Retrospectiva 2025: Un año entre cierres y fracturas en la agenda de derechos humanos

Sobrevivir al 2025 significa haber sido testigo de importantes cierres de procesos en relación con lo digital para América Latina. A los escasos avances, y significativos retrocesos, en la agenda de protección de derechos, se sumaron tanto debates globales como sucesos en países del norte que trajeron más incertidumbre que esperanza a las sociedades latinoamericanas. El resurgimiento de una administración antiderechos en los EE. UU. y el ascenso al poder de sus aliados en el mundo, el genocidio perpetrado por Israel en Palestina y tragedias afines en la República Democrática del Congo y en Sudán, la continuidad de tensiones en el Caribe, en Camboya y en Ucrania, y la persistencia de una actitud apática a la crisis climática, dejan al 2025 como un año con escasas luces.

En ese contexto, la defensa de derechos en lo digital encuentra desafíos significativos. Pese al encomiable trabajo de incontables organizaciones y activistas en el mundo, seguimos contemplando el avance de tecnologías riesgosas, con fuerte apoyo de gobiernos, y la consolidación del poder de grandes empresas tecnológicas, poco o nada comprometidas con ejercer su responsabilidad de proteger y promover derechos humanos. Peor que eso, profundamente involucradas en los más graves crímenes contra la humanidad. Procesos legislativos y judiciales, negociaciones internacionales de dudoso propósito y disputas sobre aspectos fundamentales de la vida en sociedades digitalizadas, han sido campos de batalla para un trabajo arduo y necesario. Para Derechos Digitales no ha sido distinto.

Gobernanza digital global: más acuerdos, menos avances

Después de arduas negociaciones, el proceso de revisión por los 20 años de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información concluyó con un informe recientemente aprobado, que reafirma el compromiso con un modelo de múltiples partes interesadas y establece que el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) será permanente. Además, exhorta a cerrar brechas de acceso y prevenir los impactos adversos de la tecnología, incluida la violencia de género.

Aun cuando el resultado mantiene compromisos importantes, está lejos de ser un éxito rotundo para la sociedad civil y para la mayoría global en general. Muchas de las propuestas más ambiciosas quedaron fuera del texto, y la implementación del Pacto Digital Mundial (GDC) firmado en 2024 sigue sin herramientas vinculantes para los Estados.

Desde Derechos Digitales mantuvimos una presencia activa: facilitamos debates sobre soberanía digital y advertimos sobre los riesgos de suavizar compromisos con los derechos humanos, como parte de la Coalición Global de Derechos Digitales para la CMSI (GDRC-WSIS), dando cuenta -en detalle- de los riesgos y oportunidades perdidas de un proceso histórico desarrollado bajo condiciones adversas. Pero el resultado está a la vista y ya hay nuevos instrumentos para impulsar la gobernanza de internet. El desafío pendiente es convertir las declaraciones en políticas con participación real de la sociedad civil y con salvaguardas eficaces de derechos humanos.

Inteligencia artificial: regulación en disputa

Con la aplicación de la Ley de IA de la Unión Europea en febrero de 2025, las categorías de riesgo y las prohibiciones de “riesgo inaceptable” dejaron de ser teoría y se convirtieron en obligaciones para actores globales. Inspirado en este modelo, avanza lentamente en el Senado brasileño el proyecto de ley que introduce derechos para las personas afectadas por sistemas de IA, pero con aportes recientes poco transparentes al público y provenientes en buena parte del sector privado y no de la sociedad civil. El proyecto de IA en Chile también está en camino, pero no con la misma suerte: pasó de una cámara a otra perdiendo aspectos clave de su articulado original. Colombia avanza con una regulación integral después de muchísimos proyectos aislados, mientras que Perú publicó el reglamento de su pionera ley de IA. La región continúa con limitados avances en un contexto internacional que parece cambiar la dirección en los marcos de regulación de la IA a nivel global.

Mientras tanto, la geopolítica mostró pequeñas fisuras en la forma de enfrentar los desafíos de la IA sin dejar de privilegiar intereses estratégicos. Estados Unidos y el Reino Unido se rehusaron a firmar la declaración del AI Action Summit de París, y el gobierno estadounidense pidió abrazar la IA sin restricciones, derogando su encuadre normativo.

Desde Derechos Digitales insistimos en la defensa de tecnologías de IA que estén ancladas en un marco de derechos y equidad: sostuvimos una agenda de incidencia, producción de conocimiento y articulación regional que incluyó la participación activa en debates internacionales, incluyendo el AI Action Summit. Profundizamos la discusión sobre impactos concretos y exigencias normativas con materiales sobre riesgos y salvaguardas, por ejemplo en privacidad, y con investigación aplicada a instrumentos regulatorios emergentes como los sandboxes de IA. En el plano multilateral, actualmente presidimos la Red de Organizaciones de Sociedad Civil y Académicas sobre Ética y Políticas de IA de Unesco, tras años de acompañamiento y presión por mayor participación en los procesos derivados de la aprobación de su Recomendación sobre la Ética de la IA.

Seguimos produciendo evidencia sobre el uso de la IA en la región a partir de nuestra iniciativa “IA & Inclusión en América Latina” y de contribuciones calificadas a procesos de consulta, buscando fortalecer debates informados sobre el tema a nivel nacional, regional y global, mientras nos preparamos para el lanzamiento de la segunda edición del curso de formación sobre IA y derechos humanos para personas funcionarias del Estado. Además, realizamos conversaciones con actores clave a nivel regional sobre como implementar políticas transformadoraspara la IA que apunten a la equidad de género.

Libertad de expresión en la encrucijada regulatoria

El año estuvo marcado por proyectos legislativos que buscan regular el comportamiento de las plataformas digitales y asegurar garantías procesales para sus usuarios. En abril, el Ejecutivo dominicano ingresó al Senado un proyecto de ley de regulación de medios que reconoce la libertad de expresión sin censura previa en cualquier medio, consagra la neutralidad de la red, exige que plataformas con más del 10% de usuarios nacionales tengan representación legal en el país y garantiza el debido proceso para la moderación de contenidos, pero con artículos cuestionados como formas indirectas de facilitar la censura. Por su parte, el Congreso peruano discutió en noviembre un proyecto de ley que propone licencias y certificación obligatoria para creadores de contenido digital y sanciones administrativas por difundir información considerada falsa. Organizaciones como Hiperderecho sostienen que estas exigencias equivalen a una autorización previa prohibida por la Constitución, discriminan a comunicadores digitales y generan un clima de autocensura. Los avances de estas y otras iniciativas en la región serán objeto de especial atención el próximo año, en vista de la prioridad que se da a las comunicaciones digitales en estos intentos regulatorios y al trámite aún en curso de otros proyectos en la región.

En tanto, a pesar del acecho sobre la expresión en línea de las últimas décadas, algunos desarrollos jurisprudenciales parecen ir en el sentido correcto respecto al rol de las plataformas. La Corte Constitucional colombiana dictó en junio un fallo que protegió los derechos de una influencer, ordenando a Meta restablecer su cuenta y garantizar mecanismos de notificación y apelación. En Chile, la Corte Suprema rechazó en octubre una solicitud de “derecho al olvido” y afirmó que borrar o desindexar artículos periodísticos veraces de interés público sería censura, consolidando la idea de que la libertad de expresión prevalece por sobre la reputación de quienes protagonizan noticias de interés público.

Pero algunas de las peores muestras de autoritarismo también tuvieron lugar este año. En Panamá, el gobierno suspendió los servicios de comunicaciones en la provincia de Bocas del Toro durante protestas contra una reforma previsional en junio. Organizaciones como IPANDETEC criticaron la medida por violar de forma desproporcionada la libertad de expresión, reunión y acceso a la información, además de sentar un muy mal precedente en la región para la forma de enfrentar las protestas. Panamá no fue un caso aislado, organizaciones de Ecuador denunciaron restricciones a la conexión en regiones de fuerte protesta social atravesada por una actuación abusiva de las fuerzas de seguridad, según denunciaron autoridades internacionales de derechos humanos.

Ciberseguridad: más criminalización, menos protección

La geopolítica de la seguridad digital en 2025 estuvo marcada por debates internacionales y regionales sobre cómo enfrentar los delitos informáticos sin sacrificar derechos. Tras su decepcionante aprobación en 2024, la principal novedad del año fue la apertura a firma de la Convención de Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia en Hanoi en octubre, con la mitad de los países latinoamericanos adhiriendo rápidamente. Como hemos denunciado ampliamente, se trata de un tratado global que obliga a los Estados a crear amplias facultades de vigilancia y facilitar la cooperación transfronteriza. La controversia evidenció cómo las iniciativas globales contra el cibercrimen generan consecuencias directas en América Latina: sin mecanismos de debido proceso, los gobiernos podrían compartir datos sensibles y perseguir a defensores de derechos humanos bajo cargos vagos de “ciberdelitos”.

A la vez, en el plano interno, varios países avanzaron con políticas sobre ciberseguridad. Chile comenzó la aplicación plena de la Ley Marco de Ciberseguridad; en tanto que Argentina aprobó el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025‑2027), que busca fortalecer la respuesta ante amenazas cibernéticas y promover una cultura de ciberseguridad, y convoca a provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir. Brasil promulgó la estrategia nacional E‑Ciber, con una ambiciosa agenda de gobernanza y promoción de la ciberseguridad en todo el país; mientras Perú, por su parte, sometió a consulta pública la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026‑2028 (ESNACIB), orientada a un enfoque holístico y proactivo frente a los riesgos digitales. Por cierto, una apropiada implementación de tan loables iniciativas siempre requerirá de una participación significativa de las expertas no gubernamentales y de las comunidades más afectadas por los riesgos del ciberespacio.

Frente a estas tendencias, Derechos Digitales ha protagonizado intensas actividades en defensa de la seguridad para todas y todos. Actuamos instando a no suscribir la Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia por carecer de salvaguardas. Participamos en audiencias públicas a nivel nacional -junto a expertas internacionales- para las políticas de ciberseguridad y cibercrimen, buscando protegerlos derechos fundamentales y alertando sobre los peligros de normas que amplían la vigilancia sin controles democráticos. Y nos preparamos para seguir de cerca la implementación de nuevas reglas que deberían apuntar, no a la criminalización, sino a la prevención y la protección.

Privacidad y vigilancia, entre expansión y resistencia

Pese a algunos avances normativos, la vigilancia se expandió en 2025. La videovigilancia alcanzó niveles récord: Ciudad de México pasó de 8.000 cámaras de videovigilancia en 2009 a más de 83.000 en 2025 y se propone llegar a 150.000, convirtiéndola en una metrópoli intensamente vigilada. Si a eso le sumamos el avance de tecnologías de reconocimiento facial automatizado en toda la región, vemos con preocupación un futuro marcado por sistemas de vigilancia permanente que permitirán facilitar el seguimiento y la represión a una ciudadanía supuestamente libre.

En junio, en medio de una serie de crisis, Ecuador promulgó la Ley Orgánica de Inteligencia, que creó un sistema nacional de inteligencia con potestad para acceder a registros telefónicos, datos de ubicación y tráfico digital sin autorización judicial, obligando a todas las personas y entidades a entregar información requerida y autorizando la infiltración encubierta en organizaciones y movimientos sociales. Este proceso se dio justo después del desembarco en el país de la empresa de vigilancia Palantir, la cual presta servicios a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones ecuatoriana para suministrar su plataforma Foundry a la Aduana con el fin de integrar y analizar grandes volúmenes de datos para “administración del riesgo aduanero”. La publicación de la ley, que contó con escasa posibilidad de debate, generó reacción inmediata en la sociedad civil. En conjunto con organizaciones ecuatorianas, desde Derechos Digitales cuestionamos el contenido de la ley y presentamos nuestros argumentos a la Corte Constitucional que actualmente analiza su inconstitucionalidad.

A su vez, en México, un paquete legal aprobado en julio creó la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica obligatoria, ordenó la interconexión de bases de datos y otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) facultades para recolectar y procesar datos con fines de inteligencia, así como otras medidas para facilitar la vigilancia masiva y la entrega de datos por privados al Estado sin salvaguardas, formando un nuevo panóptico digital. Estos proyectos evidencian una tendencia regional a fortalecer la vigilancia estatal mediante bases de datos centralizadas y herramientas de inteligencia comercial, sin suficientes garantías de derechos.

Este contexto contrasta con un avance significativo del año anterior, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por décadas de vigilancia contra defensoras de derechos humanos y reconoció el derecho de las personas a acceder, corregir o eliminar su información de archivos de inteligencia. Hemos defendido la importancia de ese fallo en el cuestionamiento a la nueva ley ecuatoriana, y seguiremos haciéndolo. La influencia del desarrollo de estándares regionales para contener el impulso vigilante de nuestros Estados con la excusa de la seguridad será un elemento crucial de lo que ocurra en 2026.

Violencia de género: visibilización y respuesta a un problema exacerbado por las tecnologías

El año 2025 estuvo marcado por una mayor visibilización de la violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) en América Latina y a nivel global. Instituciones como ONU Mujeres dedicaron especial atención a la temática, llamando a fortalecer las leyes, acabar con la impunidad y exigir responsabilidades a las plataformas, promoviendo inversiones en prevención, alfabetización digital y apoyo a las sobrevivientes. También hacia fin de año, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA presentó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres. El instrumento fue concebido como estándar legal para que los países adapten sus normativas y reconoce la gravedad de la VGFT, con rutas de acción que priorizan la protección integral, la remoción oportuna de contenidos y la reparación del daño. Derechos Digitales contribuyó a la consulta junto a aliadas y comentó la propuesta de articulado, defendiendo una perspectiva más amplia de protección contra la violencia en razón de género.

Junto a estas iniciativas, diversos países y organizaciones lanzaron espacios para debatir y fortalecer marcos normativos. Derechos Digitales protagonizó un activismo robusto en 2025 centrado en el combate a la violencia de género digital, tanto a través de campañas públicas como manteniendo la presencia en instancias como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU en marzo, y el diálogo global “Luchas conectadas” en Nairobi en noviembre. Junto a UNFPA, preparamos la guía “Principios orientadores para una reforma legislativa y de políticas públicas frente a la violencia de género facilitada por la tecnología”, un documento que propone un marco integral con seis principios esenciales para transformar la normativa y garantizar los derechos de las sobrevivientes.

Sin embargo, la agenda antiderechos que se fortalece a nivel global ha afectado profundamente los espacios de discusión y construcción de políticas en materia de género, con el intento de limitar su interpretación a mujeres y niñas de modo a excluir cuerpos que cuestionan la norma. La agenda de grupos y gobiernos extremistas, y su búsqueda por eliminar las posibilidades de existencia de las personas LGBTIQA+, ha llegado a la arena internacional arriesgando retrocesos importantes en materia de garantía y promoción de derechos humanos. Desde Derechos Digitales, nuestro compromiso continúa siendo el de impulsar reformas legales y políticas integrales efectivas para combatir la VGFT, que incorporen la perspectiva de derechos humanos e interseccional, dando cuenta de todas las expresiones de género.

La salida de la crisis es colectiva

El balance de 2025 muestra una aparente paradoja: la adopción de normas pioneras y acuerdos internacionales convive con la expansión de prácticas de control y con una geopolítica fragmentada. La regulación de la IA, la permanencia del IGF y las nuevas leyes de ciberseguridad demuestran que la comunidad internacional reconoce la necesidad de reglas, pero las grandes potencias divergen en su enfoque, y el Sur Global enfrenta influencias corporativas y estatistas. La violencia de género y la desinformación exhiben que la tecnología reproduce desigualdades preexistentes y que las respuestas deben ser sistémicas y no meramente punitivas. La vigilancia masiva avanza bajo la bandera de la seguridad a nivel nacional e internacional, ignorando estándares de derechos humanos que los Estados están obligados a respetar.

Pero es esa misma realidad la que confirma la misión que sostenemos desde hace 20 años. Y en nuestro ejercicio de observar nuestro pasado y pensar en nuestro futuro, la constatación del presente nos confirma que la defensa de los derechos humanos en el entorno digital exige articular distintos planos de acción: la regulación y la gobernanza global, el combate y la prevención de la violencia, y la defensa de la libertad de expresión, la seguridad y la privacidad. De cara al 2026, nos preguntamos sobre cómo evitar que la regulación de la IA consolide monopolios, cómo traducir los compromisos multilaterales en políticas con participación y enfoque de género, cómo combatir la violencia y la desinformación sin coartar la expresión, y cómo resistir la normalización de la vigilancia.

El futuro del ecosistema digital sigue abierto, pero no depende solamente de lo que ocurre en línea. Nuestra responsabilidad colectiva es disputar la dirección de ese ecosistema hacia la justicia y la democracia. Allí estaremos en 2026.

Contribución al Consejo Asesor de Contenido de Meta sobre la expansión del programa de notas de la comunidad

En esta contribución presentamos evidencia sobre las fallas y la ineficacia, ya documentadas a partir del caso de X, del sistema de notas de la comunidad para hacer frente a la desinformación y la diseminación de contenidos engañosos en redes sociales. También, argumentamos que en países del Sur Global, como los de América Latina, donde los esfuerzos estatales para abordar la desinformación han sido insuficientes, heterogéneos y desequilibrados ante los múltiples intereses en juego; y donde en los últimos años ha persistido el silenciamiento de voces críticas y comunidades históricamente marginalizadas, un sistema como el de las notas comunitarias de Meta incrementa el riesgo de un aumento significativo del abuso, la violencia, la desinformación y la manipulación en las redes sociales.

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A veinte años de WSIS: defender lo mínimo, disputar lo posible

Veinte años después de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS), la revisión WSIS+20 se desarrolla en un contexto marcado por profundas transformaciones tecnológicas y políticas. La visión de una sociedad de la información centrada en las personas, establecida en WSIS, sigue vigente, pero hoy se ve atravesada por tensiones crecientes: desigualdades persistentes, concentración de poder, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas que estructuran la agenda digital global. Desde la sociedad civil, participamos en este proceso con una posición clara: que el balance de estas dos décadas no se limite a un ejercicio diplomático, sino que permita responder a las urgencias del presente y sentar bases para un futuro respetuoso de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia ambiental.

Veinte años después de WSIS: qué se está discutiendo y por qué importa

Cuando se convocó la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI, WSIS por sus siglas en inglés), en 2003 y 2005, no existía un marco general que orientara el desarrollo de políticas digitales ni un entendimiento común de la gobernanza de internet como campo de política pública. WSIS surgió ante el reconocimiento de que había una “necesidad urgente de aprovechar el potencial del conocimiento y la tecnología” para cumplir los objetivos de la Declaración del Milenio, con la meta de construir una sociedad de la información centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo.

Los resultados de ambas cumbres sentaron las bases de ese marco. La Declaración de Principios de Ginebra presentó una visión compartida basada en derechos; el Plan de Acción de Ginebra propuso Líneas de Acción para llevar esa visión a la práctica; y la Agenda de Túnez abordó la gobernanza de Internet, y creó el Foro de Gobernanza de Internet (IGF), esencial para el diálogo multisectorial. En ese recorrido, WSIS encaminó a la gobernanza de internet “hacia un rumbo de múltiples partes interesadas” (multistakeholder): si bien la idea de cooperación entre distintos actores no era nueva, fue durante WSIS que pasó a entenderse como un elemento indispensable para alcanzar el objetivo de una sociedad de la información verdaderamente centrada en las personas.

A veinte años de ese momento fundacional, el escenario es distinto. Las tecnologías digitales se desarrollan e implementan en sociedades atravesadas por desigualdades estructurales, y las brechas –entre países, dentro de ellos y entre grupos sociales– no solo persisten, sino que se profundizan. El desarrollo acelerado de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la expansión de tecnologías y prácticas de la vigilancia, la concentración de poder corporativo y los conflictos regulatorios plantean desafíos que WSIS no había anticipado. A esto se suman dinámicas geopolíticas cambiantes que vienen generando retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, con impactos particularmente graves en la igualdad de género.

En ese contexto, la revisión WSIS+20, que concluirá en diciembre de 2025, plantea la necesidad urgente de avanzar hacia una noción de justicia digital que responda al contexto actual y sitúe la visión fundacional de WSIS en las experiencias de comunidades históricamente excluidas, profundamente afectadas por formas de autoritarismo estatal y corporativo.

Desde Derechos Digitales participamos activamente en este proceso junto a otras organizaciones, a través de coaliciones que trabajan de manera coordinada. Somos parte de la Global Digital Rights Coalition for WSIS (GDRC-WSIS) y colaboramos con el Global Digital Justice Forum (GDJF) y la Coalición de género. Estas alianzas nos permitieron impulsar una posición común: cumplir la visión de una sociedad de la información centrada en las personas exige situar los derechos humanos en el centro de la gobernanza digital y de la implementación de las Líneas de Acción, y garantizar que la igualdad de género ocupe un lugar central e irrenunciable. Apostamos por un marco orientado al futuro que permita un entorno digital abierto, libre y seguro y que avance hacia políticas digitales que promuevan equidad, desarrollo sostenible y una gobernanza efectivamente democrática.

El proceso: oportunidades y limitaciones

El proceso WSIS+20 avanzó mediante consultas, llamados a contribuciones y sucesivas versiones del borrador. Pero, a diferencia de la revisión WSIS+10, no contó con un proceso preparatorio como la Plataforma Preparatoria Multisectorial (MPP) impulsada por la UIT en 2015. La ausencia de un mecanismo equivalente, junto con un calendario más corto, limitó las oportunidades de participación.

En paralelo, distintas agencias del sistema de Naciones Unidas realizaron sus propios procesos de revisión: la UIT, la UNESCO y el PNUD avanzaron en evaluaciones sectoriales, mientras que la CSTD -encargada del seguimiento sistémico de WSIS- presentó su informe. Estos insumos alimentaron, en distintos momentos, la negociación intergubernamental.

Para hacer frente a esas limitaciones, desde sociedad civil impulsamos propuestas orientadas a asegurar una participación significativa. Una de ellas fue el Plan de cinco puntos para una revisión inclusiva de WSIS, que planteó medidas concretas para reforzar la transparencia y la inclusión: un calendario claro y público; registros accesibles de aportes y discusiones; oportunidades recurrentes para comentarios; criterios de acreditación más inclusivos y apoyo a grupos subrepresentados; y mecanismos que facilitaran la participación de actores no gubernamentales durante las negociaciones. El objetivo fue operacionalizar las modalidades del proceso y evitar los obstáculos de participación que enfrentamos en el Pacto Digital Mundial.

A lo largo de las distintas etapas -del documento del Elements Paper al Borrador Cero y posteriormente las versiones Rev1 y Rev2- se reflejaron las posiciones estatales en negociación, permitiendo identificar qué temas concentraban mayores consensos y dónde persistían desacuerdos. En este recorrido, el rol de los co-facilitadores fue clave para sostener referencias centrales de WSIS, equilibrar prioridades contrapuestas y mantener un proceso constructivo en un contexto político complejo.

Para complementar este esfuerzo, los cofacilitadores crearon el Consejo Multisectorial Informal de Consulta (IMSB), integrado por personas del Grupo Asesor Multisectorial (MAG) y del Panel de Liderazgo del Foro de Gobernanza de Internet (IGF). Su función fue canalizar perspectivas de actores no gubernamentales, sintetizar aportes y promover una participación más diversa.

Un hito central del proceso fue el Evento de Alto Nivel WSIS+20, organizado por la UIT junto con la UNESCO, el PNUD y la UNCTAD. En ese marco, desde Derechos Digitales tuvimos a nuestro cargo una sesión oficial sobre la participación del Sur Global en la gobernanza digital, lo que implicó formar parte de la construcción de la agenda del foro. A partir de ese espacio de intercambio, elaboramos un documento de insumo que recogió los aportes y discusiones surgidas durante la sesión. Además, participamos activamente mediante intervenciones en otras sesiones, reuniones con delegaciones y la presentación de recomendaciones centradas en derechos humanos, igualdad de género y participación significativa.

El balance procedimental es mixto. Hubo esfuerzos por abrir espacios de participación, pero estos no alcanzaron el estándar de procesos anteriores. Al mismo tiempo, el desarrollo de las negociaciones volvió a evidenciar límites estructurales del modelo multilateral. Por un lado, las desigualdades entre Estados se traducen en distintos niveles de presencia, capacidad de incidencia y margen de influencia en los espacios de negociación, afectando especialmente a regiones como América Latina, que suelen tener una representación más acotada. Por otro, el carácter cerrado de las negociaciones intergubernamentales -que no pueden ser observadas por otros actores- reduce la transparencia del proceso y profundiza la distancia entre las decisiones que se toman y las realidades que buscan regular. A esto se suma la centralidad de Nueva York como sede de las negociaciones finales, lo que limita considerablemente las posibilidades de participación presencial, en particular para organizaciones y personas de la región, dadas las restricciones de recursos y las políticas migratorias vigentes. En este contexto, el protagonismo de los Estados vuelve a poner de relieve una tensión persistente: las posiciones gubernamentales no siempre reflejan las realidades ni las demandas de las personas y comunidades que habitan sus países, una brecha que resulta especialmente preocupante en el caso de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Avances y límites en un contexto político complejo

El desarrollo de la revisión WSIS+20 debe leerse a la luz de un contexto político más tenso, y quizás más inestable que en procesos anteriores. La 28° sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) funcionó como un primer termómetro de ese clima: allí se evidenciaron tanto áreas de coincidencia como desacuerdos profundos, así como cambios relevantes en las posturas estatales. En particular, la decisión de Estados Unidos de forzar una votación -vinculada a su oposición a referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a menciones sobre género- rompió con una práctica histórica de consensos y anticipó un escenario de negociación más confrontativo.

Ese clima quedó reflejado en las contribuciones estatales al Elements Paper, que operó como un mapa inicial de prioridades. Allí se hicieron visibles profundas diferencias en cuestiones clave: el futuro de las Líneas de Acción, el alcance del modelo de múltiples partes interesadas, la cooperación reforzada, la rendición de cuentas del sector privado y el lugar que debían ocupar la inteligencia artificial y la gobernanza de datos dentro del marco de WSIS. Al mismo tiempo, se notaron ciertas coincidencias más amplias en torno al acceso, la inclusión y la importancia del ecosistema de gobernanza de internet. En varios de estos ejes, las posiciones oscilaron entre propuestas de ajustes incrementales y planteos de cambios más estructurales, incluida la creación de nuevas Líneas de Acción, entre ellas una dedicada a la igualdad de género.

El Borrador Cero (Zero Draft) representó un avance relevante respecto del Elements Paper, particularmente a la luz de las críticas formuladas en las primeras etapas del proceso. En materia de derechos humanos, el borrador incorporó referencias explícitas a tratados internacionales clave y a la obligación de adoptar mecanismos de debida diligencia, supervisión y mecanismos de reparación, fortaleciendo el anclaje del texto en el derecho internacional. En relación con la igualdad de género, el cambio fue especialmente significativo: mientras el Elements Paper se limitaba a referencias a mujeres y niñas, el Zero Draft incorporó explícitamente el concepto de género y estableció la transversalización de género como un elemento aplicable a lo largo del marco. Este avance resultó particularmente relevante en un contexto político que parecía anticipar la continuidad de un enfoque más restrictivo. El texto también reafirmó de manera clara la cooperación multisectorial como principio orientador del proceso. Una victoria particularmente significativa para la sociedad civil fue la decisión de reafirmar la permanencia del Foro de Gobernanza de Internet.

Al mismo tiempo, el texto evidenció límites importantes. Su abordaje tendió a ser excesivamente optimista y careció de un análisis estructural de las formas contemporáneas de injusticia digital. Muchas de sus promesas -en materia de financiamiento, fortalecimiento de capacidades, integración efectiva de derechos humanos o enfoque de género- no se acompañaron de estrategias claras ni recursos definidos, lo que planteó interrogantes sobre su viabilidad.

Frente a este borrador, desde la sociedad civil señalamos la importancia de preservar los avances alcanzados y de evitar que se diluyeran en las etapas siguientes de negociación. Entre varias cuestiones, propusimos incorporar un reconocimiento explícito de la obligación de los Estados de aplicar un enfoque precautorio y de abstenerse de utilizar tecnologías digitales incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, así como de revisar sus marcos de vigilancia e interceptación de datos conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

También solicitamos incluir referencias claras a la responsabilidad de los Estados de exigir a las empresas la realización de procesos de debida diligencia y evaluaciones de impacto en derechos humanos, y de integrar estos estándares a lo largo de todo el ciclo de vida de las tecnologías digitales, incluidas la inteligencia artificial y la infraestructura pública digital.

Este marco, delineado entre el Elements Paper y el Zero Draft, fijó los principales ejes que atravesarían las versiones posteriores del texto, donde la disputa ya no pasaría tanto por incorporar nuevos compromisos como por sostener -o no debilitar- los ya alcanzados en un contexto político cada vez más restrictivo.

Revisiones 1 y 2: retrocesos, mejoras y tensiones abiertas

La Revisión 1 evidenció un retroceso concreto respecto del Borrador Cero en aspectos clave vinculados a derechos humanos, equidad y justicia digital global. Este retroceso se materializó en la eliminación de disposiciones específicas. Preocupantemente, se suprimió el párrafo que explicitaba la obligación de los Estados de promover un entorno tecnológico digital abierto, seguro, estable, libre, interoperable, inclusivo, accesible y pacífico, conforme al derecho internacional. También se eliminó lenguaje clave que establecía salvaguardas frente a la vigilancia masiva y exigía que la vigilancia selectiva respetara los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, debilitando estándares ampliamente reconocidos.

En materia de género, se eliminó el párrafo dedicado a la violencia facilitada por la tecnología, incluida la violencia sexual y de género, lo que supuso la pérdida de referencias explícitas a la necesidad de abordar estos daños de manera integral. En conjunto, estos cambios reforzaron un tono tecno-optimista que dejó fuera las asimetrías estructurales del ecosistema digital y sus efectos desiguales, particularmente en los países y comunidades del Sur Global.

La Revisión 2 introdujo mejoras parciales frente a la versión anterior. Se preservaron principios centrales como la cooperación multisectorial y el reconocimiento de las directrices de NetMundial+10, y se restauraron referencias a la violencia facilitada por la tecnología, incluida la violencia sexual y de género, así como al manejo de residuos electrónicos. El texto también avanzó al llamar explícitamente a las plataformas de redes sociales y a las empresas de tecnologías de vigilancia a cumplir con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, reforzó la permanencia del Foro de Gobernanza de Internet al establecer una base estable y sostenible, con recursos y personal adecuados conforme a los procedimientos presupuestarios de la ONU, e incorporó orientaciones más claras sobre seguimiento e implementación mediante una hoja de ruta conjunta a nivel del sistema de Naciones Unidas, en articulación con el Pacto Digital Mundial.

El tramo final: riesgos y prioridades

En la etapa final del proceso, con la resolución encaminándose a la Asamblea General de Naciones Unidas, el desafío inmediato es sostener lo ya acordado. A lo largo de la revisión, gran parte del esfuerzo de la sociedad civil no se orientó a ampliar compromisos, sino a evitar retrocesos en materia de derechos humanos. Esta dinámica -defender mínimos en lugar de avanzar- refleja tanto el momento político actual como los límites del multilateralismo frente a los desafíos de la gobernanza digital.

Persisten, además, omisiones preocupantes. La inteligencia artificial es un ejemplo claro: el texto sigue evitando compromisos explícitos para que los Estados se abstengan de usar o cesen el uso de sistemas que no pueden operar en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos o que implican riesgos indebidos para su ejercicio, pese a la evidencia acumulada de daños reales y desproporcionados sobre comunidades marginadas y países del Sur Global. Esta falta de voluntad política ya se había evidenciado en el Pacto Digital Mundial y vuelve a repetirse aquí.

También en materia de rendición de cuentas del sector privado y de igualdad de género el texto resulta insuficiente. Las empresas tecnológicas concentran un poder significativo sobre las dinámicas de internet, pero los compromisos para exigir responsabilidades, garantizar remedios efectivos y establecer obligaciones claras de debida diligencia siguen siendo débiles. En paralelo, el enfoque de género continúa siendo frágil y disputado, lo que refuerza la necesidad de afirmar sin ambigüedades su integración transversal en todas las Líneas de Acción.

En este tramo final, la negociación avanza exclusivamente entre Estados, sin instancias formales de consulta ni posibilidad de observación por parte de otros actores. En este contexto, la expectativa está puesta en que aquellos Estados que se presentan como defensores de los derechos humanos -y, en particular, de políticas exteriores feministas- actúen en coherencia con esos compromisos y eviten nuevos retrocesos. El resultado de WSIS+20 mostrará hasta qué punto esas posiciones se traducen en decisiones concretas.

20 años defendiendo derechos digitales: aprendizajes desde el LACIGF y una mirada hacia adelante

Este año cumplimos veinte años de trabajo en la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en los entornos digitales de América Latina. Han sido dos décadas de cambios profundos, donde pasamos de una internet más descentralizada y colaborativa a un ecosistema mediado por plataformas globales, dominado por la extracción de datos y las dinámicas de vigilancia tanto estatal como corporativa. Aún así, la región sigue siendo un territorio fértil para la innovación social, la cooperación y las resistencias digitales.

En ese espíritu, decidimos aprovechar el LACIGF18, el principal espacio de encuentro multiactor de la región latinoamericana sobre gobernanza de internet, para celebrar nuestro aniversario número 20 junto a organizaciones aliadas, colegas y amistades que han acompañado este recorrido. La ciudad de Córdoba en Argentina se transformó así en un punto de encuentro entre el pasado y el futuro: un espacio para reconocer los aprendizajes que nos han traído hasta aquí y proyectar colectivamente los próximos desafíos.

Nuestra participación en el LACIGF18

El LACIGF siempre ha sido un foro donde se cruzan perspectivas diversas: sociedad civil, gobiernos, academia, sector privado y comunidad técnica, y para nosotras su valor radica en que permite debatir la política tecnológica desde el Sur Global, discutir las desigualdades que atraviesan la conectividad y construir estrategias comunes frente a los desafíos emergentes. En esta edición participamos en distintas sesiones que abordaron temas clave para la región, desde la ciberseguridad comunitaria hasta los desafíos ambientales y la protección de datos.

Una de nuestras principales actividades en el marco del foro fue estar presentes en el evento previo convocado por la comunidad juvenil de la región, el YouthLACIGF, donde formamos parte del taller “Ciberseguridad Comunitaria: Protección colectiva de nuestros entornos digitales”.

El espacio reunió a juventudes, defensoras ambientales, periodistas y personas vinculadas a organizaciones de base de distintos países. Las experiencias compartidas fueron diversas, pero coincidieron en algo esencial: la inseguridad digital se vive de manera concreta y diferenciada. Afecta a mujeres y a personas de la comunidad LGBTIQA+, a activistas, infancias, adolescencias y personas mayores, cada grupo con vulnerabilidades y formas de exposición diferentes. Se expresa en el acoso y la violencia en línea, en la difusión no consentida de datos personales, en las campañas de odio o en la vigilancia dirigida hacia quienes denuncian abusos de poder, corrupción o daño ambiental. En todos los casos, la tecnología no solo refleja las desigualdades estructurales de nuestras sociedades, sino que puede reproducirlas y profundizarlas.

A partir del intercambio surgió una afirmación clave: la seguridad digital es colectiva. No se trata únicamente de saber configurar contraseñas o instalar herramientas de cifrado, sino de construir redes de confianza, sostener conversaciones difíciles y acompañarse en los momentos de mayor exposición o riesgo. Esta perspectiva comunitaria nos invita a repensar las prácticas institucionales, los programas de formación y las políticas públicas, para situar la seguridad en un enfoque de bienestar y cuidado.

También participamos del taller llamado “Medio ambiente, tecnología y resistencias: desafíos digitales de la defensa ambiental en América Latina”, dedicado a explorar el vínculo entre crisis socioambiental y tecnología, con un enfoque situado en las personas que defienden el medio ambiente en América Latina. Nos propusimos visibilizar el rol fundamental de la tecnología frente a la emergencia climática y la crisis ecológica, y evidenciar las barreras que enfrentan las activistas para un acceso significativo a internet y a la información. La falta de conectividad en territorios rurales, la concentración de infraestructura tecnológica y las amenazas digitales, como las campañas de desinformación, el hostigamiento en línea o la violencia de género facilitada por las tecnologías, son obstáculos que inciden directamente en su capacidad de ejercer derechos y proteger el entorno.

El panel reunió a personas defensoras del medio ambiente de diferentes países, junto a representantes de la sociedad civil, la comunidad técnica, gobiernos locales y organismos de derechos humanos. Fue un espacio de diálogo multisectorial donde se compartieron experiencias concretas de resistencia, como las movilizaciones frente a la instalación de data centers o proyectos extractivos que profundizan desigualdades ambientales y digitales.

La conversación también permitió reconocer los marcos regionales que pueden fortalecer esta protección, como el Acuerdo de Escazú y los debates hacia la COP30 sobre cambio climático. Estos instrumentos abren oportunidades para incorporar la dimensión digital en la agenda ambiental y garantizar que la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos vaya de la mano con la defensa de una tecnología justa, segura y accesible.

Finalmente, en el taller “Datos en fuga: cómo se exponen y explotan nuestros datos en internet”, presentamos avances de nuestra investigación en curso sobre explotación ilegal y comercialización de bases de datos estatales en Argentina, Brasil y Perú. En la instancia destacamos que estas filtraciones de información personal no son meras fallas de seguridad ni accidentes administrativos. Son parte de un circuito de extracción y monetización que alimenta economías ilegales, facilita extorsiones y expone a las personas a riesgos profundos, especialmente aquellas que ya enfrentan desigualdades estructurales por razones de género, clase, raza o territorio.

Frente a este escenario, la protección de datos personales debe abordarse como un componente esencial de los derechos humanos. No se trata solo de un aspecto técnico o administrativo, sino de una condición para garantizar autonomía, privacidad y seguridad. Cuando los datos personales son filtrados, vendidos o manipulados, las consecuencias pueden ser irreversibles, desde daños económicos hasta violencia física. Por eso, insistimos en la necesidad de políticas públicas sólidas, autoridades independientes, más transparencia y rendición de cuentas de las plataformas, y mecanismos efectivos de investigación y sanción.

Celebrar, recordar y proyectar: una nueva edición de Latin America in a Glimpse

En el marco del LACIGF celebramos nuestros 20 años de trabajo y presentamos la nueva edición de Latin America in a Glimpse, una publicación que reúne los hitos, aprendizajes y tensiones que han marcado dos décadas de defensa de los derechos digitales en América Latina. Más que un recuento histórico, el documento busca ser una invitación a mirar el pasado con sentido crítico y el futuro con imaginación política: una herramienta para activar memoria, conversación y acción colectiva.

La publicación está acompañada por un juego de cartas que permite reconstruir esta historia de manera participativa, conectando experiencias, hitos y desafíos. En el mazo hay también veinte cartas en blanco: no son un adorno, sino una declaración. Representan todo lo que falta contar, lo que está ocurriendo hoy y lo que aún no existe. Nos recuerdan que la historia de los derechos digitales no está cerrada, y que escribirla es una tarea compartida. Nuestro momento de celebración nos permitió reflexionar sobre algunos de esos hitos a partir de la experiencia de amigas y expertas de toda la región.

Llegar a este aniversario nos encuentra en un momento complejo. La expansión de sistemas de vigilancia automatizada, la opacidad de las infraestructuras y la concentración del poder tecnológico amenazan las bases mismas del espacio público digital. Pero también sabemos que en la región hay comunidades, movimientos y organizaciones que no han dejado de imaginar alternativas, tejer alianzas y crear tecnología con sentido de justicia social.

El futuro de los derechos digitales dependerá de nuestra capacidad de mantenernos unidas, fortalecer la cooperación regional y seguir disputando el sentido político de la tecnología. Veinte años después, seguimos convencidas de lo mismo que nos movilizó al inicio: que la tecnología puede ser una herramienta para ampliar libertades, fortalecer la democracia y proteger la dignidad de las personas.

Latin America in a Glimpse: 20 años defendiendo derechos digitales

Latin America in a Glimpse es una publicación que recorre dos décadas de trabajo de Derechos Digitales en la defensa y promoción de los derechos humanos en los entornos digitales de América Latina. No es una memoria ni una cronología, sino una reflexión sobre cómo se han transformado la conectividad, las tecnologías y los debates públicos en la región, y sobre las resistencias que han surgido para garantizar que el desarrollo digital responda al interés público.

El documento revisa cómo pasamos de una internet abierta y descentralizada a un ecosistema dominado por plataformas globales, donde la conectividad ya no es solo acceso, sino también condiciones de justicia, autonomía y participación significativa. En este contexto, América Latina ha sido tanto territorio de experimentación tecnológica como de respuestas comunitarias y creativas frente a modelos extractivistas de datos, recursos y trabajo.

Este “Latin America in a Glimpse: 20 años defendiendo derechos digitales” se organiza en tres capítulos: los dos primeros, escritos por los codirectores ejecutivos de Derechos Digitales, Juan Carlos Lara y Jamila Venturini, y el tercero, por Paloma Lara Castro, directora de Políticas Públicas. Cada uno aborda, desde distintas perspectivas, las transformaciones, tensiones y resistencias que han marcado dos décadas de defensa digital en América Latina.

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Juego: un recorrido en cartas

Junto al documento, presentamos un juego de cartas con 60 hitos del ecosistema digital latinoamericano y de nuestra historia institucional, además de 20 cartas en blanco para escribir los que aún están por venir.

Este juego es una invitación a revisar estos últimos 20 años desde una perspectiva colectiva y participativa. A través de distintos hitos (normas, campañas, movimientos sociales, avances tecnológicos y controversias públicas) podrás reconstruir una línea del tiempo que muestra cómo se
ha dado la defensa de los derechos digitales en América Latina y el mundo, sus conquistas y desafíos.

Juega, debate y reflexiona:

¿Qué acontecimientos marcaron un antes y un después?
¿Qué luchas siguen vigentes?
¿Qué aprendizajes nos dejó cada momento?

Revisa las instrucciones

Revisa la bibliografía

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*Si necesitas ayuda para imprimir el juego o tienes dudas sobre la investigación escríbenos a través de nuestro formulario de contacto

Contribución de Derechos Digitales a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el proceso de actualización de la Resolución para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales

Presentamos una serie de comentarios para contribuir al proceso de actualización de la resolución A/RES/78/213, cuyo objetivo principal sigue siendo la garantía y la promoción de los derechos humanos tanto online como offline, integrando ahora aspectos como: la reafirmación del Pacto por el Futuro y el Pacto Digital Global; el reconocimiento de la importancia de la conectividad, el acceso a Internet y la alfabetización digital, especialmente en los países en desarrollo; el papel de la inteligencia artificial (IA) en la promoción y protección de los derechos humanos; la desinformación y la integridad de la información en el contexto de la IA; la protección de los niñeces y los grupos vulnerables en los entornos digitales; la perspectiva de género y la inclusión; el refuerzo de la participación significativa de múltiples partes interesadas en los ámbitos de gobernanza de las tecnologías digitales; y las salvaguardias contra el uso indebido de las tecnologías de reconocimiento biométrico y facial.

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Disputar las reglas del juego: métricas, comunicación y gobernanza digital

Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar la atención y el tiempo de permanencia, determinan qué se muestra y qué se oculta, sin ofrecer transparencia sobre cómo operan. Este modelo no está pensado para fortalecer derechos ni construir ciudadanía digital, sino para capturar datos y generar interacción continua bajo la lógica comercial.

En el entorno digital, las organizaciones sociales enfrentamos una paradoja: necesitamos comprender cómo circulan nuestros mensajes y medir su impacto, pero las métricas disponibles no reflejan todo lo que importa. ¿Cómo aprendemos de los datos sin permitir que condicionen el sentido de nuestro trabajo y la forma en que construimos comunidad?

Gobernanza algorítmica: el poder invisible que decide qué se ve

En el ecosistema digital dominante, las organizaciones sociales participamos de la lógica de los números que se pueden mostrar. Los sistemas automatizados de los algoritmos refuerzan ese ciclo de estímulo y recompensa, incentivando contenidos que generen reacción antes que reflexión.

Como planteamos en nuestra columna sobre cómo comunicar más allá de las redes sociales, las plataformas moldean nuestras estrategias comunicativas a través de mecanismos opacos que privilegian la visibilidad sobre el sentido. Los algoritmos de las redes condicionan la circulación de los mensajes, sus interacciones y moldean las formas de participación. En ese escenario, la tarea no es solo mostrar mensajes, sino también disputar los marcos donde se define qué cuenta como comunicación efectiva, reconociendo que dicha disputa también es una forma de resistencia frente a la gobernanza impuesta por estas empresas de Silicon Valley y que estructuran el espacio público digital.

Nuestra investigación sobre “Resistencias digitales y gobernanza algorítmica” muestra que las organizaciones no deben limitarse a adaptarse a estas reglas, sino que pueden disputarlas activamente. No entender la lógica de los algoritmos puede llevar a que las métricas controlen la comunicación en lugar de orientarla. La resistencia no es solo el contenido que publicamos, sino la manera de medir y valorar ese contenido, aun cuando los algoritmos no lo premien con números.

En Derechos Digitales, nuestros canales digitales buscan abrir conversaciones sobre vigilancia masiva, soberanía tecnológica, y Derechos Humanos en los entornos digitales, temas que exigen atención, no consumo rápido. No buscamos adaptarnos a las lógicas algorítmicas de visibilidad, sino tensionarlas: producir contenidos que inviten a la reflexión. Para nuestro trabajo, se trata de estar ahí, manteniendo una presencia crítica que reivindique el derecho a comunicar en nuestros propios términos.

Los retos de las organizaciones sociales

Las organizaciones sociales no competimos en igualdad de condiciones. A diferencia de marcas o influencers, nuestras narrativas suelen ir a contracorriente de lo que la plataforma considera atractivo. Además, en América Latina enfrentamos desafíos adicionales: no contamos con los mismos recursos, acceso a herramientas ni visibilidad que tienen muchas organizaciones de Estados Unidos o Europa, lo que hace aún más difícil captar atención con campañas digitales y medir su alcance.

Un estudio reciente de Austral Comunicación (comunicadoras sociales en Uruguay, Ecuador y Costa Rica) sobre la medición del impacto social en la comunicación organizacional en América Latina señala que, aunque las y los profesionales reconocen la importancia de evaluar el cambio social, persisten vacíos metodológicos y una tendencia a privilegiar los datos fácilmente cuantificables sobre los procesos participativos o cualitativos. Además el International Journal of Communication cuestiona el concepto de “looking cool” como tendencia de las organizaciones a diseñar contenidos que parezcan atractivos para captar atención, más que contenidos que profundicen narrativas.

En las redes sociales, esto nos empuja a ver lo que publicamos solamente a través de números que traducen estándares y lógicas de mercado pensadas para productos, no para resistencias. Entonces, ¿reportamos lo que moviliza, o lo que suma? ¿Optimizamos el contenido para gustar o para fortalecer procesos? Un riesgo es cuando el objetivo deja de ser el contenido o el vínculo para volverse la métrica misma.

¿Si desafiamos las lógicas convencionales?

En comunicación digital muchas métricas se concentran en outputs (posts, impresiones) o engagement (clics, reacciones). Pero lo que importa para la incidencia son los procesos y transformaciones que se movilizan más allá del entorno digital: cuando un mensaje impulsa debates públicos, fortalece comunidades o contribuye a cambios concretos. Por ejemplo, presionar por una ley, instalar un tema en la agenda política o modificar una práctica institucional. Estos efectos reflejan cómo la acción digital se traduce en resultados concretos en la vida de las personas y en la esfera política. Por eso, es fundamental abrir conversaciones con otras organizaciones y dialogar sobre cómo definir qué “éxitos intermedios” podríamos medir.

Las narrativas que queremos posicionar desde los movimientos sociales exigen reflexión, cuidado y reajuste. Son conversaciones que siembran ideas y regresan, meses después, convertidas en nuevas formas colectivas de activismo. Son ejercicios que cambian la manera en que las personas se relacionan con el entorno digital, brindando contenidos políticos, educativos y reflexivos.

Organizaciones de la región están ensayando nuevas maneras de habitar el entorno digital que desafían la lógica de las mediciones convencionales. Hace algunos meses atrás en un conversatorio guiado por SocialTIC, discutimos estrategias para definir objetivos, audiencias y recursos desde la autonomía organizacional. Desde Guatemala, Andrea Ixchíu compartió la experiencia de Hackeo Cultural y la creación de Milpamérica, una red social autónoma pensada para “reforestar nuestras comunicaciones en tiempos de monocultivo”. Desde Colombia, la Fundación Karisma ha producido análisis e incidencia sobre redes comunitarias como alternativa de conectividad y producción de contenido local, explorando cómo estas infraestructuras autónomas pueden cerrar brechas digitales y fortalecer los vínculos comunitarios en el entorno digital.

Desde Derechos Digitales, gran parte de cambios concretos en la comprensión, la acción y la protección de derechos humanos en el entorno digital sucede fuera de lo que se ve en las redes sociales: cuando el Consejo Asesor de Meta cita nuestro aporte en la decisión final por caso de censura, cuando organizaciones en contextos de crisis políticas usan nuestras guías para el resguardo digital, cuando una adolescente reconoce una experiencia de violencia digital en un carrusel de las redes. Ninguna de esas acciones aparece en las estadísticas, pero son el verdadero corazón del trabajo, que debemos continuar impulsando dentro y fuera de las redes sociales.

El dato como brújula comunicacional

Las organizaciones sociales no existieron para competir en métricas digitales, nacieron para disputar sentidos, transformar realidades y construir futuro. En el contraste entre medir lo cuantitativo y acompañarlo de lo cualitativo, está el balance. En la práctica, esto se puede recopilar a través de herramientas de monitoreo social, encuestas rápidas, entrevistas o seguimiento de interacciones en grupos y comunidades. Así, la medición se convierte en una guía para ajustar estrategias y fortalecer la comunidad.

Sabemos que en nuestra labor diaria contamos con historias de cambio, narrativas de comunidad y testimonios que no figuran en los números, pero sí dicen mucho del poder transformador. El proyecto NGO-IDEAs, que desde 2015 ha trabajado con ONGs en 11 países de la región, promueve un enfoque participativo en el monitoreo de efectos e impactos. Este enfoque destaca la importancia de involucrar a las comunidades en la definición de indicadores y en la evaluación de los resultados, reconociendo que las métricas cuantitativas deben complementarse con datos cualitativos para capturar la complejidad del trabajo en derechos humanos.

En el equipo de comunicación de Derechos Digitales, observamos métricas cuantitativas para entender cómo circulan nuestros contenidos; por otro, prestamos atención a los resultados cualitativos: quién se involucra en conversaciones, qué conexiones se generan entre participantes y cómo se consolidan espacios de colaboración y aprendizaje. Para nosotras, el éxito no está solo en los números visibles, sino en que la información y las herramientas lleguen a quienes pueden actuar y tomar decisiones informadas.

A través de aplicar estas mediciones, podemos incorporar en informes y evaluaciones que no todo puede cuantificarse, que hay efectos que escapan al dato. Un acto de honestidad que puede recuperar credibilidad política frente a quienes esperan números.

Reescribiendo las reglas impuestas

Si queremos un entorno digital más justo, las organizaciones debemos participar activamente en los espacios donde se deciden las reglas del juego. Esto incluye desde mesas de diálogo con las plataformas hasta instancias regionales e internacionales sobre políticas de internet, regulación de contenidos y estándares de transparencia algorítmica.

Exigir transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos, qué se amplifica, qué se oculta y con qué criterios, es clave para que las métricas de las plataformas no terminen imponiendo lo que “vale” o “no vale” comunicar.

La incidencia colectiva de las organizaciones sociales se convierte en una forma de resistencia frente a la lógica de métricas impuestas por las plataformas. Participar en la gobernanza digital significa defender el derecho a comunicar.

De este modo, la comunicación deja de ser solo una estrategia para difundir mensajes: se convierte en herramienta de transformación estructural, en puente entre comunidades, derechos y espacios de decisión. Un entorno digital donde los datos nos sirvan para entender, acompañar y potenciar los procesos de cambio, no para definirlos.

Resistencia digital en la era de la gobernanza algorítmica: perspectivas desde la experiencia latinoamericana

El ensayo analiza cómo las plataformas digitales han pasado de ser espacios de amplificación ciudadana a escenarios donde los algoritmos deciden qué voces se visibilizan y cuáles se borran. A partir de experiencias latinoamericanas, el texto documenta casos de silenciamiento automático, moderación sesgada y estrategias de resistencia como el algospeak o el uso de plataformas descentralizadas. Proponemos que la resistencia digital debe incluir demanda de transparencia algorítmica, participación comunitaria en la gobernanza de plataformas y defensa colectiva de estructuras alternativas para garantizar que las narrativas diversas no sean devoradas por filtros invisibles.

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Aportes del Foro Global de Justicia Digital al borrador cero del documento final de la CMSI+20

Como parte del Foro Global de Justicia Digital, presentamos una contribución conjunta al borrador cero del documento final de la CMSI+20. Hacemos recomendaciones generales, como moderar la lectura tecno-optimista del progreso hacia los compromisos de la CMSI, así como recomendaciones específicas sobre temas como género, derechos humanos, gobernanza de los datos e inteligencia artificial.

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Aportes de Gender in Digital Coalition al borrador cero del documento final de la CMSI+20

Como parte de Gender in Digital Coalition (GiDC), presentamos una contribución conjunta al borrador cero del documento final de la CMSI+20. Hacemos recomendaciones sobre cómo garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el marco de la CMSI+20, centrándonos en temas como la brecha digital, la violencia de género facilitada por la tecnología y los mecanismos de rendición de cuentas.

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