Temática: Acceso al conocimiento

Día a día utilizamos y convivimos con tecnologías que no comprendemos. Sabemos operarlas y obtener ciertos resultados, pero desconocemos el modo en que estos resultados se logran. Entre más invisibles sean las técnicas utilizadas y el conocimiento aplicado, mejor: apenas presiono el interruptor la habitación completa se ilumina; cuando giro la llave, cae el agua. Y aunque para algunos esta idea parezca herética o paradójica, supongo que es normal dado el grado de especificidad que ha alcanzado hoy el conocimiento. Simplemente no se puede saber todo. No es necesario.

Esto no significa que nuestra ignorancia respecto al modo como la tecnología opera esté exenta de problemas. En la medida que la tecnología se complejiza y se vulgariza, empieza a tener connotaciones mágicas y pareciera ser que no hay problema que no se pueda resolver mediante un algoritmo, lo que sea que eso signifique. Y cuando esta idea respecto a la tecnología es promovida por tomadores de decisiones -ya sea por honesta ignorancia o de forma maliciosa- las consecuencias pueden ser gravísimas.

Esto es lo que está pasando hoy en Europa, a propósito de la discusión del polémico artículo 13 de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital. Básicamente, el artículo busca que los intermediarios de internet implementen medidas tecnológicas capaces de detectar contenido infractor de derecho de autor antes de que este sea publicado en línea, impidiendo así cualquier daño a los titulares.  Estas medidas deben ser adecuadas, proporcionadas, y los intermediarios deben implementar un sistema de apelación al que los afectados puedan recurrir en caso de que su contenido hubiese sido incorrectamente bloqueado.

A primeras no se ve mal. Sin embargo, en la práctica esto significa implementar filtros que analicen todo el contenido de todos los usuarios de internet en Europa, y lo compare con una base de datos de contenidos protegidos, proporcionada por los representantes de los titulares de derecho de autor. Y visto así, se trata de una idea terrible.

Las razones son múltiples, desde el hecho de que contraviene el régimen imperante en donde los intermediarios no son responsables de los actos realizados por sus usuarios en internet, hasta la carga que implica el desarrollo e implementación de dichos filtros, particularmente para intermediarios pequeños y medianos. Pero el principal argumento en contra del artículo 13 es que, si ponemos a un algoritmo a cargo de decidir qué constituye infracción de derecho de autor, las máquinas la van a cagar. Y la van a cagar feo.

Como hemos mencionado innumerables veces en el pasado, el derecho de autor se trata, esencialmente, del justo balance entre los derechos de explotación económica que posee el titular de una obra, y los derechos de todo el resto de la comunidad para acceder al conocimiento y la cultura, expresarse y ser parte de la vida cultural de una región.

Se entiende así que existe un valor mayor, en torno a la proliferación de un ecosistema creativo, que se está nutriendo constantemente de los aportes y desarrollos realizados por los distintos miembros de la comunidad. En ese sentido, el derecho de autor constituye un incentivo a la producción de obras, pero no puede significar un impedimento o un freno para el desarrollo del conjunto, del bien común. Es por eso, por ejemplo, que las legislaciones de derecho de autor siempre reconocen la posibilidad de realizar algunos usos de ciertas obras sin necesidad de pedir autorización.

El problema es que si ponemos a una máquina a decidir qué constituye una excepción y cómo se diferencia de una infracción al derecho de autor, es muy probable que, en un número importante de casos, la máquina no sea capaz de responder fehacientemente. Es por ello que una de las principales banderas de lucha en contra del artículo 13 es que impedirá la proliferación de memes, pieza fundamental del actual internet. Normalmente el meme es creado como un uso transformativo de una obra previa, ya sea a modo de cita o parodia, que resignifica a la obra, dotándola de un nuevo significado, un sentido diferente, un valor de uso distinto, en el contexto de una comunicación carente de una explotación comercial directa. Todo esto, que es evidente cuando se analiza un meme, puede no serlo para una máquina, sobre todo en aquellos casos en que la lógica del meme requiere que la intervención de la imagen no sea extensiva. Las probabilidades de marcar usos justos, excepcionales o inocuos como infracción son altísimas, y lo que se arriesga es precisamente afectar la fertilidad creativa del ecosistema digital, el derecho a la libertad de expresión y a la participación en la vida cultural.

Más todavía, cuando la comparación debe ser hecha a partir de una lista de obras provista por los representantes de los titulares de derecho, las posibilidades de abusar el sistema son amplias. Basta que solamente una obra sea -genuina o maliciosamente- incluida por error en un listado de obras protegidas. Cosa que ya ha pasado en otras partes del mundo.

¿Pero el sistema estipula que deben existir criterios de proporcionalidad y mecanismos de protesta para reclamar decisiones incorrectas? Es cierto, pero, no se detalla cuáles deben ser esos criterios; y respecto a la posibilidad de apelar a una decisión, es muy probable que los reclamos sean relegados a un limbo del cual salir puede ser difícil, incluso perdiendo la ventana de relevancia que puede tener la publicación de algún contenido, por ejemplo en un contexto de protesta.

Todas estas aprehensiones vienen de casos de la vida real. Los abusos al filtro de derecho de autor de Google han sido ampliamente documentados;  en América Latina, sabemos de al menos un caso en el cual el desbalanceado procedimiento de la plataforma de video fue utilizado para remover contenido con el fin de censurar contenido desfavorable al ex-presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y, más recientemente, una publicación de la eurodiputada Julia Reda donde explicaba el peligro que encierra el artículo 13 fue (y sigue) sospechosamente bloqueado, a pesar de la reclamación de contenido legítimo. Lo ridícula de esta última situación debería ser suficiente para poner freno a una idea nefasta.

Pero luego la pregunta perdura: ¿se propone esta solución pues no se entiende cómo funciona la tecnología y se tiene la esperanza de que de verdad estos problemas puedan ser solucionados (lo que probablemente no va a ocurrir) o se confía en que el resto de la gente desconoce cómo funciona la tecnología para poder implementar un sistema que -se sabe- puede ser abusado en favor de quienes proponen una concepción maximalista del derecho de autor?

Como sea, lo cierto es que la sociedad civil se está movilizando. El próximo domingo 26 de agosto, distintas organizaciones basadas en Europa están llamando a una serie de manifestaciones públicas en todo el continente en contra del artículo 13 y la #CensorshipMachine. Les deseamos éxito y seguiremos pendientes de los siguientes pasos.

Quizás lo entendimos todo mal. Durante años, activistas de todas partes del mundo hemos tratado de inyectar sensatez a la discusión sobre derecho de autor, abogando por reformas legales que aseguren el adecuado balance entre los legítimos derechos de los autores, con el legítimo derecho de todos y todas a acceder, disfrutar y participar activamente de la vida cultural y científica de nuestros países, incluyendo a quienes, gracias a la tecnología, han descubierto y explorado nuevas formas de crear, poniendo en entredicho las nociones clásicas de autoría heredadas de la Ilustración y cuyas obras viven en la incertidumbre legal, cuando no son derechamente ilícitas.

No nos ha ido muy bien. Los plazos de protección siguen extendiéndose, la criminalización aumenta y la mayoría de estas decisiones se toma en el marco de tratados de libre comercio que hacen virtualmente imposible enmendar el rumbo. Y el argumento es siempre el mismo: los creadores tienen derecho a vivir de su obra (o al menos a intentarlo). El derecho de autor recompensa y promueve la creación. Sin derecho de autor el arte y la ciencia se extinguen. ¿Quién va a invertir en conocimiento y cultura si no hay forma de recuperar esa inversión? – “Sí, pero…”- y más o menos hasta ahí queda la conversación. Después se nos acusa de querer quitarle el sustento a tantos sacrificados creadores, gente respetable, gente necesaria.

Pero quizás esta discusión no es sobre artistas, ni justas compensaciones, ni acceso, ni leyes equilibradas, sino sobre poder.

En 1991, el rapero Biz Markie, su equipo de productores y su sello, Warner Bros. perdieron una demanda de derechos de autor interpuesta por Grand Upright por el uso de un sample de la canción “Alone Again (Naturally)” de Gilbert O’Sulivan. El caso es famoso porque sentó como precedente en Estados Unidos la necesidad de autorizar (y compensar económicamente) el uso de cualquier sample en otra canción, una práctica que hasta ese entonces se encontraba en un área legal gris. Pero la trastienda del caso es todavía más interesante: en un comienzo, Biz Markie intentó licenciar el sample. Tras descubrir la naturaleza cómica de la obra del rapero, O’Sulivan se negó a autorizar su uso. Biz Markie publicó la canción de todos modos.

Lo que buscaba O’Sulivan no era la justa compensación por el uso de su creación, sino controlar el modo en que su trabajo era referenciado en otro. No era una disputa económica, era una disputa de poder: qué es lo que se puede crear, quién puede crearlo y quién decide.

Claramente este es un ejemplo puntual, pero las preguntas que plantea puede ser ilustrativo de un contexto mayor. Y probablemente el área donde esta discusión tiene un mayor impacto para los países del sur global es la producción de conocimiento científico.

No cabe duda, la producción de conocimiento es clave en la vía al desarrollo económico y social de nuestras naciones. Pero es una ruta cuesta arriba para naciones pobres, incapaces de gastar lo que las naciones ya desarrolladas invierten en investigación científica. Se genera así un círculo vicioso: para salir de la pobreza debes invertir, pero para poder invertir debes salir primero de la pobreza.

Una de las áreas donde todos estos factores –conocimiento científico, propiedad intelectual, poder- confluyen de forma más clara es el acceso a los artículos de investigación científica, los hombros de los gigantes de los que hablaba Newton, y que son la base para cualquier futuro trabajo de investigación.

Cómo se ha mencionado en muchas ocasiones, el actual sistema de publicación de artículos científicos es una industria altamente lucrativa para un grupo de prestigiosas editoriales y un problema para todos los demás: los investigadores envían sus artículos gratis, un grupo de pares voluntarios revisan los méritos del trabajo y, si es bueno, es incluido en una publicación de suscripción millonaria. Y los miembros de aquellas instituciones que no pueden costear estas suscripciones quedan en muchos sentidos marginados de participar, nutrirse y generar ciencia de alto nivel. ¿Quiénes van a poder generar investigación de alto impacto? Aquellos que puedan costearlo. Y esa premisa puede condenar eternamente a los países al subdesarrollo.

Es por eso que una iniciativa como Sci-Hub, repositorio que da acceso ilegal a 62.000.000 artículos académicos, es tan interesante. Su creadora, Alexandra Elbakyan, ha sido condenada en dos ocasiones a pagar 15 millones de dólares en compensación a Elsevier y 4,8 millones a la American Chemical Society; el sitio ha visto su dominio cancelado varias veces en los últimos meses. Ella simplemente ha elegido esconderse y hacer caso omiso a las demandas. “Cuando yo era estudiante en la universidad de Kazajistán, no tuve acceso a ningún documento de investigación, documentos que necesitaba para mi proyecto. Es de locos pagar 32 dólares [por estudio] cuando tienes que ojear o leer cientos de documentos para hacer una investigación” declaraba en una carta a uno de los jueces.

No hay mucha duda de que bajo el actual sistema, las acciones de Sci-Hub atentan contra el derecho de autor de las editoriales. Pero la pregunta no es esa, sino ¿qué otra opción existe? A cinco años de la trágica muerte de Aaron Swartz nos seguimos haciendo la misma pregunta.

Pero no todo está perdido: Hasta ahora Sci-Hub ha logrado evadir la persecución, el biólogo colombiano Diego Gómez ha sido declarado inocente por haber compartido una tesis en internet (en otro gran ejemplo del derecho de autor como una forma de ejercer poder y determinar quién puede o no investigar), y ante la posibilidad de una nueva extensión del plazo de protección de propiedad intelectual en Estados Unidos, muchos informantes internos explican que la reacción pública haría inviable una acción en esa dirección.

Algo es algo. Por ahora.