones únicas que sirvan a todos los intereses en juego. Incluso en la región, la Comisión Asesora contra la Desinformación en Chile subrayaba la importancia de pensar distintos esquemas de regulación, corregulación y autorregulación para combatir ciertas formas de discurso legal pero nocivo.

Una preocupación habitual en la región frente a las iniciativas por influenciar procesos regulatorios nacionales, es el riesgo de que la implementación de ejemplos comparados o de directrices internacionales sirva como excusa para implementar nuevas normas que sirvan como herramientas políticas para silenciar la disidencia política. Así ha pasado con varias otras leyes en la región, combatiendo supuestas preocupaciones como el discurso de odio, el cibercrimen o la desinformación. Todo lo cual podría socavar aún más la confianza en las plataformas digitales y fomentar la arbitrariedad en las autoridades encargadas de implementar nuevas reglas.

Organizaciones como Derechos Digitales expresaron preocupaciones afines durante la discusión de los borradores de las Directrices sobre la gobernanza de plataformas digitales de la UNESCO. También se ha señalado la falta de mecanismos claros para asegurar la participación significativa de todos los actores y se ha criticado la falta de un enfoque más inclusivo en el desarrollo de estas Directrices. Si bien el contenido de la versión final de las Directrices muestra un enfoque más equilibrado hacia la gobernanza de plataformas, con recomendaciones específicas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en la regulación de contenidos en línea, persisten preocupaciones sobre la implementación efectiva de estas directrices, especialmente en contextos nacionales con marcos regulatorios débiles, instituciones poco preparadas, o tendencias autoritarias.

Competencias regulatorias bajo la lupa

La UNESCO ha promovido la creación de un Foro Global de Redes, reuniendo a su vez a distintas redes regionales de reguladores de medios, plataformas digitales y otros actores. El propósito declarado es compartir experiencias sobre mejores prácticas para implementar los principios de las Directrices a nivel nacional, regional y global. Las propias redes de reguladores (redes que en LatAm incluyen a PRAI https://prai.tv/) de medios y de seguridad en línea firmaron su compromiso con los objetivos de la UNESCO con ocasión de la conferencia de febrero de 2023, como también su voluntad de “desarrollar sistemas regulatorios coherentes” entre distintas regiones. No obstante, en el momento mismo de esos compromisos, el borrador 2.0 de las eventuales Directrices estaba siendo objeto de profunda crítica, en parte en torno a las propuestas de regulación allí contenidas.

Una cuestión crucial es el ámbito de competencia de tan distintos reguladores asociados a estas redes, y su efectiva capacidad de participación en la gobernanza de espacios digitales. Actualmente, los reguladores involucrados en estos foros internacionales tienen competencias variadas que incluyen la supervisión de la radiodifusión, la televisión, telecomunicaciones, y, en algunos casos, la regulación del comercio electrónico. Esta variedad de competencias plantea preguntas significativas sobre su capacidad para adaptarse a la regulación de plataformas digitales.

¿Tienen estos reguladores la experiencia y el conocimiento necesarios para gestionar eficazmente las plataformas digitales? ¿Es adecuado transferir las competencias regulatorias de medios tradicionales a espacios digitales dinámicos y en constante evolución? ¿Cómo se alinean en la práctica la postura de los reguladores digitales y los posicionamientos de agencias con diferentes ámbitos de acción? ¿Cómo se traducen los compromisos compartidos en acciones concretas a nivel nacional? ¿Cómo se suplen las faltas de facultades o de recursos que hagan imposible la implementación de políticas comunes entre países? Estas preguntas subrayan la necesidad de una capacitación y adaptación continua para los reguladores en todo el mundo, pero por sobre todo, ponen aún más en relieve diferencias institucionales significativas entre distintas regiones y distintas jurisdicciones. Las buenas intenciones pueden no ser suficientes para abordar los desafíos únicos del entorno digital. Menos aún si la conversación excluye a la participación multisectorial.

Reflexiones finales

Estas preocupaciones son especialmente relevantes desde la perspectiva latinoamericana. La región enfrenta desafíos críticos en términos de acceso a la tecnología, desigualdades socioeconómicas y marcos legales en desarrollo. La participación activa de la sociedad civil es crucial para asegurar que las políticas digitales no solo protejan los derechos humanos, sino que también fomenten la inclusión y el desarrollo sostenible.

La armonización de los esquemas de gobernanza de plataformas digitales a nivel global es un esfuerzo ambicioso que plantea importantes preguntas sobre jurisdicción, competencias regulatorias, derechos humanos y participación multisectorial. La UNESCO, a través de sus conferencias y redes, ha dado pasos significativos para liderar estas discusiones. Sin embargo, el éxito de las iniciativas de armonización dependerá de la capacidad de muy distintos reguladores para adaptarse a los nuevos desafíos, para la protección efectiva de los derechos humanos con inclusión de una amplia gama de actores en la toma de decisiones.