Temática: Género

La resiliencia digital del arcoiris

En medio de un mundo convulsionado por la irrupción de la IA, las personas intentan aprovechar los beneficios que estos avances tecnológicos pueden brindar pero, a la vez, buscan lidiar con aquellas consecuencias negativas que ese mismo uso puede traer, y que en ocasiones aún ni podemos identificar. Entre ellos, uno de los problemas que se ha profundizado y mutado es el de la Violencia de Género Facilitada por las Tecnologías (VGFT). Estudios de la ONU, y de personas especialistas en el tema, ya demuestran el impacto diferencial de ciertos procesos tecnológicos sobre determinados sectores sociales, grupos en situación de vulnerabilidad que pagan mucho más caro las amenazas del ámbito digital, entre los que se encuentran las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQA+.

Si bien las tecnologías históricamente han servido como espacio de refugio y red para los colectivos de la diversidad, hoy observamos un estrepitoso auge de los discursos de odio, hipervigilancia, persecución, acoso y violencia digital que sufren a diario estas poblaciones. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan ante este nuevo terreno digital hostil? ¿Qué estrategias construyen las organizaciones latinoamericanas para resguardar al colectivo LGBTIQA+ y aprovechar las tecnologías en su favor?

Resurgimiento de los discursos antiderechos

Antes de poner la lupa sobre el entorno digital, repasemos lo que las renovadas derechas de nuestro continente vienen expresando en relación a los derechos LGBTIQA+. El retorno de Trump a la Casa Blanca vino con una nueva propuesta para la derecha global: la batalla cultural radical contra lo que ellos denominan “agenda woke”. El actual gobierno de EE. UU. cerró todos los programas estatales de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del gobierno federal, destinados principalmente a las minorías, entre otras políticas sustanciales.

Para los nuevos -viejos- paladines de los valores morales y la familia tradicional, la educación sexual en las escuelas es adoctrinamiento, el cupo laboral trans es un privilegio, el lenguaje inclusivo es una aberración para la lengua. Con esa narrativa justifican el cierre de políticas públicas e instituciones enteras y se pasean por conferencias internacionales con discursos cargados de odio contra personas LGBTIQA+.

Así lo vienen expresando los gobiernos de ultraderecha de Argentina y El Salvador. En el marco del último Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei, vinculó lo que catalogó como “versiones extremas de la ideología de género” con el abuso infantil. Desde que inició su gestión, Argentina está experimentando un rápido retroceso para los derechos de las mujeres y personas LGBTIQA+. Por su parte, pocos días después de asumir el poder, Nayib Bukele eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, y en su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de 2024, dijo: “Es importante que la currícula no lleve ideología de género”.

Sin embargo, estos escenarios regresivos no se circunscriben a países con gobiernos autoritarios de derecha. Según el Instituto Raza & Igualdad, el asesinato de personas por su orientación sexual o identidad de género es una realidad en Latinoamérica, al punto que la región se ubica como la más peligrosa en el mundo para personas trans. En ese contexto, Brasil, México y Colombia, gobernados por coaliciones progresistas y de izquierda, son los países con mayor número de casos, según el Trans Murder Monitoring. Por ejemplo, la regional América Latina y Caribe de ILGA determinó en un informe que en Brasil se asesina a una persona LGBTIQA+ cada 34 horas.

Entre las tendencias del informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se señala que, durante el año pasado, “los desafíos particulares que enfrentan las personas y grupos que padecen discriminación histórica y sistemática se intensificaron”. En particular, registran un aumento de discursos de odio, desinformación y cuestionamiento de los derechos de las personas LGBTIQA+ y mujeres, entre otros sectores sociales.

Narrativas digitales de odio

Las personas LGBTIQA+ en América Latina enfrentan diversas problemáticas en el entorno digital, que van desde la violencia en línea hasta la vulneración de datos personales, pasando por otras modalidades que configuran un escenario hostil, en lo que históricamente ha sido un espacio de red y refugio para esta comunidad.

Antes de repasarlas, hablemos de la brecha digital de géneros. Según la lista elaborada por la Internet Society sobre las tarifas de internet móvil, ocho de los diez países con los precios más elevados están en América. Más allá del costo del servicio, nuestra región cuenta con amplios territorios rurales o semiurbanos, donde se carece de energía eléctrica, así como del equipamiento de banda ancha necesarios para lograr cobertura de red. El reporte de ILGA “Acceder a la conexión: cerrando la brecha digital de las comunidades LGBTI en el mundo”, identifica que en América Latina la falta de infraestructura de red afecta especialmente a las personas LGBTIQA+, muchas de las cuales también se ven marginadas por su raza y/o condición de pertenencia a la población indígena.

La violencia digital contra las personas LGBTIQA+ viene en aumento en redes sociales como X, Facebook y YouTube, según la investigación de ILGA. Además, señala que este colectivo es más vulnerable a sufrir daños en línea que sus pares heterosexuales y cisgénero. Pero, ¿qué hacen las plataformas para regular estas agresiones y promover mayor inclusión y seguridad? Hacen poco o nada; e, incluso, en sintonía con la agenda conservadora global, permiten que estos comportamientos violentos se extiendan.

Tras los anuncios de Zuckerberg a inicios de 2025, los usuarios de las plataformas de Meta pueden denominar a personas gays o trans como “enfermos mentales”, sin restricciones. Una investigación brasilera demuestra que las personas usuarias de TikTok que se identifican como no binarias se han visto especialmente afectadas por la aplicación de las normas de las plataformas en América Latina. Las políticas de contenido y los términos de servicio tienen un impacto diferencial en su privacidad, autonomía, libertad de expresión y derechos sociales, económicos y reproductivos. Por otra parte, las principales conclusiones del “Índice de seguridad en las redes sociales” de este año, indican que las recientes revocaciones de las políticas contra el discurso de odio en Meta y YouTube representan graves amenazas para la seguridad de las personas LGBTIQA+; y que las plataformas suprimen desproporcionadamente el contenido de los colectivos de la diversidad mediante la eliminación, la desmonetización y el shadowbanning.

Para completar el diagnóstico, es importante destacar que esta población también sufre de manera desproporcionada la persecución e hipervigilancia digital, también conocida como “vigilancia queer”. Hoy es difícil que la huella digital contemple el anonimato de las y los internautas, lo que expone aún más a las comunidades LGBTIQA+ en relación con su privacidad y datos personales en la interacción digital. Los perfilamientos en redes sociales a partir de la identidad de género, no sólo se utilizan con fines comerciales y publicitarios, sino que también pueden ser una herramienta de los Estados para la vigilancia y criminalización de determinados grupos sociales.

Internet pintada con todos los colores

Si bien las personas y colectivos LGBTIQA+ reconocen estas problemáticas y sus impactos negativos, no están dispuestas a abandonar internet, sino más bien adaptarse a los tiempos que corren y construir la resiliencia digital que el contexto requiere. En la actualidad, tanto organizaciones feministas y de la diversidad, como colectivos por los Derechos Humanos en internet, se articulan y trabajan para crear espacios y herramientas que acompañen a estas comunidades a transitar de manera más justa, inclusiva y segura el ecosistema digital.

Derechos Digitales publicó una investigación que documenta la labor de tres líneas de ayuda en materia de seguridad digital operando en América Latina: el Centro S.O.S Digital de Fundación InternetBolivia.org en Bolivia, Maria d’Ajuda de Marialab en Brasil y Navegando Libres por la Red de Taller Comunicación Mujer en Ecuador. Además, a través de los Fondos que brinda la organización, se fomentan iniciativas que buscan generar resiliencia digital en los colectivos feministas y LGBTIQA+ de nuestra región, como por ejemplo un proyecto desarrollado por LatFem basado en cuidados digitales para ejercer más y mejor periodismo feminista.

Existen también plataformas digitales destinadas a documentar y archivar la historia de las diversidades, como son el Recursero Trans y el Archivo Trans de Argentina, el Colectivo Pedrina de El Salvador, el Archivo de la Memoria Transmasculina de México, y el Archivo de la Memoria Marica del Perú, así como varios proyectos de registro que fomenta el área LGBT+ de Wikimedia en plataformas abiertas. Asimismo, proliferan los medios de comunicación digitales con perspectiva feminista que prestan especial atención a la actualidad y agenda de la diversidad. Entre ellos podemos mencionar a la agencia Presentes, GenderIT.org, Volcánicas, Portal Catarinas, Wambra, Muy Waso y Altavoz LGBT+.

Con el fin de fomentar la seguridad digital de las personas y activistas LGBTIQA+, varios colectivos impulsan guías y recomendaciones: Libres y Segures de TEDIC en Paraguay, Guía de Defensa Contra la Violencia Digital de R3D e Impunidad Cero en México, y Nos Mantenemos Seguros: Guía de Seguridad Digital LGBTQ de GLAAD. Además, en la región se construyen plataformas que permiten realizar estadísticas, cifras y mapeos sobre la violencia digital contra personas de estas comunidades, como Sin Violencia, El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ de ILGA LAC, o el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género de MOVILH Chile.

Una red inclusiva y diversa es posible

Las experiencias e iniciativas dan cuenta de una actividad dinámica y esperanzadora en lo que podríamos llamar la resiliencia digital del arcoiris. Valores históricos de la comunidad LGBTIQA+ como la solidaridad, el autocuidado colectivo, la red y la empatía, se ponen en juego también en la esfera de internet. Si bien podemos observar un giro hacia la privacidad que parece contrario a la disputa de visibilidad del movimiento, lo cierto es que las estrategias de privacidad resultan, en este contexto, una de las pocas herramientas con las que cuentan para evitar el expolio de los datos personales, y la conformación de perfiles de internautas, que implica también riesgos de vigilancia y control por fuerzas de seguridad estatales y grupos extremistas.

Pero está claro que sólo con los esfuerzos de la sociedad civil no alcanza. Se necesitan marcos regulatorios a nivel global, regional y nacional, que protejan a estos grupos en situación de vulnerabilidad y erradiquen la violencia de género digital. Los sesgos de los algoritmos y la IA se alimenta de discriminaciones y estereotipos históricos contra las minorías. Precisamos de enfoques interseccionales para abordar estos peligros, y compromisos concretos de las compañías de tecnologías para que internet vuelva a ser un espacio de fomento de los Derechos Humanos, y no todo lo contrario.

Muchas personas y activistas LGBTIQA+ abandonan las redes, o disminuyen su interacción en línea, por miedo. Es imprescindible el fomento de políticas públicas y reglas claras y transparentes para el funcionamiento de las plataformas, para que todas las personas, sin importar su identidad de género, puedan sentirse seguras en la red. Porque no volveremos al closet nunca más, ni en las calles, ni en internet.

Contribución al informe sobre los defensores de los derechos humanos que trabajan sobre el cambio climático y una transición justa

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En el marco de la convocatoria de la Relatoría Especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, presentamos junto al Instituto Nupef y TEDIC una contribución en la que abordamos cómo el uso de las tecnologías de las TIC puede combatir o agravar los riesgos que enfrentan defensoras del medio ambiente. En el documento, destacamos los temas de acceso significativo a Internet, amenazas a la integridad de la información y seguridad digital, ilustrándolos a partir del caso brasileño de las quebradoras de coco babasú.

Del miedo al autocuidado digital: derechos digitales para niñas en las TIC

¿Alguna vez te has sentido confundida al escuchar cómo las grandes corporaciones usan nuestros datos? ¿O te ha pasado que alguien te diga “no tengo nada que ocultar, así que no me importa lo que sepan de mí”? Proteger nuestra privacidad y seguridad digital no se trata solo de ocultar información, sino más bien de ejercer el derecho a decidir qué compartimos, con quién, cuándo, dónde y para qué, conociendo los riesgos y sin tener miedo a represalias.

Hoy más que nunca, en un mundo cada vez más digitalizado, necesitamos reflexionar sobre nuestro rol como mujeres usuarias, creadoras y defensoras de un entorno virtual más seguro. Repasar nuestras trayectorias de cuando éramos más pequeñas, y ver también cómo viven hoy las infancias su vínculo con las tecnologías. Y qué mejor fecha para reflexionar al respecto que el 24 de abril: Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta efeméride, impulsada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) desde 2011, busca generar espacios que inspiren a niñas y adolescentes a explorar el mundo de la tecnología, no solo como consumidoras, sino como protagonistas de su transformación.

A pesar de estar viviendo en una era hiperconectada, el acceso, la participación y la representación en el ámbito digital siguen denotando profundas desigualdades de género. En el reporte de la UNESCO sobre STEM y género se menciona que solo el 35% de quienes estudian estos temas son mujeres y que menos del 30% de quienes ocupan puestos de investigación en ciencia son mujeres. Además, las mujeres ocupan apenas el 22% de los empleos en inteligencia artificial, uno de los sectores con mayor crecimiento y proyección a futuro. Según el reporte “Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe” de ONU Mujeres, esto responde a múltiples factores, como desde edades tempranas niñas y adolescentes enfrentan estereotipos de género; por ejemplo, 9 de cada 10 niñas entre 6 y 8 años asocian las matemáticas, la programación y/o la ingeniería con habilidades masculinas, lo que afecta directamente su confianza para explorar estas áreas.

Muchas mujeres hemos crecido con la sensación de que la tecnología no está hecha para nosotras y nos sentimos ajenas a un mundo dominado por figuras masculinas, lenguajes técnicos inaccesibles y espacios que rara vez se preocupan por incluir otras voces. Para mujeres, niñas y diversidades, entender cómo proteger nuestros datos, cómo navegar con conciencia y cómo evitar riesgos en línea es una forma de resistencia frente a las violencias digitales, la vigilancia y la exclusión. Estas habilidades pueden parecer pequeñas, pero marcan una gran diferencia en la forma en que habitamos lo digital. Dejar de lado el miedo paralizante y reemplazarlo por curiosidad, información y práctica, es uno de los pasos más potentes hacia una resiliencia digital.

Los riesgos digitales para niñas y mujeres jóvenes incluyen la exposición a contenidos violentos o inapropiados, que pueden afectar su salud mental y emocional; el contacto con personas peligrosas, como depredadores que se hacen pasar por amigos o pares; y la inseguridad digital, que desalienta a muchas niñas a participar activamente en tecnología y limita su desarrollo profesional. Por eso, es esencial enseñar y promover conocimientos de auto cuidado digital, como lo hace la guía de cuidados básicos Security in a Box que nos enseña a usar contraseñas seguras y distintas. Verificar siempre con quién se está hablando, utilizar herramientas de protección. La guía Mozilla Privacy not Included sobre el nivel de privacidad y seguridad de distintos dispositivos y aplicaciones del mercado también es de mucha utilidad. Y por último, y no por eso menos importante, pedir ayuda cuando algo incomoda: eso también es cuidarse.

Nunca más una tecnología sin nosotras

Incluir a niñas y mujeres jóvenes en las TIC más allá de un rol de usuarias no es solo una cuestión de números, sino de transformaciones profundas. El actual modelo de desarrollo tecnológico tiende a reproducir desigualdades, mientras no haya diversidad y perspectiva de género en las personas que diseñan estas tecnologías, corremos el riesgo de que los productos que usamos todos los días (desde apps hasta sistemas de inteligencia artificial) perpetúen sesgos, invisibilicen necesidades específicas y vulneren derechos.

La subrepresentación femenina en estos campos ha sido una de las razones por las cuales muchas no nos hemos animado a entrar en este mundo. Probablemente no conozcamos de mujeres en estos campos hasta que estamos muy dentro. Reconocer historias como las de Ada Lovelace, Reshma Saujani, María Emilia Alcalde, Yordanos Genanaw o Meredith Whittaker es fundamental para derribar el mito de que “las mujeres no son aptas para la tecnología”. Ellas son solo algunas referentas en las tecnologías, pero la lista puede ser mucho más larga. En efecto, recientemente con motivo del 8M Derechos Digitales lanzó una campaña en redes visibilizando a mujeres que han transformado el mundo digital bajo la consigna: ¡La tecnología y el espacio digital no es lo que sería hoy sin nosotras!

Y entonces asoma la pregunta que tanto incomoda, pero que nos interpela directamente: ¿qué podemos hacer todas nosotras desde donde estamos para achicar la brecha de género digital? Podemos fomentar la alfabetización digital con enfoque de género en centros educativos y comunidades. Debemos exigir políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a internet y formación TIC. Acompañar la creación de espacios de mentoría entre mujeres que ya están en el sector y nuevas generaciones. Visibilizar referentas femeninas en tecnología desde la infancia. Y, fundamentalmente, promover leyes y marcos normativos que garanticen la seguridad digital, el derecho a la privacidad y el acceso libre y ético a la información para todas las mujeres y niñas del mundo.

Para poder acompañar ese proceso de fortalecimiento de derechos digitales en niñas y mujeres, existen herramientas útiles de organizaciones sensibles con estos temas para empezar desde temprana edad. Por ejemplo Girls Who Code y Ada’s List, colectivos que ofrecen talleres y ofertas laborales para jóvenes interesadas en informática. También contamos con varios entornos educativos online que enseñan cómo programar mediante una interfaz gráfica intuitiva. Tal es el caso de Scratch, Code.org o Alice, por nombrar algunos. Además, está disponible Raspberry Pi, un dispositivo de bajo costo que permite a las personas usuarias construir y programar su propia computadora. Por último, la reciente investigación de Derechos Digitales, en colaboración con María Lab, Taller Comunicación Mujer e Internet Bolivia, “Líneas de ayuda para atender casos de violencia de género en línea: Monitoreos y tendencias en Bolivia, Brasil y Ecuador” también ofrece herramientas de asistencia y acompañamiento para afrontar situaciones violentas en internet.

La transformación digital que necesitamos no puede darse sin justicia social, sin enfoque de género, ni tampoco sin derechos humanos. Y tampoco debe suceder dejando fuera a nuevas generaciones con el potencial de ser protagonistas del desarrollo tecnológico en nuestra región. Es hora de dejar de ver la tecnología como un fin en sí mismo, y comenzar a pensarla como una herramienta para construir sociedades más justas y equitativas, para todas las edades. Garantizar hoy el derecho de una niña a un uso consciente y seguro de la tecnología es abrirle el camino para liderar el mundo del mañana.

Contribución a la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre Acceso de las mujeres a la justicia en casos de violencia y discriminación: estudio de situación en las Américas y el Caribe

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Contribución conjunta de Derechos Digitales, TEDIC, Hiperderecho y Fundación InternetBolivia a la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre acceso de las mujeres a la justicia en casos de violencia y discriminación, con foco en violencia de género facilitada por las tecnologías

La digitalización del trabajo doméstico: entre oportunidades, informalidad y vacíos regulatorios

El abanico de trabajos que se han digitalizado producto de la expansión de plataformas en América Latina es amplio y diverso. Los servicios de mensajería, los repartos de comida o el transporte privado son algunas de las labores más conocidas intermediadas por “apps”, donde los algoritmos gestionan y determinan las condiciones de las personas trabajadoras, muchas veces en detrimento de sus derechos. En este contexto, poco se dice sobre las labores domésticas, desempeñadas en su mayoría por mujeres, que también han sido insertadas en el modelo de trabajo en plataformas digitales. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la provisión de tareas domésticas y de cuidado a través de sistemas digitales se ha multiplicado en la última década, con particular rapidez en países del Sur Global. Así, ocupaciones como la limpieza, la cocina e incluso el cuidado de personas ahora se llevan a cabo mediante sistemas tecnológicos de intermediación laboral. Bajo promesas de flexibilidad, autonomía y mayores ingresos, las aplicaciones de servicio doméstico permiten que las trabajadoras asistan a varios hogares por pocas horas en el día, lo que plantea desafíos significativos en materia de derechos laborales. Para este próximo 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, destacamos algunas características del trabajo doméstico mediado por plataformas digitales que ponen en riesgo derechos laborales fundamentales. 

Las promesas de contratación formal y registro

El empleo doméstico es una de las ocupaciones con mayores niveles de informalidad en América Latina, afectando principalmente a mujeres que ya enfrentan condiciones estructurales de desigualdad por razones de género, muchas veces agravadas por factores de interseccionalidad como condiciones socioeconómicas y migratorias, entre otras. A pesar de los avances en la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, la implementación efectiva de sus principios aún enfrenta barreras estructurales. Países como Argentina, Colombia y Brasil han adoptado marcos normativos que establecen derechos laborales básicos, como salario mínimo, seguridad social y jornadas reguladas. Sin embargo, en la región persisten brechas significativas en la formalización del sector, con altos porcentajes de trabajadoras domésticas aún en la informalidad, sin acceso a protección social ni mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En este contexto, la digitalización del sector a través de plataformas de servicio doméstico ha surgido como una alternativa para facilitar la contratación formal. Estas aplicaciones pueden actuar como intermediarias entre trabajadoras y empleadores, promoviendo el registro en esquemas de seguridad social y garantizando pagos bancarizados. En algunos casos, han implementado sistemas de registro y seguros laborales que mejoran la seguridad y previsibilidad del empleo. Esta transformación digital tiene el potencial de reducir la informalidad, al tiempo que ofrece mayor visibilidad sobre la situación de estas trabajadoras, permitiendo una mejor fiscalización del cumplimiento de sus derechos laborales. Sin embargo, este potencial no siempre se materializa de forma efectiva.

Aún existen plataformas que operan sin garantizar condiciones laborales adecuadas, trasladando toda la responsabilidad de la formalización a las trabajadoras. En algunos países, han surgido modelos de negocio diferenciados: mientras unas aplicaciones actúan como agencias de empleo, gestionando la contratación directa y asegurando la inscripción en la seguridad social, otras funcionan únicamente como intermediarias, sin asumir responsabilidad laboral sobre las condiciones de trabajo. Este contraste evidencia la necesidad de regulaciones más claras y de mayores incentivos para que las plataformas promuevan condiciones que favorezcan la formalización laboral y el acceso a derechos, en línea con la responsabilidad empresarial en el respeto y garantía de derechos laborales.  Esto es fundamental para asegurar que la digitalización no reproduzca ni agrave las desigualdades históricas que afectan a las trabajadoras del hogar.

El uso de algoritmos en el trabajo doméstico: doble vigilancia y control

Otro de los grandes desafíos de la digitalización del empleo doméstico y su intermediación por plataformas, radica en el uso de algoritmos diseñados para la geolocalización, el monitoreo y la evaluación de las trabajadoras y su desempeño. Aunque las características de estos algoritmos varían según la aplicación, determinan aspectos clave como el lugar, la forma y las condiciones en las que se prestan estos servicios. La opacidad y falta de transparencia en el uso de estos sistemas impactan directamente en la experiencia laboral de las mujeres trabajadoras. Un aspecto particularmente problemático es que estos sistemas algorítmicos suelen estar diseñados para generar confianza en los empleadores, lo que implica la recopilación de datos personales de las trabajadoras. Estos datos están a disposición de los clientes, quienes tienen la posibilidad de elegir entre una u otra empleada sin criterios claros de equidad, lo que refuerza estereotipos y relaciones asimétricas. Además, los datos personales son procesados sin supervisión adecuada y sin un principio de transparencia, lo que puede dar lugar a decisiones automatizadas que profundicen sesgos discriminatorios y afecten sus derechos laborales. Sumado a esto, estudios sobre el tema señalan que la gestión algorítmica en los trabajos del hogar fortalece  prácticas de vigilancia y control históricamente presentes en la relación entre empleadores y empleadas domésticas.

En efecto, las plataformas digitales tienden a reforzar factores culturales preexistentes en la relación entre hogares empleadores y trabajadoras domésticas, y en muchos casos, a amplificarlos. La incorporación de algoritmos en el trabajo doméstico ha profundizado y sofisticado las formas de control sobre las trabajadoras, al combinar  la supervisión directa del cliente con el monitoreo constante de la plataforma. Esta doble vigilancia consolida relaciones laborales jerárquicas ya existentes, ahora mediadas por herramientas tecnológicas que reproducen desigualdades estructurales. Aunque para muchas mujeres las aplicaciones representan una alternativa a la informalidad, su diseño y funcionamiento tiene la capacidad de exponerlas a nuevas formas de precarización y dependencia. 

Sin duda, el modelo de trabajo de plataformas digitales continúa expandiéndose a campos antes impensados, poniendo en riesgo derechos laborales fundamentales y agravando desigualdades históricas. Esta tendencia nos invita a prestar mayor atención a la mediación tecnológica de trabajos en el ámbito “de lo privado”, como las labores domésticas y de cuidado, que presentan nuevos horizontes de análisis e incidencia para la protección de los derechos laborales en entornos digitales. Así, este 30 de marzo no solo marcamos una fecha, sino que hacemos un llamado a avanzar decididamente hacia una transformación donde la dignidad y la justicia definan el futuro del trabajo.

Hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios

Nos acercamos al 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando conmemoramos la lucha por nuestros derechos desde diversos frentes. Nuestro activismo se ha construido de la mano de las madres buscadoras de personas desaparecidas, de las mujeres trans que pelean por sus derechos, de la lucha de las mujeres indígenas por sus territorios, de la defensa de las mujeres negras por el reconocimiento de sus derechos, de los esfuerzos de organizaciones feministas para promover el aborto legal, entre muchas otras. A lo largo de la historia, estos procesos han logrado ganar garantías para los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en países donde los discursos y las acciones de los gobiernos van en contra de cualquier avance en materia de igualdad de derechos.

Contextos políticos amenazantes, activismos vivos

La justicia en los países latinoamericanos está lejos de ser dignificadora para las mujeres, pues el camino para acceder a ella es más que complejo y la mayoría de las veces nunca llega. Esta histórica falta de justicia se refleja también en el entorno digital, donde la tecnología facilita otras formas de violencia de género. A fines del 2024, México nos recordó la incapacidad de un sistema para comprender de forma integral la violencia de género facilitada por las tecnologías (TFGBV, por sus siglas en inglés), al absolver al estudiante que realizó deepfakes de sus compañeras con inteligencia artificial, caso que comentamos previamente. Esto sucedió incluso teniendo un marco jurídico como la Ley Olimpia, que poco importó cuando el tribunal tomó la decisión.

Situaciones como esta evidencian la fragilidad de los marcos jurídicos en países donde existen normativas específicas, además de generar desesperanza en otros países donde no se cuenta con legislaciones para atender la TFGBV. El panorama se agrava allí donde los gobiernos se han tornado más agresivos ante las narrativas de igualdad y perspectiva de género. Sin embargo, cuando los entornos políticos se han vuelto tan amenazantes, violentos y opacos, la respuesta social ha sido el activismo, la protesta y la generación de información. Existen varios ejemplos de ello en América Latina, pero decidimos abordar tres casos principales en donde los conflictos internos en los países han tenido impactos graves en el ejercicio de los derechos de las mujeres: Venezuela, El Salvador y Nicaragua.

Ciudadanas, periodistas, activistas, personas de la comunidad LGBTIQA+, entre muchas otras mujeres, son afectadas por las acciones de quienes deberían trabajar por garantizar su bienestar: sus  propios gobiernos. La persecución y la criminalización del disenso se han convertido en herramientas de opresión estatal, con un impacto diferenciado en mujeres atravesadas por distintas interseccionalidades.

En el marco de las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, la ciudadanía vivió graves represiones por parte del Estado, que encarceló a aproximadamente 2000 personas por protestar, algunas de ellas por criticar al gobierno a través de redes sociales, por difundir fotografías sobre las manifestaciones en plataformas digitales o por compartir información a través de servicios de mensajería. La activista venezolana Martha Tineo reconoció que si bien la persecución política no está direccionada en contra de las mujeres, sí existen efectos diferenciados para ellas. Las mujeres encarceladas viven en hacinamiento y en centros de detención no adecuados a sus necesidades, incluso sin recursos básicos como el agua, lo que ha conllevado a una situación precaria de salud e higiene menstrual. Asimismo, la defensora de derechos humanos declaró que hay efectos psicológicos en las mujeres por la separación de sus hijos e hijas, y que de igual manera reciben amenazas de persecución a otros integrantes de sus familias.

Mientras tanto, en El Salvador las mujeres han tenido protagonismo en la defensa de derechos, lo que las ha puesto en riesgo de persecución, acoso y estigmatización. Encontramos así que se han sumado cada vez más mujeres activistas que buscan hacer justicia por sus familiares detenidos de forma arbitraria en el régimen de excepción, que además de asumir riesgos para ellas, implica una carga de trabajo adicional a las ya establecidas socialmente por los roles de género. Recordemos que entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, organizaciones locales contabilizaron 5775 víctimas de violaciones de derechos humanos (mayormente detenciones arbitrarias), de las cuales 908 eran mujeres, entre ellas 21 mujeres trans, 19 lesbianas y 43 bisexuales. Con ello, las cárceles también se vuelven un entorno con condiciones sanitarias muy precarias, especialmente para las mujeres detenidas en estado de gestación, quienes no cuentan con atención ginecológica durante esta etapa y tampoco en el postparto, viéndose también gravemente afectadas las infancias.

Por otro lado, en el país centroamericano se registran en promedio 40 insultos diarios en contra de periodistas solo a través de la plataforma X. Aquellos ataques dirigidos a mujeres tienen la particularidad de contar con una carga de violencia sexual y lesbofóbica, reforzando patrones de discriminación y exclusión. Sumado a la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador, esta realidad ha llevado a las mujeres periodistas, defensoras, e incluso a servidoras públicas (con una postura crítica del gobierno actual) al exilio y la autocensura.

Por su parte, organizaciones locales han constatado que en Nicaragua la violencia digital contra las mujeres defensoras de derechos humanos ha escalado de manera alarmante desde el 2018, año en que se desataron importantes protestas públicas en el país. El uso de la tecnología como herramienta de represión ha facilitado nuevas formas de violencia, exacerbando los riesgos para quienes denuncian violaciones de derechos humanos. Las defensoras que enfrentan estos ataques reciben constantes amenazas, insultos, y sus agresores difunden información falsa sobre ellas para descalificarlas. De acuerdo con las mujeres entrevistadas en un estudio de FUNIDES, el 32.5% de las agresiones han trascendido al espacio físico, poniendo en evidencia el vínculo directo entre la violencia digital y el hostigamiento fuera de los espacios virtuales.

Las prioridades son claras, pero deciden ignorarlas

Finalizar con la violencia en nuestros países desde una perspectiva de género es una prioridad clara que los gobiernos siguen optando por ignorar. En Nicaragua, Venezuela y El Salvador, la persecución contra defensoras de derechos humanos y periodistas, el uso del hostigamiento judicial, las detenciones arbitrarias y la militarización del espacio público han reforzado un modelo de represión que restringe aún más los derechos de quienes cuestionan el poder. En estos marcos, la violencia de género se recrudece con cada nueva política pública, con cada acción gubernamental o con cada momento electoral, convirtiéndose en una expresión de control.

Las mujeres, desde diversas trincheras, han alzado la voz para nombrar las graves consecuencias que tienen las violaciones a los derechos humanos en estos regímenes no solo a nivel individual, sino también colectivo. Si bien estas vulneraciones afectan a la toda la población, sus efectos son diferenciados cuando se analizan con un enfoque de género, reconociendo desigualdades y estructuras de opresión. A pesar de la larga historia de violencia de género que se vive en estos países, como en toda la región, las mujeres siguen resistiendo y luchando por los derechos de todas.

En este 8M algunas saldremos a las calles a marchar, tomando el espacio público para canalizar nuestras demandas, o tal vez algunas de nosotras nos manifestaremos en la individualidad de nuestros espacios. Sea en lo público o lo privado, sea cual sea la forma de nuestra protesta, lo hacemos por todas las mujeres y niñas, por las diversidades de género, por la igualdad y por la garantía efectiva de nuestros derechos. Nuestro esfuerzo es colectivo y continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre para todas las mujeres y en todos los territorios.