En este documento reunimos los resultados principales y puntos clave discutidos durante la sesión “Defendiendo nuestra voz: la participación del Sur Global en la gobernanza digital”, liderada por Derechos Digitales durante el Evento de Alto Nivel para el proceso de revisión, actualización e implementación de WSIS+20.
Temática: Gobernanza de internet
Las tecnologías deben mitigar el cambio climático, no profundizarlo
«Transforma esta foto como si perteneciera al universo visual de Studio Ghibli, conservando el fondo y la pose. Aplica sus rasgos característicos: colores, trazos y texturas», este es el tipo de instrucción con la que el modelo conversacional de Inteligencia Artificial “ChatGPT” generó las imágenes que, un tiempo atrás, fueron tendencia en redes sociales y que atrajo a nuevas personas usuarias a la plataforma. Medios digitales saturados de nuevas publicaciones y servidores de alojamiento remoto trabajando para almacenar los archivos recién creados fueron servicios muy demandados durante los días que duró la fiebre Ghibli. ¿Cuál fue el impacto ambiental? El más visible, sin duda, es el consumo de agua para el enfriamiento de servidores, con un promedio estimado de 3 litros de agua por imagen generada.
Ahora imaginemos el impacto ambiental de desechar mil computadoras de uso personal por segundo. Es el equivalente para los 62 millones de toneladas de residuos electrónicos generados a nivel mundial, según se registró en el año 2022. Considerando que el número de personas usuarias de internet en el mundo alcanzó los 5560 millones a principios de 2025, la demanda de recursos, tanto en software como de hardware, solo incrementará en los próximos años, dependiendo del tipo de tecnología que se despliegue. ¿La solución al evidente problema es detener el avance tecnológico y su uso?
La solución no puede estar más lejos de eso. Aunque los modelos de producción tecnológica se basan en una lógica extractivista, sin considerar costos sociales o ambientales, las tecnologías tienen potencial para reducir el impacto. El uso eficiente de la infraestructura tecnológica es clave para mitigar la huella ambiental. Ciertas innovaciones incluso permiten reducir el uso de recursos naturales si son desplegadas adecuadamente. Algunos ejemplos son la computación en la nube, computación grid y virtualización en centros de datos: modelos que se comportan como si fueran infraestructuras independientes mientras comparten recursos de un mismo servidor o red de servidores.
Si pensamos en el ciclo de vida de la tecnología, podríamos resumir las fases en: diseño, desarrollo y despliegue. Esta última etapa se realiza en infraestructuras robustas y resilientes, capaces de soportar altos niveles de demanda y peticiones por segundo garantizando respuestas rápidas. La magnitud del consumo varía según el tipo de servicio. Aunque en las fases previas también se requiera infraestructura, el consumo comienza a escalar cuando llega a su etapa de producción (despliegue), aumentando la demanda de energía y sistemas de enfriamiento para los centros de datos.
Algunas acciones para mitigar el impacto
Frente a un escenario que exige día a día más recursos, una de las alternativas es avanzar hacia la descarbonización del sector energético . Se trata de sustituir fuentes fósiles como carbón, petróleo y gas natural por insumos renovables como la energía solar o eólica. Algo de esto analizamos un tiempo atrás a raíz de la crisis energética en Ecuador.
Esta alternativa consolidó una nueva carrera por la neutralidad en emisiones de carbono. Así, multinacionales del sector tecnológico aseguran haber alcanzado esta neutralidad en emisiones de carbono y sostienen compromisos por lograr que toda su cadena de suministro y productos lo sean también. Sin embargo, la veracidad de las declaraciones y los mecanismos utilizados siguen bordeando el greenwashing, una práctica que busca confundir a las personas usuarias sobre el impacto medioambiental real de una empresa o producto. Así mismo, la sustitución de materiales al momento de construir piezas electrónicas o componentes, sin sacrificar rendimiento y calidad, ofrece una oportunidad competitiva a mercados que se aventuran a revolucionar la tecnología. Por ejemplo, en China, donde luego de atravesar limitaciones para el uso de microprocesadores basados en silicio, desarrolló un chip libre de este componente y lo reemplazó por bismuto reduciendo el consumo energético en un 10% e incrementando su velocidad en un 40%.
Otro esfuerzo es el diseño de infraestructuras para una economía circular, un modelo económico que busca minimizar el desperdicio y maximizar el valor de los recursos, productos y materiales. Desde el inicio, es importante pensar en medidas como plantas de producción modulares y que puedan ser actualizadas, reutilizadas y reciclados sus materiales, además de planificar la recuperación de productos al final de su vida útil. Esto es aún más urgente considerando que solo alrededor de la cuarta parte de la basura electrónica es reciclada correctamente, dejando toneladas de residuos sin tratamiendo adecuado y desperdiciando recursos valiosos, en su mayoría, no renovables.
Por otro lado, los centros de datos requieren condiciones mínimas para operar adecuadamente como seguridad, capacidad de almacenamiento, transferencia de datos, refrigeración y otros. Pensando en el enfriamiento de un data center promedio, se estima que consume 25 millones de litros de agua al año, lo que equivale a 68 mil litros por día. ¿Y si sumamos el consumo de todas las grandes empresas conocidas que gestionan redes sociales, navegadores web y tiendas en línea? Este consumo puede reducirse si se despliega en zonas con con climas fríos o cerca de aguas de mar profundas. Un esfuerzo que considera la eficiencia energética y uso de agua es Green Mark Certification for Data Centres en Singapur.
Un compromiso compartido
La gobernanza de las infraestructuras tecnológicas debería centrarse en la justicia ambiental, respetando y promoviendo derechos y sostenibilidad. Las decisiones sobre qué tecnologías se desarrollan, cómo y para quiénes, deben incorporar una perspectiva social y ambiental en todas sus etapas. Desde la planificación de explotación de minerales necesarios para la construcción de componentes electrónicos hasta el uso de una IA para enseñar idiomas en territorios indígenas, todo debe regirse por modelos de gobernanza comunitarios y no por lógicas extractivistas.
Además, es fundamental incentivar iniciativas que potencien proyectos como redes de Internet autosustentables en comunidades, centros de datos locales y uso de tecnologías, que potencien capacidades situadas. A esto se suma la ciencia abierta, el conocimiento libre y el código abierto como componentes estratégicos para la autonomía e independencia de infraestructuras corporativas y privadas.
El equilibrio entre tecnología y medio ambiente solo será posible si transformamos la infraestructura digital desde su origen, haciéndola parte de la solución y no del problema. Esto implica proyectar fábricas impulsadas con energía solar in situ, centros de datos enfriados con agua del mar sin riesgos ambientales, procesos de desmontaje eficientes en instalaciones de reciclaje adecuadas y redes inteligentes de distribución, como documenta Google con el proyecto IA de DeepMind, que redujo un 40% el consumo energético para refrigeración.
Pero nada de esto será suficiente sin una voluntad política y ética clara. Reconocer la interdependencia entre sostenibilidad ecológica y equidad social es solo el primer paso: lo que sigue es actuar colectivamente para transformar modelos tecnológicos actuales. Urge reducir la dependencia de sistemas corporativos opacos y avanzar, desde la sociedad civil, comunidades, gobiernos y el sector privado, en la construcción de de políticas públicas, normativas e infraestructura que prioricen el bien común, fomenten la justicia social y ambiental, y garanticen transparencia y rendición de cuentas a toda la ciudadanía.
Cuando la ciberseguridad es cooptada por la inteligencia estatal
La ciberseguridad se ha consolidado como un tema primordial para los Estados latinoamericanos en los últimos años. Entre la creciente digitalización y las amenazas cibernéticas, se ha impulsado la formulación de estrategias nacionales y otras políticas públicas que establecen tanto los objetivos de los gobiernos en la materia, como, en muchos casos, las entidades responsables de su implementación. En ese contexto, y como señalamos en una reciente publicación, es fundamental abordar a las políticas de ciberseguridad desde enfoques basados en derechos humanos que coloquen a las personas al centro de las acciones de prevención y respuesta a los ciberataques contemplando sus riesgos específicos y necesidades, priorizando el ejercicio de derechos fundamentales. En las últimas semanas, Argentina ha captado la atención del ámbito de la ciberseguridad debido a una serie de decisiones gubernamentales que han encendido varias alarmas.
¿Qué fue lo que ocurrió?
En septiembre de 2023, Argentina aprobó su Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un documento que, a primera vista, representó un avance significativo en la región al incorporar principios de derechos humanos y perspectiva de género. No obstante, ese enfoque ha quedado en entredicho tras una serie de decisiones adoptadas por el gobierno actual. En julio de 2024, la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional -que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y restituyó sus funciones a la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), restablecida bajo el control directo y exclusivo del Poder Ejecutivo- marcó el primer giro. Luego, en abril de 2025, con el Decreto 274/2025, la preocupación se intensificó: la SIDE pasó a controlar la Agencia Federal de Ciberseguridad y, con ello, la implementación de la Estrategia Nacional y la operación del CERT.ar. Este modelo de gobernanza en la política de ciberseguridad no tiene precedentes, ni dentro ni fuera de América Latina.
A la par de dichas reformas, en mayo de 2025 la SIDE aprobó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Este es un documento definido por el gobierno como “secreto”, que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para “promover los intereses estratégicos” del gobierno. Al PIN sólo tienen acceso el presidente, la SIDE y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Esta restricción para la consulta del documento siembra de entrada preocupaciones no solo sobre su opacidad sino sobre los retrocesos que pueda representar para las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Más aún, y según lo señalado por medios como La Nación que ha logrado acceder al documento extraoficialmente, el PIN otorga facultades a la SIDE para recabar información sobre todas aquellas personas que, a criterio de la entidad, “erosionen” o “manipulen” la confianza de la opinión pública sobre las políticas de seguridad y económicas del gobierno actual; una práctica prohibida por la propia Ley de Inteligencia Nacional.
La aprobación del PIN despertó las alarmas del gremio periodístico y del sector de la sociedad civil argentina, pues la ampliación de las facultades operativas de la SIDE básicamente legitima la persecución y vigilancia a quienes expresen opiniones críticas, un pilar fundamental para el debate democrático. De hecho, el periodista de la Nación que reveló la existencia del nuevo documento de inteligencia estatal reportó ataques a sus cuentas de redes sociales, así como amenazas recibidas a través de estas. La gravedad de este caso visibiliza un patrón sistemático en el país y en la región que amenaza la libertad de expresión así como el derecho de acceso a la información pública, aspectos que hemos documentado en otros artículos.
Los peligros del cambio en la gobernanza de la ciberseguridad
Designar la ciberseguridad al mando de organismos de inteligencia implica un retroceso en la medida que desplaza el enfoque centrado en las personas, limita la participación social y profundiza riesgos de vigilancia. Este cambio se alinea con una concepción conservadora de la ciberseguridad, anclada en una visión técnica centrada exclusivamente en la protección de infraestructuras críticas del Estado, puesto que las agencias de inteligencia tienen como núcleo la protección de los intereses estatales desde el ámbito de la seguridad nacional. Es importante destacar que este enfoque ha sido paulatinamente superado por marcos más integrales y centrados en derechos humanos, que colocan a las personas en el núcleo de las políticas de prevención y respuesta.
Sumado a lo anterior, disponer el desarrollo y la implementación de políticas de ciberseguridad bajo la estructura oculta de la inteligencia estatal, lejos de ser un detalle técnico, reactiva una lógica peligrosa y ya conocida en la región: la priorización discursiva de la seguridad nacional como justificación para restringir libertades fundamentales. A saber, a lo largo del siglo pasado, esta narrativa fue utilizada por regímenes dictatoriales para vigilar, censurar y reprimir a la disidencia bajo la «doctrina de seguridad nacional».
Ahora bien, uno de los pilares en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en la superación de las dictaduras de la región ha sido precisamente la exigencia de límites democráticos al accionar de las agencias de inteligencia. La persistencia de mecanismos opacos y sin controles –como es el caso argentino– no solo es un problema de transparencia, sino una evidencia de que las prácticas y finalidades mismas de dichas agencias siguen siendo incompatibles con los principios democráticos, lo que va en contramano de fallos históricos recientes en la región.
En el escenario argentino, el rediseño del sistema de inteligencia y el traspaso del control de la ciberseguridad a la SIDE no son hechos menores ni aislados, sino parte de un proyecto político del actual gobierno. Este proyecto impulsa discursos y medidas abiertamente regresivas en temas como género, diversidad, protesta social y acceso a la información pública, que han sido denunciados por organismos y organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y Reporteros Sin Fronteras. Esta agenda antiderechos tiene graves impactos especialmente sobre grupos históricamente vulnerables, entre ellos mujeres y personas LGBTQIA+, que además son un blanco frecuente y desproporcionado de las prácticas de vigilancia y los ataques digitales, particularmente quienes ejercen liderazgos políticos, sociales o periodísticos. Precisamente, quienes deberían estar en el centro de las políticas de ciberseguridad son quienes más riesgos enfrentan con los recientes giros autoritarios.
El cambio de gobernanza en cuestión se articula, además, con decisiones geopolíticas de alineamiento expreso con los intereses de Estados Unidos e Israel, países mencionados explícitamente como referentes estratégicos en el nuevo PIN argentino. Esta alineación no solo refuerza una lógica de seguridad nacional que pone en tensión los derechos fundamentales, sino que también reproduce un modelo caracterizado por la concentración de poder y la falta de controles democráticos efectivos. En el caso argentino, donde no existen mecanismos efectivos institucionales de fiscalización sobre las agencias de inteligencia, la pregunta que se impone con fuerza es ¿quién vigila a quienes vigilan?
Implicancias del caso argentino para nuestra región
El caso argentino hace eco en hechos históricos y expone cómo los marcos legales pueden ser utilizados para habilitar prácticas autoritarias. Además, y tomando como referencia un informe reciente de Derechos Digitales, junto a otras acciones realizadas por el gobierno argentino el último tiempo, como la Resolución 428/2024, el caso consolida un rumbo para el despliegue de prácticas de vigilancia bajo normas poco claras, un camino que el Estado ya venía trazando desde 2020. Lo ocurrido en las últimas semanas formaliza dichas actividades y habilita otras como el monitoreo masivo en redes, bajo una estructura que convierte la ciberseguridad en un instrumento político para vigilar y silenciar a la disidencia.
Como vemos, el problema no es nuevo; lo nuevo es que se legitiman la persecución y la vigilancia por vía legal. Estamos ante una disputa política que requiere respuestas claras por parte de los Estados. La región evidencia un panorama en el cual crece la tolerancia hacia formas autoritarias de gobierno. Argentina, un país considerado históricamente como referente en materia de derechos humanos, se ha venido alejando de ese lugar. Este retroceso insta a la activación de compromisos concretos del resto de los países de la región, no solo para construir y defender estándares comunes, sino para impedir que un modelo de ciberseguridad como este sea replicado.
La preocupación es aún mayor considerando que Argentina es uno de los países de América Latina con las estructuras institucionales más robustas en esta área. Cuenta con más recursos técnicos, capacidades operativas y fuerza política que muchos otros. En una región marcada por profundas asimetrías entre países —donde muchos carecen de marcos sólidos, personal capacitado y financiamiento adecuado para la ciberseguridad—, existe el riesgo real de que modelos autoritarios como el argentino influyan negativamente en el diseño de políticas públicas en otros Estados.
Reafirmar un enfoque en ciberseguridad basado en derechos humanos no es una aspiración técnica, sino una urgencia democrática. La protección de la privacidad, la libertad de expresión y la inclusión digital debe estar en el centro de toda política pública en la materia. Fortalecer la gobernanza democrática -con participación multisectorial, perspectiva de género y atención a las desigualdades estructurales cómo las de género- es una tarea impostergable. Solo así podremos construir resiliencia digital sin ceder las libertades que sostienen nuestras democracias.
Cuando la estructura de las organizaciones también es parte del propósito
Este 2025 Derechos Digitales cumple oficialmente veinte años. Este aniversario representa una oportunidad para detenernos y mirar con perspectiva el camino recorrido: veinte años de desafíos, aciertos y también errores, pero por sobre todo aprendizaje. Una historia sobre adaptación constante, crecimiento sostenido y maduración organizacional.
En este hito, queremos destacar una dimensión quizás menos visible de nuestro quehacer, pero profundamente estratégica para lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana: el trabajo del área de Operaciones y Finanzas de Derechos Digitales. Un equipo cuya función ha sido clave para sostener y proyectar nuestra misión en el tiempo.
Crecimiento interior
Como muchas organizaciones de la sociedad civil, Derechos Digitales contaba en sus inicios con un equipo polifuncional, que asumía tareas muy diversas: desde la formulación y ejecución de proyectos hasta la gestión administrativa y la relación con donantes. Esta lógica, si bien nos permitió comenzar a trabajar también implicaba una carga significativa sobre las personas encargadas de la investigación y la incidencia, dificultando la especialización y el desarrollo sostenible en un contexto de crecimiento.
Con los años, y a medida que nuestro trabajo crecía en alcance y complejidad, se hizo evidente la necesidad de consolidar un área que asumiera de forma dedicada las labores administrativas y de soporte estratégico. La oportunidad llegó de la mano de uno de nuestros donantes históricos, Ford Foundation, a través del proyecto BUILD, una iniciativa que daba la posibilidad a diversas organizaciones de concentrar esfuerzos y recursos en el fortalecimiento institucional de largo plazo. Gracias a este apoyo, por primera vez pudimos dedicar esfuerzos a construir, desde un equipo especializado, una estructura organizativa más robusta y preparada para sostener nuestro trabajo hacia el futuro.
Los frutos de esta apuesta fueron visibles en el corto plazo. Un ejemplo de aquello fue la manera en que afrontamos la delicada situación de la pandemia por COVID-19, que trajo consigo una serie de desafíos tanto para nuestras acciones como para el bienestar de nuestros colaboradores, además de socios y pares. En un escenario profundamente incierto, ya contábamos con una estructura operativa más fortalecida para así sostener nuestras líneas de trabajo y acompañar a otras organizaciones de la región. Además, pudimos destinar esfuerzos y recursos específicamente al acompañamiento del equipo, procurando facilitar su tránsito ante estos procesos de cambio. Este fortalecimiento interno comenzó entonces a proyectarse hacia afuera: a través de microgrants, alianzas estratégicas y una ejecución de proyectos que combinaba solidez técnica con estabilidad financiera.
Este camino no ha sido fácil de transitar. Ha implicado años de aprendizaje, de decisiones complejas y de construir capacidades en un entorno que muchas veces no está pensado para organizaciones como la nuestra. Esto se refleja en distintas formas, a menudo pasadas por alto en el día a día, pero fundamentales para entender cómo trabajamos y qué hemos logrado.
El valor de contar con un apoyo especializado
¿En qué momentos podemos ver el valor de nuestro quehacer interno? Nuestro trabajo administrativo es tan intenso como invisible. La mayor parte del tiempo transcurre detrás del telón, apreciándose con más claridad en aquellos momentos donde las cosas fallan o enfrentamos situaciones complejas. A pesar de esto, en los momentos de mayor exigencia, encontramos los signos de creciente madurez y capacidad de respuesta que hemos forjado, y seguimos consolidando, después de 20 años.
Lo primero es el enfoque en nuestra misión organizacional. Contar con personal especializado dedicado íntegramente al soporte de nuestras tareas permite que quienes diseñan, ejecutan y desarrollan nuestro trabajo sustantivo se centren al 100 % en su labor, sin distracciones burocráticas ni requerimientos administrativos de urgencia. Saber que existe un área que sostiene la estructura interna nos brinda la confianza de continuar avanzando en nuestra misión, incluso en épocas de alta presión, sin desviar esfuerzos en el levantamiento de recursos, proyecciones y reducción de costos.
Otro de estos signos de madurez está vinculado con la gestión más eficiente de nuestros recursos. Aplicamos políticas claras de planificación y presupuesto, reducción de costos, proyecciones y monitoreo de riesgos que nos permiten no solamente enfrentar el presente, sino anticipar y navegar distintos escenarios, y así estar más preparados para momentos hostiles en términos de financiamiento. Esta capacidad de planificación integral fortalece nuestra resiliencia financiera y si bien no es una garantía, nos brinda más certezas de que las decisiones que tomamos hoy nos preparan para enfrentar los retos que vendrán, a través de diversas herramientas como reservas, inversiones y proyección a largo plazo. En este proceso, nuestras capacidades están en permanente actualización y el crecimiento es continuo: jamás dejamos de aprender y adquirir nuevas herramientas.
Por último, ya estamos en condiciones de asumir que somos un puente entre organizaciones. Nuestro desarrollo administrativo nos permite aportar a la sostenibilidad, no solo de Derechos Digitales, sino también ser un nexo para otros grupos con los que trabajamos. En tiempos de crisis, la colaboración es esencial para las organizaciones sin fines de lucro, ya que permite optimizar recursos, generar confianza social y además nos posiciona como referentes locales en términos de gestión. En Derechos Digitales no solo somos receptores de donaciones para desarrollar nuestros propios proyectos, sino que también hemos logrado convertirnos en fuente de financiamiento para otros colectivos y activistas que, por diversos motivos, no pueden acceder a ciertos tipos de respaldos monetarios, apoyándose así en nuestras capacidades instaladas.
Un claro ejemplo de lo anterior son los Fondos de Respuesta Rápida (FRR) y Fondos de Derechos Digitales (FDD), iniciativa vigente desde 2019 que permite entregar recursos para dar respuesta a emergencias en materia de derechos humanos y tecnología en la región a todo tipo de organizaciones, independientemente de su nivel de madurez.
¿Y qué sigue?
Resulta innegable que estamos atravesando uno de los momentos más complejos para el espacio cívico y su financiamiento a nivel global. Las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos, no solo pausaron y cortaron recursos clave para el desarrollo mundial, sino que también sacudieron todo el ecosistema filantrópico, generando una incertidumbre sin precedentes.
Estas medidas también han tenido impacto en nuestra operación. Hemos tenido que tomar decisiones complejas que afectan nuestro funcionamiento, como la reducción de costos, congelamiento y suspensión de proyectos y contrataciones asociadas. La adopción responsable de esas medidas fue solamente posible debido a la rápida y dedicada reacción de nuestro equipo, mediante el seguimiento continuo de nuestras finanzas y la formulación de cambios profundos en las proyecciones a corto, mediano y largo plazo, que incluyó la definición de distintos escenarios posibles y la preparación de planes de acción para cada uno de ellos, activando alertas tempranas y evitando asumir la sostenibilidad como un hecho garantizado.
Pero no basta con lo anteriormente mencionado: el trabajo colaborativo se presenta como nuestra piedra angular mientras persista este contexto de incertidumbre. Así, este fortalecimiento interno no solo beneficia a nuestro propio equipo, sino que nos posiciona como un vínculo confiable para otras organizaciones y activistas de América Latina. Un ejemplo de esto es la capacidad de acceder a fuentes de financiamiento que exigen capacidades comprobables –como auditorías anuales–, para así canalizar recursos administrativos y financieros hacia organizaciones locales.
En Derechos Digitales, resulta vital no solo preservar nuestra actividad, sino también compartir metodologías y tejer redes de articulación que amplifiquen el impacto colectivo de nuestra tarea. En un momento en que la labor de las ONGs y activistas es más necesaria que nunca, mantener la calma, tomar decisiones informadas y trabajar en alianza son las claves para enfrentar la incertidumbre presente y futura.
Es imposible predecir con certeza el futuro, pero afortunadamente sí podemos proyectar escenarios posibles y planificar cómo queremos sostener nuestra misión y mantener activo nuestro trabajo y el fruto de estos 20 años de existencia. A la luz de la historia que hemos compartido aquí, estamos convencidas de que algunas de las acciones cruciales para enfrentar lo que viene son desarrollar capacidades internas sólidas y seguir confiando plenamente en la efectividad de nuestro trabajo sustantivo, asumir definiciones con información y trabajar colaborativamente para seguir impulsando el cambio desde y para el Sur Global.
Contribución al informe sobre los defensores de los derechos humanos que trabajan sobre el cambio climático y una transición justa
En el marco de la convocatoria de la Relatoría Especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, presentamos junto al Instituto Nupef y TEDIC una contribución en la que abordamos cómo el uso de las tecnologías de las TIC puede combatir o agravar los riesgos que enfrentan defensoras del medio ambiente. En el documento, destacamos los temas de acceso significativo a Internet, amenazas a la integridad de la información y seguridad digital, ilustrándolos a partir del caso brasileño de las quebradoras de coco babasú.
Contribución a la consulta sobre redes comunitarias convocada por la Subsecretaría de las Telecomunicaciones en Chile
En el marco de la consulta pública de SubTel, resaltamos la importancia de fortalecer las redes comunitarias para impulsar la conectividad en Chile. Estas redes promueven la autodeterminación tecnológica y la organización comunitaria, por lo que cualquier regulación debe basarse en diagnósticos actualizados sobre brecha digital y capacidades locales. Aportamos propuestas para definir marcos legales claros y condiciones justas para su desarrollo.
Participación estratégica en la UIT-T: sumando voces desde América Latina
Este informe centraliza datos sobre la UIT, destacando el sector UIT-T para organizaciones civiles en América Latina. Expone agendas, espacios de participación y estrategias para establecer estándares técnicos con enfoque en derechos humanos y participación significativa de la sociedad civil.
Transformaciones y desafíos en los derechos digitales en América Latina: un balance de 2024
En 2024, la intersección entre tecnología y derechos humanos ha cobrado una relevancia sin precedentes en América Latina. En un panorama global que anticipaba decenas de elecciones, pero que está todavía marcado por los horrores del genocidio y la guerra, como también por autoridades locales embelesadas con las promesas por la IA y pugnas políticas globales sobre el futuro de las redes digitales, vale la pena hacer una breve retrospectiva de lo que nos ha tocado enfrentar este año.
Encerrando en la lámpara al genio de la IA
La discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) se intensificó en América Latina en 2024. Diversos países de la región han estado explorando marcos regulatorios para controlar los riesgos de estas tecnologías sin impedir su desarrollo ni excluir a los países de la economía global. El reciente avance en Brasil de un proyecto de larga discusión parece acercar esa regulación a la realidad.
En este contexto, Derechos Digitales ha enfatizado la importancia de poner los derechos humanos en el centro de la regulación y del desarrollo de la inteligencia artificial, destacando la necesidad de una participación ciudadana efectiva en su desarrollo e implementación. También hemos avanzado significativamente en demostrar, a través de la evidencia situada, cuáles son las características de la implementación en la región por entidades públicas, más allá de los compromisos declarados. A pesar de los desafíos, nuestra más reciente edición de Latin America in a Glimpse ofrece una luz de esperanza para un desarrollo comunitario, situado y feminista de estas tecnologías, en lugar de rendirnos a la voluntad de algunos gigantes de la tecnología.
Pactos mundiales, pero sin todo el mundo
El Pacto Digital Mundial (GDC, por sus siglas en inglés) aparecía como uno de los hitos más significativos del año, con una importante búsqueda de incidencia por incontables activistas de todo el mundo, para sumar sus voces a las de los Estados representados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En los escasos espacios de participación abiertos, Derechos Digitales hizo valer sus expectativas sobre el GDC, enfatizando la necesidad de una perspectiva efectiva de género en el GDC, basada en principios feministas para la inclusión de género, y recomendando un enfoque basado en derechos humanos que considere intersección de género y derechos en áreas clave. No obstante, un resultado decepcionante en esas materias y de muy difícil participación para actores no estatales, nos hace sumarnos a la preocupación global sobre el proceso de implementación, que seguiremos con celo.
Otro proceso preocupante terminó de manera casi trágica: tras más de dos años de negociaciones, la ONU aprobó el texto final de un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Organismos expertos y activistas alrededor del mundo advirtieron por años que el texto contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos, incluida la falta de salvaguardas suficientes en materia de protección de derechos frente a la cooperación internacional.
Libertad de expresión, siempre bajo ataque
En un año que vio nuevas preocupaciones no solo por los usuales bloqueos, sino también por la siempre presente violencia contra periodistas y por la posible promulgación de leyes mordaza en distintos países, o el levantamiento de restricciones y cierres contra organizaciones activistas, el uso de internet para la libre expresión parece ser cada vez más un riesgo que una oportunidad.
Independiente de las decisiones de ciertos gobiernos, recientes cambios como la compra de Twitter (ahora X) por un magnate controvertido, han complicado aún más el panorama para el ejercicio de la expresión en plataformas privadas. Así, el bloqueo de lo que era Twitter en Brasil levantó preocupación por el efecto aparentemente desproporcionado, como consecuencia de actos de autoridad legalmente tramitados por la falta de colaboración de la plataforma con procesos judiciales. Eso, sin siquiera discutir la decadencia de una plataforma que sigue siendo relevante para una minoría, y su incapacidad de mantenerse como un espacio seguro.
La arbitrariedad para la censura de contenidos en plataformas digitales quedó además validada en México, por medio de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el sistema de notificación y retirada, cuestionado por su facilidad para lesionar derechos humanos en línea en nombre del derecho de autor y sin real efecto sobre la “piratería”.
Tecnologías para la vigilancia: un paso adelante, diez atrás
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico en el caso presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), destacando que las actividades de inteligencia deben respetar la privacidad y la protección de datos personales. Esta decisión expuso la vigilancia sistemática ejercida sobre defensores de derechos humanos en Colombia, incluyendo el monitoreo de comunicaciones privadas, y estableció un precedente crucial para limitar abusos en las tareas de inteligencia en toda la región. Esto es especialmente relevante en un contexto en que los Estados latinoamericanos continúan utilizando herramientas intrusivas, como el software Pegasus, sin mecanismos efectivos de supervisión democrática, a pesar de los aprendizajes de la última década. Aunque el fallo representa un avance normativo, la persistencia de prácticas de espionaje y monitoreo masivo refleja la urgencia de fortalecer marcos regulatorios que protejan los derechos humanos.
Por otra parte, el ciberpatrullaje se ha consolidado en 2024 como una herramienta de vigilancia estatal en América Latina, presentada como un mecanismo para prevenir delitos pero aplicada también como medio para vigilar discursos críticos. Esta práctica, que implica el monitoreo constante de redes sociales y espacios digitales, permite perfilar usuarios, recopilar información personal y observar la actividad de activistas y periodistas sin salvaguardas legales suficientes.
Salir a la calle tampoco nos aleja del peligro. El uso de tecnologías de reconocimiento facial en América Latina ha seguido expandiéndose en 2024, especialmente en espacios abiertos al público como estadios. Si bien estas herramientas se presentan como soluciones para mejorar la seguridad, han sido criticadas por facilitar el control social y la vigilancia masiva. Su implementación ha afectado desproporcionadamente a comunidades vulnerables y restringido libertades fundamentales, como el derecho a la protesta.
Contribuyendo y colaborando
En julio de 2024, Derechos Digitales anunció las organizaciones seleccionadas para participar en el primer ciclo del Fondo para la Promoción de los Derechos Digitales (FDD). Este programa fue diseñado como una herramienta para fortalecer las capacidades de las comunidades en la región, sensibilizándolas sobre la importancia de proteger sus derechos en el entorno digital. A través de este fondo, se busca fomentar el desarrollo de iniciativas locales que promuevan un espacio digital más inclusivo, libre y seguro, donde los derechos fundamentales sean respetados y defendidos.
Este fondo se complementa con el ya consolidado Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales (FRR), que en 2024 celebró cinco años de funcionamiento. Desde su creación, este fondo ha permitido canalizar recursos hacia acciones urgentes de defensa de los derechos humanos en el entorno digital, proporcionando respaldo inmediato a comunidades y activistas que enfrentan amenazas o vulneraciones en línea.
Ambos mecanismos, al operar en conjunto, constituyen un esfuerzo integral para fortalecer el ecosistema de defensa de los derechos digitales en América Latina. En total, los fondos administrados por Derechos Digitales completaron un año de impacto significativo, apoyando 29 proyectos distintos distribuidos en 14 países de la región, abarcando una amplia gama de temas. Con este modelo de financiamiento, Derechos Digitales continúa impulsando estrategias de defensa y promoción de los derechos digitales, respondiendo a los desafíos urgentes de la región.
Mirando hacia 2025: desafíos y prioridades para los derechos digitales
A medida que nos acercamos a 2025, el escenario global estará marcado por la implementación de acuerdos clave y el desarrollo de procesos internacionales que definirán el futuro de los derechos digitales. La revisión de los veinte años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20) será un momento decisivo para evaluar los compromisos adoptados hace dos décadas y proyectar un modelo más inclusivo, sostenible y centrado en derechos humanos para el desarrollo digital. Será una oportunidad para insistir en la participación de la sociedad civil y en la necesidad de garantizar la conectividad, sin comprometer libertades esenciales en nombre de la seguridad o el progreso económico.
Al mismo tiempo, se espera que comience la implementación del GDC, en un proceso todavía rodeado de incertidumbres y preocupaciones. La sociedad civil tendrá el desafío de incidir en los mecanismos de seguimiento y aplicación del Pacto, para asegurar que las decisiones adoptadas protejan los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de control o exclusión.
En paralelo, tras su adopción, podría iniciarse la implementación del Tratado sobre Cibercrimen, con implicaciones directas en la regulación de la vigilancia estatal, la cooperación judicial y el intercambio de datos. La vigilancia transfronteriza, el acceso a información privada y las obligaciones impuestas a las empresas tecnológicas requerirán un escrutinio constante para asegurar que los esfuerzos por combatir el cibercrimen no se conviertan en justificaciones para expandir la vigilancia masiva
Con un año electoral en varios países de América Latina, 2025 también traerá desafíos para la estabilidad democrática en la región. Las tecnologías digitales jugarán un papel central tanto como herramientas para la participación política como instrumentos para perjudicar al espacio cívico. Nuestra participación en el proyecto Civic DEFENDERS aparece así como una oportunidad para ejercer nuestra misión junto a organizaciones de todo el mundo.
Al final de un nuevo año de intenso activismo, reafirmamos nuestra confianza en la capacidad de la sociedad civil para liderar cambios significativos y sostenibles. La construcción de un futuro digital justo, inclusivo y democrático dependerá de mantener la solidaridad transregional, de amplificar las voces de la Mayoría Global y de asegurar que los derechos humanos estén al centro de cada decisión que impacte a las tecnologías. Desde Derechos Digitales, seguimos comprometidas a trabajar para ese futuro.
Cosechar Energía Solar para la Resiliencia Digital
La crisis energética de Ecuador
Ecuador atraviesa la mayor crisis energética que se tenga memoria. En octubre de 2023 empezamos con apagones de 3 a 4 horas, que en su momento parecía un montón. Nunca imaginamos que un año después llegarían a durar 14 horas, en mi caso eso significó tener 3 horas de energía al día. Una amiga venezolana me contó que en su país ya no cuentan los apagones, sino los “alumbrones”.
Durante estos meses aprendí que no se puede pensar en resiliencia digital sin pensar en electricidad. Pasé varias semanas que se sentían como meses buscando la forma de trabajar. Intenté con UPS, ir a trabajar en cafeterías o incluso utilizar el plan de datos para conectarme a internet. Fue tal la crisis que después de dos horas de apagón ya no funcionaba ni la telefonía ni el internet móvil. Nos desconectamos de la electricidad, pero también de las comunicaciones.
Ecuador es un país privilegiado con muchas fuentes de aguas en las montañas que descienden hacia el Océano Pacífico y la Amazonía. Esto lo ha convertido en un país ideal para aprovechar la energía hidroeléctrica. También contamos con un parque de centrales termoeléctricas que están pensadas para cuidar el agua en tiempos de sequías. Las mismas estaban sin mantenimiento y ha costado mucho ponerlas a funcionar.
Si bien mi situación era complicada, seguramente no era nada comparado a alguien que vende helados, alimentos refrigerados o las industrias que dependen del suministro eléctrico. Cada vez más en las calles de las ciudades se escuchaba el sonido a generador eléctrico con olor a combustible quemado.
Mientras esto sucedía, yo participaba de una discusión interesante en X sobre energía solar liderada por Edgar Landivar. Él fue mi pionero del desarrollo de software libre en el país, diseñó respiradores de hardware abierto durante la pandemia y ahora fomenta el uso de energía solar. También fue mi primer jefe y un viejo amigo. Él nos contaba sobre el uso de paneles solares y baterías para sobrevivir a los apagones, además de la generación comunitaria que el país podía utilizar para afrontar la crisis de una manera descentralizada y amigable con el medio ambiente.
Busqué soluciones de energía solar para mi casa que, si bien son costosas, son mucho más accesibles de lo que me imaginaba. Intenté encontrar alguien que venda e implemente una solución en poco tiempo pero la demanda saturaba a la oferta y yo pasaría semanas o meses sin una solución hasta que descubrí los generadores solares.
Los generadores solares
Los generadores solares consisten en una estación de carga (powerstation en inglés) y uno o varios paneles solares. La estación de carga tiene baterías para almacenar electricidad, un inversor para convertir la energía directa en alterna que es lo que usamos en nuestras casas. Las baterías se pueden cargar desde la energía de la empresa eléctrica, en el encendedor del automóvil o a través de paneles solares.
Cuando llegó mi generador solar rápidamente la angustia se convirtió en curiosidad. A diferencia del UPS, la estación de carga me da un estimado de tiempo de duración según los dispositivos que están conectados. También me cuenta cuántos watts estoy consumiendo y según eso puedo decidir si desconecto dispositivos para soportar las horas de apagón. Además mi generador permite cargar mientras se usa y de esta manera pude trabajar incluso con apagones no programados que llegaron a ser de 8 horas.
Mi relación con la electricidad cambió desde entonces. Siento que utilizo los paneles solares para cosechar rayos solares que se almacenan como electricidad en mi estación de carga. A diferencia de los generadores a combustión, los rayos del sol no cuestan, no hacen ruido y no emiten gases. Ese mismo sol que se siente tan intenso en épocas de sequía, nos está regalando electricidad y somos muy pocas las personas que la aprovechamos.
El país de las montañas, agua y sol radiante
Si bien mi solución me salvó y pude trabajar con calma otra vez, no es una solución definitiva. De hecho mi generador solar está diseñado para acampar, pero en Ecuador sirve para mucho más, nos da la posibilidad de generar electricidad propia y tener autonomía, poder trabajar incluso si el Estado nos falló.
Una solución solar definitiva tendría que funcionar con una solución fija de paneles solares de mayor capacidad, un inversor que convierta la energía directa en alterna y un banco de baterías para sobrevivir a los apagones. Podría tener el sistema conectado a la red eléctrica de mi casa, encender, focos, prender la refrigeradora, tener internet y algunas otras necesidades básicas o no tan básicas.
Este tipo de sistema se lo conoce como desconectado de la red (off-grid en inglés) y me permite funcionar independientemente con o sin apagones. Dentro de este sistema lo más costoso son las baterías, pero son las que me permiten funcionar al momento del apagón. Con un sistema así puedo aprovechar la energía eléctrica incluso cuando no hay apagón. De esta manera estaría contribuyendo con mis gotitas de agua en los embalses de las hidróelectricas para que otras personas la puedan usar.
Por otro lado, los sistemas conectados a la red (on-grid en inglés) permiten inyectar el excedente de generación solar a la red pública. Si la gente instala paneles solares, esta energía se produce durante el día y probablemente la mayoría de personas en ese momento no se encuentran en casa. Entonces se puede solicitar a la empresa eléctrica un medidor bidireccional. El consumo de la noche o de los días muy nublados se compra a la empresa eléctrica, el excedente que se genera durante el día se lo entrega a la empresa eléctrica y el medidor lo va descontando del valor a pagar a fin de mes.
Esta solución tiene como ventaja que dejaríamos de utilizar la energía durante el día porque la generamos con el sol y además se contribuye con el excedente para que otra gente lo use a través de la empresa eléctrica. Alguien que tiene un sistema de este tipo, no solo guarda sus gotitas en los embalses, también contribuye para que otra gente no tenga que utilizar energía hidroeléctrica durante el día.
Es además una solución distribuida que hace que el país pueda ser más resiliente a crisis energéticas. Podríamos funcionar con energía solar en el día e hidroeléctricas en la noche. Seguro necesitaríamos algunas plantas térmicas o de otro tipo, pero estaríamos en una mejor situación.
Los sistemas solares conectados a la red tienen el problema que se deben desconectar cuando suceden apagones. Las personas que dependemos mucho de electricidad podemos considerar invertir en baterías y tener un sistema híbrido que nos permita resistir a los apagones y contribuir con electricidad al resto.
En varios países de Europa y en varios estados de Estados Unidos el gobierno ha dado incentivos para que la gente contribuya con energía solar. Lamentablemente en Ecuador solo se dieron incentivos claros para comprar generadores eléctricos a combustión. Se ha invertido cientos de millones de dólares en energía térmica y en algunos casos no se sabe si esta funcionaría. Estamos pronto a tener elecciones, esperemos que las y los candidatos hablen de energía solar y energías limpias en sus planes de trabajo.
Comentarios de Derechos Digitales sobre los “Lineamientos interamericanos para la gobernanza de datos y la IA” de la Organización de Estados Americanos OEA
En este documento comentamos sobre nuestra participación en el marco del grupo de sociedad civil que fue participó en la elaboración de los «Lineamientos interamericanos de gobernanza de datos e inteligencia artificial» publicados recientemente por la Organización de Estados Americanos OEA