Baikal Environmental Wave, es un grupo medioambientalista ruso que ha expresado su opinión en contra de la decisión del gobierno de reabrir empresas contaminantes en las inmediaciones del lago Baikal, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Recientemente sus oficinas fueron allanadas, bajo la acusación de infringir los derechos de propiedad intelectual de Microsoft ya que la organización haría uso de software pirata. Una imputación que más que acusación parece constituir un pretexto para amedrentar la disidencia política en el país.

En un hecho que no tiene carácter aislado, parece ser que el gobierno ruso ha encontrado una nueva herramienta legal para atacar a las agrupaciones pro derechos humanos y protección del medio ambiente: las cada vez más draconianas leyes sobre propiedad intelectual. Es tal el celo que los legisladores han puesto en estas leyes, que ellas están resultando una excelente alternativa para la represión política, especialmente por gobiernos autoritarios. En esta ocasión Rusia, sólo días atrás Swazilandia.

Esta es una materia de especial preocupación por estos días, en el marco de las negociaciones de un nuevo acuerdo internacional sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). El acuerdo requeriría a los prestadores de servicio de Internet para prestar colaboración a los titulares de derechos supervisando el uso de Internet por los usuarios y, eventualmente, adoptando medidas represivas en su contra. El ACTA también obligaría a las autoridades de persecución criminal y aduaneras a actuar de oficio en la defensa de los derechos de propiedad intelectual. En definitiva, el ACTA transforma la protección de intereses esencialmente privados en un asunto público, obligando al Estado y a terceros a asumir los costos.

Un amplio reportaje sobre el caso de Baikal Environmental Wave y el uso de las leyes sobre copyright para represión política en Rusia está disponible en New York Times.