Temática: Género

¿Chile está a la altura de la tarea? Los derechos humanos en el entorno digital, examinados

El 22 de enero pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó el historial de derechos humanos de Chile en el contexto del proceso del Examen Periódico Universal (EPU). Este proceso permite rastrear el progreso que ha tenido Chile en sus obligaciones de promover y proteger los derechos humanos.

Como señalamos en un texto anterior, este EPU ha registrado la primera vez que se generó conciencia sobre la necesidad de abordar el impacto de las tecnologías digitales en el ejercicio y la promoción de los derechos humanos: desde el respeto del derecho a la privacidad, la libertad de expresión. , la reunión y asociación pacífica, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y el impacto de una amplia gama de tecnologías que están afectando cada aspecto de la vida de los chilenos.

El Estado chileno debe ajustarse a las normas internacionales sobre el disfrute de los derechos humanos en internet, el derecho a la privacidad en la era digital y otros instrumentos que combaten la discriminación y la violencia en sus manifestaciones digitales.

Las recomendaciones recibidas por Chile en este último EPU son cruciales para reconocer el compromiso deficiente del Estado con respecto al fomento del ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital.

En un artículo anterior advertimos sobre cómo el estado y el sector privado han utilizado algunas tecnologías para realizar la vigilancia de los chilenos, afirmando que era por «su propia seguridad» y «el uso efectivo de los recursos públicos». A continuación echamos un vistazo a las principales áreas de preocupación que se expresaron en el EPU, que también percibimos como desafíos compartidos en varios países de América Latina.

Chile necesita mejores leyes de derechos digitales y autoridades independientes de protección de datos

La delegación brasileña recomendó que Chile «adopte una legislación específica para proteger y promover los derechos humanos en entornos digitales, incluido el derecho a la privacidad». Esta recomendación señaló que Chile se quedó corto en la implementación de políticas concretas y directas sobre la materia.

Perú recomendó que Chile debería trabajar en «la evaluación de las tecnologías de vigilancia y recolección de datos personales desde una perspectiva de derechos humanos, con respecto al derecho a la privacidad y considerando el principio de no discriminación».

En la misma dirección, el Estado suizo señaló «la necesidad de fortalecer la legislación sobre la protección de datos personales» y el establecimiento de políticas públicas «de acuerdo con el estado de derecho, la proporcionalidad y la privacidad». Para que esto suceda, según el Estado suizo, es necesario que Chile «considere la creación de una autoridad de control independiente» que proteja los datos personales.

Actualmente se están discutiendo algunas mejoras en la actualización de la ley chilena de protección de datos; no obstante, estas recomendaciones obligan al Estado chileno a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos previamente adoptadas por Chile.

Chile necesita enfrentar la violencia contra las mujeres en entornos digitales

Las recomendaciones de Islandia abordaron otros temas apremiantes, instando al Estado de Chile a «revisar las leyes, políticas y regulaciones que abordan la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en entornos digitales». Esta recomendación fue secundada por Canadá, quien recomendó una orden de legislación que permitiría a las mujeres «vivir libres de violencia, incluido el contexto digital».

Si bien Chile ha mejorado considerablemente la implementación de políticas para combatir la violencia contra las mujeres y los jóvenes, no hay políticas específicas para enfrentar este problema en el campo digital: el acoso sexual en las redes sociales y la difusión de material íntimo sin consentimiento son una realidad que requiere un esfuerzo práctico para superar las estructuras patriarcales en espacios fuera de línea y en línea, a fin de garantizar la capacidad de las mujeres para crear, habitar y constuir sus propias narrativas en el espacio digital.

También es necesario señalar que estas recomendaciones son adicionales a los esfuerzos anteriores desarrollados por el Estado, por eso insistimos a las instancias calificadas que tomen en cuenta las recomendaciones para promover su plena integración en los programas futuros y la agenda legislativa; garantizando espacios libres de violencia para el desarrollo de las mujeres a partir de hoy.

Chile necesita dejar de usar la tecnología para violar los derechos humanos

Las recomendaciones bolivianas abordan uno de los temas más apremiantes y escandalosos de Chile en los últimos tiempos: el uso de la tecnología como herramienta de represión. En una declaración contundente, Bolivia recomendó que Chile “promueva estándares que sigan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Así como el uso de las comunicaciones y las tecnologías como una forma de poner fin a la criminalización de las protestas de los indígenas».

La delegación boliviana instó a Chile a evitar la repetición de episodios escandalosos como el «Caso Huracán«, donde se utilizó la tecnología para enmarcar a los líderes indígenas en actos terroristas. En muchos casos, el estado ha utilizado la tecnología para espiar a los líderes, periodistas y medios de comunicación indígenas en un intento por criminalizar sus reclamos legítimos.

Todas esas acciones violan las normas internacionales de derechos humanos al restringir el derecho a la privacidad, evitando la inviolabilidad de las comunicaciones y limitando la libertad de expresión y la reunión pacífica. Estas son algunas de las razones por las que esperamos que las recomendaciones se tengan en cuenta y se canalicen a través de reformas legales e institucionales dentro de los servicios de inteligencia y la aplicación de la ley del país, para evitar que las violaciones a los derechos humanos de las personas chilenas vuelvan a suceder.

¿Qué sigue?

Los Estados que participaron en el EPU de Chile hicieron llamados claros y firmes al Estado de Chile para promover, proteger y respetar plenamente los derechos humanos en el contexto digital. Esperamos que el Estado chileno esté a la altura de la tarea de aceptar esas recomendaciones, avanzar hacia la implementación completa de un enfoque integral de los derechos humanos en el país y, por lo tanto, considere los espacios digitales como entornos protegidos para el ejercicio de los derechos humanos.

Derechos Digitales -con sus socios y simpatizantes- mantendrá la atención en la adopción de las recomendaciones de Chile y estará disponible para colaborar en esta tarea. Como hemos señalado anteriormente: es momento de tomar decisiones y compromisos para garantizar la capacidad de ejercer plenamente los derechos humanos para el futuro, que es ahora. No hay tiempo que perder.

* Estos esfuerzos fueron coordinados por Derechos Digitales y respaldados por IFEX, en colaboración con Privacy International, APC, Ciudadanía Inteligente y Fundación Pro Acceso.

Internet también es una tecnología blanda

Más allá de cómo entendemos el feminismo en nuestras prácticas cotidianas, quienes participamos en Ciberseguras compartimos una sensación con respecto a la tecnología: la hostilidad, muchas veces dada por espacios mayoritariamente masculinos, donde se valora sobre todo el saber experto y la velocidad en la ejecución de tareas. Y no importan tanto nuestras primeras motivaciones, nuestros orígenes o nuestros intereses específicos a la hora de comenzar a explorar estrategias de seguridad digital, lo central aquí es que, a partir de esas primeras experiencias, decidimos hacerlo de otra manera y en ese camino es que nos hemos ido encontrando.

La primera reunión de Ciberseguras ocurrió hace poco menos de dos años en Quito, Ecuador, justo antes de que comenzara el I Encuentro Internacional de Ciberfeminismo; su historia, sin embargo, comienza más atrás, en el año 2014 en México, en el acompañamiento a mujeres que estaban siendo hostigadas en internet. Pero hace dos años comenzamos a imaginar juntas, entre compañeras de diferentes lugares de América Latina, un espacio para consultar recursos en lengua hispana sobre género y tecnología. Nos planteamos entonces la necesidad de acompañar esta búsqueda, reconociendo que, en estos temas, no todas tienen muy claro lo que buscan, ni tienen necesariamente los mismos intereses.

Definimos que en ciberseguras.org habría información sobre tecnología y feminismos, organización de encuentros como talleres y festivales, y protección de dispositivos electrónicos. Luego nos pusimos en la tarea de construir la página, que fue re-lanzada el 24 de abril de 2018, conmemorando dos años de las manifestaciones contra la violencia de género realizadas en México en 2016. De eso ha pasado un año de trabajo continuado, que celebramos hace una semana en nuestra segunda reunión en Bogotá, Colombia. Como buscamos espacios para aprender juntas sobre la tecnología, nos tomamos un día de la reunión para practicar juntas cómo usar GitLab para la organización y documentación de procesos, pero la mayor parte del tiempo se fue en trabajar nuestra red humana, como base fundamental para que nuestras acciones dentro y fuera de internet sean potentes, transformadoras y duraderas.

Y hablando de que hace treinta años comenzó a funcionar la Web, es decir la internet utilizada por las personas, desde sus hogares -los cibercafés, las bibliotecas o los centros educativos- y para sus actividades cotidianas, vale decir que esta red, como las redes humanas, está basada en la confianza, ya que sin conocer a fondo cómo funciona el sistema que hace posible nuestra navegación, podemos ir de una página a otra gracias a los servicios de indexación, transporte y alojamiento de información que nos ofrecen diferentes empresas alrededor del mundo. Pero ese es un tema muy amplio y complejo en el que no profundizamos durante la reunión, pues había cosas más cercanas e importantes que tratar.

El punto es que hoy, cuando el acceso a internet se considera un derecho humano y por tanto se busca conectar a todas las personas del mundo sin importar sus condiciones económicas, políticas, sociales o culturales, la confianza se vuelve un tema central a la hora de preguntarnos, ¿cómo queremos estar conectadas? Y es que nosotras, mujeres de ciudades tan distintas, sabemos que no ‘todos los usuarios’ accedemos por igual. Así que como red, en Ciberseguras buscamos construir confianza entre nosotras y nos proponemos trabajar en nuestros contextos locales también a partir de la confianza, con las personas que participan de los espacios de encuentro y aprendizaje que organizamos.

En internet pareciera que la confianza reposa en la precisión de los sistemas informáticos y sus mecanismos de respuesta, validación y corrección de errores, o en las políticas de transparencia de las empresas que desarrollan y mantienen esos sistemas donde se procesan nuestros datos. Cuando se trata de las personas que utilizamos internet se habla más del consentimiento, que a su vez pareciera limitarse a la capacidad de decir no en un contrato establecido con quienes recolectan, almacenan y gestionan datos. Un contrato protegido por una regulación para la cual somos consideradas ‘un sujeto de derechos’.

El problema con la confianza, si hablamos de internet, es que no es reductible a un sistema de respuesta, es una tecnología blanda -si se quiere buscar un término que la describa en el contexto de internet-, se construye de a pocos, requiere cuerpo y disposición, se basa en acuerdos y aunque estos se registren en algún lugar, siempre pueden renovarse, flexibilizarse, discutirse. Toman tiempo. El problema de la confianza, y también su más grande potencia, es que debe negociarse siempre, reconociendo las diferencias de quienes participan. Estas diferencias se expresan en necesidades, intereses y percepciones diversas sobre el mundo. Y para nosotras las Ciberseguras, estas son las bases de un trabajo feminista en cualquier ámbito; en el de la tecnología -que nos apasiona- también.

México ante el #MeToo: interfaces para la acción colectiva

En México, el 23 de marzo las conversaciones en torno al #MeToo reclamaron los espacios digitales para abrir la reflexión sobre las violencias lamentablemente cotidianas que enfrentan las mujeres en un país donde cada día -en promedio- 10 mujeres son asesinadas, los feminicidios han encabezado titulares por años y la violencia de género es una constante en espacios académicos, profesionales, políticos y la vida privada.

A partir de una serie de denuncias públicas hechas en Twitter, un gran número de declaraciones fueron alentando a que otras mujeres compartieran historias de acoso, abuso y otras violencias que habían recibido por parte de sus parejas y colegas en los espacios que compartían: más allá de la intimidad, rompiendo el silencio que mantiene estos actos -y a quienes los perpetúan- en impunidad.

No es la primera vez que en el mundo -o en México– miles de historias se han entrelazado a partir de un llamado hacia una suerte de catarsis colectiva y por la búsqueda de justicia, pero definitivamente es la primera vez que las denuncias de este tipo han mantenido un ritmo constante que ha permitido que las reflexiones vayan más allá de lo digital y permeen espacios en los principales medios de comunicación mexicanos: generando así conversaciones que permiten retomar temas como la falta de mecanismos de denuncia eficaces, la normalización de la violencia de género y la posibilidad de actuar desde la empatía y sororidad; ante tanto dolor que las mujeres mexicanas han mantenido en silencio, aunado a la falta de espacios de diálogo que hoy -gracias al ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales- son posibles.

Sin embargo, existe una conversación paralela que mira con descontento la manera en que esta serie de denuncias se ha ido gestionando (de forma orgánica, acéfala, caótica y con toda la validez del doloroso hartazgo de donde surgen estas manifestaciones) argumentando que el anonimato no es más que una herramienta para permitir difamaciones y denuncias falsas. Cabe acotar que esta “conversación paralela” goza de un sesgo increíble, al borrar de tajo las desigualdades que desdibujan la agencia de un gran porcentaje de mujeres que no cuentan con los medios, recursos o posibilidades para tener acceso a los que llaman “procesos correctos de denuncia” -en un país con tanta impunidad- ¿exactamente a qué se refieren con eso? La justicia, como es sabido en México, es de quien puede pagarla.

Tampoco es la primera vez que la búsqueda por perjudicar la legitimidad del anonimato ha buscado colocarse en medio de las discusiones en torno a movimientos que permiten el goce de la libertad de expresión y tienen la potencia para moler los cimientos de los mecanismos tan arraigados que fomentan violencia, censura, represión y desigualdad.

Para muchas de las mujeres que participan en estas denuncias colectivas -a partir de distintas cuentas que fueron creadas para dirigir las conversaciones a los gremios que han albergado (e incluso protegido) a personas que han ejercido violencia, acoso o abusos- una de las principales ventajas está en poder sumarse a una conversación donde no serán señaladas; como lo hubieran sido de haberse enfrentado físicamente a estas instancias o a quienes las violentaron, evadiendo así el amedrentamiento que muchas otras han enfrentado al hacer denuncias por medio de sus cuentas personales e incluso al retomar sus denuncias “anónimas” para continuar la conversación con más detalles respecto a las mismas.

Hay que apelar a la claridad respecto a que estas denuncias no son realmente anónimas, sino que son las cuentas que las publican las que mantienen el carácter anónimo que responde directamente a la importancia de dejar que la conversación gire en torno a la violencia y no al escarnio público hacia quienes encuentran el valor para reconocerse en situaciones de este tipo; además de lograr romper el silencio para exponer esa realidad que socialmente hemos ignorado y -gracias a esta contundente conversación- ahora nos hace eco en todos lados: más allá de Twitter, en nuestras conversaciones cotidianas, en las estaciones de radio, en los periódicos, en los contenidos que se han vuelto virales y hasta en aquellos ídolos que para muchas personas representaban la libertad que viene al disfrutar melodías de la juventud.

Detrás del anonimato, cuando hablamos de hacer frente a las violencias desde contextos que coartan las libertades y derechos de las personas, siempre hay alguien jugándose la identidad para romper el silencio.

Estos días no sólo hemos leído historias de mujeres que han sido victimizadas: a través de sus testimonios leemos la resiliencia de personas que viven en constante resistencia, en un país cuyas políticas están lejos de brindar los mecanismos necesarios para permitirles vivir seguras y sin miedo a que ellas u otras personas sean agredidas. Leemos testimonios de personas que han encontrado la fuerza y el momento para romper el silencio, a pesar de las consecuencias que esto representa en nuestro contexto.

La valentía tiene un precio que radica en la incertidumbre de las repercusiones, es una apuesta azarosa: por un lado, están las mujeres que reconocen a otras y quienes desde la profunda empatía y sororidad tejen redes de apoyo; por otro lado existe esa violencia patriarcal y machista que busca la menor provocación para reafirmarse desde sus prácticas de amedrentamiento… Es aquí donde el anonimato se vuelve un antídoto contra quienes buscan identificar a las víctimas para silenciarlas, también es aquí donde las plataformas digitales se convierten en puentes/interfaces que permiten conectar y participar en estas conversaciones sin arriesgar la integridad (o la seguridad) de quienes encuentran la fuerza para denunciar en primera persona.

El #MeToo representa un movimiento necesario para continuar con los espacios de diálogo y reflexión que permitan hacer visibles las relaciones de poder a partir de las cuales se perpetúa la violencia, no sólo de género, en nuestro país. Necesitamos escucharnos, reconocernos, sanarnos y hacernos responsables de lo que -como sociedad- hemos pretendido ignorar y hoy pasa la factura desde las plataformas digitales: se acabó la simulación, se acabó el silencio.

A las mujeres que valientemente han participado en este proceso: no están solas.

A quienes incautamente buscan callarlas: nunca serán suficientes.

Protocolos para una internet libre y segura

¿Podemos imaginar una internet feminista? Imaginar es un primer paso, el siguiente podría ser darle forma y estructura, desarrollar los códigos, adecuarlos a los soportes más apropiados y diseñar las interfaces necesarias para que sea comprensible y accesible para un mayor y más diverso número de personas. Y luego hacerle mantenimiento permanente, para que se mantenga activa y segura.

Imaginar es potente y, sin duda, para muchas personas tradicionalmente discriminadas por su condición de género, etnia o clase, internet ha sido una posibilidad y una oportunidad de imaginar una sociedad distinta, más incluyente, justa y libre. Y sobre todo, para imaginarla con otras, sin importar la distancia geográfica o las diferencias sociales y culturales de por medio.

Por suerte, desde hace tiempo también ha habido personas imaginando y construyendo alternativas técnicas para que estos modelos ‘otros’ de sociedad habiten también en internet. Esto es, que la red no sea más un escenario de extensión de las violencias y desigualdades estructurales, sino un espacio de denuncia y transformación. Pero, ¿puede internet transformar la sociedad?

Esta pregunta es parte central del RFC 8280 en la IETF. Desde octubre de 2017, este documento ha servido como guía inicial y general para analizar el impacto que tienen los estándares y protocolos de internet sobre los derechos humanos, aunque todavía hay bastante por explorar sobre la manera como los protocolos impactan a distintos grupos sociales alrededor del mundo. Para hacernos una idea general de lo que estamos hablando, hace un tiempo escribimos sobre qué es IETF y los protocolos de internet, y por qué son importantes para nuestros derechos.

Cuando hablamos de violencia en internet, nos referimos a la extensión de formas tradicionales de violencia y discriminación, que en internet se perpetúan y se renuevan gracias a las posibilidades técnicas que permiten el registro permanente, junto con la difusión masiva e inmediata de contenidos. Y aunque esté en el espacio virtual, esta violencia es real, tiene impactos reales sobre la salud física y emocional de las personas que la enfrentan. Ahora, ¿es posible eliminar la violencia digital, mientras las formas estructurales de violencia se mantienen?

La respuesta es un rotundo no, matizado con los esfuerzos conjuntos que, en los últimos años, ha emprendido el movimiento feminista a nivel mundial, para erradicar las violencias dentro y fuera de línea. Para eliminar las violencias que ocurren en las redes sociales, por ejemplo, es necesario ajustar el diseño mismo de dichas redes, los mecanismos de regulación de contenidos así como los algoritmos y criterios sobre los cuales se procesan nuestros datos.

Junto con Article 19, hace poco comenzamos a desarrollar un documento que, tomando como referencia general los Principios Feministas de Internet, permita analizar y proponer recomendaciones sobre los impactos de los protocolos en grupos tradicionalmente discriminados y marginados. La primera versión del borrador sobre feminismo y protocolos fue presentada ayer durante la sesión del Grupo de Investigación sobre Consideraciones de Derechos Humanos y Protocolos (HRPC-RG) en la IETF104.

Nuestra propuesta es, de una parte, revisar la manera como se ha considerado el género, la diferencia y la diversidad en los documentos (Internet-Drafts y RFCs) que se desarrollan allí, al tiempo que incluimos casos concretos -a partir de cada Principio– para analizar cómo ciertos protocolos pueden tener impactos positivos o negativos sobre grupos sociales discriminados y marginados.

Creemos que es buen momento para plantear estos asuntos -y en estos términos- en una comunidad técnica cuyo objetivo central es “correr códigos que funcionen” para hacer una mejor internet. Sabemos que el camino apenas comienza, que será largo y quizás complicado, y esperamos que más personas se sumen a construir, desde aquí también, una internet feminista.

Por lo pronto, el próximo martes 2 de abril estaremos en el Internet Freedom Festival 2019 conversando más a fondo sobre este proceso, compartiendo ideas y trazando puentes. Esperamos que nos acompañen 😉

Violencia de género, redes sociales y la ley del embudo: ¿quién se queda con el lado más estrecho?

El sonado y muy mediático caso de Nido.org, la página web cuyos usuarios publicaban información e imágenes personales de mujeres y niñas sin su consentimiento, ha traído al debate público el tema del acoso en línea; en particular del acoso de carácter sexual sufrido por las mujeres que hacen vida en los espacios digitales. Según el Primer Informe de Violencia de Género en Internet en Chile, publicado a finales de 2018 por Fundación Datos Protegidos, la Universidad Alberto Hurtado y ONG Amaranta, dos de cada tres mujeres chilenas sufren alguna forma de acoso en línea. En toda Latinoamérica, las cifras de violencia en línea contra las mujeres vienen en crecimiento y con frecuencia las autoridades se quedan cortas a la hora de abordar la ilegalidad de este fenómeno, ya sea por falta de herramientas legales o por directo desconocimiento de los temas tecnológicos o de las cuestiones de género.

Como resultado, la balanza suele pesar más del lado de la víctima. La desafortunada declaración de Isabel Plá -Ministra de la Mujer en Chile- llamando a las mujeres a hacer privadas sus cuentas de redes sociales, lamentablemente refleja la postura de una buena parte de la población. En palabras de la Ministra: “Cuando tenemos redes abiertas, hay que tener conciencia que esa fotografía dejó de pertenecernos, y que puede ser publicada y mal usada”. Esta perspectiva, que concluye en pretender de las mujeres un uso restringido y limitado tanto de las herramientas tecnológicas a su disposición como de sus propios cuerpos, termina convirtiéndose en una inaceptable justificación del abuso.

Por más evidente que resulte la necesidad de educarnos -y educar a otros- respecto a los riesgos y medidas de seguridad en el uso de plataformas de redes sociales, es inadmisible que asignemos estándares a las mujeres y jóvenes que determinen que su uso de estas plataformas deba verse restringido por los “peligros” que puedan encontrar; ante los cuales, además, las usuarias se encuentran desprotegidas por falta de las estructuras legales y administrativas para accionar sus derechos. No solo se hace necesario enfatizar que toda mujer tiene el derecho humano -básico e irrenunciable- al ejercicio pleno de su sexualidad y a la autonomía sobre su cuerpo, así como a su integridad física, psíquica y social; también debemos recordar que el ejercicio progresivo de este derecho se hace extensivo a la adolescencia. La exploración informada y segura de la propia sexualidad es un derecho humano para los adolescentes y esta exploración incluye, sin duda, el derecho a descubrir y documentar el cuerpo y la imagen propios, e incluso compartirlos: dentro de ciertos márgenes establecidos.

La vigilancia o la prohibición del uso de redes sociales a niños y adolescentes no son soluciones a este problema, tampoco lo es la prohibición de tomarse o compartir fotografías de sí mismos; ambas actividades que, en el contexto actual, constituyen experiencias básicas de la vida social. La educación y la comunicación son claves: existen guías como acoso.online, Safer Nudes o el Manual de exting seguro que además de ofrecer herramientas y estrategias para llevar a cabo estas actividades de manera más segura, también informan sobre cómo enfrentar las posibles consecuencias de un ataque.

Si bien puede ser recomendable utilizar herramientas como ObscuraCam (que permite pixelar los rostros de una imagen antes de compartirla) o Wickr (una de tantas herramientas de mensajería que permite enviar una imagen y que ésta se desvanezca después de visualizada) es necesario insistir en que no podemos permitir que la responsabilidad de este problema -de profundo carácter social- recaiga en las víctimas; esto solo contribuiría a perpetuar una cultura de abuso y de violencia de género, misma que se expresa constantemente tanto online como offline.

El único enfoque posible consiste en una combinación entre educación (principalmente con respecto al consentimiento y la violencia sexual), reforma legislativa (para incluir los tipos penales necesarios que permitan abordar este tipo de fenómeno) y presión sobre las plataformas (para que continúen implementando las herramientas necesarias para reportar y dar de baja contenido violatorio de derechos humanos). Ninguna de estas herramientas sería suficiente para enfrentar el problema, pero la combinación de todas ellas podría ofrecer una alternativa por la cual vale la pena apostar.

Chile bajo Examen Periódico Universal de obligaciones de DDHH: El futuro es ahora

El próximo 22 de enero, Chile se someterá al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, uno de los instrumentos más importantes para medir el compromiso efectivo de los Estados con los derechos fundamentales. El proceso consiste en un examen de la situación de derechos humanos en el país y, en ese sentido, es una excelente oportunidad para visibilizar las situaciones de vulneración que puedan existir, al igual que revisar y hacer efectiva la vigencia de los tratados internacionales suscritos por el país, así como proponer soluciones de mejora a través de la posibilidad que tienen los 193 países miembros de la ONU para hacer recomendaciones.

La sesión de revisión tendrá lugar en enero y, como preparación,  entre el 10 y 21 de diciembre se desarrollaron las pre-sesiones del Período 32 del EPU en Naciones Unidas, donde distintas organizaciones de la sociedad civil plantearon a los representantes de los Estados miembros sus recomendaciones. En el caso de Derechos Digitales, estas fueron formuladas en dos reportes alternativos presentados en julio pasado, en colaboración con Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Privacy International y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC).  En la pre-sesión de Chile, Derechos Digitales fue invitada como una de las oradoras de la jornada, lo que representó una oportunidad única para poner en conocimiento de la comunidad internacional la situación crítica de derechos humanos que vive Chile en relación al uso de la tecnología.

Además, durante estas dos semanas Derechos Digitales sostuvo más de 30 reuniones bilaterales, dando a conocer a representantes de diversos países la forma en que los derechos humanos están siendo impactados por la tecnología en Chile, exponiendo a sus habitantes a situaciones de desprotección y vulneración.

Con estupor los representantes de los Estados mienbro nos escucharon describir la operación Huracán y cómo en Chile se restringen ilegítimamente los derechos civiles y políticos del pueblo Mapuche, al intentar interceptar comunicaciones privadas de sus representantes, vulnerando no solo su derecho a la privacidad, sino además ejerciendo nuevas formas de violencia institucional a través del uso de la tecnología, intentando criminalizarlos a través de la implantación de pruebas falsas en sus teléfonos celulares. También compartimos con los representantes de diversos Estados la preocupante acción de agentes de la policía y de servicios de inteligencia que han vigilado y monitoreado a activistas políticos, periodistas y medios de comunicaciones, tanto en espacios físicos como digitales, restringiendo la libertad de expresión y su habilidad de organizarse políticamente.  

En ese sentido, Derechos Digitales ha propuesto que los Estados recomienden a Chile mejorar los estándares legales que rigen a las fuerzas de inteligencia y policía, exigiéndoles mayores niveles de responsabilidad y control en el ejercicio de sus facultades. Del mismo modo, hemos instado para que los países recomienden garantizar el respeto de la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, tanto en espacios físicos y digitales, como lo han repetido insistentemente los órganos y procedimientos especiales de Naciones Unidas.

Otro de los puntos relevantes a la que quisimos llevar la atención de los representantes de los Estados miembros de la ONU se relaciona con el uso creciente de diferentes tecnologías de vigilancia – tanto de parte de los privados, como por el Estado – y la  vulneración de derechos que se produce, por ejemplo, en la implementación de sistemas de identificación biométricos en Malls de la capital (cámaras de reconocimiento facial) y en las medidas de efienciencia implementadas por JUNAEB (enrolamiento de huellas digitales de menores de edad beneficiarios de alimentación). Hemos puesto en conocimiento de la comunidad internacional que el Estado chileno ha decidido enfrentar la seguridad pública mediante una vigilancia distópica, propia de países autoritarios como China, así como enfrentar sus problemas de eficacia en la entrega de alimentos con sistemas que no tenemos idea ni cómo funcionan, ni qué estándares de seguridad tienen, ni cómo pueden utilizar en el futuro o poner en riesgo los datos biométricos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la población. Así, hemos hecho un llamado a los representantes de distintos Estados a formular recomendaciones para la implementación de procesos de evaluación de impacto que puedan prevenir la desproporción en la afectación de derechos que este tecnosolucionismo genera.

Además hemos solicitado a los representante de Estado que recomienden incorporar el uso responsable de tecnologías por parte de compañías privadas al Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile, y que el Estado de Chile limite su colección de datos personales para la implementación de políticas públicas, siguiendo los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, e incorporando además mecanismos participativos de la comunidad afectada por tales políticas.

Por último, y no menos importante, hemos solicitado a los representantes de Estados que transmitan a través de sus recomendaciones la necesidad de que el Estado chileno se haga cargo en forma integral de la violencia contra las mujeres en su expresión digital, incorporando la temática en sus programas y políticas de prevención, y capacitando a los operadores del sistema judicial (policía, ministerio público y jueces) en el manejo adecuado de los casos para dar una atención oportuna a los reclamos de las víctimas, y proveer a su reparación y reestablecimiento de derechos.

Esperemos que el 22 de enero del 2019, cuando los Estados recomienden a Chile qué medidas adoptar, Chile reconozca la necesidad de hacerse cargo del impacto del uso de las tecnologías en el ejercicio de los derechos humanos en la era digital. La tecnología es ya parte integral de cada aspecto de nuestra vida, y el Estado chileno tiene la obligación de que su uso sea consistente con la garantía y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.

No hay tiempo que perder, la tecnología está aquí y llegó para quedarse; el Estado chileno tiene en sus manos la decisión crítica de alinear su uso con un mayor respeto por los derechos humanos. No podemos esperar 4 años más para hacernos cargo de este desafío. El momento de las decisiones y de un compromiso efectivo con la vigencia de los derechos humanos hacia el futuro es ahora.

Resoluciones por parte de la ONU sobre la violencia en línea hacia las mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y niñas como lo hemos mencionado, anteriormente, es un problema estructural que afecta su pleno desarrollo y su derecho a vivir una vida digna. “Proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar la violencia contra ellas en la vida pública y privada en el «mundo real» sigue siendo un desafío global que ahora se ha extendido al espacio digital”.

Con respecto a esto, la relatora de la ONU sobre violencia de género Dubravka Simonovic, en su reciente informe,  dió una serie de resoluciones sobre violencia en línea contra la mujeres, sus causas y consecuencias desde una perspectiva de derechos humanos. Estas resoluciones fueron construidas con los insumos que aportaron diferentes organizaciones de América Latina en las que identificaron tendencias en los ataques, marcos legales, y documentaciones sobre los casos. 

El informe tiene como objetivo que la población identifique y comprenda que la violencia en línea es una forma de desigualdad y discriminación sistemática hacia las mujeres y a través de un enfoque de derechos humanos se combata este tipo de violencia ejercida a través de las TIC.

En este trabajo se identificó que a las comunicadoras, periodistas y defensoras se les ataca de maneras específicas, en algunas ocasiones son amenazadas a través del uso de TIC y pueden llegar a ser asesinadas por su labor. Todas estas agresiones son  de “naturaleza misógina y a menudo sexualizadas”. 

Asimismo identificaron que “todas las formas de violencia en línea basadas en el género se utilizan para controlar, atacar a las mujeres, para mantener y reforzar las normas, roles y estructuras patriarcales. Generan una relación de poder desigual  que se manifiestan e en diferentes formas y por diferentes medios, como el acceso no consensuado, el uso, la manipulación, la difusión o el intercambio de datos privados, información y/o contenido, fotografías y/o videos, incluidas las imágenes sexualizadas, clips de audio y/o video clips o imágenes de Photoshop”.

De igual forma reconocieron que la violencia en línea fue abordada hace apenas 15 años; sin embargo, señalan que los mismos derechos reconocidos en el mundo offline deben de ser reconocidos en el espacio online. Por lo que los Estados tienen la obligación y el compromiso de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en cualquier ámbito mediante la ratificación y la aplicación de todos los tratados básicos de derechos humanos.  También exhortó a los Estados  a alertar sobre  esta forma de violencia a través de la prevención, la protección de las víctimas, y el enjuiciamiento y castigo de los agresores.

Es esencial que los Estados alienten al sector privado -empresas nacionales y transnacionales- a adoptar medidas necesarias para eliminar cualquier forma de violencia y asumir responsabilidades si contribuyen a su perpetuación. Señalaron que “deben cumplir con las normas de derechos humanos al mantener los datos seguros, y deben ser responsables de la piratería de datos si no se cuenta con salvaguardias suficientes.”

Además de eso reconocieron la importancia del anonimato para la protección de las mujeres y niñas ya que las coloca en  “una zona de privacidad para proteger la libertad de expresión y para facilitar la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, independientemente de las fronteras.”

Amnistía Internacional se sumó a las resoluciones e instó al Consejo de Derechos Humanos a que haga un llamamiento a los Estados para:

1.Reafirmar el principio de que los derechos humanos y los derechos de las mujeres protegidos fuera de línea también deben protegerse en línea.

2. Cumplir con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en su reciente informe sobre la violencia contra la mujer en línea.

3.Reconocer la violencia contra las mujeres en línea y facilitada por las TIC como un abuso de los derechos humanos y una forma de discriminación y violencia de género contra las mujeres, y aplicar debidamente los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos.

4.Asegurar que las reglamentaciones sobre los intermediarios de Internet respeten el marco internacional de derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.

5.Empujar y aplicar una legislación adecuada, que incluya, cuando corresponda, sanciones penales (en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos) en relación con la violencia y los abusos contra la mujer en línea.

6. Priorizar e invertir en el desarrollo de capacidades y capacitación de los cuerpos de seguridad en la legislación pertinente, la igualdad de género, los daños de la violencia y el abuso en línea, y las mejores prácticas para apoyar a aquellos que han experimentado violencia y abuso en línea.

#16Días: Construyendo una internet feminista libre de violencia

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se llevaron acabo los “16 días de activismo contra la violencia de género en línea”. A través de la red de Dominemos la Tecnología (Take Back the Tech), se hizo el llamado internacional para sumar esfuerzos a esta campaña que combina saberes, experiencias, creaciones y propuestas multidisciplinarias para abordar el problema de las manifestaciones de violencia en el ámbito digital.

Personas sobrevivientes de violencia, tecnólogas, facilitadoras en seguridad digital, diseñadoras, artistas, activistas, periodistas y de disciplinas diversas sumaron esfuerzos e inundaron las redes de iniciativas para crear una internet más segura donde podamos expresarnos libremente y podamos construir alianzas que permitan el crecimiento y el desarrollo de todas las personas que cohabitamos (y construimos) internet.

Desde Derechos Digitales compartimos algunos textos escritos por mujeres que forman y han formado parte de nuestro equipo, abordando desde sus áreas de conocimiento temas que pasan por la perspectiva de derechos humanos, las tecnologías de la información y la importancia de las políticas públicas en diversos ejes.

Por otro lado, nos sumamos a la conversación e invitamos al diálogo a través de una dinámica para expresar cómo sería una internet libre de violencia. Ante participaciones excepcionalmente creativas que retan a la interpretación y alimentan la imaginación, les compartimos algunas frases en código emoji:


‍♂️ —-> ✊ ‍♀️

      Acoso.Online, Latinoamérica.


>> ♂️ + ♀️
>> + ⚡️

#InternetFeminista

 —  + —

      Ciberseguras, Latinoamérica.


‍♂️ ‍♀️ ‍♀️ ‍♂️

      Luchadoras, México.


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      Fundación Karisma, Colombia.


➕ ‍ ‍ ‍ ➖ ‍

      SocialTIC, México.


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      Derechos Digitales, Chile.


Y una hermosa reflexión a cargo de Florencia Goldsman:

Una #internetfeminista libre de violencia es un espacio seguro sustentable da tiempo para el tiempo libre ‍♀️y la lectura offline , es a favor del #AbortoLegalYa y nos invita a escuchar Señoras de internet! ‍♀️


Aunque los retos siguen vigentes, la importancia de campañas como esta radica en el valor del tejido que se forma cuando varias iniciativas (individuales y colectivas) unen fuerza para hacer visibles los recursos y las acciones que se están tomando para construir un mejor futuro para las expresiones libres de violencia que pasen por el ámbito digital y trasciendan hasta la erradicación de las manifestaciones que dan pie a estas expresiones fuera de las plataformas digitales.

En América Latina es evidente que la lucha de las mujeres está cobrando más fuerza y que estas voces hacen ecos que impactan hasta las políticas públicas en torno a seguridad, salud, acceso a oportunidades y educación. Desde el ámbito digital, en coaliciones como Ciberseguras, Acoso.Online e Internet es Nuestra nos sumamos a la consolidación de iniciativas regionales que promuevan el acceso a recursos para protección de víctimas y la desarticulación de la violencia: por la construcción de una internet feminista, libre, creativa, segura y accesible.