México ante el #MeToo: interfaces para la acción colectiva

En México, el 23 de marzo las conversaciones en torno al #MeToo reclamaron los espacios digitales para abrir la reflexión sobre las violencias lamentablemente cotidianas que enfrentan las mujeres en un país donde cada día -en promedio- 10 mujeres son asesinadas, los feminicidios han encabezado titulares por años y la violencia de género es una constante en espacios académicos, profesionales, políticos y la vida privada.

A partir de una serie de denuncias públicas hechas en Twitter, un gran número de declaraciones fueron alentando a que otras mujeres compartieran historias de acoso, abuso y otras violencias que habían recibido por parte de sus parejas y colegas en los espacios que compartían: más allá de la intimidad, rompiendo el silencio que mantiene estos actos -y a quienes los perpetúan- en impunidad.

No es la primera vez que en el mundo -o en México– miles de historias se han entrelazado a partir de un llamado hacia una suerte de catarsis colectiva y por la búsqueda de justicia, pero definitivamente es la primera vez que las denuncias de este tipo han mantenido un ritmo constante que ha permitido que las reflexiones vayan más allá de lo digital y permeen espacios en los principales medios de comunicación mexicanos: generando así conversaciones que permiten retomar temas como la falta de mecanismos de denuncia eficaces, la normalización de la violencia de género y la posibilidad de actuar desde la empatía y sororidad; ante tanto dolor que las mujeres mexicanas han mantenido en silencio, aunado a la falta de espacios de diálogo que hoy -gracias al ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales- son posibles.

Sin embargo, existe una conversación paralela que mira con descontento la manera en que esta serie de denuncias se ha ido gestionando (de forma orgánica, acéfala, caótica y con toda la validez del doloroso hartazgo de donde surgen estas manifestaciones) argumentando que el anonimato no es más que una herramienta para permitir difamaciones y denuncias falsas. Cabe acotar que esta “conversación paralela” goza de un sesgo increíble, al borrar de tajo las desigualdades que desdibujan la agencia de un gran porcentaje de mujeres que no cuentan con los medios, recursos o posibilidades para tener acceso a los que llaman “procesos correctos de denuncia” -en un país con tanta impunidad- ¿exactamente a qué se refieren con eso? La justicia, como es sabido en México, es de quien puede pagarla.

Tampoco es la primera vez que la búsqueda por perjudicar la legitimidad del anonimato ha buscado colocarse en medio de las discusiones en torno a movimientos que permiten el goce de la libertad de expresión y tienen la potencia para moler los cimientos de los mecanismos tan arraigados que fomentan violencia, censura, represión y desigualdad.

Para muchas de las mujeres que participan en estas denuncias colectivas -a partir de distintas cuentas que fueron creadas para dirigir las conversaciones a los gremios que han albergado (e incluso protegido) a personas que han ejercido violencia, acoso o abusos- una de las principales ventajas está en poder sumarse a una conversación donde no serán señaladas; como lo hubieran sido de haberse enfrentado físicamente a estas instancias o a quienes las violentaron, evadiendo así el amedrentamiento que muchas otras han enfrentado al hacer denuncias por medio de sus cuentas personales e incluso al retomar sus denuncias “anónimas” para continuar la conversación con más detalles respecto a las mismas.

Hay que apelar a la claridad respecto a que estas denuncias no son realmente anónimas, sino que son las cuentas que las publican las que mantienen el carácter anónimo que responde directamente a la importancia de dejar que la conversación gire en torno a la violencia y no al escarnio público hacia quienes encuentran el valor para reconocerse en situaciones de este tipo; además de lograr romper el silencio para exponer esa realidad que socialmente hemos ignorado y -gracias a esta contundente conversación- ahora nos hace eco en todos lados: más allá de Twitter, en nuestras conversaciones cotidianas, en las estaciones de radio, en los periódicos, en los contenidos que se han vuelto virales y hasta en aquellos ídolos que para muchas personas representaban la libertad que viene al disfrutar melodías de la juventud.

Detrás del anonimato, cuando hablamos de hacer frente a las violencias desde contextos que coartan las libertades y derechos de las personas, siempre hay alguien jugándose la identidad para romper el silencio.

Estos días no sólo hemos leído historias de mujeres que han sido victimizadas: a través de sus testimonios leemos la resiliencia de personas que viven en constante resistencia, en un país cuyas políticas están lejos de brindar los mecanismos necesarios para permitirles vivir seguras y sin miedo a que ellas u otras personas sean agredidas. Leemos testimonios de personas que han encontrado la fuerza y el momento para romper el silencio, a pesar de las consecuencias que esto representa en nuestro contexto.

La valentía tiene un precio que radica en la incertidumbre de las repercusiones, es una apuesta azarosa: por un lado, están las mujeres que reconocen a otras y quienes desde la profunda empatía y sororidad tejen redes de apoyo; por otro lado existe esa violencia patriarcal y machista que busca la menor provocación para reafirmarse desde sus prácticas de amedrentamiento… Es aquí donde el anonimato se vuelve un antídoto contra quienes buscan identificar a las víctimas para silenciarlas, también es aquí donde las plataformas digitales se convierten en puentes/interfaces que permiten conectar y participar en estas conversaciones sin arriesgar la integridad (o la seguridad) de quienes encuentran la fuerza para denunciar en primera persona.

El #MeToo representa un movimiento necesario para continuar con los espacios de diálogo y reflexión que permitan hacer visibles las relaciones de poder a partir de las cuales se perpetúa la violencia, no sólo de género, en nuestro país. Necesitamos escucharnos, reconocernos, sanarnos y hacernos responsables de lo que -como sociedad- hemos pretendido ignorar y hoy pasa la factura desde las plataformas digitales: se acabó la simulación, se acabó el silencio.

A las mujeres que valientemente han participado en este proceso: no están solas.

A quienes incautamente buscan callarlas: nunca serán suficientes.

Protocolos para una internet libre y segura

¿Podemos imaginar una internet feminista? Imaginar es un primer paso, el siguiente podría ser darle forma y estructura, desarrollar los códigos, adecuarlos a los soportes más apropiados y diseñar las interfaces necesarias para que sea comprensible y accesible para un mayor y más diverso número de personas. Y luego hacerle mantenimiento permanente, para que se mantenga activa y segura.

Imaginar es potente y, sin duda, para muchas personas tradicionalmente discriminadas por su condición de género, etnia o clase, internet ha sido una posibilidad y una oportunidad de imaginar una sociedad distinta, más incluyente, justa y libre. Y sobre todo, para imaginarla con otras, sin importar la distancia geográfica o las diferencias sociales y culturales de por medio.

Por suerte, desde hace tiempo también ha habido personas imaginando y construyendo alternativas técnicas para que estos modelos ‘otros’ de sociedad habiten también en internet. Esto es, que la red no sea más un escenario de extensión de las violencias y desigualdades estructurales, sino un espacio de denuncia y transformación. Pero, ¿puede internet transformar la sociedad?

Esta pregunta es parte central del RFC 8280 en la IETF. Desde octubre de 2017, este documento ha servido como guía inicial y general para analizar el impacto que tienen los estándares y protocolos de internet sobre los derechos humanos, aunque todavía hay bastante por explorar sobre la manera como los protocolos impactan a distintos grupos sociales alrededor del mundo. Para hacernos una idea general de lo que estamos hablando, hace un tiempo escribimos sobre qué es IETF y los protocolos de internet, y por qué son importantes para nuestros derechos.

Cuando hablamos de violencia en internet, nos referimos a la extensión de formas tradicionales de violencia y discriminación, que en internet se perpetúan y se renuevan gracias a las posibilidades técnicas que permiten el registro permanente, junto con la difusión masiva e inmediata de contenidos. Y aunque esté en el espacio virtual, esta violencia es real, tiene impactos reales sobre la salud física y emocional de las personas que la enfrentan. Ahora, ¿es posible eliminar la violencia digital, mientras las formas estructurales de violencia se mantienen?

La respuesta es un rotundo no, matizado con los esfuerzos conjuntos que, en los últimos años, ha emprendido el movimiento feminista a nivel mundial, para erradicar las violencias dentro y fuera de línea. Para eliminar las violencias que ocurren en las redes sociales, por ejemplo, es necesario ajustar el diseño mismo de dichas redes, los mecanismos de regulación de contenidos así como los algoritmos y criterios sobre los cuales se procesan nuestros datos.

Junto con Article 19, hace poco comenzamos a desarrollar un documento que, tomando como referencia general los Principios Feministas de Internet, permita analizar y proponer recomendaciones sobre los impactos de los protocolos en grupos tradicionalmente discriminados y marginados. La primera versión del borrador sobre feminismo y protocolos fue presentada ayer durante la sesión del Grupo de Investigación sobre Consideraciones de Derechos Humanos y Protocolos (HRPC-RG) en la IETF104.

Nuestra propuesta es, de una parte, revisar la manera como se ha considerado el género, la diferencia y la diversidad en los documentos (Internet-Drafts y RFCs) que se desarrollan allí, al tiempo que incluimos casos concretos -a partir de cada Principio– para analizar cómo ciertos protocolos pueden tener impactos positivos o negativos sobre grupos sociales discriminados y marginados.

Creemos que es buen momento para plantear estos asuntos -y en estos términos- en una comunidad técnica cuyo objetivo central es “correr códigos que funcionen” para hacer una mejor internet. Sabemos que el camino apenas comienza, que será largo y quizás complicado, y esperamos que más personas se sumen a construir, desde aquí también, una internet feminista.

Por lo pronto, el próximo martes 2 de abril estaremos en el Internet Freedom Festival 2019 conversando más a fondo sobre este proceso, compartiendo ideas y trazando puentes. Esperamos que nos acompañen 😉

Violencia de género, redes sociales y la ley del embudo: ¿quién se queda con el lado más estrecho?

El sonado y muy mediático caso de Nido.org, la página web cuyos usuarios publicaban información e imágenes personales de mujeres y niñas sin su consentimiento, ha traído al debate público el tema del acoso en línea; en particular del acoso de carácter sexual sufrido por las mujeres que hacen vida en los espacios digitales. Según el Primer Informe de Violencia de Género en Internet en Chile, publicado a finales de 2018 por Fundación Datos Protegidos, la Universidad Alberto Hurtado y ONG Amaranta, dos de cada tres mujeres chilenas sufren alguna forma de acoso en línea. En toda Latinoamérica, las cifras de violencia en línea contra las mujeres vienen en crecimiento y con frecuencia las autoridades se quedan cortas a la hora de abordar la ilegalidad de este fenómeno, ya sea por falta de herramientas legales o por directo desconocimiento de los temas tecnológicos o de las cuestiones de género.

Como resultado, la balanza suele pesar más del lado de la víctima. La desafortunada declaración de Isabel Plá -Ministra de la Mujer en Chile- llamando a las mujeres a hacer privadas sus cuentas de redes sociales, lamentablemente refleja la postura de una buena parte de la población. En palabras de la Ministra: “Cuando tenemos redes abiertas, hay que tener conciencia que esa fotografía dejó de pertenecernos, y que puede ser publicada y mal usada”. Esta perspectiva, que concluye en pretender de las mujeres un uso restringido y limitado tanto de las herramientas tecnológicas a su disposición como de sus propios cuerpos, termina convirtiéndose en una inaceptable justificación del abuso.

Por más evidente que resulte la necesidad de educarnos -y educar a otros- respecto a los riesgos y medidas de seguridad en el uso de plataformas de redes sociales, es inadmisible que asignemos estándares a las mujeres y jóvenes que determinen que su uso de estas plataformas deba verse restringido por los “peligros” que puedan encontrar; ante los cuales, además, las usuarias se encuentran desprotegidas por falta de las estructuras legales y administrativas para accionar sus derechos. No solo se hace necesario enfatizar que toda mujer tiene el derecho humano -básico e irrenunciable- al ejercicio pleno de su sexualidad y a la autonomía sobre su cuerpo, así como a su integridad física, psíquica y social; también debemos recordar que el ejercicio progresivo de este derecho se hace extensivo a la adolescencia. La exploración informada y segura de la propia sexualidad es un derecho humano para los adolescentes y esta exploración incluye, sin duda, el derecho a descubrir y documentar el cuerpo y la imagen propios, e incluso compartirlos: dentro de ciertos márgenes establecidos.

La vigilancia o la prohibición del uso de redes sociales a niños y adolescentes no son soluciones a este problema, tampoco lo es la prohibición de tomarse o compartir fotografías de sí mismos; ambas actividades que, en el contexto actual, constituyen experiencias básicas de la vida social. La educación y la comunicación son claves: existen guías como acoso.online, Safer Nudes o el Manual de exting seguro que además de ofrecer herramientas y estrategias para llevar a cabo estas actividades de manera más segura, también informan sobre cómo enfrentar las posibles consecuencias de un ataque.

Si bien puede ser recomendable utilizar herramientas como ObscuraCam (que permite pixelar los rostros de una imagen antes de compartirla) o Wickr (una de tantas herramientas de mensajería que permite enviar una imagen y que ésta se desvanezca después de visualizada) es necesario insistir en que no podemos permitir que la responsabilidad de este problema -de profundo carácter social- recaiga en las víctimas; esto solo contribuiría a perpetuar una cultura de abuso y de violencia de género, misma que se expresa constantemente tanto online como offline.

El único enfoque posible consiste en una combinación entre educación (principalmente con respecto al consentimiento y la violencia sexual), reforma legislativa (para incluir los tipos penales necesarios que permitan abordar este tipo de fenómeno) y presión sobre las plataformas (para que continúen implementando las herramientas necesarias para reportar y dar de baja contenido violatorio de derechos humanos). Ninguna de estas herramientas sería suficiente para enfrentar el problema, pero la combinación de todas ellas podría ofrecer una alternativa por la cual vale la pena apostar.

Chile bajo Examen Periódico Universal de obligaciones de DDHH: El futuro es ahora

El próximo 22 de enero, Chile se someterá al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, uno de los instrumentos más importantes para medir el compromiso efectivo de los Estados con los derechos fundamentales. El proceso consiste en un examen de la situación de derechos humanos en el país y, en ese sentido, es una excelente oportunidad para visibilizar las situaciones de vulneración que puedan existir, al igual que revisar y hacer efectiva la vigencia de los tratados internacionales suscritos por el país, así como proponer soluciones de mejora a través de la posibilidad que tienen los 193 países miembros de la ONU para hacer recomendaciones.

La sesión de revisión tendrá lugar en enero y, como preparación,  entre el 10 y 21 de diciembre se desarrollaron las pre-sesiones del Período 32 del EPU en Naciones Unidas, donde distintas organizaciones de la sociedad civil plantearon a los representantes de los Estados miembros sus recomendaciones. En el caso de Derechos Digitales, estas fueron formuladas en dos reportes alternativos presentados en julio pasado, en colaboración con Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Privacy International y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC).  En la pre-sesión de Chile, Derechos Digitales fue invitada como una de las oradoras de la jornada, lo que representó una oportunidad única para poner en conocimiento de la comunidad internacional la situación crítica de derechos humanos que vive Chile en relación al uso de la tecnología.

Además, durante estas dos semanas Derechos Digitales sostuvo más de 30 reuniones bilaterales, dando a conocer a representantes de diversos países la forma en que los derechos humanos están siendo impactados por la tecnología en Chile, exponiendo a sus habitantes a situaciones de desprotección y vulneración.

Con estupor los representantes de los Estados mienbro nos escucharon describir la operación Huracán y cómo en Chile se restringen ilegítimamente los derechos civiles y políticos del pueblo Mapuche, al intentar interceptar comunicaciones privadas de sus representantes, vulnerando no solo su derecho a la privacidad, sino además ejerciendo nuevas formas de violencia institucional a través del uso de la tecnología, intentando criminalizarlos a través de la implantación de pruebas falsas en sus teléfonos celulares. También compartimos con los representantes de diversos Estados la preocupante acción de agentes de la policía y de servicios de inteligencia que han vigilado y monitoreado a activistas políticos, periodistas y medios de comunicaciones, tanto en espacios físicos como digitales, restringiendo la libertad de expresión y su habilidad de organizarse políticamente.  

En ese sentido, Derechos Digitales ha propuesto que los Estados recomienden a Chile mejorar los estándares legales que rigen a las fuerzas de inteligencia y policía, exigiéndoles mayores niveles de responsabilidad y control en el ejercicio de sus facultades. Del mismo modo, hemos instado para que los países recomienden garantizar el respeto de la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, tanto en espacios físicos y digitales, como lo han repetido insistentemente los órganos y procedimientos especiales de Naciones Unidas.

Otro de los puntos relevantes a la que quisimos llevar la atención de los representantes de los Estados miembros de la ONU se relaciona con el uso creciente de diferentes tecnologías de vigilancia – tanto de parte de los privados, como por el Estado – y la  vulneración de derechos que se produce, por ejemplo, en la implementación de sistemas de identificación biométricos en Malls de la capital (cámaras de reconocimiento facial) y en las medidas de efienciencia implementadas por JUNAEB (enrolamiento de huellas digitales de menores de edad beneficiarios de alimentación). Hemos puesto en conocimiento de la comunidad internacional que el Estado chileno ha decidido enfrentar la seguridad pública mediante una vigilancia distópica, propia de países autoritarios como China, así como enfrentar sus problemas de eficacia en la entrega de alimentos con sistemas que no tenemos idea ni cómo funcionan, ni qué estándares de seguridad tienen, ni cómo pueden utilizar en el futuro o poner en riesgo los datos biométricos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la población. Así, hemos hecho un llamado a los representantes de distintos Estados a formular recomendaciones para la implementación de procesos de evaluación de impacto que puedan prevenir la desproporción en la afectación de derechos que este tecnosolucionismo genera.

Además hemos solicitado a los representante de Estado que recomienden incorporar el uso responsable de tecnologías por parte de compañías privadas al Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile, y que el Estado de Chile limite su colección de datos personales para la implementación de políticas públicas, siguiendo los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, e incorporando además mecanismos participativos de la comunidad afectada por tales políticas.

Por último, y no menos importante, hemos solicitado a los representantes de Estados que transmitan a través de sus recomendaciones la necesidad de que el Estado chileno se haga cargo en forma integral de la violencia contra las mujeres en su expresión digital, incorporando la temática en sus programas y políticas de prevención, y capacitando a los operadores del sistema judicial (policía, ministerio público y jueces) en el manejo adecuado de los casos para dar una atención oportuna a los reclamos de las víctimas, y proveer a su reparación y reestablecimiento de derechos.

Esperemos que el 22 de enero del 2019, cuando los Estados recomienden a Chile qué medidas adoptar, Chile reconozca la necesidad de hacerse cargo del impacto del uso de las tecnologías en el ejercicio de los derechos humanos en la era digital. La tecnología es ya parte integral de cada aspecto de nuestra vida, y el Estado chileno tiene la obligación de que su uso sea consistente con la garantía y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.

No hay tiempo que perder, la tecnología está aquí y llegó para quedarse; el Estado chileno tiene en sus manos la decisión crítica de alinear su uso con un mayor respeto por los derechos humanos. No podemos esperar 4 años más para hacernos cargo de este desafío. El momento de las decisiones y de un compromiso efectivo con la vigencia de los derechos humanos hacia el futuro es ahora.

Resoluciones por parte de la ONU sobre la violencia en línea hacia las mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y niñas como lo hemos mencionado, anteriormente, es un problema estructural que afecta su pleno desarrollo y su derecho a vivir una vida digna. “Proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar la violencia contra ellas en la vida pública y privada en el «mundo real» sigue siendo un desafío global que ahora se ha extendido al espacio digital”.

Con respecto a esto, la relatora de la ONU sobre violencia de género Dubravka Simonovic, en su reciente informe,  dió una serie de resoluciones sobre violencia en línea contra la mujeres, sus causas y consecuencias desde una perspectiva de derechos humanos. Estas resoluciones fueron construidas con los insumos que aportaron diferentes organizaciones de América Latina en las que identificaron tendencias en los ataques, marcos legales, y documentaciones sobre los casos. 

El informe tiene como objetivo que la población identifique y comprenda que la violencia en línea es una forma de desigualdad y discriminación sistemática hacia las mujeres y a través de un enfoque de derechos humanos se combata este tipo de violencia ejercida a través de las TIC.

En este trabajo se identificó que a las comunicadoras, periodistas y defensoras se les ataca de maneras específicas, en algunas ocasiones son amenazadas a través del uso de TIC y pueden llegar a ser asesinadas por su labor. Todas estas agresiones son  de “naturaleza misógina y a menudo sexualizadas”. 

Asimismo identificaron que “todas las formas de violencia en línea basadas en el género se utilizan para controlar, atacar a las mujeres, para mantener y reforzar las normas, roles y estructuras patriarcales. Generan una relación de poder desigual  que se manifiestan e en diferentes formas y por diferentes medios, como el acceso no consensuado, el uso, la manipulación, la difusión o el intercambio de datos privados, información y/o contenido, fotografías y/o videos, incluidas las imágenes sexualizadas, clips de audio y/o video clips o imágenes de Photoshop”.

De igual forma reconocieron que la violencia en línea fue abordada hace apenas 15 años; sin embargo, señalan que los mismos derechos reconocidos en el mundo offline deben de ser reconocidos en el espacio online. Por lo que los Estados tienen la obligación y el compromiso de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en cualquier ámbito mediante la ratificación y la aplicación de todos los tratados básicos de derechos humanos.  También exhortó a los Estados  a alertar sobre  esta forma de violencia a través de la prevención, la protección de las víctimas, y el enjuiciamiento y castigo de los agresores.

Es esencial que los Estados alienten al sector privado -empresas nacionales y transnacionales- a adoptar medidas necesarias para eliminar cualquier forma de violencia y asumir responsabilidades si contribuyen a su perpetuación. Señalaron que “deben cumplir con las normas de derechos humanos al mantener los datos seguros, y deben ser responsables de la piratería de datos si no se cuenta con salvaguardias suficientes.”

Además de eso reconocieron la importancia del anonimato para la protección de las mujeres y niñas ya que las coloca en  “una zona de privacidad para proteger la libertad de expresión y para facilitar la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, independientemente de las fronteras.”

Amnistía Internacional se sumó a las resoluciones e instó al Consejo de Derechos Humanos a que haga un llamamiento a los Estados para:

1.Reafirmar el principio de que los derechos humanos y los derechos de las mujeres protegidos fuera de línea también deben protegerse en línea.

2. Cumplir con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en su reciente informe sobre la violencia contra la mujer en línea.

3.Reconocer la violencia contra las mujeres en línea y facilitada por las TIC como un abuso de los derechos humanos y una forma de discriminación y violencia de género contra las mujeres, y aplicar debidamente los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos.

4.Asegurar que las reglamentaciones sobre los intermediarios de Internet respeten el marco internacional de derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.

5.Empujar y aplicar una legislación adecuada, que incluya, cuando corresponda, sanciones penales (en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos) en relación con la violencia y los abusos contra la mujer en línea.

6. Priorizar e invertir en el desarrollo de capacidades y capacitación de los cuerpos de seguridad en la legislación pertinente, la igualdad de género, los daños de la violencia y el abuso en línea, y las mejores prácticas para apoyar a aquellos que han experimentado violencia y abuso en línea.

#16Días: Construyendo una internet feminista libre de violencia

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se llevaron acabo los “16 días de activismo contra la violencia de género en línea”. A través de la red de Dominemos la Tecnología (Take Back the Tech), se hizo el llamado internacional para sumar esfuerzos a esta campaña que combina saberes, experiencias, creaciones y propuestas multidisciplinarias para abordar el problema de las manifestaciones de violencia en el ámbito digital.

Personas sobrevivientes de violencia, tecnólogas, facilitadoras en seguridad digital, diseñadoras, artistas, activistas, periodistas y de disciplinas diversas sumaron esfuerzos e inundaron las redes de iniciativas para crear una internet más segura donde podamos expresarnos libremente y podamos construir alianzas que permitan el crecimiento y el desarrollo de todas las personas que cohabitamos (y construimos) internet.

Desde Derechos Digitales compartimos algunos textos escritos por mujeres que forman y han formado parte de nuestro equipo, abordando desde sus áreas de conocimiento temas que pasan por la perspectiva de derechos humanos, las tecnologías de la información y la importancia de las políticas públicas en diversos ejes.

Por otro lado, nos sumamos a la conversación e invitamos al diálogo a través de una dinámica para expresar cómo sería una internet libre de violencia. Ante participaciones excepcionalmente creativas que retan a la interpretación y alimentan la imaginación, les compartimos algunas frases en código emoji:


‍♂️ —-> ✊ ‍♀️

      Acoso.Online, Latinoamérica.


>> ♂️ + ♀️
>> + ⚡️

#InternetFeminista

 —  + —

      Ciberseguras, Latinoamérica.


‍♂️ ‍♀️ ‍♀️ ‍♂️

      Luchadoras, México.


️ ️

      Fundación Karisma, Colombia.


➕ ‍ ‍ ‍ ➖ ‍

      SocialTIC, México.


      Derechos Digitales, Chile.


Y una hermosa reflexión a cargo de Florencia Goldsman:

Una #internetfeminista libre de violencia es un espacio seguro sustentable da tiempo para el tiempo libre ‍♀️y la lectura offline , es a favor del #AbortoLegalYa y nos invita a escuchar Señoras de internet! ‍♀️


Aunque los retos siguen vigentes, la importancia de campañas como esta radica en el valor del tejido que se forma cuando varias iniciativas (individuales y colectivas) unen fuerza para hacer visibles los recursos y las acciones que se están tomando para construir un mejor futuro para las expresiones libres de violencia que pasen por el ámbito digital y trasciendan hasta la erradicación de las manifestaciones que dan pie a estas expresiones fuera de las plataformas digitales.

En América Latina es evidente que la lucha de las mujeres está cobrando más fuerza y que estas voces hacen ecos que impactan hasta las políticas públicas en torno a seguridad, salud, acceso a oportunidades y educación. Desde el ámbito digital, en coaliciones como Ciberseguras, Acoso.Online e Internet es Nuestra nos sumamos a la consolidación de iniciativas regionales que promuevan el acceso a recursos para protección de víctimas y la desarticulación de la violencia: por la construcción de una internet feminista, libre, creativa, segura y accesible.

Un sistema que promueve la violencia de género en línea

La violencia en línea se encuentra intrínsecamente ligada a la violencia social. Muchas veces las agresiones digitales son antecedente o subsiguientes a la violencia física, y en América Latina esta situación tiene un matiz particular dado por una situación estructural de discriminación por motivos de etnia, género, clase social, edad o lugar de residencia. La precarización laboral y educativa, la feminización de la pobreza y las culturas sumamente machistas y misóginas contribuyen a aumentar las posibilidades de que las mujeres sufran algún tipo de violencia durante su vida.

Ser mujer es sinónimo de riesgo en cualquier parte del mundo. Según datos de la ONU, el 35 % de las mujeres ha sufrido violencia física en algún momento de su vida: en la salud son vulnerables al ser las más propensas a contraer VIH; en cuanto al pleno desarrollo también porque más de 750 millones de mujeres han sido obligadas a casarse aun siendo niñas; además, la educación está atravesada por 246 millones de niña/os violentada/os en estos espacios, y solo en la Unión Europea, una de cada diez mujeres ha sufrido una acoso en línea.

En América Latina la situación es más compleja: 60 mil mujeres son asesinadas al año en esta región; 14 de los 25 países con mayor índice de feminicidio a nivel mundial, se encuentran en AL; 30 % de las mujeres en la región ha sufrido violencia sexual por parte de un conocido o desconocido y de ellas, solo el 40% ha pedido ayuda después del ataque. Adicional a esto, por motivos de raza, clase, género o etnia, muchas mujeres latinas tienen menores posibilidades de recibir educación o tener acceso a internet.

La violencia en línea contra mujeres y niñas puede presentarse en forma de acoso, hostigamiento, difusión no consentida de contenido íntimo, expresiones discriminatorias, discursos de odio, extorsión, abuso sexual a través de las tecnologías, entre otras formas de agresiones que han sido documentadas por Luchadoras, APC y SocialTIC en México.

Este tipo de agresiones pueden tener como consecuencia una obstaculización a la inclusión digital de las mujeres pues junto a la exclusión estructural, nos pone en situación de desventaja respecto a la garantía de derechos como la libertad de expresión, el pleno desarrollo, la no discriminación, la salud física y mental.

La coerción de estos derechos repercute directamente en la manera como se desarrollan las mujeres en sus entornos. En una región donde las condiciones de vida están atravesadas por roles de género completamente dicotómicos y binarios -donde las mujeres han sido tradicionalmente educadas para la maternidad tradicional y la formación de una familia- y con una libertad limitada en el acceso al uso de TICs y a la red, se genera un sesgo que puede influir de manera tajante en el pleno desarrollo de las mujeres.

La falta de información gubernamental respecto al acceso de las mujeres a la tecnología, la falta de estadísticas sobre la violencia en línea, la poca inclusión de las mujeres a carreras afines a la ciencia y tecnología, la falta de perspectiva de género en la creación de políticas públicas, así como la brecha digital de género son también formas de violencia estructural contra las mujeres.

Todos estos factores son expresión de una sociedad dividida y dicotómica donde, en términos generales, las mujeres están confinadas a los ámbitos privados (el hogar y la familia) mientras que los hombres ocupan los espacios públicos (la escuela y el acceso a la tecnología). La exclusión e invisibilización de las mujeres, la falta de información y la perpetuación de un sistema patriarcal convierte a la violencia relacionada con el uso de las tecnología en un problema sistémico y de esta manera debe ser combatido y eliminado.

Chile en toma feminista

Ahora mismo en Chile hay 23 universidades en toma y 17 en paro, algo común en este momento del año, con la diferencia de que estas iniciativas son feministas y reclaman, urgentemente, mejorar los protocolos para sancionar el acoso y el abuso sexual al interior de las universidades, así como establecer campañas de acompañamiento psicológico para las víctimas. Con esta movilización se ha logrado visibilizar las situaciones de abuso que tradicionalmente han sido normalizadas y ocultadas en los entornos académicos y laborales, pero que en estos días ocupan un lugar central en la discusión pública.

En este proceso, internet ha sido una herramienta útil para amplificar la convocatoria, fortalecer los procesos de organización y difundir información sobre casos y demandas concretas. Sin embargo, al mismo tiempo se ha convertido en un espacio para las amenazas y el amedrentramiento de quienes poco a poco se han ido sumando a este movimiento, cuya fuerza pone en evidencia la deuda enorme que tiene la sociedad con las mujeres: garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencias.

Sabemos que, en términos generales, el hecho de ser mujeres y participar en espacios digitales, implica exponernos a mucha violencia de género. Pero protestar es también nuestro derecho y no podemos permitir que el miedo y la costumbre nos confinen al silencio. Por eso, hemos organizado algunos consejos para hacer frente a las agresiones digitales que buscan debilitar nuestras acciones feministas, para identificarlas a tiempo, responder colectivamente e impedir que sus efectos sobre nuestros cuerpos, nuestras voces y acciones, sean mayores.

En las últimas semanas muchas mujeres han tenido que soportar el acoso y el discurso de odio en redes sociales, a veces enmascarado en explicaciones y ‘críticas constructivas’ sobre por qué las tomas feministas son una medida extrema que violenta al conjunto de la sociedad. Aunque sabemos que a estas alturas es casi inaceptable una expresión tan grande de ignorancia, consideramos que la mejor opción es concentrarnos en nuestro propio cuidado colectivo, procurarnos un poco de humor, exigir a los machitroles más esfuerzo en sus estrategias de crítica y recomendarles una mejor alimentación, al tiempo que generamos alertas que evidencien su agresión.

Sin embargo, hay quienes han ido más allá. Las mujeres que han denunciado a nombre propio el acoso y el abuso en sus entornos cercanos, han debido enfrentar el señalamiento y las amenazas directas, basadas en sus datos personales y su información íntima, el chantaje y la extorsión (por ejemplo, bajo amenaza de publicar información o imágenes íntimas) y el acceso no autorizado a sus cuentas y perfiles de redes.

Este es un asunto más delicado, pues busca producir en las víctimas una sensación de soledad y aislamiento del movimiento, así como angustia por los efectos que dichas amenazas puedan tener sobre su vida social y privada. Por eso, resaltamos cuatro niveles donde estas acciones violentas deben ser neutralizadas socialmente:

1. Las plataformas de redes sociales y las autoridades deben dar una respuesta efectiva para la protección de las víctimas y para detener las acciones que las están poniendo en situación de vulnerabildad. Si la respuesta no es efectiva -y probablemente así sea- debemos tener claro que la falta es de ellos, no de nosotras.

2. Las instituciones como universidades, centros de trabajo, medios de comunicación y figuras públicas deben reconocer los legítimos derechos de las mujeres movilizadas y comprometerse con su protección y acompañamiento. Las amenazas sobre difusión no consentida de imágenes e información personal no debería tener efectos negativos sobre la red de contactos de las víctimas. En la medida que la sociedad deje de culpar a las mujeres que exigen sus derechos, y de juzgar sus comportamientos privados, el efecto de las amenazas y el chantaje asociados a la difusión no consentida de contenidos íntimos, se reducirá hasta desaparecer.

3. Ante el señalamiento social y el evidente machismo estructural que ha obligado a cientos de universitarias en el país a movilizarse para exigir sus derechos, la primera y más necesaria respuesta es el acompañamiento incondicional y libre de juicios, entre nosotras mismas. Ninguna agresión será tan fuerte si contamos con una red de apoyo a nuestro alrededor. Eso lo entiende este movimiento y sin duda, es su más grande potencia.

4. Aunque esperamos que no siga pasando, si tú o alguna de tus compañeras ha sufrido este tipo de agresiones, hay algunas estrategias concretas que puedes tomar. Si los ataques se mantienen y en caso de que quieras iniciar alguna acción, es recomendable llevar una triste bitácora de los ataques y registrar con una captura de pantalla, y en una tabla de excel agregar la fecha, hora, tipo de ataque, link, contenido, el nivel de riesgo y las acciones de seguimiento. Cuando tú o una amiga tuya es víctima de chantaje, manipulación o sextorsión, acoso.online ofrece claves para denunciar y resistir dichos ataques.

Y para proteger nuestro activismo

El programa ‘mujeres en sintonía’ de la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres realizó una serie de consejos para estudiantes en toma. Aquí aportamos una serie de recomendaciones y apoyo en materia de protección y autocuidado digital.

  • Proteger nuestros dispositivos es proteger a nuestras compañeras.

Si eres parte de un grupo movilizado y todavía no has activado la contraseña de inicio en tu celular, este es el momento de hacerlo. Mucho más si ahí tienes los teléfonos de tus compañeras, los grupos de coordinación en WhatsApp u otras apps de mensajería, fotos e información personal que podrían verse vulneradas. Proteger tu información personal es también proteger a tu red de amigas y compañeras. En Ciberseguras compilamos una serie de consejos para la movilización feminista.

  • Distribuir nuestras comunicaciones para que la tecnología nos apoye y no nos ponga en riesgo

¿Necesitamos coordinarlo todo a través de Facebook, aún sabiendo la cantidad de información personal que está expuesta ahí? Hagamos el ejercicio de separar nuestras comunicaciones de acuerdo a los diferentes objetivos, y resolvamos: ¿quiénes sí deberían tener acceso a las redes de coordinación interna?¿A través de qué plataforma nos conviene realizar exclusivamente la convocatoria a acciones? ¿Cuáles serán nuestros canales de difusión y qué datos personales no deberíamos publicar jamás en espacios o grupos de Facebook que son públicos? ¿Es tu número de teléfono personal o tu nombre completo en Facebook una información que podría exponerte a ataques?¿En qué casos es el anonimato una estrategia de lucha que descentraliza y fortalece el movimiento?

Este es el mejor momento para hacer del movimiento feminista una apuesta hacker: revisa tus configuraciones de privacidad y tus redes, comparte tus aprendizajes con tus amigas y no las juzgues por no saber. Acompáñalas. La seguridad digital es un aprendizaje constante; usemos la tecnología para nosotras sin exponer nuestros cuerpos o nuestras luchas. Estamos con ustedes.