Latin America in a glimpse Amazonía ECUADOR

Beneficios y efectos del uso de internet
para comunidades indígenas de la
provincia de Pastaza en Ecuador

Latin America in a glimpse Amazonía

ACCESO A INTERNET EN LA REGIÓN AMAZÓNICA
Tendencias en los casos de estudio desde
Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador

Sobre internet y mentiras

“Contra las noticias falsas…urge ley de medios” decía un cartel firmado por la Brigada Chacón y pegado en un muro de la capital a mediados de junio, algunos días antes de revelarse la creación de la «Comisión Asesora contra la Desinformación” por el gobierno de Chile en el Diario Oficial.

La idea de una ley de medios como la solución que se haga cargo de las “noticias falsas” ha circulado mucho en Chile durante el último tiempo. Su historia reciente se remonta a la fallida precandidatura presidencial de Daniel Jadue. La propuesta del precandidato tenía un carácter marcadamente sancionador y parecía dirigida principalmente a establecer algún tipo de control respecto del contenido publicado por los grandes medios de comunicación.

A pesar de la derrota de Jadue, la idea no desapareció del todo, aunque ha mutado considerablemente y se ha seguido manifestando de distintas formas, ya sea invocada por el Gobierno o por actores independientes. Sin duda tuvo una influencia en el convenio firmado entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Universidad de Chile, la Universidad de La Frontera y la Universidad de La Serena, que derivó en el reporte “Más amplitud, más voces, más democracia”, publicado en enero de este año. Aunque la desinformación aparece mencionada tangencialmente en el reporte, podríamos considerar ese hito como un antecedente directo de la más reciente Comisión.

Derechos Digitales fue invitada a participar de la mesa de trabajo para la elaboración del reporte mencionado anteriormente. Además, J. Carlos Lara, uno de sus directores ejecutivos, es parte de la Comisión Asesora contra la Desinformación a título personal. Nuestra vocación de fomento y protección de los derechos humanos nos insta a poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio de la formulación de mejores políticas públicas, cuestión que ha sido una constante durante los últimos 18 años. Así, frente a la polémica que se ha desatado por la creación de la Comisión, lo cierto es que a priori su existencia no es ni buena ni mala, y esa valoración solo podrá hacerse posteriormente, a la luz del proceso y sus resultados. Sin embargo, parece necesario hacer explícitos algunos puntos que muchas veces son obviados en la discusión sobre desinformación y cómo atacarla.

Acceso y control

Usualmente, cuando se habla de desinformación este problema es asociado a internet que, en el último tiempo, se habría convertido en el hábitat natural de las mentiras, las medias verdades, las interpretaciones mañosas y las comunidades dedicadas a esparcirlas. De hecho, el decreto que crea la “Comisión Asesora Contra la Desinformación” plantea explícitamente que una de las temáticas que deberá tratar es el de la “Desinformación en plataformas digitales”.

En muchas ocasiones, la idea de “desinformación en internet” se presenta en oposición a aquella información que se produce y circula a través de los medios de comunicación tradicionales. Es como si en el primer caso la información se generara de manera salvaje, circulara sin ningún tipo de control y se consumiera de forma completamente acrítica mientras que, en el segundo, la información sería el resultado del minucioso trabajo de periodistas dedicados a recolectar y relatar hechos objetivamente ciertos en los grandes medios de comunicación. Ni la imagen de la jungla digital ni la del rigor científico son ciertas. Es más, quizás los casos de desinformación más graves en la historia reciente de Chile son aquellos ligados al encubrimiento de crímenes de Estado durante la dictadura cívico-militar 1973-1990, por medio de portadas y titulares infames en los principales periódicos del país.

Sin embargo, debemos aceptar que la principal razón por la que la desinformación se ha convertido en un tópico de discusión política es por la existencia de internet. Hablamos cotidianamente de desinformación porque tenemos a nuestra disposición una tecnología que permite chequear de manera rápida, fácil y barata cualquier declaración o duda formulada por cualquier persona, en cualquier momento, independiente de su importancia. Esa lógica puede aplicarse a casi cualquier materia: un discurso presidencial, una noticia en medio de comunicación, una publicación en Instagram.

No solía ser el caso. Antes de internet, cuando el acceso a las fuentes de información era muchísimo más restringido, la mayoría de la gente obtenía sus datos de la misma manera que hoy: consultaba con aquellas personas en las que confiaba. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, líderes sindicales, espirituales y políticos, algún desconocido encontrado al azar en el bar o el transporte público; lo que la gente escuchaba en televisión y en la radio; quizás algún profesor, pero esto no significa que esa información fuera veraz.

Sin embargo, lo que ofrece internet —y particularmente las redes sociales— es un archivo de intercambios de enormes cantidades de información, de alcance sin comparación, que es posible chequear y que muchas veces genera horror. De alguna forma, lo que asusta al mirar internet lo que asusta al mirar internet es la constatación de que existen tantas ‘verdades’ como grupos sociales hay: de paje a rey, de terraplanistas hasta académicos

A eso hay que sumar la ansiedad que genera la idea de “falta de control” asociada a la democratización del acceso a los medios de producción de información. Se publican barbaridades de todo tipo en internet, pero también es el espacio en que se encuentran y se expresan con mayor libertad comunidades que históricamente habían sido marginadas de la discusión pública. Cabe recordar que la documentación de las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en todo el mundo hoy circula primero por internet antes que en los medios de comunicación tradicionales, como ocurrió también en Chile desde octubre de 2019. Por último, ahí está la Wikipedia, una enciclopedia construida de forma colaborativa y voluntaria, con índices de exactitud y actualidad mayores que los de otras enciclopedias reconocidas.

También es cierto que internet ha permitido que quienes gravitan en torno a ideas extremistas circulen y se encuentren más fácilmente, pero este no es un rasgo propio de la desinformación como fenómeno, sino que es una de las características fundamentales del medio: internet fue concebida para permitir que todas las ideas y todas las personas conecten con facilidad. ¿Es posible tener lo uno sin lo otro? Es una cuestión que ha demostrado ser extremadamente difícil de implementar, pero no existen pruebas concretas de que el daño producido por lo primero sea más importante que el beneficio.

Internet nos ha dado más acceso a la verdad que nunca en la historia de la humanidad. De este modo, la solución pasa por generar condiciones que incentiven el interés y la voluntad en lo veraz.

¿De quién es la culpa?

En agosto de 2019, Mónica González recibió el Premio Nacional de Periodismo en Chile. Nada sorprendente, se trata de una periodista chilena de vasta trayectoria que ha estado al frente de medios importantes y que es una justa merecedora del galardón. Lo extraño fue parte de su discurso de aceptación del premio: “Lo que estamos enfrentando es la mayor amenaza a la democracia (…) enfrentamos una industria de noticias falsas, enfrentamos una amenaza a la democracia que amenaza nuestro sistema de vida, y en la que como nunca antes el periodismo está llamado a jugar un rol importantísimo, porque lo que está en juego no es la libertad de expresión, hay que actualizarse; lo que está en juego es el acceso a la buena y oportuna información. Necesitamos un observatorio estatal que nos alerte y que defienda a los ciudadanos contra la industria de noticias falsas”.

El discurso de González es ilustrativo de una forma en la que se ha dado la discusión sobre desinformación que invierte la lógica convencional: en vez de preguntarnos en qué están fallando las instituciones llamadas a garantizar el acceso a información veraz, ponemos la carga de responsabilidad en una supuesta categoría de mentiras ontológicamente más eficientes que las verdades, sin preguntarnos el porqué. Siguiendo esta premisa, no es que “nosotros” hayamos fallado, es que las mentiras son muy poderosas. Así, lo que se necesitaría no es revisar, mejorar y fortalecer las instituciones, sino perseguir y castigar las mentiras.

Dicha posición impide hacer una introspección y detectar fallas y posibilidades de mejora, despojándose de cualquier responsabilidad mediante la invención de un rival más allá de las propias capacidades.

Política y ciencia

Usualmente, se señala que entre los aspectos sociales más impactados por la desinformación incluyen la salud pública y la democracia, aunque probablemente ese listado está fuertemente determinado por eventos que han concitado más atención durante la última década: la pandemia por COVID-19 y el sorpresivo resultado de una serie de elecciones y referendos alrededor del mundo en favor de la extrema derecha, en lugares como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. A ellos se suman algunos eventos locales de desastres naturales, como el terremoto en México en septiembre de 2017. Estos dos casos son ejemplos de cómo podemos medir el real impacto de la mentira en la sociedad.

Lo curioso de esa lista es que la salud pública —ligado al saber científico— y la democracia —en su acepción más acotada, relativa a la celebración de procesos electorales— son dos ámbitos que tienen muy poco en común.

En el ámbito de la salud, el conocimiento nace de consensos precedidos de la aplicación del método científico, que equivalen a lo que comúnmente se denominaría “verdad”, pero que no son estáticos: nueva información puede desplazar la antigua convención por una nueva. La reciente pandemia por COVID-19 nos dio la oportunidad de experimentar estos cambios en poco tiempo, lo que no suele ser la tónica. Por ejemplo, al principio de la pandemia se planteó que no había necesidad de que la población general usara mascarillas, recomendación que se restringió al personal médico y a las personas que sospechaban estar infectadas. Esta posición cambió radicalmente cuando se comprobó que la utilización de barbijos ayudaba a evitar el contagio y se dictaron diversas medidas que volvían obligatorio el uso del tapabocas.

Por su parte, la política se basa en, básicamente, la lógica opuesta a la de la ciencia y que, por lo tanto, no es factchequeable, en la medida en que las opiniones sobre la visión del mundo y la organización de la sociedad no son verificables. Esto no quiere decir que no haya mentiras en la política; al contrario, abundan. En algunos casos, esas mentiras pueden ser legalmente punibles (por ejemplo, las faltas a la probidad, cuestiones relativas a la malversación de recursos públicos, incluso algunos casos de injurias graves). Pero el mecanismo regular de la política enfrenta visiones opuestas que, frente al mismo fenómeno, serán interpretadas de acuerdo con las posturas ideológicas de cada lado.

Los procesos eleccionarios ofrecen la posibilidad a las personas de elegir entre ese abanico de visiones, pero es sumamente difícil saber específicamente porqué una persona decidió marcar A o B en la papeleta, y mucho más interpretar si esa elección tiene consistencia interna con el conjunto de valores relevantes para cada votante, de forma individual.

Por lo mismo, poder saber cuál es el impacto de una mentira particular en ese proceso de toma de decisión es complejo. ¿Cómo se aísla el factor “mentira” del resto de estímulos a los que un votante está expuesto y sus creencias previas? A diferencia de la ciencia, en las elecciones no hay revisión de pares, ni procesos estandarizados. Hay opiniones con pesos relativos y momentáneos, pero los fundamentos de esas opiniones son mayormente misteriosos. A nadie se le exige justificar el voto.

El decreto que crea la Comisión Asesora estipula la necesidad de estudiar el “Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia”. Gran parte de la investigación sobre el tema se limita a constatar la existencia de (gran cantidad de) información falsa sobre un tópico determinado en vez de demostrar, mediante datos concretos y metodologías replicables, que este es un factor perjudicial para la ciudadanía y sus derechos políticos.

Por último, es importante echar un vistazo más profundo y entender las motivaciones de las comunidades que existen en torno a la producción y difusión de desinformación, que pueden ser de carácter político, pero también involucran dinámicas sociales complejas: sentido de pertenencia y participación, respeto, camaradería, posición social, amistad, amor. En muchos casos, la desinformación no es más que la excusa para el tejido de lazos sociales. Investigar el fenómeno más allá del pánico y el afán cuantitativo es la única forma de descubrirlo.

Líneas editoriales

Tras el rechazo de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional en Chile, se realizó un sondeo a “120 residentes de 12 comunas populares de la Región Metropolitana” que votaron en favor del rechazo. Lo que el texto sugiere es que estas personas equivocaron su voto, porque no entendieron lo que se estaba votando, o que habrían sido víctimas de un engaño. Pero las personas que votaron “Apruebo” no fueron interrogadas y no hay sospecha sobre sus motivaciones.

Los medios de comunicación tienen también intereses políticos y funcionan bajo esta lógica. La línea editorial de un medio no se restringe solo a las columnas de opinión y la forma en que los hechos son cubiertos, sino que se extiende a cuestiones como el espacio y la posición que ocupa una noticia en un medio, su recurrencia y a todo lo que no es mencionado en ella. Es, en esencia, determinar qué es importante y qué no lo es.

Asegurar un ecosistema de medios diverso y robusto parece mucha mejor opción que intentar alinear los escasos medios existentes a una versión monolítica de la verdad. Todos los medios presentan visiones parciales del mundo. Asegurémonos de que la ciudadanía tenga a disposición un abanico de opciones de donde escoger. Junto con ello, incentivemos la curiosidad y el espíritu crítico en las personas, de modo que puedan relacionarse con la información con una saludable dosis de suspicacia y con las herramientas necesarias para proseguir la recopilación por cuenta propia desde fuentes diversas. Hagamos una revisión profunda de las lógicas y prácticas del resto de las instituciones llamadas a resguardar los márgenes de la discusión pública y aportar con datos veraces.

La mentira no es un problema nuevo, no la inventó internet ni es abarcable únicamente desde perspectivas técnicas y/o jurídicas. No es posible erradicarla completamente de nuestras vidas. Ciertamente no todas las mentiras son iguales y hay algunos tipos de mentiras que están tipificados como delitos. Es importante que dichas figuras penales sean específicas, acotadas, proporcionales y claras, y ajustadas a los estándares de internacionales de protección de la libre expresión. Cuando existan esas figuras hay que usarlas, en vez de pretender crear nuevos delitos enfocados en tecnologías específicas o de forma poco prolija. Si queremos luchar contra las mentiras de forma más general, la manera más eficiente de hacerlo es concentrarnos en la promoción de la verdad y la libertad de expresión en tanto derecho fundamental e inalienable.

Acceso a internet en la región amazónica: brechas, anhelos, riesgos y oportunidades

La Amazonía es la selva tropical más grande del mundo. Con una extensión de aproximadamente 7 millones de km², equivalente al 4,9% del área continental mundial, cubre parcialmente territorios de lo que hoy conocemos como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. En su territorio se cuentan más de 400 pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Es también una región marcada por la desigualdad y la injusticia social. Las comunidades que la habitan han sido empobrecidas sistemáticamente y deben convivir con la violencia, producto de la devastación del territorio que les ha albergado históricamente.

Esta desigualdad se refleja también en las posibilidades de acceso a internet. La nueva serie de reportes de Derechos Digitales, “Latin America in a Glimpse: Amazonía”, investiga las brechas de acceso, los anhelos y los riesgos relativos a internet que perciben algunas de las comunidades que habitan la región amazónica.

Se trata de un trabajo realizado en colaboración con cuatro organizaciones latinoamericanas: La Fundación Internet Bolivia realizó una investigación en dos de los departamentos amazónicos bolivarianos. En el departamento de La Paz, la investigación de campo se centró en la localidad Tumupasa, uno de los tres cantones del municipio de San Buenaventura. En el Departamento de Pando, el trabajo de campo se llevó a cabo en dos poblaciones de El Sena y Monte Sinai. En Brasil, Idec realizó un estudio de caso enfocado en la Comunidade de Nossa Senhora do Livramento, mientras que la organización colombiana Dejusticia centró su investigación en el departamento de Vaupés. Finalmente, Fundamedios realizó una investigación en la provincia ecuatoriana de Pastaza, con enfoque en las nacionalidades Kichwa, Shuar y Huaorani, las más numerosas de la provincia.

Por su parte, Derechos Digitales realizó un reporte comparado, destacando los puntos comunes en las cuatro investigaciones, la necesidad de hacer partícipes a las comunidades de cualquier política pública de conectividad y el valor de explorar modelos de acceso a internet alternativos a los provistos por las grandes empresas de telecomunicaciones, como las redes comunitarias.

Hacia políticas de conectividad situadas, efectivas y significativas

Las investigaciones constatan que el acceso a internet en la región amazónica es limitado, costoso y de baja calidad. A partir de la experiencia de las comunidades utilizando internet, las investigaciones identifican un deseo de participar de una experiencia tecnológica próspera, que garantice una mejora en sus vidas y de las personas con las que se relacionan. De manera general, se observa que hay consenso en que una mejora en las condiciones de accesibilidad tendría consecuencias positivas en aspectos como la educación, la comunicación, la libertad de expresión, la salud, la cultura y la autodeterminación. Esto coincide con una visión de internet como habilitador del ejercicio de derechos humanos.

Al mismo tiempo, en algunas comunidades existen aprensiones relativas a que el acceso a internet podría erosionar la identidad cultural, especialmente en la población más joven. Esta preocupación fue señalada por los líderes comunitarios en las investigaciones realizadas por Dejusticia en Colombia y Fundamedios en Ecuador, y se identifican como preocupantes factores como la falta de contenido sobre sus propias culturas en línea y la sobreproducción de contenido occidental, lo que podría derivar, por ejemplo, en la pérdida de las lenguas nativas.

Frente a este problema, se sostiene que es necesario acompañar el cierre de la brecha digital en la Amazonía con procesos organizativos en torno al valor de la cultura tradicional. De hecho, en algunos casos se han iniciado estrategias de conservación de prácticas ancestrales por medio de tecnologías digitales. Es el caso de Colombia, donde grupos de docentes están trabajando en recuperar y potenciar las lenguas de los pueblos indígenas que habitan en Vaupés mediante el uso del Alfabeto Fonético Internacional para transcribir conocimiento en lengua tradicional. En Bolivia existen referencias del activismo digital utilizado para recuperar y fortalecer la lengua aymara, así como esfuerzos para promocionar la lengua tacana, actualmente con pocos hablantes.

Modelos de conexión

Sin embargo, la conectividad es necesariamente el primer paso dentro de una serie de acciones requeridas para que internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) puedan estar al servicio del desarrollo integral de las comunidades. Para ello se requieren políticas públicas flexibles, con una aproximación holística que incorpore aspectos tales como la creación de infraestructura y capacidades que permitan la apropiación social de las tecnologías.

Esto incluye, además, la participación efectiva de los pueblos indígenas, desde la plena autonomía, en cada etapa del proceso de diseño de la política pública, siendo parte de la toma de decisión en la planificación, el diseño, el monitoreo y la evaluación de la política de acceso.

La consulta y participación de las comunidades en los temas que les atañen es un derecho reconocido internacionalmente, por ejemplo, en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, del que Ecuador y Bolivia son parte, y que Brasil y Colombia deben ratificar.

Un ejemplo de buenas prácticas que ha funcionado en otras localidades es el de crear y compartir infraestructura comunitaria, junto con establecer una infraestructura de conectividad en localidades mayores o “base” desde donde la comunicación inalámbrica pueda desplegarse.

Se recomienda el fomento de proyectos e iniciativas nacionales, y soluciones de acceso complementario a las TIC, a través de normativas y políticas públicas creadas para el efecto, lo que se sustenta además en el derecho a la libre determinación. El desarrollo de redes comunitarias puede ser una buena alternativa, ya que son infraestructuras de comunicaciones desplegadas, administradas y gestionadas por la propia comunidad que las utilizan. Sin embargo, es importante comprender que hay una diversidad de factores de tipo técnico, práctico, institucional, económico y legal pueden incidir sobre las posibilidades de implementar una red comunitaria de manera satisfactoria.

Las tecnologías pueden constituirse en importantes aliadas para el desarrollo económico y social de las comunidades, siendo la creación de un entorno habilitante un elemento clave para lograr la autonomía tecnológica como parte del ejercicio del derecho a la libre determinación, reconocida internacionalmente. En ese sentido, un ambiente habilitador no se trata solo de dotar de conectividad, sino de generar un contexto que permita a los pueblos indígenas la utilización plena de las TIC para promover sus visiones de mundo y ampliar sus capacidades y posibilidades de elección.

Paradas sobre hombros de gigantes

“Latin America in a Glimpse: Amazonía” es el primer esfuerzo realizado por Derechos Digitales exclusivamente dedicado a revisar la situación de conectividad de las comunidades que habitan la región amazónica, pero en absoluto se trata de la primera investigación sobre dicha temática.

Junto al trabajo realizado por Dejusticia, Fundamedios, Idec e Internet Bolivia, es necesario mencionar esfuerzos previos realizados por organizaciones tales como la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Rhizomática, las Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., Intervozes, Colnodo, Altermundi y tantas otras que han trabajado en temáticas tales como derechos indígenas, redes comunitarias y brechas de acceso.

Esperamos que esta serie de reportes se convierta en un aporte al trabajo ya iniciado por otras tantas organizaciones y que pueda ser de utilidad para las investigaciones del futuro, así como para abrir nuevos diálogo con organizaciones y formuladores de políticas públicas que trabajan en Amazonía para pensar en conjunto en caminos para superar las brechas y potenciar iniciativas locales.

“Latin América in a Glimpse: Amazonía” está disponible aquí.

Mares y archipiélagos en la era digital

Tiempo atrás, un querido amigo de la industria de influencers recibió un curso, patrocinado por Huawei, acerca de TikTok y sus particularidades. El énfasis de la capacitación fue dar a entender la filosofía detrás de la —entonces incipiente— red social para fidelizar a personas dedicadas a generar contenido en línea. Su esencia, explicaron, es provocar la risa que hace que un niño repita una y otra vez alguna acción o, en un ejemplo más asible, “como cuando en El Rey León las hienas decían ‘Mufasa, uuuuuh’ reiteradamente”.

Esta noción está directamente emparentada con el significado detrás de la onomatopeya “Douyin” (抖音): sonido vibrante, como el de una carcajada. Hago esta mención porque, en Occidente y al comienzo de todo esto, se asociaba libremente a “TikTok” con el “tic tac” que hace un reloj análogo. No obstante, es Douyin —el nombre de la versión de esta aplicación en China— la clave para entender por qué TikTok ha tenido el impacto constatado hasta ahora y por qué, a pesar de múltiples intentos por desincentivar su uso, las y los usuarios parecen hacer caso omiso a tales advertencias.

Las características de TikTok han sido replicadas con éxito en otras aplicaciones: Instagram Reels, YouTube Shorts, Snapchat Spotlight, por nombrar algunas. Lo mismo ocurre con los desafíos, coreografías y memes popularizados en la primera de estas plataformas. Sin embargo, y aunque se trata de una de las aplicaciones más consumidas en el mundo, se cierne sobre ella la amenaza de la censura bajo diversas acusaciones: su algoritmo, supuestamente, promueve contenido dañino para niños, niñas y adolescentes; espionaje a periodistas; uso malicioso de datos, presuntamente recolectados por la aplicación, de menores de edad, lo que le valió una multa en Reino Unido; riesgo para la seguridad nacional de ciertos países, por mencionar algunas.

En Chile, desde donde escribo, un diputado se sumó al coro de voces que buscan restringir el uso de la conocida aplicación en equipos facilitados a funcionarios públicos, esgrimiendo las mismas razones sobre la protección a la seguridad nacional e infraestructura sensible del Estado y apelando a los argumentos expuestos anteriormente: “La inteligencia de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea han levantado una alerta respecto de las brechas que se generan a partir del uso de la red social TikTok, porque a diferencia de otras plataformas esta pertenece al Gobierno Chino”.

La controversia tuvo uno de sus puntos álgidos hace algunas semanas cuando el estado de Montana, en Estados Unidos, decidió prohibir el uso general de TikTok en todo el territorio, bajo el argumento de que las y los habitantes de este deben ser protegidos “de la vigilancia del Partido Comunista Chino”, aun cuando el CEO de ByteDance —la empresa detrás de la aplicación— Shou Zi Chew, compareció personalmente ante el Congreso de EE.UU. para negar cualquier vínculo entre la entidad que preside y el gobierno de China.

«Aquí hay dragones»

El trabajo realizado por investigadoras y artistas visuales como Ingrid Burrington y Louise Drulhe para avanzar hacia una “cartografía de internet” levantaron, en su momento, la preocupación por la concentración de la infraestructura de soporte para garantizar el acceso a esta: la dirección y distribución de los cables submarinos de red, en el caso de la primera; los nodos en los que se concentra la mayor cantidad de tráfico virtual, respecto de la segunda.

Ambas señalaron la relevancia de poner atención a la centralización del servicio —por parte de grandes compañías de telecomunicaciones (AT&T, BT) y gigantes de la tecnología radicados en Silicon Valley— a modo de alerta sobre cómo ha ido cambiando la noción general sobre qué es internet, y su tránsito desde un espacio abierto y sin límites hacia lo que conocemos hoy en día como splinternet o internet fragmentada. Internet Society la define como “un espacio donde no puedes confiar en que los nombres y direcciones te lleven a donde se supone que deben hacerlo. Un espacio con fronteras añadidas a un sistema sin fronteras. Un espacio en el que se restringe y suprime la libre circulación de información”.

Mapear es dominar. No en balde los imperios chinos y británicos del pasado se especializaron en la construcción de cartas de navegación y la geografía, como disciplina y representación espacial, determina el punto desde donde nos situamos y observamos el resto del mundo: conocido es el contraste entre la dirección de la aguja de la brújula entre oriente (el sur) y occidente (el norte). Un famoso mapa adquirido en Francia y fechado en 1510, el Globo de Lenox, tiene tal notoriedad por incluir la frase HC SVNT DRACONES (“aquí hay dragones”) en la costa del sudeste asiático. Frase que, en la antigüedad, era utilizada para referir a mares peligrosos y territorios inexplorados.

Hoy vemos que el mapa imaginario de la red se modifica desde otros flancos, aunque en respuesta, como es usual, a intereses que van más allá de la protección de las y los usuarios en línea. Que el gobierno chino esté vigilando los equipos de funcionarios estatales en Chile es tan plausible como afirmar que Instagram escucha nuestras conversaciones. No existen pruebas concretas que respalden ninguna de estas hipótesis, pero la posible restricción recae sobre ByteDance y no Meta, lo que da para pensar.

No matar al mensajero

Recientemente, en Brasil el acceso al servicio de mensajería Telegram, propiedad del magnate ruso Pavel Durov, fue suspendido temporalmente por no acceder al requerimiento —realizado por el Ministerio de Justicia de dicho país— de entregar datos completos sobre canales de carácter antisemita cuya actividad podría estar relacionada con ataques armados en escuelas ocurridos a fines del año pasado. Del mismo modo, Telegram también dejó de funcionar en Francia durante el sábado 13 de mayo producto del bloqueo de uno de sus dominios (t.me) por un “error humano” de la policía local al vincular dicha dirección, de manera general, con tráfico de material de explotación sexual infantil.

En los dos casos, el trasfondo que orientó las decisiones fue la protección de niños, niñas y adolescentes, tanto de discursos de odio como de pedofilia. Sin embargo, sorprende que siendo el 2023 se opte por acciones drásticas sobre las plataformas en vez de dirigir los esfuerzos hacia la raíz del problema. Me atrevo a afirmar que ninguna aplicación aquí aludida, en sí misma, es buena o mala sino que, como cualquier otra herramienta, su impacto depende directamente de quienes y cómo las utilizan.

Esto es especialmente importante en momentos en que en Brasil ya se discute cómo forzar a las plataformas a tomar acciones más radicales para mitigar la difusión de contenidos perniciosos, delegando en ellas una facultad que no les corresponde y que podría, en el peor de los casos, dotarlas de un carácter editorial que dibujaría nuevas fronteras en la red a completa merced del criterio de sus propietarios y de motores de búsqueda.

No es el único riesgo: el bloqueo de Telegram en Francia, si bien no superó las 24 horas, se materializo cuando las compañías proveedoras de internet fueron instruidas a redirigir a las y los usuarios del dominio “t.me” a un minisitio del Ministerio del Interior francés con un código javascript de rastreo que, aparentemente, catalogó a cada una de las personas que intentaron acceder al servicio de mensajería en una base de datos asociada a contenido de explotación sexual infantil.

Libre y justa

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, es imposible acceder a los medios rusos RT y Sputnik en la Unión Europea (UE) al ser considerados agentes de desinformación y beligerancia y, por lo tanto, objeto de las sanciones contra Rusia. En Twitter, las cuentas de dichos medios, al igual que las que pertenecen a diarios y canales de China e Irán, están acompañadas con una advertencia que señala tal afiliación geográfica. En el reverso de esta cuestión, cuando Elon Musk anunció que extendería este etiquetado al medio NPR, de EE.UU., este medio se apresuró en aclarar que su cobertura en ningún modo está influenciada por el gobierno estadounidense y la oposición a la medida fue tal que Musk, finalmente, no ejecutó esta acción.

La libertad de expresión, como señala el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un derecho de todas y todos, sin limitación de fronteras. Este año, en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO fue enfática en señalar que este derecho es una condición necesaria para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Es imperativo garantizar la libre circulación de información y que todos los medios, tal como lo hizo NPR, puedan defender su independencia con argumentos. Sin pruebas concretas, no debería haber lugar para la censura.

La fragmentación de internet es un tema de larga data. En la actualidad, adquiere un carácter tutelar que resulta en una experiencia de navegación tremendamente limitada y cuya contribución a resguardar los derechos humanos en entornos digitales es más bien escasa. Todas las restricciones descritas son soslayables, sea a través de VPNs o navegación a través de Tor, pero tales operaciones son a veces engorrosas e, incluso, de cuidado. Para las personas usuarias, el mapa de la red estaría repleto de puentes cortados, metáfora que dista bastante de la concepción de internet como “supercarretera de la información” de hace veinte años.

Es cierto que, en algunos casos, internet facilita la comisión de delitos graves, pero no hay que olvidar que estos son producto de las decisiones de personas en la vida real. El resguardo de los derechos humanos en la era digital debe mantener un estándar único al juzgar direcciones, plataformas, contenidos, todo lo que “resida” en el otrora ciberespacio. La doble moral al restringir el acceso a tal o cual dirección no hace sino perjudicar a las personas usuarias adultas, suprimiendo su agencia en cuanto a decidir qué visita en línea. Nuestro mandato es preservar una internet libre y justa para todas y todos: navegar en ancho mar en vez de asentarnos en un millar de islas.

Los apagones de internet atentan contra los derechos humanos

Hace algunas semanas tuve la oportunidad y el honor de participar de la sesión inaugural de DRIF 23, el foro de derechos digitales e inclusión organizado anualmente por Paradigm Initiative como una plataforma para la discusión de política pública y la creación de redes de colaboración en África.

En esta, su décima edición, el foro se realizó en Nairobi (Kenia) y el tema escogido fue “construyendo una internet sostenible para todos”. Parte importante de mi intervención inicial la dediqué a explicar la noción de “acceso significativo” a internet y las redes de comunicación, entendido como un acceso universal, seguro, asequible y de calidad, bajo el entendido de que internet hoy habilita el ejercicio de derechos fundamentales.

“Han mencionado mucho la idea de internet como un derecho fundamental, pero no dudan en cortar el acceso cuando hay razones de seguridad nacional, ¿cómo se resuelve esa tensión?” — dijo alguien durante la ronda de preguntas y comentarios. Seguro que la intervención no fue exactamente así, pero la idea era esa y no iba dirigida a mí. Tampoco estoy seguro de que fuese dirigida a alguien en específico, sino que se sintió más como un reclamo justo frente una desconexión patente entre la teoría y la práctica, con consecuencias concretas y bastante evidentes. Quería contestar, quería decir que la protección de los derechos humanos es un asunto de seguridad nacional y que, por tanto, la oposición era falaz. No tuve oportunidad. La pregunta la tomó Emma Theofelus, viceministra de Tecnologías de la información y la comunicación de Namibia. Luego el panel se movió en otra dirección y nos quedamos sin tiempo.

Y aunque creo en la respuesta que no di, quizás no haya sido del todo mal haber guardado silencio. Durante los siguientes días asistí a distintos paneles de discusión a escuchar y aprender de las y los especialistas trabajando en un continente que no es el mío y que tiene sus propias particularidades.

Uno de los temas recurrentes durante el encuentro fue el de los apagones de internet. África es una de las regiones donde este fenómeno es más común: según los datos compilados por Access Now, en 2022 se registraron 19 apagones de internet en 12 países africanos. Es común que los apagones se implementen aduciendo razones de seguridad nacional en el marco de procesos eleccionarios (he ahí la razón de la pregunta en el panel inaugural), como una forma de combatir la propagación de discursos de odio y desinformación. Uno de los panelistas afirmó incluso que la desinformación es una de las mayores amenazas al ejercicio de derechos en África, en tanto es frecuentemente utilizada como excusa para restringir el acceso a internet.

Si volvemos a la idea de que el acceso a internet habilita el ejercicio de derechos fundamentales —al trabajo, a la educación, a la libre expresión, a la información, al ejercicio de derechos ciudadanos, etc.— entonces las interrupciones del servicio no solamente constituyen un atentado contra las personas y sus derechos, sino que además impacta de manera importante e injustificada distintos aspectos de sus vidas.

Apagones latinoamericanos

Si bien es posible establecer distintos paralelos entre las realidades de África y América Latina, también hay muchas diferencias. Una de ellas se refiere a los apagones de internet, un fenómeno mucho menos común en nuestra región y que, por lo mismo, se le ha dedicado menos atención.

La última versión del reporte Keep it On —publicado en febrero de 2023 y que registra y analiza los apagones a nivel mundial durante 2021— consigna que el único país latinoamericano en el que se produjeron apagones de internet durante ese año fue Cuba. Y, sin embargo, si bien los apagones generales de internet no constituyen una realidad cotidiana, hay algunos aspectos que parece importante revisar con alguna detención.

En respuesta a la consulta realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre apagones de internet, Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) realizaron un documento que además incorpora aportes de la organización paraguaya TEDIC, y que detalla distintos casos de interrupción del acceso en nuestra región.

En general, se observan interrupciones parciales, usualmente en circunstancias de protesta política. Por ejemplo, se reportan dificultades para acceder a las redes durante las protestas de 2018 en Nicaragua y de 2019 y 2021 en Colombia. En Ecuador, varios sitios web fueron bloqueados durante las protestas de junio de 2019, debido a una supuesta infracción de derechos de autor.

Además, se reportan distintos casos de bloqueos selectivos de sitios, servicios y aplicaciones web. En Brasil, entre 2015 y 2016, los proveedores de servicios bloquearon WhatsApp tres veces de forma temporal, debido a órdenes judiciales. En Colombia se identificó el bloqueo de sitios web de juegos de azar sin licencia, imponiendo una lista de bloqueo a los proveedores de internet en 2016 y 2017. En Perú, dieciocho páginas de Facebook, tres aplicaciones de Android y los servidores Heroku y Amazon Web Services (AWS) asociados a empresas como Picap fueron bloqueados sin orden judicial en noviembre de 2019.

Tanto en Brasil como en Paraguay se han documentado casos de interrupción de la conexión, aparentemente como medida de protección de figuras políticas. En 2019, la autoridad brasileña de telecomunicaciones autorizó hasta 20222 el uso de inhibidores de señal de conexión en áreas donde se encuentren el presidente y el vicepresidente. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay realizó una misión de observación en la zona norte del país e informó que las comunicaciones de telefonía móvil se ven afectadas en la zona cada vez que se acerca una intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta Paraguaya.

Se sospecha de bloqueo de sitios web con motivaciones políticas en Brasil y Venezuela, país en el que además un deterioro importante de la infraestructura de telecomunicaciones, producto de la falta de inversión en mantenimiento, ha vuelto sumamente limitado el acceso a internet.

De los ejemplos antes expuestos surgen una serie de cuestiones que es necesario revisar con detención, relativas a preguntas sobre las circunstancias que podrían justificar la interrupción de un servicio particular, pero también de la idoneidad y la adecuada proporción de este tipo de medidas, a partir de los impactos perjudiciales y no buscados que resultan de su implementación. Las salvaguardas legales y el apego al debido proceso son dos cuestiones que no pueden ser tan fácilmente ignoradas.

Por su parte, la responsabilidad estatal en la preservación y mejoramiento de la infraestructura como condicionante para el acceso es otro elemento de vital importancia, como demuestra el caso venezolano. Por último, la utilización de los apagones de internet como un arma en el plano de una discusión política es una más de las costumbres autoritarias en contextos democráticos todavía frágiles, y es un aspecto que debería preocuparnos particularmente.

El intercambio de experiencias con las y los especialistas africanos puede ser una oportunidad interesante para pensar la problemática de los apagones en América Latina, aprendiendo de su experiencia, pero también como una oportunidad para comprender mejor aquello que nos diferencia y que vuelve particular al fenómeno latinoamericano.

¿Te interesa saber más sobre los apagones de internet en América Latina? Puedes chequear aquí el repaso de incidentes detectados en nuestra región. Si necesitas una introducción al tema, acá encontrarás un listado de preguntas frecuentes que pueden guiarte, y si necesitas todavía más información, acá hay un listado de recursos útiles e interesantes para que revises.

Pronunciamiento conjunto en apoyo a Internet Archive

Las organizaciones integrantes de la Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento, junto con las organizaciones y personas firmantes, dedicadas al estudio de políticas públicas de internet y a la defensa de derechos fundamentales, expresamos nuestra preocupación frente a la decisión tomada por el juez John G. Koeltl en el caso de Hachette v. Internet Archive el pasado 25 de marzo y nos solidarizamos con el equipo de Internet Archive.

Reconocemos a Internet Archive como una biblioteca sin fines de lucro, ya que cumple las funciones sociales tradicionales de una biblioteca como la preservación, memoria y, fundamentalmente, el proporcionar acceso a la información y el conocimiento. Estas funciones nunca podrán ser cumplidas cabalmente por empresas cuyo fin primordial es el lucro y no el velar por el interés público. La visión arcaica que asocia las bibliotecas con edificios o con la gestión de ejemplares físicos ya no es aceptable en la actualidad.

Resulta indispensable que las bibliotecas tengan la capacidad de comprar y prestar ejemplares electrónicos bajo términos de licencia razonables, así como de dar acceso a sus colecciones de forma remota, inclusive si esto implica digitalizar sus ejemplares físicos. Todo esto bajo el entendido de que las bibliotecas nunca prestarán más ejemplares que los que compran (en formato físico o digital) y de que se controlará dicho acceso con el fin de evitar la copia y se bloqueará el acceso vencido el plazo de préstamo.

Reafirmamos que el préstamo digital controlado (PDL) no difiere en lo absoluto de los préstamos convencionales, que también permiten que muchas personas accedan al mismo ejemplar de una obra que la biblioteca compró solo una vez. La única diferencia práctica es que, cuando se aplica sobre ejemplares que la biblioteca adquirió en formato físico, requiere la posibilidad de digitalizar (derecho de reproducción) además de la distribución online (derecho de puesta a disposición) bajo las condiciones antes mencionadas. En el fallo, el juez Koeltl afirma que faltan garantías para que estas condiciones efectivamente se cumplan. Sin embargo, esto no es un argumento contra el PDL implementado por Internet Archive; en ese caso, debería colocarse el foco en mejorar dichas garantías, en lugar de derribar la práctica como un todo.

Defendemos la idea de que las personas y las comunidades necesitan el acceso universal y equitativo a la información, las ideas y las creaciones del intelecto humano para alcanzar su bienestar social, educativo, cultural, democrático y económico. La libertad de acceso, así como la libertad de expresión y el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico son derechos consagrados en los Artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El juez debería haber tomado especialmente en cuenta el hecho de que los intereses enfrentados no tienen la misma naturaleza y que el derecho de explotación económica de una editorial no tiene el rango de derecho humano. Lamentablemente, el juez no incluye la perspectiva de los derechos humanos en el análisis de los cuatro factores del Fair Use.

Entendemos que este fallo no solo afecta a Internet Archive: afecta a todas las bibliotecas de Estados Unidos y también es un fuerte golpe para las bibliotecas y asociaciones de bibliotecarios de todo el mundo que vienen luchando por legalizar esta práctica, siendo el único mecanismo que les permitiría brindar sus servicios bajo las lógicas del Siglo XXI.

Finalmente, apoyamos la Declaración sobre el Préstamo Digital Controlado de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y nos alineamos con la postura de que todos los países deben reconocer la posibilidad de que las bibliotecas presten obras, que las leyes deben adaptarse al entorno digital para que las bibliotecas puedan continuar con su misión de brindar acceso a la información y el conocimiento en la era moderna, y que la combinación de excepciones, por ejemplo, para digitalizar y prestar, no debe restringirse innecesariamente.

Firman:

ORGANIZACIONES:

Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento, compuesta por:
- Derechos Digitales, Latinoamérica
- InternetLab, Brasil
- IBDAutoral, Brasil
- Fundación Karisma, Colombia
- Fundación Vía Libre, Argentina
- Hiperderecho, Perú
- Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), Uruguay
- R3D: Red en defensa de los derechos digitales, México
Creative Commons Uruguay
Creative Commons México
Fundación Internet Bolivia
Ártica – Centro Cultural Online
Cultivando Género AC, México
Fundación Taigüey, República Dominicana
Cooperativa Sulá Batsú, Costa Rica
Mesa Centroamericana para la Equidad, Centroamérica
Laboratorio de resiliencia digital (comun.al), México
Cooperativa Tierra Común, México
Northeastern Civic AI Lab, México & USA
Innovarte ONG, Chile
Wikimedistas de Uruguay
Sistema de información Científica Redalyc
Amelica. Conocimiento Abierto
InfoTecarios
Cooperativa ReDHumus.org
Federación Mexicana de Enfermedades Raras
@segudigital, México
Impronta Casa Editora, México
Hydra + Fotografía SC, México
Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano
IPANDETEC, Centroamérica
Fundación Conector, Colombia
Wikimedia México
Partido Interdimensional Pirata, Argentina
MIAU: red latinoamericana por el acceso al conocimiento
Programando LIBREros, México
CódigoSur, Centroamérica
Ascolbi, Asociación colombiana de bibliotecología, bibliotecarios y bibliotecas, Colombia
Laboratorio Popular de Medios Libres
Noticias de abajo
ABU, Asociación de Bibliotecólogos de Uruguay
AUA, Asociación Uruguaya de Archivólogos
Venezuela Inteligente

INDIVIDUOS:

Carolina Martínez Elebi, Argentina
Franco Giandana, Argentina
Celia Palacios Gómez Tagle, México
Francisco J. Serrano Franco, México
Saiph Savage, Mexico
Irene Soria, México
Verónica Gerber Bicecci, México
Guillermo Espinosa Estrada, México
Martin Adalberto Tena Espinoza de los Monteros, México
Alejandra Quiroz Hernández, México
Gabriela González Reyes, México
Eugenia Macías Guzmán, México
Perla Adriana Carral González, México
Marcial Alejandro García Pérez, México
Luis Álvarez Azcárraga, México
Mónica Johanna Sandoval, Colombia
Adriana Yamile León, Colombia
perro tuerto, México
Claudia García Ramirez, México
@petrohs, México
@criptomiau, México
José Reyes, México
Carmen Alcázar, México
Omar David Sandoval Sida, México
Tania Solá, México
Manuel Podetti, Uruguay
Alicia Ocaso, Uruguay
Emilena Cardozo, Uruguay
Víctor Aguirre Negro, Uruguay
Tzutzumatzin Soto, México
Eliana Quiroz, Bolivia
@Aradnix, México
Rosario Nogués, Uruguay
Mónica Paz, Uruguay

OMPI: Apertura al debate y logros en el acceso al patrimonio cultural

El 13 de marzo en Ginebra, dio inicio a una intensa semana llena de debates, paneles y expositores de primer nivel, provenientes de todo el mundo. La Agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reunió a autoridades, organismos intergubernamentales y ONGs a que se sumen al debate público en torno a los derechos de autor.

Derechos Digitales forma parte de la coalición Access to knowledge (A2K), y nuestra posición es (y siempre ha sido) asegurar el acceso al patrimonio cultural mundial, amparado en la protección de los derechos humanos, el acceso a la educación y al conocimiento. Aquella semana abarcó como temas principales, la discusión del segundo borrador del tratado sobre organismos de radiodifusión y el debate sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor.

En el día 1, Ucrania fue el primer país en presentarse. Lo manifestado se podría resumir, en una palabra: PRESERVACIÓN. Pero ¿Qué es la preservación y por qué es tan importante en esta Agenda?

La preservación es una excepción al derecho de autor que no existe en todos los países y que afecta en forma importante a las bibliotecas y otras instituciones patrimoniales. Su objetivo es salvaguardar el patrimonio de la humanidad, promover la paz y fomentar la resiliencia, a través de la conservación y la documentación de los archivos y fondos históricos.

La preservación de este patrimonio se ve afectado por guerras, incendios, inundaciones o vandalismo, entre otros factores. En el caso de Ucrania, al 13 de marzo, llevaba 383 días luchando por su historia, su cultura y su integridad territorial. Sus tradiciones quieren ser cambiadas por otras, cientos de bibliotecas, museos y otras instituciones son deliberadamente destruidas, su identidad está en juego, es por ello que, como país, se han sumado a las excepciones y limitaciones para las bibliotecas e instituciones y personas con discapacidades, finalizando con un llamado a la paz.

En el segundo día de encuentro, se trabajó sobre el Tratado de Radiodifusión. Como parte de la coalición A2K, abogamos por un tratado más flexible en cuanto a los derechos de las personas usuarias, en que se incluyan excepciones obligatorias, se indiquen los usos permitidos por el derecho de autor, y que éstos figuren expresamente como permitidos en el texto, para evitar confusiones y problemas futuros.

Sobre la definición de los organismos de radiodifusión, consideramos que es amplia y poco clara, sus alcances exceden el objetivo del tratado, que entendemos, es la lucha contra la retransmisión no autorizada de señales (“piratería”). Esto es importante, porque el borrador del tratado pretende establecer nuevos “derechos exclusivos” para los radiodifusores, como derechos de retransmisión, derechos de fijación y derechos de transmisión diferida. Encontramos innecesaria la creación de una nueva capa de derechos a estos organismos, como el derecho de fijación, ya que, con ello, los usuarios atravesarían procesos más costosos, largos y complejos para conseguir la autorización de utilizar el contenido transmitido, e inclusive, sería muy difícil comprender con quién deben negociarse estos derechos.

El tercer día, un grupo de expertos presentó la caja de herramientas sobre la preservación. Consiste en una guía con todas las consideraciones pertinentes relacionadas a la copia con fines de preservación, que servirá de base para que los países redacten textos jurídicos más coherentes y legítimos respecto de esta materia. Destacamos de este toolkit el concepto preservación preventiva, que promueve la digitalización completa de los acervos de bibliotecas, archivos y museos, para afrontar riesgos potenciales, como desastres naturales, conflictos humanos y el cambio climático. Este concepto, además de ser una práctica de conservación, constituye un importante principio ético, por su deber de preservar el patrimonio, convirtiendo a las organizaciones de patrimonio cultural en instituciones de confianza.

Durante el cuarto día, fue aprobada la propuesta del Grupo Africano para un plan de trabajo sobre excepciones y limitaciones . Esto significa que se trabajará en temas prioritarios para el interés público, como promover la adaptación de las excepciones al entorno en línea y transfronterizos, permitiendo la enseñanza, el aprendizaje y la investigación a través de herramientas digitales y online. Trabajar en el establecimiento de limitaciones y excepciones en temas como la inteligencia artificial y minería de textos y datos promueve la divulgación científica, democratizando el conocimiento y la IA. Según un estudio de Datysoc, los países latinoamericanos necesitan aprovechar el impulso de la IA como motor de crecimiento económico. Para ello deben generar competencias y desarrollos propios mediante la construcción de un ecosistema de incentivos hacia la I+D basada en ciencia de datos.

Y en Chile, ¿esperaremos a que las obras pasen a dominio público?

En Derechos Digitales consideramos que debemos trabajar por una legislación con excepciones y limitaciones claras a los derechos de autor. Este es un tema que apremia: no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, quizás, después sea demasiado tarde. No repitamos los casos como el de Brasil, en que un incendio catastrófico en 2018 provocó la destrucción de un fondo acumulado durante 200 años, o Pakistán, en que museos y lugares del patrimonio sufrieron graves daños tras las lluvias monzónicas y las inundaciones repentinas, o Sudáfrica, después de que los incendios forestales provocados por la sequía se apoderaran de la Biblioteca y parte del campus universitario.

En Chile tuvimos que esperar 20 años más desde el 2002, para que las obras pasaran a dominio público tras firmar un TLC con E.E.U.U que nos obligó a adoptar su estándar en materia de Propiedad Intelectual, modificando nuestra ley y ampliando el plazo de protección de una obra de 50 a 70 años desde la muerte de su autor. El comité esta vez abogó por el interés público, acordando un plan de trabajo que incluye la continuidad de la discusión y análisis de la Propuesta del Grupo Africano, así como su inclusión en la próxima sesión, que se realizará en noviembre de 2023.

UNESCO – Marco modelo para regular las plataformas digitales y asegurar la información como un bien común Borrador 1.0 – Comentarios de Derechos Digitales

Descargar PDF

Como parte de entrega de comentarios al borrador propuesto creemos importante poder formular algunas observaciones no solo a este texto, si no que también a la
estructura del proceso propuesto para su diseño.

Examen Periódico Universal

¿Qué es el EPU?

El Examen Periódico Universal (EPU) es una revisión del historial de derechos humanos de los Estados Miembro de Naciones Unidas. Cada cinco años, cada estado es sometido a examen. Todos los países son parte del proceso. Es una oportunidad para que los Estados analicen y comuniquen las mejoras implementadas en materia de derechos humanos. Además, pueden recibir recomendaciones por parte del resto de los estados miembro de Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar mejoras constantes en materia de derechos humanos a nivel global.

Mira el video aquí.

Examen Periódico Universal 4to ciclo, sesión 41

ECUADOR

Resumen de recomendaciones al estado ecuatoriano

Summary of recommendations to the Ecuadorian state

Campaña de difusión

BRASIL

Resumo das recomendações ao estado brasileiro

Summary of recommendations to the Brazilian state

Este relatório da sociedade civil, elaborado por Privacy Internaciona e Derechos Digitales, se concentra apenas nas preocupações relacionadas ao uso da tecnologia educacional (’EdTech’) no Brasil e ao processamento subsequente (coleta, análise, retenção e compartilhamento) de dados de crianças e professores nas escolas

Esta submissão, elaborada por APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes centra-se no cumprimento de obrigações de direitos humanos no contexto digital pelo Brasil e busca fortalecer recomendações focadas na garantia do acesso universal à internet de modo a viabilizar a livre expressão e associação, o acesso à informação, conhecimento, cultura e o exercício de direitos econômicos e sociais demaneira segura, respeitosa à privacidade, à autonomia e livre de qualquer forma de discriminação.

This submission, made by APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes, focuses on Brazil’s fulfilment of human rights obligations in the digital context and seeks to strengthen recommendations focused on guaranteeing universal access to the Internet in order to make possible free expression and association; access to information, knowledge and culture; and the exercise of economic and social rights in a manner that is secure, respectful of privacy and autonomy, and free of any kind of discrimination

Este informe, elaborado por APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes, se centra en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el contexto digital por parte de Brasil y busca fortalecer recomendaciones enfocadas en la garantía del acceso universal a internet en orden de ejercer la libre expresión y asociación; el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura; y el ejercicio de derechos económicos y sociales de manera segura, respetuosa de la privacidad y de la autonomía y libre de cualquier forma de discriminación.