Veinte años después de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS), la revisión WSIS+20 se desarrolla en un contexto marcado por profundas transformaciones tecnológicas y políticas. La visión de una sociedad de la información centrada en las personas, establecida en WSIS, sigue vigente, pero hoy se ve atravesada por tensiones crecientes: desigualdades persistentes, concentración de poder, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas que estructuran la agenda digital global. Desde la sociedad civil, participamos en este proceso con una posición clara: que el balance de estas dos décadas no se limite a un ejercicio diplomático, sino que permita responder a las urgencias del presente y sentar bases para un futuro respetuoso de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia ambiental.
Veinte años después de WSIS: qué se está discutiendo y por qué importa
Cuando se convocó la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI, WSIS por sus siglas en inglés), en 2003 y 2005, no existía un marco general que orientara el desarrollo de políticas digitales ni un entendimiento común de la gobernanza de internet como campo de política pública. WSIS surgió ante el reconocimiento de que había una “necesidad urgente de aprovechar el potencial del conocimiento y la tecnología” para cumplir los objetivos de la Declaración del Milenio, con la meta de construir una sociedad de la información centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo.
Los resultados de ambas cumbres sentaron las bases de ese marco. La Declaración de Principios de Ginebra presentó una visión compartida basada en derechos; el Plan de Acción de Ginebra propuso Líneas de Acción para llevar esa visión a la práctica; y la Agenda de Túnez abordó la gobernanza de Internet, y creó el Foro de Gobernanza de Internet (IGF), esencial para el diálogo multisectorial. En ese recorrido, WSIS encaminó a la gobernanza de internet “hacia un rumbo de múltiples partes interesadas” (multistakeholder): si bien la idea de cooperación entre distintos actores no era nueva, fue durante WSIS que pasó a entenderse como un elemento indispensable para alcanzar el objetivo de una sociedad de la información verdaderamente centrada en las personas.
A veinte años de ese momento fundacional, el escenario es distinto. Las tecnologías digitales se desarrollan e implementan en sociedades atravesadas por desigualdades estructurales, y las brechas –entre países, dentro de ellos y entre grupos sociales– no solo persisten, sino que se profundizan. El desarrollo acelerado de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la expansión de tecnologías y prácticas de la vigilancia, la concentración de poder corporativo y los conflictos regulatorios plantean desafíos que WSIS no había anticipado. A esto se suman dinámicas geopolíticas cambiantes que vienen generando retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, con impactos particularmente graves en la igualdad de género.
En ese contexto, la revisión WSIS+20, que concluirá en diciembre de 2025, plantea la necesidad urgente de avanzar hacia una noción de justicia digital que responda al contexto actual y sitúe la visión fundacional de WSIS en las experiencias de comunidades históricamente excluidas, profundamente afectadas por formas de autoritarismo estatal y corporativo.
Desde Derechos Digitales participamos activamente en este proceso junto a otras organizaciones, a través de coaliciones que trabajan de manera coordinada. Somos parte de la Global Digital Rights Coalition for WSIS (GDRC-WSIS) y colaboramos con el Global Digital Justice Forum (GDJF) y la Coalición de género. Estas alianzas nos permitieron impulsar una posición común: cumplir la visión de una sociedad de la información centrada en las personas exige situar los derechos humanos en el centro de la gobernanza digital y de la implementación de las Líneas de Acción, y garantizar que la igualdad de género ocupe un lugar central e irrenunciable. Apostamos por un marco orientado al futuro que permita un entorno digital abierto, libre y seguro y que avance hacia políticas digitales que promuevan equidad, desarrollo sostenible y una gobernanza efectivamente democrática.
El proceso: oportunidades y limitaciones
El proceso WSIS+20 avanzó mediante consultas, llamados a contribuciones y sucesivas versiones del borrador. Pero, a diferencia de la revisión WSIS+10, no contó con un proceso preparatorio como la Plataforma Preparatoria Multisectorial (MPP) impulsada por la UIT en 2015. La ausencia de un mecanismo equivalente, junto con un calendario más corto, limitó las oportunidades de participación.
En paralelo, distintas agencias del sistema de Naciones Unidas realizaron sus propios procesos de revisión: la UIT, la UNESCO y el PNUD avanzaron en evaluaciones sectoriales, mientras que la CSTD -encargada del seguimiento sistémico de WSIS- presentó su informe. Estos insumos alimentaron, en distintos momentos, la negociación intergubernamental.
Para hacer frente a esas limitaciones, desde sociedad civil impulsamos propuestas orientadas a asegurar una participación significativa. Una de ellas fue el Plan de cinco puntos para una revisión inclusiva de WSIS, que planteó medidas concretas para reforzar la transparencia y la inclusión: un calendario claro y público; registros accesibles de aportes y discusiones; oportunidades recurrentes para comentarios; criterios de acreditación más inclusivos y apoyo a grupos subrepresentados; y mecanismos que facilitaran la participación de actores no gubernamentales durante las negociaciones. El objetivo fue operacionalizar las modalidades del proceso y evitar los obstáculos de participación que enfrentamos en el Pacto Digital Mundial.
A lo largo de las distintas etapas -del documento del Elements Paper al Borrador Cero y posteriormente las versiones Rev1 y Rev2- se reflejaron las posiciones estatales en negociación, permitiendo identificar qué temas concentraban mayores consensos y dónde persistían desacuerdos. En este recorrido, el rol de los co-facilitadores fue clave para sostener referencias centrales de WSIS, equilibrar prioridades contrapuestas y mantener un proceso constructivo en un contexto político complejo.
Para complementar este esfuerzo, los cofacilitadores crearon el Consejo Multisectorial Informal de Consulta (IMSB), integrado por personas del Grupo Asesor Multisectorial (MAG) y del Panel de Liderazgo del Foro de Gobernanza de Internet (IGF). Su función fue canalizar perspectivas de actores no gubernamentales, sintetizar aportes y promover una participación más diversa.
Un hito central del proceso fue el Evento de Alto Nivel WSIS+20, organizado por la UIT junto con la UNESCO, el PNUD y la UNCTAD. En ese marco, desde Derechos Digitales tuvimos a nuestro cargo una sesión oficial sobre la participación del Sur Global en la gobernanza digital, lo que implicó formar parte de la construcción de la agenda del foro. A partir de ese espacio de intercambio, elaboramos un documento de insumo que recogió los aportes y discusiones surgidas durante la sesión. Además, participamos activamente mediante intervenciones en otras sesiones, reuniones con delegaciones y la presentación de recomendaciones centradas en derechos humanos, igualdad de género y participación significativa.
El balance procedimental es mixto. Hubo esfuerzos por abrir espacios de participación, pero estos no alcanzaron el estándar de procesos anteriores. Al mismo tiempo, el desarrollo de las negociaciones volvió a evidenciar límites estructurales del modelo multilateral. Por un lado, las desigualdades entre Estados se traducen en distintos niveles de presencia, capacidad de incidencia y margen de influencia en los espacios de negociación, afectando especialmente a regiones como América Latina, que suelen tener una representación más acotada. Por otro, el carácter cerrado de las negociaciones intergubernamentales -que no pueden ser observadas por otros actores- reduce la transparencia del proceso y profundiza la distancia entre las decisiones que se toman y las realidades que buscan regular. A esto se suma la centralidad de Nueva York como sede de las negociaciones finales, lo que limita considerablemente las posibilidades de participación presencial, en particular para organizaciones y personas de la región, dadas las restricciones de recursos y las políticas migratorias vigentes. En este contexto, el protagonismo de los Estados vuelve a poner de relieve una tensión persistente: las posiciones gubernamentales no siempre reflejan las realidades ni las demandas de las personas y comunidades que habitan sus países, una brecha que resulta especialmente preocupante en el caso de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Avances y límites en un contexto político complejo
El desarrollo de la revisión WSIS+20 debe leerse a la luz de un contexto político más tenso, y quizás más inestable que en procesos anteriores. La 28° sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) funcionó como un primer termómetro de ese clima: allí se evidenciaron tanto áreas de coincidencia como desacuerdos profundos, así como cambios relevantes en las posturas estatales. En particular, la decisión de Estados Unidos de forzar una votación -vinculada a su oposición a referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a menciones sobre género- rompió con una práctica histórica de consensos y anticipó un escenario de negociación más confrontativo.
Ese clima quedó reflejado en las contribuciones estatales al Elements Paper, que operó como un mapa inicial de prioridades. Allí se hicieron visibles profundas diferencias en cuestiones clave: el futuro de las Líneas de Acción, el alcance del modelo de múltiples partes interesadas, la cooperación reforzada, la rendición de cuentas del sector privado y el lugar que debían ocupar la inteligencia artificial y la gobernanza de datos dentro del marco de WSIS. Al mismo tiempo, se notaron ciertas coincidencias más amplias en torno al acceso, la inclusión y la importancia del ecosistema de gobernanza de internet. En varios de estos ejes, las posiciones oscilaron entre propuestas de ajustes incrementales y planteos de cambios más estructurales, incluida la creación de nuevas Líneas de Acción, entre ellas una dedicada a la igualdad de género.
El Borrador Cero (Zero Draft) representó un avance relevante respecto del Elements Paper, particularmente a la luz de las críticas formuladas en las primeras etapas del proceso. En materia de derechos humanos, el borrador incorporó referencias explícitas a tratados internacionales clave y a la obligación de adoptar mecanismos de debida diligencia, supervisión y mecanismos de reparación, fortaleciendo el anclaje del texto en el derecho internacional. En relación con la igualdad de género, el cambio fue especialmente significativo: mientras el Elements Paper se limitaba a referencias a mujeres y niñas, el Zero Draft incorporó explícitamente el concepto de género y estableció la transversalización de género como un elemento aplicable a lo largo del marco. Este avance resultó particularmente relevante en un contexto político que parecía anticipar la continuidad de un enfoque más restrictivo. El texto también reafirmó de manera clara la cooperación multisectorial como principio orientador del proceso. Una victoria particularmente significativa para la sociedad civil fue la decisión de reafirmar la permanencia del Foro de Gobernanza de Internet.
Al mismo tiempo, el texto evidenció límites importantes. Su abordaje tendió a ser excesivamente optimista y careció de un análisis estructural de las formas contemporáneas de injusticia digital. Muchas de sus promesas -en materia de financiamiento, fortalecimiento de capacidades, integración efectiva de derechos humanos o enfoque de género- no se acompañaron de estrategias claras ni recursos definidos, lo que planteó interrogantes sobre su viabilidad.
Frente a este borrador, desde la sociedad civil señalamos la importancia de preservar los avances alcanzados y de evitar que se diluyeran en las etapas siguientes de negociación. Entre varias cuestiones, propusimos incorporar un reconocimiento explícito de la obligación de los Estados de aplicar un enfoque precautorio y de abstenerse de utilizar tecnologías digitales incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, así como de revisar sus marcos de vigilancia e interceptación de datos conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
También solicitamos incluir referencias claras a la responsabilidad de los Estados de exigir a las empresas la realización de procesos de debida diligencia y evaluaciones de impacto en derechos humanos, y de integrar estos estándares a lo largo de todo el ciclo de vida de las tecnologías digitales, incluidas la inteligencia artificial y la infraestructura pública digital.
Este marco, delineado entre el Elements Paper y el Zero Draft, fijó los principales ejes que atravesarían las versiones posteriores del texto, donde la disputa ya no pasaría tanto por incorporar nuevos compromisos como por sostener -o no debilitar- los ya alcanzados en un contexto político cada vez más restrictivo.
Revisiones 1 y 2: retrocesos, mejoras y tensiones abiertas
La Revisión 1 evidenció un retroceso concreto respecto del Borrador Cero en aspectos clave vinculados a derechos humanos, equidad y justicia digital global. Este retroceso se materializó en la eliminación de disposiciones específicas. Preocupantemente, se suprimió el párrafo que explicitaba la obligación de los Estados de promover un entorno tecnológico digital abierto, seguro, estable, libre, interoperable, inclusivo, accesible y pacífico, conforme al derecho internacional. También se eliminó lenguaje clave que establecía salvaguardas frente a la vigilancia masiva y exigía que la vigilancia selectiva respetara los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, debilitando estándares ampliamente reconocidos.
En materia de género, se eliminó el párrafo dedicado a la violencia facilitada por la tecnología, incluida la violencia sexual y de género, lo que supuso la pérdida de referencias explícitas a la necesidad de abordar estos daños de manera integral. En conjunto, estos cambios reforzaron un tono tecno-optimista que dejó fuera las asimetrías estructurales del ecosistema digital y sus efectos desiguales, particularmente en los países y comunidades del Sur Global.
La Revisión 2 introdujo mejoras parciales frente a la versión anterior. Se preservaron principios centrales como la cooperación multisectorial y el reconocimiento de las directrices de NetMundial+10, y se restauraron referencias a la violencia facilitada por la tecnología, incluida la violencia sexual y de género, así como al manejo de residuos electrónicos. El texto también avanzó al llamar explícitamente a las plataformas de redes sociales y a las empresas de tecnologías de vigilancia a cumplir con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, reforzó la permanencia del Foro de Gobernanza de Internet al establecer una base estable y sostenible, con recursos y personal adecuados conforme a los procedimientos presupuestarios de la ONU, e incorporó orientaciones más claras sobre seguimiento e implementación mediante una hoja de ruta conjunta a nivel del sistema de Naciones Unidas, en articulación con el Pacto Digital Mundial.
El tramo final: riesgos y prioridades
En la etapa final del proceso, con la resolución encaminándose a la Asamblea General de Naciones Unidas, el desafío inmediato es sostener lo ya acordado. A lo largo de la revisión, gran parte del esfuerzo de la sociedad civil no se orientó a ampliar compromisos, sino a evitar retrocesos en materia de derechos humanos. Esta dinámica -defender mínimos en lugar de avanzar- refleja tanto el momento político actual como los límites del multilateralismo frente a los desafíos de la gobernanza digital.
Persisten, además, omisiones preocupantes. La inteligencia artificial es un ejemplo claro: el texto sigue evitando compromisos explícitos para que los Estados se abstengan de usar o cesen el uso de sistemas que no pueden operar en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos o que implican riesgos indebidos para su ejercicio, pese a la evidencia acumulada de daños reales y desproporcionados sobre comunidades marginadas y países del Sur Global. Esta falta de voluntad política ya se había evidenciado en el Pacto Digital Mundial y vuelve a repetirse aquí.
También en materia de rendición de cuentas del sector privado y de igualdad de género el texto resulta insuficiente. Las empresas tecnológicas concentran un poder significativo sobre las dinámicas de internet, pero los compromisos para exigir responsabilidades, garantizar remedios efectivos y establecer obligaciones claras de debida diligencia siguen siendo débiles. En paralelo, el enfoque de género continúa siendo frágil y disputado, lo que refuerza la necesidad de afirmar sin ambigüedades su integración transversal en todas las Líneas de Acción.
En este tramo final, la negociación avanza exclusivamente entre Estados, sin instancias formales de consulta ni posibilidad de observación por parte de otros actores. En este contexto, la expectativa está puesta en que aquellos Estados que se presentan como defensores de los derechos humanos -y, en particular, de políticas exteriores feministas- actúen en coherencia con esos compromisos y eviten nuevos retrocesos. El resultado de WSIS+20 mostrará hasta qué punto esas posiciones se traducen en decisiones concretas.
