Debatimos sobre IA, centros de datos y derechos en la UBA

Con la participación de referentes en derechos humanos, ambiente y tecnología, el pasado 15 de septiembre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue sede del encuentro “Inteligencia Artificial, centros de datos y derechos”, un espacio de debate enfocado en las consecuencias éticas, ambientales y jurídicas del vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías.

Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Digitales, formó parte de un destacado panel junto a Javier Palummo (Relator Especial de la REDESCA-CIDH), Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre) y Javier Echaide (Doctor en Derecho y especialista en Derecho Internacional), bajo la moderación de Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La apertura estuvo a cargo de Leila Devia, representante del Centro de Derecho Ambiental (CEDAF), y Leonardo Filippini, del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Casa de Estudios. Ambos remarcaron la urgencia de abrir debates interdisciplinarios ante la llegada acelerada de infraestructuras de gran escala a la región.

Camacho enfatizó: “En fases críticas del ciclo de vida de la IA como la de extracción y obtención de minerales raros, como en las fases regulatorias (en materia ambiental, de protección de datos, y de IA), la presión geopolítica impulsada por Estados Unidos a través de su agenda de comercio y seguridad, está garantizando un escenario que desprotección de los derechos sobre la base de la desregulación y la opacidad. Los centros de datos son apenas un ingrediente más en esa ecuación que, para nuestros países, se traduce en condiciones precarias de cara a eventos climáticos de gran impacto como el Fenómeno del Super Niño”.

Además, nuestra especialista recalcó que “brillan por su ausencia verdaderos marcos regulatorios de la IA capaces de abordar y contener los impactos humanos y ambientales de una tecnología que, en su capa de infraestructura como su capa de extracción intensiva de datos, se masifica y penetra todas las esferas de la vida cotidiana en los ámbitos públicos y privados, sin ningún mecanismo de rendición de cuentas compatible con los derechos humanos”.

El encuentro concluyó con un llamado consensuado a exigir mayor transparencia algorítmica y marcos regulatorios que protejan los bienes comunes frente a los costos ecológicos del desarrollo tecnológico.